EL DIARIO DE LOS JUICIOS EN CÓRDOBA
DEDICADO A LA MEMORIA DE EMI VILLARES DE D’AMBRA
A IX · N 58 · M 2017
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Dos caras de la misma moneda EL PODER JUDICIAL Y SU RELACIÓN CON EL TERRORISMO DE ESTADO MIENTRAS LA CORTE SUPREMA DICTA UN ESCANDALOSO FALLO QUE NIEGA LA JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL Y SUPONE UNA AMNISTÍA ENCUBIERTA PARA GENOCIDAS, SE POSTERGA NUEVAMENTE EL JUICIO QUE DEBE SENTAR EN EL BANQUILLO A MIEMBROS DE LA JUSTICIA FEDERAL CORDOBESA POR SU RESPONSABILIDAD EN LA DICTADURA.
EDITORIAL
Estar siempre en las calles
LOS JUICIOS POR DENTRO
LA CRISIS ECONÓMICA SE EXPRESA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS
Pino Cano: el juicio que terminó en absolución
Conflictividad y movilización social
Ante la amenaza de que los represores vuelvan a sus casas, el movimiento de DDHH se activa para evitar que se lleven puesto lo que tanto costó construir... C P 2
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Comenzó el juicio contra la represión de 2001
Las amenaza represiva “El neoliberalismo económico presupone en los países llamados periféricos la aniquilación del liberalismo político”. P D T · Página
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EN MARZO Y ABRIL LA SOCIEDAD VOLVIÓ A LAS CALLES. EL 24/03 CIENTOS DE MILES MARCHARON EN TODO EL PAÍS POR MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA. A ESA CONSIGNA HISTÓRICA SE SUMA EL RECLAMO POR LA CONTINUIDAD DE LOS JUICIOS Y POR NO RETROCEDER EN LAS CONQUISTAS LOGRADAS. Pág · P C P
EL JUICIO POR DENTRO
EDITORIAL
Siempre en las calles Luego de un tiempo y con algunas heridas estamos nuevamente en la calle. Hace pocos días murió Emilia Villares de D'Ambra. Era 'La Emi', nuestra secretaria ejecutiva que, con 87 años, se nos fue dejando un legado inconmensurable. Una compañera militante de esas que marcan el pulso de los procesos de una institución. Si estuviera aquí, Emi habría compartido nuestra indignación por el vergonzoso fallo que acaba de dictar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que pone en riesgo la seguridad ciudadana permitiendo que muchos genocidas ya condenados reduzcan sus penas carcelarias y vuelvan a sus casas. El movimiento de Derechos Humanos argentino ha conseguido logros reconocidos en todo el mundo. Y lo ha hecho sin ánimo de venganza, reclamando justicia por los canales democráticos que marca la Constitución. Una victoria del conjunto de la sociedad que ahora debe soportar esta artimaña judicial ideada por tres jueces de la Corte, desconociendo el trabajo que miles y miles de personas desarrollaron en Argentina y en el mundo para evitar la impunidad. Transitamos tiempos de pérdidas. Todos los días vemos cómo se avanza contra derechos conquistados. Pero estos 40 años de lucha nos han fortalecido. Ya no marchamos en soledad. Acompañamos y nos acompañan cada una de las luchas sociales. El movimiento de DDHH ha promovido y alimentado la organización de quienes son víctimas de injusticias sociales: los trabajadores, las víctimas de la violencia institucional y de género, los campesinos y la educación pública… Resultan incontables los procesos de lucha a los que asistimos. Son la garantía para sostener los ideales de Memoria, Verdad y Justicia. No como slogan ni consigna, sino como la única alternativa para que los embates de este modelo de destrucción y vaciamiento no se lleve puesto lo que tanto costó construir. El propósito que tiene el poder concentrado es claro: sometimiento económico, privatizaciones, compra indiscriminada de armas, persecuciones, inflación, desocupación y presos políticos. Junto a sus aliados del Norte, lo que se pretende es el estallido de la región, para seguir concentrando su poder y sus riquezas. Pero no les resultará fácil tanta destrucción. Por la memoria de Emi D'Ambra y por la de todas nuestras viejas luchadoras, aquí nos encontrarán resistiendo. Estaremos con el mismo compromiso de siempre, con todos y todas seguiremos exigiendo, organizados y en las calles.
Mayo de 2017 | Será Justicia
AMPLIO RECHAZO A UN FALLO ESCANDALOSO • HABILITÓ LA APLICACIÓN DEL 2X1 EN CONDENAS DE LESA HUMANIDAD
La Corte Suprema beneficia a genocidas En un fallo tan peligroso como polémico, la Corte Suprema de Justicia declaró aplicable el beneficio del ‘2x1’ para las penas de prisión en un caso de delitos de lesa humanidad. Se trata de la ley 24.390, que tuvo vigencia entre 1994 y 2001 y hoy se encuentra derogada. Lo preocupante es que esta decisión reduce el cómputo de prisión para un delito permanente como es el de lesa humanidad. La situación produjo una rápida respuesta de los organismos de DDHH, de los familiares de víctimas del terrorismo de Estado, además del rechazo mayoritario de la sociedad. También generó movimiento entre los propios represores, que ya comenzaron a buscar que la Justicia les aplique el beneficio. “Esta resolución equipara a los delitos de lesa humanidad con otros de menor cuantía”, dijo el juez Jaime Díaz Gavier –quien encabezó el tribunal del histórico juicio La Perla–, y aseguró que la decisión de la Corte “no es ajena a los tiempos que corren”. “Me parece significativa una votación tan ajustada, con dos jueces designados en tiempos de este nuevo gobierno y por otra jueza recientemente beneficiada con una disposición oficial de no apelar un fallo que permite continuar en el cargo después de los 75 años. Eso queda abierto a la interpretación política de
3 votos. Highton, Rosenkrantz y Rosatti a favor del 2x1.
cada uno”, dijo a Radio Universidad. Además, se refirió a Luciano Benjamín Menéndez, quien eventualmente podría ser uno de los represores que solicite este beneficio. El fallo del supremo tribunal tuvo la firma de Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Los dos últimos llegaron al máximo tribunal en 2016 con fuerte aval del oficialismo. Votaron en contra los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. El beneficio fue aplicado en el caso de Luis Muiña, exgendarme responsable de desapariciones y torturas en el Hospital Posadas, Morón. En 2011 Muiña fue condenado a 13 años de prisión. La aplicación del 2x1 significa que se le computarán doble los años que estuvo preso sin sentencia firme.
“La mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad, y la única manera de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba, es el estricto cumplimiento de las leyes y de los principios que caracterizan el Estado de Derecho”, justificaron Highton y Rosenkrantz a La Nación. Por su parte, Claudio Orosz, abogado de H.I.J.O.S y Familiares Córdoba, declaró: “Sin duda estamos ante un fallo escandaloso, que desconoce la jurisprudencia. Los Derechos Humanos con una política de Estado que hizo que el Nunca Más sea una realidad. Por ello, somos reconocidos en todo el mundo. No vamos a permitir este retroceso y si es necesario iremos a las cortes internacionales”. El 2x1 podría permitir que varios represores evadan el cumplimiento de sus condenas. Si bien el fallo fue dictado para aplicarse en el caso del exgendarme Muiña, podría sentar precedente para otros tribunales. Tal es el caso del represor Víctor Gallo, un excapitán del Ejército apropiador de bebés, quien apuró su pedido para acogerse al beneficio. En otro caso de renombre, el ex médico Luis Magnacco (conocido como “el obstetra” de la ESMA), también solicitó acogerse al 2x1, pero su pedido fue rápidamente rechazado.
EL ASESINATO DEL NIÑO DAVID MORENO • EN EL BANQUILLO NO ESTÁN LAS AUTORIDADES POLICIALES NI POLÍTICAS
Investigando la represión de 2001 S C D M 2001. David tenía 13 años cuando lo asesinó a escopetazos la Policía de Córdoba. Fue el 20 de diciembre de 2001, durante la brutal represión del Estado y las jornadas de protestas sociales que concluyeron con la renuncia del presidente Fernando De la Rúa. Quince años después del asesinato de David, la Justicia cordobesa sentó en el banquillo a tres uniformados de la Policía. Entre ellos, Hugo Ignacio Cánovas, acusado de haber disparado contra el pequeño. Además de Cánovas, son juzgadas las policías Alejandra Alán y Laura Freyre, imputadas por falso testimonio. No hay ninguna autoridad policial o política para responder sobre los hechos. Algunos fueron sobreseídos y otros ni siquiera fueron llamados a indagatoria. Los años de impunidad superaron ya la edad que tenía David cuando murió. El niño es una de las víctimas más jóvenes de la represión de 2001. El asesinato ocurrió la tarde del 20 de diciembre, cuando un grupo de vecinos se encontraba afuera del supermercado Minisol, en barrio Villa 9 de julio. A 2001. Como en la gran mayoría de los hoga-
Foto: Cobertura colaborativa “David Moreno Presente”.
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rales –con municiones de plomo. Cuando se desató la represión, David seguía en medio de la gente. “Escuché los disparos y corrí. Corrí sin mirar atrás, y no vi más a David”, declaró Edgar Martínez en el juicio, quien hoy tiene 29 años y es uno de sus amigos.
Quince años de impunidad. Los padres de David Moreno con las fotos de su hijo.
O Después del entierro de David, un abogado de la Provincia tocó la puerta de la vivienda familiar. Era Juan Carlos Bisoglio, en busca de “un acuerdo extrajudicial” que los padres del niño rechazaron. res argentinos, la crisis también había golpeado la puerta de los Moreno. “Había que trabajar todo el día para que a los chicos no les falte nada”, recuerda Luis, el papá de David. Hoy tiene 64 años, y junto a Rosa, de 63, exigen justicia. “No se va a condenar como corresponde, y nada va a subsanar el dolor que causó la pérdida de nuestro hijo”, afirma Rosa. David era el más pequeño de cuatro hermanos. Esa tarde había pedido permiso para salir a jugar. Iría a la pileta de un vecino, y luego, a la sala de juegos electrónicos del barrio. De regreso a
sus hogares, los chicos se quedaron mirando el tumulto de gente afuera del supermercado. Eran unos cincuenta vecinos que aguardaban allí a raíz de una supuesta promesa de bolsones de comida. No estaban solos: alrededor de ellos había uniformados de la Policía de Córdoba y también la Guardia de Infantería. La elevación a juicio indica que los disparos con las armas del Estado comenzaron luego de que el comisario Luis Omar Farías diera el sí para abrir el fuego. Los policías estaban armados con balas antitumulto –con municiones de goma– y de propósitos gene-
“L ”. La autopsia del cuerpo del niño reveló cinco disparos con balas de plomo y goma. Una de ellas impactó directo en el cráneo. El pequeño cayó entre la gente, en medio de una escena caótica de balas, gritos y corridas desesperadas. Nelly del Valle Zuliani vivía muy cerca del supermercado y pudo ver todo. “Lo vieron a David en el suelo y un policía gordito, pelado y canoso se sacó la gorra y dijo: «Nos mandamos un cagadón». Lo agarraron entre cuatro policías y lo tiraron como a un perro en la parte de atrás de un móvil”, declaró. David falleció en el dispensario del barrio, momentos después del tiroteo. Es una de las 36 víctimas fatales que dejó la represión de diciembre de 2001 en todo el país. En 2010, Farías fue sobreseído luego de pagar una multa de 750 pesos. La abogada de la familia del menor, Adriana Gentile, responsabilizó por la represión a José Manuel de la Sota y acusó al Poder Judicial de tanta dilación.
EL JUICIO POR DENTRO
El diario de los Juicios en Córdoba| Año IX · Nº 58
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OCTAVO JUICIO CONTRA EL TERRORISMO DE ESTADO EN LA PROVINCIA • LA CAUSA PINO CANO: UN DESPRENDIMIENTO DEL JUICIO A VIDELA
El juicio de lesa humanidad que absolvió a los tres imputados C 2017 . L P C 13 U1. S .
L . El proceso oral juzgó a tres ex militares: Víctor Pino Cano –ex jefe del Regimiento de Infantería Aerotransportada II–, Enrique Mones Ruiz –ex teniente– y Luis Alberto López –ex subteniente. Todos acusados de homicidio agravado. Los dos pri-
E La abogada querellante Lyllan Luque dialogó sobre la sentencia del Tribunal Federal: “Puede ser que las absoluciones no agraden mucho, pero son las reglas del juego y del Estado de Derecho. Si el Estado y las normas dicen que no se puede condenar, no se condena. Nosotros no ejercemos venganza, sino que aplicamos la ley para conseguir justicia”.
Satoshi Higa
Córdoba arrancó el 2017 con un nuevo juicio de lesa humanidad. La causa Pino Cano sentó en el banquillo de los acusados a tres ex militares por el fusilamiento de 13 presos políticos en la ex cárcel de barrio San Martín (UP1). Las víctimas fueron retiradas de la UP1 y luego asesinadas en 1976 en supuestos ‘intentos de fuga’. El juicio se extendió por más de un mes y medio, y se constituyó a partir de un desprendimiento de un proceso judicial anterior: el juicio Videla, que se desarrolló en Córdoba durante el año 2010 y condenó a prisión perpetua a dos de los máximos responsables del terrorismo de Estado, Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez. La causa Pino Cano fue el octavo proceso de lesa humanidad en Córdoba. Tuvo lugar en Tribunales Federales, donde el 25 de agosto del año pasado concluyó la histórica megacausa La Perla.
Todos absueltos. El tribunal, a cargo de Falcucci, consideró que el material probatorio no fue suficiente para fundar una sentencia.
meros ya contaban con una condena anterior, dictada en el marco del juicio Videla. Luis Alberto López llegó al banquillo de acusados como el único ex militar desafectado de acusaciones por delitos de lesa humanidad. En una decisión que no sorprendió demasiado a las partes, el Tribunal Oral Federal Nº1, a cargo de Julián Falcucci, José Vicente Muscará y José Quiroga Uriburu, absolvió a los tres imputados. Como cualquier juicio oral, el material probatorio es im-
prescindible al momento de fundar una sentencia. Incluso las partes –fiscalía y querellas–, habían solicitado absoluciones y penas bajas en la instancia de alegatos. Con la sentencia de los jueces, Pino Cano se convierte en la primera causa de lesa humanidad en Córdoba que finaliza sin ninguna condena. “En algunos casos habíamos pedido la absolución, porque no había certezas para fundar la sentencia”, dijo el abogado Claudio Orosz. También la abogada
querellante Lyllan Luque detalló que durante el juicio Videla los imputados fueron sobreseídos por los hechos en cuestión (el fusilamiento de los presos de la UP1) y esta fue la oportunidad para juzgarlos por esos casos en especial. “Hay que aclarar que dos de estas personas (Pino Cano y Mones Ruiz) estaban condenadas, hay una sola persona que fue absuelta”, señaló. Pino Cano y Mones Ruiz participaron de las audiencias a través de videoconferencia desde
EN 2010 FUE CONDENADO A PERPETUA • GUSTAVO ALSINA FUE BENEFICIADO CON DETENCIÓN DOMICILIARIA
En una decisión que provocó el rechazo de los organismos de derechos humanos, el represor Gustavo Alsina, condenado en 2010 a prisión perpetua y cárcel común por delitos de lesa humanidad, fue beneficiado con prisión domiciliaria. El ex teniente, conocido durante los años de terrorismo de Estado como ‘El Estaqueador’, volvió a su casa en el barrio de Olivos del partido de Vicente López, en Buenos Aires. Hasta entonces, cumplía su condena en el penal de Marcos Paz. No sólo los organismos mostraron su preocupación por la autorización que emitió la Cámara de Casación, también familiares de las víctimas del terrorismo de Estado manifestaron sentirse afectados por esta noticia. S . Marta Moukarcel, la hermana del médico y militante del PRT-ERP José René Moukarcel, estaqueado y asesinado en el patio de la ex cárcel de barrio San Martín (UP1), habló con Será Justicia sobre el regreso de Alsina a su hogar: “Desde el 9 de marzo que Alsina está con prisión domiciliaria. Nosotros nos enteramos un mes después, por los diarios”. El 14 de julio de 1976
Manuel Bomheker
El represor que salió de la cárcel y volvió a su casa
Malas compañías. Alsina, junto Menéndez en 2010.
su hermano fue estaqueado desnudo en uno de los patios de la UP1, y falleció al día siguiente. Tenía 26 años. “Cuando me enteré de que le habían dado domiciliaria, lloré como loca. Los fundamentos son insólitos”. Marta afirmó que la familia tiene miedo y recordó una situación de tensión en el marco del juicio Videla en 2010, donde fue
condenado Alsina: “El hermano me abordó en Tribunales, yo no lo conocía. Me dijo: «Usted, ¿qué es de Moukarcel? Yo soy hermano de Gustavo Adolfo Alsina». Cuando fue la visita a la cárcel con los jueces, el propio Alsina me miraba fijo todo el tiempo. A la salida, dije a los medios que a él no lo perdonaba ni Dios ni el diablo. Tiempo después, me llegó un mail de un familiar suyo hablándome de Dios, la religión y el perdón. Con estos antecedentes, tenemos miedo de que tomen venganza con nosotros”, dijo. Por su parte, Juan Decicco, hermano de Alicia Decicco –secuestrada y desaparecida en La Perla, y esposa de René Moukarcel–, comentó a Será Justicia: “Toda la familia está preocupada. El pretexto es absolutamente insignificante. Si la justicia no revierte esta decisión, se va a sentar un precedente peligroso en un tiempo político de retroceso con los derechos humanos”. El fiscal Javier Delucca interpuso un recurso extraordinario oponiéndose a la prisión domiciliaria de Alsina. Si Casación lo concede, dicho recurso se elevaría a la Corte Suprema de Justicia para su consideración.
Buenos Aires, donde cumplen condenas por delitos de lesa humanidad. Sólo Luis Alberto López seguirá en libertad. A. Antes del comienzo de las audiencias, los jueces comunicaron que el ex suboficial de la Policía de Córdoba, Jesús Herminio Antón, quedaba apartado del juicio. La separación fue por razones de salud del imputado, quien ya carga con otras condenas de lesa humanidad. La causa Antón tenía como único imputado al ex policía del Departamento de Informaciones, acusado de cuatro tormentos.
IDENTIDAD
El nieto es cordobés A fines de abril, Abuelas de Plaza de Mayo anunció la restitución de la identidad de un nuevo nieto. Se trata del hijo de Iris Nélida García Soler y Enrique Bustamante, militantes de Montoneros secuestrados en . El nieto tiene años y nació en julio de en la ex Escuela Mecánica de la Armada (ESMA). Hoy vive en Córdoba junto a su familia. Es el cuarto nieto restituido en nuestra provincia. Hasta hace poco, la familia y también la Justicia pensaban que Iris, su mamá desaparecida, había tenido una nena. El caso está siendo juzgado actualmente en la causa Esma.
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PODER JUDICIAL Y TERRORISMO DE ESTADO: ¿SE SENTARÁ POR F
Mayo de 2017 | Será Justicia
INFORME ESPECIAL • EL ÚLTIMO TROPIEZO DEL DEMORADO JUICIO ORAL A LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES ACUSADOS DE COMPLICIDAD | Por Alexis Oliva
La causa de los magistrados, más “maldita” que nunca
Ilustración: Hernán Cappelletti
C , J F . E “ ” C. diez años de su inicio y 41 de los hechos, el juicio contra los funcionarios judiciales acusados de complicidad con el terrorismo de Estado iba a comenzar el 27 de abril, en el Tribunal Oral Federal Nº 2 (TOF 2) de Córdoba, integrado por los jueces Julián Falcucci, José Quiroga Uriburu y Juan Carlos Reynaga. La fecha había sido comunicada por el Tribunal y aceptada por las partes en la audiencia preliminar del 29 de noviembre pasado. Luego de la extensa y tortuosa instrucción de la llamada “causa maldita” –de la que fueron apartados por razones médicas el ex fiscal Alí Fuad Alí y el ex defensor Luis Molina–, el ex juez Miguel Ángel Puga, el ex fiscal Antonio Sebastián Cornejo, el ex secretario penal del Juzgado Federal Nº 1 (en los años 70 a cargo de Adolfo Zamboni Ledesma, fallecido en 1984) Carlos Otero Álvarez, y el ex defensor oficial Ricardo Haro, están en condiciones de ser juzgados por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, incumplimiento de la obligación de perseguir a delincuentes y encubrimiento. Pero el proceso fue de nuevo postergado. Juez federal de Catamarca, Reynaga actúa también como vocal subrogante en la causa por el “Operativo Independencia” en Tucumán. Mientras dure ese juicio, que finalizaría a mediados de 2017, no podrá participar de un proceso en Córdoba. El
A
juez Falcucci, quien preside el TOF 2, explicó a Será Justicia: “Yo quería a toda costa iniciar el juicio el 27 de abril. Por eso informé a Cámara de Casación que la única forma era reemplazar al juez Reynaga”. No resultaba fácil. Falcucci acompañó su pedido a Casación con el listado de una veintena de jueces y camaristas imposibilitados por haber intervenido en instancias previas de la causa, inhibiciones y recusaciones. Además, la Cámara rechazó su propuesta de que actuara como vocal uno de los jueces de primera instancia, y nombró a la magistrada federal de Santa Fe María Ivonne Vella, quien se excusó por
«“Los vamos a matar a todos, pero de a poco”, anunció a los presos políticos de la UP1 el general Juan B. Sasiaíñ» tener su agenda completa. El 24 de abril fue designada Beatriz Caballero de Barabani, del TOF 2 de Rosario. Al cierre de esta edición, su integración al tribunal cordobés no está confirmada, porque presidirá otro juicio a partir del 26 de junio. L . Apenas el Ejército asumió el control de la Unidad Peni-
FISCALÍA Y QUERELLA • LAS EXPECTATIVAS DE LA ACUSACIÓN | Por A. O.
“H ” El fiscal Carlos Gonella define a la causa como “una paradoja de la historia judicial”, porque “hace siete años se juzgó a los responsables de las torturas y fusilamientos de treinta presos políticos, pero no a quienes los tenían a su guarda, que con conductas cómplices permitieron que los torturaran y mataran salvajemente”. La paradoja obedece “al componente endogámico y nepótico” del Poder Judicial Federal de Córdoba, porque “casi todos los acusados tienen parientes que trabajan en la Justicia, y es lógico pensar que hay resistencias”. Sin embargo, Gonella confía en los “elementos claros y contundentes para sostener la acusación”.
Querellante y denunciante original, Luis Miguel Baronetto señala que “el contexto político nacional no ayuda mucho a tener una esperanza de que realmente se haga justicia”, porque “los sectores que hegemonizan el poder hacen más difícil que la complicidad civil pueda ser juzgada a fondo”. De iniciarse el juicio, será “la única posibilidad concreta de condenar en Córdoba a un poder institucional que fue instrumento del terrorismo de Estado”. Por eso, Baronetto considera imprescindible la participación popular: “Tenemos que estar todos. Sin un apoyo social amplio, estos juicios no tendrán la posibilidad de traducirse en justicia”.
tenciaria Nº 1 de Córdoba (UP1), en abril de 1976, el general Juan Bautista Sasiaiñ, segundo de Luciano Benjamín Menéndez en la Comandancia del Tercer Cuerpo de Ejército, entró al pabellón 8 y dijo: “Los vamos a matar a todos. Pero los vamos a matar de a poco, como a las ratas”. Los amenazados eran presos políticos a disposición de la Justicia Federal y del Poder Ejecutivo Nacional. La promesa de muerte se cumplió –no en totalidad, pero sí en modalidad– y los represores se dieron el lujo de dosificar la masacre en diez episodios: veintitrés hombres y siete mujeres fueron ejecutados en una serie de fusilamientos colectivos, presentados ante la Justicia y la prensa como “imaginarias tentativas de fuga”, como denunció Rodolfo Walsh hace cuarenta años. El 30 de abril de 1976, fueron acribillados María Irazusta, Daniel Bártoli, Víctor Chiavarini; el 17 de mayo, Diana Fidelman, Miguel Mozé, Luís Verón, Ricardo Young, Eduardo Hernández y José Svagusa; el 28 de mayo, José Pucheta y Carlos Sgandurra; el 19 de junio, Miguel Barrera, Claudio Zorrilla, Mirta Abdón de Maggi y Estela Barberis; el 30 de junio, Marta Rosetti de Arquiola y José Funes; el 5 de julio, Raúl Bauducco fue ejecutado de un tiro en la cabeza en el patio de la prisión frente a decenas de testigos; en la helada tarde del 14 de julio las presas políticas y los presos
FIN LA “SAGRADA FAMILIA” EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS?
A . El 27 de septiembre de 2007, Luis Miguel Baronetto, ex preso político en la UP1 y esposo de Marta González, asesinada en octubre del 76 luego de tener a su segundo hijo en cautiverio; Juan Miguel Ceballos, hijo de Miguel Ángel Ceballos, víctima del mismo fusilamiento; y Rubén Arroyo, histórico abogado de derechos humanos, presentaron la denuncia contra los funcionarios judiciales en el contexto de la causa UP1. La jueza Cristina Garzón de Lascano la instruyó por separado con el discreto título de “Ce-
DICTADURA CÍVICO-MILITAR • AVANCES Y RETROCESOS | Por A. O.
«”Los crímenes no habrían podido cometerse sin el auxilio o la cooperación de los magistrados”, consideraron los camaristas Navarro, Montesi y Ávalos.»
Cómplices impunes y demonios de regreso
ballos, Juan Miguel y otros, su solicitud”, siendo que las causas penales llevan el nombre de los imputados. La investigación fue varias veces interrumpida por apartamientos, inhibiciones y recusaciones, la mayoría basados en la “amistad íntima” de los funcionarios actuales con sus pares acusados. Sin magistrados cordobeses en condiciones de intervenir, derivó en 2010 en el juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, quien la renominó “Cornejo, Antonio Sebastián y otros s/a de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (Art. 248), incumplimiento de la obligación de perseguir delincuentes (Art. 274) y encubrimiento (Art. 277)”. En abril de 2011, la Cámara de Apelaciones –integrada por Abel Sánchez Torres, Octavio Cortés Olmedo y Luis Rueda– avaló la investigación al rechazar la prescripción de los delitos, porque “guardan íntima vinculación con hechos calificados como crímenes de lesa humanidad”. En agosto de 2012, Herrera Piedrabuena indagó, procesó y ordenó detener a Puga y Otero Álvarez en la cárcel de Bouwer, y a Cornejo, Haro y Molina en prisión domiciliaria. Meses después, recuperaron la libertad y la causa volvió a estancarse por apelaciones de las defensas y la fiscalía. Tras dos años y medio de parálisis, en mayo de 2015, los camaristas Liliana Navarro, Graciela Montesi y Eduardo Ávalos confirmaron procesamientos y revocaron faltas de mérito y sobreseimientos parciales dictados durante la instrucción. En su fallo, destacaron “la relación directa existente entre la actuación de estos funcionarios judiciales y la comisión de los aludidos crímenes de lesa humanidad”, que “no habrían podido cometerse sin el auxilio o cooperación de los magistrados o, al menos, no habrían tenido lugar con la impunidad con la que se llevaron a cabo”. Hace dos años que la causa está lista para ir a juicio oral. Un juicio que todavía no tiene fecha cierta de inicio.
Una larga lucha. “Los mismos que desaparecieron bebés escondieron información”.
JULIÁN FALCUCCI • EL JUZGAMIENTO DE LOS PARES | Por A. O.
“Q ” Foto: Satoshi Higa
“Yo estoy decidido a hacer el juicio lo antes posible. Tengo la voluntad de empezar ya”, afirma el juez Julián Falcucci, aunque aún no pueda garantizar la pronta conformación del tribunal que presidirá ni una fecha concreta de inicio. Con años de edad, proveniente de Buenos Aires y con un paso breve por la fiscalía de Villa María, Falcucci no tiene “ningún tipo de condicionamiento ni problema para juzgar a miembros del Poder Judicial”. No obstante, en cuanto a los obstáculos que afrontó la instrucción de esta causa, considera que “no es fácil para las personas que convivieron con los jueces que ahora están acusados tener que juzgarlos, porque por más que no entre perfectamente en las causales de apartamiento del artículo del Código Penal, uno en las relaciones laborales va teniendo impresiones personales de los sujetos con los que interactúa. Después, al tener que juzgarlos, uno entra con un condicionamiento. Por eso no me parece extraño que se hayan apartado tantos jueces. Para mí, lo mejor y más sano es traer jueces de otras jurisdicciones”. -En juicios como el de La Perla apareció eviden-
Falcucci. Juzgar la complicidad de los colegas.
dia del componente cívico de la dictadura. Al margen del caso actual, ¿cuál es su posición en general? En el fallo de La Perla hicimos mención, dentro del contexto general, que la dictadura también contó con la complacencia de cierta parte de la población civil. Así que no es extraño para mí involucrarme en estas cuestiones. El rol nuestro va a ser juzgar si las partes pueden llegar a demostrar que hubo efectivamente una complicidad de los actores civiles que en este caso van a ser juzgados.
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Foto: Mercedes Ferreyra
comunes asistieron al espectáculo macabro de René Moukarzel estaqueado, mojado y golpeado hasta que su corazón se detuvo; el 12 de agosto, fusilaron en un descampado a Miguel Vaca Narvaja, Gustavo de Breuil y Arnaldo Toranzo, en presencia de Eduardo de Breuil, a quien dejaron vivo para que lo contara; el 20 de agosto, a Ricardo Tramontini y Liliana Páez de Rinaldi; la faena homicida culminó el 11 de octubre, con Pablo Balustra, Jorge García, Oscar Hubert, Miguel Ceballos, Florencio Díaz, Marta González de Baronetto. Además, los allanamientos y secuestros sin orden judicial. Las torturas y abusos sexuales, en muchos casos denunciados ante jueces, fiscales, defensores y capellanes de la cárcel. Y un caso de aborto causado por una feroz golpiza. Como a muchos, a Sasiaiñ lo absolvió el “punto final biológico”, pero una treintena de autores materiales e intelectuales, encabezados por Jorge Rafael Videla y Menéndez, fueron condenados por estos crímenes el 22 de diciembre de 2010. En ese banquillo no se sentó ningún funcionario judicial acusado de complicidad. En aquella amenaza del lugarteniente de Menéndez, el “de a poco” implicaba por lo menos la pasividad de los funcionarios judiciales frente al plan sistemático de exterminio. Sasiaiñ los conocía, porque era quien firmaba las respuestas del Tercer Cuerpo a las solicitudes de paradero enviadas por la Justicia Federal de Córdoba. “En ninguna de las unidades carcelarias dependientes de esta Jefatura de Área, se encuentra detenida/o o alojada/o la/el nombrada/o precedentemente”, era la frase que precipitaba el archivo de centenares de recursos de habeas corpus presentados por familiares de desaparecidos.
El diario de los Juicios en Córdoba | Año IX · Nº 58
La causa de los magistrados es en Córdoba el único proceso judicial vinculado al plano civil de la dictadura con chances de llegar a juicio oral y público. A pesar de que las megacausas por los fusilamientos de la UP (Videla) y La Perla-La Ribera-D aportaron revelaciones concretas y abundantes de la complicidad eclesial, empresarial, judicial, política y mediática con el terrorismo de Estado. A instancias de los fiscales y querellas, los respectivos jueces enviaron las evidencias a la fiscalía de instrucción para profundizar su investigación, sin que haya grandes novedades. El juicio oral de la UP en fue un territorio en disputa entre dos visiones antagónicas sobre lo ocurrido en aquellos años: las defensas y algunos medios hegemónicos quisieron usufructuar las historias de militancia revolucionaria de las víctimas para instalar la teoría de los “dos demonios”; mientras que los sobrevivientes, testigos y querellantes, incluso fiscales y jueces, fueron imponiendo con testimonios y documentos el concepto de dictadura “cívico-militar”. Esa caracterización se fortaleció durante el juicio La Perla con numerosa información sobre la complicidad de poderes fácticos civiles, como las empresas Renault, Fiat, Perkins y Frigorífico Mediterráneo, y funcionarios públicos, autoridades eclesiales y miembros del Poder Judicial, cuya actitud fue funcional a la impunidad. Estos grandes juicios dejaron una sensación paradojal. Aunque Luciano Benjamín Menéndez sea el arquetipo del represor castrense, frente a las complicidades del Poder Judicial, la Iglesia Católica y las grandes empresas, sumadas a la gravitación de la Fundación Mediterránea como usina proveedora de funcionarios e ideas para el plan económico de Jorge Rafael Videla y José Alfredo Martínez de Hoz, bien se podría postular que Córdoba fue la capital de la dictadura cívico-militar.
cional, el componente cívico del terrorismo de Estado permanece, en general, invicto. El actual contexto político no sólo es adverso para profundizar las investigaciones iniciadas en el período anterior, sino que impone retrocesos. El “llamado a la reconciliación” del Episcopado no es tan “inédito” como lo pinta el diario defensor de represores. En un tema en el que debe tantas explicaciones como meaculpas, la jerarquía eclesial recupera iniciativa política para reinstalar a los “dos demonios” y luego oficiar de pacificadora. Mientras la Justicia no haya terminado su tarea, mientras siga el pacto de silencio sobre el destino de los desaparecidos, la reconciliación es imposible. Y menos si la promueven “los mismos que colaboraron con el plan sistemático de la desaparición de personas y el robo de bebés, además de esconder información para el desarrollo de los juicios”, como señalan Familiares e H.I.J.O.S. Córdoba.
D . El intento abreva en la desmemoria instalada por un gobierno que motivó al esperanzado Ernesto Barreiro, en vísperas de su condena a prisión perpetua, proclamar: “Nos verán a muchos de nosotros desfilando orgullosamente frente al pueblo de nuestra querida patria”. La de Barreiro es tan elocuente expresión de un tiempo de retroceso, como lo fue de un tiempo de avanzada el reproche que el abogado Benjamín Sonzini Astudillo –defensor de un ex funcionario judicial– dirigió a los camaristas que dejaron la causa de los magistrados en las puertas del juicio oral: “¡Es una felonía lo que está pasando, la última de las traiciones que merece el peor de los infiernos, porque todos aquí hemos sido sus discípulos o hemos trabajado con ellos!”. La lealtad que reclamaba se parece a lo que por estos días el querellante Luis Baronetto definió como “el manto sagrado de la impunidad”. Contra eso, sólo queda el camino que perL . Conde- mitió superar tantos años sin justicia: la nado en unos pocos juicios a nivel na- movilización popular.
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EN PROFUNDIDAD
Mayo de 2017 | Será Justicia
CONFLICTO SOCIAL Y MOVILIZACIÓN • EN MARZO Y ABRIL MILLONES DE PERSONAS SE MANIFESTARON EN LAS CALLES DE TODO EL PAÍS | Por César Pucheta
La importancia de tender puentes El poder de convocatoria del 24 de marzo. En Córdoba, alrededor de 100.000 personas asistieron a la marcha para repudiar el terrorismo de Estado.
Foto: gentileza Luz y Fuerza Córdoba
E , 24 M 40 . Desde el retorno a la democracia, la marcha que los organismos encabezan cada 24 de marzo logró convertirse en un espacio en el que se ponen de manifiesto el conjunto de las tensiones existentes en la sociedad argentina. En cada movilización, las razones para asegurar que el golpe fue cívico-militar aparecen sobre la mesa con una dosis de actualidad inaudita. Principalmente, porque algunos de los actores se mantienen inamovibles. Los brazos ejecutores, en sus casas; los políticos, en sus despachos; los curas y los empresarios,
en cada uno de sus lugares estratégicos. Por eso, las multitudes en las calles afirman marzo a marzo que sabían de qué se trataba y que, por todas esas razones, no claudica su lucha por la memoria, por la verdad y por la justicia. Detrás de esas banderas, todas las reivindicaciones encuentran un lugar de confluencia. Las cien mil personas que ocuparon las calles de Córdoba el pasado 24 de marzo fueron un reflejo de reacción histórica a una serie de eventos que parecieron trasladados al presente desde tiempos ya vi-
vidos. O padecidos. Cada uno de los que desanduvo el trayecto desde Colón y Cañada hasta la ex plaza Vélez Sarsfield pidió justicia por los crímenes perpetrados por el Estado terrorista de hace cuarenta años, como así también por alguna problemática de las tantas que hoy conviven en el día a día de nuestro país. D , . Marcharon los trabajadores despedidos y suspendidos de las industrias que cierran sus puertas por no poder hacer frente a la ola de importaciones. También docentes que resisten al descrédito impuesto sobre la escuela pública. Estuvieron los investigadores del CONICET, los universitarios,
decanos, quienes buscan a sus hermanos, nietos, hijos, tíos y sobrinos. Volvieron a levantar sus carteles los que todavía esperan el despertar de una justicia que lentamente parece volver a cerrar los ojos y tambalear. Marcharon los trabajadores de la economía popular, los campesinos, los jubilados. Pidieron por la libertad de Milagro Sala, denunciaron la persecución política a sindicalistas y dirigentes populares. Gritaron por justicia, en tiempos en los que los discursos parecen retrasar el reloj y correr la carga de la prueba sobre las víctimas, una vez más. Gritaron “Ni Una Menos”. Pidieron seguridad democrática, mientras las calles se llenan de policías, los patrulleros cazan pibes de los barrios
EN PROFUNDIDAD
El diario de los Juicios en Córdoba | Año IX · Nº 58 y las cárceles explotan en su interior. “Sabemos que todas estas luchas son una sola y que la Memoria, la Verdad y la Justicia son el resguardo que construimos como pueblo para defendernos de la violencia neoliberal”, afirmaba el documento elaborado por la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba. Los reclamos fueron respondidos por el Estado: el actual secretario de DDHH tildó la marcha de “opositora”. C . Entre marzo y abril las calles volvieron a ser protagonistas del devenir nacional. El espacio público volvió a ser el terreno donde los sentidos se disputan, las conquistas se defienden y los derechos se reclaman. Las imágenes se replicaron desde los canales de televisión y las redes sociales de modo sistémico. Las concentraciones populares marcaron el pulso político y social en un escenario en el que también se pusieron en discusión ideas que parecían haber quedado atrás en el tiempo. El accionar de las fuerzas represivas volvió a aplicarse y a postularse como válido, incluso desde los sectores que deben hacerse cargo de impartir las órdenes al respecto. Las fuerzas de seguridad no sólo se concentraron en “disuadir” a los manifestantes en el centro de las ciudades, sino también en “operativos” dentro de los barrios. Operativos que en el 2016 tuvieron como resultado un muerto cada 25 horas. El contexto de fondo contiene las discusiones en torno a leyes para reforzar el accionar de las fuerzas represivas, el endurecimiento del discurso punitivista y un escándalo de Estado que involucra una investigación penal por un plan para adquirir armamento militar por 2.000 millones de dólares a EEUU. Presentado como elemento colateral a esa realidad, las viejas discusiones que en el documento de la Mesa de Trabajo por los DDHH figuran como “el regreso del negacionismo y a la renovada Teoría de los Dos Demonios”, sirven también para horadar viejas referencias y desarticular el movimiento que logra nuclear reivindicaciones como posiblemente ningún otro colectivo pudo hacerlo en los últimos años. El día a día de Argentina parece combinar la desarticulación de las referencias políticas tradicionales, históricamente concentradas en la organización de los
«Los juicios son claves para nuestro porvenir. Ninguna sociedad se puede formar íntegra si no juzga lo peor de su historia. Hoy vemos con preocupación que se dilaten algunos procesos.» trabajadores y el sistema de partidos, con un plan económico que hasta el momento no superó la etapa en que los recursos se transfieren para concentrarse en los sectores más poderosos. En ese contexto, los sectores populares vuelven en sus pasos aprehendidos y la organización ocupa otra vez las calles. Aparecen los ejemplos que cuarenta años después y tras haber sorteado las peores crisis de nuestra historia moderna siguen reclamando por juicio y castigo. “Los juicios son claves para nuestro porvenir. Hemos aprendido que ninguna sociedad se puede formar íntegra si no juzga a lo peor de su historia. Hoy, que una sombra se cierne sobre la continuidad de los juicios, vemos con mucha preocupación cómo algunos sectores del Poder Judicial empiezan a dilatar los procesos”, expresaron desde la organización de la marcha. “Sabemos que no hay democracia sin justicia. Le tienen miedo a los juicios porque le temen a la democracia, porque no pueden quedarse con nuestros recursos sin garantizarse impunidad y sin voltear el Estado de derecho”. Con los matices que se expresan naturalmente en las muchedumbres, parece que esas ideas quedaron claras. Allí no sólo confluyeron los movimientos sociales y populares, sino también las fuerzas políticas que, en algunos casos, sustentan su existencia en posturas indeclinables con respecto a sus oponentes partidarios. Todos detrás de la bandera que ha defendido la democracia, incluso, desde los momentos en los que ese sistema no era ni siquiera planteado como una posibilidad por quienes detentaban el poder. Desde allí viene todo. De la compresión histórica y del aprendizaje que se desprende de ella. El movimiento de DDHH puede pregonar una coherencia identitaria, como un faro de referencia obligada entre aquellos ideales que latieron en una generación diezmada y la construcción de un futuro con capacidad para recuperar los camino que otros se empeñan en dinamitar.
CUANDO LA RESPUESTA ES LA REPRESIÓN
Volver al futuro. Una mirada a 2001 para ver los ciclos de crisis que desatan estallidos sociales.
Desde el retorno a la democracia, la economía argentina carga sobre su espalda el proceso neoliberal que encarnó durante la dictadura el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz. Una réplica de lo sucedido en la segunda parte de los comenzó a manifestarse años más tarde con la llegada al gobierno de Carlos Menem y Domingo Cavallo. La economía argentina ingresó en un proceso de concentración de la riqueza que trajo aparejado un aumento exorbitante de los índices de pobreza e indigencia. Las privatizaciones, el achicamiento del Estado y el ingreso indiscriminado de productos importados, que llevó a la quiebra a las industrias nacionales, consolidaron el escenario donde un enorme sector de la población quedó condenado al desempleo. La crisis de los trajo consigo nuevas modalidades de protesta que tuvieron un hito fundacional en la pueblada de Cutral-Có, en . Los cortes de rutas comenzaron a reemplazar a las movilizaciones tradicionales. Y los movimientos de trabajadores desocupados, a los sindicatos. En este escenario, el Estado desplegó un accionar represivo que involucró a policías provinciales, a la Poli-
cía Federal y a la Gendarmería en las zonas de conflicto. La excusa de “liberar los caminos” en nombre de la Constitución dejó muertos y heridos. Con la crisis en ebullición, una jugada financiera del otra vez ministro Cavallo hizo estallar a la clase media que se sumó a la pueblada de diciembre de . El Estado redobló su apuesta represiva dictaminando el estado de sitio en todo el país. Según datos recolectados por el CELS, . personas fueron detenidas y murieron. Entre ellos, David Moreno, el niño de años baleado en Córdoba. Con la renuncia de De la Rúa, las cosas no cambiaron. Tras la asunción y renuncia de tres presidentes en una semana, Eduardo Duhalde fue nombrado al frente del Ejecutivo. Su plan era recuperar la confianza y la economía. No llegó. Debió convocar a elecciones cuando fuerzas bonaerenses y federales reprimieron ferozmente una manifestación del Movimiento de Trabajadores Desocupados y asesinaron a Kosteki y Santillán. Algunas de estas banderas siguen presentes en movilizaciones como las del de marzo, donde se aglutinan reclamos que van desde la memoria, la verdad y la justicia, hasta la defensa de derechos sociales y económicos.
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CONTRATAPA
LA RESISTENCIA DEMOCRÁTICA FRENTE A LA VIOLENCIA DEL ESTADO
Por Diego Tatián
Mayo de 2017 | Será Justicia Escritor. Doctor en Filosofía. Decano y docente de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba.
La amenaza represiva ingún gobierno anterior al actual ha recibido en su primer año un rechazo popular tan manifiesto, ni ha debido soportar una ocupación democrática del espacio público tan contundente, como ha sucedido durante el macrismo. Esa constante irrupción multitudinaria y ubicua tiene por objeto de repulsa la destrucción de derechos, la entrega de la riqueza nacional a los poderes financieros, la corrupción vuelta sistema y a la vez asunto de famiglia, la apropiación privada y corporativa de los bienes públicos, la habilitación de empresas trasnacionales para un extractivismo sin límites de los recursos naturales, el desprecio por los derechos humanos, la brutal transferencia económica a sectores concentrados donde el grupo gobernante tiene intereses directos –y el consiguiente despojo de los sectores populares–, el desmantelamiento de la educación pública, el desfinanciamiento científico-tecnológico, el encarcelamiento ilegal de dirigentes sociales, las embestidas sistemáticas –materiales y simbólicas– contra artistas y realizadores culturales… un largo elenco de medidas con gran poder de daño que sería extenso mencionar en modo exhaustivo aquí. Este conjunto ominoso, cuya reversión va a requerir una tarea cultural y política en sentido contrario de muchas generaciones argentinas por venir, no se ha llevado a cabo sin una resistencia civil inspirada democráticamente. La protesta social argentina, intensa y continua en nuestros días, es en efecto legataria de una memoria y una herencia de luchas que ha permitido forjar una sabiduría popular de la expresión colectiva orientada en cada caso por una conciencia ciudadana de los derechos. Ha extendido y radicalizado la experiencia democrática desde un Estado de derecho hacia un Estado de derechos, y opuesto al saqueo estructural en curso enormes manifestaciones pacíficas que, motivadas por la pérdida del poder
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Ilustración: Hernán Cappelletti
adquisitivo, el deterioro de las condiciones laborales, la pérdida de miles de puestos de trabajo y otros intereses concretos, sin embargo exceden como conjunto cada una de esas demandas particulares. Políticamente viva, la resistencia democrática y pacífica que frente al desquicio atesora la sociedad argentina se halla acechada por la amenaza represiva y la violencia institucional, ejercidas por el gobierno de manera creciente para enfrentar la también creciente ola de protestas sociales. Frente a esa amenaza será necesario establecer una exigente argumentación y una sabiduría militante que
protejan el derecho a la protesta como principal institución democrática que oponer a la violencia. Acaso el objetivo prioritario del macrismo no es perseverar en el poder político sino perpetuar las garantías materiales del poder económico dominante en base a un trabajo de represalia y disciplinamiento que una vez consumado afectará a varias generaciones futuras reendeudadas y sometidas a la lógica financiera global de la que el kirchnerismo había logrado sustraerse parcialmente. En tanto, la operatoria en marcha cuenta con dos blindajes imprescindibles: el de la corporación mediática y
el de la corporación judicial. Es decir, requiere de la destrucción monopólica de la libertad de expresión (y con ella del pluralismo político) y de la independencia jurídica. El neoliberalismo económico presupone en los países llamados periféricos la aniquilación del liberalismo político –que como pluralismo y libertad de pensamiento sólo puede ser efecto de la igualdad y necesita de ella para tener realidad. Cuando ese doble blindaje es eficaz, no hace falta ejército, basta un protocolo de seguridad que habilite la represión de la protesta con fuerzas policiales bien adiestradas para cumplir con esa ‘misión’. La supresión de la libertad de expresión por monopolio de la comunicación en la Argentina macrista y las operaciones de la prensa canalla son, en efecto, imprescindibles para invisibilizar el desquicio social y postergar las reacciones frente a él, exactamente como fueron imprescindibles durante la dictadura –muchos periodistas son los mismos– que fue cívica y militar. Sin embargo, la eficacia de ese cometido no es tan fácil por los efectos puramente materiales, a la vez imprevisibles y previsibles, que porta consigo como su esencia misma el plan de operaciones actualmente en ejecución. La acción multitudinaria y múltiple del pueblo argentino deberá no reducirse a una pura reacción despolitizada para en cambio dejarse inspirar por una larga memoria de luchas sociales que tanto se nutre de grandes corrientes históricas como de pequeñas vertientes libertarias. Acaso tramar tres de esas corrientes –de enorme significado en la historia del campo popular– mancomunadas por el nombre de ‘movimiento’: el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, el movimiento de derechos humanos. Y alojar en esa trama democrática y pacífica las demás singularidades de la protesta social que se multiplican cada día en las ciudades argentinas.
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Consejo Editor: Betty Argañaraz, María del Carmen Torres, Olga Acosta. Director: Sebastián Puechagut • Coordinadora Editorial: Agostina Parisí · Redacción: Alexis Oliva, César Pucheta • Corrección: Victoria Picatto Fotografía: Satoshi Higa · Ilustración: Hernán Cappelletti · Distribución: Julia Soulier, Rosario Rodríguez • Colaboraron en este número: Satoshi Higa, Matilde Nasser, Huayra García, Mateo Allende, Diego Tatián Administración: Mario Toranzo • Impresión: Comercio y Justicia Editores • Producción gráfica y editorial: Usina Creativa - agencia de comunicación - Tel: (0351) 4271736 - usinacreativa.com.ar - info.usinacreativa@gmail.com
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