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PUBLICACIÓN INSTITUCIONAL DE PRODUCCIÓN INDEPENDIENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA · AÑO I · NÚMERO 4 · CÓRDOBA · ARGENTINA · 23 DE NOVIEMBRE DE 2009

Los represores ven caer su estrategia de impunidad Al concluir la recepción de pruebas y testimonios, el juicio entra en su etapa final. Restan ahora los alegatos de las partes, antes de la lectura de la sentencia que dictará el tribunal. Con los aportes de los treinta testigos y las diferentes pruebas recogidas, se pudo reconstruir al detalle cada uno de los casos investigados y se demostró la responsabilidad En la quinta semana del proceso, luego de catorce intensas jornadas de audiencia, finalizó la etapa del juicio oral destinada a la recepción de pruebas y testimonios. En este lapso, cobraron vital importancia las treinta personas que atestiguaron ante el tribunal, aportando a la reconstrucción de crímenes que se mantenían impunes desde hace más de treinta años. Las sucesivas declaraciones, fueron dando importantes pasos hacia la verdad, garantizando a su vez el derecho a la legítima defensa de los imputados. La acumulación de pruebas permite reconstruir al detalle los hechos que vivieron tanto Albareda como Morales, Moyano y las restantes siete víctimas de la estructura represiva de la inteligencia policial que forman parte de este juicio. En el tramo final, a desarrollarse desde el martes próximo, tendrán lugar los alegatos de las querellas, la fiscalía y las defensas. Finalmente, según lo anunciado por el juez Jaime Díaz Gavier, para mediados de diciembre se espera que el tribunal haga pública la sentencia. Pero no todas las audiencias se desenvolvieron en la sala de los tribunales federales. El jueves 19 de noviembre, el tribunal realizó sendas inspecciones oculares en dos ex Centros Clandestinos de Detención del D2. En primer turno, la pesquisa se trasladó a la actual dependencia del ETER, ubicada en la intersección de las calles Mariano Moreno y Caseros. Posteriormente, se realizó una inspección en las instalaciones en las que funciona el Archivo Provincial de la Memoria, en el Pasaje Santa Catalina, a metros de la Catedral y el Cabildo, lugar en el que muchos cordobeses estuvieron detenidos ilegalmente. Licencia a Bouwer La jornada del miércoles dejó una de las postales más precisas de la semana. En el cubículo blindado de los imputados, las transformaciones en el rostro del “Gato” Gómez fueron una demostración fiel del derrumbe que sufrió su estrategia legal.

de Menéndez y la patota del D2 en los crímenes por los que se los imputa. En esta semana, las estrategias evasivas de los represores Miguel Ángel “Gato” Gómez y César Armando Cejas quedaron desestimadas por sus historiales, presentes en sus legajos policiales y por la constatación de sus firmas en documentos policiales.

INSPECCIÓN OCULAR. Los miembros del tribunal, la fiscalía y los abogados, recorren las instalaciones del D2 en el pasaje Santa Catalina, actual sede del Archivo Provincial de la Memoria.

En su propia declaración, al iniciar el proceso, Gómez había alegado que en enero de 1977, cuando se sucedieron los ocho casos de secuestros y torturas que hoy se juzgan, se encontraba de vacaciones. El Tribunal citó entonces al Comisario Inspector Jorge Omar Nieto –Jefe del Departamento de Administración de Personal de la Policía– para determinar cuándo efectivamente, según el legajo del represor, se había ausentado por licencia. El oficial policial fue categórico y despejó toda duda: desmintió la versión del represor, afirmando que su licencia –de 20 días– había comenzado el 20 de diciembre de 1976. Por lo que a mediados de enero de 1977 ya estaba nuevamente en funciones, ejerciendo su tarea represiva en el D2, donde fue visto por varias de sus víctimas. El semblante de Gómez, en apariencia

tranquilo, refleja entonces su derrota. Con la mirada perdida y resignada, interpela a su abogado, el defensor público Marcelo Arrieta, mientras revisa una y otra vez su expediente policial. “Esto es injusto, creo que este señor –en referencia a Nieto– no sabe interpretar mi legajo”, afirma el represor frente al tribunal. Sabe que su situación judicial es cada vez más comprometida y parece sentir la cercanía de una larga estadía en el penal de Bouwer. Firma de autor En una situación similar a la de su colega, las pruebas que incriminan a César Armando Cejas arrasaron por completo con la estrategia de su defensa, que intentó por todos los medios desvincularlo del comando del D2. Cejas, que está imputado por el secuestro y la muerte de Ricardo Fermín Albareda en calidad de partícipe

El doble anillo

Entrevista

La historia oculta de las internas entre las fuerzas represivas policiales y el Tercer Cuerpo de Ejército. Página 2

María Elba Martínez y Hugo Vaca Narvaja, abogados querellantes del Caso Morales evalúan el desarrollo del juicio Menéndez II. Página 3

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EDITORIAL La paradoja Una serie de hechos ocurridos esta semana nos lleva a reflexionar sobre algunos de los efectos y herencias que nos dejó la dictadura. De manera paradójica en estos días se cristalizaron rupturas y continuidades con aquel pasado represor que hoy está siendo juzgado. En días en que un tribunal constitucional inspecciona las dos sedes que tuvo el D2 en el centro de la ciudad, un alarmante abuso policial marcó casi sin quererlo, la elocuente continuidad en la práctica represiva y torturadora que aún convive dentro la policía provincial: en una comisaría aledaña se replicaban golpizas y tratos crueles contra militantes populares de un centro comunitario barrial. Una foto nos muestra a tres jueces ingresando a los calabozos del centro clandestino donde fueron torturados miles de hombres y mujeres. La otra es una foto relatada por cuatro compañeros que sufrieron tremendas agresiones, con demasiadas similitudes a los relatos que escuchamos en las declaraciones de varios testigos del juicio, sobrevivientes del D2 hace 30 años. Ambas imágenes representan el complejo presente que atravesamos, en donde el desarrollo de estos juicios tracciona para que la primer escena definitivamente se imponga. ¿Por qué persiste este modo de operar dentro de una fuerza que debe responder a los cánones democráticos? ¿Por qué los militantes políticos siguen siendo objeto de abusos y torturas? ¿Bajo qué rancios valores se forman las nuevas camadas policiales? Lejos de pensar que nada ha cambiado, pero conscientes de que aún subsisten reductos recubiertos de impunidad que conviven con las prácticas democráticas, denunciamos lo ocurrido. A lo largo de estas 14 audiencias se relataron in extenso las distintas modalidades represivas que tuvo la policía provincial durante la dictadura. Por primera vez se juzgan estos delitos y a los ex miembros de este aparato. Casi como un mensaje, la misma semana en que por primera vez un tribunal de la constitución visitó el D2, en otra comisaría, en este caso la décima, la policía sigue afirmando que aún alberga entre sus filas a conspicuos aprendices de aquella escuela de muerte.

CONTRATAPA

Los vivos y los muertos Reflexiones sobre la necesidad de reconstruir una memoria afirmativa POR DIEGO TATIÁN


Lunes 23 de Noviembre de 2009 PERFILES · LA FISCALÍA necesario, negó haber ocupado el cargo de Subdirector de Inteligencia de la Policía, y desconoció más de treinta firmas en documentos que lo incriminan, fechados en 1979, el año en que Albareda es secuestrado. “Yo siempre fui un simple sumariante, un empleado administrativo que cumplía tareas menores. Tenía mi oficina en la dependencia de Mariano Moreno por falta de espacio”, relató, desentendiéndose, durante la segunda audiencia del 21 de octubre. Como respuesta a esa estrategia de negación, las partes solicitaron que las diferentes rúbricas que obran en los expedientes de la causa sean revisadas por un experto caligráfico. Pero la táctica pergeñada por Cejas y su defensor, el abogado Carlos Bustamante, duró sólo hasta que se conoció el resultado de las pericias caligráficas. En la tarde del viernes 20 de noviembre, luego de escuchar el último testimonio oral, el tribunal recibió al Licenciado Néstor Sergio Fernández, encargado de revisar los documentos. “La totalidad de las firmas revisadas de los expedientes pertenecen al señor César Armando Cejas”, sentenció el informe. Al escucharlo, el rostro avejentado de Cejas se endureció y buscó imposibles respuestas en la mirada atónita de su defensor. Así, quien fuera el encargado de evaluar y calificar a sus subordinados en el D2 –algunos de ellos miembros del grupo que mató a Albareda– también comenzó a sentir el fin de su impunidad. El D2, bajo inspección Un día antes de que el perito caligráfico confirmara que las rúbricas junto al sello de Subdirector del D2 eran obra de su puño, Cejas volvió a recorrer las instalaciones de Mariano Moreno 222 (actual base operativa del ETER), durante la inspección ocular solicitada por su defensor. Pero el cambio era significativo: esta vez, el represor estaba esposado y fuertemente custodiado. En el recorrido, realizado a puertas cerradas y sin presencia de periodistas, Cejas ratificó su versión frente a los miembros del tribunal, que pudieron observar las modificaciones realizadas en el edificio donde funcionó el D2 desde 1978.

La mañana del jueves, estuvo destinada íntegramente al reconocimiento de los dos edificios de la inteligencia policial. En esos lugares se planificaron los secuestros y se llevaron a cabo las torturas que se juzgan. Apenas pasadas las 11 de la mañana, los miembros del tribunal y las partes llegaron al pasaje Santa Catalina, rodeados de periodistas que esperaban expectantes la recorrida por un lugar que fuera emblema de la represión en Córdoba. Los encargados de guiar a la justicia por los siniestros pasillos fueron Manuel Nieva, sobreviviente, y Ludmila Catela da Silva, directora del Archivo. A pesar de permanecer vendado la mayor parte del tiempo durante su cautiverio, Nieva pudo recrear el clima de tensión y recordar el horror que vivió en ese lugar por el que pasaron más de mil detenidos. A cada paso fue describiendo la funcionalidad de un sitio estratégicamente ubicado para disuadir y torturar: el empedrado del pasaje Santa Catalina, las campanas de la Catedral tan cercana, los pasillos estrechos de la vieja casona, las oficinas de interrogatorio, las salas de tortura, el “patio de los legales” y el olor rancio del “Tranvía”, que perdura hasta hoy. “Este era un lugar de depósito para los presos. Desde acá escuchábamos los gritos de los compañeros y éramos golpeados cada vez que alguien pasaba”, recordó Nieva. El lugar al que hizo referencia es un pasillo de no más de dos metros de ancho por cuatro de largo recordado por muchos presos como el “Tranvía”, porque tenía dos largos bancos enfrentados y era la antesala a las sesiones de torturas. La recolección de pruebas y los testimonios de las cinco semanas de audiencias dejaron una huella nítida. Por sobre el paso del tiempo, la existencia misma del juicio reafirma que no se borraron los recuerdos del horror, y fueron muchas las voces que lo demostraron. También los espacios físicos, las paredes y pisos de los centros de detención, conservan los vestigios de un pasado que hoy se enfrenta al estrado de la justicia. Son fríos testigos que conservan nuestra memoria y preservan la historia de 30 000 desaparecidos.

Representando a la sociedad Entre los actores que conforman un proceso penal, el lugar que ocupan los fiscales resulta fundamental. Su participación procesal consiste en actuar como órgano demandante a lo largo de la instrucción asumiendo la representación de los intereses de la sociedad, conduciendo materialmente la investigación y la preparación de la causa. Ya en la instancia de juicio oral, se constituye en el órgano de acusación. En el juicio caratulado como Menéndez II, el Ministerio Público está representado por Graciela López de Filoñuk (fiscal de instrucción) y Carlos Gonella (fiscal de actuación). En instancias preliminares del juicio, López de Filoñuk se encargó de obtener los elementos de prueba relevantes para la determinación de los hechos que se juzgan. Finalizada esta etapa, solicitó la elevación a juicio de la causa. Carlos Gonella por su parte, lleva adelante la actuación durante el juicio oral junto a Filoñuk quien se desempeña en esta instancia como fiscal coadyuvante. A lo largo del juicio, su función es dar cuenta de los hechos por los que se acusa a los imputados. El fiscal natural del TOF Nº 1 es Maximiliano Hairabedián, quién desempeñó ese rol en la Causa Brandalisis. Para este nuevo proceso Hairabedián solicitó su apartamiento argumentando ser hijo de un ex preso político y por lo tanto cargar con una manifiesta subjetividad en contra de quienes fueron responsables del cautiverio de su padre. Su reemplazante hubiese sido Fabián Asís, fiscal del TOF Nº 2, pero fue recientemente ascendido a juez. Ante este escenario el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, designó temporalmente a Carlos Gonella, quien se desempeñaba como ayudante de Asís, para representar al Ministerio Público en el juicio. Esta designación fue uno de los cuestionamientos que realizó la defensa de Menéndez, pero el tribunal no hizo lugar al planteo. Gonella también fue cuestionado por su supuesta falta de experiencia judicial y formación académica. Pese a ello, con el avance de las audiencias su actuación se ha desarrollado en forma prolija y con una estrategia que no muestra puntos flacos. Junto al trabajo de las querellas, está dando cuenta de que los hechos por los que se acusa a los seis imputados son crudas verdades.

Graciela López de Filoñuk

Carlos Gonella

Esta abogada rosarina ingresa al ámbito de la justicia a los 21 años de edad. Durante una década ejerció su profesión de manera independiente, hasta que en 1975 ingresa a la Justicia Federal de Córdoba. Allí transita por diferentes cargos: Prosecretaria, Secretaria de 1ª y 2º Instancia, y en 1994 es nombrada Fiscal de 1º Instancia ante el Juzgado Federal Nº 3. En junio de 1998 cuando el juzgado se hace cargo de la reapertura de la Causa Menéndez, Filoñuk comienza a trabajar en los llamados Juicios por la Verdad Histórica (que intentaban hallar el destino de los desaparecidos pero con la imposibilidad de condenar a los responsables). En octubre de 2003, junto a varios querellantes del país, promueve el pedido de nulidad e inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida, Punto Final y de los Indultos. En octubre de 2005 se obtiene la nulidad y las causas que tramitaba se abren totalmente. El año pasado, fue fiscal en la Causa Brandalisis, el primer juicio que condenó a Menéndez aprisión perpetua.

Es un abogado que con tan sólo 34 años ha transitado sin pausas el escalonado camino de la justicia. En el año 2000, finalizó sus estudios en la Universidad Nacional de Córdoba e ingresó al Poder Judicial trabajando en diferentes áreas. En 2008 fue designado Secretario de Fiscalía de 1ª Instancia, afectado al Cuerpo de Secretarios del Ministerio Público Fiscal, y asignado transitoriamente a la Fiscalía Federal de Villa María para colaborar en la causa por las explosiones en la Fábrica Militar de Río Tercero. Recientemente, se presentó al concurso para el cargo de Juez de Cámara en el TOF Nº 1 de Córdoba, que corresponde a la vacante por jubilación de Otero Álvarez. También ha desarrollado su carrera académica como docente e investigador de las Universidades de Córdoba y La Rioja, y formó parte del Equipo de Investigación del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (INECIP) en el “Informe de Evaluación de la Reforma de la Justicia Penal de Córdoba - 2001”.

El día que el Chacal quiso atrapar al Gato “Uno es el Gato, el otro es el Chacal”, dijo Ramón Guevara, mientras con la vista hacía un barrido sobre Miguel Ángel Gómez y Luciano Benjamín Menéndez, en el habitual reconocimiento a los imputados que precede a cada testimonio en el juicio. Los dos están acusados de los secuestros y las torturas que padeció un grupo de presos políticos en el D2. Pero, pese a compartir el infortunio, la relación entre los represores es gélida. En lo que va del juicio ningún gesto ha mediado la convivencia entre ambos y como señal del entuerto, tres asientos vacíos los separan en cada una de las audiencias. Para el Chacal, que arrastra el linaje de una familia militar tradicional, no es de su agrado compartir el derrotero junto al Gato, un oscuro “suncho” de la Policía de Córdoba. Sin embargo, si desenterramos de la ciénaga de la desmemoria una de las tramas que se trenzaron en los años setenta, observaremos que la pugna no es nueva. Una historia casi surrealista, que amenazó con hacer estallar a Córdoba en mil pedazos, los tuvo como protagonistas centrales en la época en que eran los mandamases de la provincia. Los recelos y las disputas entre el Tercer Cuerpo de Ejército y la Policía fueron una constante durante el terrorismo de Estado. Una y otra fuerza se acoplaron y construyeron una relación que se sustentó al ardor de la persecución contra un enemigo común: los actores sociales y políticos que habían hecho de Córdoba, con sus contradicciones a cuestas, un territorio progresista, pujante y moderno.

Pero si en los años previos al golpe, los militares cedieron protagonismo para que la policía sembrara el terror en la sociedad, con el tiempo se dieron cuenta de que esa operación podía tener costos incalculables. Es que al tomar las riendas de la represión, la fuerza policial convirtió su accionar en un caos. Con métodos rudimentarios y anárquicos, desplegó una acción brutal e indiscriminada que hizo del Departamento de Informaciones (D2) una marca registrada. En el segundo semestre de 1975, con la aparición del Comando Libertadores de América, el Ejército a través del Destacamento de Inteligencia 141 buscó dotar de organicidad a los grupos que actuaban bajo el paraguas del terrorismo de Estado. La oficialidad joven del Ejército aspiraba a imponer una concepción profesional de la represión, en detrimento del “lumpenaje de la cana”. Lo que se evidenciaba en los militares era una doble moral. La Policía terminaba siendo el espejo en el cual el Ejército no se quería reflejar. Y más allá de las diferencias de clase y de formación, subyacía una pelea de poder. Al fin y al cabo, la perversión de Menéndez lo colocaba en un papel que lindaba con el absurdo: permitía a su fuerza traspasar todos los límites de la condición humana; pero ponía el grito en el cielo si esos delitos no eran cometidos con su consentimiento. Fue en ese contexto, cuando se originó un ajuste de cuentas que precipitó consecuencias inesperadas entre las fuerzas. A oídos de Menéndez llegó la información de que el Gato Gómez había sido el responsable de una po-

CRÓNICAS · LA HISTORIA OCULTA DEL D2 por Agustín Di Toffino tente bomba que destruyó parte de la galería Cinerama. Se trató de un artefacto explosivo de consideración que fue colocado por el D2, en complicidad con grupos de la ultraderecha peronista, con motivo del estreno de la película Victoria en Entebbe. Como Menéndez no había dado el aval para esa bomba, la inteligencia del Ejército dio con que el Gato estaba tras el atentado. En febrero de 1977, un regimiento de la Cuarta Brigada Aerotransportada arribó al centro de la ciudad para detenerlo. Una veintena de unimogs y jeeps se ubicaron en posiciones estratégicas y rodearon la jefatura policial y la sede del D2, en el Cabildo. Ante el despliegue, la Policía no se quedó de brazos cruzados. Raul Telleldín, el “Número Uno” del D2, llamó al Tercer Cuerpo para informar que no iba a sacrificar a uno de sus peones predilectos. De esta manera, parte de la Policía se acuarteló en el Cabildo; mientras, otros uniformados se encargaron de acordonar externamente a los efectivos militares que habían llegado hasta las inmediaciones del centro. Dos anillos armados, uno de verde y otro de azul habían ocupado el centro de la ciudad y el desenlace podía ser devastador. Luego de tensas negociaciones, finalmente el Gato Gómez fue detenido y alojado en la prisión de encausados del Campo de La Ribera, que también servía de Centro Clandestino de Detención. 32 años después, indiferentes el uno del otro, el Chacal y el Gato parecen no olvidar sus viejas deudas. Seguro, añoran esos años, pero ahora tan sólo les queda compartir las penas.


Lunes 23 de Noviembre de 2009 ENTREVISTA · MARÍA ELBA MARTÍNEZ Y HUGO VACA NARVAJA

EL JUICIO, DÍA X DÍA MIÉRCOLES 18/11 · El “turista” El testigo Carlos Antón recuerda: “estaba comiendo una 'picadita' con Moyano y otros amigos cuando me detienen y me llevan al D2”. El verano del 77 fue caluroso así que estaba de ojotas y pantalón corto. “Cuando me veían vestido así, los policías me decían 'y el turista éste, ¿qué hace acá?', y me volvían a pegar".

JUEVES 19/11 · “Ir al baño” En el D2 de calle Mariano Moreno: el imputado Cejas reconoce su oficina. “¿Y qué más recuerda del edificio?”, interroga el juez. Con indignante cinismo, Cejas niega haber mantenido contacto con otros policías. “Señor Cejas ¿no iba al baño usted?” pregunta el abogado Orosz. Incrédulos, los presentes escuchan la insólita respuesta: “No, yo era una persona joven, hacía mis necesidades en mi casa”. Más tarde, en el D2 del pasaje Santa Catalina, el testigo Nieva relata su padecimiento. Díaz Gavier, se disculpa y pregunta: “¿cómo hacían sus necesidades? ¿Cómo comían?”. Manuel lo mira y responde: “No iba al baño. Creo que fui una vez. No comíamos. No tomábamos agua”.

VIERNES 20/11 · Campeones El último testimonio oral lo aporta “Toto” López. Cuenta que fue rehén durante el Mundial 78, en un grupo de presos políticos que permanecieron como pieza de cambio ante supuestos atentados contra el gran evento deportivo de la dictadura. “En esos momentos estábamos desaparecidos, no éramos nada. Lo único que queríamos era volver a estar presos, porque era una garantía de vida”. López queda en libertad en octubre de ese año, pero estuvo bajo “libertad vigilada” hasta 1983.

EL JUICIO EN LA CALLE

Homenaje a Albareda

El segundo juicio por delitos de lesa humanidad en Córdoba, tiene matices que trascienden el recinto judicial, sensibilizando y activando el compromiso social en diversos sectores. En virtud del testimonio de los sobrevivientes, que mantiene viva la memoria, el ánimo de justicia y verdad se cuela en cada rincón de la ciudad y sus habitantes, que se manifiestan en homenajes y actividades paralelas al juicio. Movilizados por el recuerdo de Ricardo Fermín Albareda, los trabajadores de la Policía de Tránsito Municipal, encuadrados en el SUOEM, brindaron un sentido homenaje a quien fuera integrante de esa dependencia en la década del 60 y a otros diez compañeros desaparecidos por la dictadura. Horas antes de iniciar la audiencia del miércoles 18, más de cuarenta jóvenes inspectores se reunieron en el corralón de calle Duarte Quirós para escuchar las palabras de Fernando Albareda, quien recordó a su padre como “un hombre con vocación de servicio, que abrazó con compromiso cada una de sus profesiones y buscó desde ahí cambiar las injusticias”. El homenaje a los compañeros desaparecidos se concentró también en las sentidas palabras de Mario Morales, delegado gremial y Secretario de Derechos Humanos del SUOEM: “a pesar de tantas lunas y tantos años, sigo soñando que vienen todos juntos, cantando y portando la esperanza del hombre nuevo”.

ABOGADOS QUERELLANTES EN EL JUICIO

«Es un trabajo mancomunado» Será Justicia: Desde el caso Morales, ¿cómo se ve el desarrollo del juicio? María Elba Martínez: Una de las cosas que venimos trabajando hace tiempo desde el SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia, del que Martínez es integrante) es la acumulación de causas por campos. Por ejemplo, esta causa se debería haberse unido a la Causa Gontero de Unidad Penitenciaria (UP1), donde hay tres asesinatos de la D2 que se han acumulado. Además, se debería haber trabajado más intensamente el D2 con Casa de Hidráulica, con José de la Quintana y la Unidad Penitenciaria (tres centros clandestinos de detención). Porque es impresionante que no estén imputados Rocha o Yamil Jabour… Hugo Vaca Narvaja: O Yanicelli… toda la patota del D2. Todo el mundo dice 'me torturaron, dos, tres, cinco', y vos ves que había por lo menos diez personas… SJ: Pero las víctimas de esta causa no pueden reconocerlos… MEM: Los han nombrado. Nombraron a Rocha, a Yanicelli. La Cámara Federal en 1987 procesó a la gente del D2 que había participado. En cambio ahora han parcializado y es un problema serio, que desplaza una visión integral de la historia. Más allá del respeto a las víctimas, el SERPAJ y el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) iniciaron estas causas no sólo para individualizar al responsable, sino para mostrar la estructura del Estado, sus causas y efectos hoy. Por supuesto, menos mal que lo podemos hacer. Ningún país lo ha hecho. Argentina es un ícono internacional que juzga responsabilidades de su propio Estado, no de los otros Estados, como hace el supuesto primer mundo. SJ: ¿A qué adjudican ustedes este proceso en Argentina? MEM: A las organizaciones de derechos humanos. Si no hubiera sido por las organizaciones y las resoluciones internacionales… Esta causa la reabrimos en la Comisión Interamericana. Y desde que salió fue siendo salteada. Menem planteó las indemnizaciones, y como no se avanzaba, se hizo un seguimiento hasta que finalmente, en el gobierno de Kirchner, las organizaciones ya teníamos pedidos elevados a la Corte Interamericana y ahí se decide impulsar los juicios. Es una decisión del Estado argentino que viene de la jurisdicción internacional. No es sólo la voluntad de un gobierno determinado, como quieren demostrar los defensores. HVN: Además están los pedidos de extradición, que decían 'no los juzgan ahí, lo vamos a juzgar nosotros'. Y se dijo 'no, lo vamos a hacer aquí'. Y eso también impulsó la política de derechos humanos. SJ: ¿Cuándo se abren estas causas? MEM: Estas causas son nuevas. La de Morales la presento en el 2000, no obstante están los testimonios y las circunstancias ya en la CONADEP. Además, están los hábeas corpus en los procesos. Pero lamentablemente no quisieron subir a Córdoba lo que se llamó la “mega causa”. Porque hubiéramos resuelto todo prácticamente en el 2006. En 1989, antes del indulto había 380 causas, con acusación y prueba de parte de la fiscalía… Si tenías 380, cómo 20 años después tenés una. HVN: Eso es un política judicial, que sa-

Los representantes legales de Raúl Ernesto Morales, en el estudio de María Elba Martínez.

ca las causas 'por goteo', dividiendo y atomizando. Hacen 500 juicios en lugar de hacer uno. Causa un desgaste en los abogados, en las querellas y en el mismo cuerpo judicial. Y en la sociedad se va a producir un hartazgo. Tendrían que haber sido dos o tres juicios, y por campos. Un juicio al D2, otro a la UP1, otro a La Perla. SJ: También se podría pensar que este proceso acumula experiencias y sienta una jurisprudencia tendiente a unificar nuevamente las causas… MEM: Pero tiene que haber un criterio. Porque el criterio judicial puede ser ideológico, político o de una ignorancia supina. O no querer ver lo que pasa en el país. Menos cuando en muchos casos están las firmas de ellos. Siempre vuelvo a repetir, tenemos que agradecer que se den (los juicios). Pero el hecho de agradecer no implica desplazar las falencias graves que hay. SJ: Pero hay una evaluación positiva... MEM: Por supuesto. Acá ahora sí se están acumulando algunas cosas. Por la orden del Procurador de la Nación, por el criterio de unidad de seguimiento de la Corte que ha ordenado a la jueza, y por el criterio de la Cámara Federal de Córdoba. SJ: ¿Por qué la clasificación por campos es lo más adecuado para ustedes? MEM: Son las estructuras represivas. Tenés jurisdicción, áreas, secciones. HVN: Con los campos está perfectamente determinada la estructura jerárquica. Desde la cabeza hasta los jefes de áreas, como vemos en el D2, y también quiénes eran los tipos operativos en ese momento. SJ: ¿Y las complicidades civiles? MEM: Nosotros hablamos de un Estado terrorista donde hubo militares y civiles, que eran políticos, economistas, médicos. Porque si no, se diría Junta Militar terrorista. Además, otra cosa que no se tiene en cuenta es el Operativo Cóndor. SJ: En alguna entrevista dijiste que el D2 estaba en todos lados… MEM: El D2 y la Alianza Anticomunista se conformaron en toda la región. Y la ideología de la Seguridad Nacional se implementa en América Latina a partir de la Revolución Cubana, eso incluso sale en los documentos desclasificados de la CIA. En Argentina entró con Onganía en el 66. Desde 1966 a 1976 fue la formación ideológica de los represores. Y se dio también la formación del caos que es una metodolo-

gía y está documentado. Desde 1973/76, la eliminación, y de 1983 para adelante la aplicación económica. En el 2000, van por los recursos naturales. Hoy gritamos por los herbicidas, por el agua y la tierra. No es una cosa de locos así como se piensa. HVN: Además, Menéndez en la primera causa que tuvimos, queda como autor del plan de exterminio en Córdoba. Él mismo lo asume. Y concentramos todo en él y sacamos todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? La justicia, el poder político y la iglesia. El Proceso fue un plan de exterminio con un objetivo económico concreto. Eso está claro y es lo que sucedió en el país. MEM: Lo que se quiere tapar no son solamente las responsabilidades civiles, sino que el pueblo no pueda ver que lo que le pasa hoy no es un producto exclusivo de un gobierno o de dos gobiernos. SJ: Los juicios son producto de una disputa, se enmarcan políticamente… MEM: Tan es así que la Procuración mandó orden expresa a la Fiscalía de acumular las causas porque había una resistencia no solamente en Córdoba sino en todo el país. Es muy bueno que este país haya tenido el valor de juzgar esto, que tengamos organizaciones que han sido referencia en el mundo como Abuelas o Madres (de Plaza de Mayo). Es muy bueno que tengamos los cartoneros que son un ejemplo de resistencia y que se den hoy las fábricas recuperadas que también son un ejemplo. Nosotros presentamos ambos aspectos, por eso la venida de (el juez) Vázquez Cuesta, que dio lugar a una nueva prueba. Quedó a la vista de todo el mundo que los jueces de la época no preservaron la vida y dependían directamente del Ejército. Y nosotros lo decimos. Sabemos que hay cosas que no vamos a poder lograr, pero vamos a sacar todo lo que podamos a la luz. Hay responsabilidades de las que estamos seguros, no tenemos dudas, tenemos pruebas. Pero también apuntamos a que esto sirva para el reconocimiento de una época, y sus efectos hoy. Que sirva para gente como ustedes, jóvenes. Es muy bueno el trabajo de ustedes, como el trabajo que trata de hacer el tribunal. No es fácil para nada, pero hay un trabajo mancomunado con un grupo de gente. Con H.I.J.O.S hemos tenido diferencias, pero que no nos han separado. Y hoy en la trinchera nos sentimos más unidos que nunca.


Lunes 23 de Noviembre de 2009 CONTRATAPA · por Diego Tatián

Los vivos y los muertos En un ensayo de 1981(1), Julio Cortázar resumió el argumento de un cuento que había pensado escribir y luego desistió de hacerlo dado que “el relato ya estaba escrito en el libro de la historia”. En ese cuento que Cortázar no escribió, “un grupo de argentinos decide fundar una ciudad en una llanura propicia, sin darse cuenta en su gran mayoría de que la tierra sobre la cual empiezan a levantar sus casas es un cementerio del cual ya no queda ninguna huella visible. Sólo los jefes lo saben y lo callan porque el lugar facilita sus proyectos, ya que es una planicie alisada por la muerte y el silencio, y les ofrece la mejor infraestructura para trazar sus planos. Surgieron así los edificios y las calles, la vida se organiza y prospera, muy pronto la ciudad alcanza proporciones y alturas considerables y sus luces, que se ven desde muy lejos, son el símbolo orgulloso de quienes han alzado la nueva metrópolis. Es entonces cuando comienzan los síntomas de una extraña inquietud, las sospechas y los temores de quienes sienten que fuerzas extrañas los acosan y de alguna manera los denuncian y tratan de expulsarlos. Los más sensibles terminan por comprender que están viviendo sobre la muerte, y que los muertos saben volver a su manera y entrar en las casas, en los sueños, en la felicidad de los habitantes. Lo que parecía la realización de un ideal de nuestros tiempos…, despierta lentamente a la peor de las pesadillas, a la fría y viscosa presencia de repulsas invisibles, de una maldición que no se expresa con palabras pero que tiñe con su indecible horror todo lo que esos hombres levantaron sobre una necrópolis”. A diferencia de las religiones arcaicas, la filosofía siempre ha pensado la muerte, nunca a los muertos. Si frente a ellos el concepto queda inerme, acaso con el hallazgo

de restos óseos en tumbas clandestinas el tiempo comience a recuperar su quicio. También por obra de la justicia –o más precisamente del derecho–, el pensamiento y la memoria empiezan a liberarse de la exigencia de castigo a la que habían estado sometidos y por la que debieron bregar hasta hoy. El derecho concierne sólo a los vivos, no restaura la justicia –que sólo puede ser divina dado que las víctimas de su ruptura ya no están–, y su sentido es apenas negativo: impedir el summum malum de la impunidad, la insoportable condición hacia la que ella arrastra. Pero además, en este caso, restaura el diálogo cultural –no sólo de los vivos en-

Hoy y Ayer Visto desde afuera, Tribunales Federales es un imponente edificio en la topografía de la ciudad. Por dentro, resulta igual de imponente que el dictador, el genocida, el asesino de obreros y gremialistas –entre otras variedades de cordobeses– contemple al tribunal que lo juzga. Sobre todo teniendo en cuenta que Luciano Benjamín Menéndez supo ubicarse por encima de los magistrados de la Nación, tal como lo admitiera el penoso ex Juez Federal de Bell Ville, Eudoro Vázquez Cuesta. Ahora Menéndez acompaña a sus cómplices policiales del D2. Su sólo nombre remite, en la memoria colectiva cordobesa, al decálogo de violaciones a los derechos humanos más abyecto de la naturaleza humana. Y debe callarse cuando el juez le replica un cuestionamiento, por más que la familia judicial cordobesa haya cerrado los ojos

tre sí, sino también entre los vivos y los muertos–; permite pensar en ellos, con ellos, y cuando es necesario también contra ellos; atesorar su legado en los momentos de peligro a la vez que ejercer el discernimiento más allá de la guerra. La memoria política argentina debió afirmarse contra el negacionismo, y estuvo en gran medida circunscripta a impedir que prosperara. El negacionismo no es un punto de vista, ni una interpretación, ni una opinión: es una intervención sobre los hechos para negar que lo que se produjo efectivamente se produjo. En nuestro caso, su desarticulación fue posible gracias a la perseverancia de un movimiento de derechos humanos que es uno

de los más importantes del mundo –y que ha logrado, además, que el Estado argentino avanzara en la reparación de su propio terrorismo tal vez más que ningún otro en la historia reciente (desde el Juicio a las Juntas hasta las compensaciones económicas, la cesión de los lugares de memoria a los organismos de derechos humanos, y el juzgamiento de genocidas que se celebran en varias ciudades del país). La derrota del negacionismo permite pues, de aquí en más, la construcción de una memoria afirmativa; y con ello el coloquio con los muertos podrá tener una intensidad diferente, sustraída de la mera victimización. El Juicio que actualmente se lleva a cabo contra Menéndez, Campos, Britos, Flores, Cejas y Gómez permite, además del castigo, la publicidad de testimonios que dan cuenta de los hechos –monstruosos. El ejercicio político de una comprensión de sí –quizá el estado más elevado que una sociedad puede alcanzar– sólo es posible cuando la verdad de los puros hechos deja de estar amenazada. La comprensión es también un campo de batalla, pero toma distancia tanto de la mentira como de la propaganda y la autocomplacencia. Y aunque no reconcilia lo irreconciliable permite empezar a hablar en otros términos. San Agustín escribió que la memoria es el presente del pasado. Gracias a ella, a su trabajo apasionado y paciente –gracias al castigo y a la verdad histórica–, también el pasado de nuestro presente podrá de aquí en más ser objeto no sólo de vigilancia, cuidado y preservación, sino también del rayo de la inteligencia y del sereno ejercicio –ahora sí– de la interpretación. 1-) Cortázar, Julio. “Realidad y literatura en América Latina”, en Revista de Occidente, nº5, 1981, pp. 23–33.

MIRADAS · LOS TRABAJADORES Y LA JUSTICIA por Guillermo Posada, CTA Córdoba durante años ante el reguero de muertes sembrado por la dictadura cívico-militar que asoló la provincia de Córdoba entre los años 1974 y 1984. En este segundo juicio ha quedado evidenciado el delito que significó, durante la dictadura, ser obrero o dirigente gremial, como lo atestiguan los relatos del ex sindicalista Carlos Moyano o el albañil Raúl Morales. Si la saña de la represión alcanzó con puntual brutalidad a los propios integrantes de la fuerza policial, como es el caso de Ricardo Fermín Albareda, fue el ataque al movimiento obrero el motor de la intervención dictatorial. Su objetivo fue minar la resistencia, anular los derechos conquistados en años de luchas obreras y aplicar los planes neoliberales que cambiaron radicalmente el acceso a la riqueza que producen todos los argentinos.

Aquellos planes económicos continúan, aun hoy, afectando la capacidad de ingreso de los trabajadores y revelan la cruenta reingeniería social que se propuso la dictadura. La sociedad fragmentada y empobrecida que vivimos encuentra su origen en el accionar de las patotas, las torturas y las vejaciones que impactaron a los cordobeses bajo el gobierno del Tercer Cuerpo de Ejército. Por todo ello, la realización de esa justicia social que reclaman los trabajadores del país, se relaciona directamente con la necesidad de encontrar justicia en los tribunales penales para las víctimas de la represión genocida. Tendremos justicia hoy si logramos que se haga justicia sobre lo sucedido en el pasado. Ayer y Hoy se unen en este proceso y forman parte insustituible de lo que construiremos mañana.

Será Justicia es una publicación periódica propiedad de la Asociación civil sin fines de lucro Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba (Personería Jurídica 234-A-1992) Tirada de esta edición: 10.000 ejemplares • Dirección: Comisión de Prensa de Familiares Córdoba, H.I.J.O.S. Regional Córdoba • Coordinación Editorial: Betty Argañaraz, para Familiares y Martín Notarfrancesco, para H.I.J.O.S. • Editor responsable: Sebastián Puechagut • Redacción: Waldo Cebrero, Pablo Luro • Asistente de redacción: Matilde Nasser • Fotografía: Manuel Bomheker Colaboradores: Agustín Di Toffino, Diego Tatián, Guillermo Posada, Rep • Diseño y Producción Gráfica: Usina Creativa · Tel: 4271736 • Impresión: Comercio y Justicia Editores Cooperativa de Trabajo Ltda.

La producción de este ejemplar fue posible gracias al aporte solidario de las siguientes organizaciones: Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) · Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) · Unión Obrera Gráfica Cordobesa (UOGC) Sindicato de Luz y Fuerza Córdoba · Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) · Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz (Coopi)

F a m i l i a r e s d e D e s a p a r e c i d o s y D e t e n i d o s p o r R a z o n e s P o l í t i c a s d e C ó r d o b a •H . I . J . O . S . ( H i j o s e H i j a s p o r l a I d e n t i d a d y l a J u s t i c i a c o n t r a e l O l v i d o y e l S i l e n c i o ) Santa Fe 11, Bº Alberdi | Córdoba, Argentina | Tel: (0351) 425 6502 | famdesapcba@yahoo.com.ar | hijoscba@hijos.org.ar | www.eldiariodeljuicio.com.ar

Será Justicia Nº 04  

Será Justicia es una publicación impulsada por uno de los organismos de Derechos Humanos de Córdoba -Familiares de Desaparecidos y Detenidos...

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