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I Discapacidad
La otra deuda que se agiganta
Persisten los reclamos de las organizaciones sociales por aranceles desactualizados, el incumplimiento del cupo laboral, los bajos montos de las pensiones y la falta de prioridad en la vacunación contra el Covid para miles de personas.
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TEXTO EDUARDO SANTACHITA
“Yo soy Mamá”, dice Julieta con firmeza. Y completa: “Tengo una hija con discapacidad de 42 años que está en un hogar.” Orgullosa, cuenta que hace algunos años sus otros hijos se fueron del nido porque formaron familias. “Ahí, ella nos planteó que no tenía que vivir más con papá y mamá porque ya era grande.”
Además de ser mamá, Julieta Blayer es presidenta de la Federación de Entidades Pro Atención de Personas con Discapacidad Intelectual (Fendim). “El Estado no tiene hogares. Sin privados o asociaciones de padres estos chicos no tendrían donde estar”, reclama. Fendim es una de las organizaciones que forma parte del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de Personas con Discapacidad, conformado en 1997. El Foro nuclea a asociaciones de todo el país que trabajan, con o sin fines de lucro, en torno de la discapacidad. El 24 de febrero último se movilizaron a Plaza de Mayo con la consigna #DiscapacidadEnEmergencia.
Esa mañana, el Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas debía reunirse para fijar un aumento. “Prometieron hacer un estudio de costos, pero cuando los nú-
meros les empezaron a dar más alto de lo que pueden reconocer, dejaron de hacerlo y suspendieron la reunión. Siempre hacen lo mismo”, explica el sacerdote Pablo Molero, coordinador del Foro.
Las organizaciones denuncian un atraso en los aranceles, ya que el último aumento antes de la pandemia había sido de un 10 por ciento, en 2019. En diciembre de 2020 dieron otro 10 por ciento. “Con una inflación del 40 por ciento, es una miseria”, dice Molero, y se lamenta: “Últimamente, la problemática se tornó más económica que otra cosa”. Durante el gobierno de Cambiemos hubo un recorte de pensiones que dejó a muchas personas con discapacidad sin el único ingreso que tenían. Si bien el gobierno del Frente de Todos devolvió esa mensualidad a sus legítimos beneficiarios, la crisis y la pandemia desembocaron en un gran problema en torno de las prestaciones. Por eso, ahora el Foro exige un aumento inmediato del 30 por ciento.
Laberintos burocráticos
En el país hay alrededor de 5 millones de personas con discapacidad, y muchas de ellas quedan atrapadas entre números y burocracia, mientras esperan algo tan sencillo co-
Manifestación en Plaza de Mayo en febrero pasado.
“La gente necesita atención médica y hay graves problemas en la entrega de medicación, sillas de ruedas,prótesis… no son lujos;a veces,en eso se juega la dignidad de la gente.” Pablo Molero,Foro Permanente de Discapacidad.
mo ejercer sus derechos. “La gente necesita atención médica –dice Molero– y hay graves problemas en la entrega de medicación, sillas de ruedas, prótesis… no son lujos; a veces, en eso se juega la dignidad de la gente.” “Estamos luchando para que todas las instituciones que atienden a personas con discapacidad no queden abandonadas económicamente”, explica Blayer. Y agrega: “Si terminan cerrando, ¿dónde van a ir a parar esas personas que a veces ni tienen familia?”
Molero y Blayer coinciden en que el sector más golpeado económicamente fueron los transportistas. “El 30 por ciento ya se dedica a otra actividad porque no podía sobrevivir y, según nuestras proyecciones, otro 60 por ciento va a dejar de dar el servicio en dos meses”, dice Juan Pérez Brancatto, presidente de la Asociación de Transportistas y Amigos de Educación para Capacidades Distintas (Ateacadis). Aunque durante el aislamiento continuaron repartiendo viandas, Pérez Brancatto afirma que Pami no paga desde hace 10 meses. “Estamos desapareciendo de a poco”, reflexiona, y reconoce que esta situación perjudica a los beneficiarios.
“Hay una deuda histórica con la población con discapacidad”, afirma Marcelo Betti, economista y presidente de la Red por los Derechos de Personas con Discapacidad (Redi). “Lo que más necesitamos es trabajo", dice. El Estado Nacional debería cumplir por ley un cupo de 4 por ciento de personas con discapacidad entre sus empleados, y la Ciudad de Buenos Aires, un 5 por ciento. "No sólo no lo cumplen, sino que no hay programas serios para incorporar a esta población o dar incentivos a empresas privadas para su contratación”, se queja.
La pobreza como agravante
Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aproximadamente un 70 por ciento de las personas con discapacidad no tiene empleo. “Además, los trámites para conseguir pensiones son largos y cuando se otorgan son montos muy bajos”, argumenta Betti. Y reclama que no incluyeron la discapacidad en la Tarjeta Alimentar ni en la Ley de Teletrabajo. “Sólo se menciona la licencia a padres de personas con discapacidad, pero no se nos presenta como trabajadores”.
Otro reclamo del sector es que el material que entregó el Ministerio de Educación para las clases virtuales no estaba disponible en braille ni digitalizado. “La campaña de vacunación tampoco tiene perspectiva de discapacidad”, explica el titular de Redi. “En la mayoría de las provincias, las personas con discapacidad no están entre los grupos prioritarios”, dice. Y señala: “Las páginas web para anotarse son inaccesibles para personas con discapacidad visual”.
“El 10 por ciento de la población mundial son personas con discapacidad”, informa Molero. Y destaca: “Con la pobreza, ese número aumenta”. Betti coincide y sentencia: “La discapacidad genera pobreza, y a su vez, la pobreza genera discapacidad”. Detrás de los números hay personas. “Ellos merecen otro trato, no ser invisibilizados como son, y tienen que ser respetados. Ese es mi anhelo”, cierra Julieta.
CÓMO CONECTARSE Foro Permanente de Discapacidad:
www.foropermanentediscapacidad.org.ar Fendim: www.fendim.com Ataecadis: www.ataecadis.org Redi: www.redi.org.ar
La ruta de los recicladores
Miles de personas agrupadas en organizaciones sociales trabajan en la recolección para el recupero de los residuos. Además, en Bogotá reciben un ingreso extra por parte de las empresas recolectoras de basura.
TEXTO ARIADNA DACIL LANZA lombia son tratados en el ámbito de la formalidad, ya sean en estatales o privadas o en otras instituciones reco-
“Desde que tengo memoria”, responde Andrea nocidas por las autoridades responsables por el manejo de Sánchez Botina a la pregunta ¿desde cuándo sos residuos. La Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB) recicladora? Su familia se mudó del campo a la esla organización dedicada a la recuperación de residuos capital, por los distintos conflictos entre guerri- más grande del país; se trata deuna entidad de segundo llas, gobierno y paramilitarismo grado, esto es, que oficia de representanque ha vivido Colombia, y desde entonces se dedican a la recolección de residuos recuperables. Hoy tiene 24 años y junto con otra veintena de personas conforman la Colombia es uno de los pocos países de América latina que sentó te –gremial y política– de agrupaciones de recicladores que prestan el servicio público de aseo, como Asoremec. Silvio Ruizes uno de los representantes Asociación de Recicladores Ambientales jurisprudencia en el de la ARB, que es, a su vez, la fundadora Asoremec, creada en 2010. pago por los servicios de la Asociación Nacional de Reciclado-
Andrea, una entre los miles de reciclado- de reciclaje urbano res de Colombia (ANR). Él cuenta que res registradosen Bogotá, habla de la falta de residuos. sus padres eran campesinos migrantes, tiede “educación ambiental”, porque “la gen- ne tres hijos que están estudiando y luego te no es consciente del daño que hace al no reciclar”. Ella describe un día de un reciclador: “Se empieza a recorrer y sus colegas recorren sus rutas históricas en la ciudad, con muy temprano con carros a tracción humana, se acumucarros –antes a caballo y luego en una suerte de triciclo– lan los residuos potencialmente reciclables y luego se pelos días de basura; martes, jueves y sábados. Luego llevan sa el material y, en caso de estar en la organización, el palo recolectado al centro de acopio, donde se pesa y clasi- go es cada ocho días, sino es inmediato”. fica, antes de venderlo a grandes compañías. Con miras al futuro reconoce que un derecho a conquis-
Sólo una pequeña proporción de los residuos en Co- tar es la cotización a un fondo de pensiones, ya que hoy, la
RECUPERADORES BOGOTANOS
■ Según datos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia (Superservicios), en 2019, lo recaudado por la tarifa de aprovechamiento fue distribuido entre 16 mil personas recicladoras registradas,de más de 150 organizaciones. ■ La ARB cuenta con más de 2 mil miembros. ■ Las jornadas de los recicladores pueden empezar a las 2 de la mañana, mientras que las del personal administrativo se inician a las siete de la mañana y pueden extenderse hasta las 11 de la noche. ■ En América latina se calcula que existen, aproximadamente, 1,5 millón de recicladores informales y que sólo el 2,2 por ciento de los residuos sólidos urbanos generados son recuperados en esquemas formales, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Recicladora social de Bogotá.
mayoría de estos trabajadores tiene retiro incierto. Esta realidad dista de ser una excepción, ya que sólo cerca del 30 por ciento de los colombianos cuenta con un empleo formal.
Un tarifa inclusiva
La particularidad que tiene este sector de la economía es la llamada tarifa de aprovechamiento, vigente desde 2013. Es un ingreso –no fijo– que funciona de complemento a la entrada principal de los recicladores. En ambos casos depende de la cantidad de residuos que recolectan por mes, sólo que el ingreso mensual es a partir de la venta del material a compañías, mientras que el complementario es producto de la recaudación de la factura de aseo –suerte de ABL porteño– pagado por losbogotanos a las empresas que tienen concesionado los servicios de limpieza urbana.
Un porcentaje de esa factura –estimado en base a las toneladas tratadas por los recicladores– es el que compone la tarifa de aprovechamiento. No es el gobierno, sino las empresas, las que pagan a las organizaciones de base y estas a sus asociados.
De los basurales a cielo abierto, donde muchos recicladores trabajaban informalmente, hasta llegar a su reconocimiento y a esta tarifa, pasaron años de privatizaciones y disputas en las calles y los tribunales, pero Colombia es uno de los pocos países de América latina que sentó jurisprudencia en el pago de estos servicios. Así lo indica un informe de la Red Lacre: la tarifa mencionada es el máximo “indicador de inclusión de los recicladores en los sistemas formales de gestión de residuos sólidos”. Si bien los recicladores en general coinciden con que la tarifa es un avance, ven un punto débil, y es que se calcula en base a la actividad de las empresas privadas y no a la estructura de costos de los recicladores. El resultado es que se paga lo mismo a estas organizaciones que a las empresas que entierran residuos en “Doña Juana”, el principal botadero de Bogotá. El dilema actual es si deben presentarse a licitaciones en municipios –al igual que las empresas– o estar “libres” –como lo definen desde ARB–, postura criticada por desestimar las desventajas frente a las grandes compañías. Un debate aún no saldado.
Algunos de los 2000 miembros de la ARB. CÓMO CONECTARSE
ARB: arbesp@gmail.com https://asociacionrecicladoresbogota.org/ ANR: anrrecicladores@gmail.com www.anrcolombia.org Asoremec: angelpazbotina@gmail.com www.facebook.com/ASOREMEC/
Alzarla voz porlas mujeres
En respuesta a los femicidios que no se detienen, desde el sector social se multiplican las acciones colaborativas para contener a las víctimas y denunciar a los victimarios.
TEXTO GABRIEL TUÑEZ
Campañas de concientización, mecanismos de denuncias y contención psicológica, asesoramiento legal y herramientas tecnológicas para alertar ante el riesgo inminente de un ataque son algunas de las acciones que desde el Estado y las Organizaciones de la Sociedad Civil se ponen a disposición de las víctimas de violencia de género, un flagelo que con motivo de la pandemia del Covid19 se agravó en Argentina.
Las mujeres volvieron a salir a las calles argentinas el pasado 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Lo hicieron, entre otros propósitos, para reclamar el fin de la violencia machista. Según el Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, entre el 1 de enero y el 7 de marzo se habían cometido 55 femicidios, uno cada 29 horas.
INVOLUCRAR A TODOS LOS ACTORES
La gravedad de la problemática de la violencia de género en el país requirió que también algunos medios de comunicación contemplaran la necesidad de incorporar la figura de editora de género y, en otros casos, dispusieran que sus planteles de periodistas participaran de capacitaciones sobre el tema.Mucho antes de eso fue creada Red PAR, una red federal de periodistas y profesionales de la comunicación, que hace foco en la perspectiva de género.Actualmente tiene 110 integrantes en 15 provincias.
La organización surgió en 2006 en Buenos Aires y desde ese momento llevó a cabo encuentros nacionales en Salta, Córdoba, La Plata, Neuquén, Mar del Plata, Bariloche y Mendoza, entre otras ciudades.Además, elabora materiales de difusión de buenas prácticas para coberturas de temas como violencia contra las mujeres, trata de personas e interrupción voluntaria del embarazo.
En el ámbito académico, la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias (Ruge) existe desde 2015 y cuenta con la participación de más de 20 universidades, facultades e institutos.Ruge tiene como propósito colaborar en el diseño y desarrollo de políticas que contribuyan a erradicar las desigualdades de género y las violencias en todo el sistema universitario.
Para la recepción de denuncias en forma presencial o telefónica funciona desde septiembre de 2008 la Oficina de Atención a la Víctima de Violencia Doméstica (OVD), en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.La Oficina funciona las 24 horas de los 365 días del año y garantiza el acceso rápido a la Justicia de las víctimas de cualquier tipo de maltrato en sus hogares.
El mismo 8M, el presidente Alberto Fernández convocó a todos los gobernadores provinciales del país a un acto en el que firmaron el acta compromiso Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la violencia de género. En el documento, las autoridades de gobierno se comprometieron a integrar el Consejo Federal para la Prevención y el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios; a adherir al Sistema Único de Registro de Denuncias por Violencia de Género (Urge) y al Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (Sicvg).
#Amigadatecuenta
“¡Basta! Nos siguen matando”, escribió en una columna periodística Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (Feim). Lo hizo días después del femicidio de Úrsula Bahillo, de 18 años, asesinada el 9 de febrero por su ex novio, un policía bonaerense, en las afueras de la ciudad de Rojas.
Feim es una OSC creada en 1989 por un grupo de mujeres profesionales especialistas en género y promueve el desarrollo de investigaciones, programas, proyectos, cursos y otras actividades para mejorar la condición social, laboral, legal, política, económica y de salud de las mujeres en el país.
En el último tiempo, Feim, en articulación con la Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes para la Salud Sexual y Reproductiva (RedNac), se sumó a la campaña #Amigadatecuenta, promovida por la Iniciativa Spotlight. Se trató de una acción de 16 días de activismo contra la violencia de género, por medio de las redes sociales y de acciones comunitarias destinadas a adolescentes y jóvenes para fortalecer sus conocimientos, brindarles herramientas de prevención de situaciones de violencia en sus comunidades y de sensibilización sobre la violencia en las relaciones. Spotlight, por su parte, es una asociación mundial entre la Unión Europea (UE) y Naciones Unidas (ONU), que para 2030 busca eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres. Durante la pandemia de Covid-19, Spotlight Argentina apoyó a los gobiernos Nacional y provinciales en el fortalecimiento de los servicios de atención y seguimiento de la violencia hacia las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Algunas acciones estuvieron relacionadas con la compra de equipamiento para la Línea 144 y centros de atención, la promoción, la accesibilidad de mujeres sordas a la línea y el apoyo al trabajo en hogares de protección integral, entre otras.
“Es el momento para que los feminismos fortalezcamos nuestros espacios de encuentro.” Nazarena Galantini, coordinadora de la Campaña por la Emergencia en Violencia contra las Mujeres en Rosario.
Pasar a la acción
“Es el momento para que los feminismos fortalezcamos nuestros espacios de encuentro”, dijo a Tercer Sector Nazarena Galantini, coordinadora de la Campaña por la Emergencia en Violencia contra las Mujeres, en Rosario. El 8 de marzo pasado fue inaugurada, en el centro de la ciudad
santafesina, la Casa de las Mujeres Libres, un espacio de encuentro y acompañamiento a las mujeres. Según explicó Galantini, es una iniciativa pensada desde hace varios años por los colectivos feministas que integran la Campaña por la Emergencia en Violencia contra las Mujeres.
“Queríamos un lugar que fuera referencia de consulta para las mujeres, al que pudieran acercarse para recibir asesoramiento, contención y también participar de talleres de formación en perspectiva de género”, indicó. “Rosario es la principal ciudad santafesina con índices de femicidios, pero la violencia creció en todos los ámbitos. A eso se suma el conocido contexto del narcotráfico”, dijo la coordinadora de la Campaña.
Para complementar los sistemas de alerta, como el botón de antipánico que la Justicia otorga a las víctimas de violencia de género, fue creada la aplicación No Estás Sola, impulsada por la RedXTodas y disponible para dispositivos Android. “Queríamos una herramienta que permitiera ayudar a la víctima en una situación de violencia”, explicó a Tercer Sector Deborah Stecher, una de sus creadoras. La app permite enviar un mensaje de alerta cada un minuto a los contactos designados, que recibirán el aviso y la geolocalización de la víctima. Para evitar que el victimario se dé cuenta de que la víctima accionó la alarma, la aplicación puede ocultarse en el teléfono cambiando el nombre original y editar el icono. “Los hombres violentos revisan los celulares” de las mujeres, comentó Stecher. Hasta el momento, la aplicación tuvo unas 10.000 descargas.
CÓMO CONECTARSE Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (Feim):
http://feim.org.ar/
Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes para la Salud Sexual y Reproductiva:
http://www.rednacadol.org.ar/quienes.html
Campaña por la Emergencia en Violencia contra las Muje-
res en Rosario: https://www.facebook.com/PaginaOficialdelaEmergencia/ Red PAR: https://redparblog.wordpress.com/
Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género:
http://ruge.cin.edu.ar/ RedXTodas: https://redxtodas.com.ar/
Oficina de Atención a la Víctima de Violencia Doméstica:
http://www.ovd.gov.ar/ovd/ssp
CAPACITACIÓN EN GÉNERO COMO REQUISITO
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv) dispuso en febrero que quien quiera obtener la licencia de conducir en el país deberá completar un curso sobre género.
Hasta la decisión de la Ansv, las capacitaciones sobre género sólo estaban contempladas en la Ley Micaela, que refiere al caso de Micaela García, una joven de 21 años, estudiante de Educación Física, que el 1 de abril de 2017 fue violada y asesinada por un hombre, que tenía antecedentes de ataques sexuales, al salir de una discoteca, en la ciudad entrerriana Gualeguay.El femicidio causó gran conmoción porque García participaba del movimiento Ni Una Menos.
Más allá de la investigación judicial, Andrea Lescano y Néstor García, la madre y el padre de Micaela, impulsaron que todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación reciban una capacitación en temas de género.La iniciativa se transformó en ley el 19 de diciembre de 2018.
