Revista Foro del Jurista edición 45

ASPECTOS JURÍDICOS

RELEVANTES PARA LOS

EMPRESARIOS DEL CLUSTER

AGROALIMENTARIO

Revista Foro del Jurista. Edición 45

Una publicación de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia ISSN 2665-5500 (en línea)

Noviembre 2024

Lina Vélez de Nicholls Presidenta Ejecutiva

Jorge Villegas Betancur

Vicepresidente de Asuntos Legales y Corporativos y Secretario General

Autores:

Gregorio Noreña

Juan Felipe Acosta

Lina Correa Posada

María Alejandra López

María Lucía Cardoso

Equipo técnico:

Liliana María Castillo Restrepo Directora Jurídica

Natalia Isaza Jaramillo Jefe de Estudios Jurídicos

Santiago Ramírez Builes

Abogado de Estudios Jurídicos

María Fernanda Hurtado León

Nicolás Monsalve Gómez

Santiago Villa Restrepo

Violeta Velásquez Vélez

Coordinación editorial:

Vicepresidencia de Proyección Corporativa y Entorno

Marcela Hernández Sanzón Edición

Melissa Gaviria Henao Diseño y diagramación

Los contenidos de esta publicación son propiedad de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, su reproducción total o parcial sin autorización expresa del titular está prohibida. Todos los derechos reservados ©

Junta Directiva Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 2023 - 2026

Representantes por los comerciantes

Principales

Juan Mauricio Montoya Correa

Iván Darío Mejía Arroyave

Luis Guillermo Suárez Navarro

Gustavo Emilio Londoño Gutiérrez

Juliana Gómez Giraldo

Piedad Helena Hernández Obando

Alejandro Restrepo Vélez

Santiago Quintero Valencia

Suplentes

Carlos Alberto Pareja Londoño

Ana María Jaramillo Cardona

José Ignacio Amariles Valencia

Fernando León Duque Becerra

Samuel Muñóz Menéndez

Juan Carlos Aristizábal Giraldo

Gabriel Álvaro Zapata Barrientos

Selenne Ramírez Uribe

PRESENTACIÓN FORO DEL JURISTA, EDICIÓN 45

Natalia Isaza Jaramillo, jefe de Estudios Jurídicos

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

Felipe Castañeda Marín, gerente Cluster Agroalimentario

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

Contenido

Presentación

Guía para realizar trámites ante el Invima: solicitud de registro, notificación o permiso sanitario 6

María Fernanda Hurtado León

Guía para realizar trámites ante el Instituto Colombiano

Agropecuario 14

María Fernanda Hurtado León

El trabajo en el campo colombiano 20

Santiago Villa Restrepo

Sector agroindustrial colombiano: incentivos y oportunidades en materia tributaria

María Alejandra López - María Lucía Cardoso

PÓDCAST

Tributación en el sector agroindustrial

Sebastián Correa

¿Qué son las indicaciones geográficas?

Juan Felipe Acosta - Gregorio Noreña

PÓDCAST

30

33

34

Denominaciones de origen o Indicaciones geográficas 49

Juan Felipe Acosta

Consideraciones ambientales generales en la producción agroalimentaria en Colombia. Un enfoque hacia la sostenibilidad, la economía circular y la adaptación al cambio climático 50

Violeta Velásquez Vélez

El Acuerdo de Escazú: retos y oportunidades para el sector agroalimentario

Lina Correa Posada

La importancia de entender el ordenamiento del suelo rural en Colombia. Recomendaciones prácticas para los empresarios del agro sobre las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos

Nicolás Monsalve Gómez

60

66

GUÍA PARA REALIZAR TRÁMITES ANTE EL INVIMA

GUÍA PARA REALIZAR TRÁMITES ANTE EL INVIMA: SOLICITUD DE REGISTRO, NOTIFICACIÓN

O PERMISO SANITARIO

María Fernanda Hurtado León maria.hurtado@mascontrolconsultores.co

Esta guía ofrece recomendaciones para facilitar el uso de la plataforma virtual y realizar el registro sanitario ante el Instituto Nacional

1. Paso a paso de la solicitud

Paso 1. Revisa la Resolución 719 de 2015 sobre la clasificación de alimentos para consumo humano según el riesgo en salud pública

En la Resolución 719 de 2015 podrás clasificar tu producto según su riesgo y naturaleza para determinar si necesitas un permiso, registro o notificación sanitaria.

de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), el cual deben solicitar los fabricantes y comercializadores de alimentos.

Identifica el nivel de riesgo del producto: A (mayor) M (medio) o B (menor).

Para el riesgo A, solicita el registro sanitario RSA.

Para el riesgo M, solicita el permiso sanitario PSA.

Para el riesgo B, solicita la notificación sanitaria NSA.

Compara con otros productos del mercado: revisa si otros productos de la misma naturaleza del que deseas tramitar tienen registro, permiso o notificación sanitaria. Esto te servirá de base para clasificar tu producto.

María Fernanda Hurtado León

Paso 2. Si tu empresa o establecimiento no está inscrito en la base de datos del Invima, hazlo en app.invima.gov.co

Ingresa a app.invima.gov.co y haz clic en la pestaña Inscripción del establecimiento

1. Haz clic la pestaña Inscripción Luego, en esa misma pantalla selecciona el fabricante nacional, extranjero o el importador, según corresponda.

2. Diligencia toda la información del formulario. Luego, haz clic en Continuar. ¡Y listo!, tu empresa o establecimiento ha quedado inscrito.

Importante

Recuerda el código que genera el registro.

Paso 3. Averigua la tarifa que debes cancelar

1. Ingresa a https:// app.invima.gov.co/ y haz clic en Oficina virtual.

3. Para verificar que efectivamente quedaste inscrito, selecciona el botón Consulta, ingresa el código asignado o razón social y haz clic en Buscar

2. En la parte inferior izquierda busca Información de interés y haz clic en Guía para adelantar trámites | Recomendaciones

4. En la ventana que se abre para consulta la tarifa, haz clic en Manual de tarifas 2024 | Consultar Manual.

3. Busca Consulta las tarifas de acuerdo con el trámite y haz clic en Consulta y Pago de tarifas.

5. Se descargará un archivo de Excel en el que debes buscar el código y el valor del trámite que vas a realizar (registro, permiso o notificación sanitaria).

Ten en cuenta la cantidad de referencias (variedades) del producto, ya que cada código tiene tres pagos diferentes dependiendo de la cantidad a tramitar.

Paso 4. Descarga y diligencia el ASS-RSA-FM099 formato único de alimentos registros sanitarios, permiso o notificación sanitarios y trámites asociados en app.invima.gov.co

1. Ingresa a la plataforma y haz clic en Oficina virtual.

2. En Información de interés (esquina inferior izquierda) haz clic en Guía para adelantar trámites | Recomendaciones.

4. En la ventana que se abre (Alimentos y bebidas) haz clic en Formato único de alimentos | versión 8.

3. Busca Dirección de alimentos y bebidas y haz clic en Productos de alimentos y bebidas

5. Descarga el archivo de Excel y diligencia las pestañas de información básica, según corresponda (solicitud registro sanitario, solicitud permiso sanitario o solicitud notificación sanitaria) y la ficha técnica por cada variedad del producto.

Paso 5. Diligencia la pestaña de información básica

1. Escribe el correo en el que quieres recibir las notificaciones y respuestas del Invima y elige la opción Sí.

2. Completa la información de la empresa o establecimiento que será titular del registro sanitario y los datos de los responsables del pago (puede ser el mismo titular).

3. Marca una X en el tipo de trámite y escribe el código de tarifa y el valor en pesos (el identificado en el manual de tarifas del Paso 3). Selecciona si se adjunta original o copia del soporte de pago.

4. La información solicitada en el paso 4. Dato apoderado se diligencia solo si el trámite se hace a través de un apoderado.

María Fernanda Hurtado León

Paso 6. Diligencia la pestaña de solicitud de registro, permiso o notificación sanitaria

En Información general diligencia solo los campos que correspondan, como titular del registro sanitario, fabricante (que puede ser el mismo titular), envasador e importador, cuando aplique.

Por último, en la pestaña Solicitud se debe escribir nombre, cédula y firma del representante legal.

1. Escribe el código que se generó en el Paso 2 (inscripción de la empresa o establecimiento).

2. Despliega la lista del tipo de trámite, selecciona el que vas a realizar e ingresa el código de la tarifa vigente.

3. En la opción Registro sanitario debes seleccionar el que se ajusta a tu producto:

◆ Fabricar y vender

◆ Fabricar, envasar y vender

◆ Envasar/empacar y vender

◆ Importar y vender

◆ Importar, envasar/empacar y vender

4. Escribe el nombre del producto y las marcas que tiene o tendrán en el futuro. Para que todas las variedades del producto queden incluidas en el mismo registro, debes escribir el nombre así: nombre principal: las variedades

Ejemplo: Frutos secos variedades: 1. Pistacho con cáscara sin sal 2. Almendra fileteada 3. Pistachos sin cáscara 4. Almendra tostada 5. Mix frutos secos 6. Mix frutos del bosque 7. Mix berries 8. Mix frutos secos y semillas 9. Almendra natural 10. Maní tostado 11. Maní con pasas 12. Arándanos.

En el espacio de marca debes incluir todas las que maneja el producto: marcas propias, maquilas y futuras marcas, es decir, las de nuevos negocios para que más adelante no tengas que modificar el registro sanitario.

Paso 7. Diligencia la pestaña de ficha técnica (modelo)

Este modelo que presenta el Invima es opcional y básico. Lo importante es que la ficha técnica implementada en el establecimiento o empresa cubra, mínimo, los once parámetros descritos allí para evitar la devolución o rechazo de los documentos. También puedes consultar la pestaña del archivo instructivo para saber qué escribir en cada espacio del formato.

Cada variedad del producto debe tener una ficha técnica independiente, que debe quedar en una pestaña separada en el archivo de Excel editable (formato ASS-RSA-FM099).

Paso 8. Paga la tarifa correspondiente en app.invima.gov.co

1. Ingresa a app.invima.gov.co y selecciona Oficina virtual.

2. Buscar la opción Trámites en Línea - Pagos PSE y haz clic en Ver

3. Ingresa con usuario y clave.

Luego de que hayas ingresado, haz clic en Pago electrónico de tarifas.

4. En el cuadro de tarifa escribe el código del pago y haz clic en Datos tarifa

Recuerda que el recibo lo debes adjuntar a la documentación requerida, ¡así que guárdalo!

5. Luego, elige cuántas variedades necesitas para el producto. Por ejemplo, registro sanitario código 2100 de la variedad 11 a la 20 (los diferentes sabores, mezclas, colores, etcétera). El sistema te mostrará el valor que debes cancelar, que depende del código y de la cantidad de variedades que seleccionaste.

6. Haz clic en el botón de PSE, diligencia los campos y realiza el pago.

Paso 9. Compila los documentos solicitados en un PDF Antes de subir la solicitud a la plataforma del Invima debes adjuntar en un PDF estos documentos:

El recibo de pago.

Imprimir en PDF la pestaña de información básica del Excel.

Imprimir en PDF la pestaña del trámite que corresponda (registro, permiso o solicitud de notificación sanitaria) del Excel.

Las fichas técnicas de cada variedad o referencia del producto.

Nota: para los productos importados, debes tener en PDF el registro sanitario del país de origen apostillado y una carta firmada por el representante legal autorizando al importador comercializar los productos y las variedades.

Paso 10. Genera la solicitud del registro sanitario

1. Ingresa de nuevo a la Oficina virtual del Invima.

5. Diligencia todos los datos que solicita la plataforma.

2. Selecciona Atención al ciudadano.

3. Selecciona Enviar una nueva solicitud.

4. Selecciona y haz clic en Alimentos y bebidas alcohólicas.

El cuadro de observaciones se puede usar para incluir información adicional que no se haya podido consignar en los espacios correspondientes cada cuadro o cualquier dato relevante para el funcionario del Invima encargado de la revisión de la solicitud.

6. Luego, haz clic en Sí para aceptar la política de tratamiento y protección de datos personales.

7. Adjunta los documentos PDF del Paso 6 y el formato ASS-RSAFM099 diligenciado.

8. Haz clic en Enviar solicitud

Luego de enviar la solicitud el sistema arrojará un número de ID o ticket con el que podrás hacerle seguimiento.

Paso 11. Haz seguimiento a tu solicitud

Revisa periódicamente tu correo, allí recibirás la respuesta del Invima.

También puedes hacerle seguimiento así:

1. Ingresa a Oficina virtual.

2. Selecciona

Atención al ciudadano.

3. Selecciona

Consulte el estado de su solicitud.

4. Escribe el correo registrado y el número de ID o ticket

2. Qué hacer y qué no al tramitar el registro sanitario

◆ Revisa detalladamente la Resolución 719 de 2015 y verifica otros productos del mercado que tengan la misma naturaleza del que quieres tramitar. Esto te ayudará a confirmar si tienen registro, permiso o notificación sanitaria para tener claro el código y el valor de la tarifa.

◆ Si tienes una ficha técnica propia, asegúrate de que incluya, como mínimo, los once parámetros solicitados en el formato de Excel.

◆ En el campo del gramaje se recomienda escribir un rango amplio, por ejemplo, de 5 g a 5000 g. De este modo, si en el futuro se lanza un nuevo tamaño, no será necesario modificar el registro.

◆ En el nombre del producto incluye las variedades que planeas lanzar a corto plazo. Por ejemplo, yogur, 1; yogur de aguacate, 2; yogur de café, 3; yogur de uva, 4; yogur de guayaba, 5. Este campo es amplio y permite anticiparse a futuras referencias o variedades, evitando nuevos trámites, lo que ahorra costos y tiempo.

◆ Aunque el Invima otorga el registro sanitario sin visitar la planta de producción, esto no garantiza que no haga una visita o auditoría después de obtener el registro. Prepárate adecuadamente para recibir a los funcionarios.

◆ Descargar siempre el formato ASS-RSAFM099 al solicitar el trámite para asegurarte de diligenciar la versión actualizada.

◆ Puedes ahorrar tiempo en el trámite si el representante legal (y no un apoderado) solicita directamente el registro.

3. Código QR y enlace para solicitar citas presenciales en el Invima

Puedes solicitar una cita presencial (de 30 minutos) con un funcionario del grupo de trabajo territorial Occidente 1 (Medellín) ingresando al siguiente enlace:

GUÍA PARA REALIZAR TRÁMITES ANTE

EL

GUÍA PARA REALIZAR TRÁMITES ANTE EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

María

Fernanda Hurtado León maria.hurtado@mascontrolconsultores.co

Esta guía presenta los trámites presenciales y virtuales que se deben hacer ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para registrar predios productores de vegetales y animales para abasto, así como para la importación y exportación de estos y la fabricación de alimentos para su consumo.

1. Registro de predios pecuarios

El registro sanitario de predios pecuarios se necesita para transportar y comercializar tus animales y tus productos de origen animal. De esta forma demuestras que los produces con medidas sanitarias óptimas y legales.

Este registro amplía las oportunidades comerciales en mercados locales y en la cadena de suministro de alimentos exportables que podrían incluir tus productos como

ingrediente. Además, es el primer paso para obtener certificaciones de predios libres de enfermedades, como la fiebre aftosa, la brucelosis, la tuberculosis bovina, la peste porcina clásica y, en general, aquellas que afectan la productividad y el comercio internacional de animales y sus productos derivados. El registro también facilita la certificación de predios en buenas prácticas ganaderas (BPG).

Antes de hacer la solicitud, verifica y garantiza que el predio está en condiciones adecuadas para recibir la visita de los funcionarios del ICA; revisa la salud de los animales y asegúrate de tener disponible toda la documentación de tenencia o arrendamiento del predio y de los propietarios, así como los registros de tratamientos y fumigaciones, entre otros que te pueden solicitar. De esta forma evitarás contratiempos y nuevas inspecciones.

◆ Documentos: debes presentar el comprobante de pago del servicio que deseas adquirir, por ejemplo, registros de hierro, certificación de granjas bioseguras o registro como exportador porcícola. Además, debes entregar los documentos de identificación de los propietarios de los animales y de los productores del predio, así como el formulario de registro diligenciado, que puedes descargar en aqu í

◆ El costo de los servicios del ICA para el sector pecuario en 2024 están disponibles a partir de la página 18 del documento que puedes consultar en el enlace: Nuevo modelo de tarifas ICA 2024

◆ Solicitud del registro: presenta la solicitud de registro en cualquier oficina del ICA, en las oficinas que tengan convenio con Umatas, en la secretaría de agricultura de tu municipio o por el correo electrónico subgerencia.animal@ica.gov.co

◆ Revisión de documentos: el ICA revisará los documentos y verificará si cumplen o no los requisitos.

2. Registro del predio agrícola

Con este registro, los productores tienen la posibilidad de acceder a programas de financiamiento y a proyectos productivos, porque acredita la legalidad de su producción. Asimismo, les otorga reconocimiento entre los compradores que valoran los alimentos inocuos.

Antes de solicitar el registro, define claramente su alcance y asegúrate de tener toda la documentación del predio y de los propietarios, así como los registros de control

fitosanitario. De esta forma evitarás contratiempos o nuevas inspecciones.

Además, revisa el cumplimiento fitosanitario de los predios vecinos. Si detectas alguna irregularidad, considera aislar o separar tu propiedad con barreras vivas o físicas y toma las medidas que consideres necesarias. Finalmente, atiende cualquier observación que hagan los funcionarios. Siempre que sea posible, comienza la gestión del registro en presencia del funcionario, lo que te ayudará a generar confianza y transparencia.

◆ Presentación de los documentos ante el ICA: formulario de registro del predio agrícola (descárgalo en aqu í ), evidencia de tenencia o arrendamiento de tu predio productor y documentos del titular de la finca (cédula de ciudadanía y RUT).

◆ Revisión de los documentos: el ICA revisará los documentos para verificar que cumplan los requisitos establecidos.

◆ Visita de auditoría: en algunos casos, el ICA puede realizar una visita de auditoría al predio para verificar las condiciones y el cumplimiento de las normativas.

◆ Otorgamiento de la certificación: una vez aprobada la solicitud y verificados los requisitos, el ICA otorgará la certificación al predio.

3. Certificados de inspección sanitaria (CIS)

Este certificado es necesario para exportar animales vivos. Antes de iniciar el trámite, verifica que cumples los requisitos para la exportación, implementa las medidas

correctivas en tu sitio productor y elabora un cronograma que puedas cumplir antes de la visita del funcionario del ICA. Así evitarás contratiempos o inspecciones adicionales.

◆ Documentos necesarios:

▶ Certificado de salud del animal: puedes solicitarla a un médico veterinario o a un médico veterinario zootecnista inscrito en el ICA, quien, además, preparará la documentación necesaria.

▶ Certificado de vacunación.

▶ En algunos casos, resultados de pruebas específicas, como la de anticuerpos de algunas enfermedades.

◆ Haz la solicitud: el médico veterinario o médico veterinario zootecnista ingresará en el Sistema de Información Sanitaria para la Importación y Exportación de Productos Agrícolas y Pecuarios (Sispap) del ICA los datos de la persona que acompaña la exportación (en caso de mascotas, por ejemplo) y del animal a exportar.

◆ Paga el trámite: hazlo en los canales autorizados por el ICA. Los costos de los servicios del ICA para el sector pecuario en 2024 están disponibles a partir de la página 18 del siguiente enlace: Nuevo modelo de tarifas ICA 2024

◆ Presenta el recibo de pago junto con los demás documentos: envía tu solicitud de registro a cuarentena.animal@ica.gov.co

◆ Evaluación y verificación: el ICA evaluará la solicitud y realizará las inspecciones necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos zoosanitarios.

◆ Recepción del CIS: si la solicitud cumple con todos los requisitos, el ICA emitirá el certificado de inspección sanitaria (CIS), que confirma que la exportación cumple con las exigencias del país de destino.

Para mayor información ingresa aquí

Descarga el formato de solicitud aquí

4. Registro de fábricas de alimentos para animales

Este registro, obligatorio para las empresas que fabrican y/o deseen exportar alimentos para animales, se puede gestionar a través de la VUT del ICA. Antes de hacerlo, verifica los requisitos y asegúrate de cumplirlos adecuadamente para evitar reprocesos y contratiempos.

◆ Documentos necesarios:

▶ Formulario de solicitud de registro.

▶ Planos de las instalaciones.

▶ Manual de buenas prácticas de manufactura (BPM).

▶ Certificado de existencia y representación legal.

▶ Otros documentos específicos según el tipo de alimento.

◆ Presenta la solicitud: hazlo en una oficina del ICA. Realiza el pago según el tipo de registro que desees hacer (fabricación

María Fernanda Hurtado León

de alimento comercial, código 04007; fabricación de alimentos con destino al autoconsumo, código 4025; fabricación por contrato, código 04004; semielaborador de alimento para animales, código 04001). Consulta el valor de los servicios del ICA para el sector pecuario en 2024 a partir de la página 18 del siguiente enlace: Nuevo modelo de tarifas ICA 2024 o en https://tramites.ica.gov.co/raw/login

◆ Inspección de las instalaciones: el ICA programará una visita para verificar que las instalaciones cumplen las BPM y otros requisitos sanitarios.

◆ Corrección de observaciones: si durante la inspección se encuentran observaciones, deberás corregirlas y solicitar una nueva visita.

◆ Obtención del registro: una vez aprobada la inspección, el ICA emitirá el registro de la fábrica.

◆ Renovación y actualización: mantén el registro actualizado y renueva según los plazos establecidos por el ICA.

◆ Para detalles específicos y actualizaciones, visita https://www.ica.gov.co/ oferta-institucional/servicios_linea/ simplificacom

5. Planes de trabajo para exportar vegetales en fresco

trabajo disponibles en su página web. Si no encuentras planes de trabajo relacionados con un producto o país específicos, debes redirigir tu consulta ingresando al Sispap.

Además, para evitar contratiempos y nuevas visitas del ICA:

◆ Verifica el estado de fitosanitario de los cultivos.

◆ Garantiza que el predio esté apto para recibir la visita.

◆ Revisa que cumples todos los requisitos exigidos para el destino que deseas solicitar.

◆ Establece las medidas correctivas necesarias para tu planta empacadora con un cronograma que puedas cumplir antes de la visita.

6. Recomendaciones para hacer trámites ante el ICA

La admisibilidad de un producto vegetal en fresco está condicionada a las medidas fitosanitarias establecidas para proteger la sanidad vegetal de cada país. Antes de hacer la solicitud ante del ICA, revisa los planes de

◆ Programa jornadas de limpieza y desinfección de todas las instalaciones (bodegas, zonas de procesamiento, zonas comunes y otras que consideres necesarias).

◆ Asegúrate de que la infraestructura sea adecuada para permitir una limpieza efectiva (que se pueda lavar), evitando acumulaciones de suciedad.

◆ No utilices medicamentos veterinarios ni agroquímicos prohibidos.

◆ Verifica la señalización de la zona de producción. Cambia las que estén en mal estado y añade las faltantes. Prioriza las áreas relacionadas con la producción.

◆ Haz análisis microbiológicos de la fuente de agua a utilizar. Ten a la mano los resultados de un análisis realizado, al menos, un mes antes de la visita del funcionario del ICA y asegúrate de que el agua sea potable.

◆ Prepara los registros de formación necesarios para la visita, como los de manipulación de productos fitosanitarios, limpieza, desinfección, mantenimiento y plagas cuarentenarias (destinos de exportación).

◆ Si vas a solicitarle al ICA la certificación para varios productos agrícolas, primero organiza las áreas de postcosecha y utiliza mallas antithrips para dividirlas. Asegúrate de que cada fruta tenga su propio espacio y sea fácil de identificar, es decir, que no sea solo documental.

◆ Programa al personal clave para atender la visita del ICA, entre ellos, el/la ingeniero(a) agrónomo(a) y el personal encargado de la documentación.

◆ Capacita al personal en los puntos clave exigidos por el ICA con suficiente antelación a la auditoría.

◆ Sé respetuoso con los funcionarios del ICA. Ellos te harán observaciones sobre aspectos que puedes corregir.

◆ Mantente receptivo y dispuesto a implementar todas las correcciones y recomendaciones del funcionario del ICA, porque hacen parte del proceso de mejora continua. Estos requerimientos no son negociables y están diseñados para garantizar la sanidad del predio y la salud de los consumidores.

◆ No delegues la implementación de los requerimientos en una sola persona. Involucra a todo el equipo de trabajo para facilitar el cumplimiento.

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LOS AGRICULTORES

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EL TRABAJO EN EL CAMPO COLOMBIANO

EL TRABAJO EN EL CAMPO COLOMBIANO

Santiago Villa Restrepo1

Santiago Villa Restrepo

Nuestro código laboral, expedido a mediados del siglo XX, no distingue entre el trabajo urbano y el rural, a pesar de que en la época de su creación la mayoría de la población residía en el campo. Esta realidad fue cambiando en el transcurso del siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Sin embargo, aunque las condiciones del trabajo urbano y el rural son diametralmente distintas, y a pesar de los cambios sociales, tecnológicos y culturales, salvo algunas excepciones, la ley sigue siendo la misma. Lo es desde el punto de vista legal y

constitucional, como la protección al trabajo y los principios proteccionistas que lo regulan, así como las consecuencias que enfrenta el empleador por incumplir las normas. 1

La Corte Constitucional, en la Sentencia C-027 de 2024, amplió la obligación de reconocer cesantías a los trabajadores de las empresas familiares2. Esta jurisprudencia destaca la composición de la propiedad en Colombia desde la perspectiva de las sociedades de familia:

Un estudio de la Superintendencia de Sociedades de 2005 (p. 2) confirmó que en Colombia existe un gran número de sociedades de familia que contribuyen en diversas actividades económicas, generando empleo y riqueza. De acuerdo con la entidad, “el 70,5% del total de sociedades clasificadas como pequeñas, son de familia, el 69% de las microempresas, el 64,7% de las medianas y el 48% de las grandes, también son de familia”. Además, “el 73,3% de las empresas pequeñas que están en acuerdo de restructuración son de familia, así mismo el 72,9% de las medianas, el 63,6% de las microempresas y el 40,8% de las grandes” (p. 7).

Por su parte, el Ministerio del Trabajo citó un estudio interinstitucional que indica que el 70 % de las empresas del país son familiares y su aporte al producto interno bruto (PIB) oscila entre el 45 % y el 70 % (ver Sentencia C-027 de 2024).

1. El trabajo y el derecho laboral en la constitución de 1991

presentan cinco de los veintisiete principios del derecho laboral.

La Constitución colombiana, desde su preámbulo, se fundamenta en el trabajo y garantiza su derecho a él, protegiéndolo en todas sus modalidades (artículo 25). También asegura la libertad de escoger profesión u oficio (artículo 26), y en el artículo 53 establece los principios fundamentales de las relaciones laborales, que deben concretarse en un estatuto del trabajo que, algún día, debe expedir el Congreso de la República. Mientras esto sucede, la Corte Constitucional ha sido la encargada de desarrollarlos a través de sus sentencias.

2. Los principios fundamentales del derecho laboral

2.1. En el derecho laboral predomina la realidad sobre el documento Este principio también se conoce como “la teoría del contrato realidad”. Es decir, que si la realidad es diferente a lo que consta o se convino en un documento, o verbalmente, para efectos legales predominará el relato de cómo sucedieron los hechos. Por ejemplo, si en el contrato un trabajador es calificado como de dirección, confianza y manejo y, por lo tanto, no tendrá derecho a horas extras, pero en la realidad no desempeña esas funciones, tiene derecho a recibir los recargos correspondientes.

Conocer los principios fundamentales que orientan el derecho laboral es clave para definir la política de contratación de una empresa agropecuaria. A continuación, se

Este principio es clave para determinar si un servicio prestado por una persona natural debe regirse por un contrato de trabajo o si realmente es un contratista independiente, en cuyo caso se puede establecer un contrato de prestación de servicios. No basta con llamarlo contrato comercial; es necesario evaluar si existe subordinación y si quien

Santiago Villa Restrepo

presta el servicio tiene autonomía técnica y administrativa. Si no la tiene, sus servicios seguramente se enmarcarán dentro de un contrato de trabajo.

2.2. Los derechos o las prerrogativas que concede la ley laboral son irrenunciables

El trabajador no puede renunciar a los derechos que le concede la ley laboral. Esto incluye, entre otros, prestaciones sociales, pago del salario y recargos por trabajo extra, nocturno o en festivos. Tampoco puede renunciar al derecho a ser afiliado a la seguridad social con el argumento de que ya está afiliado en otro empleo o porque pertenece al Sisbén.

2.3. La ley laboral es de aplicación inmediata y, por lo tanto, afecta los contratos en desarrollo

Cualquier ley que se expida durante el desarrollo del contrato afecta de inmediato al trabajador. Por lo tanto, no podrá exigir que le sigan aplicando las leyes vigentes al inicio del contrato.

3. En caso de duda sobre la aplicación o interpretación de varias normas laborales, se aplicará la que resulte más favorable para el trabajador

Es común que se presenten conflictos de interpretación o aplicación entre dos normas laborales, entre una ley y una convención colectiva o entre la ley y el contrato de trabajo o el reglamento de la empresa. En tales casos, se aplicará la que más beneficie al trabajador, sin olvidar los dos principios anteriores. Se debe aclarar que la duda debe presentarse en la aplicación o interpretación de las normas jurídicas, y no a los hechos.

3.1. A igual trabajo, igual salario

Esta frase se ha malinterpretado en las relaciones laborales, pretendiendo lograr una igualdad absoluta, cuando ni en el artículo 13 de la Constitución ni en el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo se plantea este postulado. Lo que ordenan las normas es que cuando dos trabajadores desempeñen el mismo trabajo, con igual eficiencia, jornada y condiciones, deben devengar el mismo salario. Sin embargo, la jurisprudencia ha aceptado diferencias salariales basadas en criterios como capacitación, experiencia y antigüedad, cuando las dos últimas justifican una diferencia en el trabajo realizado.

En resumen, el derecho laboral colombiano se clasifica como proteccionista y garantista en favor del trabajador. Poco a poco, especialmente a través de interpretaciones jurisprudenciales, se han limitado los derechos del empleador, a pesar de ser quien, al fin y al cabo, genera el empleo en Colombia.

4. El trabajo en una finca

Después de presentar el marco general de la regulación laboral en Colombia, se analizarán las características del trabajo en una finca promedio del país para identificar quiénes son sus trabajadores.

4.1. El trabajo del propietario de la finca: persona natural o sociedad Desde el punto de vista laboral, el propietario de la finca debe tener claro cuál será su estatus frente al Código Sustantivo del Trabajo y al sistema de seguridad social (pensiones, salud, riesgos laborales y caja de compensación familiar). Es decir, debe determinar si actúa como persona natural y, en consecuencia,

como trabajador independiente o por cuenta propia; o si lo hará a través de una sociedad, por lo general, una por acciones simplificadas (S. A. S.), y definir su rol en ella: ¿será socio y empleado?, ¿solo empleado?, ¿arrendatario de la finca? Si es empleado o independiente debe decidir cómo se acogerá a la ley. En otras palabras, si hará los aportes a la seguridad social conforme a sus ingresos. Si es trabajador independiente, el código laboral no le aplica, pero debe hacer los aportes correspondientes. Si es empleado de su propia S. A. S., debe cumplir con los derechos laborales, como cesantías, primas de servicios y vacaciones, además de tener un salario que servirá de base para calcular estos pagos y los de seguridad social.

Esta es una decisión muy importante, porque el monto de los aportes determina los beneficios recibidos. Si se aporta con base en un salario mínimo mensual legal vigente (smmlv), su pensión de vejez, invalidez o muerte será ese salario. Sin embargo, si cotiza sobre diez smmlv, con salario ordinario y no integral, su pensión podrá acercarse a ese monto, lo que resulta clave en la vejez, cuando los ingresos dependen en mayor medida de la pensión, lo que no sucede en la juventud, cuando la fortaleza y la energía permiten tener ingresos adicionales. Esta es una decisión vital, especialmente en un contexto donde la longevidad ha aumentado y las familias se han reducido, lo que limita la posibilidad de recibir apoyo económico de los hijos en la vejez o durante una enfermedad.

4.2. El trabajo de los familiares del dueño de la finca

Debido a la composición rural de Colombia, es muy común que la familia o algunos de sus miembros colaboren en la administración de la finca, sea de tiempo completo o de manera

parcial. Por lo tanto, el propietario debe tener claridad sobre cómo regular el trabajo de sus familiares, porque el parentesco no los excluye de los derechos laborales. Además, algunas sentencias emitidas desde la Constitución lo obligan a analizar con sumo cuidado si con estos familiares se configura un contrato de trabajo, porque una cosa es la relación familiar y otra la laboral.

4.3. El personal fijo o de planta en la finca

En las fincas, por lo general, hay un personal permanente encargado de las labores ordinarias, que se identifica de la siguiente manera:

4.3.1. Mayordomo o administrador. Si el propietario o quien explota el predio no asume esta función, suele contratar a una persona de confianza para que sea responsable de aspectos técnicos y administrativos.

Su vinculación debe formalizarse con un contrato de trabajo y tener un salario fijo o mixto, donde parte de su ingreso dependa de resultados como productividad, desperdicio y calidad del grano, entre otros.

4.3.2. Trabajadores permanentes o de planta. Son lo que trabajan en la finca todo el año realizando diferentes labores. Deben contar con todos los derechos laborales, como salario, prestaciones sociales, afiliación y aportes a la seguridad social, así como límites a la jornada de trabajo, entre otros.

4.3.3. Jornaleros. Solo trabajan uno o varios días a la semana y dedican el resto del tiempo a otros quehaceres, ya sea en su propia finca o “jornaleando” en distintos predios. Desde la legislación laboral, se deben tratar como empleados, con todos sus derechos laborales, proporcionales a los días trabajados en cada

finca y, por supuesto, con derecho a la afiliación y al pago de los aportes a la seguridad social. Cada empleador reconocerá los derechos en proporción al número de días que se beneficie de su trabajo.

4.3.4. Personal de temporadas. Este grueso grupo solo trabaja en temporadas específicas. Realizan labores como abonado, desyerbe, zoqueada de árboles, plateo o aplicación de químicos, entre otros. Técnicamente, durante las semanas que laboran en la finca deben ser considerados verdaderos trabajadores con todos sus derechos laborales, salvo que actúen como contratistas independientes con capacidad administrativa, técnica y logística.

4.3.5. Recolectores y cosecheros. este grupo suele estar compuesto por trabajadores de diversos orígenes: i) grupos itinerantes que recorren el país cosechando distintos cultivos, casi siempre liderados por una o varias personas que ofrecen sus servicios en las plazas de los municipios. Algunos llegan de veredas o pueblos vecinos y dejan sus parcelas o trabajos para aprovechar la buena paga como cosecheros; ii) están aquellos que aprovechan las vacaciones de sus trabajos formales, urbanos y rurales para ser recolectores en la temporada; iii) están los inmigrantes, que encuentran en estos trabajos una fuente de ingresos ante la creciente escasez de mano de obra en el campo; iv) los familiares de los propietarios de la finca, que también intensifican su trabajo en la cosecha, v) y estudiantes, que aprovechan sus vacaciones académicas para obtener algunos ingresos. El tratamiento legal de este grupo no se puede generalizar. Es necesario evaluar cada caso para evitar la informalidad ni suponer que todos los cosecheros tienen relación contractual de trabajo.

4.3.6. Contratistas independientes especializados. Como ya se mencionó, para ser un verdadero contratista independiente, ya sea persona natural o jurídica (como una S. A. S.), se debe tener una estructura empresarial real que incluya una organización administrativa y autonomía en el trabajo. Esto es fundamental para evitar ser considerado un simple intermediario que solo proporciona personal para que administre la finca, como ocurre con las empresas de servicios temporales (EST), cuya figura es válida.

Debe aportar, además, los equipos y herramientas necesarios para el trabajo, contar con autonomía financiera y, en lo posible, tener varios clientes para evitar la exclusividad de servicios. También debe cumplir con todas las obligaciones laborales de sus trabajadores para evitar que la finca sea considerada solidariamente responsable por dichos pagos, dado que la cosecha es una actividad normal de una finca. Además, debe aportar a la seguridad social como trabajador independiente con base en su ingreso real. El cliente (la finca) puede hacer auditorías, tal como lo contempla el artículo 26 de la Ley 1393 de 2010.

5. Formas de explotación del campo colombiano

En general, en el campo colombiano la explotación de la tierra para sobrevivir suele implicar que propietarios, jornaleros, poseedores y la comunidad en general acuerden, casi siempre de manera verbal y honrando la palabra, distintas modalidades contractuales. A continuación, se presentan algunas de las más comunes.

5.1. Arrendamiento de un predio, parcela o de toda la finca

En esta modalidad, el dueño alquila la finca, lo que puede incluir los animales o plantaciones que se encuentran en ella. El arrendatario la explota con su propio personal y ejerce las funciones de administrador, coordinador y director de estos. Por lo tanto, el arrendatario es el empleador, y no se puede considerar al propietario como tal en relación con los trabajadores de la finca.

5.2. Comodato o préstamo de la finca

o de un lote de terreno

Bajo esta modalidad, cientos de propietarios en Colombia entregan a otra persona la facultad de usar su bien, incluso sin contraprestación económica. Esta práctica es muy común en el campo, donde muchos dueños no pueden explotar sus tierras por falta de recursos, conocimientos del sector, interés o razones de seguridad.

El comodatario, al tener la facultad de usar el bien, lo pone a producir mediante la ganadería, el cultivo o el desarrollo de atracciones turísticas. Para ello, debe contratar personal

que, bajo su administración, coseche, vigile el ganado o atienda a los clientes. Así, el comodatario actúa como empleador, ejerciendo subordinación al dirigir, contratar, coordinar y dar órdenes a los trabajadores. En este contrato ambas partes se benefician, pero el agricultor es quien contrata la mano de obra y funge como empleador, con las obligaciones correspondientes.

5.3. Cuentas en participación

Un inversionista interesado en el campo, pero que no quiere ser identificado, acuerda con otra persona, denominada gestor, para que asuma la administración de la finca. Sin embargo, aunque le rinde cuentas al inversionista, el gestor actúa en su propio nombre y bajo su crédito personal. Él es quien dirige y coordina a los trabajadores, les da órdenes y asume la responsabilidad total de la actividad que desarrolla, así como de cualquier obligación que surja frente a acreedores y trabajadores. En resumen, aunque el inversionista es propietario de la finca, la maquinaria, los cultivos, los animales y demás herramientas de explotación, el gestor es el único responsable ante terceros y, por lo tanto, el único empleador.

5.4. A partir o a utilidad

Este es uno de los modelos de negocios más utilizados en el campo colombiano. Consiste en que una persona compra un número de animales o suministra los recursos para una plantación, mientras que otra aporta el trabajo y la administración del negocio. Las utilidades se reparten según los porcentajes de participación acordados, que pueden ser 50-50, 30-70 o 40-60.

Aunque el inversionista es el dueño de los animales, no interviene en la administración ni es empleador. Por su parte, quien aporta el trabajo, la administración y el lugar donde se lleva a cabo la actividad (sin importar si es propio o no) es el encargado de contratar el personal que se requiera. En consecuencia, es el que ejerce la subordinación sobre los trabajadores y, por lo tanto, el único responsable de las obligaciones laborales.

5.5.

Aparcería

De acuerdo con la Ley 6 de 1975,

La aparcería es un contrato mediante el cual una parte que se denomina propietario acuerda con otra que se llama aparcero, explotar en mutua colaboración un fundo rural o una porción de éste con el fin de repartirse entre sí los frutos o utilidades que resulten de la explotación. (Artículo 1)

Esto quiere decir que el propietario cede el uso de sus tierras y el aparcero se encarga de explotarla con autonomía administrativa. Una de sus obligaciones es “adelantar personalmente las labores de cultivo del fundo, además de las propias de dirección, administración, conservación y manejo de las plantaciones y productos” (Ley 6 de 1975, literal

a, numeral 2, artículo 1). Aunque el aparcero trabaje directamente en la tierra, entre él y el propietario no surge una relación laboral.

Uno de los elementos esenciales del contrato de aparcería es la coordinación mutua, que permite una interacción entre las partes, donde es natural la presencia de un líder o de una persona con mayor conocimiento, participación o compromiso. Esta coordinación no significa subordinación. Incluso en los contratos de servicios, donde la colaboración mutua no es un requisito esencial, la Corte Suprema de Justicia ha reconocido que la coordinación no crea una relación laboral.

5.6. Compraventa de fruto

Ocurre cuando una persona, después de sembrar y cuidar una plantación o ganado, sea o no dueña del predio y con o sin trabajadores a su cargo, decide vender la plantación, el cultivo o el ganado antes de la cosecha o los nacimientos, pero sin vender el terreno ni los elementos principales, y sin cambiar la estructura productiva ni generar una sustitución patronal.

Esta práctica es muy común en el campo colombiano, por ejemplo, en la producción de la panela, donde el cosechero, propietario, aparcero, arrendatario o poseedor del predio vende o subasta la cosecha para que el comprador se encargue del corte, transporte, molienda y comercialización de la panela.

5.7. Sociedad agraria de transformación (Ley 101 de 1993)

El artículo 109 de la Ley 101 de 1993 crea “las Sociedades Agrarias de Transformación, en adelante SAT, que tendrán por objeto social desarrollar actividades de postcosecha y comercialización de productos perecederos de origen agropecuario y la prestación de servicios

comunes que sirvan a su finalidad”. Este modelo de asociación permite desarrollar una actividad agraria en conjunto, incluso establece el aporte de industria como un modo de generar participación dentro de la sociedad agraria, sin que implique un contrato de trabajo.

5.8. Cooperativa agraria de trabajo asociado

En el modelo cooperativo, las personas se asocian para aportar su trabajo y, al mismo tiempo, ser dueñas y gestoras de la cooperativa, como lo establece la Ley 79 de 1988. En las cooperativas agrarias, los asociados aportan su capacidad de trabajo en actividades agrícolas. Aunque existen estructuras administrativas que coordinan sus actividades, esto no implica subordinación ni la creación de un contrato de laboral por el hecho de trabajar y recibir compensaciones.

5.9. El sistema de tablón o tabloneo

El tabloneo, como se conocía coloquialmente, tiene relación con el sistema llamado, según la región, “partija” o “compañía”. En este sistema el dueño de la tierra (hacendado) ofrece el terreno, las semillas, los semovientes, las herramientas y los utensilios necesarios para la siembra. El tabloneo siembra y mantiene los cultivos. El producto de cada cosecha se reparte entre las partes, según las condiciones que hayan acordado previamente. En resumen, el tabloneo, bajo contrato oral o escrito, administra un cafetal o tablón en compañía con la hacienda.

5.10. El contrato de trabajo en el agro colombiano

A pesar de las modalidades de explotación del campo mencionadas, y de otras que no se incluyeron, cuando se cumplen las siguientes tres condiciones se configura una relación laboral, con todo lo que esto implica: i) prestación

personal de un servicio a favor de otro; ii) subordinación continua, o más o menos continua, bajo las órdenes del empleador en circunstancias de modo, tiempo y lugar, y iii) pago por el trabajo realizado. Es decir, existe un empleador (o patrón, como se le llamaba antes de la Ley 50 de 1990) y un trabajador.

Por lo tanto, el empleador debe garantizar condiciones dignas, justas y seguras (capacitación, dotación para el trabajo, elementos y equipos aptos). Además, debe afiliar al trabajador a la seguridad social (pensiones, salud y riesgos laborales) y a una caja de compensación familiar para que él y su familia reciban beneficios. También debe cumplir las normas sobre la jornada laboral, pago de recargos, salarios en los términos de ley y cumplir la política de contratación vigente. Es obligatorio tener un reglamento interno de trabajo que, entre otros aspectos, regule la disciplina, el ausentismo, el incumplimiento de las obligaciones y las prohibiciones, y respetar el derecho de asociación sindical.

5.11. Empresas de servicios temporales (EST)

Las EST están autorizadas para que el empresario contrate trabajadores a través de ellas en situaciones de aumento de producción, reemplazo de personal o temporadas especiales. Pueden hacerlo por un período de hasta seis meses, y máximo de un año. Aunque la EST es el empleador, la empresa agropecuaria es la que da las órdenes en el día a día.

6. Conclusiones generales sobre el trabajo en el campo colombiano

Al igual que sucede en el sector urbano, en el campo colombiano existen empresas clasificadas como medianas o grandes

que, en general, tienen capacidad cultural, económica y política para ofrecer empleo digno y conforme a la ley. Sin embargo, también hay un gran número de pequeñas

explotaciones agropecuarias, casi todas de carácter familiar, donde predomina la informalidad laboral, realidad que es analizada el profesor Albert Berry (2023):

La urgencia de fortalecer la agricultura familiar en la coyuntura actual de Colombia con su escasez de empleos decentes

Existe un argumento de que como Colombia ya es un país relativamente urbano, donde menos del 25% del empleo total corresponde al agro, ni una reforma agraria ni una política de apoyo serio hacia la agricultura familiar podría reorientar el camino del país, como hubiera podido hacer en la década de 1930, por ejemplo. Bajo condiciones normales, este argumento tendría cierta validez. Por ejemplo, la desigualdad que se encuentra no solamente en el agro, sino también en los sectores no agrícolas de la economía colombiana y en el sistema educativo ya no se pueden revertir con solo implementar tales políticas. En contraste, haberlo hecho en los años treinta, hubiera en el mejor de los casos evitado gran parte de la concentración del capital humano y del capital físico y del conflicto y violencia que ha caracterizado las décadas posteriores. En otras palabras, el resto del sistema económico ya ha tomado como herencia del sector agropecuario el alto nivel de desigualdad de que históricamente sufría ese sector.

Referencias

◆ Berry, A. (2023). El papel clave de la pequeña agricultura familiar en Colombia. Universidad del Rosario.

◆ Decreto 2663 de 1950. Código Sustantivo del Trabajo. Adoptado por el Decreto Ley 2663 del 5 de agosto de 1950 “Sobre Código Sustantivo del Trabajo”, publicado en el Diario Oficial No 27.407 del 9 de septiembre de 1950, en virtud del Estado de Sitio promulgado por el Decreto Extraordinario No 3518 de 1949. Agosto 5 de 1950. DO. N.° 27407.

◆ Constitución Política de Colombia. (1991).

◆ Corte Constitucional. Sala Plena. Octubre 1 de 2020. Sentencia C-432 de 2020. [MP. Luis Javier Moreno Ortiz].

◆ Ley 6 de 1975. Por la cual se dictan normas sobre contratos de aparcería y otras formas de explotación de la tierra. Enero 10 de 1975. DO. N.° 34244.

◆ Ley 101 de 1993. Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero. Diciembre 23 de 1993. DO. N.° 41149.

◆ Superintendencia de Sociedades. (2005). Sociedades de Familia en Colombia. https:// supersociedades.gov.co/documents/ 80312/334999/5-Sociedades+en+familia+2004.pdf/c9bc60d5-a829-7f9e-cc47ea6d25a6b3f0?t=1662561204935

CONOCER LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE ORIENTAN EL DERECHO LABORAL ES CLAVE PARA DEFINIR LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA AGROPECUARIA.

SECTOR AGROINDUSTRIAL COLOMBIANO

SECTOR AGROINDUSTRIAL COLOMBIANO: INCENTIVOS Y OPORTUNIDADES EN MATERIA TRIBUTARIA

María Alejandra LópezMaría Lucía Cardoso

Resumen

Este artículo aborda dos temas de gran relevancia para el desarrollo de Colombia: el sector agroindustrial, crucial para el crecimiento económico, social y ambiental del país, y los incentivos tributarios, herramientas que el Estado utiliza para fomentar la inversión, la productividad y el crecimiento en diversos sectores económicos. El objetivo es analizar los beneficios tributarios actuales que pueden ser aprovechados por el sector agroindustrial, con el fin de fomentar su implementación.

Introducción

El impuesto sobre la renta en Colombia grava las utilidades obtenidas por individuos y empresas durante un período fiscal,

basándose, entre otros, en el principio de capacidad económica. Esto implica que quienes obtienen mayores ingresos deben contribuir más al financiamiento del Estado. Este impuesto constituye una de las principales fuentes de ingresos del Gobierno, que son utilizados para financiar servicios públicos esenciales como salud, educación, infraestructura y seguridad.

La agroindustria, definida por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) como el “conjunto de actividades económicas en las que se combinan básicamente el proceso productivo agrícola con el industrial para producir alimentos o materias primas semielaboradas destinadas al mercado” (DANE, 2012), se ha posicionado como un sector fundamental para el desarrollo económico del país, aportando un 10,2 % al crecimiento del producto interno bruto (PIB) en el segundo trimestre de 2024.

María Alejandra López - María Lucía Cardoso

1. Concepto de beneficio tributario

Los beneficios tributarios son deducciones, exenciones y tratamientos fiscales preferenciales que el legislador otorga a personas naturales y jurídicas para promover ciertas actividades económicas, sociales o ambientales. A continuación, se presentan las principales formas de estos incentivos:

◆ Deducciones fiscales: permiten restar ciertos gastos o inversiones de la base gravable del impuesto sobre la renta, reduciendo así el monto a pagar.

◆ Exenciones de impuestos: eliminan total o parcialmente la obligación de pagar ciertos impuestos para actividades o sectores específicos.

◆ Tarifas reducidas: son tasas impositivas más bajas para determinados contribuyentes o actividades, aliviando la carga fiscal.

◆ Zonas económicas especiales: regiones con regímenes tributarios favorables diseñados para atraer inversión, incluyendo tarifas impositivas reducidas y simplificación de trámites.

En general, estos beneficios buscan disminuir la carga fiscal, lo que puede incentivar la inversión y el crecimiento económico del país.

2. Sector agroindustrial colombiano: aplicación de beneficios fiscales

A pesar de ser un país predominantemente agrícola, Colombia no cuenta con suficientes beneficios tributarios específicos para el sector agroindustrial que impulsen la inversión, la sostenibilidad, la innovación y la transformación técnica. Sin embargo, este sector, al ser el segundo mayor generador de empleo en el país, con un 14,5 % de la población laboral (DANE, 2012), puede acceder a incentivos tributarios generales, como los siguientes:

◆ Contratación de personas sin experiencia laboral: los empleadores pueden deducir el 120 % de los salarios pagados a quienes se encuentren en su primer empleo, conforme al artículo 108-5 del Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989).

◆ Descuentos por empleados viudos o huérfanos: se podrá deducir el 200 % de los salarios y prestaciones sociales de empleados que sean viudos o huérfanos de miembros de las fuerzas armadas fallecidos en combate, secuestrados o desaparecidos, según el artículo 108-1 del Estatuto Tributario. Beneficios similares se aplican a personas en situación de discapacidad y mujeres víctimas de la violencia, según los artículos 31 de la Ley 361 de 1997 y 23 de la Ley 1257 de 2008, respectivamente.

◆ Contratación de personas mayores: los empleadores pueden deducir el 120 % de los salarios y prestaciones sociales pagados a personas mayores que no sean beneficiarias de pensión, conforme a la Ley 2040 de 2022, que busca mejorar su situación económica.

Estos beneficios no solo fomentan la inversión en el sector, sino que también promueven la formalización del empleo, ayudando a reducir las brechas de pobreza al generar ingresos estables y oportunidades de desarrollo integral para las personas.

El sector agroindustrial colombiano genera, aproximadamente, “42.208.363 toneladas de productos al año” (DANE, 2015), generando una gran cantidad de materia orgánica que puede convertirse en una fuente no convencional de energía (FNCE) mediante su degradación, como estipula la Ley 1715 de 2014. Esta normativa también ofrece beneficios fiscales a quienes inviertan en proyectos de FNCE y en la conservación del

medio ambiente, promoviendo una gestión eficiente de la energía.

Entre los incentivos definidos por esta ley se encuentra la deducción especial en el impuesto sobre la renta, que permite a los contribuyentes deducir hasta el 50 % del valor invertido en proyectos de generación de energía eléctrica a partir de FNCE, además un régimen de depreciación acelerada para maquinarias y equipos necesarios en dichos proyectos. Asimismo, el artículo 255 del Estatuto Tributario establece un descuento del 25 % en el impuesto sobre la renta para inversiones certificadas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en control, conservación y mejora del medio ambiente.

Conclusiones

Actualmente, el sistema fiscal colombiano no ofrece tratamientos, incentivos ni beneficios fiscales diferenciados para el sector agroindustrial, a pesar de su relevancia económica, ambiental y de su rol en el desarrollo sostenible. Por ello, resulta crucial formular e implementar políticas fiscales más robustas y específicas para este sector, con el fin de maximizar su contribución al crecimiento económico y social del país.

A pesar de la falta de incentivos específicos, existen mecanismos fiscales generales que el sector puede aprovechar, como deducciones por la contratación de grupos poblacionales vulnerables, que no solo estimulan la inversión, sino que también contribuyen a la formalización del empleo y a la reducción de la pobreza.

Además, la agroindustria colombiana tiene un gran potencial para generar energía a partir de residuos orgánicos, alineándose con las políticas de sostenibilidad que se

vienen implementando en el país. Por esta razón, es importante darle mayor visibilidad a los beneficios fiscales establecidos para quienes invierten en proyectos de energía no convencional.

Referencias

◆ DANE. Cuenta Satélite Piloto de la Agroindustria (Aspectos conceptuales). 2012. https:// www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/ agroindustria/Marco_central_agroindustria. pdf”Microsoft Word - Ficha Metodológica Cuenta Satélite de Cultura.doc (dane.gov.co)

◆ DANE. Encuesta Nacional Agropecuaria ENA 2015. Tomado de: https://www.dane. gov.co/files/investigaciones/agropecuario/ enda/ena/2015/boletin_ena_2015.pdf”Boletín técnico Encuesta Nacional Agropecuaria -ENA- 2015 (dane.gov.co)

◆ Decreto 624 de 1989. Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales. Marzo 30 de 1989. DO. N.° 38756. http://www.secretariasenado.gov. co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html

◆ Ley 361 de 1997. Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación <en situación de discapacidad> y se dictan otras disposiciones. Febrero 7 de 1997. DO. N.° 42978.

◆ Ley 1257 de 2008. Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. Diciembre 4 de 2008. DO. N.° 47193.

◆ Ley 1715 de 2014. Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional. Mayo 13 de 2014. DO. N.° 49150.

María Alejandra López - María Lucía Cardoso

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Tributación en el sector agroindustrial

Sebastián Correa

¿QUÉ SON LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS?

¿QUÉ SON LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS?

Juan Felipe Acosta1 Gregorio Noreña2

Introducción

Una indicación geográfica es el nombre de un lugar que se utiliza como distintivo para informar que un producto posee unas características específicas por provenir de esa zona. Su protección legal está supeditada a demostrar que una o varias de las cualidades del producto, o su reputación, se atribuyen, de manera esencial o exclusiva, a la región donde se produce (León y Durán, 2022, p. 163).1 2

Juan Felipe AcostaGregorio Noreña

Aunque su protección mediante la propiedad intelectual es relativamente reciente, el uso de indicaciones geográficas se remonta a la antigüedad y está vinculado directamente a la historia y las tradiciones de diversas regiones. Se entienden como una herencia cultural. Hay ejemplos antiquísimos como el vino de la isla griega de Quíos, que se conocía como el “Burdeos de los vinos griegos” 3

Como herramienta de propiedad intelectual, las indicaciones geográficas se utilizan

1. Abogado y magíster en Propiedad Intelectual. Profesor universitario. Socio de una firma de abogados y director de firmas colombianas e internacionales. Presidente de comités internacionales.

2. Estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes y estudiante del área de Litigios de OlarteMoure

3. Era tan grande la distinción del vino de esta isla que en la mitología griega se decía que en Quíos nació la viticultura. En su momento, era uno de los vinos más caros de la región y le trajo gran renombre a la isla. Este caso demuestra que aun en las épocas antiguas existían fuertes vínculos entre la producción de un producto con su lugar de origen y los efectos que podía generar dicha asociación.

Juan Felipe Acosta1

¿Qué son las indicaciones geográficas?

de múltiples formas dependiendo de la cultura jurídica. En Estados Unidos, con marcas de certificación, y en Europa, mediante múltiples figuras como las indicaciones geográficas protegidas, las denominaciones de origen y las denominaciones de origen protegidas. En algunas jurisdicciones, la reputación asociada al lugar va más allá de un solo producto, por lo que se optó por la vía legal o reglamentaria para proteger ese prestigio, como sucede con Suiza.

Ese país implementó la ley “Swissness” la cual hace una revisión al Acto Federal para la Protección de Marcas e Indicaciones de Origen. Esta regulación fortalece y centraliza los requisitos para que los productos que se cuenten con la indicación de origen suiza. Dentro de las nuevas disposiciones se incluye que para los productos alimenticios que cuenten con la indicación, el 80% de la materia prima utilizada debe provenir de Suiza. Para el caso de productos lácteos, el 100% de la leche debe ser producida en Suiza y gran parte de la etapa de producción debe llevarse a cabo en el territorio nacional. La implementación de esta nueva regulación provee reglas claras para la indicación de origen y a su vez, previene usos indebidos de este signo distintivo (State Secretariat for Economic Affairs [SECO], s. f).

La fortaleza de la protección de las indicaciones geográficas está directamente relacionada con la sostenibilidad en la producción de los bienes que distinguen. Estas garantizan un incentivo constante para que los empresarios del sector preserven la reputación del producto y cuiden los recursos, que generalmente provienen de la

naturaleza local, mediante una producción responsable. De igual manera, promueve el desarrollo de competencias y capacidades en el campo (la gran mayoría de indicaciones geográficas son para productos rurales) y fomenta la transferencia de riqueza de la ciudad hacia las zonas rurales (Kanouté & Evangelista, 2020).

1. Concepto jurídico

Desde el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 las indicaciones geográficas se han reconocido como objetos de protección en el plano multilateral. Sin embargo, este derecho de propiedad intelectual cobró mayor relevancia con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)4, adoptado en 1994, que dedicó una sección específica para regularlas, lo que incrementó su relevancia, especialmente entre los fabricantes de productos agrícolas.

Esa regulación multilateral no ha modificado su connotación como un signo distintivo que protege a un producto frente a otros de su misma categoría. Su uso tampoco ha variado sustancialmente. De manera general, se utilizan para productos que provienen de una región específica y que cuentan con una reputación o cualidades atribuibles a ese lugar (Food and Agriculture Organization of the United Nations [FAO], 2021). Ahora, “indicación geográfica” funciona como una clasificación general que abarca diferentes categorías. Las dos principales son las indicaciones de origen simple y las calificadas.

Las indicaciones geográficas simples son solo referenciales, y a partir del Arreglo de Lisboa se las conoce como indicaciones geográficas, lo que hace difícil diferenciar entre el género y la especie, porque llevan el mismo nombre. Por su parte, las calificadas no solo indican el origen geográfico del producto, sino también las características, cualidades o reputación que se le atribuye por su lugar de procedencia. A su vez, dentro de las indicaciones geográficas calificadas existen varios tipos, como las denominaciones de origen, la especialidad tradicional garantizada (que son impropias porque no tienen una relación inescindible con una región pero habitualmente sí tienen tal conexión los ingredientes que se utilizan en las recetas) y la denominación de origen protegida, sobre las que se tratará más adelante.

La denominación de origen destaca cualidades, características o reputación de un producto que están vinculadas al país, región o lugar de procedencia teniendo en cuenta no solo factores geográficos, sino también las prácticas humanas (Bonilla Robert, 2015). Para tener una denominación de origen es necesario que las características del producto sean esencial o exclusivamente resultado de los factores naturales y humanos del lugar de procedencia (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI], 2021). Estas características son transversales a las diversas regulaciones.

Una vez protegida, la indicación geográfica se convierte en un derecho subjetivo de carácter público, pues su titularidad recae en el Estado y no en particulares. Sin embargo, son estos quienes pueden gestionarla y los más interesados económicamente en garantizar su protección, pues en la práctica son quienes la explotan al incorporarla como signo en sus productos y agregando un margen adicional de precio asociado a la especialidad del producto por provenir de cierto lugar.

2. Regulación aplicable en Colombia

Gracias a la gran biodiversidad y riqueza cultural del país, existen distintos productos que cuentan con indicación geográfica y protección por denominación de origen porque sus características especiales están esencialmente vinculadas a él, como el queso del Caquetá5, el bizcocho de achira del Huila 6 y la cerámica del Carmen de Viboral7. Es importante establecer cuál es el fundamento legal para dicha protección y cuál es la entidad encargada de otorgarla.

Para entender la regulación sobre la materia que existe en Colombia, hay que remitirse a la Comunidad Andina8, organización que emite las normas que regulan la propiedad intelectual en el país. En el Título XII del

5. Resolución 0068463 del 30 de noviembre de 2011. Superintendencia de Industria y Comercio.

6. Resolución 23115 del 20 de abril de 2012. Superintendencia de Industria y Comercio.

7. Resolución 71791 del 12 de diciembre de 2011. Superintendencia de Industria y Comercio.

8. La Comunidad Andina es una organización comunitaria integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú que busca la integración de los países de la región. Entre sus funciones se encuentra la expedición y administración de las normas comunitarias, por ejemplo, la propiedad intelectual. Por lo tanto, existe un régimen unificado sobre la materia y es deber de cada nación administrar estas leyes dentro su territorio y velar por su cumplimiento.

Juan Felipe Acosta - Gregorio Noreña

¿Qué son las indicaciones geográficas?

Régimen Común sobre Propiedad Industrial (Decisión 486) se fijan las normas sobre las indicaciones geográficas9. Los países miembros de la Comunidad Andina pueden implementar nuevas normas para llenar vacíos legales mientras no contravengan la regulación comunitaria. Esto es posible por el principio de complemento indispensable (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 19-IP-2020).

En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió dos resoluciones10 para actualizar la regulación comunitaria y desarrollar su ámbito de aplicación. Posteriormente, estas resoluciones se incluyeron en el numeral 7.10, Capítulo VII, Título 10 de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, que contiene soluciones para los vacíos que dejó la Decisión 486. La SIC también tiene la función de delegar la facultad de uso de las indicaciones geográficas11 por un periodo de diez años renovables por el mismo término (artículo 210 de Decisión 486).

La mayoría de los Tratados de Libre Comercio suscritos por Colombia incorporan capítulos dedicados a las Indicaciones Geográficas:

TLC con Estados Unidos:

◆ En caso de que una de las partes provea los medios para solicitar la protección de una indicación geográfica, esta deberá procesar la solicitud por parte de los nacionales

◆ Ambas partes deben de incluir dentro de las razones para denegar la protección de las indicaciones geográficas la probable confusión con una marca pendiente de registro o una marca que se encuentre debidamente registrada (Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, 2006).

TLC

con la Unión Europea:

◆ Las indicaciones geográficas de una parte podrán ser protegidas por la otra parte siempre y cuando se encuentren reconocidas en su país de origen;

◆ Las indicaciones geográficas que se encuentren debidamente registradas en una de las partes, pasaran a ser protegidas por la otra parte después de realizar un procedimiento de oposición;

◆ El uso comercial de las indicaciones geográficas será protegido ante los productos idénticos o similares que no cumplan con las especificaciones que se requiere para indicación y contra los productos que se aprovechen de la indicación geográfica registrada;

◆ Las partes puede intercambiar información sobre las especificaciones técnicas de los productos protegidos y además simplificar el intercambio de información

9. A pesar de no ser el tema de este artículo, la regulación expedida por la Comunidad Andina para las indicaciones geográficas ha sido criticada por varios juristas, porque solo incluye las denominaciones de origen. Al hacer la comparación con el sistema legal de la Unión Europea, se observa que contemplan diferentes clasificaciones como la denominación de origen protegida (DOP), la indicación geográfica protegida (IGP), la indicación geográfica de las bebidas espirituosas (IG) y la especialidad tradicional garantizada (EGP).

10. Resoluciones 57530 del 28 de septiembre de 2012 y 36074 del 17 de junio de 2013.

11. Esta función le fue delegada a la SIC mediante el Decreto 3081 de 2005 con el que “se regula parcialmente la Decisión 486 de 2000”. del otro país sin requerir una intercesión del Estado en nombre de sus nacionales;

entre los respectivos órganos de control (Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia, Perú y Ecuador, 2012).

TLC con Reino Unido:

◆ Tomando en consideración que Reino Unido formaba parte de la Unión Europea en el momento que se firmó el TLC, se mantiene las mismas disposiciones para este nuevo acuerdo.

◆ Se establece que una vez el acuerdo comercial con la Unión Europea deje de regir, se mantendrán las mismas condiciones para la protección de las indicaciones geográficas. Dichas indicaciones no estarán sujetas a nuevos registro o procedimientos (Acuerdo de Continuidad Comercial entre Colombia y Reino Unido, 2019).

2.1. Otras clasificaciones

Como se mencionó previamente, dentro de las indicaciones geográficas simples y las calificadas hay subcategorías que indican un vínculo diferente entre el producto y su lugar de origen. Por ejemplo, en la regulación de la Unión Europea existen cuatro tipos de indicaciones geográficas:

◆ Denominación de origen protegida: se emplea para los productos registrados que tienen el vínculo más fuerte con su lugar de origen. Para portarlo, los productos deben ajustarse al pliego de condiciones que señala que todas las etapas de producción deben hacerse en dicho lugar. Por ejemplo, el vino de Oporto, que se produce por completo en esta ciudad de Portugal (Porto).

establece que se otorga cuando solo una de las etapas de producción se realiza en el sitio de procedencia.

◆ Especial tradición garantizada: reconoce los aspectos tradicionales de un producto sin asociarlo a un lugar geográfico, por ejemplo, el jamón serrano. Aunque se reconoce su producción tradicional, esta no se encuentra vinculada a un lugar específico (Comisión Europea, s. f.).

A pesar de que estos tipos de indicaciones geográficas no están en la normativa colombiana, sí se aplican en otras jurisdicciones. Además, su desarrollo es valioso y sirve para diferenciar los vínculos que pueden tener los productos con el territorio. Al ser más específicos, con su clasificación se puede garantizar una protección ajustada a cada necesidad.

2.2. Diferencias entre las indicaciones geográficas y las marcas

Con frecuencia surge la confusión entre una indicación geográfica y una marca. Esto es normal si se tiene en cuenta que las dos figuras forman parte de los signos distintivos protegidos por la propiedad intelectual. Sin embargo, aunque ambos signos pueden servir como indicador del origen de un producto o servicio, cada uno lo hace desde aspectos completamente distintos.

◆ Indicación geográfica protegida: comparte un vínculo más débil con su lugar de origen. El pliego de condiciones

La marca es un medio de información que se presenta a modo de signo y refleja información sobre el origen empresarial, las cualidades o características del producto o servicio y la reputación asociada al mismo. La empresa o la persona que cumple los requisitos exigidos por la ley será el titular de este derecho y podrá emplearlo en concordancia

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¿Qué son las indicaciones geográficas?

con las normas. Por su parte, la titularidad del derecho de las indicaciones geográficas siempre va a pertenecer al Estado, que es el encargado de autorizar o no su uso y de supervisar las organizaciones de los productores, de las que se hablará en el siguiente apartado. Aunque la indicación geográfica se protege con el propósito de incorporarse en los productos, como se haría con las marcas,

La marca

Definición

Propósito

es habitual que se encuentren en distintos productos que compiten entre sí, pues su propósito fundamental es informar sobre el origen geográfico del mismo y “certificar” que fue elaborado siguiendo ciertos métodos o procedimientos tradicionales en concordancia con la protección que se haya otorgado. En la siguiente tabla hemos tratado de reflejar las principales diferencias:

Es un signo o combinación de signos que utiliza el empresario para identificar en el mercado los productos que comercializa o fabrica y los servicios que presta (Metke Méndez, 2001).

Sirve como un elemento que diferencia el producto o servicio de una empresa de las otras alternativas que se encuentran en el mercado. Vincula el producto con su fabricante (Metke Méndez, 2001).

La indicación geográfica

Un signo que indica que un producto viene de un lugar geográfico determinado y que a razón de este vínculo posee una o varias características especiales.

Busca informar al consumidor sobre el lugar de origen de un producto y que a razón de su procedencia ostenta determinadas características que pueden ser atribuidas en gran parte a los factores naturales de su lugar de procedencia.

Tiempo de Protección

Titular del Derecho

10 años, renovable de manera indefinida por el mismo periodo (artículo 152 de la Decisión 486 ).

No requiere renovación mientras subsistan los requisitos que le dieron origen a su reconocimiento. Adicionalmente, se concede la autorización de uso por periodos de 10 años que pueden ser renovados por periodos del mismo tiempo (artículo 210 de la Decisión 486).

Persona natural o jurídica productora del bien o prestadora del servicio (Metke Méndez, 2001).

El Estado siempre será el titular del signo. Este le corresponde ceder la administración de la autorización de uso a una organización privada o pública que cuente con un interés legítimo para hacer la solicitud (artículo 210 de la Decisión 486).

3. ¿Cuál es el valor de las indicaciones geográficas?

3.1. La importancia de las asociaciones de productores

Según las características, cualidades o reputación que denotan las indicaciones geográficas de los productos, existen ciertos beneficios para sus fabricantes. Una indicación geográfica bien administrada trae consigo grandes beneficios como el incremento del turismo o la posibilidad de vender el producto a un mayor precio, porque este signo distintivo le añade un valor diferencial. A su vez, las indicaciones geográficas se convierten en incentivos para preservar prácticas y tradiciones históricas propias de la región (European Comission, 2020).

Como se mencionó en el aparte anterior, se puede cancelar una indicación geográfica si perecen las condiciones que le otorgaban las características especiales. Por eso, es imperativo que los productores conserven las condiciones de fabricación. Un ejemplo es el tequila, cuya denominación de origen abarca 181 municipios en México. Para poder usarla, el licor solo se puede producir con la planta de agave de la región delimitada. Además, la planta tiene que ser de la variedad agave azul o agave tequilana (Consejo Regulador del Tequila, s. f.a), cultivarse en climas mayormente templados-bajo y en un suelo que cumpla algunas especificaciones técnicas.

A eso se suma que quienes lo producen, es decir, los jimadores, mantengan las técnicas tradicionales que se han transmitido entre generaciones (Consejo Regulador del Tequila, s. f.a). Si no existe una organización

que vele por el cumplimiento de estos requisitos, fácilmente productores que no los acaten podrían vender un producto que no cumple las regulaciones, lo que afectaría la reputación de la denominación. De ahí que todos los fabricantes tengan el interés de que se cumplan las mismas reglas de juego.

Para mitigar estas problemáticas, los productores suelen asociarse en organizaciones o cooperativas. Estas entidades implementan reglamentos de uso, establecen criterios de producción, diseñan estrategias de control y aplican sistemas de trazabilidad y verificación para asegurar el cumplimiento de las normativas. Además, facultadas por el Estado, se encargan de delegar el uso del signo distintivo. Al monopolizar este control se garantiza la calidad de los productos y la posibilidad de implementar sanciones si algún fabricante incumple las reglas (Oyarzún et al., 2013).

Es ideal, y en algunas jurisdicciones obligatorio, que los productores se asocien para usar las indicaciones geográficas. Como se verá más adelante, estas organizaciones genera valor para los productores y traen beneficios no solo para ellos, sino también para los habitantes de la región. En el caso de Colombia, es necesario que esta facultad se le conceda a una organización pública o privada que represente a los beneficiarios de las indicaciones geográficas (Superintendencia de Industria y Comercio, 2017). Veamos en detalle:

Los productores deben hacer la solicitud mediante una organización que cuente con un interés legítimo. Como ejemplo, la denominación de origen del Queso Paipa fue solicitada por la Alcaldía Municipal de

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¿Qué son las indicaciones geográficas?

Paipa. La resolución que otorga el manejo de la denominación de origen establece que la Alcaldía Municipal cuenta con un interés legítimo pues es un signo perteneciente a su circunscripción (Superintendencia de Industria y Comercio, 2011). De esta forma se limita las organizaciones o personas que puedan llegar a hacer la solicitud, pues debe existir una conexión entre la organización solicitante y el producto. En este caso, es la Alcaldía de donde proviene el producto pero en otro pueden ser los mismos productores que se asocian mediante una federación, como lo hacen los caficultores con la Federación Nacional de Cafeteros.

3.2. El desarrollo rural como consecuencia de las indicaciones geográficas

Una vez se concede la indicación geográfica, la región tiene ante sí una gran oportunidad de negocio. Gracias al renombre y las características especiales que ostenta el producto se puede desarrollar un turismo enfocado en esta oferta. Estas características pueden potencializar a las ubicaciones de las indicaciones geográficas como un Destino Turístico Inteligente. Este concepto que se entiende como un nuevo modelo de gestión territorial a partir de las nuevas tecnologías, tiene como beneficio la potencialización el turismo inteligente. A partir de este tipo de turismo también se busca generar la preservación de los recursos naturales y culturales. Este novedoso concepto fue implementado por primera vez en el pueblo de Tequila en México. Este pueblo ha implementado diferentes programas que buscan posicionarse como un atractivo turístico de talla mundial y han sacado gran provecho de la denominación de origen que ostentan (Vidales Astello, 2022).

En 2006 se creó la denominada “Ruta del Tequila” la cual tiene como propósito otorgar apoyo para asistencias técnicas y capacitaciones que impulsan el atractivo cultural, patrimonial y turístico con el que cuenta la región. Este programa cuenta con 152 empresas y artesanos que ofrecen diferentes servicios para satisfacer la demanda de los turistas que llegan a la región (Venegas Trujillo, s. f.).

En Colombia, la denominación de origen “Café de Colombia”, así como otras denominaciones regionales, ha dado lugar a un auge del turismo cafetero (Castaño Carmona, 2023). Personas de todo el mundo vienen al país para visitar los cultivos, conocer su historia y disfrutar del café en todas sus presentaciones. Este fenómeno no solo impacta en la región. El renombre de las indicaciones geográficas también incrementa la demanda del producto, lo que genera más empleos. Y, a diferencia de otros modelos de negocio, cuyos procesos son industrializados, las indicaciones geográficas suelen depender de métodos de producción tradicionales, lo que exige contratar mano de obra local con un fuerte arraigo, algo que, sin duda, es parte de su valor agregado, pues permite evitar el despoblamiento del campo y fortalecer las fuentes de tributación regionales.

3.3. Beneficios económicos de las indicaciones geográficas

Varios estudios han demostrado que la concesión de una indicación geográfica hace que el producto que lo porta se pueda vender a un mayor precio. Un ejemplo notable es la champaña. Este vino espumoso de la región de Champagne (Francia) experimentó un notable aumento en su

precio de venta justo después de recibir la protección. El precio promedio era de 12 euros, después se empezó a comercializar, en promedio, a 42 euros, es decir, tuvo un incremento de más del 200 % (Dogan & Gokovali, 2012).

Este aumento se debe a la popularidad que adquiere el producto y a que la certificación garantiza que el bien tiene cierta calidad o características especiales y que se produce siguiendo unas pautas de fabricación seguras y responsables. Estos contribuye a mejorar la experiencia del consumidor, creando un nuevo mercado de personas dispuestas a pagar un precio más alto a cambio (Babcock & Clemens, 2004).

Otro beneficio de las indicaciones geográficas, que también se traduce en un valor pecuniario, es la publicidad. En cualquier otro contexto, una campaña publicitaria internacional tendría un valor muy elevado. Los costos asociados a una campaña de esta magnitud solo los podría asumir una gran compañía. Sin embargo, gran parte de la atención mediática que reciben las indicaciones geográficas provienen del Gobierno, que es el titular del derecho, y se encarga de promover el producto mediante sus diferentes canales de comunicación y contactos. Los usuarios de la indicación geográfica, comparten un interés general de que todo el mundo conozca el producto y de destacar por qué vale la pena adquirirlo en lugar de otros de la misma categoría. De esta manera, los fabricantes, que suelen ser pequeños productores, no tienen que incurrir en grandes costos para promocionar su producto.

4. Las indicaciones geográficas y la protección del medioambiente

4.1. Preservación de los recursos

Como se mencionó en la primera sección, una indicación geográfica se puede perder si cambian o desaparecen las condiciones naturales bajo las cuales se produce el bien. Debido a ese riesgo, los productores deben hacer todo lo posible para preservar y cuidar los recursos naturales empleados para la producción en las mismas condiciones, porque son estas las que le otorgan las características especiales a sus productos y los distinguen de otros en el mercado. En este contexto se unen el interés general de preservar el medioambiente con el interés económico del productor (Falasco et al., 2024).

Con base en este interés, las organizaciones que gestionan el uso de las indicaciones geográficas establecen manuales de uso y sistemas de vigilancia, y aprovechan que el escenario de esas organizaciones para garantizar que sus miembros preservarán el medio ambiente que permite a todos explotar los recursos necesarios para la producción. Algunos ejemplos son: (I) el Consejo Regulador del Tequila (s. f.b), que desarrolló una estrategia de sustentabilidad para cumplir las metas del período 2025-2030. Entre sus objetivos está reducir en un 25 % las emisiones de carbono por litro de tequila y en un 15 % el consumo de agua por unidad de producción, y aumentar en un 5 % el consumo de energía electrónica renovable. Estas políticas aseguran la preservación de los recursos naturales que son indispensables para la producción del licor. (II) Otro ejemplo de esto es la política empleada por la Oficina del Champán (2021). En el 2014 se implementó un certificado que acredita

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GRACIAS A LA GRAN BIODIVERSIDAD Y RIQUEZA CULTURAL DEL PAÍS, EXISTEN DISTINTOS PRODUCTOS QUE CUENTAN CON INDICACIÓN GEOGRÁFICA Y PROTECCIÓN POR DENOMINACIÓN DE ORIGEN.

la viticultura sostenible. Para poder ostentar dicho certificado se debe cumplir con una serie de certificados exigentes y el proceso dura un aproximado de 3 años. La meta de la Oficina es que el 100% de las tierras que se dedican a la viticultura en la región porten este certificado para el 2030; (III) El tercer y último ejemplo de estas prácticas sostenibles el programa de sostenibilidad implementado por la Asociación Irlandesa de Whiskey (2022). Esta iniciativa busca reducir el consumo de energía particularmente en las operaciones de destilería al implementar nuevas tecnologías que sean capaces de recuperar calor y energía. En cuanto a la reducción del consumo de agua se tiene como meta utilizar únicamente 25 litros de agua por cada litro de alcohol producido. Para lograr esta meta, la Asociación ha facilitado la educación sobre el manejo eficiente del agua.

Todas estas políticas van encaminadas a generar conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad y se buscan facilitar al camino para todos los productores. Vale resaltar que cada política hace énfasis en diferentes componentes, los cuales responden al método de producción del producto. Adicionalmente, todos los programas implementan métodos de monitoreo lo cual garantiza un cumplimiento homogéneo por parte de todos los productores pertenecientes a las organizaciones.

4.2. Impacto de las indicaciones geográficas sobre el cumplimiento de la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible

En septiembre de 2015 los líderes mundiales adoptaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, que buscan acabar problemáticas globales a partir de una red de colaboración entre naciones

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, s. f.), y que incluyen varios relacionados con la preservación del medioambiente.

Las indicaciones geográficas tienen gran incidencia en el cumplimiento del objetivo 12, producción y consumo responsables, y 13, acción por el clima. En un reporte de la Organización para las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) (2023) sobre el uso de las indicaciones geográficas para mejorar la sostenibilidad se mencionaron los beneficios de las indicaciones geográficas para la sostenibilidad. Los agricultores familiares a nivel global representan un 80 % de la producción alimentaria total, por lo que se propone que los Gobiernos locales vigilen el cumplimiento de políticas sostenibles y ofrezcan incentivos económicos para que los productores puedan implementar los sistemas necesarios, así como adquirir el conocimiento requerido para operar nuevas políticas (FAO, 2018). Este planteamiento subraya la necesidad de una alianza entre el Estado y el sector privado para desarrollar programas sólidos que generen un impacto real.

En el caso de Colombia, el Conpes 3918 del 15 de marzo de 2018 estableció unas metas alineadas con los ODS. La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, en sintonía con estas metas, desarrolló un plan para contribuir al cumplimiento de quince de los diecisiete ODS. En el contexto de este artículo es relevante analizar sus avances y el cumplimiento de las metas en relación con la protección del medioambiente.

Por ejemplo, uno de sus principales enfoques es lograr que para 2027 el 100 % de las fincas cafeteras incorporen criterios de

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sostenibilidad. Para esto se lanzó el Plan 100-100, que incluye veintiséis requisitos que todos los caficultores deben cumplir. La implementación de este plan busca no solo la protección del medioambiente, sino también posicionar al signo distintivo Café de Colombia como un referente completamente sostenible y pionero en el mercado (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, s. f.). Entre otras acciones, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia inició la plantación masiva de árboles y la conservación de los recursos hídricos.

El incentivo para los productores es que sus negocios se posicionen en el mercado como sostenibles. A diferencia de hace unos años, hoy las etiquetas que proclaman la sostenibilidad de un producto tienen gran importancia y son valoradas por los consumidores que sienten la obligación moral de contribuir con la preservación de los recursos naturales (McKinsey & Co y NielsenIQ, 2023). A esto hay que sumarle que adoptar prácticas a favor del medioambiente posibilita continuar con la fabricación de los productos.

Conclusiones

La propiedad intelectual como una herramienta de preservación del medioambiente

El cambio climático es una problemática real que no puede ignorarse bajo ninguna circunstancia. La implementación de prácticas responsables en las indicaciones geográficas es una herramienta valiosa para mitigar el impacto medioambiental de la industria y fortalecer de manera sostenible los recursos naturales usados en la producción (Guareschi et al., 2023).

Esta herramienta es solo una de las tantas derivadas de la propiedad intelectual para combatir al cambio climático. En el Green Technology Book, la OMPI (World Intellectual Property Organization, 2022) planteó la posibilidad de mirar más allá de las patentes y pensar en implementar más incentivos. Se puede, además de establecer una licencia obligatoria, asistir a los inventores en formar conexiones con posibles inversores que impulsen el desarrollo de tecnologías sostenibles. Se hace énfasis en facilitar la transferencia de la tecnología que se logre desarrollar y que pruebe ser beneficiosa para combatir el cambio climático. Todas estas propuestas son alternativas viables que las debe analizar cada país y que abren la puerta a nuevas estrategias que en un principio no fueron consideradas, pero que ahora son pertinentes.

Postura para el futuro

En los últimos años, han surgido diferentes iniciativas que nos permiten responder a los desafíos ambientales a los que nos enfrentamos. Estos desafíos no se pueden ignorar, y se ha vuelto responsabilidad de todos encontrar soluciones. Este artículo pretende incentivar la implementación de prácticas sostenibles a partir de la propiedad intelectual, como un mecanismo útil para generar impacto social a través de la protección del ambiente y de las comunidades.

Desde la perspectiva de las indicaciones geográficas es importante que cada asociación implemente programas similares a los del Consejo Regulador del Tequila y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. A título de visión general, se debe seguir generando consciencia y exponiendo soluciones que beneficien a todos los involucrados.

Referencias

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◆ Acuerdo de Continuidad Comercial entre Colombia y Reino Unido. (Mayo 15 de 2019).

◆ Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América. (Noviembre 22 de 2006).

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◆ Consejo Regulador del Tequila. (s. f.a). Denominación de origen. https://www.crt. org.mx/tequila-denominacion-de-origen/

◆ Consejo Regulador del Tequila. (s. f.b). Estrategia de Sustentabilidad. https:// www.crt.org.mx/sustentabilidad/

◆ Decisión 486 de 2000. (Septiembre 14 de 2000). Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Comisión de la Comunidad Andina.

◆ Decreto 3081 de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Septiembre 05 de 2005. DO. N.° 46023.

◆ Dogan, B. & Gokovali, U. (2012). Geographical indications: The aspects of rural development and marketing through the traditional products. Procedia – Social and Behavioral Sciences 62(441), 761-765 https://www. researchgate.net/publication/271889206_ Geographical_Indications_The_Aspects_ of_Rural_Development_and_Marketing_ Through_the_Traditional_Products

◆ European Comission. (2020). Geographical Indications – a European treasure worth €75 billion. https://ec.europa. eu/commission/presscorner/detail/en/ ip_20_683

◆ Falasco, S., Caputo, P., & Garrone, P. (2024). Can geographical indications promote environmental sustainability in food supply chains? Insights from a systematic literature review. Journal of Cleaner Production, 444. https://doi.org/10.1016/j. jclepro.2024.141100

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◆ Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. (s. f.). Eje ambiental. https://federaciondecafeteros.org/sostenibilidad/ eje-ambiental/

◆ Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2018). FAO’s Work on Family Farming. https://openknowledge.fao.org/ items/25d0a7c9-f8f3-4c5d-a273-947197b93f13

◆ Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2021). Geographical Indications. Family Farming Knowledge Platform. https://www.fao.org/family-farming/ detail/en/c/1412487/

◆ Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2023). Using geographical indications to improve sustainability. https://www.fao.org/sustainable-development-goals-helpdesk/champion/ article-detail/using-geographical-indications-to-improve-sustainability.-lessons-learned-from-15-years-of-fao-workon-geographical-indications/en

◆ Guareschi, M., Mancini, M. C., & Arfini, F. (2023). Geographical indications, public goods and sustainable development goals: A methodological proposal. Journal of Rural Studies, 103. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2023.103122

◆ Irish Whiskey Association. (2022). Irish Whiskey Sustainable Together. https://www.ibec. ie/drinksireland/irish-whiskey/campaigns/ irish-whiskey-sustainable-together

◆ Kanouté, P-T & Evangelista, M. (2020). Supporting environmental sustainability with GIs: The case of Madd de Casamance. WIPO Magazine

◆ León G. y Durán, L. (2022). Derecho de marcas en la Comunidad Andina. Análisis y comentarios. Tomo 2. Editorial Ibáñez.

◆ Metke Méndez, R. (2001). Lecciones de Propiedad Industrial. Tomo 1. Editorial Diké.

◆ McKinsey & Co y NielsenIQ (2023). Consumers care about sustainability - and back it up with their wallets. https:// nielseniq.com/wp-content/uploads/sites/4/2023/02/Consumers-care-about-sustainability%E2%80%94and-back-it-up-with-their-wallets-FINAL.pdf

◆ Oficina del Champán. (2021). Sustainability in Champagne. https:// sipchampagnes.com/blogs/news/sustainability-in-champagne?srsltid=AfmBOoozWgjAGj964shiUVy2xmFL87ePYCJLDio-TjvWzXBk3k4HF21h

◆ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2021). Las indicaciones geográficas. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ es/wipo-pub-952-2021-es-geographical-indications-an-introduction-2nd-edition.pdf

◆ Oyarzún, M. T., Riveros, H. y Vandecandelaere, E. (2013). Situación institucional y legal sobre la calidad vinculada al origen en Países de América Latina. Organización para las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación. https://openknowledge.fao.org/server/ api/core/bitstreams/0e89d73a-c5ad-4d f0-b8ba-a419e2dc926d/content

◆ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (s. f.). Los ODS en acción. ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? https://www.undp.org/es/ sustainable-development-goals

◆ State Secretariat for Economic Affairs. (s. f.). “Swissness”: criteria explained. https://www.kmu.admin.ch/kmu/en/home/ concrete-know-how/sme-management/ labeling/swissness.html

◆ Superintendencia de Industria y Comercio. (Diciembre 6 de 2011). Resolución 70802.

◆ Superintendencia de Industria y Comercio. (Mayo 8 de 2017). Resolución 23889.

◆ Superintendencia de Industria y Comercio. (2021). Manual sobre Denominaciones de Origen, Marcas Colectivas y Marcas de Certificación. https://www.sic.gov.co/ sites/default/files/files/2021/MANUAL%20 SOBRE%20DENOMINACIONES%20 DE%20ORIGEN%2C%20MARCAS%20COLECTIVAS%20Y%20MARCAS%20DE%20 CERTIFICACI%C3%93N.pdf

◆ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (Mayo 6 de 2020). 19-IP-2020. https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/19_IP_2020.pdf

◆ Venegas Trujillo, M. A. (s. f.). La Ruta del Tequila en el Paisaje Agavero. Patrimonio, Cultura y Turismo Cuadernos 18. https:// www.ilamdocs.org/blob/cuaderno18.pdf?fieldname=attachment&classname=Document&record=3529

◆ Vidales Astello, B. A. (2022). Tequila, Jalisco, Destino Turístico Inteligente [DTI] como modelo de atractividad territorial. Comunicación, Cultura y Política, 13

◆ World Intellectual Property Organization. (2022). Green Technology Book. Solutions for climate change adaptation. https:// www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipopub-1080-en-green-technology-book.pdf

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Denominaciones de origen o Indicaciones geográficas

Juan Felipe Acosta

CONSIDERACIONES AMBIENTALES GENERALES EN LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA

CONSIDERACIONES AMBIENTALES GENERALES

EN LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA EN COLOMBIA. UN ENFOQUE HACIA LA SOSTENIBILIDAD, LA ECONOMÍA CIRCULAR

Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Violeta Velásquez Vélez

Asociada Serrano Martínez CMA

La economía colombiana depende en gran medida del sector agroalimentario. Gracias a su posición geográfica, sus condiciones climáticas y su alta diversidad de ecosistemas, el país cuenta con un amplio margen para producir alimentos de alta calidad durante todo el año. A su vez, la vasta extensión de tierras y el óptimo rendimiento de regiones productivas estratégicas permiten que productos como el café, el cacao y la palma de aceite puedan exportarse y competir en mercados internacionales.

En ese contexto, es crucial que el sector agroindustrial cumpla con los estándares

regulatorios en materia ambiental en la producción de alimentos para garantizar su sostenibilidad y la protección de los recursos naturales. Sin embargo, el actual modelo económico se basa en prácticas empresariales heredadas de la Revolución Industrial, caracterizadas por la mentalidad de extraer, producir y desechar, conocida como economía lineal.

La creciente disminución de los recursos evidencia el agotamiento de este modelo, lo que hace necesario replantear los patrones actuales de producción y consumo. Este cambio no solo responde a una tendencia

Violeta Velásquez Vélez

en los mercados internacionales, sino que también obedece a un enfoque priorizado en la política colombiana, cuyo objetivo es impulsar un uso más racional de los recursos. En ese sentido, la economía circular se presenta como el modelo adecuado de crecimiento y desarrollo que contribuye a preservar el capital natural, producir de forma más eficiente, cerrar el flujo de materiales y reducir los desperdicios.

El objetivo de este escrito es hacer una breve referencia a las exigencias ambientales actuales en sectores productivos como el cacao, el café, el aceite de palma y los lácteos, así como determinar las implicaciones legales generales de estas regulaciones y analizar cómo se alinean con las tendencias internacionales en materia de sostenibilidad y protección ambiental. Lo anterior permitirá Scomprender cómo la regulación ambiental influye en las prácticas de los sectores agroindustriales e impacta su competitividad.

1. Recursos naturales requeridos en las actividades agroindustriales

Las actividades agroindustriales, al igual que cualquier práctica económica, requieren recursos naturales para su desarrollo. Esto incluye:

1.1. El suelo

El uso del suelo para preparar el terreno, separar los espacios para la siembra y cultivar las semillas. La intervención en el suelo para desarrollar las actividades agropecuarias implica una serie de prácticas que deben tener en cuenta no solo instrumentos de planificación del territorio, como los planes

o esquemas de ordenamiento territorial, sino también herramientas de gestión ambiental. Algunos de estos instrumentos son:

◆ Las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) que incluyen las pertenecientes al Sistema de Parques Nacionales Naturales, las Reservas Forestales Protectoras, los parques naturales regionales, los Distritos Nacionales de Manejo Integrado, los Distritos de Conservación de Suelos, las áreas de recreación y las Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC).

◆ Los ecosistemas estratégicos, como los manglares, humedales o páramos.

◆ Las Zonas de Reservas Forestales (Ley 2 de 1959).

◆ Las rondas hídricas, espacios que, a menos que estén acotados o delimitados por las autoridades ambientales, comprenden la franja paralela a la línea de mareas máximas o al cauce permanente de ríos y lagos, con un ancho de hasta treinta metros. El área de protección o conservación aferente también hace parte de la ronda hídrica.

◆ La Ley 2294 de 2023, que establece el actual Plan Nacional de Desarrollo, enfatiza el ordenamiento del territorio en función del agua. Esta ley busca transformar la planificación del ordenamiento y del desarrollo del territorio, garantizar el cuidado de los recursos hídricos y los ecosistemas asociados y equilibrar el desarrollo económico con la conservación del agua. En ese sentido, figuras como los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (Pomcas) adquieren relevancia, porque son herramientas para

planificar el uso coordinado del suelo, agua, flora y fauna, garantizando un equilibrio entre su aprovechamiento económico y su conservación.

Estos instrumentos jurídicos se deben considerar antes de desarrollar actividades productivas que involucren el uso de la tierra. Si estas figuras no se usan de forma adecuada, pueden causar la degradación de los ecosistemas. Una correcta planificación del uso del suelo es esencial para minimizar el impacto ambiental. Por lo tanto, se deben seguir las pautas establecidas en las normas que evalúan los efectos negativos de estas intervenciones.

1.2. La atmósfera

Esta envoltura que rodea la tierra y permite la existencia de la vida está compuesta por aire, que es una mezcla de gases y partículas líquidas y sólidas presentes en suspensión. Durante la ejecución de las actividades económicas es posible que se produzca una intervención en la calidad del aire al aplicar pesticidas y fertilizantes en las plantaciones o al generar diferentes tipos de emisiones contaminantes dentro en las actividades industriales al elaborar y procesar los productos. Esto puede generar un fenómeno de contaminación atmosférica, entendido como la acumulación o concentración de contaminantes en el aire. En ese sentido, es importante distinguir entre dos tipos de emisiones:

◆ Los contaminantes criterio, que afectan la calidad del aire directamente y la salud y la vida humana, como el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el monóxido de carbono, el ozono, el material particulado fino y el material particulado grueso.

◆ Los contaminantes que contribuyen al cambio climático, como el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos, el hexafluoruro de azufre, el trifluoruro de nitrógeno y el vapor de agua.

La norma clasifica las fuentes de contaminación atmosférica como fuentes fijas y  móviles, y prohíbe el uso de combustibles que contengan niveles de sustancias contaminantes superiores a los estándares establecidos para su empleo en calderas y hornos con fines comerciales e industriales.

De igual forma, los establecimientos comerciales que generen emisiones al aire, como restaurantes, lavanderías o pequeños negocios, deberán contar con ductos o dispositivos que aseguren la adecuada dispersión de los gases, vapores, partículas u olores, evitando causar molestias a vecinos o transeúntes. Además, se prohíbe la emisión de contaminantes al aire por cualquier fuente móvil en concentraciones que superen lo estipulado en las normas de emisión.

En cuanto a la generación y emisión de ruido, todas las emisiones, ya sean continuas, fluctuantes, transitorias o de impacto, están sometidas a restricciones y controles por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esto se hace aplicando estándares específicos para las diferentes clases y categorías de ruido ambiental, y según los lugares donde se generen o se manifiesten sus efectos. Para que el proceso productivo sea viable en sus distintas etapas es indispensable que al generar emisiones contaminantes se cumplan los límites máximos permitidos en las normas ambientales, así como los estándares de

Violeta Velásquez Vélez

calidad del aire. Se debe evitar la contaminación atmosférica y proteger la salud pública y el medio ambiente.

Por último, es importante señalar que algunas actividades que generan emisiones requerirán un permiso de emisiones atmosféricas. Por lo tanto, es importante revisar qué tipo de sustancias contaminantes se están generando, en qué cantidades y qué norma regula la actividad. Este permiso, que lo concede la autoridad ambiental competente mediante acto administrativo y que busca que las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, pueda realizar emisiones al aire dentro de los límites establecidos en las normas ambientales, solo se otorga al propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las emisiones.

1.3. Agua

La actividad agropecuaria necesita recursos hídricos para la hidratación del ganado, los tratamientos fitosanitarios y el riego de cultivos, que es fundamental para asegurar su crecimiento y productividad, especialmente en regiones donde las condiciones climáticas son adversas o las precipitaciones escasas. La gestión adecuada del agua es indispensable para optimizarla, evitar su desperdicio y minimizar el riesgo de salinización del suelo.

Es fundamental cumplir las normativas y regulaciones que rigen el uso de los recursos hídricos para garantizar su disponibilidad tanto para el sector agropecuario como para la conservación de los ecosistemas acuáticos y la protección de los derechos de las comunidades locales. Por ejemplo, el proceso productivo puede requerir obras

de infraestructura hidráulica que ocupen el cauce de una corriente o depósitos de agua o una playa, ya sea de forma temporal o permanente, para lo que requiere un permiso de ocupación.

Si las actividades requieren captar agua de quebradas o ríos, se debe tramitar un permiso de concesión con la autoridad ambiental competente para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas superficiales y garantizar que las actividades no comprometen la disponibilidad ni la calidad del recurso hídrico. Este permiso es obligatorio para el riego, la silvicultura, el abastecimiento de abrevaderos con derivación, la agricultura, la pesca, para usos industriales, medicinales y otros similares. Esta autorización asegura que la captación de agua se haga de manera sostenible, protegiendo los ecosistemas acuáticos y los derechos de las comunidades.

1.4. Los vertimientos

Toda persona natural o jurídica que como resultado de su proceso productivo genere vertimientos de agua residual, es decir, que está mezclada con otras sustancias o que lleva suciedades, debe solicitar y tramitar un permiso ante la autoridad ambiental competente para poderla descargar en aguas superficiales (quebradas) y marinas o en el suelo. Como los vertimientos pueden contener sustancias contaminantes, requieren un tratamiento adecuado para garantizar la protección de las fuentes hídricas y el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos. Luego de hacer la solicitud, se debe realizar una evaluación ambiental del vertimiento por parte de los generadores de vertimientos a cuerpos de agua o al suelo, que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicio.

Quienes desarrollen estas actividades deben elaborar un plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos en situaciones que dificulten o impidan su tratamiento. Este plan debe contemplar un análisis de riesgos, medidas de prevención y mitigación, protocolos de emergencia y contingencia, así como un programa de rehabilitación y recuperación.

Existe, además, el plan de reconversión a tecnologías limpias en gestión de vertimientos, que fomenta la modernización tecnológica de los procesos productivos de los generadores de vertimientos en actividades industriales, comerciales o de servicios. Su propósito es asegurar el cumplimiento de la normativa y minimizar la carga contaminante por unidad de producción antes de que los desechos sean tratados o mezclados con aguas residuales domésticas.

1.5. Aprovechamiento

forestal

La construcción de las instalaciones para desarrollar las actividades productivas, la delimitación de las áreas cultivables y la expansión de la frontera agrícola implican modificaciones del paisaje que pueden tener repercusiones ambientales. Por lo tanto, estas actividades se deben hacer bajo los lineamientos normativos que promueven la planificación territorial sostenible y que incluyen la identificación de áreas adecuadas para el desarrollo, evitando la deforestación innecesaria y la degradación de los hábitats.

De este modo, por ejemplo, se puede hacer la extracción sostenible de la flora silvestre de bosques naturales en terrenos destinados al desarrollo de actividades económicas sin que implique la remoción de la masa

boscosa en la que se encuentra. Para esto, existen diferentes tipos de aprovechamiento forestal, entre los que se destacan:

◆ Aprovechamiento forestal persistente: se hace con criterios de sostenibilidad y con la obligación de conservar el rendimiento normal del bosque con técnicas silvícolas que permitan su renovación. El rendimiento normal del bosque se refiere a su desarrollo o producción sostenible para garantizar su permanencia a lo largo del tiempo.

◆ Aprovechamiento forestal único: se hace una sola vez en áreas donde se demuestra que el uso del suelo es más adecuado para actividades distintas a la forestal o cuando existan razones de utilidad pública e interés social. Este aprovechamiento puede incluir la obligación de dejar el terreno limpio al final de la actividad, pero no la de renovar o conservar el bosque.

◆ Aprovechamiento forestal de árboles aislados: se presenta cuando se necesita talar árboles de bosques naturales que están caídos o muertos, lo que debe hacerse minimizando el impacto sobre el ecosistema.

◆ Aprovechamiento forestal doméstico: se hace, exclusivamente, para satisfacer necesidades vitales domésticas, por lo que no se puede comercializar sus productos.

1.6. Licencia ambiental

Necesitas validar si requieres una licencia ambiental que, a diferencia de los permisos ambientales, es una autorización que otorga la autoridad ambiental para ejecutar un proyecto, obra o actividad que pueda causar un deterioro grave de los recursos naturales o introducir modificaciones al paisaje. La

Violeta Velásquez Vélez

licencia ambiental lleva implícito el uso de los permisos ambientales. Algunos casos en los se requiere son:

◆ Construcción y operación de distritos de riego y/o de drenaje con coberturas superiores a 20.000 hectáreas.

◆ Producción e importación de pesticidas, como plaguicidas para uso agrícola, veterinario o industrial.

◆ Importación y/o fabricación de sustancias, materiales o productos sujetos a controles por tratados internacionales de carácter ambiental.

◆ Proyectos que afecten las áreas del sistema de parques nacionales y aquellos proyectos, obras o actividades de construcción de infraestructura o agroindustria en áreas públicas nacionales protegidas.

◆ Introducción al país de parentales, especies, subespecies, razas, híbridos o variedades foráneas con fines de cultivo, levante, control biológico, reproducción y/o comercialización para establecerse o implantarse en medios naturales o artificiales y que puedan afectar la estabilidad de los ecosistemas o la vida silvestre.

1.7. Responsabilidad ambiental

Si la empresa usa los recursos naturales sin tener permisos o licencias ambientales infringe la normativa vigente. En este caso, la autoridad ambiental puede imponer medidas preventivas (Ley 1333 de 2009, modificada recientemente por la Ley 2387 de 2024) para evitar riesgos que amenacen los recursos naturales y la salud pública. Estas medidas pueden incluir el decomiso preventivo de

productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción; aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de flora y fauna silvestres o acuática; suspensión del proyecto, obra o actividad, y realización de estudios y evaluaciones ambientales.

La imposición de una medida preventiva no necesariamente inicia un proceso sancionatorio ambiental, aunque puede conducir a él. Si se determina que hubo una infracción, la autoridad puede realizar inspecciones y emitir un informe técnico que sirva de base para formular cargos. Estos cargos, que sirven de guía para la defensa legal, deben identificar al investigado, las normas violadas y los detalles de la infracción. Una vez formulados, se conceden diez días hábiles para presentar descargos y se establece un período probatorio de treinta días, prorrogables por otros treinta.

La autoridad evaluará la responsabilidad del infractor y determinará las sanciones, que pueden incluir una amonestación escrita; multas hasta por 100.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv); el cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio; revocatoria o caducidad de la licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro; demolición de obra a costa del infractor; decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción, y restitución de especímenes de flora y fauna silvestres o acuática.

Se recomienda tener en cuenta los siguientes criterios para asegurar que la actividad agropecuaria cumpla con los permisos y

estándares de la legislación ambiental vigente: (i) identificar si el proyecto, obra o actividad económica requiere una licencia ambiental o solo permisos ambientales; (ii) determinar cuáles son las autoridades ambientales competentes para tramitar los permisos y licencias; (iii) analizar la posible superposición de figuras de protección ambiental que puedan verse afectadas por el desarrollo de la actividad, y (iv) asesorarse con expertos ambientales técnicos y jurídicos para tomar decisiones informadas y estratégicas.

1.8. Economía circular y cambio climático

Respetar las normas ambientales contribuye a disminuir la degradación del suelo, la contaminación de los recursos hídricos, la deforestación descontrolada y la pérdida de biodiversidad, lo cual es fundamental para mantener en óptimas condiciones los ecosistemas. Un entorno natural bien cuidado y saludable permite conservar los servicios ecosistémicos, que se refieren a esos beneficios ambientales que aporta la naturaleza para el desarrollo de la vida.

El cumplimiento de las normas ambientales también genera beneficios sociales y reputacionales a las empresas. Esto las posiciona favorablemente en mercados que demandan cada vez más los productos elaborados bajo prácticas responsables y sostenibles. Al acatar las regulaciones, las empresas pueden obtener certificaciones, sellos y reconocimientos que fortalecen su competitividad y les otorgan una ventaja competitiva, pues este tipo de distintivos influyen en las preferencias de los consumidores. En la actualidad existe una marcada tendencia a ajustar los hábitos de producción y consumo para superar el predominante pensamiento lineal.

Durante la administración del Gobierno nacional del período 2018-2022 se creó la Estrategia Nacional de Economía Circular (ENEC) (Saer y González, 2019). La ENEC busca proteger la biodiversidad y los recursos hídricos del país de la presión del modelo productivo tradicional, impulsando la transición hacia un modelo circular en lo económico, social y ambiental. Esta estrategia promueve principios como el ahorro de agua y energía, la eficiencia en el uso de recursos, la valorización de residuos y el ecodiseño, enmarcándose en el pacto por la sostenibilidad. Entre los principales actores involucrados están empresas, academia, centros de investigación y entidades financieras.

La variable climática es un factor que debe ser incorporada en cualquier sector económico, especialmente en el agropecuario, donde los eventos meteorológicos extremos causados por el cambio climático tienen un impacto directo en su productividad y sostenibilidad. Fenómenos como El Niño y La Niña, tan frecuentes en Colombia, afectan la disponibilidad del agua, los ciclos de cultivo y la salud del suelo, lo que pone en riesgo la producción y la estabilidad de las cadenas de suministro.

Aunque se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, el calentamiento global seguirá ocurriendo debido a la acumulación de estos gases en la atmósfera, lo que continuará elevando la temperatura del planeta. La mitigación este problema, entendida como la reducción de emisiones, es una respuesta insuficiente para enfrentarlo. Por lo tanto, es crucial implementar medidas de adaptación ante sus efectos.

Violeta Velásquez Vélez

Esta adaptación es un proceso de ajuste al clima y sus consecuencias para moderar los daños y aprovechar las oportunidades que genera; implica la habilidad de transformarse y responder ante los efectos directos e indirectos del cambio climático, lo que implica limitar los impactos y riesgos, reducir la vulnerabilidad y exposición e incrementar la resiliencia y la capacidad adaptativa. Sin embargo, el éxito de la adaptación depende del contexto en que se implementen las medidas, así como de factores externos como la situación política, el nivel de desarrollo y las condiciones geográficas. La adaptación gradual permite mantener la esencia y la integridad de un sistema o proceso a una escala específica; mientras que la adaptación transformativa modifica los atributos de un sistema en respuesta al cambio climático (Matthews, 2018).

La economía circular ofrece la oportunidad de construir un futuro más resiliente al modelo económico actual. Aquellas empresas y sectores que adopten modelos de desarrollo sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, optimizando sus procesos productivos, ahorrando agua y energía, reduciendo residuos y protegiendo el capital natural contribuyen significativamente a la implementación de medidas de adaptación al cambio climático.

Este enfoque no solo reduce la vulnerabilidad y exposición de los sistemas productivos a los desafíos climáticos, sino que también fortalece su resiliencia y capacidad de adaptación. Además, integrar la economía circular en los sectores económicos mejora su competitividad en un mercado internacional cada vez más exigente en términos de sostenibilidad. Prepara a las empresas con

medidas de adaptación proactiva les permite ajustarse eficazmente a los impactos del cambio climático, mitigando afectaciones en las cadenas de suministro y sistemas de producción; anticipándose a fenómenos recurrentes como El Niño y La Niña, entre otros eventos climáticos adversos, y evitando daños que puedan comprometer sus operaciones.

Conclusiones

El derecho ambiental colombiano desempeña un papel importante en la protección de los recursos naturales, especialmente, ante la creciente presión de los mercados internacionales y las demandas de sostenibilidad. En sectores como cacao, café, palma de aceite y lácteos es fundamental que las empresas cumplan con los requisitos ambientales que fomentan prácticas sostenibles.

El marco regulatorio en relación con el cambio climático está alineado con compromisos internacionales, integrando conceptos como sostenibilidad, crecimiento verde y economía circular en sus herramientas jurídicas, lo que refuerza la preferencia de los consumidores por productos que cumplen los estándares ambientales. Es fundamental desarrollar un modelo agropecuario responsable y adaptado a las realidades ambientales actuales.

Colombia ha avanzado significativamente en la construcción de un marco normativo robusto para enfrentar el cambio climático y promover el desarrollo sostenible. A través de la Constitución Ecológica, de leyes como la 2169 de 2021 y de políticas como los Conpes 3700 y 3934 se ha integrado la

adaptación y mitigación del cambio climático en el modelo económico. Estas iniciativas buscan asegurar un crecimiento verde e inclusivo, promoviendo la sostenibilidad y competitividad de sectores clave como el agropecuario y el industrial, mientras fomenta la transición hacia una economía circular y de bajas emisiones.

El país ha iniciado su transición de un modelo de producción y consumo lineal a uno circular, promoviendo la eficiencia en el uso de recursos como el agua y la energía, en armonía con la capacidad de regeneración de los ecosistemas. Este enfoque, respaldado por diversas políticas públicas, se articula con otros marcos legales relacionados con la economía circular y el cambio climático, contribuyendo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

La participación de todos los actores, incluyendo empresas, Gobierno, academia y sociedad civil, es fundamental para cumplir los compromisos internacionales e implementar estas estrategias, promoviendo un crecimiento económico sostenible que reduzca el impacto ambiental. Para avanzar hacia un desarrollo más equitativo y responsable, las empresas deben transitar hacia un modelo circular, alineándose con los ODS y asegurando un futuro sostenible para Colombia.

REFERENCIAS

◆ Ley 1333 de 2009. Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. Julio 21 de 2009. DO. N.° 47417.

◆ Matthews, J. B. R. (2018). Glosario. En V. Masson-Delmotte, P. Zhai, H-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J. B. R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M. I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor y T. Waterfield (Eds.), Calentamiento global de 1,5 °C (86-108). Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). https://www.ipcc.ch/site/ assets/uploads/sites/2/2019/09/SR15_Summary_Volume_spanish.pdf

◆ Saer, A. J. y González, L. E. (Coord.) (2019). Estrategia nacional de economía circular. Cierre de ciclos de materiales, innovación tecnológica, colaboración y nuevos modelos de negocio. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. https:// www.andi.com.co/Uploads/Estrategia%20 Nacional%20de%20EconA%CC%83%C2%B3mia%20Circular-2019%20Final. pdf_637176135049017259.pdf

Violeta Velásquez Vélez

LA ECONOMÍA CIRCULAR SE PRESENTA COMO

EL MODELO ADECUADO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO QUE CONTRIBUYE A PRESERVAR

EL CAPITAL NATURAL, PRODUCIR DE FORMA MÁS EFICIENTE, CERRAR EL FLUJO DE MATERIALES Y REDUCIR LOS DESPERDICIOS.

EL ACUERDO DE ESCAZÚ

EL ACUERDO DE ESCAZÚ: RETOS Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO

Lina Correa Posada1

Lina Correa Posada

El 28 de agosto de 2024, la Corte Constitucional anunció que concluyó el análisis del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú. Afirmó, además, que el acuerdo es compatible con la Constitución Política de Colombia. Por ende, la Ley 2273 de 2022, por la cual el Congreso lo aprobó, es acorde con los principios constitucionales y es aplicable en el país. 1

El acuerdo busca garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de: (i) acceso a la información ambiental2; (ii) participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, y; (iii) acceso a la justicia en asuntos ambientales. Además, promueve el desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de las personas, así como de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medioambiente sano enmarcado en el desarrollo

1. Abogada especialista en derecho ambiental, derecho minero energético y desarrollo sostenible y cooperación internacional y desarrollo, con más de quince años de experiencia en estas áreas. Directora del Área Ambiental del Grupo de Práctica de Energía & Recursos Naturales de Gómez-Pinzón Abogados.

2. Entendida como cualquier información escrita, visual, sonora, electrónica o registrada en otro formato, relativa al medio ambiente y sus elementos y a los recursos naturales. Esto incluye aquella que esté relacionada con los riesgos ambientales y los posibles impactos adversos que puedan afectar el medio ambiente y la salud, así como la referida a la protección y la gestión ambiental

sostenible (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal], 2022).

Aunque la Corte Constitucional determinó que, según los términos del acuerdo, este no tiene aplicación directa y que su implementación requiere la expedición de normas de distinta naturaleza (estatutaria y ordinaria, entre otras), el acuerdo se está aplicando en el país desde antes del 28 de agosto de 2024. Esto ha vuelto más exigentes los criterios de participación pública en proyectos o actividades que impactan el medioambiente y los recursos naturales.

Si bien el sector agroalimentario no figura en el listado de proyectos, obras y actividades que requieren licencia ambiental su necesidad de usar y aprovechar, en algunos casos de forma extensiva, los recursos naturales, en particular el agua y la tierra, así como su predominancia en zonas rurales, lo convierten en uno de los sectores que deberá prestarle mayor atención a la aplicación del acuerdo y a su desarrollo normativo. Esto, porque las exigencias en materia de participación y divulgación de la información sobre los impactos y medidas de manejo serán cada vez mayores. Además, las comunidades están cada vez más interesadas en participar en los asuntos ambientales que las afectan, lo que podría llevarlas a solicitar más información al sector y a buscar mecanismos de participación adicionales en el marco del acuerdo.

Teniendo en cuenta las tendencias en materia de participación e información pública ambiental, es necesario que los empresarios, particularmente los agroindustriales, conozcan el contenido del Acuerdo de Escazú y las decisiones que tomen las autoridades ambientales en su aplicación. De esta forma, pueden prever posibles los cambios normativos, adoptar

buenas prácticas y adelantarse a los requerimientos de las autoridades y la comunidad.

1. Acceso a la información ambiental

1.1. Alcance actual

Según el acuerdo, el derecho de acceso a la información ambiental exige que las autoridades competentes divulguen aquella que está en su poder, bajo su control y custodia cuando se les solicite, y que publiquen de forma proactiva determinados tipos de contenido ambiental. Esto aplica a toda la documentación radicada ante la autoridad para la solicitud y trámite de permisos, concesiones, licencias y autorizaciones ambientales.

En Colombia, este derecho también se extiende a los particulares, bajo la premisa de que es información pública. Asimismo, debe aplicarse a los datos proporcionados en los procesos de toma de decisiones para facilitar el derecho a la participación. Esto implica que, salvo por razones de reserva, toda la información presentada ante una autoridad ambiental puede ser consultada por el público, lo que es un reto para quienes la generan, ya que debe ser clara y entendible para evitar malinterpretaciones.

1.2. Posibles desarrollos

Debido a la importancia de la publicidad en los trámites ambientales, y siendo esta la base del acceso a la información y la participación, es probable que el Gobierno modifique el principio de publicidad y sus limitaciones, imponiendo controles más estrictos sobre los casos en que los datos relacionados con permisos y estudios ambientales sean reservados.

En el proceso de elaboración de estudios ambientales (para la solicitud y seguimiento de permisos y concesiones), el principio de máxima publicidad estaría encaminado a la entrega de información clara y accesible a los interesados. Durante la evaluación, este principio estaría atado al acceso a los datos y a la obligación de las autoridades competentes de divulgar la información que tienen en su poder, tanto cuando se les solicite como de manera proactiva.

Además, es posible que se intensifiquen las exigencias sobre la entrega de la información relacionada con los trámites ambientales y que se exija fortalecer los sistemas tecnológicos para comunicar al público las decisiones de forma comprensible, oportuna y completa:

1. Comprensible: utilizar material didáctico de fácil comprensión, como cartillas, videos, audiolibros, y ponerlo a disposición de los ciudadanos en puntos de alta concurrencia en cada municipio, a través de grupos focales explicativos.

2. Oportuna: garantizar la distribución y difusión de los insumos necesarios para que los ciudadanos puedan tener una opinión informada sobre los temas relacionados con los permisos.

3. Completa : según el inciso 17 del artículo 7 del Acuerdo de Escazú (Cepal, 2022, p. 29), por lo menos, se debe hacer pública la siguiente información sobre las decisiones ambientales:

a. descripción del área de influencia y de las características físicas y técnicas del proyecto;

b. la descripción de los impactos ambientales del proyecto y, según corresponda, el impacto ambiental acumulativo;

c. la descripción de las medidas previstas con relación a dichos impactos;

d. un resumen de los puntos s a), b) y c) del presente párrafo en lenguaje no técnico y comprensible;

e. los informes y dictámenes públicos de los organismos involucrados dirigidos a la autoridad pública vinculados al proyecto o actividad de que se trate;

f. la descripción de las tecnologías disponibles para ser utilizadas y de los lugares alternativos para realizar el proyecto, cuando la información esté disponible; y

g. las acciones de monitoreo de la implementación y de los resultados de las medidas del estudio de impacto ambiental.

1.3. Buenas prácticas

El acceso a la información es el pilar de la participación en materia ambiental. Por lo tanto, tener buenos canales de comunicación con las comunidades puede ayudar a reforzar el relacionamiento. En ese sentido, una buena práctica que podría adoptar el sector agroalimentario para garantizar el principio de máxima publicidad dentro del marco de la elaboración de sus estudios, monitoreos e informes ambientales sería proporcionar toda la información ambiental de forma completa, oportuna y adecuada cuando sea requerida por los interesados, y limitando su acceso solo por razones justificadas y en los términos de la ley.

Otra buena práctica, en línea con las últimas exigencias para la elaboración y publicación de reportes de sostenibilidad, sería recopilar y presentar la información relevante a través de canales idóneos y diversos, tanto físicos como electrónicos. Hacerlo, además, teniendo en cuenta las particularidades y circunstancias territoriales, las comunidades sujetas a especial protección (campesinos y comunidades étnicas) y las personas en situación de discapacidad. Se espera que en el corto o mediano plazo estos reportes de sostenibilidad sean obligatorios. Conocer a las partes involucradas y sus intereses permitirá a los empresarios identificar qué información es relevante y cuál es la mejor forma de presentarla.

2. Participación en procesos de toma de decisiones con incidencia en lo ambiental

2.1. Alcance actual

El artículo 7 del Acuerdo de Escazú establece que los Estados deben garantizar la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, incluyendo el otorgamiento y seguimiento de permisos, así como las actividades que impactan el medioambiente y los procedimientos sancionatorios. Algunos mecanismos de participación son las audiencias públicas, la consulta previa, los derechos de petición y las consultas públicas de instrumentos y políticas ambientales.

La participación debe ser abierta e inclusiva, permitiendo involucrarse desde las etapas iniciales de la toma de decisiones, con plazos razonables, suministro de información adecuada y con la oportunidad

de presentar observaciones y de que sean consideradas, prestando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad.

El ordenamiento jurídico colombiano también contempla la participación pública en estos procesos. Por ejemplo, el artículo 69 de la Ley 99 de 1993 dispone que cualquier persona natural o jurídica o privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales.

Entidades como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), en aplicación del acuerdo, incluso antes del análisis de la Corte Constitucional, amplió el derecho a participar, incluyendo la etapa de seguimiento y control de la actividad ambiental.

2.2. Posibles desarrollos

Aunque la figura del tercero interviniente se utiliza principalmente en proyectos sujetos a licenciamiento ambiental, es probable que en aplicación del Acuerdo de Escazú se extienda a todos los proyectos y etapas, como ya lo hace la ANLA. Además, se espera que se fortalezcan los mecanismos de participación en los procesos de la evaluación y seguimiento de permisos y trámites ambientales, lo que podría suponer la necesidad de socialización y participación, incluso en permisos menores.

En este contexto, se considera que en el marco de la solicitud y seguimiento a trámites ambientales:

a. Se reconozcan las oposiciones y observaciones de terceros y se reglamente las limitaciones a su rechazo. Esto implicaría un mayor esfuerzo para las empresas a la hora de presentar los estudios necesarios para obtener permisos ambientales.

b. Aumenten las exigencias relacionadas con la participación efectiva de los interesados. Según la Corte Constitucional, en Sentencia T – 413 de 2021,

La participación no se agota en los espacios de información o socialización de los proyectos, ni en reuniones dirigidas solamente [a] recoger inquietudes de las comunidades. La participación efectiva exige que las autoridades consideren a fondo las recomendaciones de las personas que participan en los espacios deliberativos, expresen las razones por las cuales se decide acoger o no dichas recomendaciones, y se aseguren de que dichas razones son comprendidas por las comunidades y personas afectadas. La participación, en este sentido, debe ser un proceso de doble vía. (subrayado fuera del texto)

2.3. Buenas prácticas

Considerando las exigencias del Acuerdo de Escazú y su futura reglamentación en el país, se recomienda que las empresas implementen protocolos de relacionamiento con las comunidades ubicadas en las áreas de influencia de sus proyectos, en especial, aquellas directamente afectadas, incluyendo de forma particular a las étnicas. Estos

protocolos deben contemplar espacios de participación y la atención de inquietudes. Asimismo, realizar un monitoreo a la norma para identificar los cambios que se implementen, de modo que se puedan ajustar los procesos necesarios.

Referencias

◆ Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2022). Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu

◆ Corte Constitucional. (Noviembre 29 de 2021). Sentencia T – 413 de 2021. [MP. Cristina Pardo Schlesinger].

◆ Ley 99 de 1993. por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. Diciembre 22 de 1993. DO. N.° 41146.

CONOCER EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE ESCAZÚ

AYUDA A LOS AGROINDUSTRIALES A PREVER POSIBLES CAMBIOS NORMATIVOS, ADOPTAR BUENAS PRÁCTICAS Y ADELANTARSE A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AUTORIDADES Y LA COMUNIDAD.

LA IMPORTANCIA DE ENTENDER EL ORDENAMIENTO DEL SUELO RURAL EN COLOMBIA

LA IMPORTANCIA DE ENTENDER EL ORDENAMIENTO DEL SUELO RURAL EN COLOMBIA. RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA LOS EMPRESARIOS DEL AGRO SOBRE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN PARA

LA

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

Nicolás Monsalve Gómez

Asociado Uribe Henao Abogados

El desarrollo de actividades productivas sobre el suelo rural en Colombia está regulado por una normativa expedida recientemente por el Gobierno nacional. Esto ha generado que el propietario u ocupante de la tierra no pueda realizar cualquier actividad al encontrar limitaciones en los usos del suelo, como se explicará en este artículo.

Históricamente, las zonas rurales se han considerado secundarias frente a las urbanas, que han sido el centro del crecimiento inmobiliario. La ley de ordenamiento territorial (Ley 388 de 1997) define el suelo rural como aquel que no es apto para llevar a

cabo actividades urbanas y que debe destinarse, principalmente, a la agricultura, ganadería, explotación de recursos naturales y actividades afines.

La importancia del suelo rural para el desarrollo del país está respaldada por la Constitución Política, lo que ha dado lugar a diversas normas que regulan sus actividades y relaciones. Entre ellas se destaca el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: Colombia Potencia Mundial de la Vida (Ley 2294 de 2023), que introduce la figura de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA).

1. ¿Qué son las APPA?

Son áreas destinadas específicamente para la producción de alimentos, estableciendo un uso productivo del suelo. Estas áreas son declaradas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con el apoyo de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), tras un proceso de verificación y socialización.

2. ¿Para qué sirven?

Luego de que se declaren mediante resolución, las APPA definen los usos del suelo, que pueden ser principales, compatibles, restringidos o prohibidos. Esto puede implicar un régimen de uso distinto al contemplado en los instrumentos de planificación territorial (esquema de ordenamiento territorial [EOT], Plan Básico de Ordenamiento Territorial [PBOT] y Plan de Ordenamiento Territorial [POT]).

Por lo tanto, los propietarios, arrendatarios, poseedores y ocupantes que exploten predios ubicados en APPA deben cumplir la regulación y darle al terreno un uso productivo, acorde con las directrices de la UPRA.

De igual forma, deben respetar las determinantes ambientales aplicables al predio, porque según la normatividad colombiana, estas prevalecen sobre cualquier otra norma, incluidas las APPA.

Es importante mencionar que el Plan Nacional de Desarrollo modificó el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, alterando la jerarquía del ordenamiento territorial en Colombia. Con esta modificación, se definió que las APPA se situarían únicamente por debajo de las determinantes ambientales, y que

prevalecerían sobre las demás determinantes aplicables al territorio, como zonas de interés cultural, proyectos turísticos o viales, entre otros.

3. ¿Cuáles APPA se han declarado?

Actualmente, se priorizó la creación de APPA en los siguientes municipios de La Guajira: La Jagua del Pilar, Urumita, Villanueva, El Molino, San Juan de Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas y Hatonuevo. En total, se declaró un área de protección de, aproximadamente, 80.000 hectáreas (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2024). Además, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural identificó otra zona priorizada para crear una APPA en los municipios Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá de la provincia Sabana Centro de Cundinamarca.

4. ¿Qué se debe tener en cuenta antes de la declaratoria?

Antes de que se declare una APPA, los propietarios, arrendatarios, poseedores y ocupantes de los predios deben considerar lo siguiente:

◆ Mantenerse informados: es fundamental seguir las actualizaciones del Ministerio y la UPRA a través de sus páginas oficiales o de los comunicados emitidos por los gremios que monitorean estos temas.

◆ Verificar si hay estudios en la zona: revisar si el predio está en una zona donde los equipos técnicos del Ministerio o la UPRA estén realizando visitas o estudios.

◆ Revisar la ubicación: comprobar si el predio está ubicado en zonas de protección para la producción de alimentos (ZPPA), dado que estas áreas son clave para la constitución de una APPA.

◆ Participar en reuniones de socialización organizadas por el Ministerio y la UPRA en el territorio para entender las implicaciones que la creación de estas áreas tendría sobre los predios y anticiparse a posibles cambios en el suelo.

5. ¿Qué se debe tener en cuenta después de la declaratoria?

rurales, cumpliendo con los nuevos lineamientos legales.

6. ¿Cuáles son las posibles sanciones por incumplir los usos establecidos en las APPA?

Cuando se declare una APPA, los propietarios, arrendatarios, poseedores y ocupantes de predios deben:

◆ Revisar los usos del suelo: verificar los tipos de cultivos y actividades permitidas, según lo autorizado por el Ministerio y la UPRA en la resolución correspondiente.

◆ Realizar una debida diligencia: si se piensa adquirir, arrendar o explotar un predio dentro de una APPA es fundamental revisar no solo el instrumento de planificación territorial correspondiente (EOT, PBOT o POT), sino también la resolución que creó el área y el informe anexo para entender los usos permitidos.

◆ Protección de actividades previas: si antes de la creación de la APPA se desarrollaba una actividad productiva, esta estaría protegida, incluso si la nueva normativa no la permite.

Estas acciones están orientadas a garantizar una planificación adecuada que permita el desarrollo productivo de los predios

Existen diferentes consecuencias jurídicas por incumplir los usos del suelo establecidos en la norma, la mayoría, establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016). Según esta normatividad, un inspector de policía tiene facultades para verificar si las actividades cumplen la normativa. Si se determina que no es así, se puede iniciar un procedimiento policivo que podría culminar en la imposición de sanciones económicas. Además, existen otras autoridades competentes para iniciar procesos por el no acatamiento de estos usos.

Conclusiones

Es crucial que los propietarios y potenciales compradores de tierras rurales se informen adecuadamente sobre las nuevas regulaciones (como las APPA). El desarrollo del suelo rural está cada vez más regulado, con un enfoque que busca promover su uso productivo. Recomendamos no interpretar la normativa de forma aislada, pues cualquier figura relacionada con el suelo rural debe alinearse con el marco regulatorio general del país.

Mantenerse informado y realizar las debidas diligencias permite conocer de manera adecuada los usos permitidos de los inmuebles y asegurar que estén alineados con las actividades productivas de sus propietarios o potenciales adquirentes, conforme a las normativas urbanísticas que aplican en el territorio.

Referencias

◆ Ley 388 de 1997. Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones. Julio 18 de 1997. DO. N.° 43127.

◆ Ley 1801 de 2016. Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Julio 29 de 2016. DO. N.° 49949.

◆ Ley 2294 de 2023. Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida. Mayo 19 de 2023. DO. N.° 52400.

◆ Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (Junio 20 de 2024). Resolución No. 000161 de 2024. Por la cual se declaran las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en los municipios de La Jagua del Pilar, Uramita, Villanueva, El Molino, San Juan del César, Distracción, Fonseca y Barrancas ubicados en la región sur del departamento La Guajira y se dictan otras disposiciones.