Sawar revista mensual y digital sobre historia, patrimonio y turismo en el municipio de Murcia Abril de 2013. Número 2
la arqueología, la promoción inmobiliaria y los procesos administrativos se dan cita en las excavaciones del centro de la ciudad 713-2013: el 1300º aniversario del pacto de Teodomiro. Artículo elaborado por la Asociación Jarique
ArqueologíA entre la pAlA y el pApel
revista mensual, digital e independiente sobre historia, patrimonio y turismo en el municipio de Murcia
Sawar
“El Patrimonio Histórico Español es una riqueza colectiva que contiene las expresiones más dignas de aprecio en la aportación histórica de los españoles a la cultura universal. Su valor lo proporciona la estima que, como elemento de identidad cultural, merece a la sensibilidad de los ciudadanos (…).Todas las medidas de protección y fomento que la Ley establece sólo cobran sentido si, al final, conducen a que un número cada vez mayor de ciudadanos pueda contemplar y disfrutar las obras que son herencia de la capacidad colectiva de un pueblo. Porque en un Estado democrático estos bienes deben estar adecuadamente puestos al servicio de la colectividad, en el convencimiento de que con su disfrute se facilita el acceso a la cultura, y que ésta, en definitiva, es camino seguro hacia la libertad de los pueblos”.
Preámbulo de la ley del patrimonio Histórico español (1985) leY 16/1985, de 25 de junio, del patrimonio Histórico español
SAWAr MurCIA revista mensual, digital, gratuita e independiente sobre historia, patrimonio y turismo editada en la ciudad de Murcia por pedro Serrano Solana Abril de 2013
Ajuar: del árabe hispánico “assiwár” o
sumario
“asuwár”, y éste del árabe clásico
“sawar”
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editorial
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Arqueología entre la pala y el papel 9
De la ley a la práctica los primeros pasos de la arqueología urbana
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la burocracia arqueológico-constructiva
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Arqueología y construcción Matrimonio de conveniencia
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pacto de Teodomiro 713-2013: 1300º Aniversario por Asociación Jarique
40 La cultura y el patrimonio histórico, artístico y natural son el ajuar común, el conjunto de bienes materiales e inmateriales que recogemos de nuestros antepasados y que debemos conocer, disfrutar, proteger, enseñar y transmitir a las generaciones venideras. Es lo que nos une al pasado y al futuro. Es de todos.
Así fue el número anterior
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editorial
Derribar, excavar y vuelta a empezar La ciudad es un organismo vivo: una vez existe, se transforma constantemente y sin descanso. Se crea y se recrea; se construye, se reconstruye y se destruye. Incluso se quema y renace de sus propias cenizas. Y todo por culpa –o gracias- a nuestras acciones e inacciones; a lo que hacemos y a lo que dejamos de hacer. La ciudad somos todos: los que la habitamos ahora y los que nos precedieron. Sin saberlo, ellos condicionaron el espacio en el que vivimos del mismo modo que nosotros condicionaremos el de los que la habitarán en el futuro. Y allí estará la arqueología como lo está ahora, para buscar, interpretar, completar, confirmar o desmentir la información que nos proporcionan las fuentes históricas. A la gente le produce mucha extrañeza la forma en la que el suelo se eleva con el paso de los siglos. Centrándonos en la ciudad de Murcia, cuando descendemos hasta el nivel medieval, nos llama la atención observar con nuestros ojos un proceso que va produciéndose sin prisa pero sin pausa, en un constante depósito de capas y capas de piedra, tierra, ladrillo y hasta de huesos. La historia deja caer esas capas que se acumulan y que levantan el terreno bajo nuestros pies. No reflexionamos sobre ello hasta que lo contemplamos directamente gracias a la arqueología. La ciencia arqueológica queda un tanto lejos de las intrépidas y divertidas aventuras de Indiana Jones. Los arqueólogos no tienen un látigo en el cinturón mientras trabajan sobre la tierra, bajo la tierra y en el laboratorio; manejan la pala, el pico o el cepillo, y en el caso de los cascos históricos de las ciudades, también hacen uso del bolígrafo, del ordenador y del papel; de mucho papel: en este contexto llevan a cabo una importante labor de mediación entre los promotores inmobiliarios y la Administración –tanto local como autonómica-. No debe de ser fácil gestionar los tiempos que impone la burocracia administrativa, los que exige el promotor y los que necesita toda excavación arqueológica, con su metodología precisa y rigurosa. El arqueólogo-gestor tiene que responder ante unos, ante otros y, expresado de forma quizá grandilocuente, también ante la historia. La actividad de los promotores inmobiliarios ha tenido múltiples efectos sobre el patrimonio arquitectónico y arqueológico de las ciudades, y no siempre negativos: en los años 60 y 70 del pasado siglo, durante el ‘desarrollismo’, el incumplimiento sistemático de las leyes provocó daños y pérdidas
irreparables en el patrimonio; la obtención de un beneficio económico inmediato se impuso y se negó la compatibilidad entre el progreso y el estudio del pasado. Con la llegada de la Democracia y la promulgación de la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985, se ha ido aclarando poco a poco el panorama y se ha puesto orden en las intervenciones urbanas, de manera que hoy en día, la promoción inmobiliaria es en ocasiones la única oportunidad de remover la tierra en nuestro casco antiguo y de obtener una información muy valiosa. La redacción de los Planes Especiales de Protección de los centros histórico-artísticos a los que obliga la ley nacional –el de la ciudad de Murcia data de 1996-, entre otras muchas cosas ha incluido obligaciones, pero también algunas contrapartidas para que el negocio inmobiliario no se sienta perjudicado. De ese modo quizá se puede disuadir de la tentación de retomar prácticas antiguas, dañinas e ilegales, como aquella de ‘meter la pala y aquí no se entera nadie’. Sin embargo aún surgen tensiones, aún puede darse la destrucción y, por supuesto, también hay un proceso administrativo cuyos plazos parece que no es posible acortar. En este número, Sawar tratará de dibujar el panorama general de la arqueología urbana: resumiremos la ley y los procedimientos burocráticos, y hablaremos con la administración, con promotores inmobiliarios y con arqueólogos. Y no olvidaremos el ánimo último de esta publicación: la difusión de las humanidades. Quizá esta idea sea naíf pero no es una pose, nace de un convencimiento sincero: pensamos que muchos de los problemas que han surgido en el tema de la arqueología urbana y del patrimonio se podrían solucionar con el conocimiento de nuestra historia, concienciando de la importancia de su conservación. Conocerlo es quererlo, y todos protegemos aquello que queremos. Por otro lado, y de la mano de la Asociación Jarique, pondremos atención a un aniversario muy especial: ya han pasado 1300 años desde que se firmó el pacto de Teodomiro, hecho esencial que marcaría los movimientos inmediatos de los nuevos pobladores musulmanes sobre el Sureste peninsular, un espacio ocupado por la actual región de Murcia y parte de las provincias de Alicante, Albacete y Almería. Apenas un siglo después de dicho pacto llegaría la fundación de nuestra ciudad como nueva capital del territorio.
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ArqueologíA
entre la pala y el papel la promoción inmobiliaria y los procedimientos que establece la normativa de protección del patrimonio se dan cita en el centro histórico de Murcia, con los arqueólogos como mediadores de todo el proceso. Aunque las reglas del juego están claras, en ocasiones se producen tensiones por la confrontación de intereses diversos. Conoceremos en qué consiste la arqueología urbana.
Hubo un tiempo en el sector de la construcción en el que nombrar al arqueólogo era poco menos que mentar al diablo. El desarrollo económico no entendía del pasado, sólo del presente, y sólo concebía la obtención de un beneficio inmediato aprovechando el suelo urbano sin importar lo que pudiera haber debajo. El hormigón medieval no interesaba, aunque con su estudio se comprobara que la construcción de los edificios modernos derivaba del pasado; que sólo era posible gracias a la invención y desarrollo de unas técnicas con miles de años a sus espaldas. ‘He visto auténticas barbaridades’, reconoce un empresario jubilado que vivió muy de cerca la explosión urbanística de Murcia: la presión del promotor por un lado, y la ausencia de celo en garantizar el cumplimento de las leyes de protección del patrimonio por otro, ocasionaba la destrucción por la vía rápida. Las máquinas entraban en los pequeños solares del centro histórico como elefantes en una cacharrería, y en pocos días ya no quedaba rastro. Hoy la situación es distinta pero aún hay matices a considerar. Todavía queda un largo camino por recorrer para que la arqueología y el patrimonio común sean entendidos y valorados más allá de que exista una ley que fuerce a su estudio y su conservación. 6 Sawar
la Murcia antigua en el papel Zonas del plan especial de protecci贸n del Casco Hist贸rico Art铆stico de Murcia
Mucho se destruyó en Murcia a mediados del siglo XX, aunque de poco sirve ya lamentarlo. Sin embargo, los hechos acaecidos en ésta y en otras ciudades españolas no deberían caer en el olvido. La destrucción sistemática del patrimonio arqueológico durante los años 60 y 70 fue perpetrada por algunos promotores con la aquiescencia de ciertos gobernantes, a veces a escondidas y otras veces a plena luz del día, e incluso haciendo uso de argumentos justificativos que eran aceptados por buena parte de la población: ya fuera porque los ciudadanos tenían otros problemas o por su escaso interés en el tema, lo cierto es que la poca sensibilidad para con la historia y el patrimonio estaba bastante extendida y quedaba patente en la prensa del momento: la incompatibilidad entre el progreso y la conservación del patrimonio arquitectónico, arqueológico o natural, fue asumida e interiorizada por la sociedad. Era incuestionable. El desarrollo económico no permitía medias tintas, porque, además, tampoco se pensaba que ‘esas piedras’ pudieran generar riqueza desde el punto de vista turístico y económico. la destrucción del patrimonio arquitectónico, arqueológico y natural, fue asumido durante el siglo pasado como hecho inevitable; conservar y progresar parecía incompatible
La enseñanza que dejó aquel periodo inspiró al legislador en la nueva etapa democrática, quien, por otro lado, también tuvo en la Ley del Tesoro Artístico a la que debía sustituir y en otras normas europeas un modelo para la elaboración de la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985. Sin embargo, la ley no puede modificar de la noche a la mañana la manera de pensar y de actuar de todo un pueblo. Por mucho que regule, que disuada o que sancione, la Ley del Patrimonio Histórico Español necesitaba de toda la sociedad. Y en el caso que nos ocupa, el del patrimonio arqueológico, precisaba de tiempo para ir calando y corrigiendo vicios y defectos muy enquistados en el sector de la construcción y en toda la ciudadanía, salvo contadas excepciones. Todavía a principios de los años 80, ‘esas piedras’ eran un estorbo, y los historiadores y arqueólogos estorbaban porque retrasaban el progreso. En el imaginario colectivo aún anidaba la idea de que debía ser una cosa u otra. El pasado o el presente.
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De la ley a la práctica los primeros pasos de la arqueología urbana La ley marca las reglas del juego, pero necesita jugadores dispuestos a cumplirlas, árbitros que velen por su cumplimiento y sancionen a aquellos que las quebranten, y también y sobre todo un público que las respete y las llene de sentido. Con la llegada de la democracia se abrió un nuevo panorama en el ámbito de la arqueología, aunque antes hubo profesionales que realizaron un encomiable trabajo rastreando la historia de Murcia, como Manuel Jorge Aragoneses, Andrés Sobejano y muchos otros. Para iniciar el relato de la legislación y su relación con la arqueología en la ciudad de Murcia en la etapa democrática, nos remitimos al texto elaborado por pedro Jiménez Castillo en ‘La Murcia recuperada. Breve historia de la investigación arqueológica’* (Museo de la Ciudad, ayuntamiento de Murcia, 2010), en el que el arqueólogo del CSIC también ofrece su interpretación de estos hechos. Según nos cuenta Jiménez, en 1975 accedió a la cátedra de arqueología de la Universidad de Murcia la profesora Ana María Muñoz Amilibia, quien, en su opinión, “demostró una sensibilidad excepcional hacia el patrimonio arqueológico urbano”.
entre 1975 y 1983, el Departamento de Arqueología de la universidad de Murcia, con Ana María Muñoz Amilibia al frente, asumió la labor de documentación arqueológica sin contar aún con herramientas legales ni con medios económicos
Jiménez prosigue: “Apoyada por un grupo de alumnos, (Muñoz Amilibia) centró su actividad en la documentación a base fundamentalmente de limpieza, fotografía y dibujo, de los restos arqueológicos en todos aquellos solares afectados por nueva construcción que figuraban en el recorrido de la muralla de Murcia, así como de los que proporcionaron, durante las obras de desfonde, vestigios arquitectónicos de cierta entidad. Casi nunca se efectuaron excavaciones arqueológicas intensivas debido a que no se contaba con las herramientas legales ni con los medios económicos necesarios para llevarlas a cabo”. Ya desde los 70, en esta última frase tenemos planteados dos de los elementos primordiales en materia de arqueología urbana: legislación y financiación.
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*http://digital.csic.es/handle/10261/45512
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A principios de los años 80, y aún sin ley, sin medios económicos y sin estatuto de autonomía, el Departamento de Arqueología de la Universidad de Murcia siguió al timón de las excavaciones arqueológicas en la ciudad hasta que en 1983, con la aparición del ente preautonómico, el ayuntamiento de la capital decidió crear el Servicio Municipal de Arqueología bajo la dirección de Julio Navarro Palazón. Según Pedro Jiménez, este Servicio “continuó la labor iniciada por Amilibia ampliando aún más las intervenciones y multiplicando las excavaciones”. Sin embargo, “las limitaciones económicas que aún persistían obligaban a una excavación selectiva de los solares”. En opinión de Jiménez, a pesar de las dificultades, este periodo se puede considerar como positivo “gracias a la estrecha unión entre la gestión arqueológica y la investigación”.
la ley del Tesoro Artístico, incumplida sistemáticamente durante más de cuarenta años, fue sustituida por la ley del patrimonio Histórico español de 1985
En 1985 se promulgó al fin la Ley del Patrimonio Histórico Artístico Español*, que definió el marco teórico y estableció las competencias sobre la materia para el nuevo modelo autonómico. En su artículo 20 establece que “la declaración de Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica como Bien de Interés Cultural, determinará la obligación del municipio en que se encontraran de redactar un Plan Especial de Protección del área afectada por la declaración u otro instrumento de planeamiento de los previstos en la legislación urbanística, que cumpla en todo caso las exigencias establecidas en esta ley”. Y concretando en el aspecto arqueológico, la Ley define en su artículo 22.1 que “cualquier obra o remoción de terreno que se proyecte realizar en un sitio histórico o en una zona arqueológica declarados BIC, deberá ser autorizada por la Administración competente para la protección de dichos bienes, que podrá, antes de otorgar la autorización, ordenar la realización de prospecciones y, en su caso, excavaciones arqueológicas de acuerdo con lo dispuesto en el Título V de la presente Ley”.
En efecto, el Título V es el que centra la cuestión arqueológica. El artículo 42 estipula que “toda excavación o prospección arqueológica deberá ser expresamente autorizada por la Administración competente, que mediante los procedi10 Sawar
+ info:
*http://www.patrimur.com/normativa/1685.pdf
mientos de inspección y control idóneos, comprobará que los trabajos estén planteados y desarrollados conforme a un programa detallado y coherente que contenga los requisitos concernientes a la conveniencia, profesionalidad o interés científico”. También señala que “la autorización para realizar excavaciones o prospecciones arqueológicas obliga a los beneficiarios a entregar los objetos obtenidos, debidamente inventariados, catalogados y acompañados de una Memoria, al Museo o centro que la Administración competente determine y en el plazo que se fije, teniendo en cuenta su proximidad al lugar del hallazgo y las circunstancias que hagan posible, además de su adecuada conservación, su mejor función cultural y científica”. Y tras contemplar otros supuestos arqueológicos que no forman parte del tema de este reportaje, tipifica una serie de sanciones por su incumplimiento que en los casos que nos ocupan, llegarían a la imposición de multas de hasta 25 millones de pesetas de aquella época, más de 150 mil euros en la actualidad.
la ley de 1985 fijó el marco teórico, y trasladó las competencias en la materia a las administraciones local y autonómica, que debían redactar planes especiales de protección para los centros históricos
Prosiguiendo con el relato de Pedro Jiménez, con la Ley de 1985 se produjo “la supeditación de la nueva arquelogía de la ciudad a las necesidades urbanísticas de administraciones y particulares”, lo que trajo consigo una demanda de profesionales de la arqueología que ni los museos ni los departamentos universitarios podían asumir. Por ello, “fue surgiendo un grupo creciente de profesionales dedicados exclusivamente a esta arqueología que se ha denominado ‘de urgencia’”. La Comunidad Autónoma de Murcia, que ya tenía las competencias en la materia, también asumió de forma directa la gestión arqueológica de la capital a partir de 1987. Según nos cuenta Pedro Jiménez, desde 1987 hasta hoy se puede hablar de dos fases: En la primera, que abarcó hasta 1992, los técnicos –arqueólogos y dibujantes- eran contratados directamente por la Administración, mientras que en la segunda fase, iniciada en 1992 y que se extiende hasta nuestros días, la contratación la llevan a cabo los mismos promotores inmobiliarios. En opinión de Jiménez, “la primera fase (1987-1992) presenta algunos rasgos positivos, como el aumento de los presupuestos destinados a arqueología, la extensión de las excavaciones a Sawar 11
todos los solares y la independencia laboral de los arqueólogos con respecto a los constructores, lo que evidentemente les ahorró muchas presiones y les permitió realizar un trabajo más digno”. Sin embargo, en ese periodo también señala aspectos negativos, como la consideración “de cada solar como un yacimiento independiente”; es decir, que el concepto de la ciudad como yacimiento único y su estudio científico se fue diluyendo en mitad de un proceso administrativo cada vez más condicionado por la promoción inmobiliaria. Según se desprende de las palabras de Jiménez, los cambios que habría de experimentar poco después la labor del arqueólogo en el centro histórico de Murcia, tendrían incidencia en la propia arqueología en cuanto que disciplina científica: el ritmo constructivo fue acelerándose, y el propio término que comenzó a aplicarse a las excavaciones urbanas, el de arqueología ‘de urgencia’, ya nos transmite un carácter de premura que difílmente puede encajar con la metodología de una ciencia pausada y rigurosa como la arqueológica.
la arqueología urbana adoptó a finales de los ochenta el apelativo ‘de urgencia’ y supeditó su actividad al ritmo creciente que imponía la promoción inmobiliaria
Según relata Pedro Jiménez en ‘La Murcia recuperada. Breve historia de la investigación arqueológica’, toda vez que el Servicio Municipal de Arqueología había quedado sin sus competencias a partir de 1987, Julio Navarro “impulsó su transformación hacia un modelo capaz de dar respuesta a las necesidades que demandaba la arqueología municipal”. Jiménez explica que “para ello se partió del convencimiento de que sólo desde un riguroso planteamiento científico es posible afrontar con garantías un proyecto arqueológico de envergadura”. Además se auspició la creación del Centro de Estudios Árabes y Arqueológicos Ibn Arabí, que contaba con una biblioteca especializada y cuya misión era dotar a los profesionales de un espacio apropiado para la investigación y el estudio de la arqueología medieval islámica en la ciudad de Murcia, entendida ésta como un único yacimiento.
De este modo, Pedro Jiménez llega a 1992: a partir de ese año la Administración Regional optó por poner en práctica el llamado ‘modelo Madrid’, una nueva forma de gestión del patrimonio arqueológico urbano que se inició en la capital de España y que fue extendiéndose al resto de autonomías. Dicho modelo recoge 12 Sawar
una idea tomada del mundo anglosajón, que se resume con la frase ‘el que rompe, paga’, y que implica la transmisión al promotor del coste de la excavación arqueológica en el suelo urbano sobre el que planea edificar obra nueva. Para ello, el promotor “dispone de una oferta de profesionales independientes y empresas de arqueología que compiten de acuerdo con la ley del libre mercado”. Pedro Jiménez ofrece su interpretación sobre el cambio de operativa: “De esta manera, la arqueología pasa a ser un anexo de los procesos de edificación, mal vista por los promotores y constructores que son los que se ven obligados a financiarla, y definitivamente alejada de su propia esencia como ciencia histórica”.
en 1992 Murcia adoptó el ‘modelo Madrid’ para la gestión de la arqueología urbana, lo que implicaba traspasar el coste de la excavación al promotor interesado en construir en el casco histórico
Pedro Jiménez recuerda que ya desde 1989, tanto él como el resto de miembros del Centro de Estudios Árabes y Arqueológicos Ibn Arabí, trató de impulsar “un sistema alternativo al que finalmente se impuso”. Su idea consistía en “la cofinanciación de las intervenciones entre los particulares y las administraciones implicadas, pero salvaguardando la independencia de los arqueólogos”, y también en “enmarcar todas las actuaciones en el casco urbano en un solo proyecto de investigación, bajo la premisa de que una ciudad como Murcia es un yacimiento arqueológico único y no una yuxtaposición de yacimientos independientes”.
De manera clara, Jiménez explica cómo sus propuestas se vieron superadas por el incipiente ‘modelo Madrid’, “que resultaba más cómodo para la Administración, más prometedor desde el punto de vista económico para algunos arqueólogos y más interesante para los promotores”, ya que “los directores de las excavaciones pasaban a ser sus empleados”. De las palabras de Jiménez se entiende que, si bien al principio este modelo despertó las suspicacias de los promotores inmobiliarios por tener que soportar el coste de las intervenciones arqueológicas, con el tiempo algunos de ellos llegarían a entenderlo como una posibilidad de controlar o, al menos, de poder ejercer presión sobre el arqueólogo contratado. La competencia entre los arqueólogos, ‘en las condiSawar 13
ciones del libre mercado’, haría el resto, y derivado del nuevo panorama, la misión de supervisión y control de la Administración sobre las excavaciones cobraría aún más importancia de lo que se había pensado en un principio.
En mitad de este cambio de modelo, la gestión directa de la Comunidad Autónoma sobre las cuestiones arqueológicas del municipio de Murcia volvió a su ayuntamiento en 1996, año en que se dio cumplimiento a la Ley del Patrimonio Histórico Español con la aprobación del Plan Especial de Protección del Casco Histórico Artístico* de la ciudad, conocido comúnmente por sus siglas, PECHAM, y donde se fijan todos los límites de actuación para la protección de su patrimonio monumental, arquitectónico, ambiental y arqueológico. Después de algunos retoques en su redacción en el año 2000, en el PECHAM ya aparece totalmente asumido el ‘modelo Madrid’. Según pedro Jiménez, el ‘modelo Madrid’ resultaba más cómodo para los promotores a pesar de tener que pagar el gasto de las excavaciones, ya que los directores de las mismas “pasaban a ser sus empleados”
El título II del PECHAM (normas de protección), apartados 10 y 11, habla del patrimonio arqueológico y delimita dos zonas de protección con unas características y un procedimiento diferenciados:
“Se establecen dos niveles de protección del Patrimonio Arqueológico: -Restos arqueológicos previsiblemente conservables, donde tras la investigción arqueológica realizada hasta la fecha, se tiene la suficiente certeza de la existencia de tales restos que corresponden, fundamentalmente, a la muralla islámica y otras estructuras de importancia, declaradas Bien de Interés Cultural. -Restos arqueológicos sin valoración previa, abarcando el resto de ámbito del Plan Especial, que al corresponder al Yacimiento Arqueológico de MADINAT MURSIYA, sobre el que se asienta parte de la actual ciudad de Murcia, requieren un tratamiento adecuado en orden al estudio y conservación, si procede, de los mismos”.
“Todo resto arqueológico descubierto requerirá el informe del Centro Municipal de Arqueología (hoy desaparecido) sobre su conservación "in situ", traslado o destrucción, indicando en el primer caso las actuaciones posibles en orden a su 14 Sawar
consolidación y nuevo uso. Para la conservación de los restos arqueológicos descubiertos que no sean trasladados se podrá: 1.- Cubrirlos, tras su toma de datos, de manera que se pueda edificar o urbanizar empleando sistemas constructivos que no los dañen. 2.- Integrarlos en las edificaciones, en solución arquitectónica que no los menoscabe. 3.- Integrarlos en espacios urbanos con suficiente calidad y funcionalidad, de manera que se propicie la participación ciudadana en torno a los mismos”. el plan especial de protección del Casco Histórico Artístico de Murcia fue aprobado en 1996 y reformado en 2000, asumiendo los preceptos del ‘modelo Madrid’
Entre la primera redacción del PECHAM en 1996, y su reforma en 2000, el ayuntamiento de Murcia decidió eliminar su Centro Municipal de Arqueología, el denominado Centro de Estudios Árabes y Arqueológicos Ibn Arabí, que dirigía Julio Navarro y que dependía de la Concejalía de Cultura, e incluir la arqueología como un departamento más dentro de la Gerencia Municipal de Urbanismo. En cuanto a la biblioteca del Ibn Arabí, sus libros fueron trasladados a las dependencias del Archivo Histórico Municipal, en el Palacio Almudí.
Tinaja procedente de un yacimiento de la calle San pedro de Murcia (Fuente: ‘La Murcia recuperada. Breve historia de la investigación arqueológica’ Museo de la Ciudad. Ayuntamiento de Murcia, 2010)
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la burocracia arqueológico-constructiva Para resumir lo que sucede antes, durante y un poco después de que se inicie una promoción de viviendas en el centro histórico de Murcia, y con ella, una excavación arqueológica, partiremos de un ejemplo imaginario: un promotor que compra un solar en la calle Jabonerías de Murcia con el fin de construir un nuevo edificio. Para obtener la licencia de obra, presenta su proyecto de edificación en el ayuntamiento de Murcia, y entre los diferentes servicios por los que el proyecto ha de transitar antes de recibir dicha licencia, está el de arqueología, ya que la calle Jabonerías se encuentra en una zona protegida y delimitada en el PECHAM como de Grado 2, dentro del antiguo recinto amurallado: con total probabilidad, en ella existen restos arqueológicos sin valoración previa pertenecientes al yacimiento arqueológico de ‘madinat Mursiya’, es decir, de la Murcia medieval. En ese momento, si es que no lo sabía con antelación, se informa al promotor de que debe llevar a cabo una excavación arqueológica previa a la concesión de cualquier licencia y en qué condiciones hay que realizarla. Para cumplir con ese requerimiento, el interesado busca arqueólogos y pide presupuestos: los arqueólogos pueden trabajar como autónomos, en alguna empresa de arqueología, o incluso pueden estar en plantilla de empresas relacionadas con el sector de la construcción, por ejemplo las de derribos, y que ofrecen como servicio complementario la excavación arqueológica.
el plan especial del Casco Histórico delimita dos zonas de protección: en ambas hay que realizar excavación arqueológica antes de conceder licencia de edificación
El arqueólogo le plantea al promotor su presupuesto teniendo en cuenta la superficie del solar, la profundidad del edificio proyectado –las plantas subterráneas que incluye- y sus características, y le propone un precio, un plazo de ejecución que no puede ser superior a seis meses y el equipo humano necesario para llevar a cabo la excavación. Cuando el promotor acepta esas condiciones y lo contrata, el arqueólogo redacta un proyecto y lo presenta a la Dirección General de Cultura, que lo analiza y concede el correspondiente permiso de excavación arqueológica. En este punto, y ya con el permiso en su 16 Sawar
poder, el arqueólogo recibe las instrucciones para la elaboración de una primera memoria de la intervención e inicia el trabajo de campo.
Con independencia del seguimiento que haga la Dirección General de Cultura, la obligación de supervisar directamente las excavaciones arqueológicas en la ciudad recae en el ayuntamiento: su técnico de patrimonio visita semanalmente la excavación, recibe información de los trabajos por parte del arqueólogo y le orienta sobre los pasos a seguir. La intervención arqueológica profundiza hasta donde esté previsto que llegue el proyecto de edificación, con un máximo que suele estar entre los cinco y los seis metros bajo la cota cero: esa es la profundidad hasta la cual se suele dar el depósito arqueológico en la ciudad de Murcia. Si el proyecto de edificación contempla una profundidad mayor, el arqueólogo desciende un poco más de esos cinco o seis metros para cerciorarse de que no hay restos y después se limita a supervisar. Aunque las competencias sobre la materia corresponden a la Dirección general de Cultura, el ayuntamiento se encarga de supervisar las excavaciones y emite un informe sobre los restos encontrados y el trabajo del arqueólgo
Los restos muebles que aparezcan durante el trabajo, tales como vidrio, cerámica, monedas u otro tipo de utensilios, son trasladados y depositados en el Museo Arqueológico, donde se da fe de la recepción con un impreso que el arqueólogo debe incluir en la documentación del proceso de excavación. Una vez que el arqueólogo ha acabado el trabajo de campo, dispone de un mes para realizar una primera memoria que incluirá fotografías, dibujos, planimetrías, alzados... De dicha memoria hace dos copias: una la entrega en la Dirección General de Cultura y la otra en el ayuntamiento, que la analiza, redacta un informe y lo remite también a la Dirección General de Cultura. Así pues, finalmente es la Comunidad Autónoma la que, con la memoria del arqueólogo y el informe del ayuntamiento –que puede incluir o no una propuesta-, decide sobre los hipotéticos restos inmuebles que hayan aparecido durante la excavación: depende de lo excavado, se resolverá conceder al promotor la licencia de obra sin condiciones, o condicionada a la conservación ‘in situ’ de los restos aparecidos. En este último caso, se deberá modificar el proyecto de edificación y adaptarlo a los requerimientos que la Dirección Sawar 17
General de Cultura imponga para una conservarción adecuada de los restos arqueológicos, aunque en este extremo también existen mecanismos de compensación: por ejemplo, si el promotor planeaba hacer un sótano y aparecen restos que hay que conservar, siempre que sea posible se le concederá un aumento de altura en la edificación a cambio de acondicionar los restos para su contemplación.
Por otro lado, si el solar se encuentra en la zona delimitada en el PECHAM como de Grado 1, y que abarca todo el perímetro de las murallas islámicas, los restos que aparecerán son conservables a todos los efectos ya que la estructura defensiva medieval está catalogada como Bien de Interés Cultural. Y en ese caso, si existiera un edificio antiguo a demoler antes de la construcción del nuevo, los trabajos de derribo deberían ser supervisados profesionalmente por un arqueólogo además de desarrollar con posterioridad la excavación arqueológica. Una vez concluidas las labores de derribo y de excavación, el proyecto de edificación de la nueva obra se tendría que adaptar al alzado y condiciones de los fragmentos de muralla encontrados. Tenemos varios ejemplos en la ciudad: el actual hotel NH Rincón de Pepe con su cafetería en sótano, varios inmuebles en la calle de los Apóstoles, el aparcamiento subterráneo de la Glorieta de España, varios edificios más entre las calles de San Nicolás y Sagasta... En todos ellos y en algunos más, la muralla del siglo XII y la antemuralla del siglo XIII, así como otras modificaciones de siglos posteriores, se han integrado en espacios públicos y privados. Con la memoria del arqueólogo y el informe del ayuntamiento, la Dirección general de Cultura debe resolver sobre los restos
Respecto a la duración de todo el proceso desde que se inician los trámites hasta que el promotor empieza la obra, y en lo que se refiere exclusivamente a la arqueología –el proyecto ha de superar otros aspectos legales-, podría variar entre cuatro y ocho meses si no hay ningún problema añadido y según las características del solar, su ubicación –grado 1 o grado 2-, si existe otro edificio a derribar, la profundidad prevista que se quiere alcanzar, el tipo de cimentación... Y por supuesto, también dependerá de los posibles hallazgos y su importancia. Después de todo el proceso incluido en la tramitación de la licencia de edificación, el arqueólogo dispone de dos años para hacer una memoria más detallada. 18 Sawar
Arqueología y construcción Matrimonio de conveniencia Que el progreso y la conservación del patrimonio no sólo no son antagónicos, sino que además son perfectamente compatibles si encuentran el equilibrio y benefician a toda la sociedad, es algo que las leyes han tratado de impulsar y facilitar planteando límites y orientando el quehacer económico. Sin embargo, parece normal que haya tensiones, incomprensiones y hasta algún conflicto. Y de todos los campos en los que ambos conceptos se encuentran y están obligados a entenderse, quizá el más evidente sea el que concita a la promoción inmobiliaria y la arqueología urbana. Es innegable que, sin la posibilidad que brinda la construcción, sería difícil excavar en espacios densamente poblados como los cascos históricos de las ciudades, pero por otro lado, sólo con la construcción, sin la excavación y la documentación arqueológica, ¿qué futuro nos esperaría? El encuentro –o choque- entre el progreso y el patrimonio, entre la promoción inmobiliaria y arqueología, no es sólo simbólico; también es físico: los pilares de los modernos edificios se asientan por fuerza
Además de contactar con otros profesionales relacionados con el tema en busca de orientación y documentación, Sawar Murcia ha hablado con los siguientes profesionales, cuyas opiniones se incluyen en este reportaje: luis de Miquel Director del Museo Arqueológico de Murcia Ángel Iniesta Coordinador del área de arqueología del Servicio de Patrimonio Histórico de la Comunidad Autónoma de Murcia Carmen Martínez Arqueóloga Municipal del Ayuntamiento de Murcia pablo Martos Promotor de la empresa Obras de Murcia José Miguel Noguera Ex director General de Cultura, arqueólogo y catedrático de la Universidad de Murcia José Antonio Zapata Arqueólogo
sobre un terreno removido por el ser humano durante miles de años. El tira y afloja está servido.
El director del Museo Arqueológico de Murcia, luis de Miquel, lo expresa gráficamente: “Los arqueólogos tenemos claro que los edificios no flotan en el aire. Tenemos asumido que necesitan pilares y que se apoyan en el suelo”, pero a renglón seguido, matiza que “se puede hacer una cosa que no destruya inútilmente los restos”. Para explicar la inevitable unión entre construcción y arqueología, y sobre todo, la necesidad de ésta última, de Miquel encuentra una metáfora: “Pasa como con las ballenas: como antes había tantas, pues se las cargaban. Pero ahora hay pocas y debemos llevar cuidado. Antes, la mayoría de las obras no llevaban sótano, no tocaban los restos arqueológicos y podíamos esperar otro siglo para sacarlos, pero ahora queremos meter nuestros coches y hacemos obras con buenos pilares que bajan y barren muchos metros, así que no hay más remedio que hacer la excavación arqueológica, porque no podemos esperar a que lo haga otra generación. O paramos o nos quedamos sin ballenas”. Sawar 19
Así pues, en principio y al margen de otras consideraciones, por un lado existe un interés lícito en obtener un beneficio económico por parte de los promotores de viviendas, pero por otro también existe una obligación que ya fija la ley, y es la de excavar antes de edificar en un centro histórico para rastrear en el pasado común por medio de la arqueología. Las cartas están sobre la mesa: para el arqueólogo José Antonio Zapata parra, “cuando el promotor compra una propiedad, solar o edificio, debe hacer lo que hacemos todos cuando compramos una casa, que es ir al Registro de la Propiedad y ver qué cargas tiene, así que el promotor debe saber las cargas económicas y administrativas que tiene una propiedad en un casco histórico, y también debe saber que tiene que hacer una excavación arqueológica: va todo en el paquete”. En la misma línea se expresa la arqueóloga municipal de Murcia, Carmen Martínez Salvador: “El promotor debe saber que está construyendo en un casco histórico con sus inconvenientes y sus limitaciones. Debe valorarlo y ver si le sirve o no, y si no, puede irse a construir a otro sitio donde no haya que hacer esto”.
el tiempo es oro (pero el patrimonio no tiene precio) Los factores básicos que el promotor debe incluir en sus cálculos arqueológicos son el tiempo y el dinero, aunque en un negocio ambos están relacionados: el reloj no se detiene y eso también supone un coste. Empezando por el ‘factor tiempo’, ya hemos visto que los trámites administrativos asociados a la solicitud de una licencia de edificación, en cuanto al proceso arqueológico se refiere,
la crisis ha paralizado la promoción de viviendas, también en el casco antiguo de Murcia
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la hierba crece en un solar del casco histórico de Murcia
pueden alargarse más de medio año entre el papeleo y la excavación propiamente dicha, siempre y cuando la parcela no sea demasiado grande y no haya sorpresas. ¿Cómo afecta este tema a los constructores? ¿Se trata de un proceso ágil o lento? ¿No se podría acortar? Para pablo Martos, de la promotora Obras de Murcia, “desgraciadamente sigue siendo un proceso bastante lento, aunque es cierto que en los últimos años se ha agilizado algo”. En su opinión, “y como casi la totalidad de los trámites previos al inicio de una obra, este proceso podría agilizarse con la adopción de algunas medidas que simplificasen la documentación y los procesos burocráticos, así como la tramitación interna de las administraciones”. Martos añade otro problema: “La tardanza en la concesión de licencias y permisos de vía pública para actuaciones en el centro histórico”.
Sin embargo, Carmen Martínez Salvador opina que “con independencia de que el promotor tenga prisa por empezar, a veces se retrasa más el informe de incendios o el de eliminación de residuos que el arqueológico; hay que tener en cuenta que el informe arqueológico lleva un proceso, pero el resto de informes para obtener el permiso de edificación también llevan el suyo”. En la misma línea se expresa Ángel Iniesta, arqueólogo y coordinador del área de arqueología del Servicio de Patrimonio Histórico de la Comunidad Autónoma de Murcia: “Hace años que la ejecución de las actuaciones arqueológicas en el casco de Murcia están ya contempladas en el procedimiento ordinario de concesión de licencias. Por lo tanto, los promotores cuentan o deben contar ya con los tiempos de ejecución y resolución de las actuaciones arqueológicas, que conocen desde antes de iniciar su promoción”. Iniesta añade con firmeza que “si no lo hacen, la Sawar 21
responsabilidad es suya o de los técnicos que les asesoran”, y como muestra de que la Administración cumple con sus plazos, añade que “en el 90 por ciento de los casos, los tiempos de la actuación arqueológica y de concesión de permisos son los previstos y lógicos: la Administración Regional nunca supera los plazos de respuesta estipulados tanto en la concesión de los permisos de excavación como en la resolución final, una vez presentada la memoria de los trabajos”.
Por su parte, el ex director general de Cultura, arqueólogo y catedrático de la Universidad de Murcia, José Miguel Noguera, también cree que “después de treinta años, el proceso de las excavaciones arqueológicas vinculadas a la promoción de viviendas está bastante regulado y es muy sencillo”. Lo argumenta: “Cuando un promotor quiere construir en un casco histórico donde hay una serie de bienes culturales catalogados, y entre ellos, los del subsuelo, ya sabe que debe incluir en el proyecto de edificación un proyecto de intervención arqueológica”. Sin embargo, reconoce que “una vez que se ha solicitado el permiso de excavación, la Administración dispone de un plazo de entre uno y tres meses para responder si se ha de hacer dicha excavación, y eso sí que es verdad que se podría acortar”, pero después lo justifica: “¿Por qué se puso este plazo un poco laxo? Pues porque ha habido una época en la que había cientos de proyectos que informar; había una cantidad tremenda y no se daba abasto, y por eso antes se podía demorar un poco el permiso. Ahora, por ejemplo, en una semana te informan un proyecto porque no hay tantas promociones”.
Dentro del mismo ‘factor tiempo’ hay otro aspecto que no tiene que ver con los trámites burocráticos sino con la excavación en sí, con el trabajo de campo. Según José Miguel Noguera, “hay que contar con la profesionalidad del arqueólogo, es decir, que haga una excavación impecable pero que tampoco se demore en exceso”. Noguera recuerda que “hace veinte años había excavaciones que se llevaban entre uno y dos años para lo que se podía hacer en seis meses, y eso se ha corregido hoy”.
Carmen Martínez Salvador explica que “cuando el promotor pide presupuestos y elige uno, pacta unas condiciones con el arqueólogo y con su equipo, pero normalmente la diferencia entre unos equipos y otros no suele ser mucha”. En opinión de la técnico del ayuntamiento, “un arqueólogo puede decir que lo hace 22 Sawar
en dos meses, y otro decir que lo hace en dos meses y diez días, pero no puede decir un mes y el otro necesitar cuatro meses”. Para Ángel Iniesta, “en ocasiones se responsabiliza, casi por cierta picaresca, a las actuaciones arqueológicas de retrasos en la ejecución y conclusión de las obras que derivan de otros factores”. Iniesta añade un dato: “En más del 90 por ciento de los casos de restos a conservar en Murcia capital, nos encontramos con restos de la muralla medieval cuyo trazado es perfectamente conocido y sin sorpresas, por lo que la promoción debe contar, desde el principio, con su presencia y la obligación de conservarla. Por tanto, no debería haber sorpresas en cuanto a los números y previsiones si éstas se han hecho correctamente”. José Antonio Zapata profundiza en ese camino, exponiendo la misma idea que se ha esforzado en transmitir a los promotores con los que ha trabajado: “Yo he excavado durante ocho años, y siempre le he dicho al promotor que no soy su problema, sino parte de su solución. No es verdad que el arqueólogo detenga una obra”.
luis de Miquel introduce un matiz importante: “El problema no es el plazo, es que en la construcción todavía tenemos la mala costumbre de dejar la arqueología para el final. Primero tiran el edificio antiguo, luego ponen el cartel, luego hacen los análisis técnicos y el proyecto del nuevo edificio... Y cuando quieren empezar a trabajar, llaman al arqueólogo porque mientras tanto están esperando a ver si suena la flauta y les dicen que no hay que excavar”. El director del Museo Arqueológico de Murcia lo tiene claro: “No exagero, la triste experiencia es que el promotor deja la arqueología para lo último y luego dice que está parado por su culpa. Eso es muy negativo porque hacen un proyecto con tres sótanos, y a lo mejor luego les sale algo que hay que conservar y tienen que modificar el proyecto. ¿A quién se le ocurre hacer primero el proyecto y después la excavación arqueológica? Manda primero al arqueólogo para que te diga lo que hay y luego haces el proyecto”. De hecho, según de Miquel, “la Administración normalmente no te va a decir que no puedes construir; lo normal, si sale algo a conservar en una esquinita, es que te digan que dejes esa esquinita libre”. Luis de Miquel afirma: “Yo puedo hablar alto y fuerte porque ya no hago trabajo de campo, estoy en un museo y no tengo interés económico, pero yo trabajé muchos años en la calle y viví todo esto: hay mala fama del arqueólogo y en muchos casos es injustificada. Tal y como está hoy la cosa y que se trata de un mercado de libre competencia, el arqueólogo que fuera innecesariamente lento no trabajaría”. Sawar 23
Modelos de gestión: ‘el que rompe, paga’, pero a veces se le compensa Entre la apresurada inmobiliaria y la pausada arqueología, y entre el factor tiempo y el factor dinero, retomamos el llamado ‘modelo Madrid’ de gestión. La ley estipula que el promotor es el que debe pagar la excavación arqueológica y a los arqueólogos, ya que la remoción del terreno surge de su interés económico particular. Carmen Martínez Salvador lo justifica: “Lo mismo que se hace cargo del traslado de los escombros o paga el proyecto, o paga la enganchada al agua o a la luz, el promotor también debe pagar una cuestión que tiene, que es la excavación arqueológica. Si no excava, no puede hacer sótano ni cimentar”. Martínez Salvador añade: “A la mayoría de los promotores, el tener que hacer un desembolso económico mayor imagino que les supondrá un incordio, pero tendrán sus maneras de recuperarlo con la venta de los pisos. Les supondrá el mismo incordio si el que les hace la cimentación les dice que ha surgido un problema y tiene que reforzar, por ejemplo”.
Al respecto de si el precio de la intervención arqueológica que ha de asumir el promotor es mucho o poco dinero en el total de un proyecto de edificación, y la forma que tienen de recuperarlo, el arqueólogo José Antonio Zapata afirma que “el coste de una excavación arqueólogica a lo mejor es el 0’05 por ciento del coste de hacer un edificio; es muy poco dinero”. Lo mismo opina luis de Miquel: “El coste de la excavación arqueológica no resulta muy oneroso en el total de una obra; cuestan más los análisis de hormigones, lo que pasa es que a los constructores les cuesta mucho más asumir este coste”.
Ya hemos visto que la Administración tuvo que renunciar a hacerse cargo del total de
edificio en Santa eulalia: Durante la intervención arqueológica apareció un cementerio medieval islámico y restos de viviendas
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Cuello de tinaja hallado en Monteagudo (Fuente: ‘La Murcia recuperada. Breve historia de la investigación arqueológica’. Museo de la Ciudad. Ayuntamiento de Murcia, 2010)
las excavaciones a principios de los años 90, porque la suma de todas las intervenciones alcanzaba un coste más difícil de asumir que el que le supone a los promotores de manera individual. José Miguel Noguera señala que “el costo económico de la excavación arqueológica se repercute en la promoción directamente, en el total de las viviendas que se van a hacer, y teniendo en cuenta los precios terribles de las viviendas que hemos visto, pues mil o dos mil euros por vivienda tampoco era mucho”. El ex director general de Cultura recuerda el caso más sonado que le tocó en su etapa política: “Joven Futura* fue el caso más tremendo porque fueron muchos millones de euros a repercutir entre los cooperativistas, y al final pagaron creo que tres mil euros de más. Y bueno, eso es dinero, por supuesto, pero es que fue una excavación descomunal que había que hacer. Aquello se nos fue un poco de las manos a todos”.
Además de las formas que el promotor busque de recuperar su inversión en general, incluyendo el coste particular de las excavaciones arqueológicas, y de obtener un beneficio con la venta de inmuebles, la legislación ha ido articulando una serie de contraprestaciones que, según se negocie con la Administración para facilitar la contemplación de los restos arqueológicos que se conserven ‘in situ’, pueden incluir, por ejemplo, la concesión de elevar el edificio con más alturas de las que figuran como límite máximo en el centro histórico.
Desde el punto de vista del promotor, ¿son suficientes esas compensasiones? pablo Martos, de Obras de Murcia, cree que las medidas de compensación son “un gran avance”, pero estima que son “insuficientes”. Prosigue: “Creemos abiertamente que debieran habilitarse, pese a la crisis actual, una serie de ayudas
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*http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2010/07/17/joven-futura-construira-45-pisos-restos-arqueologicos/258894.html
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para aquellas empresas que realmente están ayudando con sus proyectos a la rehabilitación de los edificios catalogados del centro histórico de la ciudad, embelleciendo el ornato de las fachadas y conservando los restos arquelógicos que pudieran aparecer. En la actualidad, si aparece un resto de interés, su conservación es sólo responsabilidad del propietario pese a no poder explotarlo comercialmente. Sería muy conveniente ayudar a esta persona con algún tipo de subvención o desgravación de tipo fiscal... Se me ocurre por ejemplo no tener la obligación del pago del IBI”.
Sobre este particular, Ángel Iniesta opina que “podría considerarse que las compensaciones volumétricas en el Plan General de Murcia, estimulan y favorecen la cesión de restos a la Administración Municipal, frente a otras opciones como puede ser el cambio de uso, y el mantenimiento de la propiedad y utilización en locales comerciales”, pero sobre la posibilidad de otorgar ayudas o exenciones fiscales a los promotores, el coordinador del área de arqueología del Servicio de Patrimonio Histórico se muestra reticente: “Estoy de acuerdo en que, en general, la legislación española de mecenazgo es demasiado restrictiva y poco útil para favorecer realmente soluciones de interés público, pero a la hora de estudiar ventajas fiscales para este caso, así como para cualquier actuación sobre el patrimonio cultural, debe valorarse que lo que se está produciendo es un desvío del coste del problema desde el beneficiario de la operación, el promotor, a todo el conjunto de la sociedad”.
En opinión de Iniesta, “los restos arqueológicos están tranquilos donde están, y las intervenciones en los cascos urbanos derivan de prioridades ajenas al patrimonio cultural; derivan del interés privado o público de ejecutar una promoción”. Por eso, argumenta que “la sociedad en su conjunto no tiene por qué asumir parte o el total del costo de la conservación de esos restos. En general, la exención fiscal del mecenazgo cultural implica que los fondos, que serían recaudados y administrados por la Administración con criterios de prioridades generales, son desviados de las arcas públicas y gastados en fines del patrimonio cultural, pero con arreglo a decisiones y prioridades particulares”.
La postura de luis de Miquel ahonda en ese sentido: “No tengo nada en contra de los promotores, pero todo es pedir; todo el mundo intenta conseguir más. Construir y que te salgan restos arqueológicos no debe ser un negocio, como 26 Sawar
tampoco lo es construir sobre una falla, en una zona tectónica o sobre una laguna. Todo eso tiene un coste y nadie se escandaliza. Determinados sitios tienen determinadas características”. Para el director del Museo Arqueológico, hay un ejemplo claro: “Si la roca la tienes a 25 metros, tu pilar lo tienes que llevar a 25 metros, y entonces no vas a decir, ‘oiga, quíteme el IBI porque tengo que bajar a 25 metros’. Pues mire, construya donde la roca esté a cinco metros. Entiendo lo de pedir y no me parece mal, pero esto es así. Hay cosas que se asumen pero la arqueología parece que no”.
Sin embargo, José Miguel Noguera también recuerda la situación anterior y una antigua frase: “Lo que no es de recibo tampoco es cosas que yo escuchaba hace treinta años, lo de ‘al que le toca, le toca’. Hombre, ya, pero si tú compras un solar para hacer un edificio y te toca tener ahí un yacimiento, lo que tampoco está bien es estar ahí meses y meses excavando, que te cueste un dinero y que luego no te dejen hacer nada. Lo que tiene que hacer la Administración es proteger esos restos pero dar también soluciones al promotor, que también paga sus impuestos y también tiene derecho a poder desarrollar su actividad, y la ciudad tiene derecho a seguir creciendo y desarrollándose”. Para ello, según expone el ex director general de Cultura, “hoy en día se han implementado esas compensaciones para los promotores por parte de la Administración, que hacen que el promotor pierda el miedo a meterse en el casco histórico”.
Un elemento que no se puede olvidar para hacer una composición lo más objetiva y global posible, tras tener en cuenta estos argumentos, es que, si bien es cierto que los restos arqueológicos que hay bajo la ciudad pueden permanecer enterrados, y que es lógico pensar que sea el interesado el que pague la intervención ya que se excava por un interés particular, no es menos cierto que al final toda la sociedad se verá beneficiada de unos hallazgos que han de acrecentar la cultura y el patrimonio común, y que dichos restos han de cumplir una mejor función social si son estudiados que si siguen bajo tierra. Estas consideraciones nos llevan a estimar también como lógica y defendible la articulación de contrapartidas legales que hagan menos gravoso el coste de la excavación, e incluso un método distinto del ‘modelo Madrid’, una fórmula mixta de cofinanciación que ya fue defendida en su momento por arqueólogos como Pedro Jiménez y en la que se pretendía asegurar la independencia del arqueólogo. Queda claro que el tema es rico en matices, y que todas las posturas que Sawar 27
incluyan como premisa superior el estudio y conservación del patrimonio, son comprensibles. Lo más importante es lograr un sistema lo más justo y equilibrado posible, algo que no resulta nada fácil.
el arqueólogo entre la espada y el papel Más allá de la negociación y de la búsqueda de puntos de equilibrio entre los constructores y la administración, y entre el desarrollo económico y la conservación del patrimonio, ¿qué hay del arqueólogo? Su posición silenciosa, a veces, no es fácil, además de que en mitad de todo este proceso los profesionales de la arqueología deben ganarse el pan. ¿Son compatibles las reglas de la competencia en un mercado libre, y la rigurosidad del método arqueológico dentro de un proyecto de investigación? Desde que el promotor es quien contrata y paga directamente sus servicios, ¿siente presión el arqueólogo? “Eso es indudable”, afirma un arqueólogo que prefiere permanecer en el anonimato. Y prosigue: “A veces estás entre la espada y la pared, porque sabes que hay algo que al promotor no le conviene, pero debes actuar correctamente. Estás en medio de todo: por un lado tienes que rendir cuentas a la Administración, pero por otro lado, también se las debes rendir al que te está pagando. Por eso debes hacer una labor de mediación y debes tener muy claro tu código deontológico”.
Para Carmen Martínez Salvador, “El promotor meterá prisa al arqueólogo como le mete al que le pone las ventanas o al fontanero, y ahí estará el técnico para saber hacer su trabajo”. La técnico municipal continua: “La mayoría de los arqueólogos son muy correctos... Supongo que alguna presión tienen, pero como nosotros hacemos un seguimiento muy directo, en el momento en el que vemos que hay algún problema, lo intuimos. En seguida lo comentamos... Pero
Necrópolis islámica de San Nicolás, siglos XI-XIII (Fuente: “Murcia islámica. Una visión a través de la arqueología”* Museo de la Ciudad. Ayuntamiento de Murcia, 2001).
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*http://digital.csic.es/bitstream/10261/15292/1/jimenez___murcia_islamica.pdf
Jarrita del siglo XII hallada en Murcia (Fuente: “Murcia islámica. Una visión a través de la arqueología” Museo de la Ciudad. Ayuntamiento de Murcia, 2001).
vamos, que a ninguno le gusta hacer el trabajo mal”. Aún así, Martínez Salvador afirma: “Si vemos que algo se está haciendo mal, sea por el motivo que sea, desde el ayuntamiento tenemos capacidad para paralizar la obra, levantar un parte de infracción y avisar a la comunidad autónoma, pero no tenemos capacidad sancionadora porque eso es competencia de la Dirección General de Cultura. De todas formas, el centro histórico está muy controlado y nadie puede meter una excavadora en un solar del centro”.
Preguntado sobre las presiones, pablo Martos, de la empresa Obras de Murcia, responde: “Desconozco casos donde la prospección arquelógica haya tenido presiones de algún tipo”. Sin embargo, aunque no las haya de forma explícita, el sistema genera una presión por su propia naturaleza. Tal y como expone luis de Miquel, “en un mercado de libre competencia, el arqueólogo que fuera innecesariamente lento, no trabajaría, y hoy más porque con la crisis hay muy poco trabajo”.
En este contexto, algunos profesionales hablan de que el mercado prefiere arqueólogos de menos de treinta años por su inexperiencia, o cuentan que las condiciones de salario tampoco se ajustan al importante trabajo que desarrollan ni a su formación académica. En opinión del director del Museo Arqueológico, luis de Miquel, “evidentemente, en un mundo en el que el que paga la excavación es el constructor... Se excava bien, pero la ética del profesional está por encima de todo, y luego los técnicos del ayuntamiento y la comunidad no sólo dan permiso sino que van haciendo una supervisión, un control, y también apoyan al arqueólogo para decirle al constructor que las cosas hay que hacerlas bien”.
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Sobre este asunto también responde José Antonio Zapata haciéndose una pregunta: “¿El que me paga es mi jefe? No. Yo le estoy prestando un servicio”. Su postura es meridiana y la expresa decidido: “El arqueólogo debe hablar claramente al promotor y ahí entra su ética y su vocación. El promotor contrata los servicios de un profesional como el arqueólogo, que es un científico, y debe poner una barrera que no se puede atravesar. Por el hecho de que te pague, no es tu jefe, y si dejas que el promotor pase esa barrera, ahí sí que tienes un problema”. Sin embargo, añade que “en general, los arqueólogos son buenos profesionales porque la arqueología es devoción”, pero admite que “con el libre mercado, entre nosotros mismos nos hacemos el ‘harakiri’”. Según Zapata, una posible solución sería la colegiación y la regulación de tarifas para “dejar las luchas internas”.
Sawar también pregunta a Ángel Iniesta sobre las supuestas presiones al arqueólogo, y el técnico del Servicio de Patrimonio Histórico diferencia dos aspectos: por un lado, la posición que ocupa el profesional contratado dentro del proceso concreto de excavación, y por otro, la situación laboral general que viven hoy los arqueólogos. Respecto de esto último, Iniesta estima que “el mercado es libre, y evidentemente la competencia determina, en ocasiones, que el salario de los profesionales sea inadecuado”, al tiempo que añade que “el control de la Administración obliga a que este hecho nunca pueda repercutir sobre la calidad del trabajo del profesional, ayudando a mantener un cierto equilibrio en el sistema”. Y en cuanto a la presión sobre el terreno, “sin negar que puedan existir casos puntuales en que el arqueólogo, como cualquier otro profesional, pueda sentir cierta presión”, explica que “se efectúa una inspección desde ambas administraciones de todo el proceso de excavación, derivando incluso el diseño de la misma, desde su arranque, de un pliego de condiciones redactado por el ayuntamiento”. Es decir, que “el profesional contratado por el promotor tiene siempre el respaldo de que su actuación debe atenerse a las determinaciones marcadas desde la Administración, que es quien, en definitiva, indica cómo debe ser, vigila que su desarrollo sea el adecuado y decide cuándo está correctamente concluida”. Ángel Iniesta también puntualiza otro aspecto de este debate: “Pese a lo que podría desprenderse de ciertas desinformaciones no muy lejanas, en Murcia, los arqueólogos directores de las excavaciones nunca han sido quienes han realizado valoraciones de los restos más allá de su interpretación arqueológica o histórica, y esto es así por la propia protección 30 Sawar
de los intereses de los profesionales, y también por la objetividad en la toma de decisiones”. Con ello, Iniesta incide en que la presión que el promotor ejerza sobre el arqueólogo, al final, no puede tener como resultado la decisión de no conservar los restos que aparezcan, ya que dicha decisión pertenece a los técnicos de la Administración.
Y si la presión al arqueólogo por parte de algunos promotores, según los técnicos de la Administración, siempre tendrá unos efectos limitados, ¿Reciben presiones los políticos? Sawar le pregunta al ex director general de Cultura, José Miguel Noguera: “No, no recibí presión alguna. También es verdad que yo siempre he jugado con la gran baza de que si a mí me presionaban, me volvía a la Universidad como catedrático. Y la verdad es que jamás he recibido ninguna presión... Hombre, otra cosa es que venga un promotor y te pregunte, ‘¿oiga, qué tengo que hacer con esto?’, o por ejemplo en el caso de Joven Futura, que cada seis meses vinieran y preguntaran, ‘¿oye, cuándo va a acabar esto?’. Yo les respondía que eso se acabaría cuando los técnicos lo estimaran, y ya está”. Noguera recuerda que, en su etapa, “las cosas se hicieron como se tenían que hacer, y la prueba es que las dos o tres veces que acabamos en los tribunales, el Juez siempre dictaminó que el procedimiento se había hecho impecablemente”. El ex director general de Cultura reflexiona: “Claro, es que si tú no velas por la conservación del patrimonio, ¿quién lo va a hacer? Es que entonces, ya, apaga y vámonos”.
Todo es un juego de equilibrios, incluso dentro de la Administración. José Miguel Noguera prosigue: “Cada uno vela por lo suyo, porque luego está, qué sé yo, pues Urbanismo que vela por sus intereses... Pero todo eso se hace converger. Había muchas mesas para poner en común las necesidades de cada cual”. Noguera se pregunta: “¿Eso te genera problemas? Pues claro. Yo mismo tuve problemas porque a algunos colectivos no les gustaba cómo hacía las cosas... Pero en los dos sentidos: había quien pensaba que no llegaba y otros que pensaban que me pasaba. Es normal porque a veces las decisiones que tomas no son comprendidas por todos. En mi etapa hicimos muchas cosas, y tuvimos nuestros aciertos y nuestros errores, pero la verdad es que nunca recibí presión alguna. Y si la hubiera recibido, tampoco la habría admitido”.
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Ciencia y conciencia La ley es fundamental, pero al final todo deriva de la ética de todos los agentes implicados, y también del grado de concienciación que tengan sobre la importancia de estudiar y valorar el pasado. El de la concienciación es un asunto que compete a todos: a los arqueólogos, a la Administración y a los promotores, que por la idiosincrasia de su ámbito laboral se encuentran más próximos a estas disquisiciones. ¿Están concienciados los promotores? En opinión de José Miguel Noguera, “al cabo de treinta años de trabajar, poco a poco ya estamos cada vez más sensibilizados todos, y los promotores también”. Sin embargo, admite que “es verdad que todavía queda por ahí algún promotor un poco ‘burreras’, por así decirlo, pero es que esto pasa en todos los campos de la vida: todos los días vemos que cuando no hay un industrial que te la pega por aquí, tienes un banquero que te la pega por allá... En fin, que siempre hay malos profesionales en todos los sectores, pero en general creo que los promotores hoy en día están bastante sensibilizados y han interiorizado ya la normativa, y saben de la importancia de conservar el patrimonio”. Según Noguera, “el promotor sabe que el patrimonio es un bien común, y que puesto en valor y bien integrado en sus edificios, puede ser un atractivo y un elemento de dinamización de la propia ciudad, del urbanismo y la arquitectura...”.
Para pablo Martos, de la promotora Obras de Murcia, tanto los constructores como la sociedad están cada vez más concienciados de la importancia del patrimonio común y ya no se ve a la arqueología como un estorbo: “La destrucción de restos arqueológicos de interés, en cualquier caso, es una auténtica barbaridad, y creo que la sociedad en general va tomando cada vez más conciencia de que el patrimonio de nuestra ciudad es verdaderamente muy
Fragmento de antemuralla del siglo XIII en Verónicas (Fuente: “Murcia islámica. Una visión a través de la arqueología” Museo de la Ciudad. Ayuntamiento de Murcia, 2001).
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restos arqueológicos en un solar de Murcia (Fuente: “Murcia islámica. Una visión a través de la arqueología” Museo de la Ciudad. Ayuntamiento de Murcia, 2001).
importante. Forma parte de nuestra propia historia y debemos estar orgullosos, y todos debemos participar activamente en su mantenimiento y conservación”. Por ejemplo, en el caso de los restos de la muralla de Murcia, Martos afirma que “lejos de ser un estorbo, hay que intentar adecuar el proyecto de la foma más imaginativa posible, para que dicho patrimonio pueda dotar al inmueble de un mayor valor estético y comercial”.
Por su parte, la arqueóloga municipal de Murcia, Carmen Martínez Salvador, también percibe hoy un panorama más alentador que en el pasado: “En general los promotores están bastante concienciados, con independencia de que les resulte más o menos cómodo. Hay algunos a los que incluso les gusta el tema, y pasan y preguntan, y hay otros que preguntan de otra manera o disfrutan menos con el trabajo que se está haciendo. De todos modos, una parte muy importante de las intervenciones arqueológicas es la documentación, y ese proceso está garantizado”. El paso del tiempo, en este caso, juega a favor del patrimonio: según Carmen Martínez, “ya han pasado muchos años desde que entró en vigor la Ley del Patrimonio de 1985, y la mayoría de los promotores que están acostumbrados a trabajar con restos arqueológicos; son gente que lo asume. Ellos hacen sus cábalas y a veces se pueden beneficiar de los mecanismos de compensación, lo que suaviza el asunto”.
El arqueólogo que ha preferido no revelar su nombre, afirma que “el promotor quiere beneficio, y todo lo que cueste más dinero... No lo ve”. Según su experiencia, “te puedes encontrar de todo. A algunos les da igual porque no lo entienden y lo único que ven es que están perdiendo dinero”. Entre las frases típicas, la de “¿para qué queremos estas cuatro piedras? Quítalas ya”, y la de “si esto fuera hace veinte años, aquí se habría metido la máquina y no se Sawar 33
habría visto nada; aquí, hormigón y fuera”. Después, añade: “Y no te digo que no haya pasado recientemente, porque cuando se estipula la protección de un entorno, a veces en la delimitación, una manzana más o una manzana menos...”. Ahora bien, también admite que “hay otros promotores que ya han construido mucho y que son muy duchos en la materia, porque saben que la ley es muy clara y muy tajante y que los funcionarios son bastante competentes, y saben que no pueden luchar contra molinos”. Para acabar, mira hacia la costa: “En Murcia nunca ha habido esa cultura del pasado, porque además, como el pasado es musulmán, que no es romano, pues eso se convierte en un factor más para que el promotor no lo entienda. Sin embargo, en otras ciudades como Cartagena sí que hay interés y sensibilidad”.
Y precisamente sobre Cartagena sabe bastante luis de Miquel. Al respecto de la concienciación alcanzada en aquella ciudad, nos cuenta: “Allí empezamos dando charlas y pasaban olímpicamente de nosotros, constructores y no constructores. Venían siete personas y era como predicar en el desierto. Pero poco a poco fuimos acostumbrando a la gente, y aprovechamos los momentos de crisis para que se dieran cuenta de que la cultura y la arqueología eran una de las salidas para cambiar de imagen a Cartagena”. Según recuerda de Miquel, el camino no fue fácil, pero lo pudieron transitar: “Poco a poco, haciendo programas de radio, divulgando, aprovechando las fiestas históricas, que ayudaron mucho... La gente terminó aceptando la arqueología y los constructores asumieron que era mejor excavar al principio y ver lo que hay, que no encontrárselo después, y que esto, bien gestionado, pues tampoco te morías en ello, y que luego llamabas a tu edificio ‘Foro’ o ‘no sé qué’ y hasta lo lucías”. El director del Museo Arqueológico pone el ejemplo del Augusteum: “Hablé con los promotores y les dije que teníamos que excavar todo eso, que era media calle Caballero de Cartagena, y que luego haríamos un plano con lo que saliera. Les dije que iban a ganar tiempo y al final me dieron la razón. Recuerdo luego la reunión y fue hasta divertido, cuando estábamos ahí, sobre el plano, moviendo pilares imaginarios de un lado a otro para que el edificio funcionara y se mantuvieran los restos... Pero el proyecto que salió de ahí, fue a Patrimonio y se aprobó, y los constructores se acostumbraron al hecho de que era mejor trabajar juntos, que no de espaldas”.
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Arqueología para todos El estudio y conservación del patrimonio es una cuestión de conveniencia e interés general de toda la sociedad. Para luis de Miquel, “cada momento es diferente: hace treinta años no podíamos imaginar que Cartagena atrajera gente por cuestiones culturales”. El director del Museo Arqueológico prosigue con su reflexión: “Pedir a la gente hace 30 años que tuviera especial cuidado con los restos arqueológicos porque en el futuro al turista le iban a interesar, era impensable. Ahora nosotros tenemos que actuar pensando en lo que hay y en lo que puede haber en el futuro”.
Sobre esa misma idea, José Miguel Noguera apunta que “hace 25 años, la gente pasaba por al lado de un solar e insultaba a los arqueólogos, porque eran unos señores que venían a fastidiar el desarrollo de las ciudades; sin embargo, esa percepción negativa se ha ido transformando en positiva, sobre todo cuando nos hemos dado cuenta de que el patrimonio cultural y arqueológico es un activo para las ciudades, un bien que te prestigia y que transmite una imagen positiva al exterior, y que te activa económicamente”. Y siguiendo con el ejemplo de Cartagena, Noguera afirma que “cada día vienen centenares y centenares de personas, ¿y a ver qué? Pues a ver la refinería de Escombreras, no; vienen a Cartagena a ver patrimonio, a ver arquitectura modernista y arqueología”.
El arqueólogo José Antonio Zapata coincide también al respecto de la posición de la ciudad Departamental: “En cuestiones arqueológicas, Cartagena ha ido por delante; allí en un momento dado decidieron apostar por la arqueología como uno de sus puntos fuertes y consiguieron que los promotores se sintieran identificados con lo que estaban haciendo”. Y sobre la rentabilidad y las posibilidades que aporta el patrimonio, lo tiene claro: “No lo digo yo, es que hay informes que lo dicen, que la cultura da rentabilidad, que hay interés, que la gente cuando viaja quiere conocer y ver el pasado de las ciudades. Todo el mundo quiere ver restos arqueológicos, a todo el mundo le gusta ir a yacimientos musealizados”. Pero José Antonio Zapata va más allá y plantea una pregunta: “¿Cuándo se va a ver reconocida la arqueología?”. Y responde: “Cuando se reconozca la figura del arqueólogo, igual que se reconoce la del arquitecto. Aunque vaya manchado de tierra, ha estudiado una carrera”. Además, señala otro de los efectos negativos de la crisis económica actual, después de un periodo de excavación frenética como causa de la fiebre inmobiliaria: la divulgación de los trabajos arqueológicos Sawar 35
surgidos de ese periodo. La falta de recursos ha frenado la salida de publicaciones, y a efectos de difusión científica, toda esa información permanece secuestrada. Para José Antonio Zapata, “la cultura es la que mueve las conciencias ciudadanas y a la sociedad, y en tiempos de crisis, al final la cultura es la que sufre”.
Por su parte, luis de Miquel concluye con una reflexión: “No es que a los arqueólogos se nos haya ocurrido ahora ponernos a excavar en las ciudades; es que nunca se había construido tanto y tan profundo como hoy. Es normal que ahora hagamos un esfuerzo por excavar y no barrer con todo, y dejar por lo menos recuerdo y documentación de ello. ¿Es mejor cargarnos todo lo que quede de patrimonio para construir casas? Pues bueno... Pero lo cierto es que en los países civilizados se llegó a la conclusión de que estas cosas del patrimonio había que cuidarlas, y en los países en vías de desarrollo también lo están haciendo”.
En ‘La Murcia recuperada. Breve historia de la investigación arqueológica’, Pedro Jiménez hace epílogo de la todavía breve experiencia de la arqueología urbana en estos términos: “En la actualidad, la situación de la arqueología en Murcia es equiparable a la de la mayoría de ciudades españolas, y los problemas que sufre derivan, en gran medida, de las grietas generadas por el modelo de gestión a que hacíamos referencia, que exige una gran capacidad de control por parte de la Administración. El reto para los próximos años es apren-
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der de la experiencia, potenciando lo que se ha demostrado positivo y corrigiendo lo que se ha probado erróneo”.
Jarrita del siglo XII hallada en Murcia (Fuente: “Murcia islámica. Una visión a través de la arqueología” Museo de la Ciudad. Ayuntamiento de Murcia, 2001).
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713 - 2013 1300º ANIVerSArIo del pACTo de Teodomiro por ASoCIACIÓN JArIque
en el presente año 2013 se conmemora el 1300º aniversario de un hecho fundamental para la historia de nuestra tierra y que, de manera asombrosa y lamentable, está pasando desapercibido, no sólo para el común de nuestros paisanos, sino también –lo que resulta seriamente preocupante- para las instituciones y autoridades académicas murcianas. Nos referimos al pacto de Tudmir. Para conocer este hito histórico, debemos remontarnos al año 711, en que las tropas comandadas por Tarik derrotan al rey visigodo Rodrigo en la batalla de Guadalete, dando comienzo a la conquista musulmana de la Península Ibérica. En un primer momento, las campañas se centran en las ciudades béticas, desde donde avanzan hacia el interior peninsular, hacia Toledo, capital del reino. Las tierras del sureste quedarán al margen de la conquista hasta 713. Cuando las tropas musulmanas bajo el mando de Abdelaziz llegan a nuestra tierra, se encuentran la autoridad de Teodomiro, un noble que había alcanzado cierto poder y autonomía local en los últimos años de inestabilidad y debilidad política de la monarquía visigótica. Ante esta situación, Abdelaziz –temeroso de que el potencial bélico de los nativos supusiera pérdidas irreparables para su ejército- y Teodomiro –prevenido de la inevitable toma de su territorio por los musulmanes- deciden avenirse y llevar a cabo la conquista a través de una capitulación. Así, el 5 de abril de 713 se formaliza un tratado (del que quedan tres versiones bastante posteriores y
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diferentes entre sí) por el cual Teodomiro somete las tierras del sureste peninsular a Abdelaziz y le entrega siete de sus ciudades, obligándose al pago anual de rentas y tributos en dinero y en especie, y a no colaborar con los enemigos de los musulmanes. Y como contrapartida, Abdelaziz asegura a la población cristiana el respeto de sus vidas, familias, propiedades y culto religioso, y garantiza a Teodomiro la salvaguarda de sus posesiones y la continuidad de su poder en el territorio, que pasa a recibir el nombre de Tudmir (adaptación al árabe de Teodomiro). No se conocen los límites exactos de este país de Tudmir, pero por las siete ciudades que se mencionan en el Pacto, podemos hacernos una idea aproximada de su extensión: Uriula (Orihuela), Mula (Mula), Lqnt (Alicante), Lurqa (Lorca), Blntla (¿Valencia, Villena?), una ciudad que en una versión del pacto figura como Ils (Elche), en otra como Bqsra (Begastri-Cehegín) y en otra como Bilāna; y una séptima ciudad, Iyyih, que aún no ha sido identificada con certeza (Yecla, San Miguel de Salinas, Ojós, Algezares, Minateda, Cieza, Elda) y se identificaría con la ciudad de Ello que Abderramán II ordena destruir para fundar Murcia. Por tanto, el país de Tudmir se correspondería actualmente con la Comunidad Autónoma de Murcia, el norte de la provincia de Almería, el sur de la provincia de Albacete y casi la totalidad de la provincia de Alicante. El Pacto de Tudmir constituye un punto de inflexión fundamental en la historia de las tierras del sureste ibérico, radicando su importancia en las dos siguientes razones que apunta el profesor Rodríguez Llopis.
+ info: la universidad de Murcia y la universidad de Alicante han organizado unas jornadas para este mes de abril en torno al 1300º aniversario del pacto de Teodomiro. la programación de dichas jornadas se encuentra en la Web: http://www.um.es/tudmir713/
1) Por un lado, por la exclusividad del moderado régimen que establece para este territorio. Gracias al Pacto, se garantiza la estabilidad de la casta dirigente hispanogoda y la permanencia de las estructuras sociales y económicas del país, evitando que las instituciones existentes hasta el momento quedaran anuladas de inmediato y que la población autóctona tuviera que emigrar hacia el norte peninsular, como sucedió en otros territorios. Estas ventajas convierten el Pacto de Tudmir, a todas luces, en una singularidad en su contexto histórico, lo que nos lleva a pensar que ya en aquel momento existiría en nuestra tierra un grupo humano con cierta consistencia organizativa e institucional, mayor que en otras áreas de la Península Ibérica. 2) Por otro lado, comienza a definirse con el nombre de Tudmir un territorio político extendido desde las sierras de Vélez y de Huéscar hasta el llano albacetense y desde el valle del Almanzora hasta las comarcas montañosas situadas entre Denia y Játiva. Como podemos observar, y así lo define el profesor García Antón, el Pacto de Tudmir supone el «acta de constitución del reino de Murcia». Se trataría, pues, del primer acto de afirmación colectiva de nuestra tierra, no sólo como unidad territorial (unidad que aún hoy percibimos en todo el antiguo país de Tudmir, aunque los caprichos de la historia y la política hayan fragmentado este espacio), sino también como unidad política (ya que es con su gobernante con quien trata el conquistador musulmán).
Después de la firma del Pacto, poco se sabe de Teodomiro y de la vigencia de aquél, aunque se afirma que en 743 ya habría llegado a su fin. No obstante, el territorio mantendría su unidad y su nombre hasta 1031 como una provincia de Al-Ándalus: la “cora de Tudmir”. En cuanto a la capitalidad del territorio de Tudmir, inicialmente se encontraría establecida en Orihuela, residencia de Teodomiro, si bien, en las décadas de transición entre los siglos VIII y IX, es Lorca la ciudad que comienza a asumir este papel. La cuestión queda definitivamente resuelta en 825, cuando Abderramán II ordena fundar una nueva ciudad –Murcia- con el objetivo de establecer un centro administrativo para el territorio de Tudmir, estratégicamente situado en el corazón del valle en el que confluyen los dos principales ejes hidrográficos del país (el Segura y el Guadalentín), y garantizar la paz frente a las revueltas de clanes rivales que estaban asolando el territorio, asegurando la supremacía del Emirato en un área escasamente islamizada. Paradojas de la historia, la ciudad de Murcia, fundada para ser capital de Tudmir, acabará dando su nombre al territorio, y la progresiva configuración del Reino de Murcia supondrá la desaparición de Tudmir: una tierra y una comunidad humana definidas, que se ven reconocidas e institucionalizadas por vez primera hace exactamente 1300 años.
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difusión del número anterior
Nº 1: “La historia en la calle” ... hasta el 1 de abril: Lecturas: 156 Impresiones: 681 Descargas: 32
Nº 0: “La noche que Murcia perdió la inocencia” ... hasta el 1 de abril: Lecturas: 749 Impresiones: 6432 Descargas: 114
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¡gracias!
SAWAr MurCIA quiere dar las gracias por la ayuda en la elaboración de este número a: Pedro Jesús Sánchez, Asociación Jarique, Luis de Miquel, Ángel Iniesta, Carmen Martínez Salvador, Pablo Martos, José Miguel Noguera, José Antonio Zapata y a todas las personas e instituciones que, de un modo u otro, nos han orientado y ayudado en la confección del reportaje sobre arqueología urbana en Murcia. Gracias de nuevo a Tete López y a Intermón Oxfam por incluir un anuncio de su admirable labor en este número de Sawar. -Si te interesa Sawar Murcia, Visita nuestra web: sawarmurcia.wordpress.com Síguenos en Twitter: @SAWARMURCIA Síguenos en Facebook: www.facebook.com/pages/Sawar-Murcia -Y si quieres hacernos llegar algún comentario o idea, envíanos un correo a: sawarmurcia@gmail.com Sawar no se hace responsable de las opiniones recogidas en sus páginas