LA INEFICIENCIA DE LA CRIMINALIZACIÓN DEL CANNABIS MEDICINAL EN PUERTO RICO

La postura legal de Puerto Rico sobre la marihuana es contradictoria e ineficiente, ya que define su consumo y posesión como un delito, y al mismo tiempo intenta impulsar un programa para su uso medicinal. No tiene sentido, tanto desde el punto de vista moral como ético, mantener la marihuana como un delito en el Articulo 404 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico. Si bien las consideraciones desde una perspectiva de salud pueden respaldar la regulación, las pruebas y el control de calidad, la criminalización de la marihuana contradice los principios de razonabilidad y equidad en la sociedad.

Numerosos estudios científicos han demostrado que la marihuana posee propiedades medicinales y ofrece alivio para una variedad de dolencias como el dolor crónico, la epilepsia y las náuseas asociadas con la quimioterapia, entre otras condiciones mencionadas en el Reglamento 9038. Al reconocer las propiedades medicinales de la marihuana, el público puede desarrollar confianza en el producto. Sin embargo, eliminar las menciones a la marihuana en el Artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas, ayudaría a des estigmatizarla con mayor rapidez y alentaría su uso con fines médicos legítimos, aumentando la población de pacientes considerablemente.

Las leyes sociales y el sistema de justicia se basan en el principio de razonabilidad, en el que la severidad del castigo se debe alinear al daño causado a la sociedad. Sin embargo, la clasificación de la marihuana como un delito la coloca en la misma categoría o prejuicios que otros delitos más graves, a pesar de no ser un daño social. En Puerto Rico, el alcohol es aceptado culturalmente, a pesar de no poseer propiedades medicinales y, fácticamente, ha causado mucho daño social.

Las comunidades científicas y muchas sociedades coinciden y han reconocido, que la marihuana no representa una amenaza mayor para la sociedad que el alcohol. Por lo tanto, es lógico que una sociedad moderna como la puertorriqueña aspira ser, alinee las imposiciones legales sobre la marihuana, con las impuestas sobre el alcohol, como mínimo, reduciendo así la percepción negativa asociadas a esta planta.

En adición, la criminalización de la marihuana desvía recursos valiosos de aplicación de la ley y la capacidad judicial hacia delitos de drogas no violentos, lo que contribuye a un sistema legal sobrecargado. Estos recursos podrían utilizarse mejor para abordar problemas más apremiantes dentro de la sociedad.

Al despenalizar la marihuana e implementar un marco bien regulado para su uso, Puerto Rico podría maximizar el potencial económico de la industria del cannabis. Esto no solo crearía más oportunidades de trabajo, sino que también generaría más ingresos fiscales para el gobierno y todos los actores de la industria.

A la luz de las consideraciones morales, éticas, económicas y sociales antes discutidas, es evidente que mantener la marihuana como delito en el Artículo 404 de La Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, es una política pública ineficiente, que no es atendida. Si bien se reconoce la necesidad de control de calidad y regulación desde una perspectiva de salud, la criminalización de la marihuana contradice los principios de razonabilidad y equidad en el sistema legal.

Al eliminar las menciones de la marihuana en la Ley de Sustancias Controladas y adoptar un enfoque más equilibrado, Puerto Rico puede reducir el estigma negativo asociado con el cannabis, promover la confianza en sus propiedades medicinales y crear oportunidades para el crecimiento social y económico libre de estigmas sociales. Es hora de que Puerto Rico alinee sus políticas con la comprensión en evolución de los beneficios de la marihuana y su lugar en una sociedad moderna.