ICA, DELITOS ECONÓMICOS, Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. tidad creada para frenar el avance del comunismo en el mundo, con entusiasta apoyo financiero de las grandes corporaciones. Como presidente del Comité 40, Kissinger puso en marcha –con la CIA como ejecutora– la conspiración que derivó en el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y la extensa y sangrienta dictadura de Augusto Pinochet. Un mes después del golpe, la Academia Sueca les otorgó a Kissinger y Le Duc Tho el Premio Nobel de la Paz, por el alto el fuego –que poco duraría– en la guerra de Vietnam. El líder vietnamita rechazó el galardón. D . La dictadura argentina tuvo aliados internacionales más discretos. Su superministro de Economía y jefe civil, José Alfredo Martínez de Hoz, de origen oligárquico y aceitados contactos con el capital trasnacional, fue el encargado de gestionarlos. “Contrarrestar la acción psicológica emprendida por intereses y grupos extranacionales, dirigida contra el prestigio de la Nación Argentina en el exterior”, ordenaba el decreto 960, firmado por Jorge Rafael Videla el 17 de junio de 1976, con el que el gobierno de facto intentó contrarrestar las denuncias por las violaciones a los derechos humanos en el país. Para ello era necesario recurrir a “sectores y grupos de poder de los más importantes países del mundo desde el punto de vista de su poder político, económico y financiero”. Concretamente, agencias de publicidad y relaciones públicas que tuvieran influencia en los grandes medios de comunicación y complementaran la tarea propagandística del Centro Piloto París. Al principio se recurrió a la agencia argentina Diálogo, pero el grueso de la tarea recaería en la multinacional estadouni-
dense Burson-Masteller, que según el contrato del 11 de enero de 1978 debía realizar en el exterior “una labor de información, asesoramiento y difusión de la actividad económica argentina y de su desenvolvimiento, cuyos objetivos primordiales serán la promoción de las inversiones externas en la República Argentina”(3). Por ese servicio, a desarrollarse en EEUU, el Reino Unido, Japón, Bélgica, Holanda, México, Colombia y Canadá, la agencia recibió 848.000 dólares, cifra equivalente a cuatro millones U$S actuales. “Los asuntos del terrorismo y de los derechos humanos, el alegado antisemitismo y represión y el aislacionismo deben llamarse a reposo si la Argentina ha de tomar su legítima posición en el mundo”, sostenía el diagnóstico de Burson-Masteller, previo al inicio de su trabajo que incluyó la creación del famoso slogan: “Los argentinos somos derechos y humanos”. Es la agencia que Mauricio Macri contrató en 2004, cuando siendo presidente de Boca Juniors quiso mejorar la imagen y recaudación del club. “La movida incluía el lanzamiento de Boca como marca comercial de productos, actos televisados para el remate de palcos VIP de La Bombonera, y un ‘Fondo Común Cerrado Boca Juniors’ que recibiera aportes, cotizara en la Bolsa y supuestamente diera ganancia a los arriesgados aventureros que pusieran un billete”, relata una nota del diario Tiempo Argentino (4). En 2007, el actual presidente volvió a recurrir a Burson-Masteller para que lo asesorara en su carrera por la Jefatura del Gobierno porteño. ¿P C ? Detrás de las cortinas de humo, se despliega camuflado de lucha contra la corrupción lo que parece ser un recurso para consolidar el
MILAGRO SALA • LA CRISIS DEL ESTADO DE DERECHO | Por A. O.
La presa política del macrismo El Día del Trabajador cumplió días presa Milagro Sala, la líder de la Tupac Amaru, organización creada durante la debacle social de , que actualmente cuenta con setenta mil afiliados en Jujuy y otras quince provincias. Desde el de enero, a pedido de la fiscal Liliana Fernández de Montiel, el juez Raúl Gutiérrez y su reemplazante Gastón Mercau la privaron de su libertad por “instigación a cometer delitos y tumulto”, como líder del acampe de protesta contra el gobernador radical Gerardo Morales por el corte del pago de los planes sociales encubierto tras el “plan de transparencia” que impulsaba su bancarización. El de enero se le notificó el cese de su detención por el acampe, pero el Poder Judicial de Jujuy la mantuvo presa con una nueva imputación: “Fraude a la Administración Pública, asociación ilícita y extorsión”. En un artículo publicado en Página , Horacio Verbitsky reveló que el secretario de derechos humanos de la Nación, Claudio Avruj, envió en febrero pasado a dos de sus colaboradores a entrevistarse con Sala y sugerirle que “solicitara la detención domiciliaria, antes de que Macri viajara a Italia para su audiencia de ayer (por el de febrero) en el Vaticano. Esta es una implícita confesión del control que tiene el gobierno nacional sobre las decisiones de la justicia jujeña”. Como era de prever, “Sala no aceptó la extorsión”. Además, citaba un informe de la Procuraduría
contra la Violencia Institucional (Procuvin), que describía una decena de irregularidades y arbitrariedades procesales cometidas en perjuicio de la dirigente. Ante ese cuadro, el fiscal general Miguel Angel Palazzani y su adjunto José Nebbia dictaminaron que Sala es “víctima de la peor violencia: la violencia institucional, que proviene precisamente del último refugio que puede encontrar un ciudadano frente al poder estatal: los jueces y los fiscales. Cuando es justamente ese poder estatal el que comete la ilegalidad y ejerce violencia, el desamparo es absoluto”. El agravante adicional de que se trata de una diputada electa del Parlamento del Mercosur convierte a Milagro Sala en una presa política, tal como han denunciado numerosas organizaciones sociales, de derechos humanos y referentes políticos del país y el exterior. Tres días antes de que Cristina Fernández declarara en la Justicia Federal porteña en la causa por el “dólar futuro”, Milagro le envió una carta desde la cárcel de mujeres de Alto Comedero, que terminaba así: “Nosotros seguiremos militando desde el lugar que nos toque, la cárcel o la calle, siempre con la cabeza en alto, con la tranquilidad de poder ver a nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros compañeros, como Vos y Néstor nos enseñaron, con dignidad y con coherencia. Fuerza y a no aflojar que nosotros no aflojamos. Te quiero mucho”.
El diario de los Juicios en Córdoba | Año VIII · Nº 55
“Los Panamá Papers y su contrapeso 'la ruta del dinero K' instalan a la corrupción como 'el tema' de debate, obturando una discusión de fondo sobre proyectos políticos pensados para distribuir riqueza o concentrarla”. retorno de la derecha neoliberal en Latinoamérica: la persecución penal a quienes lideraron o lideran gobiernos populares y una integración regional autónoma. El llamado ‘Plan Cóndor judicial’ incluye en Brasil la imputación al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva de ocultación de patrimonio y lavado de dinero en la causa Petrobras y el juicio político a la actual presidenta Dilma Russef, acusada de disi-
mular el déficit fiscal; en la Argentina, la investigación a Cristina Fernández por las causas “dólar futuro” y Hotesur, además de las pesquisas al contratista Lázaro Báez, señalado como testaferro del matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner. Y no parece casual que los latiguillos del “megaescándalo Petrobras” y “la ruta del dinero K” convivan en los zócalos televisivos y en los titulares de diarios con el “régimen autoritario” y la “crisis terminal” de Nicolás Maduro, jaqueado por un virulento embate opositor en Venezuela. En estos casos, ¿el Poder Judicial actúa con independencia y apego a las pruebas? ¿El aporte del periodismo a estas causas es genuino o se trata de campañas mediáticas disfrazadas de periodismo investigativo? ¿No existen motivaciones revanchistas en estos poderes corporativos (judicial y mediático) cuyos privilegios se intentó eliminar o al menos poner en debate en los años recientes? ¿No campea un ánimo de ‘ahora o nunca’ para aprovechar a fondo la coyuntura política y confinar los proyectos emancipadores en el descrédito social y si es posible en una celda? La historia responderá. Notas: 1) So reagiert Argentiniens Staatspräsident (Así respondió el presidente argentino), Boris Herrmann en diario Süddeutsche Zeitung, Alemania, //. 2) Explaining the Panama Papers, or, why does a dog lick himself? (Explicación del Panamá Papers, o, ¿por qué un perro se lame solo?), Slavoj Zizek en revista Newsweek, EEUU, //. 3) La verdadera campaña antiargentina, artículo de Martín Granovsky basado en la investigación de la ex funcionaria de la Cancillería María Teresa Piñero, diario Página|, //. 4) Los creadores de la propaganda de la dictadura asesoran a Macri, Tiempo Argentino, //.
BURSON-MASTELLER • LA COLABORACIÓN EMPRESARIAL | Por A. O.
Los publicistas del terror Creada en por Harold Burson y Bill Marsteller, la agencia de “comunicaciones integradas” Burson-Marsteller ha resuelto problemas de imagen y financiamiento a miles de poderosos clientes, entre ellos dos notorios casos argentinos: la dictadura de Jorge Rafael Videla y el Boca Juniors de Mauricio Macri. Para su libro Un léxico del terror, la investigadora de la Universidad de Harvard, Marguerite Feitlowitz, entrevistó a Victor Emmanuel, el ejecutivo de Burson-Marsteller a cargo de promover la dictadura argentina en el mundo. “La violencia era necesaria para abrir la economía proteccionista, estatista. Nadie, pero nadie, invierte en un país envuelto en una guerra civil”, le confesó Emmanuel. “Muchas personas inocentes probablemente fueron asesinadas”, pero “dada la situación, se requería una inmensa fuerza”, completó. La multinacional que desde hace años opera en países y seis continentes nunca afrontó consecuencias jurídicas por su colaboración con la dictadura argentina, que permitió financiar el plan sistemático de eliminación de opositores políticos. “Analizar el rol cómplice –y en especial el nexo causal entre las contribuciones corporativas y las violaciones de derechos humanos– de las empresas en la Argentina requiere prestar atención a los factores políticos, sociales y económicos que le permitieron a la Junta Militar dar el golpe, pros-
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perar, consolidarse y sobrevivir mientras ejecutaba su plan”, propone Juan Pablo Bohoslavsky en su ensayo Responsabilidad por complicidad corporativa. “Si se observa cómo se redistribuyó el producto nacional durante la dictadura y la evolución del presupuesto militar, es posible entender, por un lado, por qué numerosos empresarios y sus asociaciones gremiales declaraban públicamente su apoyo al régimen y, por otro lado, cómo la ayuda económica al Estado facilitaba una política presupuestaria represiva eficaz”, explica el autor. En ese texto, Bohoslavsky también describe la cordillera de obstáculos que debe escalar el derecho internacional para sancionar la complicidad empresarial en casos de terrorismo de Estado. Tan empinada que a veces resulta imposible de escalar y termina motivando otras opciones. El de diciembre de , el filósofo y matemático estadounidense Theodore Kaczynski asesinó con una carta bomba a Thomas J. Mosse, un ejecutivo de Burson-Masteller. En una carta al diario New York Times, el Unambomber explicó que el atentado obedecía a que la compañía “ayudó a la Exxon a limpiar su imagen pública luego del desastre del (buque petrolero) Exxon Valdez (la catástrofe ambiental causada por el derrame de millones de litros de crudo en Alaska, el de marzo de )”, y porque “su negocio es el desarrollo de técnicas para manipular la posición de las personas”.