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Instituto Nacional Electoral CONSEJO GENERAL

INE/CG67/2015 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE SOLICITA EL APOYO Y COLABORACIÓN DE QUIENES FUNGEN COMO TITULARES DEL EJECUTIVO FEDERAL, LOS EJECUTIVOS LOCALES, PRESIDENTES MUNICIPALES Y JEFES DELEGACIONALES, PARA GARANTIZAR QUE LA EJECUCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y RECURSOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES SE APEGUEN A SU OBJETO Y REGLAS DE OPERACIÓN, EVITANDO EN TODO MOMENTO, SU USO CON FINES ELECTORALES EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL Y LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2014-2015

ANTECEDENTES

I.

El 13 de noviembre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto que reforma los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II.

El 7 de mayo de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el cual se adicionó un párrafo al artículo 134 Constitucional, por lo que el párrafo sexto del mismo artículo relativo a la aplicación imparcial de los recursos públicos, pasó a ser el séptimo.

III.

En sesión extraordinaria celebrada el 29 de enero de 2009, el Consejo General del otrora Instituto Federal Electoral aprobó el Acuerdo CG39/2009, mediante el cual se emitieron normas reglamentarias sobre imparcialidad en el uso de recursos públicos a que se refería el entonces vigente artículo 347, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IV.

En sesión extraordinaria celebrada el día 17 de agosto de 2011, el Consejo General del otrora Instituto Federal Electoral aprobó el Acuerdo CG247/2011, por el que se emitieron normas reglamentarias sobre imparcialidad en la

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aplicación de recursos públicos, en atención a lo previsto en el entonces vigente artículo 347, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

V.

Con fecha 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, a través del cual se crea el Instituto Nacional Electoral.

VI.

En atención a lo previsto en la reforma constitucional señalada en el antecedente anterior, el 3 de abril de 2014, el pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, llevó a cabo la designación del Consejero Presidente y de los Consejeros Electorales para la integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, quienes rindieron protesta el 4 de abril de 2014 en sesión del Consejo General convocada para tal efecto.

VII. Con fecha 23 de mayo de 2014, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, entre otras, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales —abrogando el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente hasta ese momento—, y la Ley General de Partidos Políticos.

VIII. De conformidad con lo dispuesto por la Legislación Electoral nacional y local aplicables, el 7 de junio del presente año se celebrará la Jornada Electoral del Proceso Electoral Federal 2014-2015 —a través de la cual se renovará la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión— y los Procesos Electorales Locales 2014-2015 —para renovar el Poder Ejecutivo, los Congresos locales, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los Ayuntamientos y las Delegaciones del Distrito Federal, según corresponda— de las entidades de Baja California Sur, Campeche, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán. Asimismo, durante el mes de julio de 2015 se llevará a cabo la Jornada Electoral en la entidad de Chiapas —a fin de renovar el Congreso local y los Ayuntamientos.

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IX. En atención a lo anterior, el día 7 de octubre de 2014 dio inicio el Proceso Electoral Federal 2014-2015, respecto del cual el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el Acuerdo INE/CG189/2014, con el objeto de hacer del conocimiento de los sujetos regulados por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales las fechas de inicio y conclusión del Proceso Electoral Federal 2014-2015; de los Procesos Electorales Locales Ordinarios con Jornada Comicial Coincidente con el Proceso Electoral Federal y de la Elección Extraordinaria de Concejales al Ayuntamiento de San Dionisio del Mar, Estado de Oaxaca, en cumplimiento al artículo 12, párrafo 4 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, vigente en ese momento.

CONSIDERANDO

1.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 29, párrafo 1; 30, párrafo 2 y 31, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimíentos Electorales, el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo que tiene como función estatal la organización de las elecciones; es autoridad en la materia, y sus actividades se rigen por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

2.

Que a fin de garantizar el efectivo ejercicio de las atribuciones de las autoridades electorales administrativas a nivel federal y local, el artículo 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en sus párrafos 1 y 2, establece que: O el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de su competencia, dispondrán lo necesario para asegurar el cumplimiento de dicha Ley y; i0 las autoridades federales, estatales y municipales deberán prestar la colaboración necesaria para el adecuado desempeño de las funciones de las autoridades electorales establecidas por la Constitución y dicha Ley.

3.

Que en aras de dotar de eficacia la disposición señalada en el considerando anterior, la misma Ley establece a través del artículo 449, párrafo 1, incisos a) como infracción de las autoridades y los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; de 3

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los órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público: la omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que le sea solicitada por los órganos del Instituto o de los Organismos Públicos Locales.

4.

Que aunado a lo anterior, el artículo 5 de la Ley referida establece que el Instituto Nacional Electoral se encuentra facultado para aplicar e interpretar las disposiciones legales electorales en el ámbito de su competencia.

5.

Que el artículo 30, numeral 1, incisos a), d), e), f) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que el Instituto Nacional Electoral tiene como fines contribuir al desarrollo de la vida democrática; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; así como llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática.

6.

Que con el objeto de garantizar el cumplimiento de los fines señalados, el artículo 35 de la misma Ley establece que el Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto Nacional Electoral y, en atención a ello, le confiere la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como velar que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto.

7.

Que en armonía con lo anterior, el artículo 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales determina que entre las atribuciones del Consejo General se encuentran las relativas a: O conocer las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que corresponda en términos de dicha Ley y; i0 dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones de conformidad con lo previsto en el artículo y la ley referida, así como en otra legislación aplicable.

8.

Que respecto de la materia del presente Acuerdo, debe señalarse que el principio de imparcialidad que debe regir el servicio público fue incorporado al sistema electoral vigente con el objeto de impedir el uso del poder público:

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0 a favor o en contra de cualquier partido político o candidato a un cargo de elección popular y; i0 para la promoción personalizada de servidores públicos con fines electorales. En atención al objeto referido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece a través de su artículo 134, párrafo séptimo que los servidores públicos de la Federación, los Estados, los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

9.

Que íntimamente relacionado con lo anterior, el artículo 134, primer párrafo de la Constitución, establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

10. Que el artículo 41, Base III, Apartado C, segundo párrafo de la Constitución, establece que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Estableciendo al respecto, como excepciones únicas las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

11. Que de conformidad con el principio de imparcialidad constitucional, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece como infracciones en el artículo 449, párrafo 1, incisos b), c) y e) que las autoridades y los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; de los órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:

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La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea

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solicitada por los Órganos del Instituto o de los Organismos Públicos Locales; y ii)

La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;

iii) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido en el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución, cuando la conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales y; iv) La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal y municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato.

12. Que a través de las disposiciones constitucionales y legales referidas en los considerandos anteriores, el sistema político-electoral vigente prevé la prohibición absoluta de utilizar parcialmente los recursos públicos en beneficio de un partido político o en detrimento de algún contendiente electoral. La vigencia plena del principio de imparcialidad cobra particular relevancia en el marco de los Procesos Electorales Federales y locales, dado que su violación puede causar una afectación irreparable a los bienes jurídicos que las autoridades electorales deben tutelar, a saber, el principio de equidad que debe regir la competencia electoral y el ejercicio efectivo del derecho al voto libre, intrínsecamente relacionados.

13. Que por su parte, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en el artículo 7, establece como responsabilidad de los sujetos de dicha Ley ajustarse, en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones previstas en la misma, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público.

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14. En el mismo tenor, el artículo 8, fracción III de la Ley mencionada, establece que todo servidor público tendrá como obligación utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le hayan sido atribuidas para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, exclusivamente para los fines a que están afectos.

15. Que entre los recursos que los servidores públicos tienen bajo su encargo y, en consecuencia, deben aplicarse con imparcialidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, se encuentran los asociados a la prestación de bienes y servicios contenidos en los programas sociales previstos para garantizar los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Desarrollo Social y la Política Nacional de Desarrollo Social.

16. Que en atención a la relevancia que los programas sociales tienen para la garantía y ejercicio de los derechos sociales, la Ley General de Desarrollo Social establece a través de su artículo 18 que tanto dichos programas, como los fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés público. Al respecto, precisa en el artículo 19 que son prioritarios y de interés público, los programas: O de educación obligatoria; las campañas de prevención y control de enfermedades transmisibles y los programas de atención médica; dirigidos a las personas en condiciones de pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad; iv) dirigidos a zonas de atención prioritaria; v) y acciones públicas para asegurar la alimentación y nutrición materno-infantil; vi) de abasto social de productos básicos; vil) de vivienda; viii) fondos públicos destinados a la generación y conservación del empleo, a las actividades productivas sociales y a las empresas del sector social de la economía, y; ix) obras de infraestructura para agua potable, drenaje, electrificación, caminos y otras vías de comunicación, saneamiento ambiental y equipamiento urbano.

17. Que respecto de lo anterior, es importante tomar en consideración que el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece que el Presupuesto de Egresos de la Federación señalará los programas a través de los cuales se otorguen subsidios y aquellos programas que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia.

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Asimismo, dicha disposición señala el procedimiento y plazos a través del cual las dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas, solicitarán la autorización respecto a la pertinencia e idoneidad de las reglas de operación de los programas nuevos, así como las modificaciones a las reglas de programas vigentes a su cargo, para que posteriormente las publiquen en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 31 de diciembre anterior al ejercicio y, en su caso, deberán inscribir o modificar la información que corresponda en el Registro Federal de Trámites y Servicios, de conformidad con el Título Tercero A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

18. Que la Ley General de Desarrollo Social establece a través de su artículo 26, que el Gobierno Federal deberá elaborar y publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de los programas de desarrollo social y, en términos de lo previsto en el artículo 4 de la Ley referida, los gobiernos de las entidades federativas deben realizar la publicación de las reglas de operación de los programas sociales cuya ejecución está bajo su responsabilidad en los periódicos oficiales respectivo; y mediante su artículo 28, que la publicidad y la información relativa a dichos programas deberá identificarse con la leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social".

19. Que en el manual de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 en su anexo 10, se define el catálogo de programas sujetos a reglas de operación 2015, mismo que comprende los programas sujetos a reglas de operación que se establecen como tales en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015.

20. Que así mismo en los Presupuestos de Egresos de las entidades federativas y el Distrito Federal, igualmente se establecen reglas de operación para los distintos programas sociales que operan las entidades.

21.

Que en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015 esta autoridad ha tenido conocimiento de diversas solicitudes y quejas relacionadas con la ejecución de programas sociales, en las que se refiere que los mismos están siendo utilizados con fines distintos a su objeto, en detrimento del principio de equidad que debe regir la competencia electoral.

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22.

Que para tutelar la plena vigencia tanto del derecho al voto libre, como el principio de equidad que debe regir la competencia electoral, es indispensable que se cumpla con el principio de imparcialidad en el ejercicio del servicio público, en particular, durante los procesos electorales. En atención a ello y a lo señalado en el considerando anterior, resulta necesario establecer un Acuerdo a través del cual se solicite el apoyo y colaboración de quienes fungen como titulares del Ejecutivo a nivel federal, local, municipal y delegacional, con el objeto de garantizar que los bienes, servicios y recursos de los programas sociales se apeguen a su objeto y las reglas de operación establecidos.

23. Que los Artículos 7, fracciones III, IV y V; 19, fracción XI; 21, 59, 61, 62, 64 y 74 de la Ley General de Protección Civil, el Artículo 3 de las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales, y en específico el Acuerdo que establece los Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias (FONDEN), definen los criterios, requisitos, procedimientos y en particular, los suministros de auxilio y asistencia que ante situaciones de emergencia y de desastre, se pueden proporcionar de manera inmediata y oportuna ante las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población, generadas ante la inminencia, la alta probabilidad u ocurrencia de un fenómeno natural perturbador, mismos que podrán realizarse con el apoyo de los medios, tecnologías y sistemas disponibles, para efectos de coadyuvar en la atención de la población y la mitigación de los efectos de los desastres naturales.

Que en este sentido, los bienes y servicios que proporcionen a la población los diferentes órdenes de Gobierno, con el objeto de atenuar o resolver los efectos causados por desastres naturales, no estarán sujetos a ninguna restricción respecto a su entrega y distribución, incluso durante el Proceso Electoral, siempre y cuando cumplan con lo dispuesto en el párrafo que antecede y se apeguen a las normas para garantizar el uso imparcial de los recursos públicos.

24.

Que el objeto que persigue el presente Acuerdo, parte del reconocimiento de lo siguiente: i)

El Instituto Nacional Electoral, en el ámbito de sus competencias, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 9

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humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y progresividad. Ello, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 1° constitucional. ii)

El principio de interdependencia, consiste en que todos los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, de forma tal que la garantía y el respeto, o bien la trasgresión de alguno de ellos, invariablemente impacta en otros derechos. Es decir, unos derechos tienen efectos sobre otros, de ahí que resulte indispensable una visión integral de su tutela.

iii) La Constitución reconoce el derecho al voto de los ciudadanos como un derecho humano. Por ello, esta autoridad en términos de lo establecido en el artículo 1° constitucional está obligada a interpretar las normas relativas al mismo favoreciendo en todo momento su protección más amplia.

Al respecto, debe señalarse: por una parte, que la tutela del derecho al voto está intrínsecamente relacionada con el cumplimiento de los fines del Instituto, en particular, contribuir al desarrollo de la vida democrática, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio y; por otra, que las elecciones libres y auténticas, tienen como sustento indispensable que el voto sea universal, libre, secreto y directo. iv) Del mismo modo, la Constitución reconoce los derechos sociales como derechos humanos que deben recibir la tutela más amplia. En ese sentido, y tomando en consideración que la Ley General de Desarrollo Social establece que los programas sociales tienen como objeto favorecer el ejercicio de los derechos sociales, resulta necesario garantizar su protección, evitando que sus bienes, servicios y recursos se vinculen a cualquier partido político y utilicen para fines distintos al desarrollo social. v) El principio de imparcialidad que debe regir el ejercicio del servicio público está previsto: tanto en el sistema electoral vigente —de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

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y las leyes electorales locales— como un elemento fundamental para garantizar el principio de equidad en la competencia electoral y el ejercicio del voto libre en el marco de la celebración de los procesos electorales; como en el ámbito administrativo que regula el efectivo cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos —a través de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos—. En ambos casos, su incumplimiento está previsto como una infracción, que debe ser investigada y sancionada en los términos de la normatividad aplicable. vi) En atención al principio de interdependencia, la tutela efectiva del derecho al voto y los derechos sociales —vinculados a la ejecución de los programas sociales—, requiere la actuación conjunta y colaboración de las autoridades responsables de su protección, en el marco de los procesos electorales federal y locales en curso. Ello, a fin de implementar las medidas necesarias para garantizar que la ejecución de los programas sociales, a través de sus bienes, servicios y recursos, se apegue en todo momento a su objeto y reglas de operación, evitando su uso con fines electorales, en cumplimiento del principio de imparcialidad que rige el servicio público.

En atención a lo anterior, para efectos de la tutela del principio de imparcialidad en el ámbito electoral, competencia de esta autoridad, se considera, por un lado, que la ejecución y reparto de los bienes, servicios y recursos de los programas sociales con estricto apego a las reglas de operación publicadas constituye un indicio de que los mismos no son utilizados con fines electorales —toda vez que la naturaleza de la constitución y operación de dichos programas atiende a favorecer el ejercicio de los derechos sociales.

Por otro lado, se considera que la ejecución y reparto de los bienes, servicios y recursos relativos a programas sociales que no cuentan con reglas de operación publicadas en los términos que establece la normatividad aplicable o que no se ciñan estrictamente a las mismas — en caso de que exista su publicación— representan un indicio para considerar que su uso puede tener fines electorales y, en consecuencia, constituir la actualización de la infracción en materia electoral prevista en el artículo 449, párrafo 1, inciso e) de la LGIPE, en relación con la

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violación al principio de imparcialidad previsto en el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución. vil) En atención a lo anterior, resulta necesario que el Instituto Nacional Electoral —como órgano del Estado responsable de tutelar el derecho al voto libre y la equidad en la competencia electoral—, solicite el apoyo y la colaboración de quienes fungen como titulares del Poder Ejecutivo en los ámbitos federal, local, municipal y delegacional, a fin de que implementen las medidas necesarias para que la ejecución de los programas sociales bajo su responsabilidad se ajuste al objeto y reglas de operación establecidas, evitando en todo momento, su vinculación con algún partido político o candidato, y utilización para un fin distinto al desarrollo social, en el marco de los Procesos Electorales Federales y locales en curso. Lo anterior, en términos de lo previsto en el artículo 449, párrafo 1, incisos a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. viii)Que para favorecer su efectividad, resulta pertinente promover la celebración de convenios con las dependencias y entidades en los tres órdenes de gobierno, con la finalidad de prevenir y evitar que los bienes, servicios y recursos de los programas sociales bajo su responsabilidad se utilicen con fines electorales, en el marco del Proceso Electoral Federal y Procesos Electorales Locales en curso. ix) Que en el mismo sentido, este Instituto debe implementar acciones en otros ámbitos que contribuyan al objeto que persigue este Acuerdo. Por lo tanto, se buscará como parte de la Campaña de Participación Ciudadana reforzar la Subcampaña de Promoción del Voto Libre y Secreto en aquellas entidades que resulte necesario de acuerdo con el "Estudio Censal de la Participación Ciudadana en las Elecciones Federales de 2012".

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 4, 5, 29, párrafo 1, 30, párrafo 1, incisos a), d), e), f) y g) y párrafo 2, 31, párrafo 1, 35 y 44, párrafo 1, incisos jj) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emite el siguiente:

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ACUERDO

PRIMERO.- Se solicita la colaboración y apoyo de quienes fungen como titulares del Ejecutivo Federal, los Ejecutivos Locales, Presidentes Municipales y Jefes Delegacionales para que implementen las medidas necesarias para garantizar que la ejecución y reparto de los bienes, servicios y recursos de los programas sociales bajo su responsabilidad, se apegue a su objeto y reglas de operación 2015 —publicadas en el Diario Oficial de la Federación o los periódicos oficiales correspondientes—, evitando en todo momento, su uso con fines electorales en el marco del Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales 20142015.

SEGUNDO.- En términos de lo previsto en el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución, en relación con el artículo 449, párrafo 1, incisos b), c) y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se considera que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada comicial, la inclusión de elementos visuales, auditivos, imágenes, nombres, lemas, frases, expresiones, mensajes o símbolos que conlleven velada, implícitamente o explícitamente la promoción de un gobierno o sus logros en el marco de la ejecución y/o entrega de los bienes, servicios y recursos de los programas sociales, puede ser contrario al principio de imparcialidad y, en consecuencia, podría afectar la equidad y el efectivo ejercicio del derecho al voto libre.

TERCERO. En términos de lo previsto en los artículos 4 y 26 de la Ley General de Desarrollo Social, el gobierno federal debe ordenar y publicar en el Diario Oficial de la Federación, las reglas de operación de los programas de desarrollo social y los gobiernos de las entidades federativas en sus respectivos periódicos oficiales.

Para efectos de la materia electoral se considera que la ejecución y reparto de los bienes, servicios y recursos relativos a programas sociales que no cuentan con reglas de operación publicadas en los términos que establece la normatividad aplicable o que no se ciñan estrictamente a las mismas, representan un indicio para considerar que su uso pudiera tener fines electorales y, en consecuencia, pudiera constituir la actualización de la infracción prevista en el artículo 449,

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párrafo 1, inciso e) de la LGIPE, en relación con la violación al principio de imparcialidad establecido en el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución.

CUARTO. En términos de lo previsto en el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución, en relación con el artículo 449, párrafo 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se considera que la regulación, modificación y utilización del padrón de personas beneficiarias de los programas sociales con fines y en términos distintos a los establecido en las reglas de operación aplicables, con el objeto de promocionar a cualquier gobierno, partido político o candidato en el marco del Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales 2014-2015, es contraria al principio de imparcialidad y, en consecuencia, afecta la equidad y el efectivo ejercicio del derecho al voto libre.

QUINTO.- Que en términos de los establecido en el Considerando 23 del presente Acuerdo, los bienes y servicios que proporcionen a la población los diferentes órdenes de Gobierno, a través del FONDEN, con el objeto de atenuar o resolver los efectos causados por desastres naturales, no estarán sujetos a ninguna restricción respecto a su entrega y distribución, incluso durante el Proceso Electoral, siempre y cuando cumplan con el principio de imparcialidad previsto en el párrafo séptimo del artículo 134 constitucional.

SEXTO.- Se promoverá la celebración de convenios con las dependencias y entidades en los tres órdenes de gobierno, con la finalidad de prevenir y evitar que los bienes, servicios y recursos de los programas sociales bajo su responsabilidad se utilicen con fines electorales, en el marco de los Proceso Electoral Federal y Procesos Electorales Locales en curso.

SÉPTIMO.- Como parte de la Campaña de Participación Ciudadana del Instituto, se buscará fortalecer en aquellas entidades que resulte necesario —de acuerdo con el "Estudio Censal de la Participación Ciudadana en las Elecciones Federales de 2012"— la Subcampaña de Promoción del Voto Libre y Secreto.

OCTAVO.- En el caso de que esta autoridad tenga conocimiento de indicios relativos a la utilización de la ejecución y reparto de los bienes, servicios y recursos asociados a programas sociales de los tres órdenes de gobierno con fines electorales, iniciará un procedimiento ordinario sancionador —a través de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral— y, en caso de que éstos pudieran

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constituir algún delito en materia electoral, dará vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

NOVENO.- Las quejas y denuncias por violaciones al principio de imparcialidad con motivo de la aplicación, ejecución y reparto de bienes, servicios y recursos relativos a programas sociales, serán radicadas y sustanciadas como procedimientos ordinarios sancionadores, en términos de lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

DÉCIMO.- Los servidores públicos de cualquier orden de gobierno tienen prohibida la ejecución y reparto de los bienes, servicios y recursos asociados a programas sociales, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier candidato, partido político o coalición.

Para efecto de lo anterior: O se entenderá por coacción del voto el uso de la fuerza física, violencia, amenaza o cualquier tipo de presión o condicionamiento ejercido sobre los electores a fin de inducirles a la abstención o a sufragar a favor o en contra de un candidato, partido político o coalición y; ii) se considera la compra del voto una especie de coacción a la voluntad del electorado que consiste en la acción de entregar, condicionar u ofrecer la entrega de dinero, o cualquier tipo de recompensa o dádiva a los electores a fin de inducirles a la abstención o a sufragar a favor o en contra de un candidato, partido político o coalición.

DÉCIMO PRIMERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo disponga de las medidas conducentes para la difusión del contenido del presente Acuerdo a quienes fungen como titulares del Ejecutivo Federal, los Ejecutivos Locales, los Ejecutivos Municipales y Delegacionales.

DÉCIMO SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo disponga de las medidas conducentes para solicitar a quienes fungen como titulares del Ejecutivo Federal, los Ejecutivos Locales, los Ejecutivos Municipales y Delegacionales la información relativa a las medidas implementadas para dar cumplimiento al presente Acuerdo, así como para informar oportunamente al Consejo General al respecto.

DÉCIMO TERCERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación.

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DÉCIMO CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Electoral del Instituto Nacional Electoral.

El presente Acuerdo fue aprobado en lo general en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 25 de febrero de dos mil quince, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, Licenciado Javier Santiago Castillo y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

Se aprobó en lo particular el Considerando 8, por siete votos a favor de los Consejeros Electorales, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, Licenciado Javier Santiago Castillo y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y cuatro votos en contra de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera y Maestra Beatriz Eugenia Galindo Centeno.

Se aprobó en lo particular el Considerando 10, por nueve votos a favor de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, Licenciado Javier Santiago Castillo y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez y Maestra Beatriz Eugenia Galindo Centeno.

Se aprobó en lo particular el Considerando 11, inciso i), por diez votos a favor de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, Licenciado Javier Santíago Castillo y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

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Se aprobó en lo particular el Considerando 11, incisos ii) e iii), por nueve votos a favor de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, Licenciado Javier Santiago Castillo y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez y Maestra Beatriz Eugenia Galindo Centeno.

Se aprobó en lo particular el Considerando 17, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, Licenciado Javier Santiago Castillo y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

Se aprobó en lo particular el Considerando 18, por nueve votos a favor de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, Licenciado Javier Santiago Castillo y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez y Maestra Beatriz Eugenia Galindo Centeno.

Se aprobó en lo particular el Considerando 23, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, Licenciado Javier Santiago Castillo y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

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Se aprobó en lo particular el Considerando 24, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, Licenciado Javier Santiago Castillo y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

Se aprobó en lo particular el Punto de Acuerdo Segundo, por seis votos a favor de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Benito Nacif Hernández, Licenciado Javier Santiago Castillo y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y cinco votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestra Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez.

Se aprobó en lo particular el Punto de Acuerdo Tercero, por diez votos a favor de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, Licenciado Javier Santiago Castillo y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Maestra Beatriz Eugenia Galindo Centeno.

Se aprobó en lo particular el Punto de Acuerdo Cuarto, por seis votos a favor de los Consejeros Electorales, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, Licenciado Javier Santiago Castillo y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y cinco votos en contra de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra Beatriz Eugenia Galindo Centeno y Doctor Benito Nacif Hernández.

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Se aprobó en lo particular el Punto de Acuerdo Quinto, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, Licenciado Javier Santiago Castillo y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

EL CONSEJE ENTE DEL NSEJO GENERA

EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA

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