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Salud Reconocen necesidad de fortalecer

MILENIO diario

Número 69

atención médica de calidad pág. 14

Padres deportados

En 2 años 204 mil mexicanos han dejado hijos en EU pág. 10

Lunes 26 de agosto de 2013 especial

Toca al Senado

Garantizar derechos a 2.1 millones de trabajadoras

pág. 15

Voto Femenino

A más de 50 años persisten rezagos

pág. 18 y 19

CEDAW y Belém do Pará

Traducen a 13 lenguas importantes tratados de derechos femeninos sobre el tema

escriben

Adriana Rivero Alejandra Barrales Alberto Gallardo Graciela Freyermuth Jessica Lombana Janine Otálora Paula Soto, Aimée Vega Cinthia Cruz Lucero Saldaña Ricardo Bucio Diva Hadamira Gastélum

Biblioteca Femenina

Género y democracia, Conapred y ¡No la vi venir!, Fernanda Familiar

pág. 22


2 o Lunes 26 de agosto de 2013

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Editorial

Ser indígena

es ser originario de un país

E

l cambio cultural que se busca en México obliga a entender y dignificar distintos conceptos que desde la visión urbana se tienen sobre temas como el qué representa ser indígena, sin que por ello se caiga en el lugar común de empatar con la idea de marginación y pobreza. El su libro Los pueblos indígenas en México, de Federico Navarrete Linares, publicado en 2008 por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), hace una extraordinaria explicación del “término indígena como originario de un país; que es empleado oficialmente en las leyes e instituciones de nuestro país porque no tiene la carga despectiva que se asocia al término indio.” Para el Instituto Nacional de las Mujeres tiene especial importancia atender el serio problema de la desigualdad de género existente en las comunidades indígenas y en toda la sociedad mexicana, que relega a las mujeres a una posición subordinada respecto de los hombres, devaluando su trabajo y su contribución indispensable a la vida familiar y social. Este instituto basa sus acciones en la Ley que le da origen, promueve y fomenta las condiciones que posibilitan la no discriminación,

la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país, sin importar su grupo étnico, edad, estado civil, idioma, cultura, condición social, discapacidad, religión o dogma. Diversos estudios señalan que a principios del siglo XXI, los pueblos indígenas en todo el mundo suman entre 350 y 400 millones de personas, que representan más de seis mil lenguas y culturas, en aproximadamente 70 países. Un dato publicado en el volumen 45 de la revista Debate Feminista en abril de 2012, señala que las mujeres son la mitad de la población indígena (al menos 20 millones en América latina). Es un hecho que la mayor parte de las mujeres indígenas vive en una situación de marginación y exclusión, y muchas enfrentan situaciones de violencia y discriminación. Se ha avanzado en la incorporación explícita y en la priorización en las políticas sociales, pero lejos de ser considerados sujetos de derechos, agentes económicos y actores del desarrollo, los pueblos (y las mujeres indígenas dentro de ellos), y los campesinos son considerados una carga, un mero dato estadístico. Llegó el momento de ver que sin duda pueden jugar un rol de desarrollo económico rentable, con conocimientos, recursos y potencialidades propios, que conviertan en realidad al empoderamiento en distintos niveles. Para los pueblos indígenas, vivir bien no sólo significa crecimiento económico, sino respeto a la identidad cultural y armonía entre los seres humanos y la madre tierra. T lu i

sm

i gu

el

mo

ra

le

s

milenio diario (+) jesús d. gonzález fundador

francisco A. gonzález francisco d. gonzález a. jesús d. gonzález a. carlos marín CIRO GÓMEZ LEYVA HUGO CHAPA gamboa VALERIA GONZÁLEZ roberto lópez néstor ojeda

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alfredo campos villeda editor en jefe

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Lunes 26 de agosto de 2013 o 3

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Foros política y economía

Acuerdan “pisar el acelerador” para revertir desventaja de mexiquenses La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, y el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, coincidieron en la necesidad de impulsar la participación política y económica de las mujeres

A

l participar en el Foro “Por una mayor participación política de las Mujeres”, la titular del Inmujeres confió en la sensibilidad y compromiso del gobernador para impulsar la igualdad sustantiva de las mujeres en el Estado de México y reconoció su labor para que más mujeres estén en los espacios donde se discuten los grandes temas del país y posicionar la agenda de género, ya que en el país la participación política femenina continúa siendo un reto. Hoy, dijo, los tres ámbitos de gobierno, los partidos políticos, los organismos electorales y la sociedad tenemos la obligación de responder al desafío de incrementar la participación política de las mujeres, no sólo porque es un derecho que les corresponde, sino porque el desarrollo y el bienestar de la nación así lo exige. En nuestro país, señaló, la participación política femenina sigue siendo un reto. Desde 2011, el Inmujeres, organizaciones de la sociedad civil y ONU-Mujeres trabajamos hombro con hombro en la Iniciativa SUMA, con el objetivo de construir una agenda política con igualdad sustantiva, impulsando que más mujeres se integren a puestos de decisión, a candidaturas y a cargos de elección popular. Esta acción, explicó, se ve reforzada desde el Ejecutivo Federal y recordó que el Plan

especial

Nacional de Desarrollo 2013-2018 señala como una de sus acciones prioritarias fomentar la participación y representación política equilibrada entre hombres y mujeres, para cimentar la posición de liderazgo que éstas deben tener en la vida política de México. A su vez, el gobernador Eruviel Ávila Villegas afirmó que su administración será promotora de la igualdad y equidad de las mujeres para que puedan tener oportunidades de estar en posiciones de decisión, además de reiterar su trabajo para eliminar cualquier tipo de discriminación y continuar emprendiendo acciones en materia de protección jurídica, salud y educación en beneficio de este sector. El gobernador señaló que el propósito es lograr que el desarrollo personal de las mujeres, el goce de sus derechos fundamentales y el ejercicio de sus garantías sean una realidad e impulsen la prosperidad de las mexiquenses y así estén más fuertes y protegidas. Detalló las acciones que su administración lleva a cabo en beneficio de las mujeres, que en la entidad representan más del 51 por ciento de la población; En materia de seguridad, afirmó que el Estado de México tiene una sociedad que cada día respeta más a sus mujeres y castiga con todo el peso de la ley a los agresores. Informó que de marzo de 2011 a la fecha, de los 107 casos resueltos en materia de feminicidios se han obtenido 54 sentencias condenatorias de alta penalidad, destacando la del 7 de junio pasado, que es la primera que se dicta por prisión vitalicia a nivel nacional; además, se cuenta con magistrados, jueces y ministerios públicos, especializados en violencia de género. En salud existen unidades móviles para la detección de cáncer de mama, realizando más de 100 mil mastografías cada año, pruebas para la detección del cáncer cérvico uterino y vacunación contra el virus del papiloma humano. Asimismo, se otorgan apoyos económicos a mujeres que padecen cáncer o VIH y un seguro de vida para mujeres con el que acceden a chequeos periódicamente y reciben una indemnización si desarrollan esta enfermedad o en caso de muerte para sus familias. El gobernador expuso que en el rubro educativo se entregan estímulos a integrantes de escoltas, becas institucionales, becas para realizar estudios en el extranjero y computadoras a alumnas destacadas. Mencionó que con el fin de que las mujeres puedan escribir su propia historia de éxito y ser económicamente independientes, además de disminuir las condiciones de pobreza, se otorgan apoyos económicos y capacitación para el impulso de proyectos productivos.

Foro de empresaria a empresaria En la misma entidad, durante el Primer


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Foro Estatal de Empresaria a Empresaria “Mujeres que Piensan en Grande” la titular del Inmujeres, Lorena Cruz Sánchez aseveró que en el país aún prevalecen desigualdad, marginación, falta de autonomía y discriminación hacia las mujeres empresarias. En toda sociedad, apuntó, la falta de autonomía económica de las mujeres es un indicador básico de la desigualdad entre los sexos. “Hablo de una desigualdad que las margina y genera subordinación, una desigualdad que se expresa en discriminación y múltiples tipos de violencia contra las mujeres y las niñas”, manifestó. México, destacó, necesita mujeres empoderadas para salir de la pobreza y la desigualdad, para acelerar el desarrollo. Es un hecho, agregó, que aquellos países con mayor igualdad entre mujeres y hombres son más productivos y presentan mejores niveles de crecimiento económico socialmente equitativo. En nuestro país, precisó, todavía las emprendedoras viven una injusta desventaja: sólo tres de cada 100 mujeres son empleadoras, en su gran mayoría de micro y pequeñas empresas. La presidenta del Inmujeres apuntó que ampliar el número de negocios exitosos dirigidos por mujeres demanda otorgar todas las facilidades y apoyos para que el esfuerzo de las emprendedoras no se pierda en el desánimo. “Es necesario pisar el acelerador, promocionando y fortaleciendo los diversos programas de desarrollo de capacidades, de coinversión social, de créditos y de seguimiento a los proyectos de aquellas mujeres mexiquenses que quieren salir adelante por méritos propios”, afirmó. En su oportunidad, el gobernador Eruviel Ávila Villegas informó que la iniciativa privada invierte 40 mil millones de pesos en la entidad, para la conformación y ampliación de empresas, centros comerciales y otros espacios que generarán más empleos y el fortalecimiento de la economía estatal, para tener mexiquenses más fuertes y productivos. “Hoy les participo que en el Estado de México se están aplicando recursos por la iniciativa privada por más de 40 mil millones de pesos, desde la ampliación de una empresa, la construcción de un nueva empresa que viene a instalarse, la creación de nuevas plazas comerciales, de cines, de nuevos espacios que fortalecen la economía de nuestro estado”, aclaró. Destacó que la reforma de cinco leyes para aplicar sanciones administrativas, inhabilitaciones o penas legales para aquellos funcionarios públicos municipales o estatales que obstruyan la apertura de nuevas empresas. En el acto, entregó el reconocimiento Mujer Empresaria a Elizabeth Ramírez Salas, socia mayoritaria de La Rosa de Sarón y la Presea Leona Vicario a María Mercedes Colín Guadarrama, vocal ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMYBS). El jefe del Ejecutivo local dio a conocer que en lo que va de su administración se ha apoyado a casi 156 mil mexiquenses empresarias, emprendedoras y trabajadoras, con programas como Financiamiento a Emprendedores “Premio a tu Gran Esfuerzo”; Capacitación a Emprendedores; planes de negocios y con la realización del Foro PyME Completamente Mujer 2012, además de programas para incentivar a las estudiantes de excelencia, y se apoya a las mujeres para que mejoren sus negocios. Mientras que Alía Lorena Ibarra Ávalos, presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMMJE), reconoció la labor del gobernador mexiquense para promover la inversión en la entidad y otorgar oportunidades a los empresarios, pues la realización de este primer foro permitirá conjuntar una agenda de transformación. T

Inmujeres Instituto Chihuahuense de la mujer

Centro que demuestra alta capacidad operativa y solidez especial

Por tercera ocasión consecutiva, logró 100% de la calificación en rendición de cuentas que otorga la Auditoría Superior del estado (ASE), como el mejor organismo descentralizado en la administración de sus recursos especial

E

especial

Ana Juárez Villarreal*

l Instituto Chihuahuense de la Mujer (Ichmujer) ha demostrado durante las últimas tres evaluaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado, orden en la administración de los recursos públicos y transparencia en la rendición de cuentas a las y los ciudadanos. Lo anterior en la aplicación de programas enfocados a promover los derechos humanos, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; la inclusión de políticas con perspectiva de género y la prevención y atención de la violencia familiar y contra las mujeres. La calificación demuestra no sólo la capacidad operativa del Ichmujer, sino también la solidez con la que opera, siendo en este momento el mejor organismo descentralizado del Gobierno del Estado, lo que ayuda a consolidar su credibilidad a nivel nacional para la obtención de más recursos federales en favor de las chihuahuenses. Para el Instituto Chihuahuense de la Mujer, el reconocimiento de la ASE resulta un incentivo para el personal especializado en perspectiva de género, quienes trabajan a diario en la prevención y atención para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Y es que tan sólo en lo que va del año, más de 10 mil 961 mujeres han sido apoyadas con gestiones de trabajo social, acompañamiento jurídico y terapias psicológicas. Además de talleres de prevención en muerte materna, capacitación a mujeres indígenas y la protección a mujeres, niñas y niños desaparecidos con el Protocolo Alba. Todo a través de los cuatro módulos fijos y ocho itinerantes que recorren las comunidades aledañas a los municipios de Parral, Nuevo Casas Grandes, Juárez, Chihuahua y Creel. Para este 2013, el Instituto tiene proyectada la apertura de Casas para la Mujer en ciudad Juárez, reequipamiento de los refugios, creación de las auditorías de género dentro de la función pública, aplicación de los brazaletes electrónicos en el delito de violencia familiar y la proyección de más Centros de Justicia para las Mujeres, entre muchas otras actividades. El Instituto Chihuahuense de la Mujer hace un llamado a seguir de cerca los proyectos y resultados que publica periódicamente en el portal www.intitutochihuahuensedelamujer.gob.mx. T * Lic. en Letras Españolas, Universidad Autónoma de Chihuahua.

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Lunes 26 de agosto de 2013 o 5

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Consulta Nacional

Preparan Programa de Igualdad de Oportunidades 2013-2018 El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), a través de 13 meses de trabajo que abordaron los temas prioritarios de la agenda de género, recibió diversas propuestas de acción para incorporarlas al programa

E

l Foro de Consulta Nacional para la elaboración del Proigualdad 2013-2018 al que convocó el Instituto Nacional de las Mujeres en la Ciudad de México recibió 556 propuestas de acción a través de 13 mesas de trabajo que abordaron los temas prioritarios de la agenda de género. El acto reunió a 600 personas entre mujeres y hombres; representantes de la sociedad civil, de la academia, funcionarios de instancias estatales y municipales de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como integrantes de los diversos sectores de la Administración Pública Federal, del sector empresarial y público interesado en la igualdad entre mujeres y hombres. Igualmente contó con la participación de quienes conforman los Consejos Consultivo y Social del Inmujeres, que además de sus valiosas aportaciones, colaboraron en la coordinación de algunas mesas y la realización de las relatorías. Los temas que se abordaron fueron desde la participación política y social, educación, entornos seguros y amigables, hábitat, sustentabilidad y medio ambiente, agencia económica y acceso a recursos productivos, así como igualdad jurídica e igualdad sustantiva.

ESPECIAL

En el foro que se realizó el 22 de julio participaron

126

mujeres de organizaciones de la sociedad civil

30

mujeres académicas e investigadoras

60

funcionarias de instancias estatales y municipales de las mujeres de las entidades federativas y del Distrito Federal

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Alta participación se registró también en las mesas de políticas culturales y medios de comunicación; tema que por primera vez abordó el Inmujeres en la consulta, y asuntos como las mujeres y el desarrollo rural, procuración e impartición de justicia con perspectiva de género, y el complejo bloque de la interacción hogar, vivienda, familia y corresponsabilidad. La integración del Proigualdad 20132018 se abrió además a la participación nacional a través de una consulta en línea, foro virtual que recibió 691propuestas

procedentes de 27 estados de la República, entre las que destacaron el Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Baja California, Veracruz y Quintana Roo. Quienes se sumaron a este esfuerzo a través de la consulta en línea consideraron que los temas más relevantes para las mujeres mexicanas son: procuración de justicia, educación, seguridad ciudadana, participación política, acceso a recursos productivos, institucionalización de la política de igualdad, la violencia hacia las mujeres y su salud. T

Asistieron

599 91 508 personas

hombres (15%) y

(85%) mujeres Más de

200

representantes de los diversos sectores de la administración pública federal, legisladoras, mujeres empresarias e integrantes de los consejos Consultivo y Social del Inmujeres, así como público en general interesado en la igualdad entre mujeres y hombres.


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Lo que dicen las estadísticas

“Mujeres trabajando ¿por amor o por independencia? héctor téllez

Es seguro que todos conozcan o estén cerca de alguna que trabaja fuera de casa y recibe un salario; también es factible conocer a aquellas que además de trabajar tienen hijos y pareja

A

Cinthia Cruz del Castillo*

l pensar detenidamente en estas mujeres surgen preguntas como: ¿de qué modo enfrentan las tareas cotidianas relacionadas con el cuidado de la casa, el cuidado a los hijos y la atención a la pareja?, ¿cuántas tienen algún tipo de apoyo para estas tareas, ya sea un familiar, la propia pareja o una trabajadora doméstica?, ¿sobrepasan las ventajas que se obtienen por el trabajo, las desventajas del cansancio, el estrés y la sobrecarga? Es precisamente dar algunas respuestas y reflexionar ante estos cuestionamientos el propósito de este texto. Para comenzar las estadísticas hablan de un importante aumento, en los últimos 25 años, de mujeres mexicanas que salen a trabajar, siendo prioritariamente mujeres entre los 20 y 24 años (Putzi, 2008 p.217, 218). En el 2009 (de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de las Mujeres) 41 de cada 100 mujeres participan en actividades económicas, aumento que no es privativo de las mujeres en México, ya que se afirma que en la actualidad el 50% de las mujeres en el mundo trabajan (Tobío, 2005). Este incremento a su vez ha significado un profundo cambio en el rol de las mujeres en la sociedad mexicana, cambio que se asocia con mayores índices de alfabetización femenina actualmente del 90.5%, y mayores niveles educativos, tanto, que hoy en día las mujeres suman el 46% de los estudiantes universitarios (Putzi, 2008 p.217, 218) dentro de estos cambios también destaca el tener mayor reconocimiento de los derechos como ciudadanas y la disminución de la tasa de fecundidad que es consecuencia de un mayor control y cuidado del propio cuerpo (García & Oliveira, 1994). Siendo México, sin embargo, un país económica y socialmente estratificado, el acceso a las oportunidades de educación y empleo difieren de acuerdo con la etnicidad y clase social de las mujeres (Putzi, 2008 p.217, 218). Esto se ve reflejado en el tipo de empleos que desempeñan muchas de las mujeres actualmente siendo que aproximadamente el 43% trabaja en el sector de servicio, el 24% se desempeña como cajera y/ vendedora ambulante y 20% trabaja en servicios domésticos (limpieza y cuidado de los niños). Por lo que así como las cifras señalan el cambio en las mujeres, también muestran las desigualdades que todavía prevalecen, como el hecho de que las mujeres solamente son dueñas del 23% de los negocios de ventas al por menor, que de los 460 puestos directivos (de 37 compañías mexicanas) las mujeres ocupan sólo 20 de

los puestos, que de los cargos empresariales, tanto en los sectores de servicios públicos y privados, los hombres ocupan más de tres cuartas partes y ganan 28% más, en promedio, que las mujeres etc. (Putzi, 2008 p.217, 218). Y qué decir del trabajo doméstico, rubro en el que las cifras señalan una participación de 95.7% de las mujeres y 60.2% de los hombres (www.inmujeres.gob.mx). Como todos los cambios que están viviendo las mujeres no han sido del todo asimilados ni por ellas ni por los hombres, en parte, porque éstos aparecen ligados a una constante toma de decisiones. Por ejemplo, actualmente más mujeres retrasan la maternidad por elección y algunas elijen no ser madres, aunque tales elecciones sean todavía muy costosas a nivel personal y social, mientras que en décadas pasadas la gran mayoría de mujeres tenían hijos sin cuestionarse sobre su deseo de ser madres. Ante este panorama se podría decir que las mujeres, aunque derribando obstáculos, están en transición en contraste con los hombres que más que participantes parecen observadores del fenómeno sin saber exactamente qué lugar tomar. En el caso de las mujeres que tienen un trabajo remunerado y a la vez son madres, los estudios han encontrado que muchas de ellas se quejan de la sobrecarga de trabajo, sobrecarga que se ve reflejada en cansancio físico y mental sumado a que algunas experimentan periodos de insomnio y paradójicamente sentimientos de soledad, tristeza y depresión asociados, en parte, a problemas afectivos de pareja como la apatía y la indiferencia sexual. Todo esto se intensifica aún más, en función del número de hijos que se tengan y de las edades de los hijos (Cruz del Castillo, 2013). Ahora ante la pregunta de si ¿las mujeres trabajan por amor a los demás o por verdadera independencia? Se ha encontrado que entre las motivaciones de las mujeres para laborar se enlista la crisis económica generalizada y el hecho de que hoy en día el ingreso del hombre no

es suficiente para cubrir las necesidades de una familia, en relación con este punto Tobío (2005) entrevistó a 100 mujeres españolas acerca de las razones por las que trabajaban y encontró que la primera razón fue la económica y el hecho de que un segundo salario es necesario para mantener un nivel estándar de consumo -por 57 de 100 mujeres-. Este aspecto aunque en la mayoría de los casos cierto, parece ser una corta explicación de un fenómeno complejo, que más bien sirve para justificar el que la mujer trabaje, como si el trabajar requiriera de la aprobación y del permiso de la sociedad para llevarse a cabo. En esta misma línea, el trabajo de la mujer se ve como un apoyo o ayuda al hombre, aspecto que nuevamente sitúa a la mujer en el papel tradicional de dependencia y altruismo. El cuestionamiento que surge a partir de esta explicación es si ¿las mujeres que trabajan necesitan percibir una carencia económica como motivo único para involucrarse en el campo laboral?, lo cual nos lleva irremediablemente a cuestionar el significado de carencia económica y si este “apoyo” sólo es válido cuando sin él no se pueden cubrir las necesidades básicas de alimentación, transporte y vestido de la familia. Al respecto algunas investigaciones han encontrado que el significado del “nivel estándar de consumo” varía mucho y que para algunas mujeres se asocia al mantenimiento vital básico y para otras a actividades de ocio (como vacaciones) y a la educación complementaria para los hijos (diversos cursos); sin embargo, estos estudios no describen el nivel socioeconómico de las familias, ni el número de hijos, por lo que sería relevante realizar otros estudios que den cuenta de cómo se distribuye el ingreso de las mujeres mexicanas en distintos niveles socioeconómicos y de qué depende esa distribución, ya que seguramente habrá muchísimas familias mexicanas que cubran apenas sus necesidades básicas aún con los dos sueldos.

Sí el trabajo remunerado de las mujeres es un indicador de autonomía, y de mayores posibilidades de equidad y de oportunidades es indispensable indagar si el trabajar verdaderamente ha sido una elección de la mujer y si dicha elección se liga a sus necesidades individuales o sí más bien es parte de la abnegación y el amor por los otros lo que la motiva a trabajar fuera de casa. T Referencias Cruz del Castillo, C., Díaz-Loving, R. & RiveraAragón, S. (2007). Construcción y validación del inventario de beneficios y costos del trabajo remunerado de la mujer. Revista de Psicología Social y personalidad, 23(2), 159-182. Cruz del Castillo, C. (2013). Mujeres trabajando: ¿por amor o por independencia? En T. Rocha & Cruz del Castillo, C. (Eds), Mujeres en transición. Reflexiones teóricoempíricas en torno a la sexualidad, la pareja y el género. México: Universidad Iberoamerica. ISBN 978-607-417-214-0 García, B. & Oliveira, (1994). Trabajo femenino y vida familiar en México. México: El Colegio de México. Kaufman, G. (2000). Do gender role attitudes matter? Family formation and dissolution among traditional and egalitarian men and women. Journal of Family Issues, 21, 128-144. Putzi, S.(2008). A to Z World Women in Culture and Business: 175 Countries: Position in Society, Legal Rights, Education, Dating, Marriage and Family, Health, Interesting Social Customs, Women in Professions, Women as Business Owners & Foreign Businesswomen. CA, USA: World Trade Press. Tobío, C. (2005). Madres que trabajan: dilemas y estrategias. Madrid: Ediciones Cátedra. *Investigadora de la Universidad Iberoamericana


Lunes 26 de agosto de 2013 o 7

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claudia guadarrama

Acceso a la paridad

Avances legislativos y sociales para impulsar a más candidatas Tras una larga historia de las cuotas en México, elevar el derecho a la paridad es lo inmediato. La igualdad debe ser el mecanismo para alcanzar la igualdad real y efectiva en el ámbito político

L

Lucero Saldaña Pérez*

a participación política de las mujeres se ha plasmado en diversos instrumentos internacionales y en algunos ordenamientos jurídicos nacionales, mediante la implementación de acciones afirmativas para otorgar “cuotas” o espacios de tomas de decisiones a mujeres en las instituciones públicas y políticas. Sin embargo, esto se ha modificado para no sólo establecer la obligación de dar espacios, sino que se reconozca sus necesidades y sus derechos desde el ámbito político-electoral.

Si bien la paridad de género se ha establecido en la normatividad electoral vigente, y ha constituido un avance para el reconocimiento de la participación de las mujeres se ha circunscrito a los cargos de elección popular, permitiendo que aquellos de toma de decisiones en las instituciones públicas y que son elegidos por nombramientos o elecciones internas, persistiera la discriminación contra las mujeres y la designación de hombres a los cargos con mayor rango jerárquico. En la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer se establece la implementación de procesos para el reconocimiento de las mu-

jeres en todos los ámbitos, particularmente en el desarrollo profesional y la elección a cargos públicos, y en el año de 1988, en su Recomendación General Número 5, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, (CoCEDAW) recomienda que los Estados Parte “hagan mayor uso de medidas especiales de carácter temporal como la acción positiva, el trato preferencias o los sistemas de cupos para que la mujer se integre a la educación, la economía, la política y el empleo”. En el año 2007 el Estado Mexicano firma el “Consenso de Quito”, adoptado en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el cual

se compromete a “garantizar la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de representación política con el fin de alcanzar la paridad en la institucionalidad estatal”. Asimismo, en 2010 en el “Consenso de Brasilia” de la CEPAL, se acordó “ampliar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y en las esferas de poder”, en la que la paridad, la inclusión y la igualdad entre mujeres y hombres, considerando la raza, edad y etnia, deben establecerse como temas transversales para el adelanto de las mujeres. Posteriormente, en 2012 el CoCEDAW recomendó al Estado Mexicano a asegurar que se “cumplan con los marcos jurídicos electorales en los planos federal y estatal, inclusive enmendando o derogando las disposiciones discriminatorias contra la mujer” como resultado de la preocupación del Comité sobre las lagunas existentes


8 o Lunes 26 de agosto de 2013

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Inmujeres nelly salas

que podrían mermar el incumplimiento de los cupos de género. Como resultado del marco jurídico internacional y de mi investigación para mi tesis doctoral, el día 17 de julio del año en curso presenté en el Senado de la República iniciativas para la armonización legislativa con perspectiva de género en materia político-electoral con el objeto de incrementar las oportunidades de desarrollo de las mujeres en la federación, en las entidades federativas y en los municipios. Estas iniciativas mencionan la paridad de género en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principalmente en el artículo primero, que promuevan el avance para garantizar la igualdad sustantiva y la inclusión de acciones afirmativas de carácter temporal que las autoridades deban implementar, mediante la eliminación de la discriminación y transversalización de libertad, igualdad y protección de los derechos humanos de las mujeres. Sostiene la inclusión de la igualdad sustantiva como mandato constitucional, en que los órganos legislativos y jurisdiccionales federales participen activamente en su cumplimiento, y estableciendo acciones afirmativas en Constituciones y legislaciones de las Entidades Federativas en relación con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Además se impulsa también la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que establece obligaciones y atribuciones para garantizar la igualdad en el Instituto Federal Electoral, los partidos políticos y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para permitir el acceso a las Mesas Directivas y las Comisiones, mediante la rotación de cargos para mujeres en igualdad de condiciones que con los hombres. El desarrollo municipal concurre en las propuestas legislativas presentadas. Se contempla igualmente ampliar el acceso a los cargos más importantes del Ayuntamiento además de impulsan los liderazgos de las mujeres desde sus comunidades, colonias y grupos sociales. Tras una larga historia de las cuotas en México elevar el derecho a la paridad es lo inmediato, debiendo insistir en los recursos públicos para formación de líderes políticas, así como todas aquellas medidas temporales necesarias que se deban de realizar para lograr la igualdad sustantiva y que impulsen un mayor número de candidaturas a las presidencias municipales con el fin de contribuir al desarrollo regional y local. Estos liderazgos ostentan un rol trascendental que ha permitido concientizar sobre la eliminación de la discriminación, y la disminución de las brechas de género debido que concentra la relación más cercana entre el Estado y la población, así como en las redes sociales que ellas mismas concentran, traducido en la obligación de modificar las Constituciones Políticas de las Entidades Federativas, que reconozcan estos liderazgos y los ordenamientos jurídicos que emanan de los cabildos de los municipios del país. Sin duda, los avances legislativos son un paso que no puede esperar, en la práctica las mujeres promovemos el desarrollo económico, político, social cultural y medioambiental en el país, solo necesitamos que no exista discriminación en nuestra participación política en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en los tres órdenes de gobierno. La paridad debe ser el mecanismo para alcanzar la igualdad real y efectiva en el ámbito político. T *Senadora @LuceroSenadora

Paridad de género

¿Acción afirmativa o derecho humano de igualdad? Una mayor incorporación de la mujer en los espacios de decisión política se inscribe en el respeto del derecho humano de igualdad, previsto por la norma fundamental y los tratados internacionales firmados por México

L

Janine M Otálora Malassis *

a equidad de género en un primer momento, la paridad de género posteriormente, ha sido un tema de actualidad en los últimos años, convirtiéndose así en elemento de la modernidad política y social. Realidad palpable en gran medida por la actuación de los jueces. Cabe preguntarse si la protección y el fomento de la participación política de las mujeres se inscribe en la lógica de una acción afirmativa o si se trata del ejercicio de un derecho humano. Soy de la opinión que esta participación corresponde a un derecho humano. En efecto una acción afirmativa es una medida que tiene como fin proteger los derechos de los grupos minoritarios o vulnerables, grupos a los cuales no pertenecen las mujeres, en virtud de que el género femenino representa más del 50% de la población, es decir más de la mitad de la sociedad. Al contrario, considero que es dentro de cada género que se encuentran las acciones afirmativas como la de joven, indígena o migrante u otra.

Por ello, considero que una mayor incorporación de la mujer en los espacios de decisión política se inscribe en el respeto del derecho humano de igualdad entre la mujer y el hombre, derecho previsto por la norma fundamental, así como por los tratados internacionales firmados por México. Son varios los eslabones que intervienen en la viabilidad de la participación política de las mujeres: el poder ejecutivo, a través de políticas de institucionalización de género; el poder legislativo, con la creación de la norma que da vida a este derecho y, el poder judicial, como garante de la plena vigencia de los derechos humanos. En el ámbito político, también intervienen las organizaciones civiles que, además de capacitar a las mujeres para ejercer sus derechos, forman a los ciudadanos para que estos emitan un sufragio diferenciado respecto del género.

ha asumido plenamente esta función, emitiendo diversos criterios dentro del marco legal, pero con un espíritu garantista, con los cuales ha fortalecido la participación política de las mujeres. Por ejemplo, ha determinado que las fórmulas de candidatos a cargos de elección popular deben estar compuestas por el mismo género, para que el acceso al cargo sea una realidad para las mujeres. Así mismo, ha establecido que en la integración de los órganos administrativos electorales se debe respetar el principio de la paridad de género, así como el de la alternancia en las presidencias. En el ámbito de los partidos políticos, ha determinado que sus órganos de dirección deben integrarse de manera paritaria. Con estas decisiones el juez federal electoral ha fortalecido, en el ámbito político, el respeto al derecho humano de la igualdad, y logrado un mayor equilibrio

El pleno respeto al derecho de igualdad es responsabilidad pública y social. En efecto, el pleno respeto al derecho de igualdad entre la mujer y el hombre es responsabilidad del poder público, pero incumbe también a la sociedad. La ley da derechos e impone obligaciones, al darle derechos a la mujer lo que hace es darle la palabra. Si bien la norma debe ser respetada por todos, lo cierto es que en el ámbito de los derechos político electorales de las mujeres, el juez ha tenido que intervenir para darle su plena vigencia a la norma, y con ello al derecho de igualdad entre la mujer y el hombre. En los últimos años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

en la representación política de nuestra sociedad. Ciertamente, falta aún mucho por hacer para alcanzar esta igualdad, pero los logros adquiridos son de todos y, por ende, deben quedar inscritos en nuestra práctica política y jurídica. En efecto, la igualdad en el acceso a los cargos públicos y la mayor participación política de las mujeres determinan la calidad de nuestra democracia. T *Magistrada Presidenta de la Sala Regional Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación


Lunes 26 de agosto de 2013 o 9

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Inmujeres Normas que discriminan

En México la justicia tampoco tiene rostro de mujer ESPECIAL

Hace casi una década Patricia Balbuena escribió un artículo sobre los obstáculos a los que se enfrentaban las mujeres en Perú para acceder a la justicia; su trabajo lo denominó “La justicia no tiene rostro de mujer”

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Adriana Guadalupe Rivero Garza*

etomo el sentido de dicho título para esta colaboración, porque me parece que también en México y en Latinoamérica los problemas estructurales se convierten en obstáculos que impiden a las mujeres el goce y ejercicio pleno de nuestro derecho al acceso a la justicia. El tema debe abordarse a la luz de los derechos a la autonomía, a la libertad, a la igualdad y a la dignidad de las mujeres; como un asunto de derechos humanos. Los principales asuntos por los cuales las mujeres acuden al sistema de procuración e impartición de justicia están relacionados con las facultades y obligaciones que devienen del derecho civil y familiar, como por ejemplo el divorcio y el derecho a exigir pensión alimenticia para sus hijos e hijas, ente otros; y, se une a la materia penal cuando existe violencia familiar, en la que confluyen agresión física, sexual, psicológica, económica y patrimonial. Debe destacarse que no sólo en el ámbito familiar son violentadas sino también en el ámbito laboral, institucional o en la comunidad. El acceso a la justicia implica, como lo ha definido la Suprema Corte de Justicia

de la Nación, la situación ideal en la cual, tanto las autoridades como el entorno social, garanticen que independientemente de la condición social o económica, de sexo, género, etnia, nacionalidad, enfermedad, discapacidad, edad, por orientación sexual, etc., de las personas, éstas puedan acceder a la procuración e impartición de justicia de manera igualitaria y equitativa. También incluye un conjunto de prescripciones relacionadas con la investigación, la persecución de los delitos, la promoción de una pronta, completa y debida impartición de justicia, cuyo cumplimiento debe recaer en las actuaciones de los y las servidores(as) públicos(as) y en el Estado. Puede decirse que el acceso a la justicia conlleva el derecho de toda persona de acudir al sistema de justicia (formal y realmente) y la obligación del Estado a prestar el servicio público y cumplir con marcos nacionales e internacionales de derechos humanos. Acceder a la justicia en condiciones de igualdad y de no discriminación por motivos de género significaría que ni hombres ni mujeres verían afectados sus derechos debido a los prejuicios que socialmente están construidos en torno a la diferencia sexual. Unos de los principales prejuicios

que existen es la creencia de la primacía de un sexo y de un género sobre el otro, el cual materializa una serie de obstáculos a los que las personas se enfrentan para acceder al sistema. En razón de la construcción social de la diferencia sexual las mujeres no hemos tenido las mismas oportunidades de acceder a la justicia que los varones. Primero porque la mayoría no conocemos nuestros derechos, ni las formas o mecanismos de la administración de justicia. Luego por no poder cubrir costos personales que comúnmente están relacionados con nuestra capacidad de autonomía y ejercicio de la ciudadanía, la cual se ve

Las mujeres enfrentamos más obstáculos para ejercer nuestro derecho a la justicia porque ésta forma parte de un entramado social y jurídico que implica prejuicios sobre lo que significa ser mujer: se cree que por naturaleza la mujer es débil, incapaz, irracional, es objeto sexual, es responsable del cuidado de los espacios domésticos y de los hijos, etc. Estos prejuicios están impresos en teorías, principios y normas jurídicas. Así el Derecho, como ciencia, como sistema, como facultad y como justicia tiene como base una visión hegemónica y masculina, parte de la diferencia jerarquizada y asimétrica entre los sexos, construye y regula la diferencia sexual. Es decir, desde una visión masculina, sexista y con género se piensa el derecho: se legisla, se interpretan y aplican leyes; lo cual imposibilita o dificulta que las mujeres podamos acceder de manera libre, autónoma, igual y con dignidad al derecho a la justicia. Esto se puede verificar, desafortunadamente, día a día cuando encontramos normas que discriminan a las mujeres, cuando prohíben expresamente decidir sobre sus propios cuerpos, cuando se regulan el cuerpo de las mujeres como objetos y no como ciudadanas; cuando se les responsabiliza de haber sido agredidas física o sexualmente por su manera de vestir o de actuar; cuando encontramos prejuicios en contra de las mujeres en las sentencias judiciales; o en reducción de sanciones a agresores porque pesó más el hecho de que el violentador se desenvolvía socialmente de ¨manera normal¨ que la misma violencia física, emocional, económica o sexual que ejercieron (a veces durante años) contra sus compañeras, esposas, hijas, alumnas, empleadas, etc. O, cuando las mujeres tienen que vivir sabiendo que su agresor ha sido liberado porque no existen órdenes de protección, adecuadas y funcionales, que les permitan gozar del derecho a vivir seguras y en paz. Esto significa que en muchas ocasiones encontramos un primer obstáculo para acceder a nuestro derecho a la justicia en la propia ley, luego en los mecanismos de aplicación de las mismas e institucionalmente en la implementación inadecuada de políticas y de servicios públicos que, por obligación, el estado debe ofrecer. Por eso es que no se puede decir que los principios de justicia son ciegos a las diferencias en el ejercicio de poder entre hombres y mujeres, no se puede decir que la justicia tenga rostro de mujer, porque somos precisamente las mujeres las que encontramos leyes, prácticas y políticas que se abstraen de supuestos que no son neutrales al género. El acceso a la justicia es, efectivamente, una cuestión formal en tanto debe estar plasmado en una norma jurídica, pero debe ser también una cuestión instrumental, que entrañe valores en el ejercicio de mecanismos y medidas institucionales que reparen las desventajas que llevan a la diferenciación de trato entre hombres y mujeres. En ese sentido es que se habla de justicia de género, que implique un tratamiento igual -formal, real y de oportunidades-, desde la perspectiva de los derechos humanos; lo cual requiere, en la práctica,

Las mujeres enfrentamos más trabas para ejercer nuestro derecho a la justicia mermada por la condición de violencia física, emocional, sexual, económica o patrimonial que se vive tanto en el ámbito familiar, social, laboral o institucional (incluida la violencia feminicida que implica todo tipo y modalidad de violencia) para acceder al sistema, aunada a la corrupción e impunidad.

una conciencia de las diversas realidades tanto de hombres como de mujeres. T * Maestra en Derecho Constitucional y Amparo; Estudios de la Mujer; Estudios Feministas y de Género. Investigadora UAZ. Consejera Consultiva InMujeres


10 o Lunes 26 de agosto de 2013

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Padres deportados

En dos años 204 mil mexicanos han dejado hijos en EU Es grave la situación que viven las familias con padres expulsados e hijos con nacionalidad estadunidense. Son separados ante la imposibilidad de contar con residencia legal

S

Diva Hadamira Gastélum*

e calcula que en los últimos dos años, más de 204 mil padres de hijos que son ciudadanos estadounidenses fueron deportados, así lo informaron autoridades de migración en aquél país. Con base en dicha información, la organización ColorLines aseveró que esta cifra representa un 23 por ciento de las deportaciones realizadas entre el 1 de julio de 2010 y el 31 de septiembre de 2012. Se habla de que en ese periodo, se emitieron alrededor de 90,576 órdenes finales de deportación. Estas cifras pueden ser aún más altas, ya que al momento de ser deportados, muchos padres no confiesan a las autoridades que tienen hijos, además de que no sabemos cuántas deportaciones hay de padres de hijos que no son ciudadanos norteamericanos. Se han realizado intentos importantes para que los padres deportados no pierdan a sus hijos, ya que al momento de ser detenidos por las autoridades, sus hijos quedan al cuidado de vecinos, familiares,

en tanto, el juez los pone a disposición de albergues para su adopción. La separación innecesaria de estas familias, podría frenarse si los padres tuvieran un recurso jurídico para recuperar a sus hijos, aunque hayan sido deportados a su país de origen por parte de las autoridades de migración. El número de padres deportados ha llegado a niveles sin precedentes en los últimos años, no obstante, el sueño americano de miles de personas se torna una pesadilla para aquellos que buscan mejores condiciones de vida para sus familias, ya que este sueño es hoy lo que los separa de lo que más quieren, sus hijos. Según datos del Centro de Investigación Aplicada, una organización de Nueva York, al menos 5 mil 100 niños que hoy son ciudadanos norteamericanos, viven con familias temporales en 22 estados, y no es cuantificada todavía la cantidad de estos pequeños que son entregados en adopción contra la voluntad de sus padres. En este sentido, el año pasado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de

Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs Enforcement o ICE) anunció una nueva política que brindaba discreción a los fiscales para que tomaran en cuenta elementos como el tiempo que llevaba una persona en Estados Unidos, su relación con la comunidad y su situación familiar, para tomar una decisión sobre la deportación. Sin embargo, los casos de separación de padres e hijos se repiten constantemente, sin garantías de que sus hijos estarán a salvo o con el debido conocimiento del lugar en el que se encontrarán. Hay que considerar que muchas de las personas que son deportadas, erróneamente y ante la desesperación, intentan ingresar de nueva cuenta al territorio estadounidense de manera ilegal, lo que significa que a partir de ese momento son considerados como delincuentes. A falta de asesoría legal y servicios sociales que informen a las personas sobre cómo proceder en estos casos, es que muchos hogares son destruidos sin defensa jurídica, con la esperanza de recuperar a su familia, pasan muchos años antes de que puedan regresar a ese territorio. Derivado de los hechos que han acontecido recientemente, es que los defensores de los derechos de los inmigrantes sin papeles, recomiendan a la población que tome precauciones en caso de que sean

deportados, dejando documentos que acrediten a algunas personas para que puedan hacerse cargo de sus hijos en caso de que sean deportados. Se han dado casos en los que los consulados de otros países interceden para que las personas deportadas no pierdan la custodia de sus hijos, ya que de estar ausentes entre 15 y 22 meses consecutivos, son propensos a perder la custodia de sus hijos. ICE ha insistido en que sus agentes trabajan con los detenidos para dar oportunidad de que decidan sobre el cuidado y custodia de sus hijos, sin embargo, esto se contempla en el Memorándum de Prioridades de Seguridad Civil de 2010. Existe un vacío legal en el que la defensa de los deportados, se encuentra con una contradicción de procedimientos entre dos agencias: ICE y las agencias de protección infantil, al momento de aplicar dos leyes federales, según se estipula en el Acta de Inmigración, creada en 1996, y el Acta de Adopción y Familias Seguras, creada en 1997 (ASFA, por sus siglas en inglés). Cabe señalar que la ley ASFA se estableció para proteger a los niños que se quedaban por mucho tiempo a cargo del Servicio Social, con la finalidad de otorgarles a los niños un hogar estable, pero se relacionaban en mayor medida con padres que estaban en prisión o tenían problemas de drogadicción. Tan sólo el año pasado, 32 estados recibieron alrededor de 35.5 millones por incrementar el número de niños que lograron transferir del sistema de crianza temporal a hogares de adopción. Es necesario reforzar todos los mecanismos para que estas familias puedan reunirse de nueva cuenta, en caso de que los padres sean deportados. Se trata de una problemática que afecta a miles de niños, ciudadanos estadounidenses, hijos de inmigrantes indocumentados, quienes ven marcado su futuro en un país en el que no pueden tener a su familia unida.T *Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género Senado de la República Email: diva.gastelum@senado.gob.mx Twitter: @divagastelum Facebook: DivaGastelum Joshua Lott/reuters


Lunes 26 de agosto de 2013 o 11

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Inmujeres mónica gonzález

para que se establezcan los pasos a seguir en caso de presentarse un sismo, incendio, fuga de gas, amenaza de bomba o incluso frente a la toma de las instalaciones por parte de manifestantes, partiendo de la importancia que tiene el Plan Familiar de Protección Civil y en la cultura de prevención de desastres, donde cada persona sepa qué hacer y asuma su corresponsabilidad. A continuación, te recordamos algunas cosas que debes saber respecto a los sismos, con base en la información disponible en www.proteccioncivil.gob.mx :

Prevenir o lamentar

Las mujeres frente a los terremotos No se trata de decir que son vulnerables por el hecho de haber nacido mujeres, se busca evidenciar que los programas de protección civil no siempre incluyen las necesidades diferenciadas por cuestiones de género José Alberto Gallardo Hernández*

H

oy en día, existen diversos programas y planes de protección civil que contemplan la participación de la comunidad para detectar a tiempo los riesgos que pudieran generar algún desastre, y actuar sobre las causas externas que los producen, minimizando las pérdidas y los daños a la hora de que ocurre un siniestro. En el caso de los sismos de gran magnitud, la alerta sísmica (Sistema de Alerta Sísmica Mexicano) proporciona avisos para la prevención; en el caso de la Ciudad de México, el tiempo de oportunidad es de 60 segundos aproximadamente, antes de que la onda sísmica generadas en las costas de Guerrero lleguen a la ciudad, mientras que en la capital de Oaxaca, la alerta sísmica apenas da un tiempo de

oportunidad de 30 segundos si el evento detectado ocurre en la costa, o menos si el epicentro es cercano a la ciudad. Para superar el desafío de advertir eficazmente un fenómeno natural y con ello del peligro existente, es necesario utilizar la perspectiva de género de forma transversal en todas las etapas de la gestión integral del riesgo de desastres, contemplando la elaboración de diagnósticos participativos desde la comunidad, para identificar los riesgos existentes y con ello establecer indicadores que puedan medir por ejemplo el grado en el que mujeres, niñas, niños, personas adultas mayores, indígenas o con alguna discapacidad entienden el peligro; establecer si el grado de efectividad en que se atiende una alerta es el adecuado; y saber cómo reacciona cada grupo poblacional ante la alarma, para que a través de una capacitación integral, toda la población posea las herramientas teóricas y prácticas para saber qué hacer en caso de una emergencia. No se trata de victimizar a las mujeres y decir que estás son vulnerables por el hecho de haber nacido mujeres, no, más bien se busca evidenciar que los programas de protección civil, dirigidos a salvaguardar la vida y seguridad dentro de una comunidad o dentro de un inmueble, no siempre contemplan las necesidades y habilidades diferenciadas, que por cuestiones de género, han desarrollado mujeres y hombres, por ejemplo, no se considera que las mujeres adultas constituyen un número más elevado de la población analfabeta en México y en el mundo, respecto a los hombres, por lo que no entenderían una alerta escrita, aunado a que en muchos lugares estas no participan en la toma de decisiones al

interior de sus comunidades, y por ende no se enteran de los protocolos de acción en caso de emergencias. De hecho, en el imaginario cultural, y en la ley misma, existe una visión androcentrista que parte del lenguaje, al nombrar todo lo relacionado a la protección civil en masculino: “albergado”, “brigadista”, “damnificado”, “evacuado”, etc. pues relaciona estas labores con la construcción social del género masculino, de lo que se espera que realice un hombre, por lo cual en muchos lugares aún se sigue creyendo que las mujeres son agentes pasivos a quienes se tiene que proteger, y no se les considera como parte de las brigadas de primeros auxilios, combate a conatos de incendio, evacuación, búsqueda y rescate, por considerarlas actividades “poco femeninas”. Es tiempo de transitar hacia la elaboración de políticas públicas sensibles al género, que vayan desde la evaluación del riesgo, sistemas de alerta temprana, proyectos de recuperación temprana, establecimiento de necesidades de recuperación, planeación de acciones de respuesta a desastres, normatividad de refugios y albergues, instrumentación de planes de desarrollo, y evaluación del impacto socioeconómico de los desastres, donde se visibilicen las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres, y se busque una igualdad sustantiva en todo momento. Los simulacros en los edificios públicos no pueden hacerse solamente 1 vez al año, en el marco del Día Nacional de Protección Civil en el que se recuerdan los sismos del 19 de septiembre de 1985; se tiene que ir más allá y sumar a todas las casas u edificios, centros de trabajo o escuelas, a toda la misma comunidad,

¿Qué hacer antes de un sismo? Con tu familia prepara un plan para enfrentar los efectos de un sismo. Esto requiere que te organices y ejecutes simulacros. Ubica los refugios temporales más cercanos Para construir o reparar tu vivienda, recurre a las y los especialistas y respeta las normas de construcción. Identifica los lugares más seguros de tu inmueble, las salidas principales y alternas. Mantén en buen estado las instalaciones de gas, agua y electricidad y aprende a interrumpir el suministro. Fija en la pared: repisas, cuadros, armarios, estantes, espejos y libreros. Asegura firmemente al techo las lámparas y candiles. Ten a la mano radio y linternas, documentos importantes, botiquín y números telefónicos de emergencia. Almacena agua potable y alimentos no perecederos. Establece un punto de reunión por si la familia se encuentra dispersa ¿Qué hacer durante un sismo? Conserva la calma y ejecuta las acciones previstas en tu plan familiar. No corras, no grites, no empujes. No utilices los elevadores ni escaleras. Dirígete a los lugares seguros previamente establecidos, coloca los brazos sobre tu cabeza y bájala hacia las rodillas haciéndote bolita. Dentro de casa: Si te es posible cierra el suministro de gas y electricidad. Aléjate de los objetos que puedan caer, deslizarse o quebrarse. En el exterior: Revisa tu entorno inmediatamente y dirígete al sitio más seguro. Evita acercarte a cables, postes, edificios altos, transformadores y marquesinas. En el auto: estaciona el vehículo en un lugar fuera de peligro. Evita los edificios altos, puentes y postes de luz. Evita descender de tu unidad y mantén la calma.

¿Qué hacer después de un sismo? En caso de haber quedado atrapada/o, conserva la calma y trata de comunicarte con el exterior, golpeando con algún objeto. Revisa las condiciones de tu casa y si tienes dudas sobre tu seguridad no la ocupes, solicita apoyo a las autoridades. Mantente lejos de las zonas dañadas y presta auxilio sólo si estas capacitada/o. Usa linterna para inspeccionar tu casa y no conectes el agua, gas y la electricidad, hasta verificar el buen estado de las instalaciones. No consumas alimentos y bebidas que hayan estado en contacto con vidrios rotos, escombros, polvos, o algún contaminante. No propagues rumores ni hagas caso de ellos. Mantente informada/o. Usa el teléfono sólo para emergencias. T *Jefe de Departamento de Gestión Social para la Sustentabilidad, Inmujeres jagallardo@inmujeres.gob.mx


12 o Lunes 26 de agosto de 2013

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Salud materna y políticas públicas

Clara acción de las organizaciones del movimiento de mujeres La inclusión del derecho a la salud materna en las políticas públicas de salud en México no es algo nuevo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos data de mediados del siglo pasado daniel cruz

Graciela Freyermuth Enciso*/ Segunda parte

Y

el enfoque de población promovido en la Conferencia Mundial de Población de Bucarest de 1974 transformó radicalmente la política de población, ya que en ella se estableció que la planificación de la familia es un derecho fundamental de todas las parejas e individuos (CELADE, 2005:8).1 En México se modifica el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la siguiente adición: “Todos los individuos tienen el derecho de decidir de una manera libre, responsable e informada, acerca del número y espaciamiento de sus hijos”, cambio que marcó la política pública de salud dirigida a la mujer en las décadas de los

setenta y ochenta que giraron en torno a los programas de planificación familiar (PF) que, en ocasiones, fue violatoria de los derechos humanos. La salud materna pasó a un segundo

por parte de las mujeres a la educación sexual y a métodos anticonceptivos, y al mejoramiento de la calidad de servicios de atención a la salud a fin de disminuir la morbilidad y la mortalidad maternas. Desde la década de los setenta se cuestionó la definición de políticas de salud sin la participación de las mujeres y se propuso la búsqueda de mecanismos para incidir en dichas políticas, con el fin de que los programas de salud dirigidos a mujeres fueran de y para mujeres. Esta agenda se vio reflejada en la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer (México, 1975). En la década de los noventa, los movimientos de mujeres y feminista tuvieron gran participación en las reuniones preparatorias de El Cairo y Beijing, así como en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo (1994) y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995). En ambas se coloca nuevamente el foco de atención en los derechos, se cambia el paradigma de la PF por un enfoque amplio de derechos sexuales y reproductivos, en el que se incluye el ejercicio de una sexualidad libre e informada, de embarazos y partos seguros, y el derecho al acceso a servicios de salud de calidad. En la conferencia de El Cairo se plantea reducir en 50% la mortalidad materna (MM) para el año 2000 con respecto a la ocurrencia en cada país en 1990. En la Cumbre del Milenio -celebrada en el año 2000- México -junto con otros 188 estados miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU )- asumió compromisos para erradicar las condiciones asociadas con la desigualdad social y la pobreza extrema de la población (a partir de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio -ODM-). El marco de los derechos humanos se encuentra en el centro de esta Cumbre y el ODM 5 se enfoca en mejorar las condiciones de salud materna a través de la reducción de 75% de las muertes maternas para 2015 con respecto a las cifras de 1990. En el siglo XXI el interés de la Asamblea General de la ONU se centra en consagrar la MM como una violación de derechos humanos, en 2009 con la Resolución 11/8 3 se establece el marco que regirá a la mortalidad y morbilidad maternas prevenibles y los derechos humanos,

Aunque los derechos humanos proveen de un enfoque poderoso de intervención, se requiere de mecanismos de intervención a fin de asegurar los cambios en los cursos de la acción política. Sin los mecanismos que permitan a la ciudadanía asegurar los derechos consagrados en la Constitución o en los acuerdos internacionales, el ejercicio de estos derechos se convierte en letra muerta. Para ello se requiere de un marco normativo de rendición de cuentas y transparencia en la política pública, que permita el acceso de manera oportuna a información estratégica que incluya mínimamente, a la definición explícita de: a) los objetivos de políticas o programas, b) los responsables de su ejecución en los distintos niveles de gobierno, y c) los procesos implicados en su ejecución (López y Merino, 2010).5 La rendición de cuentas es factible en un marco de relaciones entre Estado y sociedad en donde se conciba, legitime y garantice la participación y control social de la política pública, incluyendo su monitoreo y evaluación, lo cual implica que el espacio “público” no se considere territorio exclusivo de actuación del Estado, sino también de la sociedad civil y que los mecanismos de participación social contemplen no sólo el seguimiento de la política, sino la difusión y seguimiento de resultados y el establecimiento de un espacio institucionalizado de retroalimentación efectiva entre los responsables de los programas y quienes realizan ejercicios de monitoreo y evaluación, a fin de aprender de los resultados para reafirmar, fortalecer y/o corregir rumbos y avanzar en una mejora sustancial del desempeño e impacto de la política pública. T *CIESAS-Sureste Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM) www.omm.org.mx Derecho reconocido por primera vez en la Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos de Teherán (1968) (CELADE, 2005:8).

1

Las políticas públicas son los cursos de acción que toman los decisores estatales para “atender” un asunto considerado público: Jurado Vargas, Romel, Exigibilidad de los derechos humanos relacionados con la comunicación desde el ámbito de las políticas públicas: http://www.uasb.edu.ec/padh/revista4/ articulos/romeljurado.htm (Consultado: 13 de noviembre, 2012). 2

Consejo de Derechos Humanos, 11º período de sesiones. Resolución 11/8. La mortalidad y morbilidad materna prevenible y los derechos humanos: http://ap.ohchr.org/documents/S/ HRC/resolutions/A_HRC_RES_11_8.pdf (Consultado: 10 de marzo, 2013). 3

Consejo de Derechos Humanos, 21º período de sesiones, Resolución A/ HRC/21/22. Orientaciones técnicas sobre la aplicación de un enfoque basado en los derechos humanos a la ejecución de las políticas y los programas destinados 4

Sin los mecanismos que permitan a las personas acceder a los derechos plasmados en leyes y acuerdos, éstos se convierten en letra muerta plano. En este contexto, las organizaciones del movimiento de mujeres por la salud promovieron una agenda muy clara para la incidencia política y los cursos de acción del Sector Salud:2 las demandas aludían a la legalización del aborto, servicios de salud adecuados durante la interrupción del embarazo, promoción de mayor acceso

y para 2012 publica la resolución que contiene orientaciones técnicas sobre la aplicación de un enfoque basado en los derechos humanos a la ejecución de las políticas y los programas destinados a reducir la mortalidad y morbilidad prevenibles asociadas a la maternidad (A/HRC/21/22).4

a reducir la mortalidad y morbilidad prevenible. 5 López, S., Merino, M., 2010, La rendición de cuentas en México: perspectivas y retos: http://www.bibliojuridica.org/ libros/6/2800/4.pdf (Consultado: 13 de noviembre, 2012).


Lunes 26 de agosto de 2013 o 13

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Inmujeres Obesidad y políticas públicas

Las acciones positivas deben atender las diferencias entre géneros En el Distrito Federal 5 de cada 10 mujeres padecen obesidad y sobrepeso. Este dato, por sí mismo, no debería motivar mayor reflexión si no fuera porque vivimos en una sociedad en la que persiste disparidad entre géneros

A

Alejandra Barrales*

finales de julio de este año se dio a conocer una noticia nada alentadora. Según la FAO por primera vez en la historia México alcanzó el primer lugar en obesidad a nivel mundial. Según cifras de esa organización, una tercera parte de los adultos mexicanos son obesos y casi el 70% de la población total tiene sobrepeso. Estos porcentajes si bien resultan alarmantes, tampoco deben extrañarnos pues son fiel reflejo de lo que se ha dejado de hacer. Los programas de gobierno de los últimos sexenios pocas acciones y recursos han destinado al sector salud. La anterior administración enfocó sus esfuerzos y buena cantidad de recursos económicos al malogrado combate del crimen organizado, con los resultados conocidos por todos. Naturalmente, las funciones de seguridad pública son de la

mayor importancia para cualquier Estado, pero la atención de ese rubro no debe tener como consecuencia el abandono de otras responsabilidades gubernamentales, como por ejemplo la salud. La obesidad es una enfermedad de origen multifactorial, en la que inciden aspectos socioeconómicos, como la disparidad en los ingresos, incremento en el costo de alimentos, malos hábitos alimenticios, falta de espacios públicos y recreativos, un estilo de vida sin actividad física, entre otros; pero también influye la ausencia de políticas públicas de carácter preventivo y correctivo. No sólo se trata de un problema estético o que afecte de manera exclusiva a quien lo padece, es causa de otras enfermedades como hipertensión, insuficiencia renal, diabetes y enfermedades hepáticas. Por ende, sería un error no considerarlo como un problema de salud pública, que eventualmente tendrá repercusiones en el sistema productivo y la economía héctor téllez

del país, de ahí que merezca la mayor atención. Hace unos días al presentar el Foro Mitos y Realidades de la Obesidad y otros Trastornos de la Conducta Alimentaria, el Secretario de Salud del Distrito Federal, Doctor Armando Ahued, expresó que 5 de cada 10 mujeres padecen obesidad y sobrepeso. Este dato, por sí mismo, no debería motivar mayor reflexión si no fuera porque vivimos en una sociedad en la que persiste disparidad entre géneros. En nuestro país, las políticas públicas y programas de gobierno no incluyen por obligación constitucional o legal, medidas de acción afirmativa, como podría ser la perspectiva de género. De ahí que la inclusión de medidas para terminar con esa discrepancia, en el mayor de los casos obedece a una coyuntura o depende de actos de buena voluntad de los gobernantes. En ese sentido, es de reconocerse el esfuerzo de otros países en los que, pasando del dicho al hecho y superando reticencias de todo tipo, se elevó a nivel constitucional la transversalización del género en las políticas públicas. Un caso ejemplar es el de Ecuador, que al expedir un nuevo ordenamiento constitucional en 2008 previó de forma expresa en el artículo 70 la obligación del Estado de formular y ejecutar políticas para alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como la incorporación del enfoque de género en los planes y programas de gobierno; en el entendido de que se brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público. Ese modelo de previsión constitucional debería implantarse en México, a fin de que la consideración del género en las acciones gubernamentales sea una garantía que conlleve mejores condiciones en la vida de las mujeres y no una decisión sujeta a voluntad de los gobernantes. Así debiera establecerse en lo referente a la elaboración del Plan General de Desarrollo, al que deben sujetarse obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. Retomando el tema de la obesidad y su repercusión en el sector femenino, resulta imperioso hacer una pausa y replantear las políticas públicas en materia de salud. Dada la dimensión del problema, hoy día se deben conjugar medidas preventivas, de atención y contención, preferentemente con un enfoque de género que atienda tanto los aspectos biológicos como la influencia del medio social. Es innegable que el papel que se reserva a la mujer y el trato que se le dispensa, sobre todo en familias con un alto sentido patriarcal, suele tener repercusiones negativas en su salud. Debe quedar claro que las acciones positivas no tienen como fin inmediato beneficiar o dar un trato privilegiado a las mujeres en detrimento de los hombres, sino atender los diferenciales entre géneros; por decir algo, considerar la morbilidad y mortandad de uno y otro, para lograr la mejor decisión. Las políticas legislativas y acciones de gobierno por lo que hacen a este rubro, deben contemplar mayor información e impulsar una cultura de salud alimentaria y física, con la finalidad de sensibilizar a la población respecto de la obesidad y los riesgos que entraña. Bajo esa idea el 30 de abril de este año, presenté en el Senado de la República una iniciativa de Ley General para Prevenir y Atender la Obesidad, la cual se encuentra en etapa de análisis y dictamen. Confío que en breve habrá de aprobarse con las aportaciones de mis colegas legisladoras y legisladores. T * Senadora por el PRD


14 o Lunes 26 de agosto de 2013

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Inmujeres ESPECIAL

Servicios de salud

Reconocen necesidad de fortalecer la atención médica de calidad El que las mujeres gocen de salud integral a lo largo de todo su ciclo vital es un derecho humano universal y una obligación asumida por el Estado mexicano en distintos instrumentos legales internacionales*

E

ntre ellos se encuentran la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), la Plataforma de Acción de Beijing y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. A nivel nacional, con el objetivo de asegurar estándares mínimos de calidad

en la atención, se cuenta con las Normas Oficiales Mexicanas en salud, las cuales son de observancia obligatoria en todo el territorio. Garantizar el acceso y la calidad de la atención a la salud de las mujeres requiere, entre otros elementos, procesos de evaluación que permitan identificar éxitos y problemas para avanzar hacia las metas y compromisos nacionales e internacionales planteados e identificar facilitadores y barreras para la implementación de las propias normas oficiales mexicanas. Con el objetivo de cuantificar la calidad con la que se brindan los servicios de salud a las mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres en coordinación con el Instituto Nacional de Salud Pública realizó el estudio Monitoreo de la atención a las mujeres en servicios del sector salud 2012, tomando como punto de partida los criterios mínimos que establece la normatividad vigente para la prestación de los servicios de salud. En este ejercicio, con una muestra representativa de 798 unidades médicas,

se abordó a través de una encuesta a proveedores de atención y usuarias, la calidad de la prestación del servicio en los temas de salud materna y perinatal, planificación familiar, salud sexual y reproductiva para adolescentes, cáncer cérvico uterino, cáncer de mama, prevención, atención de la violencia familiar y la atención con perspectiva de género, en las instituciones más importantes del país, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y su unidad IMSS Oportunidades y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Los resultados mostraron en el tema de cáncer cérvico uterino que a pesar de los enormes esfuerzos para aumentar la cobertura de tamizaje en cáncer cervical realizado durante los últimos años, existe el enorme desafío de fortalecer la calidad. Un ejemplo es la oportunidad de entrega de resultados de citología en las instituciones visitadas, la que en muchos casos (45.7%) todavía existen altos porcentajes de entrega mayor a 30 días.

No obstante, el inicio de cobertura universal en 2012 de vacunación contra VPH focalizada en niñas de 5to año de primaria representa un avance muy importante. En el caso del cáncer de mama los resultados mostraron que es indispensable dar a conocer la NOM-041-SSA2-2011 Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama al personal de salud, y pasar de un programa oportunista a uno organizado con el objeto de dar a conocer a la población los factores de riesgo, detectar oportunamente a las mujeres con cáncer de mama y referirlas oportunamente para el diagnóstico y tratamiento. Por ejemplo, en relación con la exploración clínica de la mama, la mitad de los prestadores de servicios reportó realizarla anualmente y únicamente alrededor de la tercera reportó que este procedimiento se realiza a partir de los 25 años tal y como lo dicta la NOM-041. En cuanto a la salud materna se encontró que el Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica firmado por la SSA, el IMSS y el ISSSTE es conocido solo por el 58.5% de los proveedores del primer nivel de atención y solo el 51.8% de los proveedores de las unidades médicas del primer nivel señalaron se disponía de radio, teléfono fijo y/o celular para comunicarse con otros establecimientos de salud. Por otra parte, únicamente en el 50% de las unidades médicas del primer y segundo nivel de atención los prestadores de servicios señalaron contar con personal responsable para la promoción en planificación familiar y anticoncepción. También se observó que aunque la gratuidad de los métodos anticonceptivos en las instituciones es del 100%, el desabasto es un problema generalizado. En cuanto a la detección de la violencia, en un poco más de la mitad de las unidades médicas el personal de la consulta externa mencionó que aplica la herramienta de detección. Destaca de manera positiva que la mayoría de las unidades médicas (80%), el personal de salud de la consulta externa mencionó que anota en el expediente clínico la sospecha o el diagnóstico de algún tipo de violencia. En lo que se refiere a la salud sexual y reproductiva de los adolescentes se observó que mientras que existe un buen nivel de distribución de anticonceptivos y condones a adolescentes, no es así con los anticonceptivos de emergencia, pues solo en el 20.9% de las unidades se mencionó dar este servicio. En cuanto a la incorporación de la perspectiva de género en la atención a la salud en este Monitoreo se buscó medir algunas variables relativamente sencillas. Sin embargo, al ser la operacionalización de la perspectiva de género dentro de la atención a la salud un reto reciente, este ejercicio puso de manifiesto la necesidad de desarrollar y pilotear acciones específicas y posteriormente diseñar herramientas adecuadas para evaluar sus resultados. La intención de este Monitoreo fue contribuir con un ejercicio de evaluación interinstitucional que constituye un elemento indispensable y debe ser realizado de manera permanente, para la toma de decisiones con miras a un sistema de salud integrado y universal que garantice el acceso a servicios esenciales de salud a toda la población y en particular a las mujeres, efectivo, eficiente e incluyente de la perspectiva de género. T Investigación realizada por el Instituto Nacional de las Mujeres


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Trabajadoras del hogar

Toca al Senado garantizar derechos a 2.1 millones de personas Son un sector desprotegido en México. Guardadas las debidas proporciones, su estatus contiene algunos elementos de la esclavitud vigente en el país hasta principios del siglo XIX Ricardo Bucio Mújica*

Q

uienes se dedican al trabajo del hogar no gozan de los derechos de la salud, a la pensión, al ahorro, a la alimentación o a la vivienda digna. Cuando mejor les va es porque la relación con sus patrones deriva de un acto supuestamente caritativo, pero casi nunca contractual. Es prácticamente inexistente el porcentaje de trabajadoras del hogar que cuentan con un documento donde se avale el carácter su relación laboral. Sectores de la sociedad que hacen uso del trabajo del hogar aplican estereotipos y directamente las estigmatizan, las maltratan y las invisibilizan. Se usa su trabajo y se desprecia su esfuerzo. Con frecuencia el patrón o empleador dice que ganan mucho, que les dan más de lo que lo que hacen, aunque la mayoría obtiene menos de dos salarios mínimos, que equivale en el Distrito Federal a 64.76 pesos diarios. El trabajo del hogar es fundamental para la vida cotidiana de millones de personas. Sin quienes hacen las labores domésticas no podrían explicarse funciones públicas

o privadas de hombres o mujeres, que sin ellas deberían de atender directamente las labores de la casa, preparar la comida, hacer la limpieza, planchar la ropa, cuidar a niñas y niños, entre otros quehaceres. No obstante, la sociedad desvaloriza el trabajo doméstico. Resulta peculiar la relación obrero-patronal que se establece en este ámbito. Por lo general las partes pertenecen a diferentes sectores sociales, no tienen ni por mucho un similar nivel socioeconómico y a veces hasta es distinta la lengua que hablan. Lo anterior genera no sólo una relación laboral sino un vínculo de superioridad-inferioridad hacia la trabajadora del hogar. Considerada inferior, la mujer que se dedica a la labor doméstica con frecuencia sufre violencia e, incluso, abuso sexual. El sistema de procuración de justicia aplica también estereotipos que las coloca en desigualdad frente a sus empleadores. En los hechos se trata de una discriminación legalizada. El 16 de junio de 2011, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio 189 y la Recomendación 201 sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos. Con excepción de Panamá y El Salvador, los gobiernos latinoamericanos votaron a favor del Convenio 189 y la Recomendación 201. Para buscar la ratificación del convenio por parte de los países latinoamericanos, la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (CONLACTRAHO) lanzó la campaña: “Por un trabajo digno, nuestros derechos no tienen frontera”.

En vías de la instauración del Convenio El primero de mayo de 2012 Uruguay se convirtió en el primer país que ratificó

el Convenio. Luego siguieron Filipinas (5 de septiembre de 2012), Isla Mauricio (13 de septiembre de 2012), Nicaragua (10 de enero de 2013), Italia (29 de enero de 2013), Bolivia (15 de abril de 2013), Paraguay (7 de mayo de 2013) y Sudáfrica (20 de junio de 2013). Para que el Convenio 189 entre en vigor sólo se necesita la firma de dos naciones y esperar un año después de la ratificación del segundo país, que en este caso fue Filipinas. Por tal motivo, el 5 de septiembre de 2013 se daría la formalización de este instrumento legal de carácter internacional, según lo establece el artículo 21(2) del Convenio. Uruguay ha demostrado ser un país pionero en la adopción de estándares sobre derechos de trabajadoras del hogar. 120 mil empleadas ya se benefician de las garantías que ofrece la normatividad. Desde 2006, el gobierno uruguayo adoptó una sólida ley nacional destinada a proteger los derechos de las trabajadoras del hogar, misma que contempla la regulación de una jornada laboral de 8 horas, condiciones adecuadas de vivienda y alimentos para aquellas personas alojadas en los lugares donde laboran, y protecciones para las empleadas que sean despedidas por embarazo. Filipinas es también una importante nación de empleados migrantes. Más de 150 mil trabajadores del hogar sobre todo mujeres, viajan cada año a otras partes de Asia, Europa y Medio Oriente en busca de mejores salarios. La mayoría de las veces estos trabajadores reciben sueldos por debajo del salario mínimo. Italia es el cuarto Estado miembro de la OIT y el primer Estado de la Unión Europea en haber ratificado este Convenio por los derechos laborales de las trabajadoras del

hogar. Italia figura entre los tres mayores empleadores de trabajadoras domésticas en Europa (el 88 por ciento son mujeres). El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y del Trabajo y Previsión Social desarrollan diversas actividades a fin de que México ratifique el Convenio 189 de la OIT. Estas dependencias consideran que es indispensable que el Senado de la República certifique el Convenio que garantizaría que 2.1 millones de personas que realizan labores domésticas gocen de los mismos derechos que el resto de los trabajadores. Habría que recordar que en junio de 2011, el Estado mexicano votó a favor de la aprobación de este Convenio en la sede de la OIT, en Ginebra. Cabe destacar que Michelle Bachelet, exdirectora ejecutiva de ONU Mujeres, dijo que “el Convenio 189 y su Recomendación son una materia de justicia social y dignidad. Es un esperado y amplio reconocimiento al extraordinario trabajo de millones de mujeres empleadas domésticas del mundo entero”. Quienes han estudiado a fondo la problemática que viven las trabajadoras del hogar, coinciden en que la labor más importante a realizar es en lo cultural, una transformación de estereotipos negativos y tratos discriminatorios sistemáticos, ya que para valorar a las empleadas del hogar es necesario reconocer la dignidad y la importancia de su labor. Sólo así dejarán de ser invisibles. T *Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) @ricardobucio www.conapred.org.mx


16 o Lunes 26 de agosto de 2013

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Impulso para derechos humanos

Urge una política cultural con perspectiva de género claudia guadarrama

La regulación en materia cultural es imperativa por el predominio del mercado en la producción y circulación de los bienes culturales. Pero sucede que en la actualidad el marco jurídico no regula estos intercambios

¿

Dra. Aimée Vega Montiel*

Qué lugar ocupan la comunicación y sus instituciones en este ámbito? Se reconoce a las industrias culturales y los procesos de comunicación masiva como los ámbitos en los que sucede la mayor circulación de productos y consumo cultural. Por ello, es imperativo situar el diseño de políticas culturales en el cruce con las industrias de la comunicación. Estas industrias son las que en la actualidad visibilizan las identidades pero, al encontrarse concentradas en manos privadas, corren el riesgo de homogeneizarlas. Por esta razón, es importante impulsar un servicio público que permita “que lo público y lo multicultural sean valorados” (García Canclini, 1987: 71). Como consecuencia de lo anterior, asumimos que toda política cultural debe incluir un modelo de comunicación, pero un modelo que promueva, no una cultura y una educación ya hechas (Martín-Barbero, Rey y Rincón, 2000), sino que impulse la creación cultural y educativa y el entretenimiento de calidad a partir de los propios modos de ver y de los recursos, lenguajes y potencialidades expresivas de los ciudadanos. Desde esta perspectiva, asumimos que la comunicación no es una intermediaria entre la cultura y los consumidores, sino la herramienta que ayude a descentralizar la producción cultural; una comunicación que “haga posible la experimentación cultural, la experiencia de apropiación y de invención, el movimiento de recreación permanente de su identidad” (Martín-Barbero, 2001: 75). Siguiendo a Jesús Martín-Barbero (2001), las políticas culturales deben considerar a los medios (tecnologías, circuitos, canales, códigos) como herramienta para potenciar los modos y espacios de reconocimiento social, esto es, las mediaciones, esos espacios de reconocimiento social en los cuales los movimientos sociales y las mal denominadas “minorías” (entre las que se encuentran las mujeres) demandan no tanto ser representados sino reconocidas, “hacerse visibles socialmente, en su diferencia” (Martín-Barbero, 2001: 71). De acuerdo con Jesús Martín-Barbero (2001), los criterios que el diseño de una política cultural debe contemplar -y que se encuentran en la base de lo que al final de este artículo propongo -, se resumen en: Superar la concepción excluyente de lo nacional, poniendo en el centro la diversificación social que habita en el espacio nacional —y, en el tema que este seminario ocupa, el local—.

Trascender lo que han sido hasta hoy las medidas que fungen más bien como políticas estatales e institucionales que sólo operan como paliativos a problemas existentes, pero que no transforman de fondo, y promover la participación de organizaciones sociales, de la comunidad científica, de los legisladores, de redes de productores independientes y comunitarios en la definición de lo que una política cultural debería ser. Garantizar la intervención del Estado pero estableciendo reglas mínimas que exijan transparencia, pluralidad, igualdad y justicia. Propiciar con estas políticas el desarrollo pleno del sistema público que garantice y promueva la participación colectiva (hoy llamada alternativa). Pensar en la educación, no como la acción de equipar las escuelas o de educar para los medios, sino de integrar a la educación en el ambiente de los saberes, lenguajes y sensibilidades. Tomar en cuenta los saberes, hábitos y deseos de los consumidores y los creadores (García Canclini, 1987). Asimismo, las políticas culturales deben guiarse por una serie de principios de orden ético que garanticen la participación y goce pleno de todos los grupos sociales

de los bienes comunicativos y culturales. Estos son: igualdad, diversidad, justicia, reconocimiento y transparencia. En este contexto, impulsar unas políticas culturales que tengan en cuenta las necesidades y condiciones en que la diversidad de mujeres realizan su producción cultural, es requisito para cumplir con los principios señalados.

Lo que las políticas culturales con perspectiva de género deberían considerar Con base en las áreas prioritarias que la UNESCO ha venido identificando para el diseño de políticas culturales, y que han servido para guiar esta discusión con una perspectiva de género (Cliche, Mitchell y Wiesand, 1997), junto con los puntos establecidos por la Plataforma de Acción de Beijing, refiero a continuación los criterios con los que una política cultural incluyente e integral debería ser realizada. Pluralismo Cultural. Puesto que las mujeres no son representadas como ciudadanas, sino como idénticas dada la recurrencia de visiones estereotipadas que sobre ellas prevalecen en el discurso de las industrias culturales – aún y cuando se reconoce que en las narrativas

mediáticas o en los museos se exhibe cierta diversidad, ésta es acotada pues tiende a incluir a mujeres de clase media que habitan en las grandes ciudades-, es imperativo que las políticas culturales visibilicen su creatividad y expresiones en las artes, la cultura y los medios, al tiempo que se avance con pasos certeros en la erradicación de los estereotipos sexistas que dominan en los contenidos producidos por estas industrias. Aclaro que pluralismo implica reflejar la diversidad de las mujeres en términos de edad, religión, lengua, etnia, raza y orientación sexual. Derechos culturales. Si se reconocen a los derechos culturales como vía para transformar las mentalidades –promoviendo el derecho a la educación, a la propia comunicación, a la libertad de expresión y de información, a la de religión y a la protección a la creatividad-, se constituyen como herramienta clave en las políticas culturales para la el impulso de los derechos humanos de las mujeres. Creatividad cultural. Las formas culturales que prevalecen en el espacio público, están basadas en la visión masculina de la realidad, y aquellas que transgreden


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Inmujeres la norma patriarcal, son estigmatizadas y señaladas como desviadas. Ello no ha sido un impedimento para que las mujeres hayan desarrollado su creatividad a lo largo de la historia, sin embargo, y puesto que la enseñanza de la expresión y la creatividad son derechos a los que tradicionalmente han accedido los hombres, es importante que las políticas culturales impulsen la visibilidad de las formas de ver el mundo de las mujeres y que promuevan su entrenamiento y aprendizaje de herramientas para crear. Movilización y transparencia en el manejo de recursos. Las políticas culturales deben garantizar los recursos materiales que impulsen el acceso y participación de las mujeres en la creación cultural, así como la información pública que dé cuenta de la administración y destino de los recursos. Investigación científica. Las políticas culturales deben impulsar investigación científica que dé cuenta del acceso, propiedad, educación, capacitación, y en general, del desarrollo de las mujeres como artistas, escritoras, directoras, productoras, administradoras y propietarias -teniendo en cuenta criterios como la etnia y los contextos sociales, políticos y económicos-. Educación con perspectiva de género. Por su carácter integral –dado que atraviesan ámbitos como el educativo, el político y el económico-, las políticas culturales deben proponerse entre sus objetivos centrales incidir en las currículas escolares –desde la educación básica hasta la superior-, en los métodos de enseñanza y en los libros de texto, a fin de impulsar el conocimiento de los estudiantes acerca de la contribución de las mujeres al desarrollo comunicativo y cultural de la sociedad y la erradicación de los estereotipos sexistas que prevalecen en las instituciones educativas –tanto en lo que se enseña como en las propias estructuras-. En este mismo renglón, apuntamos a la necesidad de una educación para los medios con perspectiva de género que contribuya a la formación de una cultura mediático-tecnológica ciudadana (MartínBarbero, 2002) que promueva los derechos humanos de las mujeres. Acceso y participación en las industrias de la comunicación y la cultura. Las políticas culturales deben promover la participación igualitaria de las mujeres en las industrias del sector en los niveles de propiedad, administración, producción y creación. Una vía que puede ayudar a dar los primeros pasos -y que ha probado su efectividad en otros escenarios (aunque la estructura patriarcal oponga muchas resistencias), es la ley de cuotas. Otra, es la discriminación positiva. En este mismo renglón, consideramos que las políticas deberían promover la producción independiente. Las nuevas tecnologías. Si reconocemos la brecha de género que prevalece en el escenario de las nuevas tecnologías, y al mismo tiempo las posibilidades de estas herramientas para impulsar la creatividad de las mujeres en el sector multimedia y la propia conformación de redes entre creadoras, las políticas culturales deben considerar la capacitación y la dotación de materiales para que las mujeres participen de manera plena en este escenario. Estos son, en síntesis, algunos de los pasos iniciales que contribuirían a tener en las políticas culturales en México, un instrumento que impulse los derechos humanos de las mujeres. T *Programa de Investigación Feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM aimeevm@servidor.unam.mx

13 lenguas indígenas

Traducen importantes tratados internacionales de derechos femeninos Con la traducción de dos importantes instrumentos internacionales en materia de género y derechos humanos, todas las niñas y mujeres mexicanas conocerán sus derechos y exigirán su cabal cumplimiento

P

or primera vez, el Estado Mexicano por conducto del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, se tradujo la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará). En el marco del Taller de traducción a 13 lenguas indígenas, la directora general adjunta de Asuntos Internacionales del Inmujeres, Norma Angélica Contreras Félix, explicó que con esta acción se abona al trabajo para que se conozcan y se exijan los derechos femeninos consagrados en ambos instrumentos internacionales. En la ciudad de Oaxaca, la funcionaria señaló que se trata de valiosas herra-

mientas para garantizar a las mujeres y a las niñas sus derechos económicos, sociales, civiles y culturales en todas las esferas, pero especialmente para garantizar su derecho a una vida libre de violencia. “Nuestro país ha sido exhortado por el Comité de Vigilancia de la CEDAW a difundir ampliamente sus contenidos a toda la población y este año nos sumamos, con la difusión en lenguas indígenas de la Convención de Belém do Pará, a las actividades conmemorativas del 85 aniversario de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos”, subrayó Contreras Félix. La CEDAW, indicó, es un referente y un marco de acción para los esfuerzos dirigidos al logro del ejercicio pleno de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres mexicanas, y por su contenido y trascendencia es

considerada como la Carta Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres. Este instrumento internacional promueve la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. El Estado mexicano lo ratificó en 1981 y con ello se obligó a llevar a cabo todas las medidas necesarias para lograrlo. En tanto, la Convención Belém do Pará es un instrumento que lucha por la eliminación del grave problema de la violencia contra las mujeres y las niñas; aborda la violencia intrafamiliar desde una perspectiva de respeto a los derechos humanos y reconoce que la violencia contra las mujeres constituye una violación a éstos y a las libertades fundamentales. Le impone al Estado mexicano la obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, particularmente las indígenas. Ambos instrumentos internacionales se traducen a las siguientes lenguas indígenas: mam del Soconusco; maya; mazahua de oriente; mexicano de Guerro; mixteco del oeste alto; náhuatl de la Huasteca; náhuatl de la sierra noroeste de Puebla; otomí del Valle del Mezquital; purépecha; tarahumara del norte; tseltal; tsotsil; y zapoteco de la planicie costera. T ESPECIAL


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Voto femenino

A mĂĄs de 50 aĂąos pers

rezagos significat


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sisten

Aun cuando el derecho al voto y a ser electas se les escatimó a las mujeres por mucho tiempo, en ningún momento disminuyó su empeño por participar y ser tomadas en cuenta como representantes populares

tivos L especial

Al deseo de algunas mujeres de ser elegidas, ocupar puestos y gobernar, aún se le sigue viendo en todo el país como antinatural o extraño. Quienes se atreven a asumir su vocación política pagan altísimos costos personales, no solo por el estigma y la mala reputación, sino también por los divorcios o la soltería forzada”. Marta Lamas en

Género y derechos políticos. La protección jurisdiccional de los derechos político-electorales de las mujeres en México

a influencia de las mujeres en México para determinar la elección de quiénes nos representen resulta contundente: las mujeres ejercen más el voto respecto a los hombres y constituyen poco más de la mitad del padrón electoral, de acuerdo con cifras del Instituto Federal Electoral. Sin embargo, esto no ha significado que las mujeres estén representadas equitativamente en los cargos de representación popular y en otras organizaciones políticas y sociales como sindicatos y cámaras empresariales, por ejemplo. Desde que a las mexicanas se les reconoció el derecho constitucional al sufragio y a ser electas, nuestra democracia logró equipararse con el resto de las naciones latinoamericanas que ya lo habían incorporado en sus respectivas constituciones. Han pasado más de 50 años de esa conquista y persisten rezagos significativos aun cuando se han implementado diversas acciones afirmativas. Y es que la participación política constituye un derecho humano que se extiende a mucho más que depositar un voto, abarca el ejercicio de la libertad de pensamiento, de expresión, de organización; de codecidir en todos los campos de la vida social, de ejercer derechos ciudadanos, individual o colectivamente, así como el poder en altos niveles de decisión y en toda la organización del Estado. En el caso de las mujeres, son muchos los factores que han impedido el ejercicio efectivo de este derecho y los más se relacionan con los roles y estereotipos de género: la doble o triple jornada y la falta de servicios sociales para conciliar la vida laboral y familiar son algunos de ellos. La misma lucha por el sufragio, la participación femenina en acontecimientos decisivos en el rumbo de la nación, como la expropiación petrolera, así como en los partidos políticos y en los procesos electorales, constatan el interés genuino de las mujeres por los asuntos del bien común, pese a que aún no alcanzan la representatividad equitativa. Muchas mujeres si bien han destacado con brillantes trayectorias políticas, producto de no pocos años de trabajo de base, en el fomento al liderazgo político de las mujeres y en el número de postulaciones a las candidaturas, aún representan un porcentaje simbólico de lo que se supondría debería ocurrir. La escasa presencia de mujeres en los órganos de representación motivó la legislación de cuotas y asignaciones presupuestarias para promover el liderazgo político femenino. Estas acciones afirmativas se han constituido en relevantes mecanismos para que los partidos se comprometan a lograr que mujeres y hombres estén representados de manera equitativa, por lo menos en lo que se refiere al Poder Legislativo. Resignificar el poder de transformación y potencial de las mujeres para que el sistema político mexicano se convierta en una auténtica y verdadera democracia, que dé voz a los intereses y aspiraciones de mujeres y hombres por igual, sin duda

De 1952 a 1970 el promedio de diputadas fue de

5%

de 1970 a 1980 el promedio ascendió a

10% 16%

y durante 1990, a

En 2003, gracias a las obligadas cuotas de candidatas, ocuparon

23%

.

Los estados del país que hasta 2011 habían alcanzado

30%

de mujeres en su Poder Legislativo eran Oaxaca, Chiapas, Campeche, Baja California Sur, Morelos y Zacatecas; entre los que estaban cerca de alcanzarlo con porcentajes que oscilaban entre

25.5% y 29.9%

estaban Baja California, Veracruz, Guanajuato, Distrito Federal, Hidalgo, Nuevo León y Aguascalientes. En 1995, de los 560 municipios en Oaxaca, 418 se rigen por usos y costumbres y de ellos 82 prohíben la participación de mujeres. En 2008, solo

2%

de los congresos locales de todo el país se componía de mujeres indígenas.

constituye uno de los retos a lograr en los años venideros.

Participación política, un breve recuento En los años veinte, los partidos políticos habían incorporado en sus plataformas políticas la demanda sufragista, y aunque coincidían en el reconocimiento de la importancia de las mujeres en la vida pública, las diferencias sobre las formas en que debería tomar la participación política femenina eran sustanciales. Algunos rasgos del comportamiento político de las mexicanas durante los años posteriores a la obtención del voto femenino, señalan la hipótesis de que la menor participación electoral de las mujeres se sustentaba, en primer lugar, en que ellas eran más indiferentes que los hombres frente a las campañas políticas (48% frente a 30%). La variable que mayor influencia probó tener en la promoción del interés por los asuntos políticos fue la educación, ya que mientras sólo 26% de las mujeres con educación primaria se mostró interesada en discutir sobre política, aquéllas con educación secundaria o superior tuvieron una proporción de más del doble (56%). La participación indígena en general y de las mujeres especialmente en los espacios institucionalizados del sistema democrático bajo el que se rige el país demuestran que ni la sociedad ni las estructuras ni las organizaciones políticas que toman las decisiones en materia pública en México han considerado e incorporado a los pueblos indígenas y, menos aún, a su población femenina.T Fuentes consultadas: Twitter sumaigualdad, La participación política de la mujer en México: del fusil al voto 1915-1955; Medio siglo de participación política de la mujer en México, s/f; Los espacios conquistados, participación política y liderazgo de las mujeres indígenas en México. Instituto Nacional de las Mujeres, datos estadísticos internos, 2011.


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Voto femenino

hombres está lejos de lograrse. En el caso de diputaciones la mayoría de los partidos políticos y coaliciones que presentaron listas de candidaturas respetaron las cuotas de género establecidas en el Código Electoral de sus estados. Las excepciones en el respeto de las cuotas de género fueron muy significativas en las postulaciones para los cargos en ayuntamientos. Los sucesos más visibles se dieron en Oaxaca y Quintana Roo. En Oaxaca los partidos políticos incumplieron con la cuota en las planillas para alcaldías, por lo que el Instituto Electoral del estado les dio 48 horas para corregir la falla; de lo contrario, se les hubiera negado el registro. En Quintana Roo un partido recibió la instrucción, en plena campaña política, de modificar sus listas de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa, porque no cumplían con la cuota de género establecida. De 13 entidades en donde hubo comicios para renovar alcaldías, sólo en Veracruz se respetó la acción afirmativa, dejando entrever dos aspectos que obstaculizan el acceso de las mujeres a puestos de decisión: primero, por parte de los partidos políticos no existe LUIS JORGE GALLEGOS el compromiso por alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito político; y segundo, la actuación de las autoridades electorales no garantiza el cumplimiento de la ley para las candidaturas de los ayuntamientos. En el caso de Baja California, en donde además de las diputaciones locales y ayuntamientos hubo elección para la gubernatura, ninguna fuerza política postuló a una mujer para el cargo. Avances importantes como la tipificación de la violencia política, hecha por el Senado de la República el 21 de marzo del 2013, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no son del todo suficientes ante la reticencia de autoridades e instituciones para acatar la normatividad. Pareciera que los esfuerzos son aislados y no se ha logrado hacer de la igualdad de género una disciplina diaria. En el tema de promoción de liderazgos femeninos, hay mucho por hacer, como continuar con el proceso de capacitación y empoderamiento a las mujeres que realiza de manera constante el Instituto Nacional de las Mujeres a nivel nacional. La responsabilidad en el empoderamiento de las mujeres en el ámbito político es una tarea compartida entre gobierno, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía. Tener más y mejores mujeres en los espacios de toma de decisiones públicas y privadas es en ganancia de todas y todos, ya que solo así se fortalece la democracia. Hace casi 60 años se alcanzó uno de los logros más importantes en la historia de las mujeres en México, hoy cada vez más personas, hombres y mujeres nos entendemos más fuertes en la manera en la que trabajemos y propongamos en conjunto… La tarea no ha terminado, ni está próxima a concluir, pero segura estoy de que cada vez se cierra más la brecha que nos separa de alcanzar la igualdad sustantiva. T

En 60 años, solo 6 mujeres han sido gobernadoras El próximo 17 de octubre se cumplen seis décadas del sufragio de la mujer en México. Seguramente si una joven nacida en los 90 lo escucha, se preguntará… “¿Y eso qué?, ¿qué trascendencia tiene?”

L

Paula Soto Maldonado*

as mujeres somos el único grupo no minoritario que ha tenido que luchar por sus derechos. Datos del INEGI muestran que la población en 1950 era de 25,791 017, de las cuales 13,094 082 eran mujeres y 12,696 935 hombres y la tendencia se mantiene hasta nuestros días. A seis décadas de aquel 1953, el avance en nuestra participación política es lento, por ello, es necesario cuestionarnos: ¿hemos avanzado? Si yo preguntara: ¿cuántos gobernadores, presidentes municipales, senadores, diputados federales y locales hemos tenido en la historia de nuestro país?, ¿sería sencilla la respuesta? No. A lo largo de la vida democrática en México ha habido infinidad de hombres ocupando los distintos espacios de toma de decisiones y, ¿si hacemos la misma pregunta respecto de las mujeres? La respuesta, por mucho, es mucho más sencilla… resulta más fácil hacer el recuento de las seis, si, seis mujeres que han sido gobernadoras en la historia del país. La primer gubernatura de una mujer se logró 26 años después del reconocimiento del sufragio femenino. Griselda Álvarez Ponce de León fue la primera mujer en encabezar el Ejecutivo estatal en Colima en 1979, hace solo 34 años. Hoy en día no contamos con ninguna gobernadora en funciones, sólo tres mujeres encabezan una Secretaría de Estado y sólo hay una Magistrada en la Suprema Corte de Justicia. La radiografía a nivel local es todavía menos alentadora. En 2012 la representación de mujeres en diputaciones locales fue de 23.61%, en Presidencias Municipales fue de 7.7%, y como regidoras y síndicas fue de 26.8%. En todos los casos antes mencionados muy lejos de alcanzar la paridad. El pasado 7 de julio se llevaron a cabo elecciones en 14 entidades del país donde se eligieron diputaciones locales, alcaldías y una gubernatura (Baja California), evidenciando que la participación igualitaria entre mujeres y

Griselda Álvarez Ponce de León fue la primera mujer gobernadora del país en el estado de Colima (1979), hace solo 34 años.

*Directora de Participación Social y Política del Instituto Nacional de las Mujeres


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22 o Lunes 26 de agosto de 2013

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Mujeres en la Historia Ma. Concepción Lámbarri Malo*

Mujeres... Las heroínas anónimas (1810) ESPECIAL

Los humildes deben darse por satisfechos si su nombre siquiera no llega a ser olvidado, porque las más veces quedan en la categoría de los héroes anónimos, para quienes las generaciones venideras no tienen ni siquiera un recuerdo. Anónimo

L

a Independencia de México, desde las primeras conspiraciones y el inicio del levantamiento armado, la madrugada del 16 de septiembre de 1810 con el “Grito de Dolores” hasta la consumación de la Independencia, en 1821, con la entrada del ejército Trigarante a la Ciudad de México, es una etapa de muchos cambios políticos y sociales en el que también las mujeres tuvieron una amplia participación, y a partir del cual su inserción en la vida pública empieza a incrementarse. Algunas de las mujeres que se recuerdan en esta colaboración, quizá no tuvieron una participación tan destacada con la insurgencia como Doña Josefa Ortiz de Domínguez o como Doña Leona Vicario quienes dedicaron su fortuna y su vida a la causa de la Independencia de 1810 en nuestro país. Las mujeres que participaron en este importante movimiento, trascendieron más por el espíritu de sacrificio y por sus sorpresivas acciones valerosas que por su importante participación como abnegadas y fieles esposas, hermanas, hijas o madres que animaron, aconsejaron y muchas de

Las mujeres podrían hacer mucho en la tarea de obtener un mejor entendimiento entre los pueblos del mundo.” Ricardo Flores Magón

ellas perdieron su vida y la de sus hijos o que fueron víctimas anónimas en la lucha de la Independencia como lo fueron: Rafaela López Aguado de Rayón. Madre de los destacados hermanos Rayón, que proporcionó a la causa insurgente a sus cinco hijos, y no dudó, cuando se encontró con la dura decisión de escoger entre la vida de uno de ellos y la sumisión de los demás. María Ricarda Rosales sobrina de Víctor Rosales fue hecha prisionera en octubre de 1814 en la batalla del Maguey cuando cuidaba y protegía a su pequeño sobrino. Para luego ser trasladada a la ciudad de México, y recluida en las cárceles de la Inquisición, se fugó de ellas, gracias a la ayuda de Leona Vicario. Andrea González esposa de José Güemes apodado el “anglo-americano”. Al ser asesinado éste, su mujer quedó en el mayor de los desamparos, y como “un acto piadoso” el Virrey ordenó que se contratara a Andrea para que trabajara en las insalubres fábricas de tabacos propiedad del gobierno, donde ahí murió sola y en el abandono. Se dice, no hay datos seguros que Guadalupe Rangel, esposa de Albino García montada a caballo y con el sable en la mano, tomaba parte en los combates, animando a los soldados insurgentes con su ejemplo. Fue hecha prisionera y llevada a Guadalajara en 1812. La esposa del célebre José María Liceaga, a la muerte de su marido en 1818, se le hizo prisionera acusándola de traición y trasladada a la cárcel de Silao, Gto. María Manuela Taboada, esposa de Mariano Abasolo, el más joven y controvertido insurgente. Capitán del Regimiento de la Reina y

amigo de Ignacio Allende. Rico propietario de importantes y prósperas haciendas en Guanajuato. Abasolo se unió al ejército insurgente pese a las súplicas de su joven esposa. Cuando él estaba luchando al lado de Ignacio Allende, María Manuela tuvo que huir de Dolores, para ir en busca de su marido, cuando su casa fue atacada y saqueada por las tropas realistas. A partir de ese momento María Manuela no se separó de su esposo y lo acompañó a través del desierto de Chihuahua, cuando cayeron prisioneros los principales jefes insurgentes. Abasolo fue juzgado por un Consejo de Guerra, que lo sentenció a prisión perpetua fuera de México a cambio de entregar sus bienes a los realistas. María Catalina Gómez de Larrondo de origen acambarense, esposa del acaudalado Don Juan Bautista Larrondo, comulgaba con las ideas libertarias de independencia del cura don Miguel Hidalgo y Costilla, vivía frente a la parroquia de este lugar. El 7 de octubre de 1810 Ma. Catalina Gómez acompañada de allegados colaboradores y peones armados con hondas, palos, instrumentos de labranza y cuchillos, salieron a las orillas de Acámbaro (rumbo a Zinapecuaro, Michoacán) e interceptaron a 3 carrozas en las que viajaban altos mandos de las fuerzas armadas de la Ciudad de México a Valladolid (hoy Morelia). Todos fueron apresados y gracias a la heroica acción quedó el camino libre para don Miguel Hidalgo y sus seguidores. T *Directora del Museo de la Restauración de la República de Querétaro

BIBLIOTECA FEMENINA

Mary Carmen Sánchez Ambriz

Testimonios sobre la desigualdad de género Género y democracia Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, México, 2012

Las mujeres forman parte de aquellos grupos sociales históricamente excluidos y discriminados en el ejercicio de sus derechos. Las distintas formas de discriminación tienen estrecha relación con las diversas desigualdades, incluidas las de género. La desigualdad de género es resultado de prácticas discriminatorias sistemáticas que han sido reproducidas a lo largo de muchos años en nuestro país; responde a una visión de dominio masculino dentro de la cual la mujer debe cumplir roles muy específicos y limitados. El Censo de Población y Vivienda 2010, realizado por el INEGI, indica que en México hay 57.5 millones de mujeres (51.8 por ciento), de un total de 112 millones 336 mil 538 habitantes en México. Las mujeres son jefas de familia en el 24.6 por ciento de hogares mexicanos. Información de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010, efectuada por Conapred, revela que dos de cada diez mujeres dicen que los principales problemas de las mujeres están relacionados con la falta de empleo y/o la economía En su lucha, las mujeres han participado en

procesos y transformaciones públicas. Este año se cumplen 60 años del voto femenino, ellas pueden elegir, pero en realidad no existen condiciones para que puedan ser elegidas. Aún hay obstáculos que romper: las cuotas de género no han sido implementadas a cabalidad y siguen habiendo obstáculos que impiden o limitan la efectiva participación de más ciudadanas en cargos de representación, dentro y fuera de las esferas públicas, incluidos los partidos políticos. Por ejemplo, la representación política de cuotas de las mujeres indígenas y de las mujeres afrodescendientes, es bastante limitada o inexistente. Se trata de un libro colectivo, 15 autores comparten su experiencia con la lucha de género. Figuran valiosas reflexiones de Fátima Fernández Christlieb, Eufrosina Cruz Mendoza, Andrés Lajous Loaeza, Sandra Lorenzano, Jesús Rodríguez Zepeda, Regina Tamés Noriega, Amalia García Medina, Alberto Núñez Esteva, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Hugo Santana, Ana Cecilia Terrazas, Leonardo Valdés Zurita, María Angélica Luna Parra, Rubén Aguilar Valenzuela, Dorotea Wilson y un prólogo de Ricardo Bucio Mújica, presidente de Conapred. Los ensayos nos obligan a reflexionar sobre las bases estructurales más profundas de la desigualdad que afecta a las mujeres en nuestro país y analizar las razones por las cuales pese a los avances institucionales, normativos, legislativos, políticogubernamentales, medidas especiales, cuotas y alertas de género, la realidad actual es otra.

Momentos inesperados ¡No la vi venir! Fernanda Familiar, Grijalbo, México, 2012

Con el estilo fresco y antisolemne que caracteriza a Fernanda Familiar, así aborda las historias de su libro. ¿Qué hay en este compendio de la vida cotidiana de mujeres y hombres? Un momento inesperado, una circunstancia compleja que –sin antelación– pone a prueba la manera cómo reaccionamos, un instante de desmesura que nos revela lo difícil que es conocer los entresijos de la conciencia humana. Es realidad es un libro honesto porque la autora sabe hasta dónde puede mostrar su conocimiento y hasta dónde es mejor dejar que los especialistas opinen, tal es el caso de Jorge Bucay (terapeuta), Daniel Goleman (psicólogo, autor de Inteligencia emocional), Emilia Kanan (psicoterapeuta), Raymundo Morado (filósofo) y Sandra Schaffer (especialista en neurociencia). A fin de cuentas comunicóloga, Fernanda tiene la experiencia radiofónica de dejar hablar a los demás, de saber obtener información y hacer sentir cómodo a su entrevistado, sin que eso remita a una conversación carente de retroalimentación. Fernanda se rodeó de un equipo de investigadores que nutren este proyecto.

Suele comenzar cada capítulo así: primero muestra un marco histórico de referencias, luego inserta una o varias historias de sucesos inesperados y luego viene una parte que ha denominado “En el tintero”; se trata de una reflexión que viene a ser la conclusión de la experiencia antes narrada. Las cifras y referencias nutren estas páginas de una forma clara e interesante. De esta manera, tenemos datos sobre salud, sexualidad, relaciones en pareja, muerte, problemas laborales, seguridad social y familia. En relación a la sexualidad, se habla de los siguientes derechos: a la educación sexual integral, a la libertad sexual, a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo, a la expresión sexual emocional, a la libre asociación sexual, a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables, a la información basada en el conocimiento científico y a la atención de la salud sexual. “Conocer nuestros derechos conlleva un grado de responsabilidad, ya que donde terminan los nuestros inician los de la otra persona, quien igualmente debe experimentarlos y tener la posibilidad de vivirlos. Seamos realistas. Tenemos derecho a experimentar placer con todos los sentidos y sin pena, sin culpa, sin la necesidad de dar explicaciones o justificarnos. Debemos comprender la sexualidad como algo inherente a nuestra naturaleza, y hablo en especial de las mujeres, pues el papel que tenemos hoy nos exige apertura, firmeza, contundencia y libertad”, señala la autora.


Lunes 26 de agosto de 2013 o 23

www.milenio.com

Todas

EFEMÉRIDES septiembre 4

1969. Se inaugura la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en el Distrito Federal

7

1946. Primera transmisión televisiva en blanco y negro en México

8

Día Internacional de la Alfabetización

15

Se conmemora el Grito de Independencia

16

1810. Aniversario del inicio de la Independencia de México

18

Agenda Cultural TEATRO

Yo he querido gritar

De Tania Cárdenas Paulsen Dirección: Sixto Castro Santillán Con: Claudio Lafarga, Mariannela Cataño, Guillermina Campuzano, Óscar Serrano Cotán. Sinopsis: Collage dramático que explora las causales de la violencia de género. Nina y julio viven una relación particular, no obstante, el esquema fracturado que esta pareja enfrenta puede repetirse hasta el infinito. Tania Cárdenas Paulsen disecciona, con humor agudo y crítica mordaz, la brutalidad humana. Lunes 2 y martes 3 de septiembre 20:00 hrs.

ENTRADA LIBRE Teatro Julio Castillo Paseo de la Reforma y Campo Marte s/n Colonia Chapultepec Polanco Delegación Miguel Hidalgo Ciudad de México, C.P. 11560 Informes de teatro y danza: 5283 4600 ext. 4636 http://www.ccb.bellasartes.gob.mx/

MISERICORDIA.2

De Hugo Alfredo Hinojosa Basado en motivos de Esquilo, Eurípides, Cormac McCarthy, Javier Sicilia y en testimonios de las víctimas de la violencia en México Dirección: Emma Dib Con las actrices del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro: Julieta Egurrola, Teresa Rábago, Érika de la Llave, Renata Ramos, Carmen Mastache, Gabriela Núñez, Ana Ligia García y Rocío Leal. Sinopsis: Entre territorios agrestes y crueles, un grupo de mujeres marcha con las caravanas de la paz pidiendo “justicia” por su hijos, esposos y familiares desaparecidos. En otro espacio, una joven secuestrada padece los castigos extremos de sus ambiciosos victimarios. Ambas historias se entretejen para crear un violento

Éste es un espacio abierto para tus comentarios, sugerencias, avisos y colaboraciones

universo donde no queda lugar para la esperanza, y la acción transcurre entre estas dos realidades creando subtramas que propician el absurdo que vive este México contemporáneo. Esta no es una obra que condescienda con las víctimas y su momento histórico, sino que las cuestiona y confronta con su propia naturaleza, a veces miserable, sin olvidar su condición de seres violentados por el destino que necesitan encontrar, a como dé lugar, esa paz en la que ya no creen. Del 17 de agosto al 14 de septiembre Funciones: Jueves y viernes 20:00 hrs.; sábados 19:00 hrs. y domingos 18:00 hrs. Teatro Julio Jiménez Rueda Av. de la República No.154, Tabacalera. Tel. 57 03-1261 (Metro Revolución) Localidades: $ 150.00 LITERATURA

CICLO ARMADAS DE PALABRAS

Charla: Violencia transgenérica y digresiva en la novela Las autoras convocadas se reúnen para comentar sobre los diversos tipos de violencia que acontecen en sus respectivas obras, así como en la labor novelística de otras autoras. Un diálogo con el público redondeará esta actividad. Participan Erma Cárdenas, Rosina Conde y Elisa Corona Aguilar Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia. Nuevo León No. 91. Col. Condesa. (Metro Chilpancingo y Metrobús Campeche) Tel. 55 53 52 68, 55 53 52 69 Martes 10 de septiembre, 19:00 horas Entrada libre

Inicia transmisiones la radiodifusora XEW “La Voz de la América Latina desde México”

19

1985. La Ciudad de México es sacudida por un terremoto devastador

21

Día Internacional de La Paz

22

1910. Se inaugura la Universidad Nacional de México, más adelante UNAM

23

Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición

27

1821. Se lleva a cabo la consumación de la Independencia de México

30

Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

todas@inmujeres.gob.mx www.inmujeres.gob.mx Alfonso Esparza Oteo 119, Col. Guadalupe Inn, México, D.F.


24 o Lunes 26 de agosto de 2013

milenio

Todas

ESPECIAL

Todas somos Medea

El arte como una forma de entender la realidad ESPECIAL

En el escenario dan lo mejor de sí mismas. Vivieron situaciones de violencia y saben que el tiempo curará sus heridas. Ahora son mujeres empoderadas y valoradas

ESPECIAL

Mary Carmen Sánchez Ambriz

A

l subir el telón no sólo comparten su experiencia, s i no q u e e n ellas, inicia una acción catártica. Cuando suben al escenario son otras, distintas a las que bajan y reciben los aplausos del público. ¿Qué ocurre en sus rostros, qué es lo que pasa por su mente ahora que ya no están en la cárcel o son presa del pasado que aún las atormenta? Ellas son Medea, la que mata a sus hijos. Ellas son la mujer que cuestiona su creatividad y existencia en el mundo. “¿Acaso la sociedad no está

cedente un par de montajes profesionales con la Compañía de Teatro Penitenciario, compuesta por internos de la cárcel de Santa Martha Acatitla, (Cabaret Pánico, de Alejandro Jodorowky, y Ricardo III, de Shakespeare). En diciembre de 2011 se lanzó la convocatoria a mujeres hubieran vivido algún tipo de violencia: estructural, física, sexual o algún contexto que ellas consideraran que era violento. La invitación estaba abierta a mujeres de 18 a 60 años, que llenaran una solicitud y que dejaran una fotografía. El objetivo era que participaran en una puesta en escena que iba a ser mostrada al público y el proyecto derivó en Medea material, de Heiner Müller. Para que las mujeres pudieran lograr desnudar sus sentimientos y hablar de la experiencia que vivieron, cuenta Itari Marta que les impartieron talleres de voz, del cuerpo y de emociones. “Aunque nuestro objetivo no es hacer terapia, cabe recordar que el teatro es terapéutico. Pasó más de un año y las mujeres adquirieron más libertad con su cuerpo, con su espíritu y como seres humanos”.

Corresponsabilidad de la sociedad Itari concibe el arte como una forma de entender la realidad. “Creo que la violencia que vivimos todos los días, lo que ocurre en el país, es un asunto de corresponsabilidad social, de asumir la parte que le toca a cada

matando a sus hijos cuando la única opción que tienen para salir adelante es dedicarse al narcotráfico y reproducir patrones de violencia?”, reflexiona Itari Marta, directora de la puesta en escena. Esta versión de Medea tiene como ante-

uno de nosotros. En ese sentido, desde nuestra trinchera escénica, utilizamos al teatro como herramienta de la crónica y el reflejo de nuestro presente. Buscamos trabajar con personas para quienes el arte no es asequible y casi lo ven como algo ajeno”. La postura de la directora de escena coincide con la del ensayista, Pedro Salazar Ugarte, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien también habla de la corresponsabilidad de la sociedad frente a la violencia exacerbada. “La sociedad tiene que asumirse como corresponsable de lo que está ocurriendo y eso quiere decir tomar su parte en la responsabilidad del problema, en la medida que la sociedad otorga legitimidad a las políticas estatales. La sociedad es un sector que debe asumir esa corresponsabilidad en el deterioro, en el desmoronamiento de las instituciones democráticas. Por otro lado, en la sociedad hay voces que venturosamente asumen una posición crítica y que reclaman que la manera en la cual se enfrenten las crisis, sea a través de las instituciones y de la democracia”. Medea material es un proyecto de teatro social que busca que las mujeres afronten su problemática de violencia de género, a partir del trabajo escénico y con ayuda de profesionales. T

La cita fue en el Foro Shakespeare t Para la realización del montaje, se contó con el apoyo del Centro Cultural de España en México, ONU Mujeres y de Inmujeres DF. Medea Material se presentó en el Foro Shakespeare (Zamora 7, Condesa)


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