Edición Nº 22 - Enero 2011

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Nota de Tapa Viene de página 11

bar no cuenta con un plan de urbanización que pudiera orientar el crecimiento demográfico hacia una sustentabilidad que implique, al menos, la provisión de los servicios básicos que garanticen la salud de los habitantes. Olga Morido, de la ONG ambientalista Los Talares, explica que se está arruinando el recurso más valioso porque “existe una falta de control de las distancias mínimas entre el pozo negro y las perforaciones para la extracción de agua para beber. La proliferación de dúplex y edificios de dos y tres pisos empeora un panorama en el que es muy probable que hubiera contaminación bacteriológica en casi todas las perforaciones”. Estas afirmaciones van acompañadas por la preocupación de muchos vecinos que hicieron analizar su agua en laboratorios. Morido explicó a DIA 32 que se han encontrado “altos niveles de manganeso que según algunos estudios está relacionado al Mal de Parkinson. Además, el agua tiene sarro, que provoca cálculos renales. Y no nos olvidemos de los nitratos y nitritos, provenientes de la contaminación de pozos negros y de suelos tratados con fertilizantes”. En definitiva, considera que “el agua que no ha sido tratada al menos con cloro u otro método desinfectante, no es potable”. Ya en 1998 el gobierno de la provincia de Buenos Aires encargó un estudio de las napas de agua en el partido de Escobar y concluyó que estaban contaminadas con la bacteria ictericia collie, proveniente de la materia fecal humana. Los desechos de los pozos ciegos se habían filtrado hacia las napas. Nancy Domínguez es médica epidemióloga y estuvo a cargo de la Dirección de Epidemiología del Municipio entre 2003 y 2004. Apenas asumió su cargo se dedicó a estudiar la calidad del agua que consumían los vecinos del partido. “De toda la zona norte del Conurbano, Escobar estaba al frente en enfermedades diarreicas en personas mayores de 5 años. Esto me dio la señal de que había una fuerte contaminación en el agua”, recuerda a esta revista. En ese momento Domínguez vivía en Garín y fue en los colegios de su ciudad donde primero encargó se analice el agua. Las escuelas 5, 10, 19 y 24 no contaban con agua potable para los chicos. La contaminación provocó una epidemia de hepatitis que se extendió rápidamente y causó la muerte de una niña 20 días después de que la funcionaria fue obligada a renunciar. El gobierno municipal intentó mantener oculta la epi12 ❯ DIA 32

demia. Se vacunó masivamente a los chicos, pero no se buscó una solución de fondo. El silencio oficial es una estrategia política de parte de las autoridades municipales. Se prefiere callar temas que puedan afectar la imagen pública del intendente, en lugar de enfrentar una problemática que puede matar a muchos de sus votantes. “Ya hubo una epidemia en el barrio de Lambaré de Maschwtiz en el año 2000, pero no se dijo nada”, apunta Domínguez. Su alejamiento del cargo estuvo relacionado con las presiones que recibió cuando se encargó de divulgar la existencia de una epidemia de hepatitis A en 2004. Sus jefes le pidieron la renuncia para callar el escándalo y, según afirma, “no se hizo nada por potabilizar el agua de las escuelas. Es indispensable construir una red de cloacas y agua corriente para proteger a la población de un agua que hoy sigue contaminada. En Zárate hubo casos de meningitis a causa de la contaminación del agua de pozo. En Escobar puede pasar lo mismo”, advierte la especialista. ❚❘ Por MARCOS B. FEDERMAN mfederman@dia32.com.ar

Derecho al agua En junio de 2010, la Organización de las Naciones Unidas declaró el acceso al agua potable y los servicios sanitarios como un derecho humano inalienable. La iniciativa, que provino del gobierno boliviano liderado por Evo Morales, contó con el respaldo de 122 naciones y venció la oposición liderada por Estados Unidos y Gran Bretaña, países interesados en la comercialización de un bien que, a medida que se vuelva más escaso, será más redituable, de acuerdo a las reglas del libre mercado. El Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) indica que “el Estado, en su rol de garante del goce y ejercicio pleno de los derechos de las personas sometidas a su jurisdicción, debe asegurar el acceso al agua potable por parte de todos los ciudadanos, sin distinciones de ningún tipo, asimismo debe comprometerse a vigilar el buen estado del recurso hídrico en su territorio, y abstenerse de realizar actividades nocivas que vayan en detrimento del mismo”. Martín Mallo, responsable de la Comunicación Institucional de la constructora Aguas del Paraná, señala que “el agua es un servicio vital para el ejercicio de la ciudadanía. Es parte de otros beneficios sociales, económicos y culturales en el marco de una política integral de inclusión social”.


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