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28 de febrero de 2011
A debate Los expertos debaten sobre Las iniciativas autonómicas de poLítica deL medicamento
¿Controlar el gasto farmacéutico limita la libertad del médico? Cristina Mouriño
Jerónimo Fernández Torrente, vicesecretario de la OMC: El gasto de las tecnologías sanitarias, entre ellas los medicamentos, es un aspecto fundamental del propio sistema sanitario. Este gasto sanitario y especialmente el farmacéutico se ha incrementado en los últimos años y parecía que no tenía
más razonadas, que implicasen más a todos los agentes; que fuesen fruto de un consenso, con una racionalidad no solamente técnica y farmacológica, sino también económica y de buen hacer. Esto no se está dando así, y las CCAA creo que arbitran medidas que la Administración central no ha sabido arbitrar o cohesionar.
“Con el catálogo gallego de medicamentos para nada se coarta la libertad de nadie”, Luciano Vidán límite, y por tanto necesita ser evaluado y meditado por todos los agentes. La OMC somos un agente más en la gestión y la regulación de este gasto y por lo tanto es un tema que nos preocupa. En este sentido, nos posicionamos pensando en el paciente, que es nuestra razón de ser; y en nuestros compromisos con la sociedad. Por lo tanto, el tema de las iniciativas autonómicas creo que son respuestas asimétricas a un estado autonómico asimétrico. Nos gustaría que las respuestas fuesen más cohesionadas,
Emili Esteve, director técnico de Farmaindustria: Debemos tener una consideración importante en nuestro sector, y es que estamos en un sector tremendamente regulado. A la industria farmacéutica, evidentemente, no le corresponde hacer las normas, sí cumplirlas, pero exige de las administraciones una cierta predictibilidad normativa y esto lo exige no sólo en el orden técnico, sino también en el económico, en precio y financiación. Como estamos muy regulados, toda la materia de precio y financiación, inclu-
sión y exclusión de productos en el SNS, está regulada en la Ley de Garantías y en estos momentos compete no a las CCAA, sino al Gobierno central, establecer esas condiciones de autorización, de financiación y de precio. Esas son las reglas del juego, y lo que nosotros pedimos es que haya un respeto a esas normas. Ángel María Martín, jefe de Área de Farmacia del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam): La cuestión es analizar las preguntas que se deben responder y los actores que deben participar en las decisiones sobre las tecnologías sanitarias. Las preguntas son qué tecnología, qué precio y por qué. Venimos de un sistema en el que sólo dos actores tomaban parte de esas decisiones: el Ministerio, que decidía el qué y por las razones de organización de un Estado centralizado el cuál, el precio y el porqué, las tomaba el médico. Por supuesto, el porqué siempre se reserva al médico, es el único que debe tener la capacidad y la decisión última de por qué se emplea la tecnología sanitaria que hay.
miguel A. esCobAr
a la espera de que el tribunal constitucional se pronuncie sobre el recurso emitido por el Gobierno central contra el catálogo priorizado de fármacos gallego, los agentes implicados, como son médicos, farmacéuticos e industria farmacéutica, coinciden en este debate en que la libertad de prescripción corresponde al médico y no a las administraciones.
Jerónimo Fernández Torrente, Emili Esteve, Luciano Vidán, Luis Amaro y Ángel María Martín.
Luciano Vidán, presidente del Colegio de Médicos de A Coruña: El profesional tiene la libertad de elegir entre las distintas alternativas pensando en el paciente y en el interés general. El sanitario tiene la obligación moral, y si no, no lo está ha-
tienes que elegir entre las alternativas que se te están ofreciendo. Y en la práctica lo hemos visto. Hemos observado la aceptación generalizada por parte de los profesionales sanitarios de Galicia y la aprobación de los pacientes.
“Si cada comunidad inventa e implanta una medida, nos llevará a la confusión”, Luis Amaro. ciendo bien desde el punto de vista deontológico, de ser eficiente. Con el catálogo gallego de medicamentos para nada se coarta la libertad de nadie, a ningún paciente se le prohíbe tomar la mejor oferta terapéutica, simplemente
Luis Amaro, tesorero del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmaceúticos: El catálogo gallego no es equivalente al nomenclátor, no lo mejora, lo limita. El médico puede prescribir por principio activo, y para prescribir por principio ac-
tivo no hace falta un catálogo. En Andalucía llevan años con la prescripción por principio activo y el precio por receta es el más bajo de toda España y no hizo falta crear un catálogo. El médico prescribe por principio activo, por lo que se ha ido por una vía un poco absurda. Creo que ahora mismo, si cada comunidad autónoma inventa una medida nueva y la implanta, nos va a llevar a una ceremonia de la confusión. Además, nos olvidamos del Consejo Interterritorial, que es el organismo encargado de coordinar las actuaciones entre las CCAA. Creo que todas las medidas deberían nacer de una forma coordinada para evitar el conflicto de inconstitucionalidad. ■
ConClusiones de los expertos
Luis Amaro: Buscamos la sostenibilidad del sistema y debemos apostar por ello, pero todas estas iniciativas de las comunidades autónomas se deben hacer bajo el paraguas del reglamento competencial.
Emili Esteve: Si tenemos un catálogo de medicamentos hay que cumplirlo. Se trata de encontrar el punto perfecto de cumplimiento de los derechos de farmacéuticas, prescriptores, farmacias, dispensadores y administraciones.
Jerónimo Fernández: El médico prescribe medicamentos, no marcas. Nos parecen acertadas las medidas adoptadas por las comunidades porque también son responsables con criterio de racionalidad y honestidad.
Ángel M. Martín: Las autonomías estamos dando la respuesta que los ciudadanos esperan, mejorando la eficiencia de los recursos disponibles, y creemos que actuar de otra manera sería una irresponsabilidad.
Luciano Vidán: En Galicia ningún paciente se queda sin la mejor opción terapéutica. El catálogo va en defensa de la sostenibilidad del sistema y de evitar los copagos, o lo que sería peor: disminuir la cartera de servicios.