LA INDISPENSABLE TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO

Por: Raymundo Wilfrido López Vásquez | Maestro en Derecho

Todos sabemos que en épocas pasadas los gobiernos federales, locales y municipales no permitían que los ciudadanos conocieran cómo se ejercía el poder, por lo tanto, no podían verificar o constatar la calidad con la que se ejercía la función pública o cómo se gastaba el recurso público debido a que esta información era prohibida porque prevalecía el secretismo gubernamental. La ocultaban a tal grado, que la mencionaban como algo sagrado que nadie podía ni tenía derecho a ver ya que según las autoridades de aquel tiempo se ponía en riesgo la seguridad del Estado.

Ese comportamiento o esa política de los gobiernos anteriores dañó gravemente el desarrollo del país, de los estados y de los municipios. El no aceptar que “lo público es cosa de todos” indudablemente generó mucha desconfianza, despertó sospechas de malas prácticas y de corrupción gubernamental.

Ante tal estado de cosas, la ciudadanía en lo individual, las organizaciones de la sociedad civil y muchos otros actores políticos liberales y opositores a gobiernos absolutistas y autoritarios exigieron el reconocimiento constitucional del derecho de acceso a la información pública pues sostenían que: “el mismo se convertiría en una poderosa palanca para cambiar malas prácticas, remover inercias nefastas y acabar con la opacidad en los asuntos gubernamentales”.1 Fruto de dicha exigencia y de la participación ciudadana, en junio del año 2002 se crea la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental por lo que, a partir del año 2003, el gobierno mexicano estuvo obligado a abrir sus archivos; acabando con ese mito que era imposible por una razón de Estado. Ante este avance legislativo, todas las instituciones y dependencias del Estado mexicano pertenecientes a cualquier nivel de gobierno, tuvieron que adoptar ineludiblemente las nuevas reglas de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas.

Es bueno hacer la siguiente aclaración: el derecho a la información no es sinónimo del derecho de petición y ningún gobierno de ningún país puede preciarse o jactarse de democrático si el poder que ejerce es invisible. Por el contrario, este debe ejercerse a la vista de todos para que los habitantes del país sepan cuánto se gasta y cómo se gasta el dinero público. Esto, obviamente, ayuda sobremanera a consolidar un régimen democrático. Por tanto, deseo que pronto se restablezca la vida normal del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.

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1. Reyes Heroles, F. (S/F). Corrupción: de los ángeles a los índices. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

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