El principio de legalidad
y la presunción de legitimidad En el ejercicio diario de nuestras actividades, entendiendo a nuestra labor en la Empresa como servidores de acuerdo a la determinación recogida en el artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador, realizamos actuaciones de carácter administrativo que se constituyen en actos administrativos; actos de simple administración, contratos administrativos, hechos administrativos, y actos normativos de carácter administrativo. Evidentemente dentro del ámbito de las competencias atribuidas a cada servidor, no debiendo olvidar que la competencia nace de la Ley; conforme lo recogido en el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador que
dispone: Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley…”; tal disposición recogida en el artículo 65 del Código Orgánico Administrativo que manda: La competencia es la medida en la que la Constitución y la ley habilitan a un órgano para obrar y cumplir sus fines, en razón de la materia, el territorio, el tiempo y el grado. En conocimiento de que la competencia nace de la Ley, debemos considerar al principio de legalidad o principio de
juridicidad como la actuación administrativa que se somete a la Constitución, a los instrumentos internacionales, a la Ley, a los principios, a la jurisprudencia, tal definición es recogida en el Código Orgánico Administrativo, sobre la base de la definición debemos entender al principio de legalidad como la columna vertebral del derecho administrativo y por ende la actuación de la Administración pública pues reviste en sí mismo el cumplimiento irrestricto del ordenamiento jurídico, lo cual conlleva que las actuaciones administrativas ejecutadas en el desempeño de nuestras funciones, estén cubiertas de un manto de certeza para el administrado respecto de la actuación de la administración pública; por lo que el cumplimiento y
