Temuco se prepara para una nueva etapa en seguridad

La municipalidad de Temuco implementará en los próximos días una estrategia integral en materia de seguridad, esta, según señaló el alcalde Roberto Neira se basa en el orden y la protección como pilares esenciales.

Sandra Marín, presidenta regional de Anef y acusaciones de malos tratos a funcionarios

“A pesar de las denuncias siguen las situaciones de maltrato laboral”

17 años de cárcel para Martín Pradenas

LA DERECHA Y SU NUEVA COMISIÓN PARA LA MACROZONA: ESCRIBIR CON LA MANO, BORRAR CON EL CODO

Compromiso P Blico Con La Araucan A

FRANCISCO HUENCHUMILLA Senador

El 21 de junio, todos los partidos políticos de Chile firmaron un compromiso junto al presidente de la República, dando su respaldo al establecimiento de la Comisión de Paz y Entendimiento para que se avocara a buscar una salida al centenario conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo Mapuche; conflicto que ha devenido desde el año 1997 en una situación de violencia que hoy se extiende por cuatro regiones del país, abarcando lo que se conoce como Macrozona Sur. De esta manera, dicha Comisión nació con plena legitimidad y el apoyo transversal de todo el arco político, incluidos todos los partidos de la derecha. Esto trasuntó un acuerdo político al más alto nivel, para que los ocho comisionados nombrados pudieran emprender su trabajo con las debidas espaldas; producto, precisamente, de la transversalidad de los 19 partidos políticos firmantes, amén del presidente de la República, y en presencia de los más altos personeros del mundo gremial empresarial. De esta manera –sin duda–todos colocaban su firma, respaldo y esperanzas en esta Comisión, para resolver quizás uno de los más complejos y difíciles problemas que tiene el país. Sin embargo y paralelamente, este 17 de julio la derecha presentó una indicación en el Consejo Constitucional, para crear otra Comisión sobre el mismo tema. En efecto, los consejeros Germán Becker (RN), Pilar Cuevas (RN), Lorena Gallardo (Independiente-RN), Gloria Hutt (Evópoli) e Ivonne Mangelsdorf (RN) ingresaron una enmienda transitoria al texto constitucional en discusión Nº14, para crear una Comisión de Reparación y Buena Convivencia, en el siguiente tenor:

“/DT De las y los consejeros Becker, Cuevas, Gallardo, Hutt y Mangelsdorf. Disposición transitoria nueva, para agregar, a continuación de la disposición transitoria cuadragésima séptima, una disposición transitoria, del siguiente tenor:

“Artículo transitorio. Créase una Comisión de Reparación y Buena Convivencia, encargada de resolver las solicitudes formuladas en consideración a los títulos señalados en los artículos 12, 63 y 68 de la Ley N° 19.253.

Esta Comisión estará compuesta por seis integrantes designados en el plazo de tres meses desde la entrada en vigencia de esta Constitución: cuatro elegidos en votación única por la mayoría absoluta de los senadores en ejercicio y dos designados por la Corte Suprema en votación única de entre quienes detenten o hayan detentado el cargo de ministro de dicho tribunal o de una Corte de Apelaciones. La Comisión adoptará sus acuerdos por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio.

Las personas que pertenezcan a pueblos indígenas, de acuerdo con la Ley N° 19.253, podrán presentar solicitudes en el plazo de un año desde la sesión de instalación de la Comisión, de conformidad a lo establecido en la Ley N° 19.880.

En caso de constatarse una merma ilegal de los títulos, la Comisión deberá proponer al Estado acciones de reparación preferentemente indemnizatorias, considerando el valor del detrimento efectivamente causado, respetando siempre los derechos de terceros. Cada beneficiario podrá elegir el modo de reparación al cual adscribirse. La no presentación de estas solicitudes dentro de plazo producirá la prescripción del derecho a presentar la solicitud”.

Después de esto, ¿en qué pie queda la Comisión solemnemente instalada el 21 de junio?

La derecha debe una explicación, ya que después de comprometerse el 21 de junio, aparece el 17 de julio borrando con el codo lo que firmó con la mano. Una posibilidad es que haya perdido rápidamente su fe en la primera Comisión, y quiera cambiarla por otra con fundamento constitucional, a su pinta, y bajo su control; y la otra es que quiera irse a la segura, porque si la primera no logra convencerla, podrá sacar su carta bajo la manga, instalada en la nueva Carta Fundamental.

Lo que parecen no dimensionar es que la primera Comisión es fruto de un acuerdo político, y por ende, tiene un fundamento de legitimidad; la segunda –presentada por ellos en el Consejo Constitucional–es unilateral, sin acuerdo, y “pasando la máquina” que dicho sector tiene en esta última instancia y en el Senado, instancia en que –según la indicación presentada–se deberá nombrar por mayoría a 4 de los 6 integrantes de esta comisión “alternativa”.

Tampoco parecen dimensionar que siendo ésta una norma de Derecho Público, la misma rige in actum. Entonces, suponiendo que ambas –la indicación y la Nueva Constitución– fueran aprobadas cada una en su momento, desde la fecha de la publicación en el Diario Oficial (y salvo que hubiere una norma particular que dijere lo contrario) ello supondría que la primera Comisión del 21 de junio quedaría legalmente sin competencia sobre las tierras –materia central en todo intento de solución del conflicto– y carente de legitimidad política.

¿Podría, en estas circunstancias, la primera Comisión –durante el lapso de tiempo que va desde ahora, y hasta saber el destino de esta indicación que crea esta segunda Comisión, que se podría extender hasta el 17 de diciembre de este año– trabajar con la tranquilidad necesaria para escuchar, procesar, ceder y buscar los acuerdos políticos para resolver el conflicto? ¿Y más, sabiendo que su funcionamiento está en entredicho, supeditada a un respaldo cuestionado, y que podría hacer estéril su esfuerzo y su trabajo?

Todo lo anterior, sin considerar los aspectos jurídicos que encierra la comentada indicación; ya que al señalar que los títulos de tierras de los artículos 12, 63 y 68 de la Ley Indígena serían de competencia de la nueva Comisión que proponen, se están refiriendo tanto a las tierras mapuche (Artículo 12), como a las de los pueblos del norte (Artículo 63) y las del pueblo Rapa Nui (Artículo 68). Ello significa en los hechos la derogación de dicha ley.

Digámoslo claramente: la indicación de los consejeros de la derecha significa la derogación de la Ley Indígena y el término de la Conadi, porque en definitiva, el corazón de la Ley 19.253 –que son las tierras– sería ahora de competencia de esta Comisión creada por la derecha. Por último, llama la atención en la indicación que en cuanto a las solicitudes de los interesados se remita a la Ley 19.880, sobre “Bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado”, y lo haga aplicable a un grupo de privados –porque eso son los integrantes de la Comisión–que no constituyen un órgano del Estado, y cuyos procedimientos además de complejos, son sometidos a un sistema de recursos que no sé de qué manera dicho grupo de privados podría resolver. En resumen, la presentación de la indicación 14 transitoria, presentada por consejeros y consejeras vinculados a la derecha, no sólo desconoce la firma que habilitó políticamente la creación de la Comisión Gubernamental del 21 de junio del 2023; sino que produce una perturbación llena de incertidumbres en el desarrollo de su trabajo, que puede llevar a un fracaso de su cometido. Esto profundizaría la conflictiva situación de la Macrozona Sur. Además, la segunda Comisión propuesta el 17 de julio no estaría en condiciones de subsanar este problema, por haber nacido bajo una imposición y no fruto de un acuerdo político. Finalmente derogaría la Ley Indígena, cuestión vital para los pueblos originarios, y particularmente para el pueblo Mapuche. Que cada cual saque sus propias conclusiones respecto del panorama que, a raíz de esto, se podría presentar en la Macrozona.

Los desafíos de la Región de La Araucanía son mayúsculos, al considerar antecedentes relevantes como empleo, pobreza, inversión y escolaridad. Al mismo tiempo, sabemos que nuestro territorio tiene enormes riquezas en sus paisajes, sus vocaciones naturales y heterogeneidad cultural, sumado a una riqueza especial en cada una de las personas que viven en él, que son siempre el principal valor y futuro de cualquier comunidad. Es efectivo que hay indicadores que nos preocupan y movilizan. Según datos entregados por el INE en 2021, la citada escolaridad apenas alcanza un promedio de 9,9 años, la pobreza multidimensional afecta al 28,5% de la población y los ingresos familiares superan levemente los $829 mil pesos, casi 400 mil menos que una familia de la Región Metropolitana o 500 mil comparado con grupo familiar de Antofagasta. Lamentablemente, debemos reconocer y asumir que nuestra región se está acostumbrando a las apariciones en el fondo de todos los ránkings.

En este plano, la Universidad Católica de Temuco tiene mucho que decir y aportar para comenzar a revertir una realidad que a todos debe conmovernos, porque cada persona o familia que padece la pobreza tiene menos oportunidades de: estudiar, optar un mejor trabajo, emprender, colaborar con otros o aportar al desarrollo. En resumen, tiene menos opciones de acceder a una mejor calidad de vida. Es por esta razón que la UCT tiene un firme compromiso con romper las brechas existentes. Lo anterior se refleja, en que siete de cada diez alumnos de nuestra institución pertenecen a la primera generación en ingresar a la universidad, sumado a que actualmente contamos con un porcentaje de estudiantes provenientes del Programa de Acceso a la Educación Superior, PACE. Ahí está, la prueba más fehaciente de nuestro férreo vínculo con todas y todos sin mirar color, religión y/o condición.

Nuestro compromiso va más allá de las oportunidades ofrecidas a nuestra comunidad estudiantil y se traduce con el trabajo cotidiano por rescatar y poner en valor nuestra cultura ancestral, tal como lo desarrolla el Instituto Ta Iñ Pewan a través del fomento del diálogo en la resolución de conflictos, la Cátedra Fray Bartolomé de las Casas, con el aporte de información contextualizada para tener una mejor toma de decisiones. A lo anterior, también debemos incluir al Centro de Políticas Públicas y la Dirección de Extensión Académica y Cultural, que ofrece un libre acceso a los espacios del arte y la cultura local. Esto muestra algunos ejemplos que confirman el genuino y comprometido aporte que hace nuestra comunidad y cada uno de sus miembros a la población regional. Los desafíos de nuestro territorio son enormes y exigen dar lo mejor de sí para comenzar a salir del círculo de problemas que registramos hasta ahora y que repercuten en todo el país. Hemos perdido mucho tiempo, de modo que es momento de unir esfuerzos para construir un futuro mejor para todas y todos, especialmente para las nuevas generaciones.

El pasado mes se cumplieron ocho años de la promulgación de la tan celebrada Ley Ricarte Soto, iniciativa que bajo la Ley 20.850, creó un Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, de carácter universal, que es asegurado por el FONASA a todos los beneficiarios de los sistemas previsionales de salud de Chile. Esta ley, que permitió ampliar la cobertura de salud. sobre todo en enfermedades poco frecuentes las cuales contemplan en su mayoría tratamientos carísimos, ha sido un buen ejemplo de

¿EXISTE LA EQUIDAD EN EL ACCESO A LA SALUD?

una visión de país en materia de salud, resguardando y priorizando las necesidades de todos los chilenos y chilenas.

Esta ley suponía, y hay que reconocerlo que se ha logrado, garantizar la equidad en materia de acceso a la salud, no obstante, hoy nos encontramos en un escenario totalmente adverso y complejo y como miembros de la Asociación padres acondroplasia Chile no nos sentimos ajenos a esto.

Primero, el año 2021 recibimos con bastante desesperanza el anuncio desde Hacienda cuando comunicaron que no habrían fondos para financiar un nuevo decreto de la Ley Ricarte Soto, no siendo acompañado esto de un plan de acción que permitiera la sustentabilidad de esta cobertura que ha permitido no solo garantizar la calidad de vida de cientos de pacientes, sino en muchas casos salvarlas. Por otro lado, en el contexto del aniversario de la promulgación de esta ley, vimos una entrevista a una reconocida ex animadora de

TV, de cómo pudo sobrellevar su enfermedad gracias a la cobertura por parte de la ley. Y si bien como asociación celebramos cada vez que un nuevo tratamiento o patología es ingresado(a) a la LRS, como en el caso de la persona recién mencionada, recibimos con total sorpresa de cómo a través de la presión que ella ejerció sobre cuatro ministros, pudieron lograr el objetivo. Es ahí dónde queremos poner nuestra atención, y esperamos, llamar la atención de los tomadores de decisiones. Las cuestiones en materia de salud no deben depender por los contactos que uno tiene, ni por si mi apellido es lo suficientemente conocido para que una autoridad conteste el llamado, es más, lo decimos con convicción, esto debe ir en un camino totalmente opuesto y creemos que esta ley es una buena ruta a seguir.

Sabemos que actualmente en nuestro país prevalece la inequidad en la cobertura y urgencia de tratamiento en patologías poco frecuentes. A todo lo que ya de por sí significa

AUMENTA PREOCUPACIÓN EN CHILE: ¿VAPEAR ES IGUAL DE PELIGROSO QUE FUMAR?

El consumo de tabaco por medio de cigarrillos convencionales se ha transformado en uno de los hábitos más devastadores para la salud de la población mundial a través de los años. Chile, a pesar de que ha disminuido este hábito en la población, gracias a la promulgación de la Ley de Tabaco (2013), sigue siendo uno de los países de la región donde los jóvenes fuman más y a edad más temprana. Los efectos negativos de este consumo siguen presentes de manera considerable manifestándose en patologías crónicas respiratorias, cardíacas, cáncer y, por consiguiente, en el aumento de la tasa de mortalidad. La utilización del “Vapeo” (consumo de cigarrillo electrónico) comenzó en la década del 2000 con el fin de reemplazar el uso de cigarrillos tradicionales y disminuir la aspiración de tabaco y nicotina.

Las investigaciones no señalan qué tipo de cigarrillo es peor (si el convencional o el electrónico) pues existen muchos factores que intervienen en esta comparación como por ejemplo la calidad del líquido que es vaporizado disponible en el comercio para su consumo. Este insumo contiene elementos que también pueden ser nocivos para la salud de una persona que lo aspira, por tanto, es imposible descartar la similitud con el cigarrillo convencional.

En el año 2019, ingresó al Congreso (Cámara de Diputados) una iniciativa que norma la venta, publicidad, consumo y seguridad de vaporizadores con y sin nicotina (Cig-e). Asimismo, recientemente se aprobó esta norma con todas las modificaciones realizadas en las instancias legislativas, con participación del Ministerio de Salud, que había iniciado este proyecto en el gobierno anterior de Sebastián Piñera. Para estar en concordancia con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se decidió el reemplazo del concepto de Cig-e por Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) y Sistemas Electrónicos sin Nicotina (SESN). Se definieron conceptos publicitarios y restricciones de uso en cuanto a espacios, pero lo más importante es la prohibición de venta a menores de 18 años, además de agregar advertencias en los envases de los SEAN y SESN que detallen la potencial adicción que pueden ocasionar.

Estas nuevas normas pretenden disminuir el interés de este consumo en la población más joven que es, sin duda, la más afectada pues lleva como resultado un hábito muy difícil de terminar una vez que se adquiere. Sólo queda esperar que, con estas nuevas disposiciones, la autoridad regule y fiscalice con frecuencia lo ya determinado para así evitar seguir dañando para una familia Epof el cuidado de su pequeño, se suma el desgaste que trae consigo la lucha por garantizar su tratamiento; tocar innumerables puertas, burocracia y en muchos casos, hasta procesos legales que requieren de recursos y tiempo que deberían ser enfocados en el paciente.

Nuestros niños merecen la garantía de tratamientos a tiempo. Los pacientes con enfermedades poco frecuentes no pueden esperar la llegada de nuevas leyes o decretos porque cada día que pasa, sus patologías avanzan de manera irreversible.

No podemos seguir ignorando que hay pacientes que necesitan cobertura de manera urgente, las enfermedades poco frecuentes requieren de una intervención multidisciplinaria y a una edad temprana para que el tratamiento impacte positivamente en la calidad de vida de los pacientes.

Según datos del Banco Central, la tasa de interés de los créditos de consumo alcanzó un promedio de 28,9% durante junio del presente año, lo que lo ubica muy cerca del máximo de 29,4% registrado en febrero pasado, y lo sitúa entre los niveles más altos en los últimos 10 años en nuestro país. Altas tasas de interés tienen como consecuencia una reducción en las posibilidades de consumo presente y futuro de las personas. Debido al mayor costo asociado al crédito, mantener nuestro nivel actual de consumo requiere de la salud respiratoria de nuestra población.

Por último, hay un mensaje que es indispensable destacar: el cigarrillo electrónico no cumple el objetivo de dejar atrás el cigarrillo tradicional. Recientes estudios están investigando sus consecuencias, que podrían ser tan dañinas como el cigarro convencional ¿Vale la pena arriesgar nuestra calidad de vida por probar esta forma de consumo de nicotina? Definitivamente no.

Tasas De Inter S Hist Ricas Para Cr Ditos De Consumo

un sacrificio mucho mayor en términos de consumo futuro (que es cuando debemos pagar aquello que hemos pedido prestado). Esto hace que ajustemos nuestros patrones de consumo a la baja, lo que tiene como consecuencia final un menor nivel de bienestar. Paradójicamente, es esta relación inversa entre costo del crédito y consumo de las familias donde subyace la principal razón que explica las altas tasas de interés que hemos observado en el último tiempo en nuestro país. Como respuesta a la alta inflación que nuestro país ha experimentado, el Banco Central (cuyo objetivo principal es justamente mantener la inflación controlada) decidió adoptar una política monetaria restrictiva que le permitiera contener el alza sostenida en el nivel general de precios en la economía. Esta política restrictiva se materializa a través de la influencia que el Banco Central ejerce sobre la tasa de interés a la cual los bancos comerciales se prestan entre sí, lo que a su vez afecta el costo al cual los bancos comerciales prestan dinero a las personas. Y como ya sabemos, al encarecer el costo de crédito a los bancos (elevando el objetivo de la tasa a la cual los bancos se prestan entre sí, esto es, la Tasa de Política Monetaria) el Banco Central apostó precisamente a un aumento en las tasas de los créditos de consumo de forma de desincentivar el consumo de las familias y así, disminuir la presión sobre la demanda de bienes y servicios y por tanto, sobre el nivel de precios.

A la luz de los resultados actuales, esta política parece haber sido bastante efectiva. De acuerdo con el último Informe de Política Monetaria, tanto la inflación total como la subyacente (esto es, aquella que no incluye bienes cuyos precios son muy volátiles) han disminuido, lo que ha llevado a que muchos analista apuesten por una disminución en la TPM (hoy día esta se ubica en 11,25%). Sin embargo, un análisis más detallado de la trayectoria que ha experimentado la inflación (subyacente) sugiere que dicha caída en la TPM debería ser más bien acotada, lo que redundaría en bajas marginales en las tasas de interés de los créditos de consumo. Si a esto sumamos el hecho que los agentes económicos toman sus decisiones hoy en base a expectativas sobre el futuro, parte de esta caída que se anticipa en la TPM ya debería estar reflejada en las tasas actuales de los créditos de consumo que ofrecen los distintos bancos comerciales. Así las cosas, cabe esperar créditos relativamente caros por algún tiempo más. Si no experimentamos algún sobresalto que resulte en presiones sobre el nivel de inflación, es muy probable que las altas tasas comiencen a ceder de forma más significativa a partir del último trimestre del año. La sugerencia es entonces a evitar endeudarse más allá de lo necesario, postergar aquellas decisiones de consumo que puedan esperar, y realizar una meticulosa planeación y manejo de los gastos familiares.