CFE: peor servicio, más monopolio

por Eugenia Rodríguez

La CFE empeora el servicio pero se reafirma como monopolio

El servicio de suministro de energía eléctrica de la CFE ha venido empeorando en los últimos años, tanto en el sector doméstico como en el empresarial, donde los apagones se vuelven cada vez más frecuentes y se prolongan por varias horas, en algunos casos por más de un día, en buena medida debido a la falta de mantenimiento de las líneas eléctricas y a la falta de renovación oportuna de equipo. Pese a ello, el gobierno central ha decidido recuperar el monopolio de la electricidad, inclusive al costo de poner en riesgo nuestras relaciones con Estados Unidos, el principal socio comercial de México. Tanto los sectores de clase popular como los de tipo residencial se quejan del mal servicio. En la misma situación se encuentra el sector comercial y de servicios, así como los gobiernos municipales, debido a que los apagones frecuentes afectan las instalaciones de los pozos que abastecen de agua potable a la población, lo cual no sólo suspende el suministro de agua sino que causa daño a las instalaciones. Una simple ventisca o una lluvia fuerte, esta última infrecuente en la región, pueden dejar sectores completos de la ciudad sin energía eléctrica. Si el servicio es deficiente, los cobros son elevados y todo indica que tienen una tendencia de incremento para el medio y largo plazo, contra lo que ofrecen los voceros del gobierno central. Una vivienda de tipo medio, con tan solo dos habitantes, paga un promedio de 949 pesos bimestrales, pues la tarifa se va incrementando a partir de cada 300 kWh y una vivienda media consume un promedio de 700 kWh, considerando un uso moderado e indispensable del

¿Le conviene a la ciudadanía que la CFE sea un monopolio estatal, donde la energía se convierte en “propiedad de la nación”?

servicio. Una bodega comercial pequeña, de apenas 90 metros cuadrados, que no tiene consumo de electricidad, pero debe mantener los interruptores arriba por razones de seguridad, debido a que su portón es eléctrico, tiene que pagar un promedio de 800 pesos bimestrales. Un comercio de 100 metros cuadrados de superficie, con aparador e iluminación ordinaria por 10 horas diarias, tiene que pagar un promedio de 2 mil a 2 mil 400 pesos bimestrales, con un uso conservador de la energía, en un periodo como el de primavera, pero el cobro aumenta durante todo el periodo de calor, que en la región se inició este año desde el mes de abril y muy probablemente se prolongará hasta finales del mes de septiembre, por lo menos. Para el consumo doméstico hay una tabla de tarifas: 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E,1F y DAC (domiciliario de alto consumo). La mayoría de los hogares de tipo medio es 1C y 1D y en los sectores populares 1A y 1B, pero las tarifas en general son caras. ¿Le conviene a los ciudadanos que la CFE sea un monopolio estatal, donde la energía se convierte en “propiedad de la nación”? Habría que aclarar de entrada que esto de “propiedad de la nación” es un cuento, pues lo que realmente pasa es que la energía se convierte en propiedad del estado y es manejada, según sea su voluntad, por el grupo político que esté en el poder. Todos los daños provocados por el mal servicio de la CFE no son asumidos por la misma, lo que deja en completa indefensión a los usuarios. Quedarse sin aire acondicionado en climas extremos, daños en aparatos electrodomésticos, pérdida de ventas por falta de energía, daños a productos por

la falta de refrigeración, paros en la producción de las empresas… son absorbidos por la ciudadanía, sin que procedan sus quejas.

EL TEMA EMPRESARIAL Y ECOLÓGICO

Coahuila, por sus características geográficas, tiene inversiones muy importantes en parques de generación de energía a través de paneles solares, y tenía varias inversiones en puerta, pero con la nueva Ley Eléctrica, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cambió las reglas de la producción de energía eléctrica por parte de particulares, que estaban invirtiendo muy fuerte en generación de energía limpia. Como la ley no puede ser retroactiva se ha generado un gran problema de carácter legal, pero además muchas de las empresas son extranjeras y caen dentro del T-MEC, y la Ley Eléctrica es posterior a éste y no fue contemplada dentro de lo que se firmó, motivando una controversia entre México y Canadá y Estados Unidos, la cual se anticipa que será ganada por los dos socios del T-MEC, lo que podría costar a México no menos de 30 mil millones de dólares, en caso de no llegar a un acuerdo. Según lo refiere Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda y Crédito Público en la primera parte del sexenio de AMLO, el tema de la “soberanía nacional” se reducía a restablecer el monopolio de PEMEX, lo que sí fue contemplado en el T-MEC, a diferencia de lo de la CFE.

Como testigo presencial, Carlos Urzúa refiere que Manuel Bartlett, director general de la CFE y un político priista de larguísima y siniestra carrera, fue quien comenzó a maniobrar ante AMLO hasta que lo envolvió en el tema de que el restablecimiento del monopolio estatal de la electrcidad también era parte de la “soberanía nacional”, y ahora el gobierno morenista está metido en un serio problema. Para el ciudadano común es claro que el monopolio no le acarrea ningún beneficio, sino un daño ahora y en el mediano y largo plazo, al volver a cerrar el sector a la competencia y a la participación del capital privado, el cual, afirma Bartlett, “roba a la nación” si genera su propia energía y vende los excedentes, lo que es un absurdo, pues ya legalmente todo ciudadano tenía el derecho de generar su propia electricidad sin que el ganancioso fuera la CFE. Desde el punto de vista ecológico, lo que está haciendo la CFE es una barbarie que rompe con todos los acuerdos internacionales sobre la lucha contra el calentamiento global, al usar combustibles fósiles para la producción de energía eléctrica, como carbón y combustóleo. Por si esto fuera poco, la CFE no tendrá la capacidad, al mediano y largo plazo, de generar la energía que el país necesita, además de que ha extendido prácticas de corrupción que vienen de hace décadas, como lo que sucede en Coahuila con el manejo de la explotación y la compra-venta del carbón. Hay políticos morenistas directamente vinculados al negocio sucio del carbón, en los municipios de Múzquiz, Sabinas y San Juan de Sabinas (Rosita). Se tienen inclusive señalamientos de que el mismo financiamiento de la campaña del candidato morenista a la gubernatura saldrá del negocio sucio del carbón.

por: Rodrigo Tejeda

Aumentan los problemas internos

del ejército y la marina

El ejército y la marina, las instituciones más respetadas por los mexicanos (68% de aprobación), han tenido en el actual gobierno cerca de 50 mil bajas, originadas principalmente por despidos debidos a delitos del orden militar, deserciones ilegales y, en una muy baja proporción, retiros de tipo voluntario. En el periodo que va de 2019 al primer trimestre de 2022, se han dado 27 mil juicios en tránsito o resolución por parte de la justicia militar.

De acuerdo a la información oficial de la propia SEDENA, Secretaría de la Defensa Nacional, en el periodo mencionado de 2019 al primer trimestre de 2022, se registraron 47 mil 718 bajas, más las que se han acumulado a la fecha. Lo delicado es que de este total, solo 18,830, que ya es un porcentaje muy alto, se deben a rescisión de contrato debido a diversas causas, la mayoría de ellas delitos que ameritan la baja, como son indisciplina, inconformidad y desconfianza, entre otros. Solo 4,134 elementos se han retirado de las fuerzas armadas por decisión propia. Considerando el total, 22 mil 964 militares han desertado irregularmente y han caído en la insumisión. Esto significa que simplemente abandonan el ejército y la marina, lo que es formalmente un delito que se castiga hasta con dos años de prisión. Lamentablemente la institución en la que más confían los mexicanos, y la que se ha vuelto el brazo derecho del gobierno de López Obrador, se enfrenta hoy a una problemática plagada de despidos, retiros, deserciones, abandono e indisciplina. Las estadísticas oficiales deportan un total de 165,454 miembros del ejército y la fuerza aérea; 51 mil

Lo más graves no es la venta de equipo militar, e inclusive la venta de armas, sino el hecho de que elementos del ejército, que han sido debidamente entrenados y poseen experiencia y conocimientos militares, sean reclutados por el crimen organizado.

333 en la marina y 104 mil 695 en la Guardia Nacional, que está expulsando a todos los civiles para quedar conformada sólo por personal militar y la intención, que ya se ha planteado, es ponerla bajo el mando directo del ejército, lo que significa un incremento enorme de las fuerzas militares del país.

VENDIENDO LOS INSUMOS MILITARES

En la conferencia mañanera del 9 de junio de 2022, el almirante José Rafael Ojeda, titular se la SEMAR, Secretaría de Marina, y el titular de la SEDENA, Luis Cresencio Sandoval, en respuesta a cuestionamiento de la prensa, aceptaron que tienen problemas con algunos elementos de ambas instituciones armadas, que roban pertrechos militares, como equipo y uniformes, para luego venderlos a la delincuencia organizada, inclusive a través de anuncios en la internet. El almirante Rafael Ojeda afirmó literalmente que meterlos a la cárcel es muy difícil por cuestiones jurídicas, aunque efectivamente roban y venden cascos, chalecos antibalas e inclusive armas a través de las plataformas digitales, por lo que se procede a despedirlos, para que si roban lo hagan fuera, pero no dentro de la marina. Mencionó que se sabía de “dos o tres casos”, pero el problema es muchísimo más grande y mucho más delicado, pues ni el propio ejército ni la marina conocem la ubicación de los 22 mil 964 desertores, los cuales se van con todo el equipo que se les ha proporcionado y, por supuesto, sin una indemnización, por lo que venden a quienes les compran todo ese equipo, incluidas las armas. El problema en ninguna forma es nuevo, pero en este gobierno ha ido en crecimiento, pese a que las condiciones salariales y las prestaciones y condiciones de vida tanto del ejército como de la marina han sido mejoradas sustancialmente, de forma especial en el periodo de Felipe Calderón Hinojosa y, en menor proporción, con Enrique Peña Nieto. Penosamente, el equipo militar de los miles de desertores del ejército va a dar a manos de las organizaciones criminales, lo que les permiten inclusive hacerse pasar por elementos militares en muchos de sus operativos, aunque el crimen organizado posee sus propios canales de abastecimiento de armas, traficadas a través de la frontera con Estados Unidos. Lo más graves no es sin embargo la venta de equipo militar, e inclusive la venta de armas, sino el hecho de que elementos del ejército, que han sido debidamente entrenados

y poseen experiencia y conocimientos militares, sean reclutados por el crimen organizado, en lo que tampoco es un fenómeno nuevo, pero sí puede estarse incrementando. Durante el periodo sexenal de Vicente Fox, un cuerpo de las fuerzas especiales del ejército se pasó a las filas del crimen en el estado de Tamaulipas, en calidad de sicarios de élite, pero en pocos años conformaron el cártel más violento que ha existido en México, con prácticas de brutalidad demenciales. Esta escalada en el uso de formas extremas de violencia tuvo su origen en desertores de las fuerzas especiales del ejército, pero, aunque se oculte la información al respecto, existen miles de desertores del ejército y la marina (en mayor proporción del primero), que trabajan hoy dentro de las grandes organizaciones criminales del país.

La actual política gubernamental, de darle a los militares cada vez más funciones que corresponden a civiles, se maneja, en parte, como una forma de combatir la corrupción, pero esto puede representar un gran riesgo al mediano y largo plazo, debido a los propios problemas internos de delitos a la ley militar que enfrentan hoy el ejército y la marina en México, además de poner en fuerte tentación a los altos mandos militares, al conferirles tareas civiles que implican toma de decisiones sobre contratos y obras que involucran gastos multimillonarios, los que se están manejando con una gran opacidad y contra la transparencia, bajo la protección arbitraria de que se trata de “obras de interés nacional”. Militarizar las aduanas del país no es resolver el problema de la corrupción, sino por el contrario poner en la tentación de la corrupción al personal y los mandos militares. Las aduanas, en todo el mundo, incluidos los países desarrollados, tienen problemas de corrupción, pero en México la mayoría de las aduanas están infiltradas por las organizaciones del crimen organizado. Hay aspectos muy simples que muestran el nivel de la corrupción que existe. La mitad de los empleos en México se ubican en la economía informal, y la gran mayoría se dedica al comercio informal, que se abastece de productos de procedencia extranjera, en su mayoría chinos. Ya hasta las imágenes religiosas más populares, como la Virgen de Guadalupe y San Judas Tadeo son made in China. Habrá que tratar de imaginar cuántas miles de toneladas de productos extranjeros entran al país ilegalmente por las aduanas, y eso no va a parar, pero lo que sí hará será en poner en el “tentadero”, como se dice en la fiesta brava, a los militares.