Informe Final: un paso más hacia la paz y la reconciliación.
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Informe Final: un paso más hacia la paz y la reconciliación
Luego de un arduo proceso que inició el 29 de noviembre de 2018, la Comisión de la Verdad presentó el Informe Final que recopila los hallazgos encontrados gracias a los miles de testimonios entregados por diversos actores del conflicto armado en Colombia y que muestran la crudeza de una guerra en la que la población civil ha sido la más afectada. Este documento, realizado con el objetivo de reconocer, reconstruir y transformar mediante el diálogo social, expone además una serie de recomendaciones que son producto de un análisis profundo y de un trabajo de escucha a los protagonistas que han padecido en ‘carne propia’ las consecuencias de
casi 60 años de violencia sin sentido.
Mediante 14mil entrevistas y más de 30mil conversaciones con personas de todos los sectores sociales, identidades étnicas y regiones del país, la Comisión de la Verdad pudo reunir muchas de las experiencias de las víctimas sobrevivientes del conflicto, así como de exmiembros de grupos armados ilegales y de la Fuerza Pública que han participado en la guerra. A pesar del miedo a los señalamientos, a las amenazas o a la criminalización, muchas de estas personas han tenido el coraje de enfrentarse con la verdad y dejar atrás el negacionismo histórico que ha producido un absurdo
derramamiento de sangre y la violación sistemática de los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables y excluidas en Colombia.
Gracias a la activación de un ‘gran diálogo’ nacional con víctimas, testigos y responsables que participaron en reuniones, talleres, actos de reconocimiento, encuentros privados y numerosas actividades públicas, la Comisión encontró una forma de ‘curar con las palabras’ y con otras formas de expresión que ocuparon el lugar del silencio impuesto durante décadas. De esta manera, se pudo comprender que el conflicto tiene una causa social y política, aceptando también que este tipo de espacios son
fundamentales para dar un marco de sentido y hablar de manera clara y abierta de cara a la No Repetición.
El informe deja claro y enfatiza que la guerra no ha sido exclusiva entre grupos armados, sino que se ha perpetrado desde entramados y aparatos políticos y económicos que se han beneficiado durante todos estos años mediante dinámicas de poder y disputa por la tierra. La tan anhelada paz debe comenzar entonces por el esclarecimiento de la verdad y la creación de condiciones estructurales para la convivencia, donde las víctimas puedan contar sus historias, estableciendo una validación social del sufrimiento, así como un reconocimiento de responsabilidades por parte de los participantes del conflicto como un primer paso para consolidar el perdón como una instancia inicial en el largo recorrido de reconciliación entre los colombianos.
combatientes; sin embargo, esos datos no tuvieron en cuenta el número de desaparecidos que se conoce actualmente (121.000), lo que eleva la cifra de víctimas civiles a un 90%.
Si bien las cifras y datos arrojados en la investigación forman parte de una enorme cantidad de casos que en su momento fueron “un número más” dentro de las estadísticas del conflicto armado en Colombia, cada uno de los testimonios recogidos por la Comisión constituye una
historia de dolor y sufrimiento que debe ser escuchada y respetada. Según el análisis del Proyecto JEP-CEVHRDAG y del Centro Nacional de Memoria Histórica, 450.664 personas perdieron la vida entre 1985 y 2018 a causa del conflicto, de las cuales cerca del 80% fueron civiles y el 20%
Dentro de las víctimas existe una enorme variedad de personas: las que han sido asesinadas por diferentes grupos armados o por agentes estatales, los desaparecidos y las familias que siguen buscando a sus seres queridos o que han sido testigos de los crímenes más atroces y que hoy, como sobrevivientes, pueden contar su historia casi de ‘milagro’. Evidentemente, este espacio de escucha y reconstrucción ha sido fructífero pues, según el informe, en los últimos años se ha logrado avanzar significativamente en materia de legislación sobre reparación a las víctimas, actos e
investigaciones de memoria y una corriente nacional e internacional que acompaña estos esfuerzos realizados por las víctimas y las respuestas de algunas instituciones. Además, las mismas víctimas han impulsado los efectos democratizadores de la justicia, a través de derechos de petición o declaraciones de estados de inconstitucionalidad de pueblos étnicos o población desplazada, logrando sentencias y respuestas administrativas por parte del Estado para indemnizar económicamente a algunas personas, particularmente a partir de la aprobación de la Ley 1448 de víctimas y restitución de tierras. En ese sentido, la Comisión recomienda realizar algunos ajustes normativos para garantizar esta reparación integral a través de la obtención
de recursos que provengan de un impuesto transitorio y de un reajuste en la distribución actual del presupuesto de la Nación.
Otro de los puntos más importantes expuestos en el informe pasa por el señalamiento de los responsables y el modus operandi de los autores que, en muchas ocasiones, ha generado desconocimiento y, por ende, impunidad de los hechos cuando se trata de investigaciones y no de identificación por parte de víctimas o testigos. De acuerdo con los hallazgos presentados por la Comisión de la Verdad, mediante un estudio desarrollado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se determinó que los principales perpetradores de homicidios son los grupos paramilitares,
con aproximadamente el 45% de la responsabilidad (205.028 víctimas), las guerrillas fueron responsables de un 27% (122.813 víctimas) y los agentes estatales directamente del 12% (56.094 víctimas).
El reconocimiento de las responsabilidades, las acusaciones repartidas y la interpretación de las cifras provenientes de los testimonios entregados por las víctimas directas del conflicto armado deben servir como un primer momento de reflexión que, más allá de exponer los fríos números, permita encontrar algunas explicaciones de por qué ocurrieron estos hechos y conduzcan a oficializar estas versiones y a construir los primeros cimientos de la reconciliación.
Si bien los estragos causados por el conflicto son enormes y cada vida perdida es irreparable, el esclarecimiento de la verdad es un proceso que ayuda a cicatrizar algunas heridas y a dignificar a las víctimas. Cada testimonio es una realidad innegable que reconstruye la historia de Colombia, mitiga el dolor y se convierte en una forma de resistencia frente a la crudeza de la guerra, permeada por intereses de poder político, narcotráfico y dinámicas donde la población civil ha quedado atrapada y sin ninguna escapatoria posible. La diversidad de relatos expuestos por la Comisión de la Verdad es contundente y tienen como objetivo principal reconocer las causas del conflicto desde las diferentes visiones y desde el dialogo en las distintas regiones del país como instrumento de garantía y participación de las víctimas. El informe permite visibilizar las principales problemáticas durante el conflicto, pasando por el reclutamiento de niñas y niños por parte de grupos armados
ilegales, por la violencia sexual cometida especialmente contra las mujeres como una demostración de poder y sometimiento, por el desplazamiento de campesinos y minorías étnicas de sus territorios e incluso por un racismo estructural que ha arrasado con las vidas de miles de personas afro y líderes y lideresas sociales que han sido masacradas por diferentes actores del conflicto, entre muchos otros. Es por este motivo que la Comisión resalta la necesidad de que los esfuerzos se concentren en terminar la violencia aplicada a los actores políticos, ya que la violación de derechos humanos en este sentido impide que Colombia, como nación multicultural, tenga una democracia sólida y plural. Ante estas dificultades, el informe recomienda continuar con los caminos que abrió la Constitución de 1991 y que luego quedaron enmarcados en el Acuerdo de Paz firmado en 2016, procurando también que se protejan los derechos fundamentales de todos
aquellos actores que quieran alzar su voz para manifestar sus inconformidades sin miedo a recibir amenazas o represalias contras sus vidas. Asimismo, los ‘factores culturales’ han sido claramente marcados por la Comisión, refiriéndose al racismo, al clasismo, al patriarcado y a la precaria conciencia sobre el valor de la infancia, la adolescencia y la juventud como generadores de ‘daños acumulados’ a quienes han vivido históricamente bajo estos órdenes sin ser reconocida su humanidad e igualdad. Por este motivo, el cambio estructural debe comenzar por el reconocimiento de sus derechos y culturas, sin ocultar que los modos de actuación política y las mentalidades en gran parte de Colombia no han evolucionado al mismo ritmo de los logros alcanzados, además de que la guerra, la exclusión, la corrupción y el narcotráfico siguen mediando en la política, la economía, las relaciones sociales y la cultura en general.
Gracias a la recopilación de los miles de testimonios de las víctimas y actores del conflicto armado a lo largo y ancho de Colombia, la Comisión de la Verdad elaboró algunas recomendaciones “para avanzar en la construcción de paz como un proyecto nacional”. El presidente electo, Gustavo Petro, presente durante la entrega del informe Final, recibió estas recomendaciones por parte del director de la entidad, Francisco de Roux, y manifestó que “esta aproximación a la verdad no puede ser considerada como un espacio de venganza, como si fuese una extensión de las mismas armas vueltas palabras o ideas” y que “los espacios de la verdad deben convertirse en espacios de reconciliación”.
Esa reconciliación, según la Comisión, debe empezar gracias a la implementación integral del Acuerdo Final de Paz y a la creación de un Ministerio para la Paz y la Reconciliación, donde existan políticas orientadas al reconocimiento de las víctimas y a la generación de condiciones de convivencia y de confianza entre la ciudadanía y el Estado. Además, dentro del informe se considera fundamental sentar diálogos con el Ejército
de Liberación Nacional (ELN) y desmantelar el paramilitarismo, propuestas también planteadas en los acuerdos de La Habana.
Otro aspecto para tener en cuenta es en materia de seguridad y defensa, el cual, según la Comisión, “debe concebir de forma diferente a las instituciones militares y policiales, en aras de garantizar una transición hacia la paz”. Para ello, es importante con-
siderar la eliminación gradual del servicio militar obligatorio y reajustar las normativas para que la actividad de inteligencia cuente con controles civiles e independientes a los gobiernos y las fuerzas militares. Pero sin duda, la recomendación más importante por parte de la Comisión de la Verdad tiene que ver con la memoria y la dignidad de las víctimas del conflicto armado que han padecido la guerra y, aún hoy
en día, deben convivir con las consecuencias físicas y psicológicas. Es fundamental e imprescindible, tal como lo expone el informe, “garantizar el derecho a una memoria plural que reconozca las atrocidades del pasado, que contribuya a superar el dolor y el trauma y que haga frente a dinámicas de estigmatización, deshumanización y negacionismo que se estructuran como factores de persistencia”.
Por otra parte, para que la verdad sea completa y tenga el sentido que merece, entre estos reconocimientos por parte del Estado está el de la responsabilidad en las ejecuciones de personas inocentes presentadas como “muertas en combate”, llamadas “falsos positivos”. Esto es trascendental para la dignidad de las víctimas y su buen nombre, impidiendo de una vez por todas la
‘invisibilización’ y la construcción de ‘enemigos ficticios’ que generan el odio y la violencia sin sentido en los distintos sectores de la sociedad.
Finalmente, la Comisión le apuesta al diálogo y a la participación como herramienta central en la resolución de conflictos y como garantía de los derechos fundamentales, valorando también la movilización social y la protesta por parte de la sociedad, condenando así la violencia y la represión como respuesta constante y deshumanizada a la defensa de los derechos en Colombia. Cabe destacar que todo este trabajo debe ser respaldado mediante la participación ciudadana, la cual se incluye en el Informe Final entregado por la Comisión como “la principal herramienta para restablecer el tejido social y la confianza entre ciudadanos e instituciones”.
El artículo 3 de la Declaración de los Derechos Humanos estipula que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, bases fundamentales para obtener paz, esa que a diario buscamos por medio de la equidad de oportunidades, el respeto a la diferencia de pensamientos, opiniones y creencias; a través de actos cotidianos que no estén mediados por la violencia en sus múltiples formas. En particular, desde 1981 cada 21 de septiembre, se celebra el día mundial de la paz, el cual busca incentivar la conmemoración y el fortalecimiento de los ideales de paz y fomentar la no violencia. El ex secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, manifiesta que “el simbolismo de un día sin guerra es un recordatorio crucial de que el conflicto debe llegar a su fin”, sin embargo, un solo día no es suficiente, tenemos que apostar porque todos los días sean días libres de odio, rencor y violaciones a la integridad de las personas; ardua labor si nos situamos en un país como el nuestro.
La paz es una oportunidad para comenzar de nuevo, para enmendar todo lo que se ha hecho mal y darle una segunda oportunidad a quienes no tuvieron más caminos por donde transitar. Es una forma de dar
luz al futuro teniendo en cuenta el pasado oscuro en el cual ha estado sumido nuestro país y sus víctimas. Colombia a lo largo de su historia ha sido un país azotado por la violencia y el abandono estatal, grupos al margen de la ley, el narcotráfico, la minería ilegal, la pobreza y la indiferencia; el país anhela la paz desde hace más de 60 años y, aun así, actualmente, la paz en Colombia sigue olvidada. Este año se cumplen 4 años desde que el postergado Acuerdo de Paz con las FARC se firmó, pero al sol de hoy éste dejó de estar en la urgencia de la agenda gubernamental. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) desde el año 2000 hasta el 2019, más de 6,700 niños han sido reclutados por diferentes grupos al margen de la ley, desde 2014 hasta 2019, 186 niños perdieron la vida debido a restos de minas o durante fuegos cruzados entre disidencias, el ejército, paramilitares o grupos narcotraficantes.
Y las pérdidas no cesan, conforme a las cifras de Indepaz, desde el 1 de enero de 2016 hasta el mes de julio de 2020, se registraron 971 muertes de líderes sociales y defensores de derechos humanos, sumadas las muertes de excombatientes de las FARC. Desde su comienzo, el proceso de paz y
“desde el 1 de enero de 2016 hasta el mes de julio de 2020, se registraron 971 muertes de líderes sociales y defensores de derechos humanos, sumadas las muertes de excombatientes de las FARC”
21 de septiembre, día mundial de la paz
una vez firmado el acuerdo, no se ha garantizado la correcta y completa implementación de estos para el sustento efectivo en la sociedad colombiana, y eso se hace cada más evidente con la sistematicidad de las masacres, con la intransigencia institucional que pasa por encima de los acuerdos comunales y con la peligrosísima estigmatización del trabajo social y comunitario que dignifica a los individuos y comunidades involucradas en el marco del conflicto armado.
Más allá de la participación política de los líderes de la FARC y los procesos en curso en la JEP, convergencias importantes para desanudar el camino
hacia la verdad, la paz y la reconciliación, hay que hablar del proceso de reincorporación a la vida civil de quienes hacían parte de las filas de la ex guerrilla de las FARC, para ello en 2016 se creó el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), éste tiene su campo de acción en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), cuya finalidad es facilitar las fases de adaptación a la vida civil tanto de los excombatientes como sus familias. Los ETCR tienen presencia en 13 departamentos identificados como los más azotados por la violencia, uno de ellos es el ETCR de la Zona Veredal de Icononzo, Tolima, donde se encuentra
ubicada la Cooperativa Tejiendo Paz, que cuenta con 22 asociados, algunos de ellos trabajan junto con Ángela Herrera en el proyecto Manifiesta Col, un emprendimiento de confección textil que apuesta a la creación de empleo local, defiende la industria nacional y apoya la reinserción y la reincorporación. Ángela comenta que “a través de esta iniciativa se logró brindar ciertas herramientas y la confianza para entrar al tan competitivo mundo de la industria textil y ver ésta labor como una opción de vida de ahora en adelante”, sin embargo, Ángela expresa que debido a la lentitud con la que se ha implementado el acuerdo, genera una incertidumbre
respecto a qué va a pasar con sus vidas, ya que muchos de los acogidos a los procesos de reincorporación tienen motivaciones, hijos y familias que buscan un futuro diferente. Aun así su constancia es cimiento y su apuesta: “hasta que la paz se vuelva tendencia”, como dice uno de los mensajes con los que la Cooperativa Tejiendo Paz llega sus compradores; Manifiesta Col reivindica y promueve el reconocimiento de los otrora actores beligerantes del conflicto en su integridad como personas sometidas a la reincorporación a la vida civil, dignificando sus aptitudes técnicas y humanas a través del mensaje explícito y personalizado que reconoce que sus prendas han sido elaboradas y confeccionan paz y reconciliación desde el Icnonzo, Tolima. Todas estas acciones se encaminan a consolidar esos espacios que abonan significativos esfuerzos para una paz integral, donde el reconocimiento de las acciones del pasado son piedra angular para la dignificación del trabajo
presente, uno no mediado por las órdenes bélicas, la sangre o subversión.
En vista de lo anterior, es importante amplificar las voces de quienes han vivido la experiencia cruda de la guerra, de todos aquellos que han caído para dar un lugar sensato a esa Colombia de la cual pocos quieren hablar y que necesitamos constantemente recordar, para evitar la repetición de tantos actos de guerra y desolación. En este trasegar (y como es apenas normal en todo proceso de paz) aparece la Comisión de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, cuya importancia radica en esclarecer los hechos y darlos a conocer, su labor ha sido de suma importancia en el post acuerdo que está compuesto por retos como abarcar integralmente la presencia estatal en los lugares olvidados, la reparación a las víctimas y seguir con la labor de contar la realidad que muchas veces ignoramos; desde la Comisión existe la claridad y
la convicción de que trabajan para el futuro, para las próximas generaciones, además de ser una entidad que desde su creación ha estado en favor de las víctimas, las cuales son reconocidas como la población civil, campesinos, opositores, líderes sociales, y todos aquellos que también tuvieron acciones en el marco del conflicto en contra de su voluntad. Según Gustavo Quintero Ardila, coordinador de la Macro Territorial de Soacha, Sumapaz y Bogotá, explica que uno de los objetivos principales de la Comisión es “saber contar qué fue lo que pasó en lenguajes diversos, lenguajes técnicos y especializados, pero también lenguajes sencillos que no necesariamente son documentales o escritos, sino audiovisuales y/o alternativos, porque nuestros mensajes tienen que llegar a la mayor cantidad de personas, para así poder cumplir uno de nuestros mayores objetivos que es poder hacer que en los colegios, las universidades y en los espacios de pensamiento la gente entienda
qué fue lo que pasó en el marco del conflicto, que entienda que hubo muchas personas que sufrieron”.
La Comisión de la Verdad toma acción a través de 4 ejes fundamentales: uno de ellos es el esclarecimiento, que se basa en reconstruir la historia para hacer la búsqueda de la paz con todos aquellos que hicieron parte del conflicto y no negar su derecho a poder contar lo que pasó en el país, para así darle una mirada regional que logre generar una mirada diferencial. Otro de los ejes funda-
mentales es el diálogo social, el cual hace reconocimiento a todos aquellos que pertenecieron a algún tipo de hecho violento durante el conflicto; mediante estos diálogos se busca generar espacios para que las víctimas sean escuchadas por la sociedad. Gustavo enfatiza en que “no basta sólo la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento, sino que es importante trabajar con las comunidades, hablar con ellas, vincularse”, esto no sólo para que las víctimas entreguen sus testimonios, sino también para que puedan recibir algo a cambio, además, para hacer entender a la sociedad que tuvieron que padecer tanto dolor, que no están solas en las luchas y los enfrentamientos cotidianos en los que viven muchas personas en el territorio colombiano que ha tenido que padecer la violencia. A los anteriores ejes se suma la pedagogía, la cual no sólo busca contar e informar, sino también idear una manera para que la sociedad pueda acceder, entender, analizar e interiorizar la información, para después obtener como resultado la interacción y que exista una respuesta para entender que Colombia está en un momento muy complejo y que todo proceso de paz en el mundo ha estado expuesto a situaciones de riesgo; sin embargo, siempre se debe velar por el bienestar de todos aquellos que han estado solos durante estas luchas. Por último, la no repetición, cuya responsabilidad está en manos de la sociedad civil, en manos de las universidades, de los establecimientos educativos y de los gobernantes para poder continuar con el trabajo de re-
construcción de memoria, de búsqueda continua de la verdad, de esclarecer los hechos sucedidos y de encontrar un mejor futuro con oportunidades para todos aquellos que han sido vulnerados.
A pesar de que la Comisión de la Verdad termina su labor el próximo año, ya que cumple los 3 años destinados para entregar el informe basado en el esclarecimiento, promoción y reconocimiento de la verdad, Gustavo reflexiona en que “la paz nos toca a todos, tenemos que creer entre todos y todas; es un objetivo supremo de la sociedad, es una idea y es un sueño que hay que construir en el día a día y en la interacción con el otro”. Sin embargo, aún quedan muchas situaciones por resolver en torno a la búsqueda de esa paz estable y duradera, que constantemente debe seguir en la lucha contra la desigualdad, la injusticia, la corrupción, la intolerancia y la violencia que aún se viven en los rincones de nuestro país y que sigue en la impunidad; por ello, el mayor reto de la Comisión de la Verdad y de toda la población inmersa en el post acuerdo, más allá de un informe idealizado que revele acontecimientos de la guerra y dignifique a las víctimas que la padecieron, es el de la no repetición, no cometer los mismos errores en materia de concentración de la tierra, participación política y persecución a la movilización social; quizás sólo así, podría recorrerse el camino hacia la paz.
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