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posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan y prohíbe los desalojos.
Cosmovisión indígena El avance minero, petrolero y los agronegocios son los principales enemigos de la vida indígena y campesina. Mientras que ellos se plantean como parte de la tierra y consideran a ésta como un bien social y comunitario, se enfrentan a un modelo que entiende a los recursos naturales como una mercancía que otorga alta rentabilidad. Desde este lugar, señalan que es urgente resolver el tema de la propiedad de manera integral para acabar con la inseguridad jurídica que viven. Los pueblos originarios hablan de buen vivir y reclaman por el derecho a elegir su propio modelo de desarrollo. “Queremos y tenemos derecho a seguir viviendo como lo han hecho nuestros ancestros durante siglos y como lo seguimos haciendo hasta ahora. Vivir de y para la tierra, de la cual somos parte”, sostuvieron en un comunicado reciente las Comunidades Mapuche – Tehuelches de la Meseta Central, ubicadas en la zona norte de la provincia de Chubut. En el texto común que firmaron integrantes de más de diez comunidades, hacen mención, además, a una de las principales amenazas que recae sobre sus territorios: los meganegocios mineros. “La explotación minera a cielo abierto atenta contra nuestra cultura, contra nuestra cosmovisión como pueblo indígena, la cual se basa en el respeto a la Madre Tierra, a nuestros newen (fuerza o energía), a nuestras montañas y, sobre todo, al agua, tan necesaria para nuestra subsistencia”, afirman. Lo comunitario rige la vida de los descendientes originarios, la coexistencia y la interrelación e identidad en los territorios.
Tierra de todos “El concepto de propiedad comunitaria legalmente está siendo desconocido porque el Código Civil solamente contempla la propiedad individual. Pero nosotros, como pueblos, tenemos una manera de ir compartiendo la tie-
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rra en las comunidades, no en parcelas sino todos juntos. Es decir, se convive en conjunto y el título de eso tiene que estar resguardado por lo que dice el artículo 75 de la Constitución, donde es inenajenable, inembargable y libre de impuestos”, explica Ariel Navanquiri, integrante de la comunidad Mocoví de Santa Fe. Ariel vive en Máximo Paz, localidad ubicada al sur de Chubut, en una comunidad periurbana donde conviven aproximadamente 85 familias. “Estamos asentados sobre un lote cedido por la comuna, pero la problemática mayor en mi comunidad, y en general en toda la provincia para los pueblos originarios, es la falta de trabajo”, señala este referente de Ocastafe, organización que nuclea a 46 comunidades tobas y mocovíes y que
OPINIÓN
Derechos Humanos POR DARÍO ARANDA ✱
El diaguita Javier Chocobar fue asesinado en Tucumán el 12 de octubre de 2009. Sandra Juárez, campesina santiagueña, murió el 13 de marzo de 2010 cuando enfrentaba una topadora. El qom Roberto López fue asesinado el 23 de noviembre pasado cuando la policía de Formosa reprimió un corte de ruta donde se reclamaba por tierras ancestrales. Dentro de los espacios indígenas de Argentina, Formosa es vista como uno de los paradigmas de la represión y hostigamiento permanente. “Exigimos respeto” es el título de la investigación de Amnistía Internacional sobre la situación de los pueblos originarios de esa provincia, donde describe la violación sistemática de derechos humanos, el despojo de territorios ancestrales, la pobreza estructural y un aparato político-estatal que margina y coacciona a los pueblos indígenas. En abril de 2009, y durante un prolongado corte de ruta, indígenas del Pueblo Wichi también murieron en la ruta formoseña. María Cristina López, de 22 años, y Mario García, de 48. Ambos pedían lo mismo que la Comunidad La Primavera, respeto a sus derechos (consagrados por frondosa legislación nacional e internacional) y, sobre todo, exigían territorio. Murieron de mezcla de hambre, frío y enfermedades curables en centros urbanos. Las causas profundas de la represión a los pueblos originarios y las comunidades campesinas es el modelo extractivo: monocultivo de soja, minería a gran escala, monocultivo de árboles, agrocombustibles y el avance de la frontera petrolera son políticas de Estado. El monocultivo de soja y la minería nunca antes crecieron tanto como en estos últimos siete años. Nunca antes se usaron tantos agroquímicos, se desmontaron y se explotaron recursos naturales como en la última década.Y el avance de estas industrias implica el avasallamiento de las poblaciones rurales pobres, con la violación de derechos humanos a cuesta. Los pueblos indígenas y campesinos tienen múltiples diferencias, pero una gran coincidencia: la necesidad del territorio y el convencimiento para defenderlo. La represión privada y estatal es la respuesta a esa lucha. Chocobar, Juárez y López son sólo tres de una larga lista, muertes que parecen no contar (para muchos sectores) como violación a los derechos humanos. ✱ Periodista, autor del libro Argentina Originaria.
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