Revista Envío Honduras

ACTUALIDAD

Huelga general y Constituyente: dos consignas y una realidad ISMAEL MORENO (SJ)*

Algo de fondo tiene que cambiar en Honduras. Nadie lo duda. Para formular esa avidez de cambio, en la Resistencia han prendido dos consignas: la huelga general y la convocatoria a una Constituyente. Aquí se analizan las condiciones de aplicación de la primera y los caminos que podrían conducir a la segunda, en un esfuerzo por vincularlas a la realidad del país y del FNRP. Y es que en política, decía Hegel, hay que evitar las especulaciones abstractas sobre “lo posible”, porque si nos olvidamos de las condiciones reales, cualquier cosa puede ser vista como “posible”.

¡H

uelga general! ¡Vamos a huelga general! Esa es la consigna que atrapa la coyuntura de la Resistencia hondureña en estos tiempos tormentosos. ¿De quién fue la iniciativa? ¿Quiénes la impulsaron? Al igual que el llamado a una Constituyente, la huelga general representa una formulación que canaliza la intuición popular de las transformaciones profundas que necesita Honduras, y que ya no pueden quedar en proclamas reformistas ni bipartidistas. Algo de fondo necesita el país. ¿Cómo formularlo? “¡Asamblea Nacional Constituyente!”, gritan en las asambleas de la Resistencia. “¡Huelga general!”, proclaman a renglón seguido.

En estos tiempos difíciles, las propuestas entusiastas, cargadas de radicalismo político, llenan los espacios; y los liderazgos emergen de entre quienes más capacidad *

Director de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ).

tienen de convocar en torno a consignas. Los ambientes sosegados, la reflexión reposada, el análisis con lecturas abiertas, resultan nocivos; y a quienes se atrevan a proponer debates más allá de las consignas y de los maniqueísmos extremistas, se les acusa de inmediato de hacerles el juego a los golpistas o de estar atrapados por el miedo y la cobardía. Es muy difícil que alguien pueda competir en atención y liderazgo con un análisis crítico y sosegado, si en el mismo espacio se encuentra un ferviente seguidor de Mel Zelaya con su consigna a flor de piel.

PERO, ¿DÓNDE ESTÁ EL ENTRONQUE CON LA REALIDAD? Una cosa es la intuición popular de las transformaciones profundas que se necesitan, y otra muy distinta el sustento político para que una huelga general o una Constituyente se hagan realidad a corto plazo. Los veteranos dirigentes sindicales que

participan en la coordinación del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) saben y entienden que el país debe cambiar. La huelga general es fórmula y entusiasmo, pero no parece tener un entronque con la realidad organizativa actual, ni con la complejidad que subyace al sistema del capital y su relación con los sindicatos, las fábricas y la producción.

Todos pueden clamar por la huelga general, pero su impulso y dinamización tendrán que ser liderados por los sindicatos y los trabajadores de la empresa privada y el sector público. ¿Quiénes han de convocar a una huelga general? Las tres centrales obreras: la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), la Central General de Trabajadores (CGT) y la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH). ¿Tienen voluntad política y capacidad de convocatoria para hacerlo? Entre el llamado a la huelga general y su efectiva realización, se concreta aquello que del dicho al hecho hay mucho trecho.

1 octubre 2010

ACTUALIDAD

VULNERABILIDAD, DESASTRES Y MÁS PRECARIEDAD Las intensas lluvias no han dado tregua a los hondureños y tienen a Tegucigalpa de rodillas. Los daños, diversos y generalizados en todo el territorio, están provocando un enorme impacto nocivo en la ya descalabrada economía nacional.

En el norte se reportan inundaciones, personas evacuadas y daños en los cultivos. En el centro muertes, deslaves, derrumbes, inundaciones, y viviendas y vías de comunicación destruidas. Para el sur el panorama es similar: inundaciones, cultivos dañados y vías afectadas. En oriente y occidente hay decenas de casas dañadas y vías de comunicación cortadas.

A finales de agosto, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) informó que 21 personas han perdido la vida y dos están desaparecidas.

Había unas cuatro mil personas albergadas, más de mil casas afectadas, 143 viviendas destruidas, al menos 63 vías dañadas, 21 puentes colapsados y más de 59 mil manzanas de granos básicos perdidas. Todas estas cifran se elevaron con el paso de la tormenta tropical Matthew a finales de septiembre.

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TRABAJADORES TEMPORALES, DESEMPLEO Y DESORGANIZACIÓN El Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares (Stibys) es, sin duda, uno de los sindicatos con mayor tradición de lucha, que ha sabido articular las demandas reivindicativas con las demandas políticas. Sin embargo, este sindicato sabe que por cada trabajador permanente que tiene, existen dieciséis temporales: una cuña de su propia madera que la empresa ha puesto como presión, chantaje y control sobre la lucha sindical. La empresa está especialmente interesada en empujar al Stibys a la huelga general; así incorpora y ofrece prebendas a los trabajadores temporales y logra que el gobierno declare ilegal la huelga, para desarticular el sindicato.

Lo mismo puede ocurrir con otros de los escasos sindicatos de la industria, donde la empresa ha logrado establecer un promedio de 36 trabajadores temporales por cada empleado permanente. Una huelga general significa paralizar la producción. Sin embargo, la mayoría de los trabajadores son empleados del Estado; mientras, la empresa privada ha avanzado en el montaje de un sistema de producción con un creciente número de trabajadores temporales que, por tal razón, juegan a favor del capital y en contra del sindicato. Es el caso de la industria de la maquila.

Las voces eufóricas advierten sobre la paralización de la industria maquiladora. ¿Quién es capaz de paralizar una industria de 130 mil obreras y obreros que no cuenta con sindicatos? ¿Acaso lo harán los dirigentes estudiantiles, o los patronatos comunales? Si se llama a la huelga general, y ésta no afecta

la producción, los empresarios y el gobierno se ríen de los convocantes, porque así logran medir la capacidad de estos sectores y toman decisiones para desarticular sindicatos y gremios.

El trabajador temporal es un factor a favor del empresariado.

Y éste abunda en una sociedad en la que más del 50% de la población económicamente activa se encuentra en el sector informal de la economía. Una huelga general, en un país con menos del 8% de la población trabajadora organizada en sindicatos y gremios, es como hablar de cosechar tomates de los cocoteros. No obstante, la consigna predomina entre los sectores agrupados e identificados con la Resistencia, donde hay al menos tres posturas al respecto.

PRIMERA POSTURA: “¡AHORA O NUNCA!” La primera es la de los entusiastas, que no admiten componendas con nadie que no busque el derrumbe del sistema. Es la postura de los que sostienen la consigna “¡Ahora o nunca!”. Las tribunas preferidas de este sector no son la calle y el debate, sino Internet y las redes sociales. En esta trinchera se agazapa la pura cepa de la Resistencia, y no a todo pulmón, sino a todo Internet, recordándonos así la célebre frase de Lenin: “La huelga general no se convoca, se organiza”.

Para este sector, la huelga general es la antesala de la “insurrección popular” y, como para preparar el ambiente, van ensayando los “paros cívicos”. Para estos sólo existe un líder: José Manuel Zelaya Rosales.

Y la consigna de su retorno al país se equipara únicamente con la huelga general y la Asamblea Nacional Constituyente. Y no hay medias tintas: o se está con Mel Zelaya o

ACTUALIDAD con los golpistas. En este panorama de extremos, nadie puede criticar a Zelaya y, al mismo tiempo, decir que pertenece a la Resistencia.

Cuando participa en asambleas o se manifiesta en las calles, este sector se cobija bajo la triple consigna del mesianismo popular: huelga general, Constituyente y “¡Urge Mel!”. Cualquiera que desde la misma Resistencia cuestione alguna de estas consignas, o trate de aterrizarlas en la complejidad del contexto nacional, cae fulminado por las ráfagas que se disparan desde la trinchera cibernética.

SEGUNDA POSTURA: EL CÁLCULO ANTE TODO Esta es la que asumen los dirigentes de las centrales obreras, que resulta muy conservadora y calculadora: sin decir un no rotundo, mantienen una testaruda prudencia. Su postura ante la huelga general es correlativa a la conducta que manifiestan ante casi todos los problemas nacionales. El cálculo ante todo, sin perder oportunidad para negociar con el gobierno y la gran empresa privada. No dicen que no abiertamente para evitar echarse encima a los promotores de la huelga general, sino porque necesitan jugar con la figura del paro general como instrumento de presión para una eventual negociación con el gobierno.

En los nueve meses que han pasado de este año no han logrado sacar adelante la negociación del salario mínimo, y los dirigentes de las tres centrales obreras saben que los empresarios están firmes en su negativa de hacer concesiones en esta materia, que fue uno de los detonantes del golpe de Estado del año pasado. Para lograr algún acuerdo, los veteranos y prudentes dirigentes necesitan llevar a cabo

acciones de presión. Y en la inestabilidad actual, el recurso de la huelga general entra en juego como parte de sus propios cálculos.

En términos generales, su postura es desmovilizadora y mantiene en reserva sus verdaderas convicciones: son los zorros de la negociación y del equilibrio entre las organizaciones gremiales, el gobierno y la empresa privada. Es cierto que la dirigencia de la CUTH aparece más abierta y cercana a la dirigencia del FNRP, pero su lealtad hacia las dirigencias de la CTH y la CGT es mucho más auténtica que su fidelidad a gremios y sectores populares más radicalizados.

TERCERA POSTURA: TENDER UN PUENTE La tercera postura, que busca establecer un puente entre las dos posturas precedentes, se ubica en un ala de la dirigencia y en algunas organizaciones y sectores que constituyen el FNRP. La crisis nacional hace aguas por donde se le mire, y los sectores más desesperados e indignados advierten que Honduras no está para reformas, sino para una “refundación”, en consonancia con la primera y más radical de las posturas que estamos siguiendo.

No se puede —diría este sector— desalentar la presión de mucha gente que exige y clama por cambios inmediatos que no sean cosméticos. El FNRP, afirman, tiene la responsabilidad de acompañar estas luchas, iluminarlas y enriquecerlas. No puede desmotivar a quienes están indignados. Sin embargo, tampoco puede ser irresponsable y atizar esta euforia diciendo que la huelga general es inminente, porque no sólo no es cierto, sino que, al hacerlo, contribuye a crear falsas expectativas en el pueblo, lo que puede convertirse en un bumerán

JÓVENES ZAPATEROS Dieciocho jóvenes, cuyas edades oscilaban entre los 15 y 35 años, fueron acribillados en una fábrica de zapatos situada en el populoso sector Cabañas de San Pedro Sula. El 7 de septiembre por la tarde, cuatro hombres armados con fusiles AK-47 ingresaron al local abriendo fuego contra los trabajadores y clientes del establecimiento.

Al día siguiente, el ministro de Seguridad Óscar Álvarez se apresuró a afirmar que la matanza es resultado de un pleito entre maras. “…no digo que los fallecidos eran mareros, pero sí eran amigos de algunos miembros de pandillas”. Y aclaró que ninguna de las víctimas poseía antecedentes criminales.

La Iglesia católica de San Pedro Sula comentó que la explicación de estos hechos suele ser muy “simplista y superficial”. En un comunicado, advirtió de un peligro: “el de acostumbrarnos a las continuas noticias de muertes, con las que cada día se nos va endureciendo el alma y el corazón, provocando en nosotros la indiferencia y el olvido”.

Mientras, el duelo ha invadido el sector Cabañas. Los vecinos lamentan la terrible pérdida y aseguran que todos se conocían entre sí; que los muchachos eran buena gente, que trabajaban para ayudar a sus familias y para sostenerse sus estudios.

3 octubre 2010

ACTUALIDAD REPRESIÓN EN LAS FIESTAS PATRIAS El 15 de septiembre la policía desalojó violentamente, del parque central de San Pedro Sula, a las personas que escucharían el concierto preparado por el FNRP para celebrar el Día de la Independencia.

Testigos aseguran que vieron a los militares ubicados

que se revertirá contra las luchas populares.

Si se atiza a la gente para que se vaya de inmediato a una huelga general —dirían los defensores de esta tercera postura—, se creará un ambiente de salidas y rupturas inmediatas con quienes ahora controlan la política, el comercio y la economía; además, provocará una respuesta represiva y desmovilizadora por parte del poder, sin duda desproporcionada en relación con la capacidad política y organizativa que tiene actualmente el FNRP.

estratégicamente en los edificios de los bancos Atlántida y Promerica, desde donde lanzaron bombas lacrimógenas, sin importarles que entre los manifestantes hubiera familias con niños y adultos mayores.

Efraín López, un vendedor de lotería que se encontraba en el parque, murió de un paro respiratorio a causa de los gases; además, 29 personas fueron detenidas ilegalmente y puestas en libertad en horas de la tarde.

Según el relato de los integrantes del grupo musical Café Guancasco, “a poco menos de diez minutos de comenzada la función, los órganos represores atacaron directamente el espacio donde nos encontrábamos, lanzando bombas lacrimógenas al escenario y a todo el perímetro donde se desarrollaba la actividad; seguidamente rociaron con agua y gas todo el equipo de audio y los instrumentos…”.

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SE TRATA DE UN PROCESO HONDO Y LARGO Una huelga general no se puede decretar sin un serio proceso de organización; tampoco es una acción gremial. Es una acción fundamentalmente política que expresa el desarrollo alcanzado por las luchas populares y su capacidad para articular sus propuestas con otros sectores sociales, hasta lograr paralizar, exitosamente, los principales nervios de la economía nacional.

En los hechos, esto representa la antesala de una insurrección.

Una situación de esta naturaleza ha representado, en la experiencia política y social de otros países, un proceso político hondo y largo.

En la Honduras de hoy existen las condiciones objetivas para un descalabro, pero quedan muchas tareas por delante para crear las condiciones subjetivas; es decir, no se cuenta con ese sujeto político y social cuyo desarrollo organizativo y estratégico sea capaz de conducir la indignación de mucha gente, la cual se profundizó y aceleró desde el golpe de Estado.

¿QUÉ DIRÍAN LOS DEFENSORES DE ESTA POSTURA PUENTE? No hay que desanimar a la gente, pero tampoco se debe avalar decisiones que no correspondan al momento político y la realidad organizativa del FNRP. Un veterano dirigente sindical y actual dirigente de la Resistencia fue contundente al afirmar que: “Llamar a una huelga general así porque así, sin analizar sus consecuencias, y sin saber situar sus dimensiones políticas, significa un suicidio para los gremios y un golpe crucial para la propia Resistencia. Eso sí, el país está atrapado en una conflictividad que es la acumulación de un deterioro social y político que nos advierte de salidas imprevisibles, y el movimiento social y popular debe prepararse para diversas eventualidades. No estamos preparados para una huelga general, pero nadie estaba preparado para un golpe de Estado. Nadie estaba preparado para las movilizaciones que se desencadenaron, y aquí estamos con un FNRP que hace año y medio nadie lo había previsto. En la Honduras de hoy puede ocurrir cualquier cosa, desde un proceso continuado de golpes y contragolpes, pasando por dictaduras muy articuladas con las derechas más duras del continente, hasta un levantamiento espontáneo. Y la Resistencia no puede perder su tiempo en disquisiciones, sino invertir todo el tiempo y recursos posibles en el desarrollo de una estrategia organizativa con articulaciones locales y regionales para saber situarnos ante las eventualidades, y para saber empujar procesos que nos abran escenarios donde tengamos una clara ventaja en relación con los actores políticos que nos adversan”.

ACTUALIDAD TRES POSIBLES CAMINOS HACIA LA ANC A la par de la presión que ejerce el llamado a la huelga general, sigue presente la demanda de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Este es, sin duda, otro tema que empuja la coyuntura que se ha venido desbordando desde el golpe de Estado. Al igual que el llamado a la huelga general, el de la ANC se presenta como si ya estuviese en condiciones de parto. Y se hace a través de fórmulas que asumen el papel de contrapunto frente al resquebrajado modelo político y social vigente; y por medio de definiciones contraculturales y políticamente subversivas.

Son subversivos los llamados a una huelga general, aunque los dirigentes más sobrios y responsables digan que menos del 8% de la población trabajadora está organizada en gremios y que no está para huelgas generales, porque no hay capacidad para paralizar la producción. Son subversivos los llamados a una ANC, aunque en los hechos nadie presente una propuesta con contenidos y procesos políticos viables, para lograr que se instale por otro camino que no sea el definido por quienes provocan que la gente se indigne y grite ¡queremos una Constituyente! Y es que una ANC podría instalarse siguiendo uno de los tres caminos que se esbozan a continuación.

PRIMER CAMINO: LA INSURRECCIÓN POPULAR A través de un proceso de insurrección popular que, conducido por el FNRP, derribe a la oligarquía, tome el poder del Estado, deje sin efecto la vigencia de los tres poderes del Estado y la Constitución de la República, y convoque a la elección de una Asamblea Nacional Consti-

tuyente, cuyos delegados debatan, aprueben y redacten una nueva Constitución y hagan avanzar al país hacia un proceso real de refundación. Los animadores de este camino son los mismos que hoy gritan y exigen una huelga general, como paso previo a la insurrección popular.

Pero este camino se topa de frente con la inviabilidad del FNRP, que no cuenta con la competencia organizativa, política e ideológica para convertirse en el sujeto político capaz de conducir un proceso de cambios radicales. Pero no sólo el FNRP carece de esta competencia: la realidad misma inviabiliza un proceso de transformaciones radicales. ¿Cuál es el poder que hay que tomar en Honduras? ¿El del Estado, si éste sólo es una de las expresiones del poder diseminado entre tantos otros factores y fuerzas que interactúan en la realidad?

Los tres poderes del Estado son, actualmente, instrumentos de los grupos de poder formal, como los partidos políticos y el empresariado; y, sobre todo, de los grupos de poder no formal, agrupados en el gelatinoso y cada vez más pujante mundo de los poderes ocultos o crimen organizado que negocia, chantajea, extorsiona y maneja cuotas propias de poder o las impone a su antojo en la sociedad. El poder en sí es tan reducido, que no le da al gobierno capacidad para negociar sus propios espacios de decisión.

El poder constituido en las instancias del Estado es subsidiario y actúa como el espacio en que grupos formales y cada vez menos formales administran sus respectivas cuotas; y nunca como ahora han servido para expresar los verdaderos poderes que se agitan en la realidad nacional. La compleja realidad del poder en la actualidad escapa a las

HONDURAS CAMPEÓN MUNDIAL… EN CLASES NO IMPARTIDAS El promedio de días clase en los últimos diez años apenas llega a 125 en Honduras, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) denominado “Análisis de la fuerza laboral en educación en Honduras”. Esto ubica al país en el primer lugar por clases no impartidas en las escuelas públicas a escala mundial.

El estudio, publicado el 22 de septiembre, señala que esos 125 días de clases al año están muy lejos de la cantidad mínima establecida en el calendario escolar, que es de 200 días.

Según el documento, las huelgas de los maestros y la desidia de la Secretaría de Educación son las principales causas de este desastre en el sistema educativo.

Las huelgas magisteriales se originan en el incumplimiento de las políticas salariales y las violaciones al Estatuto del Docente. Indica el estudio que, a diez años de la aprobación del Estatuto, aún no se aprueba el Manual de Evaluación del Desempeño Docente especificado en el mismo.

El informe también recuerda que, desde el primer momento, algunas personas de dentro y fuera del gobierno advirtieron que las condiciones salariales establecidas en el Estatuto del Docente serían incumplibles para el Estado hondureño.

5 octubre 2010

ACTUALIDAD PREMIO HANS LITTEN 2010 PARA UNA HONDUREÑA La Asociación de Juristas Demócratas de Alemania otorgó a la abogada Tirza Flores Lanza el

fórmulas contenidas en folletos y libros sobre teorías y estrategias de lucha, de tal manera que el camino hacia una Constituyente que encarne el poder del pueblo, según el análisis político convencional, sólo puede ser comprendido en lo que podríamos llamar política-ficción.

premio Hans Litten 2010, que se confiere cada dos años a juristas destacados en su lucha por la justicia y la democracia en el sentido y los principios de Hans Litten.

Hans Litten (Halle, 1903) fue abogado y puso el Derecho Penal al servicio de las clases oprimidas. En su proceso más conocido, logró citar a Hitler como testigo y evidenciar sus fines antidemocráticos y golpistas.

Hitler no olvidó esa vergüenza y, después de tomar el poder, mandó a Litten al campo de concentración de Dachau, donde murió.

Al conferir el premio a la abogada Flores Lanza, los juristas alemanes manifestaron: “Nos hemos enterado de su trabajo en la Asociación de Jueces por la Democracia en Honduras, especialmente de su lucha por una justicia democrática y transparente después del golpe de Estado... Aparentemente, su trabajo en la dirección de la AJD en contra de la corrupción y en contra del golpe de Estado fueron las razones centrales de su destitución, parecidas a las de sus tres colegas Ramón Barrios, Guillermo López Lone y Luis Chévez de la Rocha. (…)

Además, queremos premiar su labor destacada como mujer emancipada en una sociedad machista”.

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SEGUNDO CAMINO: BAJO EL CONTROL DEL GOBIERNO Y SUS ALIADOS A través de un proceso que impulse el gobierno, de común acuerdo con los partidos políticos y los grupos de poder. Este acuerdo supondría, entre otras variables, la conversión del actual Congreso Nacional en Asamblea Constituyente para proponer y aprobar una nueva Constitución.

Otra variable es que el gobierno convoque a los partidos políticos, gremios empresariales, sociedad civil e iglesias para suscribir un “pacto de unidad nacional” que les faculte para convocar a una ANC y elija a los constituyentes, asegurando a los grupos de poder un firme control sobre el proceso y sus resultados. Así se cooptaría y adulteraría la demanda nacional a favor de profundas transformaciones políticas, jurídicas e institucionales. Una modalidad adicional a este camino sería el plebiscito para avalar el proceso, sin aflojar el control férreo de los grupos de poder sobre el mismo.

Este segundo camino, al margen de las variantes mencionadas, parece ser el más acariciado por algunos sectores del actual gobierno y por los segmentos más asustados y pragmáticos de los llamados “camisetas blancas”; es decir, los responsables del golpe de Estado.

Es la vía propicia para un bipartidismo acostumbrado a capitalizar a su favor los cambios y reformas que

la sociedad ha venido demandando en casi treinta años de democracia formal.

En esta ruta, los cambios serían reales, pero no profundos. Tendrían que estar relacionados, por ejemplo, con reformas a la Ley Electoral y de los Partidos Políticos para facilitar la inscripción de nuevos partidos y de candidaturas independientes; o con reformas a la elección de magistrados a la Corte Suprema, Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Fiscal General de la República y órganos contralores del Estado para aparentar que se busca impedir su manipulación y que se quiere combatir la corrupción.

De igual manera se reformaría el reglamento interno del Congreso Nacional, queriendo democratizar sus decisiones y reducir las atribuciones de su presidente, que actualmente tiene poderes omnímodos. Pero la estructura de control sobre el Estado, quedaría intacta.

Este camino es el que, con cierto pragmatismo, estaría impulsando una clase política y empresarial ansiosa de maquillar su viejo rostro para mantenerse en el poder. Este representa un verdadero desafío para la Resistencia, tanto la que agrupa el FNRP, como la que lucha por la soberanía y la participación popular sin atarse a estructuras organizativas, y que se complementan en una visión y búsqueda comunes.

TERCER CAMINO: PRESIÓN Y NEGOCIACIÓN PARA AVANZAR Arrancar y conquistar espacios de poder en la sociedad y el Estado a través de la presión y la negociación. Es el camino más complejo, cuesta arriba, porque supone una concepción para ir ganando terreno progresivamente y una estrategia para construir, en el proceso, un

ACTUALIDAD poder político basado en la inclusión del mayor número de sectores sociales que se complementan al sumarse desde la diversidad y la diferencia. Lo que ha de unir —además de darle coherencia e identidad a esta lucha en la diversidad—, es la apuesta por los indefensos, oprimidos y marginalizados.

Este tercer camino tiene otro punto de referencia: la situación política y social se ha descompuesto y deteriorado tanto que sólo se puede apostar por una refundación del país. Sin embargo, la descomposición es tan grande y el deterioro tan profundo, a la vez que el poder de la oligarquía es tan cerrado, que sólo se puede avanzar hacia una solución construyendo consensos mínimos. El país no está para buscar máximos desde un solo sector, y menos aún en el corto plazo.

tica estrategia de lucha que incluya a sectores distintos que los gremios, con demandas que recojan el clamor de comunidades organizadas en territorios que les dan identidad y referencia existencial.

Esta estrategia debe ser capaz de definir los contenidos que den sentido a la lucha y la negociación, estableciendo además una amplia política de alianzas que identifique plenamente a los adversarios y a quienes pueden ser aliados, aunque no se coincida con éstos totalmente. Este proceso sólo puede darse si existe firmeza y claridad en su identidad y en el rumbo por el que se quiere orientar al país para su refundación. La firmeza es la única que ofrece garantía y capacidad para que un sujeto político sea tan flexible como para definir una amplia política de alianzas.

DE MÁXIMOS Y MÍNIMOS El máximo al que se puede aspirar es a construir estos consensos mínimos entre diversos sectores, mediante un proceso continuo de presión y negociación. Transitar por este camino y adueñarse del proceso es parte esencial de la lucha y de la construcción de la identidad de los resistentes. A lo largo de esta ruta, la Resistencia puede consolidarse como un fenómeno político, social y cultural que sabe situarse en la realidad nacional no por la carrera apresurada para llegar a la meta, sino por saber identificar y aprovechar las circunstancias para convertirlas en oportunidades para avanzar, sumar y conquistar poder y experiencia popular.

Este camino presupone que el FNRP asumirá el liderazgo en la propuesta y la demanda, desde la apertura hacia diversos grupos. Y ese liderazgo sólo lo podrá construir y ejercer si logra diseñar una autén-

CONTENIDOS ESTRATÉGICOS Los contenidos deberán relacionarse con temas de carácter estratégico. ¿Qué habrá de negociarse frente a los sectores de poder? La tenencia de la tierra y las figuras jurídicas que garanticen su distribución, uso y producción; el uso y control de los recursos naturales; las políticas económicas, de producción y empleo; las políticas sociales vinculadas a educación, salud y vivienda; los derechos étnicos, culturales, de género, organización y plena participación social y política; una nueva ley electoral y de participación política; y, en general, la reforma de los procesos electorales y de selección de funcionarios de instituciones clave; tampoco hay que olvidar las relaciones internacionales.

Estos contenidos deben estar en la base de lo que en este tercer camino se entiende por ANC. Con el liderazgo del FNRP, cada sector

¡QUÉ BUEN NEGOCIO! En el XI Congreso Extraordinario de la Federación Nacional de Fútbol (Fenafuth), uno de los puntos esenciales fue la presentación del informe financiero de la Selección Nacional clasificada al Mundial de Sudáfrica 2010. El presidente de la Federación, Rafael Callejas, reveló cifras alarmantes de ingresos y egresos. Y, para sorpresa de los delegados, los egresos superaron los ingresos.

La Fenafuth invirtió más de L 214 millones en premios a jugadores y cuerpo técnico, alquileres, montaje de partidos, viajes y gastos de concentración. Callejas explicó que “en el proceso de Reinaldo Rueda se recibió un total de L 137 millones por concepto de taquillas, premios de patrocinadores, venta de camisas y el premio de la FIFA por haber clasificado al Mundial”.

El Mundial generó ganancias por L 40 millones.

Cuando algunos delegados solicitaron que se desglosara el informe, el directorio provisional, que dirigía Callejas, determinó que era improcedente, pues “estos congresos extraordinarios son para conocer asuntos para su aprobación. La petición de la Liga no se hizo en tiempo y forma”. Además, el ex presidente de la República sentenció: “No aceptamos que nadie denigre el manejo de las personas de la Federación y más aún que surjan comunicados institucionales que respalden este procedimiento”.

7 octubre 2010

ACTUALIDAD ACUERDO CON EL FMI El 10 de septiembre, la misión técnica del Fondo Monetario Internacional aprobó al gobierno de Honduras un programa económico por 18 meses, más una asistencia financiera de $ 196 millones en apoyo a la balanza de pagos. Además, el gobierno accederá a un financiamiento por $ 220 millones para apoyo presupuestario durante 2010.

Se prevé que el acuerdo será aprobado por el directorio del FMI en las primeras semanas de octubre.

María Elena Mondragón, gobernadora de Honduras ante el FMI, destacó la importancia de haber logrado el arreglo, “pero es más importante mantener la disciplina fiscal porque de eso depende que la estabilidad macroeconómica se recupere y se sostenga”. Aseguró que no habrá más ajustes fiscales ni devaluación del lempira.

El jefe de la misión técnica del FMI declaró que el acuerdo busca restablecer la estabilidad macroeconómica, fortalecer las finanzas públicas, restaurar la confianza de los inversionistas y propiciar la recuperación económica. Explicó que el programa apunta a reducir los desequilibrios fiscales, mejorando la composición del gasto público, para dar espacio a inversión prioritaria y al gasto para reducir la pobreza.

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trabajaría en su formulación, hasta lograr un texto completo y consensuado de los contenidos a debatir en una ANC. De igual manera, el FNRP tendría que formular una propuesta de composición y elección de los delegados a la Constituyente.

Con este paquete en la mano, el FNRP podría organizar un proceso de lucha y presión para obligar al régimen a sentarse a la mesa de negociación; y allí, defender los más genuinos intereses de los sectores en resistencia, formulados desde una propuesta propia de ANC. En la mesa de negociación, el FNRP ha de defender el máximo de los contenidos y demandas sociales, con el fin de lograr el mínimo que no puede ser negociado.

Se entiende que el régimen representará el máximo de los intereses de la oligarquía, para lograr el mínimo. Los “mínimos consensuados” —que llamaríamos “Nuevo Pacto Social”—, se plasmarían en una nueva Constitución de la República. En esta negociación con los sectores oligárquicos, el FNRP no podrá alcanzar sus objetivos sin el apoyo de sus bases a través de acciones de presión popular, contexto en el que habría que situar el llamado a la huelga general o nacional, en su justa y precisa dimensión.

Este camino no descarta, de manera absoluta, los dos anteriores. Pero cada camino, independiente de los otros, resulta inviable de cara a una ruta de salida a la crisis nacional. El primero aplaca la euforia de quienes lo enarbolan, pero también puede ser la ruta más expedita para justificar la irrupción de dictaduras o regímenes crecientemente autoritarios.

El segundo camino puede abrir las puertas para que el gobierno de Estados Unidos encuentre en Honduras el terreno fértil para avanzar

en su propuesta de implantar “democracias autoritarias” en América Latina, con esa rara combinación de instituciones con una democracia formal y electoral, representación y partidos políticos, incluyendo a los de izquierda, con la militarización de la sociedad y un Estado policíaco.

Sin embargo, el tercer camino permite recoger la euforia de los sectores en resistencia que prefieren expresar su presencia y su lucha en las calles, con la ventaja de que la conducción la define y lidera el FNRP. Y, por otro lado, el régimen tiene la oportunidad de presentar su propuesta de ANC y defenderla en la mesa de negociación en igualdad de condiciones, o con la presencia de observadores de reconocida trayectoria nacional e internacional.

CONDICIÓN SUBALTERNA Y UN FACTOR POLÉMICO Para posicionarse como fuerza indiscutible en el proceso de negociación y construir un Nuevo Pacto Social, el FNRP está llamado a tener una estrategia de lucha que le permita definir su papel y lugar en cada uno de los acontecimientos y, así, capitalizar a su favor la dinámica coyuntural. Una fuerza social y política adquiere madurez cuando logra capitalizar los datos y la propia coyuntura. Actualmente, el FNRP no sólo no tiene definida una estrategia, sino que camina a remolque de la coyuntura que se define fuera de sus filas y, con frecuencia, en contra de sus intereses.

El régimen político y los sectores empresariales siguen liderando y sosteniendo los temas que conducen la coyuntura. El FNRP apenas logra tener capacidad reactiva.

Librarse de esta condición subalterna, evitar seguir atrapado en el activismo que en lugar de acumular

ACTUALIDAD le resta fuerzas, y definir una estrategia de lucha con contenidos y de amplias alianzas, es lo que le dará liderazgo y talante negociador. Pero tiene un factor polémico que ha de saber reubicar: Manuel Zelaya Rosales.

En la asamblea realizada en Tocoa, Colón, en julio de este año, el FNRP no aprovechó al máximo la oportunidad de conducir el proceso político hacia una negociación desde la presión social y política, con participación de todos los sectores que han sido parte activa de un proceso común desde el 28 de junio de 2009, con plena independencia de cualquier asomo de bipartidismo y de figuras ligadas a los personalismos.

Al elegir a Zelaya Rosales como coordinador general del primer Comité Ejecutivo Provisional, esa independencia, en lugar de afirmarse, se puso en precario. Hasta el mes de julio, el FNRP se identificaba por ser una instancia con una vertebración diluida, algo gelatinosa. La elección de una estructura de dirección fue un paso adelante, seguramente el de mayor relevancia política desde su conformación tras el golpe de Estado.

La elección de este primer Comité Ejecutivo significa ese gran paso que se necesitaba. Y ocurrió al calor de un fuerte debate y controversia entre las dirigencias del movimiento popular y las de los liberales afines a Zelaya Rosales. En Tocoa, el liderazgo popular alcanzó supremacía sobre los liberales. Los dirigentes populares hicieron sentir su fuerza ante unos liberales que, resentidos, abandonaron el lugar de la asamblea. ¿QUÉ OCURRIÓ ENTONCES? Al parecer los dirigentes populares, sin los liberales, se llenaron

de un sentimiento de orfandad y, ante la posibilidad de que Zelaya Rosales trasladara su liderazgo a los liberales en resistencia, retirados del FNRP, decidieron arrimarse a la lógica del caudillo. Y lo eligieron como su coordinador general. Ni lerdos ni perezosos, los enemigos de la Resistencia aprovecharon la ocasión para calificar a sus componentes como “zelayistas”; y, desde entonces, toda decisión que se asume en nombre de ésta es decidida por Manuel Zelaya Rosales puesto que, al final de cuentas, es oficialmente el máximo dirigente elegido por los asambleístas.

El liderazgo de Zelaya Rosales es ampliamente reconocido en importantes sectores del país, y en la Resistencia en particular. Ese dato tiene fundamento. Sin embargo, él proviene de un sector social y de una escuela política que privilegia las decisiones personalistas sobre las comunitarias y colectivas.

Proviene, además, de las filas del bipartidismo, con metodologías y prácticas propias del clientelismo, las decisiones desde la cúpula y la eterna referencia al caudillo.

UNA RUPTURA NECESARIA Zelaya Rosales no tiene experiencia de lucha organizativa popular. Durante su presidencia, tales luchas lo ponían nervioso. Todavía en julio de 2007, él personalmente decidió una severa represión contra los pobladores del occidente que exigían una nueva ley de minería. Un dirigente popular no se improvisa en una coyuntura. Zelaya está llamado a participar en la Resistencia, pero con el compromiso de trasladar su capital político, no para convertirse en el caudillo indiscutible, sino para fortalecer la estrategia de lucha del FNRP ante una oligarquía insensible y militante.

PARA LOS DIPUTADOS SIEMPRE HAY DINERO Durante el primer semestre de 2010 las y los diputados han recibido unos 60 mil lempiras ($ 3153.00) en concepto de subsidios. En total, el Congreso ha entregado a los 128 diputados propietarios 7 millones 680 mil lempiras ($ 403,628.45) a través del Fondo Social Departamental.

En mayo, cada parlamentario recibió diez mil lempiras para celebrar el Día de la Madre en sus departamentos; los presidentes de bancada recibieron veinte mil. Luego, argumentando que realizarían actividades sociales, como entregar becas o pequeñas ayudas, el Congreso les adjudicó una segunda contribución de L 50 mil ($ 2,628.00).

En un acucioso reportaje del 10 de septiembre, Revistazo.com informa que nadie les pudo explicar con certeza cuál es el proceso para liquidar los subsidios, y que para obtener copia de los cheques emitidos a los diputados –que solicitaron por la vía de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública-, en el Congreso les pidieron ¡800 mil lempiras para sacar fotocopias!

9 octubre 2010

ACTUALIDAD Una condición para el desarrollo de la lucha política actual, y así avanzar hacia la estructuración del FNRP en torno de una estrategia común, es dejar de vivir bajo la tutela del caudillo Zelaya Rosales y de cualquier otra figura personalista.

Esta es una condición para poder avanzar hacia un desarrollo político con amplia participación, con liderazgos participativos y colectivos; y aquí, sin duda, habrá un lugar para Zelaya. De no lograr esta ruptura con el paternalismo, el FNRP corre el riesgo de convertirse en una más de las estructuras políticas existentes; aunque se defina como frente amplio o se constituya en partido político, arrastrará todas las metodologías y prácticas del caudillismo, nefasta herencia del bipartidismo.

LA TAREA POLÍTICA IMPOSTERGABLE Para las poblaciones organizados en las regiones, y con las que coinciden algunos dirigentes de su Comité Ejecutivo, el FNRP está llamado a clarificar, al menos, los siguientes aspectos: 1. Su identidad en torno de cómo comprenderse como Sujeto Político Social con capacidad para orientar, conducir, aglutinar y liderar la Resistencia, sin exclusiones y con plena apertura hacia la diversidad de

10 envío

pensamiento e identidades organizativas, culturales, étnicas, políticas y religiosas.

2. Tiene la responsabilidad de diseñar una estrategia nacional de lucha con capacidad de generar creatividad, originalidad y articulación para capitalizar los acontecimientos de la coyuntura e imprimirles su propio sello.

Para ello, es necesario que defina una agenda nacional de lucha, con sus contenidos y demandas.

3. Le atañe también la responsabilidad de clarificar la formulación, el proceso y los contenidos de la ANC. 4. Abrir espacios de debate es una condición para que las organizaciones y sectores que participan o se sienten identificados con el FNRP estén informados, discutan abiertamente los temas y contenidos de lucha, y quede establecido el carácter democrático y participativo de la Resistencia hondureña.

DECISIONES EXPLÍCITAS PARA NO CONFUNDIR El tiempo apremia, y el FNRP no puede dedicarse únicamente a planificar acciones y movilizacio-

nes. La tarea política fundamental es la clarificación política en torno de los grandes temas de identidad y estrategia frente al actual período y ante toda la sociedad hondureña. El FNRP cuenta con un año corto para este proceso de definición, porque no puede esperar a que lo alcance el fatídico calendario electoral conducido por los partidos tradicionales, que comienza con las elecciones primarias e internas.

El FNRP debe clarificarse antes de que el país se introduzca en ese túnel donde mucha gente puede perderse, si no existen decisiones explícitas. Si establece previamente qué es y qué quiere con la ANC, entonces tendrá capacidad de orientar a sus organizaciones hacia la posición común que se ha de asumir frente al proceso electoral liderado por el bipartidismo.

Si esto no sucede, en lugar de aclarar y orientar, el FNRP contribuirá a confundir y a dispersar posiciones, y tales confusiones se pueden traducir en rupturas y desarticulación. Por todo ello, es fundamental que siente posición sobre su identidad, su estrategia de lucha y su visión sobre la Asamblea Nacional Constituyente.

ACTUALIDAD

Migrantes: ¿Víctimas sumisas o en desobediencia civil?

JOSÉ LUIS ROCHA*

La masacre de migrantes en Tamaulipas estremeció a la comunidad latinoamericana. 72 personas, entre ellas al menos 16 hondureños, fueron ejecutadas por Los Zetas. No obstante, el empeño tozudo de los migrantes, cruzando fronteras contra viento y marea, nos indica que ni son ni debemos verlos como víctimas. Son pioneros de una nueva forma de desobediencia civil. Saben que violan la legalidad, pero su transgresión, en nombre de la justicia porque “van buscando vida”, anuncia rasgos de otro mundo posible.

L

os gobiernos centroamericanos, con la excepción del gobierno de El Salvador, apenas tie­nen­ políticas hacia los migrantes. Y se requieren políticas que mejoren las condiciones en que realizan el tránsito, en las que viven los procesos de deportación y en las que se insertan en las sociedades de destino.

Esa carencia de políticas, y no sólo la voluntad de segregar y expulsar es, en gran medida, la raíz de que las deportaciones aumenten y de que los migrantes sean sometidos a procesos que no respetan las mínimas garantías legales.

Zygmunt Bauman afirma que los migrantes deben pagar “más por la superpoblada tercera clase de un bote pestilente y derrengado que otros por los lujos dorados de la business class”.

En dimensiones latinoamericanas, los mi­gran­tes pagan de cuatro hasta ocho veces lo que cuesta un viaje aéreo en primera clase para realizar un viaje arduo y riesgoso, a pie, en bus, en tren, evadiendo a Los Zetas y a otras bandas delincuenciales, un alto costo que se explica por las asimetrías de la globalización.

LA ANTESALA DEL SUEÑO AMERICANO ES LA PESADILLA MEXICANA Los desafíos de quienes regresan al Sur deseando el Norte son muy distintos de quienes van al Norte *

Investigador del Servicio Jesuita para Migrantes de Centroamérica (SJM) y miembro del Consejo Editorial de la revista Envío de Nicaragua.

deseando visa para un sueño. En apenas cinco años, México se ha convertido en un terreno lóbrego donde “la migra” ya no es la principal ni la más temida amenaza.

Hechos recientes lo confirman. El 23 de agosto de 2010 el ejército mexicano encontró los cadáveres de 72 migrantes en un rancho de Tamaulipas. Había brasileños, hondureños, salvadoreños y ecuatorianos: 58 hombres y 14 mujeres que habían ingresado por Chiapas y se dirigían a la frontera de MatamorosBrownsville. Fueron atacados por una cuadrilla de Los Zetas, mercenarios que hicieron su debut como fichas del cártel del Golfo y que de un tiempo a esta parte operan de forma independiente, dedicados al sicariato, al narcotráfico y al secuestro y extorsión de migrantes.

Los migrantes no pudieron huir, pese a que alguien dio la voz de alerta cuando los delincuentes empezaron a rodearlos. Fueron secuestrados, recluidos en la finca, interrogados para sondear las posibilidades de extorsión, y luego ejecutados.

Todo esto lo narró un joven ecuatoriano de 19 años, identificado como Luis Fredy Lala Pomadilla, sobreviviente de la masacre con una herida de bala en el rostro. El joven dio parte a efectivos del ejército que, en su recorrido hasta el lugar de los hechos, interceptaron a un grupo armado con el que sostuvieron un enfrentamiento y al que decomisaron un arsenal de armas, uniformes de camuflaje y una camioneta clonada de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El Proyecto Kino, que la Compañía de Jesús tiene en la frontera de Nogales, denunció la masacre como 11 octubre 2010

ACTUALIDAD un efecto “de la nociva política migratoria del Estado mexicano y de la falta de prevención de las actividades ilícitas cometidas en su agravio”. También señaló que la masacre no es un suceso aislado, sino “una muestra clara de cómo se agudiza la violencia contra las y los migrantes por parte de agentes del Estado y particulares”.

En éste y en otros casos, dicen, “constatamos cómo las acciones de secuestro a personas migrantes se dirigen no sólo a solicitar rescate, sino a someterlos a condiciones de explotación laboral y sexual, y para otros fines ilícitos. Cabe señalar que el delito de secuestro contra migrantes es un hecho grave que se suma a los abusos perpetrados, tanto por servidores públicos, como por miembros de la delincuencia organizada y común. Estas violaciones sistemáticas a los derechos de las personas migrantes son consecuencia de la falta de enfoque de derechos humanos en la política migratoria: la precariedad institucional, la criminalización de facto de la migración en situación irregular, y la corrupción y la impunidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno”. La respuesta del gobierno mexicano fue un infor­me enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Hu­manos, en el que intentó negar la dimensión de la tragedia.

Entre otras peticiones, el Proyecto Kino y muchas otras instancias que suscribieron el comunicado, manifestaron “la urgente necesidad de modificar el enfoque actual de la política migratoria, cuya consecuencia es la perpetuación de la violencia, la sistemática generación de víctimas invisibles y, como en este caso, la masacre de 72 personas”.

MASACRE DE TAMAULIPAS: NI PRIMERA NI ÚLTIMA Lamentablemente, la denuncia tiene toda la razón, precisa­men­te en su punto medular: lo ocurrido en Tamaulipas no es­un caso excepcional y la negligencia del gobierno mexicano ha sido un elemento imprescindible para su consumación. Un informe de Amnistía Internacional, titulado Víctimas invisibles: migrantes en movimiento en México, denuncia la captura de migrantes por policías mexicanos para entregarlos a Los Zetas.

El informe también denunció los usos excesivos de fuerza, como el ocurrido cuando “el 31 de marzo de 2008, el tren (que llevaba un grupo de migrantes) fue interceptado por agen­tes del INM (Instituto Nacional de Migración) apoyados por 50 miembros de la Marina mexicana que empuñaban rifles y macanas... Los migrantes trataron de huir, pero los miembros de la 12 envío

Marina los persiguieron y los golpearon con macanas, obligándolos a tumbarse en el suelo”.

Otro exceso documentado ocurrió el 9 de enero de 2009, cuando “la policía del Estado abrió fuego contra un camión que transportaba a unos 45 migrantes irregulares de El Salvador, Guatemala, Honduras, Ecuador y China. Tres migrantes murieron y otros ocho resultaron heridos de gravedad en el incidente, que tuvo lugar cerca de la localidad de San Cristóbal de las Casas, Estado de Chiapas. Según varios sobrevivientes, cuatro agentes iban en un autopatrulla que estuvo siguiendo al camión. Los agentes dieron el alto al camión y, como éste no se detuvo, hicieron varios disparos de munición real. Un migrante dijo que ‘los policías nos dispararon como animales’”.

Los casos de extorsión no escasean: “El 23 de enero de 2010, tres vehículos de la Policía Federal hicieron detenerse a un tren de carga en el que viajaban más de un centenar de migrantes irregulares… Según varios migrantes, unos policías uniformados y armados los obligaron a bajar del tren y a tumbarse boca abajo, y luego les robaron sus pertenencias”.

También hay abuso físico: de 90 mujeres entrevistadas en la estación migratoria de Iztapalapa, 23 declararon haber sufrido algún tipo de violencia, incluida la violencia sexual, y 13 señalaron a funcionarios estatales como perpetradores del acto. Los oficiales operan en la más completa impunidad: en febrero de 2010, el INM informó a Amnistía Internacional que ninguno de sus agentes había sido destituido por violaciones de derechos humanos debido a que “éstas no constituyen motivo de destitución en virtud de las leyes laborales federales”.

Un testimonio de la inoperancia de las autoridades mexicanas nos lo proporciona el pronunciado contraste entre los datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que dio cuenta de 9758 migrantes secuestrados en seis meses, entre fines de 2008 e inicios de 2009, y las cifras del Gobierno Federal: 393 víctimas de secuestros entre enero de 2008 y abril de 2010 y 17 operativos en los primeros cuatro meses de 2010 para liberar a 57 detenidos.

CAPTURADOS, DETENIDOS Y DEPORTADOS SON “ASEGURADOS, ALOJADOS Y DEVUELTOS” Para quien disfruta de los eufemismos, los servicios mexicanos de migración son toda una autoridad que ha llevado el género a sus cotas más exquisitas. El gobierno

ACTUALIDAD mexicano no captura migrantes: los “asegura”. Tampoco los recluye en centros de detención: amablemente los “aloja”. Y por supuesto que jamás los deporta: los “devuelve” a los países de origen.

Asegurar es una palabra polisémica. El diccionario admite varias acepciones. Suponemos que asegurar es “preservar de daño a las personas y las cosas”. Pero la migra mexicana debió tener en mente una acepción menos benévola: “Poner a una persona en condiciones que le impidan huir o defenderse”. Algo semejante ocurre con alojar. Uno podría suponer que la migración hace referencia a la acepción más común: “Hospedar o aposentar”, cuando hay que concluir que se refieren a “colocar una cosa dentro de otra, y especialmente en cavidad adecuada”: los migrantes dentro de las prisiones. En cuanto a “devolver”, no parece suscitar dudas: “Volver una cosa al estado o situación que tenía”, siendo ese estado un Estado y la situación la misma pobreza de la que quisieron huir. ¿O se referirán a la acepción que hace de “devolver” un sinónimo de “vomitar”, “arrojar de sí violentamente una cosa que tiene dentro”? ¿Arrojar migrantes que están dentro de su territorio? En los casi diez años que van desde 2001 hasta julio de 2010, México ha asegurado, alojado y devuelto a 2 millones 496 mil 890 centroamericanos.

UNA MAREA QUE CRECE Y NADIE DETIENE El cuatrienio de 2005 a 2008 reportó 233 nicaragüenses deportados cada mes. También fue el peor período para los hondureños. Los salvadoreños y guatemaltecos fueron más afectados en 2001-2004. El año 2005 fue el de mayor tapisca de centroamericanos para la migra: más de ocho mil guatemaltecos, 6585 salvadoreños, 3579 hondureños y 300 nicaragüenses cada mes.

A partir de ese año las capturas han disminuido.

Quizás debido a un adelgazamiento del flujo por razones que hay que escarbar en las condiciones de Estados Unidos: la crisis económica, el reforzamiento del muro y la aplicación de políticas xenófobas, entre las cuales la ley de Arizona es sólo la más desvergonzada, pero de ningún modo una golondrina que no hace verano. El verano —desértico— era previo a esa perversa golondrina. Quizás el decremento del flujo sea también un efecto de los temibles Zetas, que sin piedad e incluso contra todo cálculo egoísta, están matando a su gallina de los huevos de oro. Sin embargo, los migrantes siguen cruzando, evadiendo peligros y acechando oportunidades. Tal y como los vio en 1992 el periodista español Javier Reverte:

Sale el que puede camino de Estados Unidos. Y salen también esos desesperados espaldas mojadas que durante el día han estado sentados junto a las vallas altas de latón, contemplando el otro lado de la frontera, los anchos campos de Yanquilandia, los horizontes de su particular American Dream. Ahora, con la oscuridad, saltan la valla, corren entre las alambradas, alcanzan la autopista y cruzan rezando para que no les golpee un carro surgido de la lejanía como un cohete. Al otro lado de la autopista les espera el contrabandista al que han pagado el sueldo de un año para que les cruce a Estados Unidos. Irán a parar al fondo del maletero de un auto, o al centro de un camión repleto de cerdos o de ovejas, para iniciar un viaje a los oficios más miserables, a los suburbios más malolientes de Estados Unidos, a los downtowns de las grandes metrópolis donde huele a basura y a humanidad doliente, al fondo de la noche la mayoría de ellos.

Centroamericanos deportados desde México 2001-julio 2010 Países

2001 a 2004

2005 a 2008

2009

Enerojulio 2010

2001julio 2010

Guatemala

6,093

5,828

2,415

2,292

617,196

Honduras

4,248

4,271

1,912

2,406

448,691

El Salvador

2,344

2,082

830

1,1039

229,703

Nicaragua 152 233 75 77 19,897 Fuente: Instituto Nacional de Migración. Secretaría de Gobernación

INJUSTICIAS Y FALTA DE INFORMACIÓN La migración irregular a Estados Unidos y las deportaciones desde ese país siguen siendo un síntoma de lo que el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos llama “globalismos asimétricos”: puerta ancha para las mercancías, ojo de aguja para las personas.

2009 es el último año cuyas estadísticas en asuntos migratorios pone a disposición del público el Department of Homeland Security. Ese año finalizó con 79 mil 632 deportados centroamericanos: apenas 191 menos que en 2008, año récord en deportaciones de centroamericanos. Un vistazo a la serie histórica más reciente —los últimos diez años— nos muestra un incremento del 541% si partimos de los 12 mil 414 de 1999.

El Servicio Jesuita para Migrantes de Centroamérica, en colaboración con la Iniciativa Kino de Nogales, la Universidad de San Francisco y el Servicio Jesuita para Migran­tes de México, está construyendo una 13 octubre 2010

ACTUALIDAD base de datos de mi­gran­tes deportados desde Estados Unidos. La base aún es incipiente, pero permite un análisis embrionario sobre los atropellos a los derechos humanos de los migrantes.

consulados salvadoreños, que llevan la delantera a sus homónimos de la región en protección consular, contacto de abogados, organización de eventos culturales y entrega de información sobre los TPS y otros programas.

Esta estrategia sería también aplicable en México, donde las amenazas de la delincuencia organizada y los abusos de las autoridades urgen la defensa de los centroamericanos.

La segunda estrategia consiste en establecer alianzas con ONG, asociaciones de abogados y bufetes universitarios que brindan servicios gratuitos de representación legal a personas que enfrentan juicios en los juzgados de migración. Los consulados no pueden prestar todos los servicios ni dar seguimiento a tantos miles de casos. Pero sí pueden hacer de puentes entre los migrantes y las personas e instituciones que están al servicio de los migrantes y que pueden ofrecer monitoreo, asesoría legal y auxilio humanitario en las cuatro áreas donde nuestros entrevistados detectaron abusos y anomalías: captura, juicio, detención y deportación.

No hay que reducir a los migrantes a la condición de víctimas. Nada más lejos de la intención de este recuento de los atropellos a los que se ven sometidos.

Hay un elemento fuertemente contestatario en el empeño tozudo de los migrantes indocumentados que buscan cruzar fronteras contra viento y marea. Y hay que dar cuenta de los provocadores alcances de ese empeño mediante una interpretación que redime su ilegalidad y le abre las puertas a un reconocimiento de su potencial legitimidad: la interpretación del ingreso irregular a un país como un acto de desobediencia civil en una dimensión transnacional.

¿QUÉ PODRÍAN HACER NUESTROS CONSULADOS? Las diferencias de condiciones y trato en los centros de detención en Estados Unidos son muy acusadas. El Estado de derecho, incluso en una democracia liberal tan paradigmática como la de Estados Unidos, deja un amplio margen a la discrecionalidad de los directores de las prisiones, jueces y agentes de migración. El desafortunado migrante que caiga en las garras del Sheriff Arpaio, en el condado Maricopa, de Arizona, será alojado en ciudades tienda y forzado a trabajar en cuadrillas de cinco encadenados y a ingerir comida que cuesta sólo 30 centavos de dólar el plato.

Existe la oportunidad de conseguir unos estándares básicos de respeto a la dignidad de los detenidos por las autoridades migratorias y de homogeneidad en su acceso a servicios e información. Depende de que se active la protección consular, un derecho que todos nuestros entrevistados consideran inexistente en la práctica. La imposibilidad de tener presencia consular en todas las localidades donde hay juzgados y centros de detención migratoria obliga a diseñar estrategias.

La primera consiste en la creación, o reconversión, de consulados nacionales en consulados de los países del CA-4: Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras.

Consulados centroamericanos que presten servicios a los migrantes que proceden de los cuatro países más afectados por las deportaciones.

Esta opción tendría las ventajas de multiplicar los servicios sin expandir los costos de manera excesiva, y la de aprovechar el largo camino recorrido por los

LOS MIGRANTES VOTAN CON SUS PIES ¿Por qué traer a colación el recurso a la desobediencia civil y la caracterización del ingreso ilegal en

Centroamericanos deportados desde Estados Unidos 1999-2009 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Belize

Países

191

170

185

178

179

202

219

211

233

218

237

Costa Ricar

227

328

392

376

515

599

676

795

655

687

671

El Salvador

4,160

4,736

3,928

4,066

5,561

7,269

8,305

11,050

20,045

20,031

20,406

Guatemala

3,763

4,543

4,716

5,396

7,726

9,729

14,522

20,527

25,898

27,594

29,182

Honduras

3,460

4,768

4,548

4,946

8,182

8,752

15,572

27,060

29,737

28,851

26,849

Nicaragua

444

513

526

468

820

947

1,292

2,446

2,307

2,250

2,098

Panamá

169

154

157

163

162

188

187

209

185

192

189

15,593

23,144

27,686

40,773

62,298

79,060

79,832

79,632

Totales 12,414 15,212 14,452 Fuente: U.S. Departament of Homeland Security 14 envío

ACTUALIDAD un territorio nacional como un acto de desobediencia civil? Porque aún está muy difundida la idea de que la soberanía nacional tiene precedencia sobre otros principios y porque la mayoría de los políticos “abiertos” a la migración consideran sagradas las divisiones fronterizas.

Pero los migrantes votan con sus pies contra estas arraigadísimas convicciones sociales. Es decir, saltan a un tiempo el muro y la construcción social que lo soporta. Mientras los soberanófilos veneran las fronteras como tamices especiales e incuestionables que limpian de derechos, los migrantes se siguen filtrando por ellas, a cuentagotas y en grandes grupos, activando la cuenta regresiva de la negación de sus derechos y del punto culminante en que cada tamiz —aunque no desaparezca— cambiará su carácter.

El lamentable hecho de que en Estados Unidos los políticos más “liberales” aboguen por una amnistía, pero insistan en el reforzamiento del control fronterizo, es un timbrazo que alerta sobre la necesidad de una mirada distinta y un planteamiento que, nutriéndose de la tradición liberal —para mejor aterrizar en los constitucionales suelos estadounidenses—, argumente el perfil legítimo que puede adquirir una violación deliberada y sistemática de un precepto legal: no ingresar a un territorio sin ser legalmente admitido por las autoridades competentes.

ES CUESTIÓN DE JUSTICIA: “VAMOS BUSCANDO VIDA” El filósofo liberal estadounidense John Rawls ha reflexionado agudamente sobre la desobediencia civil en su libro Justicia como equidad. Su idea “es que en un régimen democrático razonablemente justo (aunque por supuesto no perfectamente justo) la desobediencia civil, cuando está justificada, ha de entenderse normalmente como una acción política dirigida al sentido de justicia de la mayoría a fin de instarla a reconsiderar las medidas objeto de protesta y advertir que en la firme opinión de los disidentes no se están respetando las condiciones de la cooperación social”. ¿Qué es desobediencia civil? Rawls dice que “es un acto público, no violento y hecho en conciencia, contrario a la ley y habitualmente realizado con la intención de producir un cambio en las políticas o en las leyes del gobierno”. La desobediencia civil “se dirige a los principios de justicia comunes cuya observancia pueden los hombres exigirse mutuamente, y no a las aspiraciones del amor, que no pueden exigirse los unos a los otros”.

Los migrantes ingresan con sobrado conocimiento de que su entrada no cuenta con la bendición legal de las autoridades ni con el beneplácito de una gran porción de la opinión pública. Pero saben que su acto tiene un carácter ambiguo. Por un lado es transgresor. Por otro tiene el respaldo de un principio elemental, fundacional: “Vamos buscando vida”.

Su ingreso e inserción indocumentada tiene oportunidad de éxito, no debido a la caridad, sino porque apela a un principio común de justicia —el derecho a trabajar y a mantener a la familia— y a una demanda del mercado: su mano de obra es necesaria en la sociedad de destino. Su intento busca producir un cambio en la política general —cuando están organizados o bien acechan una amnistía o una prolongación del TPS, regímenes de excepción a la ordinaria severidad de las políticas— o en la aplicación de la política a su caso particular, cuando logran colarse por los intersticios que deja abiertos la heterogeneidad estatal asentándose en ciudades santuario, invocando el nivel nacional contra el nivel local, procreando hijos estadounidenses, incorporándose a una comunidad étnica o religiosa con bien aceitados vínculos políticos, todas situaciones, condiciones y dispositivos capaces de revertir su condición de infractores de la ley. Porque, como señala Rawls, “aunque hay que reconocer la desobediencia civil como una forma de acción política dentro de los límites de la fidelidad al imperio de la ley, es al mismo tiempo un acto más bien desesperado precisamente dentro de esos límites”.

Según Rawls, no importa si se violan leyes democráticamente aprobadas porque en una democracia liberal “no se nos exige que aceptemos el quebrantamiento de libertades fundamentales por mayorías democráticas que se han mostrado ciegas a los principios de justicia en los que descansa la justificación de la Constitución”.

Rawls sostiene que el desobediente civil apela a principios más fundamentales atropellados por las leyes y políticas que, con su acto de desobediencia, procura abolir. En el caso de los migrantes, procuran que la aplicación de ciertas leyes quede en suspenso. Los migrantes apuestan a que el sistema recapacite o tome medidas excepcionales que den un giro a su estatus legal. Apuestan a que el sistema se transforme porque, de diferentes formas, intuyen que “la desobediencia civil legítima, ejercida en la debida forma, es un dispositivo estabilizador en un régimen constitucional, un dispositivo que tiende a hacerlo más firmemente justo”.

15 octubre 2010

ACTUALIDAD LOS DIEZ MANDAMIENTOS DE UN ACTO DE DESOBEDIENCIA CIVIL Rawls sintetiza en diez rasgos las características de un acto de desobediencia civil legítimo. Los expongo a continuación, aplicados a las situaciones que enfrentan las personas que migran.

1. Estar convencido de que la ley, el sistema, las políticas, son injustas Es la convicción más omnipresente. “No es justo.

Nosotros sólo queremos trabajar” es una afirmación común ante las redadas y deportaciones. Ivania, una migrante de Chinandega, Nicaragua, que fue deportada de España en las mismas puertas del país —el aeropuerto de Barajas—, esbozó un análisis de la injusticia y sus raíces: “Muchas personas lloraron, muchas personas se sintieron súper frustradas. Aquello es otra sociedad. Aunque tengamos el mismo idioma, se notan las grandes diferencias. Para ellos el dinero vale mucho.

Lógicamente el dinero vale, por supuesto que sí. Allá y aquí y en todas partes. Pero para ellos, para poder ir a España, el dinero está mucho, pero mucho, mucho, de por medio. Además de que son personas súper racistas.

Tienen bien afianzado el racismo. Vi maltrato. Yo no fui maltratada de manera personal pero sí vi maltrato”.

Rosario, chinandegana de 30 años, consciente de la injusticia de su deportación, se negó a hacerla efectiva: “Sí, me deportaron de Costa Rica, pero no me vine.

Me hicieron un documento. Pero como yo ya había comprado mi pasaje y mi maleta no la tenía cuando me agarraron, entonces a mí sólo me hicieron el documento y me dejaron ir por la maleta, pero no me trajeron ellos.

Eso de que me sacaran era injusto. Entonces yo no salí del país y seguí trabajando”.

2. Considerar que los asiste un derecho más elemental y fundacional de la comunidad humana Se apela ante todo al derecho a trabajar. Ése fue el alegato de Ulises: “En el 97 me fui mojado. Era más duro, caminamos bastante. Por veredas cruzamos la frontera. Seis personas íbamos en ese entonces. Y pasamos tres días para llegar hasta San José. Estando ya allí nos agarraron y nos sacaron para afuera. La policía migratoria. De ahí volvimos a entrar. De la frontera nos volvimos para adentro. Y otra vez nos agarraron. Nos preguntaron qué andábamos haciendo, que si andábamos haciendo alguna cosa mala. No, les dije, nosotros lo que andamos haciendo es buscando trabajo”.

16 envío

3. Conocer los riesgos que s u acto de desobediencia entraña Cuidarse de “la migra” es un principio básico. Lo fue para Samuel y muchos otros: “Me fui por montes.

Pasamos a la par de la frontera. Pagamos un coyote que nos pasara y cuando íbamos pasando por unos potreros tuvimos que pagar plata para poder pasarlos. El coyote le dio plata al guardia para que nos pasara. Íbamos preparados para pagar o ser deportados”.

Como Samuel, Ivania también vio migrantes preparadas estratégicamente para los interrogatorios: “Nos hacían muchas preguntas. Por ejemplo: ¿Si su salario dice que es de tanto por qué usted viene acá? Y decían: Bueno, yo estoy de vacaciones en mi país y, como soy devota de la Virgen del Pilar, vengo a pagar una promesa.

Tengo una deuda con ella y vengo a pagar esa deuda”.

4. Realizar un acto público que se dirige al sentido de justicia de la mayoría Así lo demostró Wilbert en una declaración donde aceptaba, al tiempo que apelaba: “Me trataron bien porque acepté venir deportado. Pero yo les decía que venía deportado pero que volvería a entrar. Ustedes me deportan, pero yo voy a volver a entrar, les dije. Porque ustedes saben que uno no puede estar sin trabajar. Me dijeron que sí, que estaban de acuerdo, pero que ellos me tenían que deportar porque así son las leyes. Sí, esta bien, les dije yo, no se preocupen”.

5. Tener voluntad de transformar un principio, una ley, y no sólo de c ometer una violación puntual Este mandamiento de Rawls no es cumplido a cabalidad por la mayoría de los migrantes. Pero en muchos de ellos anida una voluntad de desafiar principios legales generales, como los que niegan la reunificación familiar o, como en el caso de Noel, la emisión de documentos a menores que tienen familias que mantener: “No saqué documentos porque mi papá no estaba acá, no vivía con nosotros. Yo estaba sacando los documentos, pero me dijeron que tenía que estar aquí mi papá para dar la firma porque yo era menor de edad. Pero yo tenía familia que mantener y me fui por la urgencia”.

6. Aceptar el arresto y castigo sin resistencia, sin violencia y con respeto por los procedimientos legales, pero con rechazo y conciencia de que se está padeciendo una injusticia Ivania era consciente del trato injusto. Sin embargo, aceptó la deportación con estoicismo: “Cuando uno se predispone, se le quita un poco el miedo. Eso es lo

ACTUALIDAD que me pasó a mí. Se le quita el miedo y uno ya prácticamente tiene realizado qué es lo que uno va hacer o de qué manera uno va actuar, con tranquilidad, cuando lo deportan”.

Algunos, como doña Felipa —migrante, esposa de migrante y madre de hijos migrantes en Costa Rica—, pueden enfrentar la situación incluso con humor: “Sí, me deportaron y a mí me daba risa. Sólo era carcajadas. No le tomé importancia a eso. ¿Sólo porque me habían agarrado yo iba a decir ‘éstos tal por cual’? Yo no. Eran carcajadas para mí. Me mandaron por Los Chiles en un barquito a salir a San Carlos. Después nos metieron en un gallinero. Alegre era eso de andar huyendo. Agarrarlo a uno y devolverlo es su trabajo”.

Con ese talante festivo, doña Felipa hizo caso omiso de la deportación, retornó a Costa Rica, ahorró y, cuando regresó a Nicaragua, transformó su casita de plástico en una vivienda de bloques y zinc con piso de baldosas.

7. El acto de desobediencia no debe perjudicar los derechos de los demás “No hemos venido a robar”, dicen los migrantes, buscando deslindar su conducta de actos criminales y aludiendo a un acto reconocido como universalmente delictivo. ¿El robo es un acto de desobediencia civil? En algunas circunstancias podría ser interpretado como un acto de protesta y rectificación de una desigual distribución de la riqueza. Pero es un acto que implica un perjuicio directo a terceros y, por eso, sí puede ser identificado como genuinamente delictivo por los migrantes, en contraposición a su relativamente inocuo cruce irregular de fronteras. ¿Su acto daña la soberanía territorial? Es un reclamo en nombre de una abstracción. ¿Perjudica la gobernabilidad? Rawls sostiene que “si la desobediencia civil legítima parece amenazar la paz civil, la responsabilidad no cae tanto del lado de quienes protestan como del de aquellos cuyo abuso de autoridad y poder justifica tal oposición”.

8. Querer corregir una i njusticia que se repite En el caso de Estados Unidos, Costa Rica y España, no sólo hay una negativa a corregir la injusticia, sino una intención de perpetuarla, expandirla y reforzarla.

La mayor parte de los cambios legislativos van en esa dirección. Ahí está la ley de Arizona para dar testimonio de ello. Se trata, como dice Rawls, no sólo de “una

grave injusticia en la ley sino incluso de una negativa, más o menos deliberada, a corregirla”.

9. Intentar producir un cambio que elimine violaciones sustanciales Lo sustancial a eliminar sería la negación del ingreso y del estatus legal. Cumplida esa meta se establecerían las bases para eliminar las restantes injusticias: el acceso a un proceso jurídico con todas las garantías legales, la educación, los servicios de salud, el empleo, salarios no inferiores al mínimo, no reducirse a una ciudadanía de segunda clase en los países de destino.

Las violaciones a la justicia que la desobediencia civil pretende rectificar son violaciones cuya desaparición establecerá una base para eliminar las restantes injusticias.

10. Apelar a la ciudadanía del país Rawls señala que “el último tribunal de apelación no es el Tribunal Supremo, ni el Congreso, ni el Presidente, sino el electorado en su conjunto. El civilmente desobediente apela en realidad a este cuerpo”. Es obvio que los migrantes, una vez evadidos los controles migratorios, apelan a ese tribunal social de última instancia: las empresas los contratan, las ONG los defienden, los activistas salen a las calles a defender sus derechos, los académicos aplauden el enriquecimiento cultural que su presencia alimenta…

NO SON VÍCTIMAS, SON PIONEROS Las comunidades de migrantes han tomado conciencia de que están siendo víctimas de vejaciones que atentan contra derechos elementales y han acentuado sus protestas llevándolas a campos de desobediencia civil más explícitos, como el boicot del censo 2010 en cinco estados de Estados Unidos. La negativa a brindar la información requerida fue una forma de decir: De acuerdo, ustedes dicen que no existimos, entonces no cuenten con nosotros; ni siquiera nos cuenten a nosotros. Rompiendo con la tendencia habitual de los monitoreos de derechos humanos, nos urgía subrayar en éste que los migrantes no son víctimas dóciles. Construyen, a golpes de ingresos ilegales, nuevos horizontes jurídicos. Son pioneros de otra forma de desobediencia civil.

17 octubre 2010

ACTUALIDAD

La Universidad, entre el atraso y la incertidumbre PABLO CARÍAS*

Durante el primer semestre de este año la UNAH estuvo sumergida en un conflicto, en apariencia laboral, pero que, en esencia, es la suma de problemas nunca resueltos. El gremialismo a ultranza, la escasa participación de la comunidad universitaria y la ausencia de un honesto debate académico, son algunos de los tantos factores que conspiran contra cualquier intento de cambio pues, para muchos, el viejo estado de cosas debe continuar.

D

espués de estar adscrita por muchos años al gobierno central, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) conquistó su autonomía en 1957, cuando el país era gobernado por la Junta Militar de Gobierno.

Al leer la primera Ley Orgánica de la UNAH, inmediatamente se constata que la autonomía es amplia en asuntos relacionados con el gobierno universitario, la docencia y la administración; sus funciones quedaban supeditadas, en lo fundamental, al Claustro Pleno y al Consejo Universitario, con un cuerpo directriz que ejecutaba las políticas de los organismos apuntados1.

La autonomía fue muy generosa y hasta democrática. Estableció el principio de la paridad en el gobierno universitario, por el cual * 1

Sociólogo, docente universitario.

Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras y sus reformas. (s.f.). Tegucigalpa: Editorial Universitaria.

18 envío

los estudiantes tenían una representación igualitaria en los órganos de dirección. Con esto, aparentemente, se superaba la intervención del gobierno en los asuntos de la educación superior, aspecto que se consideraba vital para los nobles propósitos del desarrollo de la ciencia, la investigación y la extensión.

En aquellos años, los beneficios de la autonomía y paridad estudiantil no se hicieron esperar; la Universidad creció en espacio, apertura de nuevas carreras y número de estudiantes, todo esto al calor de los cambios que se producían en el crecimiento económico y social del país.

LOS RESULTADOS ESTÁN EN DEUDA CON LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Lo plasmado en la Ley Orgánica se ha correspondido con la legislación nacional. La Constitución de 1957, como la de 1965 y la de 1982,

reconocen el papel rector de la institución, al señalar que “goza de la exclusividad de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional”. La Constitución de 1982 agregó un nuevo elemento, el aumento de su presupuesto: “El Estado contribuirá al sostenimiento, desarrollo y engrandecimiento de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con una asignación privativa anual no menor del seis por ciento del Presupuesto de ingresos netos de la República…”2.

La asignación presupuestaria a la UNAH, porcentualmente, es la mayor otorgada por el Estado a una institución de educación superior en Centro América y, relativamente, la mayor en relación con el número de estudiantes que atiende y el personal docente, administrativo 2

Constitución de la República de Honduras de 1982. Recuperada el 10 de agosto de 2010, de www.Honduras.net: http:// www.honduras.net/honduras_constitution2.html

ACTUALIDAD y de mantenimiento. Para 2009, las autoridades universitarias propusieron un incremento al presupuesto de aproximadamente 600 millones de lempiras. En 2008, el gobierno destinó aproximadamente 2,500 millones para la UNAH3.

Sin embargo, lo anterior no se corresponde con la cantidad y calidad de servicios que presta; las condiciones físicas, de laboratorios, bibliotecas y de enseñanza en general son extremadamente deprimentes, mostrando un gran déficit en la oferta y calidad educativa que brinda a la población.

Quizá esto se explica porque, del presupuesto de la UNAH, el 80% se destina a pago de salarios y apenas el 20% restante, más lo que se recauda a través del Plan de Arbitrios, se invierte en infraestructura y equipamiento, según lo apuntado por Cristiana Nufio, miembro de la Junta de Dirección Universitaria4.

LA NUEVA LEY ORGÁNICA En enero de 2004 se aprobó la nueva Ley Orgánica de la Universidad que, en uno de sus considerandos, señala: “Que los desafíos de los nuevos tiempos y los requerimientos actuales de todos los sectores de la sociedad hondureña respecto al quehacer de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), exigen la inmediata aprobación de una nueva Ley Orgánica que la rija y sea el fundamento de su estatuto y demás reglamentos, al tiempo que se establezcan preceptos legales que propicien la calidad académica y controlen el uso adecuado, racional y eficaz de

la asignación presupuestaria que constitucionalmente le es privativa, administrándola con transparencia absoluta y legalidad”5.

Con esta nueva Ley desaparece la figura de la paridad estudiantil, pero se crea la Junta de Dirección Universitaria, una nueva instancia en la estructura organizativa con funciones bien delimitadas que, aunque no chocan con las funciones otorgadas a la Rectoría, sí fortalece una especie de gobierno bicéfalo; además, fomenta algunos de los viejos problemas de la institución, como la burocracia y la corrupción.

La experiencia reciente ha demostrado que en el nombramiento de esta Junta de Dirección ha estado presente el elemento político partidario y no el académico, como debería ser. No obstante, una excepción ha sido la elección de la actual rectora, Julieta Castellanos.

Por primera vez en muchos años, se nombró a una profesional sin militancia política visible, conocida como académica e investigadora, con un historial en el campo de su competencia de muchos méritos.

Probablemente eso explica por qué, desde su llegada a la Rectoría, empezaron las conspiraciones contra ella. Para muchos, su gobierno sería efímero y no cumpliría el periodo para el cual fue electa. Apenas tomó posesión de su cargo, el Sindicato de Trabajadores de la UNAH (Sitraunah) declaró una huelga indefinida pretextando violaciones al contrato colectivo. Pero pronto, el movimiento derivó en exigencias de destitución de las autoridades encabezadas por la Rectora.

5

3

4

Véase: “El 80% del presupuesto de la UNAH será para salarios”, El Heraldo, Tegucigalpa, 25 de enero de 2009. Ídem.

Poder Legislativo, 5 de enero de 2005.

Consultado el 11 de septiembre de 2010, en http://www.poderjudicial.gob. hn/juris/Leyes/Ley%20Organica%20 de%20la%20UNAH.pdf

LA CRISIS UNIVERSITARIA, UN TEMA AUSENTE EN EL DEBATE ACADÉMICO Le pregunté a un representante de la Asociación de Docentes Universitarios (Adunah), organización gremial del cuerpo docente, las razones por las cuales no se invitaba a los profesores a asambleas para abrir un debate sobre los cambios que requiere la Universidad para impulsar la academia. La respuesta clara y llana fue que este tema no interesa a los profesores. Y me comentó que si se convoca para una propuesta de aumento salarial, los docentes asisten masivamente, pero cuando se habla de la sociedad del conocimiento, la junta directiva se queda sola.

Esta es una de las razones por la que el protagonismo en la creación de la nueva Ley Orgánica recayó en el Congreso Nacional y no en la comunidad universitaria, como debió ser; los diferentes estamentos de la institución no fueron capaces de consensuar una propuesta para que, sobre ella, se pronunciara el Congreso. Cada gremio presentó la suya; en suma, salieron 14 propuestas del seno de la Universidad.

Las posiciones más sensatas insistieron en que las reformas —necesarias por la caducidad y el bajo rendimiento académico en que se ha caído— debían hacerse con el acompañamiento de la comunidad universitaria pues, eventualmente, podrían revertirse en contra de los intereses de la UNAH. La experiencia histórica demuestra que, para que haya reformas o cambios significativos en una parte o en todo el sistema, ha sido necesario que los diferentes grupos que lo integran, al menos la mayoría, sean parte activa y propositiva.

Hacer cambios donde los mismos se ven como amenazas y no 19 octubre 2010

ACTUALIDAD como posibilidades, no es tarea fácil. Por tanto, lo más probable es que las reformas se frustren, creando condiciones para situaciones peores que las que se pretende modificar. Hasta hace poco, la amenaza de anarquía era visible en la institución.

DERECHOS PERFECTOS Y OBLIGACIONES IMPERFECTAS En la UNAH , las conquistas salariales alcanzadas son bastante generosas. La política salarial se basa en años de servicio y costo de vida; no existe un plan de méritos basado en cantidad y calidad del trabajo debidamente justificadas.

De ahí que, con el paso del tiempo, fueran creciendo las obligaciones económicas de la Universidad con sus trabajadores, en la misma medida que renunciaba a su potestad de exigir el cumplimiento de las responsabilidades laborales.

Derechos perfectos y obligaciones imperfectas ha sido la tónica para su personal.

La defensa de los “derechos adquiridos”, sin importar la situación de la UNAH y las condiciones en que fueron logrados, fue elevada a una categoría política de la dirigencia gremial. Además, en muchas ocasiones, durante las negociaciones de contratación colectiva, las autoridades universitarias sugerían a las organizaciones reclamantes abocarse a las autoridades centrales, es decir al gobierno, para que ejecutaran el presupuesto conforme a lo que señala la Constitución.

De esta forma desviaban la presión hacia el gobierno, con propósitos claros de quedarse con parte de la asignación para mantener programas de dudoso origen y, a la vez, complacer las demandas de los 20 envío

trabajadores. Era una negociación basada en el “yo te doy y tú me das”, en el toma y daca.

En general, las negociaciones con las dependencias del Estado —y la Universidad es una de ellas—, no han sido difíciles. Cuando el Estado tenía alguna capacidad de negociación, es decir, mayor disponibilidad de fondos, éstas terminaban casi siempre con grandes conquistas económicas y normativas.

Hay que recordar que las autoridades representativas de la patronal decidían sobre fondos públicos que no afectan el interés particular del sector privado; han dado a los trabajadores lo que no es suyo. A fin de cuentas, la misma negociación les beneficiaba porque, con ella, justificaban sus jugosos aumentos salariales y otras prebendas.

ESTADO FALLIDO Y GREMIALISMO A ULTRANZA: ¿QUÉ CABE ESPERAR? Lamentablemente, en el debate sobre la Universidad no están presentes las categorías y conceptos analíticos que requiere todo juicio.

Muchos académicos se quedaron en el análisis de una parte del problema, más motivados por cuestiones de índole personal que por la llamada imaginación sociológica; para éstos, la crisis de la UNAH está determinada por el gobierno universitario, sin tomar en cuenta, por ejemplo, que la Universidad es el Estado en materia educativa.

En tal sentido, una universidad inmersa en un Estado fallido y un gremialismo a ultranza ¿qué resultados puede proporcionar?

Un debate académico y honrado ha hecho falta.

Por otra parte, no se toma en cuenta la participación de otros

segmentos de la comunidad universitaria. En el escenario sólo aparece un sindicato heredero del clientelismo y la corrupción, que concentra su accionar en reivindicaciones economicistas. En cambio, destaca la ausencia del movimiento estudiantil, al extremo de que la sede de la otrora combativa Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras (FEUH) fue clausurada, sin que los estudiantes hayan protestado.

EL SINDICALISMO CLASISTA COMO OBSTÁCULO AL DESARROLLO ACADÉMICO El sindicalismo clasista tuvo razón de ser en los años de la posguerra, cuando la producción industrial obedecía a un modelo económico de naturaleza fordista, donde el encadenamiento productivo determinaba altos niveles de intensificación del trabajo. Hoy la organización de la empresa, en lo fundamental, se basa en otras formas que incluye hasta el trabajo por obra, como en los primeros años de las sociedades artesanales. Además, el modelo neoliberal ha impulsado políticas de flexibilización laboral, entre otras, que han logrado debilitar a las organizaciones sindicales, restándoles protagonismo.

De ahí que en Honduras, el mayor nivel de combatividad gremial no se encuentra en los sindicatos de la empresa privada, sino que se observa en el sindicalismo del sector público. Es en las instituciones del Estado donde hay más huelgas y protestas, casi siempre motivadas por reivindicaciones económicas.

Cada día que pasa el Estado pierde funciones y se debilita, sin que los sindicatos hayan reparado en la necesidad de elaborar una estra-

ACTUALIDAD tegia orientada a la defensa de sus conquistas en un nuevo escenario de desempleo galopante y empobrecimiento de los sectores asalariados.

Por tanto, el futuro del sindicalismo es incierto.

Los sindicatos del sector educación se convierten en obstáculos al desarrollo en la medida que priorizan sus conquistas económicas, imponen cláusulas que reducen la responsabilidad laboral del personal, y asumen tareas que son propias de las autoridades, como la contratación y seguimiento de la actividad de los trabajadores.

Si los líderes sindicales comprendieran que la educación es un derecho que está por encima de cualquier otro interés, y fueran capaces de elaborar una política gremial que coadyuve a los cambios institucionales, no pondrían en peligro la vida de la UNAH, de la organización sindical y, con ello, los intereses básicos de los trabajadores.

UN CONFLICTO DE ALTA INTENSIDAD El Sitraunah es una de las organizaciones pioneras en la conquista de beneficios laborales y, en el pasado lejano, con un fuerte arraigo en el movimiento sindical hondureño.

Pero fue incapaz de renovarse. Por el contrario, fue presa de prácticas burocráticas, clientelares y de corrupción, asumiendo tareas impropias de un sindicato, como exigir la destitución de las principales autoridades universitarias.

En esencia, esto fue lo que generó el conflicto que concluyó a inicios de septiembre, aunque se venía gestando desde que Julieta Castellanos asumió la Rectoría.

El conflicto inició el pasado 23 de febrero, cuando miembros del Sitraunah se tomaron las instala-

ciones del edificio administrativo de la Ciudad Universitaria, argumentando que las autoridades universitarias estaban usando “tácticas dilatorias” en la negociación del XIV contrato colectivo. Además, realizaron “asambleas informativas” —que no son más que paros disfrazados—, se tomaron los portones principales de acceso a las instalaciones universitarias, hasta que las acciones culminaron con el cierre total de la UNAH. Las autoridades universitarias, reaccionando ante esto, procedieron a despedir a unos 135 trabajadores; justificaron la medida en el abandono de labores por parte del personal de mantenimiento —donde se concentra la base social del Sitraunah—, durante los días que duró la huelga. El sindicato, sin seguir los procedimientos administrativos y legales correspondientes, recurrió a la huelga general e indefinida, acompañada de una huelga de hambre que duró cerca de cuatro meses.

Pero la huelga no contó con la simpatía de la mayoría de los trabajadores universitarios; la Adunah tampoco se sumó a la protesta y continuó con las actividades académicas, en vista de lo impopular de las medidas adoptadas por el sindicato, y por su propia debilidad ante demandas y acciones que en el pasado fracasaron.

SOLUCIÓN SIN DIÁLOGO En las condiciones descritas, las autoridades optaron por el recurso legal y, ahora, algunos líderes sindicales enfrentan demandas por sedición, usurpación y daños agravados en contra de los intereses de los estudiantes, promovidas por el Ministerio Público.

Por ahora, el conflicto se ha resuelto. Y se ha resuelto sin diá-

logo entre las partes. En distintos momentos hubo conversaciones con la mediación de la Secretaría del Trabajo. Pero éstas nunca prosperaron, en parte porque la dirigencia sindical asumió una posición del “todo o nada”.

La dirigencia sindical ha estado acostumbrada a imponer su voluntad sin mayores tropiezos ante unas autoridades complacientes. Quizá por ello, en esta ocasión, no supo sortear los obstáculos de una negociación que, al menos, garantizara la estabilidad laboral y la existencia misma de la organización.

LA TENSA CALMA La calma ha vuelto a la Universidad, pero en el ambiente se respira tensión e incertidumbre.

La incertidumbre pesa en los trabajadores, acostumbrados a que su estabilidad laboral descansara en la defensa a ciegas del sindicato, siempre ajeno a las responsabilidades que atañen a los empleados universitarios. Pero también persiste la incertidumbre en los profesores que, más preocupados por la cuestión docente, ven en la escasa participación de la comunidad universitaria un peligro para que las reformas se estanquen, o sigan un rumbo imprevisto y, sobre todo, no deseado.

Muchos creemos que todavía es tiempo de que la comunidad universitaria se incorpore activamente a las propuestas más que a las protestas; abandonar el camino del debate no es lo más acertado, sobre todo en estos momentos que cobran fuerza las tendencias de convertir los centros de educación superior en instituciones donde se promueva una educación para el mercado sin sentido humano.

21 octubre 2010

ACTUALIDAD

Energía limpia con proyectos sucios JUAN ANTONIO MEJÍA GUERRA*

Las enormes ventajas que presenta Honduras para producir energía limpia se oscurecen ante el manejo abusivo de los recursos hídricos por parte de funcionarios, diputados y empresarios.

Aquí se presentan los impactos que están provocando en la vida de las comunidades los proyectos hidroeléctricos aprobados por el Congreso Nacional, cuyo denominador común es la negación del acceso, gestión y administración de los recursos hídricos de su entorno a las poblaciones locales.

L

a producción, uso y gestión de energía limpia, derecho de los pueblos que aspiran a restablecer el equilibrio ecológico del planeta, es en Honduras un privilegio reservado a la clase oligárquica y otro motivo para humillar y despojar a las comunidades de los recursos de su entorno.

Así lo han solicitado los organismos financieros internacionales, principalmente el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Así lo ha pedido directa y personalmente el embajador de Estados Unidos, Hugo Llorens, ante las autoridades de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA); y así lo ha decretado el Poder Legislativo.

ILEGALIDAD, CORRUPCIÓN Y DESPOJO EN LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA LIMPIA Dos hechos trascendentes en materia de privatización de los ríos para generar energía eléctrica, se produjeron en lo que va de 2010:

• El 13 de enero el Congreso Nacional priva-

tizó, mediante decreto 293-2009, la represa hidroeléctrica “José Cecilio del Valle”, al traspasarla al consorcio privado Eléctrica de

*

Ingeniero agrónomo y licenciado en Filosofía, posgraduado en Desarrollo Sostenible por la Universidad de Costa Rica. Investigador asociado del ERIC-SJ y miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).

22 envío

Nacaome (ENASA). De un día a otro y sin que la ciudadanía se diera cuenta, la población sureña amaneció enajenada del monumental proyecto, realizado para producir energía eléctrica, facilitar obras de riego en unas 4500 hectáreas y garantizar el suministro de agua potable a unos 130 mil habitantes de los municipios de Nacaome y San Lorenzo, departamento de Valle; y de Pespire y San Antonio de Flores, departamento de Choluteca.

• En los últimos días de agosto y los primeros de septiembre, el Congreso Nacional aprobó y ratificó una retahíla de proyectos hidroeléctricos, con lo que benefició a una casta de empresarios oligarcas y despojó del acceso a los recursos hídricos a comunidades de 40 municipios, donde se ubican 41 proyectos hidroeléctricos ya aprobados; además, las sumió en la más oscura inseguridad jurídica y ambiental.

Tales acciones son ilícitas, porque están reñidas con el derecho ambiental positivo de Honduras; pero permanecerán impunes mientras la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia no exijan a los responsables actuar en apego irrestricto a la ley.

Pretextando la necesidad de producir energía limpia y de optimizar la generación y distribución de energía hidroeléctrica, los diputados han pretendido legitimar sus decisiones. El nacionalista Oswaldo Ramos Soto —miembro de la Comisión de Energía

ACTUALIDAD del Congreso— defendió ante los medios de comunicación la aprobación de los proyectos; mientras que el presidente del Legislativo, Juan Orlando Hernández, quiso matizar la privatización de los recursos hídricos apelando a la “responsabilidad social empresarial” que prometen las empresas beneficiadas.

Pero de poco o nada sirve producir energía eléctrica limpia —libre de dióxido de carbono y plomo—, si ésta se mancha con la sangre de los pobres a quienes se les arrebatan sus recursos naturales; peor aún, si la necesidad de producir energía limpia se proclama desde la impunidad y la corrupción de funcionarios que, en nombre de la ley, nunca han dudado en asaltar a las comunidades para apropiarse de minerales y canteras, de los suelos más fértiles, de los bosques y de las partes altas de las cuencas hidrográficas.

La apropiación actual de recursos hídricos, por empresarios disfrazados jurídicamente de “operadores de proyectos hidroeléctricos”, está reñida con la ley y, por tanto, atenta contra la soberanía comunitaria sobre su medio ambiente y recursos naturales.

DATOS PRECISOS SOBRE NUESTROS RECURSOS HÍDRICOS Honduras cuenta con los recursos hídricos necesarios para producir energía limpia en cantidad suficiente para satisfacer nuestras necesidades energéticas, aun si la población actual se multiplicara por diez. Los recursos hídricos nacionales son suficientes para satisfacer las necesidades humanas de consumo de agua, regadíos, producción industrial, saneamiento y generación de energía hidroeléctrica.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) informa que el espejo de agua de Honduras es de 1590.18 kilómetros distribuidos en 239 cuerpos de agua superficiales, un lago, 39 lagunas, 24 lagunas costeras, 8 embalses, 158 lagunetas y 7 lagunas de invierno1.

La precipitación pluvial, según el banco de datos de la Global Water Partnership, nos permite disponer de un potencial hídrico de 1542 m³/seg, de los cuales apenas se aprovechan 13.5 para consumo humano,

1

www.pnuma.org/agua-miaac/documentos.

doméstico e industrial; 75 m³/seg para riego y 242 para producir energía hidroeléctrica2.

El potencial hidroeléctrico aprovechable para producir energía limpia es de 4654 megavatios. No obstante, la generación de energía hidroeléctrica apenas representa el 40% de los 1162.3 megavatios que constituyen la capacidad eléctrica instalada en la actualidad3.

Aunque actualmente tres de cada diez hondureños no disponen de agua potable, existe capacidad para multiplicar la producción de energía hidroeléctrica sin poner en riesgo la disponibilidad de este recurso para consumo humano y producción agropecuaria. ¿Por qué, entonces, los empresarios de esta industria se empeñan en construir sus represas en lugares declarados como zonas protegidas, que abastecen de agua potable a las poblaciones locales? ¿Por qué construyen las represas sin elaborar estudios técnicos válidos y sin manifestar el menor interés por la suerte que puedan correr las comunidades ubicadas en la parte inferior de estos embalses?

Si este recurso es tan abundante y la Constitución y otras leyes establecen que el agua es un bien público que debe utilizarse como instrumento del desarrollo local, ¿por qué se niega a las comunidades ejercer su soberanía sobre las aguas que pueden producir energía eléctrica? ¿Por qué tal derecho se concede a unos cuantos empresarios, que no valoran la importancia social y económica que representa el agua para las comunidades?

LOS PROYECTOS SUCIOS ATENTAN CONTRA LA VIDA Las comunidades no se oponen a la generación de energía limpia. Sin embargo, las respuestas a esas preguntas las conducen a oponerse al despojo de sus recursos naturales y a los riesgos que implican estos proyectos, cuando no cumplen con las normas ambientales.

2

3

Cfr. Situación de los recursos hídricos en Centro América: Hacia una gestión integrada, Global Water Partnership, en: www.gwpcentroamerica.org Loc. cit.

23 octubre 2010

ACTUALIDAD Los proyectos hidroeléctricos aprobados por el Congreso Nacional, así como la privatización de la represa de Nacaome, representan una abierta violación a la legislación ambiental vigente y varios conllevan el potencial de atentar contra la vida humana.

LA DOLOSA PRIVATIZACIÓN DE LA REPRESA DE NACAOME La corrupción, y la impunidad que la sustenta, son evidentes en la privatización de esta represa. Esta acción fue iniciada por José Rosario Bonano —ministro de la SOPTRAVI4 en el gobierno de José Manuel Zelaya y en el régimen de facto de Roberto Micheletti—, quien violó el procedimiento de concesiones de la Secretaría a su cargo. Por esa vía, concedieron la represa a la Sociedad Eléctrica de Nacaome (ENASA), una empresa fantasma, pues no existía en el momento que se le otorgó la concesión. ENASA fue inscrita en el Registro Mercantil hasta el 12 de abril de 2010.

El 7 de diciembre de 2009, el ministro Bonano envió al Congreso Nacional el proyecto de decreto relativo a la concesión mediante oficio DM-0672-2009, junto con el contrato de privatización de la represa de Nacaome.

La concesión fue otorgada por 25 años, por lo que ENASA percibirá utilidades calculadas en 650 millones de dólares, según el ex fiscal general Edmundo Orellana; mientras, el Estado percibirá un canon de apenas un millón de dólares al año, aproximadamente.

Los diputados Valentín Suárez Osejo, Miguel Ángel Gámez, José Darío Gámez y Ramiro Adalid Chacón revisaron y dictaminaron a favor de esta concesión y, el 13 de enero de 2010, el Congreso adjudicó la privatización de la represa a la fantasma ENASA. El 20 de enero el Decreto Legislativo 293-2009 fue remitido al Poder Ejecutivo y, el 21, fue sancionado por el gobernante de facto Roberto Micheletti, quien lo envió de inmediato a la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, el día siguiente.

Sin embargo, la ENAG sólo imprimió veinte ejemplares de este número de La Gaceta, y todos los adquirió el asesor de la Fiscalía General, Nick Atala, por 20 mil lempiras; por tanto, el público no tuvo acceso a la información contenida en ese número del Diario Oficial.

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Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda.

24 envío

El 29 de enero despidieron el gerente de la ENAG porque —según sus propias declaraciones— desobedeció las órdenes de la diputada Ana Julia García, de imprimir un nuevo tiraje de La Gaceta nº 32,120, donde se suprimía lo relacionado con la concesión de la represa de Nacaome.

El 1 de febrero de 2010 hicieron el segundo tiraje, esta vez sin el polémico decreto. Esta nueva versión, de 16 páginas en lugar de las 32 publicadas el 22 de enero, sólo constó de 36 ejemplares. Al ser denunciado el dolo, diferentes instituciones estatales iniciaron un caótico croar de ranas en el charco de la impunidad, intentando disipar los ánimos. Diputados, fiscales, funcionarios del Poder Ejecutivo y de la Procuraduría General de la República comenzaron a formar comisiones para “investigar”, hasta lograr que el hecho quedara en la impunidad.

PROYECTO HIDROELÉCTRICO LAS GLORIAS Se construye en la cuenca del río Bejucal, en la comunidad de Las Flores, municipio de Balfate, Colón, a un costo de doce millones de dólares. Tendrá capacidad para generar seis megavatios y utilidades anuales de 150 millones de lempiras. Este proyecto pertenece al Grupo Terra, cuyo gerente general es Roberto Nasser, y cuenta con licencia ambiental otorgada por la SERNA. Sin embargo, la alcaldía y la población desconocen el estudio de impacto ambiental (EIA) y el plan de manejo de la cuenca, que debieron efectuarse previamente, lo cual violenta la Ley General del Ambiente y su Reglamento.

Esta represa no ha sido concluida debido a que las lluvias han inundado las obras en construcción, al menos tres veces en los últimos años, lo que indica fallas en el estudio técnico del proyecto. Un resultado previsible, cuando la represa esté construida, es que las comunidades de la cuenca baja del río sean soterradas por su caudal. En este caso, correrían el riesgo de perder sus cosechas, lugares de labranza y hasta sus vidas. Según Florentino Portales, regidor municipal de Balfate, los pobladores ya están sufriendo algunos efectos negativos por la construcción de la obra, como la sedimentación río abajo, que afecta la calidad del agua.

El alcalde Domingo Alvarenga manifestó desconocer los estudios de impacto ambiental del proyecto, lo que implica una violación del artículo 8 del Reglamento de la Ley General del Ambiente, que declara de interés público, y por tanto obligatoria, la Evaluación de Impacto Ambiental. Alvarenga sostiene que esta empresa

ACTUALIDAD trabaja “como absoluta” en la zona, sin contar con la municipalidad, mientras que la SERNA no ejerce ningún control sobre las obras en construcción.

PROYECTO HIDROELÉCTRICO MEZAPA Se ubica en el municipio de Tela, Atlántida, en la cuenca alta del río Mezapa. La empresa responsable es Hidroeléctrica Centrales El Progreso, cuyo propietario es Jason Hawit, empresario de la maquila en El Progreso, Yoro.

Las comunidades se oponen a este proyecto porque se ubica en la parte alta del lugar que ocupan las represas de agua para consumo humano, que serían contaminadas; además, desviarían los caudales del río para alimentar la hidroeléctrica, en menoscabo del agua para consumo humano. Esto viola el artículo 33 de la Ley General del Ambiente, que prohíbe instalaciones de cualquier tipo en áreas aledañas a las fuentes de abastecimiento de agua para la población.

El 25 de agosto de 2009 Jason Hawit ofreció a las juntas de agua y patronatos del área, en reunión sostenida en la aldea Las Metalias, financiar proyectos comunitarios a cambio de que le permitan implementar el proyecto. Algunas comunidades han aceptado donaciones para actividades sociales, pero la mayoría se muestra reacia. Ante esta situación, Hawit les informó que él tiene una licencia ambiental para impulsar su proyecto, les guste o no a los pobladores. Sin embargo, no ha socializado con ellos ningún estudio de impacto ambiental, y éstos no han aprobado el proyecto.

Marcos Lanza, presidente de la Junta de Agua de Mezapa, lideró el movimiento de las catorce aldeas que se oponen a la privatización del río. El 20 de junio de 2010, en una asamblea comunitaria, denunció la intención de la empresa de Hawit de privatizar el agua y le reclamó al regidor municipal de Tela, Ángel María García, la falta de voluntad de la municipalidad para defender los intereses comunitarios de Mezapa.

Cinco horas después, cubiertos bajo las sombras de la noche, criminales desconocidos atacaron a tiros el hogar de Marcos Lanza. Él y su familia salieron ilesos, pero su casa y vehículo recibieron numerosos impactos de bala de grueso calibre. Este acto criminal es parte de las presiones a que se ven sometidas algunas comunidades del departamento de Atlántida por empresas que, violando las leyes, intentan apropiarse de los recursos locales.

PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS MEZAPA-LEÁN, MEZAPITA Y JILAMITO Estos tres proyectos han sido concesionados por veinte años, prorrogables, a favor de la empresa Sociedad Eléctrica Mesoamericana (SEMSA), propiedad de las familias Abuffele y Andonie. La represa del río Mezapa del Leán producirá 2.5 megavatios, la del río Jilamito 4.4 y la del río Mezapita 9.2.

Las comunidades afectadas y la alcaldía del municipio de Arizona desconocen los estudios de impacto ambiental que debieron preceder al otorgamiento de la licencia ambiental. Asimismo, SEMSA incurrió en fraude al utilizar las firmas de pobladores que asistieron a reuniones de otra índole, para presentarlas ante la SERNA como prueba de socialización de los proyectos y testimonio del acuerdo comunitario con sus proyectos.

La Red Departamental de Atlántida de Organizaciones por la Defensa de los Recursos Naturales denunció a SEMSA ante el Ministerio Público, por el delito de fraude5. Lo procedente —mientras se investiga la denuncia—, es que las actividades de la empresa sean suspendidas por la Fiscalía o los juzgados competentes, hasta que se dicte sentencia definitiva. Pero esto no ha sucedido. La impunidad se ha impuesto, una vez más.

PROYECTO HIDROELÉCTRICO LOS LAURELES Este proyecto fue aprobado por el Decreto 1902009, del 7 de diciembre de 2009. Las comunidades del sector se oponen a su ejecución, por desconocer el estudio de impacto ambiental y ante la falta de garantía técnica de que las poblaciones de la parte baja de la cuenca no correrán el riesgo de ser soterradas.

Los temores han crecido al saberse que la cláusula séptima del decreto exonera a la empresa de responsabilidad por el incumplimiento total o parcial de las obligaciones estipuladas en el Contrato de Operación, en la medida que el incumplimiento sea consecuencia de la acción del hombre o proveniente de la naturaleza.

PROYECTO HIDROELÉCTRICO SAN JUAN Fue aprobado por el Congreso Nacional mediante Decreto 149-2009, del 26 de septiembre de 2009. Su ejecución estará a cargo de Contempo, una subsidiaria del Grupo Terra, propiedad de Fredy Nasser. Esta 5

Denuncia presentada en las oficinas del Ministerio Público en Tela, el 16 de agosto de 2010.

25 octubre 2010

ACTUALIDAD corporación, con diferentes nombres, logró que se le adjudicara el proyecto Las Glorias, en Balfate; y el proyecto hidroeléctrico del río Gualcarque, en San Francisco de Opalaca, Intibucá.

Las comunidades han buscado ejercer su derecho a conocer y avalar el estudio de impacto ambiental del proyecto, mediante la conformación de un Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental regional, con resultados infructuosos. Solicitaron la EIA a las alcaldías de La Masica y Esparta, pero éstas manifestaron desconocerla; con igual resultado acudieron a las oficinas regionales de la SERNA en La Ceiba. Una comisión se desplazó a Tegucigalpa, en junio, y se reunió con el ministro de la SERNA, Rigoberto Cuéllar, que se comprometió a proporcionar toda la información posible; pero no cumplió su promesa.

La captación de agua y obras subsecuentes del proyecto hidroeléctrico se llevan a cabo en la cuenca alta del río San Juan, donde Contempo inició el trabajo violando el artículo 79 de la Ley General del Ambiente, que prohíbe iniciar obras de esta envergadura mientras no se haya concluido la evaluación de impacto ambiental; y el artículo 8 del Reglamento de la misma Ley, que establece que ninguna empresa puede iniciar trabajos, y ningún funcionario de la SERNA puede otorgar licencia ambiental sin una evaluación ambiental previa. Por tal razón, Contempo está cometiendo delitos ambientales, precedidos por los delitos de los funcionarios de la SERNA, que otorgaron la licencia ambiental sin la correspondiente EIA. Los pobladores del sector temen que los propietarios de la empresa repitan aquí los mismos errores técnicos cometidos en el proyecto hidroeléctrico de Balfate, donde las construcciones no han resistido ante las crecidas del río Bejucal en los tres últimos años. Tal situación se hubiera mitigado, si el proyecto hubiese contado con una EIA técnica y científicamente válida.

Los temores de los habitantes de San Juan Pueblo y de las aldeas circunvecinas no son infundados. En mayo de 2009 las crecidas del río arrastraron los suelos desprendidos por las labores de la empresa en la cuenca alta y destruyeron, aguas abajo, la represa de agua potable que ellos habían construido con ahorros propios, trabajo voluntario y asistencia técnica del SANAA. Ante la presión ejercida por las comunidades afectadas, Contempo ha prometido construir una represa más grande y mejor equipada, lo que hasta la fecha ha incumplido.

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La Red Departamental de Atlántida de Defensa de los Recursos Naturales solicitó la intervención del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) para supervisar las actividades de Contempo y verificar in situ los perjuicios sufridos por los denunciantes.

No obstante, Félix Valerio, jefe regional de la División de Desarrollo del SANAA, les informó que no puede hacer nada porque “el acceso para las visitas de supervisión —del acueducto y la represa comunitaria— resulta complicado debido a la tirantez que prevalece en esa zona por parte de la empresa hidroeléctrica”6.

Desde mayo de 2009 hasta la fecha, los pobladores no cuentan con el servicio de agua potable; y todo indica que el problema no será resuelto, pese a que lo provocó la irresponsabilidad de una empresa que, en ausencia de los estudios de impacto ambiental, continúa causando estragos en las comunidades.

LA ILEGALIDAD Y LA CORRUPCIÓN SE REPITEN El historial de los proyectos hidroeléctricos manoseados por los diputados se repite una y otra vez. Para el caso, el proyecto hidroeléctrico One One le arrebata la fuente de agua a la comunidad de La Bomba, en el municipio de Arizona, la cual carece de garantías ante los riesgos y perjuicios que podría enfrentar a consecuencia del proyecto en marcha.

El proyecto hidroeléctrico Las Matarras, en la comunidad del mismo nombre en el municipio de Arizona, tampoco ha socializado su EIA. La responsable de éste es la Empresa Centro Americana de Electricidad (ECAE), de Salomón López, también dueño de ACEYCO, de otro proyecto hidroeléctrico en Masca, Cortés, y del proyecto Mangungo. Este último ha sumido en el caos a la comunidad de Texíguat, municipio de Arizona, que desconoce los estudios de impacto ambiental previos a la llegada de máquinas y foráneos a sus montañas.

El proyecto hidroeléctrico Cuyamel II, propiedad de CONERSA, en el municipio de San Francisco, Atlántida, al no poder convencer a la Junta de Agua local de aceptar el proyecto, falsificó los sellos de la Junta, con 6

Documento del SANAA, enviado a la Red Departamental de Atlántida en Defensa de los Recursos Naturales.

ACTUALIDAD los que validó documentos que presentó ante la SERNA como prueba de que contaba con el visto bueno de la comunidad.

El proyecto hidroeléctrico La Aurora, de la Sociedad Mercantil de Inversiones La Aurora, que pretende establecerse en el municipio de San José, La Paz, obtuvo permiso del Congreso Nacional para “abrir canteras y extraer rocas, tierra, arena, usar aguas del subsuelo y superficiales, utilizar el aire ambiental necesario y se le faculta para emitir gases al ambiente”; además de la producción de 4.01 Kw. Las utilidades que obtendrá por la generación de energía serán de cien millones de lempiras anuales, pero a la municipalidad de San José le reportará únicamente 7600 lempiras por año.

CONSIDERACIONES FINALES El número de proyectos sucios puede ser tan extenso como la lista de proyectos hidroeléctricos aprobados por el Congreso, más los 1200 que se encuentran en estudio. Las enormes ventajas que presenta Honduras para producir energía limpia se oscurecen ante el manejo abusivo de los recursos hídricos por parte de funcionarios, diputados y empresarios. Un manejo por demás irresponsable, porque los empresarios que construyen represas, sin contar con estudios técnicos válidos, ponen en riesgo la vida humana de las poblaciones aledañas a los cuerpos de agua.

El Estado ha cedido ante las exigencias de organismos financieros internacionales y el gobierno de Estados Unidos, privatizando ríos y otros afluentes. Los ríos son la última frontera que los pobres deben defender. Aunque también les quitan las montañas, donde ahora habrá represas. ¿Adónde irán los pobres ahora?

No obstante, una nueva racionalidad ecológica y económica está tomando forma en las comunidades. Los recursos hídricos, manejados por empresas asociativas y sociedades locales articuladas en redes, con asistencia técnica y apoyo financiero interno y externo, podrían convertirse en motores del desarrollo local.

La gestión comunitaria del agua —produciendo energía limpia donde los proyectos hidroeléctricos sean factibles—, podría generar utilidades mínimas de 5000 millones de dólares en los próximos veinte años. Estos recursos podrían contribuir a que las comunidades emprendan una nueva vía de desarrollo y escapen al asistencialismo y el clientelismo político que prevalecen en la actualidad.

Así dejarían de mendigar a los políticos corruptos por la reparación de una carretera, por unos tubos para conducir el agua, por un aula u otras necesidades similares. Quizás por esto es que los políticos prefieren despojar a las poblaciones de sus recursos, y así evitar que éstas se fortalezcan y asuman el control y la administración de sus vidas y sus bienes.

27 octubre 2010

REFLEXIÓN

La República distorsionada y la cultura política que la sustenta MARVIN BARAHONA*

Mucho de lo sucedido antes y después del 28 de junio de 2009 no es nuevo en nuestra historia política. Esta continuidad del pasado en el presente debe motivarnos a releer nuestra historia y deducir las claves que nos permitan comprender los hechos que se ocultan tras la convulsión política actual.

Este artículo nos coloca ante las raíces de los problemas que estamos enfrentando, como punto de partida ineludible para reelaborar los fundamentos de un nuevo consenso político y social sobre bases racionales.

A

l poner en perspectiva la historia política del siglo XIX, para hacer comprender el significado de la Reforma Liberal, el escritor Rafael Heliodoro Valle sostenía que desde 1821, en Honduras, subían y bajaban los presidentes, morían los presidenciables y nacían otros con más apetito de mando y con ignorancia total de los problemas colectivos; pero con petulancia que hacía estremecerse a las estrellas.

El país estaba al borde de la disolución; los ahorcados seguían balanceándose en los pinos, a la sombra de las aves golosas. Los verdes y los rojos iban de norte a sur disputándose las últimas migajas del macabro festín; y nadie podía refrenar el galope de los caballos enardecidos por el olor de la pólvora… sabían montar bien a caballo y firmar a medias”, todo lo cual desataba “las fuerzas unánimes del mal 1.

Evaluar la historia política de un país, especialmente en tiempos de crisis y desacuerdo, no es tarea *

1

Doctor en Ciencias Sociales, autor de Honduras en el siglo XX. Una síntesis histórica, Guaymuras, Tegucigalpa, 2005; de Pueblos indígenas, Estado y memoria colectiva en Honduras, Guaymuras, Tegucigalpa, 2007, y otras obras de contenido histórico y social.

Rafael Heliodoro Valle, “La revolución del 71”, en: De la sociedad colonial a la crisis del 30, Antología de historia de la cultura, Editorial Nuevo Continente, Tegucigalpa, 1973, p. 496.

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ociosa. Al contrario, es una labor obligada cuando los hechos políticos son el centro de los acontecimientos y expresan la continuidad del pasado en el presente.

En los momentos de aguda crisis, cada generación se ha preocupado por conocer las raíces de los problemas que le ha tocado enfrentar, encontrando en la historia el espejo que mejor refleja el proceder, la conducta y la orientación fundamental de otras generaciones ante acontecimientos similares.

Este momento de aguda crisis reapareció con mayor crudeza que en el pasado reciente, tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, cuyas consecuencias para el presente y el futuro inmediato de Honduras plantean la necesidad de releer nuestro pasado y deducir de sus patrones de comportamiento político las claves que nos permitan comprender los hechos que se ocultan tras el telón de la convulsión política actual.

La búsqueda de “continuismo” en la silla presidencial, el golpe de Estado, la destrucción del consenso político y la fragmentación social, la reconstrucción de la República y la reorientación política de las elites y las masas predominan en el debate actual, pero no son novedosos en nuestra historia política. Lo nuevo está en desmitificar esa historia, en repensar las claves para reconstruir la República y reelaborar los fundamentos de un nuevo consenso político y social sobre bases racionales; estos temas son ahora tan novedosos como esenciales para construir un nuevo orden político y social. Ese es el propósito fundamental de este artículo.

REFLEXIÓN 1. LA HERENCIA COLONIAL Y SUS HUELLAS:

LA JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

EN EL SIGLO XIX En un discurso de Ramón Rosa, el intelectual más prominente de la Reforma Liberal de 1876, pronunciado en Guatemala en 1874, aparecen las dudas y preguntas que compartían los republicanos y las elites ilustradas que gobernaban Centroamérica desde 1871.

Entre éstas, si la Independencia alcanzada en 1821 “¿es la que satisface al patriotismo ilustrado?”. O si, “¿es la Independencia a que aspiró, con fe nobilísima, la histórica generación del año 21?”. Y Rosa no dudó en responder negativamente a sus propias interrogantes, añadiendo una lúcida explicación sobre la enorme distancia que él observaba entre la promesa y la realidad de la República.

Según Ramón Rosa, el movimiento emancipador de 1821 apenas “produjo tan sólo una solución de continuidad, bajo el punto de vista geográfico”. Afirmación por la que formuló otra pregunta: “…en lo esencial, en lo político, en el carácter del individuo, en el espíritu de la generalidad de los pueblos: ¿ha muerto la Colonia sepultándose con sus enormes vicios?”. Nuevamente respondió con una negativa y desmintió la defunción de la Colonia, afirmando que tal cosa no había sido posible porque los conservadores, esos “adoradores del éxito”, los “incapaces de respirar fuera de la atmósfera del privilegio”, lo habían impedido2.

La conducta del partido conservador generó, en opinión de Rosa, “desconciertos” que, además de poner en peligro la Independencia, “han sido causa de las perturbaciones políticas que han hecho fluctuar a nuestra sociedad entre los extremos de la anarquía y del absolutismo”. Todo lo cual había anulado la aspiración de que en Honduras se implantara “un régimen de legalidad, de libertad y de positivos adelantos”. Sin embargo, la crítica de Rosa no se dirigió únicamente hacia los conservadores, sino también a los “hombres de buena fe” que “no han puesto por obra un procedimiento lógico en la idea y eficaz en los resultados prácticos”.

Esta última aseveración merece especial atención, porque en adelante Rosa reflexiona sobre el carácter eminentemente político de los cambios introducidos en 2

Ramón Rosa, “El credo de la revolución liberal. La libertad, llama inextinguible”, discurso pronunciado el 15 de septiembre de 1874, en el Palacio Nacional de Guatemala, reproducido en: De la sociedad colonial a la crisis del 30…, op. cit., p. 491. Los siguientes entrecomillados de frases pronunciadas por Ramón Rosa corresponden a esta obra, pp. 491-494.

la sociedad desde 1829 por la primera generación de liberales, que por su esencia dejó incólumes los “vicios sociales” de los que brotó una reacción que logró frenar la marcha de las transformaciones políticas iniciadas después de la Independencia. ¿Cuál era el problema de fondo? Rosa responde que en aquel momento no se hizo “una revolución social, radicalísima, como era necesario”, sino “una revolución política idealista; y no pasa mucho tiempo sin que el ideal se desvanezca”.

REVOLUCIÓN SOCIAL Y REVOLUCIÓN POLÍTICA Por ello, Rosa establece una diferencia clara entre reforma política y reforma social, para evitar que las exhortaciones al cambio político “no pasen de ser bellas y momentáneas ilusiones”. Al respecto, su conclusión principal fue esta: …necesítase entre nosotros hacer, ante todo, revoluciones esencialmente sociales, para convertirlas luego, en revoluciones eminentemente políticas. Fuera de este principio, la única solución posible es la que favorece a los agentes de la reacción, implacables enemigos de la Patria y de la Libertad. Que la revolución deja en pie los privilegios de ciertas clases, la preponderancia autoritaria del clero, las vinculaciones de la propiedad, la ignorancia de las mayorías, la intolerancia civil y religiosa: y yo os aseguro, señores, que con tales elementos esencialmente coloniales, aunque se organice en lo político una República-modelo, esta República debe morir al nacer, como muere en la naturaleza el fruto que produce un organismo enfermo, viciado por una dolencia mortal.

Rosa propuso así todo un programa político, desde la dimensión social de una revolución que se propusiera demoler el pasado. Y un método perspicaz para medir la profundidad de una revolución política y sus posibilidades de éxito en el tiempo. Entre líneas quedaba perfilada, además, la República-modelo que debía sobrevivir, sustentada por la erradicación de los vicios coloniales y las dolencias adquiridas en el tránsito de la Independencia al Estado nacional republicano. Por eso, ante su propia afirmación de que “el privilegio ha roto la igualdad social”, exclama una propuesta radical: “extíngase los privilegios doquiera que se encuentren”. …TODO ES FARSA RIDÍCULA Pero no sólo Ramón Rosa pensaba que la República del último cuarto del siglo XIX estaba lejos de alcanzar sus propósitos. También lo hizo el diputado liberal Carlos Alberto Uclés Soto cuando afirmó, en 1894, que: 29 octubre 2010

REFLEXIÓN “Apenas tenemos una falsa apariencia de instituciones, y con esto nos pagamos, creyendo tener la realidad viva del constitucionalismo de Europa. ¿En qué queda la soberanía popular si todo es farsa ridícula; si el sufragio no es libre; si sólo hay un grande elector, que no es el pueblo, sino el gobierno?”3.

A Uclés Soto no le bastó esta aseveración, hecha en el contexto de una discusión sobre la pertinencia del voto secreto, sino que también afirmó: “Nuestra democracia es sencilla y buena; pero es incipiente: así, de un salto, imposible es pasar del despotismo bárbaro al parlamentarismo culto”. Para luego afirmar que los gobernantes hondureños actuaban bajo la máxima de “el Estado soy yo”, por lo que se convertían en “rey sin ley”, hasta sugerir que se debía pasar del “mandarinato chinesco al gobierno republicano”4.

HABÍA QUE REFUNDAR LA REPÚBLICA Así, en los últimos años del siglo XIX la República se había convertido en un mito, en una quimera a perseguir, cuyos lentos avances eran evaluados negativamente por los liberales e ignorados por los conservadores. Es en ese momento de crisis de fe en la República que reaparece la idea de volver a fundarla, precedida por la fundación del Partido Liberal en 1891 y una reorientación del legado político de la reforma de 1876 y de su “dictadura constructiva”, como la llamó Rafael Heliodoro Valle5; ese “ligero alivio” de 1876 a 1891, como dijo el historiador Lucas Paredes medio siglo después6.

Pero esta “refundación” de la República no pasaba por la revolución social propuesta décadas atrás por Ramón Rosa, sino por la hueca revolución política que el mismo Rosa había descalificado como vana ilusión; esta vez propuesta por Policarpo Bonilla, fundador del Partido Liberal, para reencauzar la República por el camino trazado por los liberales desde 1891.

Así se pretendía superar los “vicios” del pasado, pero éstos no eran ya los vicios coloniales condenados por Rosa en 1874, sino los vicios de la República y de la era republicana. Y no eran pocos. Según el diputado Uclés Soto, las normas establecidas para el juego político de su tiempo eran una farsa; por eso las fustiga al evaluar la importancia del voto: 3 4 5 6

Carlos Alberto Uclés Soto, Discursos, artículos y poesías, Tegucigalpa, 1933, p. 97.

Ibíd., p. 103.

Rafael Heliodoro Valle, op. cit., p. 497.

Lucas Paredes, Drama político de Honduras, Editora Latinoamericana, México, 1958, p. 140.

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Una política florentina lo hizo aquí universal, y apenas si se pusieron condiciones de edad, capacidad, propiedad y moralidad: lo cual era mucho mejor para dominarlo.

Y como no había escuelas, se concedió al que no sabía leer y escribir, y así se pretextó la necesidad de hacerlo público; y como no había caminos, se pretextó también la necesidad de recogerlo en tres días. Así los empleados ejecutivos lo arreglaban todo a su gusto: éstos levantando actas, aquéllos poniendo rayas; y con el ejemplo de algunos infelices apaleados y algotros proscriptos, el ciudadano votaba libremente. Es de advertir que jamás hubo registros cívicos, ni control de clubs políticos; ni distritos electorales, ni representación de las minorías; y el hombre de bien creía obrar bien, huyendo de los comicios, como beata que huye del diablo. Los demás votaban por la mayoría o por el mismo. Después, todavía, se alteraban los pliegos, y al Supremo Mandatario se le declaraba electo popularmente, unánimemente7.

Estas “elecciones estilo Honduras” sugieren que uno de los pecados capitales de la República era el fraude. La República comenzaba a verse en el espejo de la historia, alejándose del fantasma colonial para encontrarse consigo misma, al menos discursivamente.

Tal vez por eso, y sabiendo lo mismo que sabía Uclés Soto, por esos mismos años el periodista nicaragüense Enrique Guzmán ironizaba sobre los derechos ciudadanos de los centroamericanos, diciendo que: “En cuanto a los derechos políticos de que los centroamericanos ´gozamos´…cedo todos los míos por media peseta: y sé de algunos que los cederían gratis…”8.

DANTON Y EL NACIENTE PARTIDO LIBERAL La fundación del Partido Liberal y los distintos intentos para organizar el Partido Nacional iniciaron un nuevo proceso para refundar la República, desde la Constitución de 1894, cuyo rumbo doctrinario fue establecido por el Partido Liberal que, además, se constituyó en el modelo a seguir en la organización de otros partidos políticos, especialmente del Partido Nacional.

Precedido por “sociedades secretas” que posteriormente le dieron vida como institución política, el Partido Liberal de 1891 nació bajo la conducción de Policarpo Bonilla, cuya acción política, ejercida a través de levantamientos e insurrecciones, originó una nueva 7 8

Ibíd., pp. 97-98.

Enrique Guzmán, Escritos históricos y políticos, Obras Completas, vol. III (1893-1911), Texto crítico, introducción, notas de Franco Cerutti, Libro Libre, San José, Costa Rica, 1988, p. 266.

REFLEXIÓN generación de caudillos políticos y militares. Encabezados por Bonilla, estos caudillos retomaron el discurso de la Revolución francesa de 1789 para convertir su idea de República en instrumento de demolición del pasado. Nada extraño, puesto que en la sociedad secreta de la que surgió el Partido Liberal, Policarpo Bonilla había adoptado el seudónimo “Danton”, luego de que sus compañeros de logia le prohibieran utilizar el de “Robespierre”9.

Tener a la Revolución francesa como referencia principal del cambio político que se pretendía reintroducir en Honduras no era novedoso. Pero sí lo era pretender revivir sus postulados un siglo después para oxigenar una república tropical minusválida, que no dejaba pasar ocasión para lamentarse de sí misma, flagelarse e inmolarse hasta el desangramiento en enfermizas luchas por el poder. Poco tiempo después, los liberales llenaron las estrofas del Himno Nacional con el incienso que inmortalizaba la memoria de la Francia revolucionaria.

EL ASALTO AL PODER EN NOMBRE DE LA REVOLUCIÓN Así se fue impregnando el lenguaje político con la palabra “revolución”, un término que los liberales nunca definieron, pero que siempre implicó que los portadores de la bandera del progreso eran ellos, un mito que siempre condujo a un apoteósico asalto al poder, como lo hizo el mismo Policarpo Bonilla al iniciar, desde el recién estrenado Partido Liberal, la revolución que lo llevó al poder en 1894.

Cuando proclamaron la Constitución de 1894, algunos comentaristas intentaron sugerir que Policarpo Bonilla era el último caudillo revolucionario, pero la realidad demostró que su ejemplo sirvió para forjar una nueva generación de caudillos de nuevo y viejo cuño. Todos nacidos en las filas del Partido Liberal y entrenados para la acción en la revolución de 1894. Así, los nacientes partidos políticos, Liberal y Nacional, se convirtieron en refugio de los nuevos “hombres fuertes” y con ellos se inauguró la “era de los revoltosos”10.

REVOLUCIÓN SIN REVOLUCIÓN En esa era, los caudillos adquirieron bandera y doctrina. No obstante, para ellos la palabra “revolu9

Al respecto véase mi trabajo: “Caudillismo y política en Honduras (1894-1913)”, en: Revista Paraninfo, Año 5, núm. 9, julio de 1996, pp. 1-25.

10 Lucas Paredes, op. cit., p. 139.

ción” no significaba “cambio radical de las estructuras económicas y sociales”, sino una exaltación del ánimo individual y colectivo motivada por el interés particular de los caudillos, anuncio de nuevas asonadas, de caos e inestabilidad.

En la realidad, los liberales de ese tiempo se quedaron impávidos ante la Revolución mexicana de 1910 y la Revolución rusa de 1917; y su discurso político siguió rindiéndole tributo a la cada vez más lejana y legendaria Revolución francesa de 1789, confirmando así su tradición y anacronismo histórico. Y su tradición fue siempre: revolución sin revolución.

En 1923, el ciclo iniciado por la revolución de 1894 parecía agotado, un hecho confirmado por el reconocimiento entre las elites ilustradas de que los partidos políticos, en realidad, no existían en Honduras. Décadas atrás, estas mismas elites habían dudado de la muerte de la Colonia, de la existencia de la República y sus instituciones, de la legitimidad de las elecciones, de la consistencia de las doctrinas políticas y del desacuerdo entre la “Constitución Política” y la “constitución social” de Honduras. Una nueva crisis se anunciaba.

LA DINASTÍA DE LOS EXALTADOS Antes de que la crisis estallara en 1924 y se convirtiera en guerra civil, los partidos Liberal y Nacional se reorganizaron, poniendo al frente de sus respectivas instituciones a “hombres fuertes” y autoritarios, a caudillos como Ángel Zúniga Huete y Tiburcio Carías Andino, que impusieron una nueva dinámica en ambos partidos. Hasta que se impuso lo que el diputado Uclés Soto llamaba la “idolatría de la fuerza”. No obstante, la historia partidaria fue configurándose alrededor de ciclos de agotamiento y renovación de aproximadamente treinta años. El primero se inició en 1891 con la fundación del Partido Liberal, y se repitió en las sucesivas renovaciones partidarias de 1923, 1953, 1980 y despunta en 2010.

La renovación partidaria de 1923 no le puso fin a la nueva era de caudillismo fundada por Policarpo Bonilla y Partido Liberal desde 1891; más bien la continuó y la fortaleció al polarizar las luchas por el poder a través de liderazgos firmes y autoritarios. Esto se debió, en gran medida, a que detrás de la ideología liberal cultivada en Honduras existía una voluntad refractaria a las transformaciones sociales, encubierta por una fraseología revolucionaria, útil solamente para violentar las normas que regían el sistema político a través de levantamientos e insurrecciones para derribar al gobierno constituido. Así recuperaron el mote 31 octubre 2010

REFLEXIÓN de “exaltados”, que desde inicios de la Independencia identificaba a los liberales que se dejan arrastrar por las pasiones políticas.

Los cambios introducidos por los gobiernos liberales durante el período dominado por su principal caudillo, el abogado y comerciante Policarpo Bonilla, fueron puramente cosméticos y ni siquiera arañaron la superficie de una sólida estructura de poder oligárquico de la que los liberales formaban parte y de la que eran portaestandartes políticos.

LA REPÚBLICA NO APARECÍA POR NINGUNA PARTE El distanciamiento entre discurso y realidad, entre proclama y efectividad, dejaba mal parada a la República como concepto y realidad. ¿Adónde fueron a parar el valor del sufragio universal y del voto secreto que los liberales defendían con tanta pasión? ¿Qué ocurrió con la división de poderes y el respeto a la “voluntad general”? ¿Se convirtió la participación ciudadana en una virtud? Peor aún, si la participación ciudadana y las elecciones eran nominales o fraudulentas: ¿por qué siguió habiendo elecciones?

La República seguía siendo un discurso del poder y por esos años pasó a ser también una realidad simbólica, adornada por una bandera nacional, un himno y un panteón de héroes que sacralizó el culto a los próceres de la Independencia, todos liberales; y se le cantaba a la Revolución francesa “Era Francia la libre, la heroica…”, según reza una de las estrofas del Himno Nacional decretado por ese tiempo. En otras palabras, había más “nacionalismo” que “republicanismo”, en gran medida porque el republicanismo era sólo un credo que desbordaba la imaginación, sin asidero real en la cultura política y la “constitución social” que siempre estuvo lejos de la práctica política del Estado oligárquico. ¿Podía existir la República sin ciudadanos? Nuestra experiencia histórica demuestra que no. El onanismo político de la República oligárquica desactivó todos los mecanismos políticos y sociales que la República liberal debió tener a su disposición al cumplirse el primer centenario de la Independencia, festejado en 1921 con una nueva proclama a favor de la República Mayor de Centroamérica y coronado con la guerra civil de 1924.

Por eso, de la República se puede decir lo mismo que E. Guzmán dijo sobre la “Gran Patria Centroamericana”, que después de tantos años “¡Pero muchos!” de hablar de ella, “no aparece por ninguna parte: ni la punta de las orejas se le ve”11.

11 E. Guzmán, op. cit., vol. III, p. 267.

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LA IDOLATRÍA DE LA FUERZA Una de las carencias más importantes de la República, antes de la dictadura, fue la ausencia de mecanismos para la resolución pacífica de los conflictos rutinarios que surgían entre las elites gobernantes y asumían la forma de disputas entre liberales y nacionalistas. El resultado fue la continuidad y consolidación de esa “idolatría de la fuerza”, mencionada por Uclés Soto y asumida como propia por las elites y los partidos políticos.

La violencia en la política, para adquirir control sobre la República, tenía más peso que los mecanismos republicanos para controlar la violencia. Así, la violencia y el autoritarismo que la sustentaba se impusieron sobre el sistema político y se convirtieron en el medio más eficaz y rutinario para redistribuir el poder, dirimir diferencias y evidenciar el lado más oscuro de la cultura nacional. En suma, la violencia política decretó el fracaso y la quiebra de la República.

En 1924 no se podía afirmar que los partidos políticos habían reorientado su programa doctrinario, construido su institucionalidad o expresado una voluntad para cambiar su conducta como resultado de la renovación de 1923. Al contrario, sus huestes estaban en el campo de batalla, desangrando a la nación y resolviendo a machetazos la crisis de la sucesión presidencial, al margen de la Constitución y la legalidad republicana.

El resultado era previsible: hacia 1936 no había partidos políticos. Los liberales se quejaban —con razón— de que el gobierno del Partido Nacional, encabezado por Tiburcio Carías, se había convertido en una dictadura.

Y el gobierno dictatorial decía —con justificación— que los liberales no querían dejarlo gobernar.

UNA DICTADURA RESOLVIÓ LA CRISIS Así se resolvía la crisis en la que el sistema político hondureño entró desde la fundación de los partidos Liberal y Nacional, desde que éstos se convirtieron en refugio y guarida de los caudillos que nacieron bajo el impulso de la revolución liberal de 1894. Este capítulo se cerró con la eliminación de la alternabilidad en el poder12, la concentración de los poderes del Estado en manos del dictador, el sometimiento o la disolución de los partidos políticos13.

12 El Partido Nacional mantuvo el control del gobierno desde inicios de 1933 hasta fines de 1956.

13 El Partido Liberal existía más en el exilio que en la cotidianidad política local, que la dictadura asfixió; mientras que el Partido Nacional se fusion������������������������������������������� ó������������������������������������������ de hecho con el gobierno y el Estado centralizado.

REFLEXIÓN Así se agotó la República imaginada por los liberales del trópico que alguna vez se inspiraron en la Revolución francesa. Hacia 1936, de la República no quedaban más que la bandera y el Himno Nacional; y una vaga, pero estremecedora promesa de Ángel Zúniga Huete, el “León del liberalismo”, de regresar algún día para vengar la afrenta con la que el dictador Carías Andino le había oscurecido su estrella política.

Al concluir la dictadura, a fines de 1948, Honduras era una apacible “república bananera”, un torvo modelo de “republicanismo” tropical. Y Zúniga Huete regresó ese mismo año, pero renunció a participar en las elecciones denunciando violencia y autoritarismo del régimen contra su partido y falta de legalidad republicana. Sin embargo, dejó sembrada la semilla para el eterno retorno del caudillo-redentor, del “salvador de la patria” que ha de redimir a la República y su pueblo.

La conclusión extraída al respecto por un pensador tan lúcido como Rafael Heliodoro Valle, fue esta: Ambos partidos han perpetrado los mismos desmanes y arbitrariedades, burlándose de la Constitución y hasta buscando el apoyo exterior para impedir la pérdida del poder; ambos han tenido a su disposición a los demagogos, los recursos del Erario y los funcionarios expertos para resolver los problemas financieros sólo en beneficio propio. Se puede afirmar que más que las doctrinas, son los intereses exclusivistas de los núcleos personales o las codicias de los ambiciosos lo que ha establecido diferencias que se señalan por los colores de las banderas de los partidos o por la flor en el ojal. Han sido, pues, bandas capitaneadas por individuos sin escrúpulos que se han hecho llamar “libertadores” o “salvadores” de la patria14.

La “República”, la “voluntad general” y el “ciudadano” pasaron a la segunda mitad del siglo XX como lo que fueron siempre: un mito político y un discurso del poder. A pesar de esta afirmación, el mito y el discurso político no son suficientes para explicar su persistencia en el tiempo, ni la fuerza que puede adquirir un símbolo político, una utopía o una argumentación irracional contradicha por los hechos.

Para explicar por qué el mito político de la República y el discurso del poder alrededor del Estado y dos partidos políticos funcionaron y continuaron vigentes 14 Oscar Acosta, El pensador y su mundo. Rafael Heliodoro Valle.

Vida y obra. Biografía, estudio crítico, bibliografía y antología de un intelectual hondureño, Editorial Nuevo Continente, Tegucigalpa, 1973, p. 104.

en la segunda mitad del siglo XX, hace falta considerar la estructura política que los sustentó, aquello que Ramón Rosa llamaba “constitución social”, su realidad objetiva y la tradición política derivada de ésta.

2. CULTURA Y TRADICIÓN POLÍTICA:

ABSOLUTISMO Y DESPOTISMO La “constitución social” predominante en Honduras a fines del siglo XIX, heredada de la Colonia, responde por sus características a una sociedad y una cultura política fragmentada. “En términos simples —afirma Walter Rosenbaum— una cultura política fragmentada es una cuya población carece de un amplio acuerdo sobre la manera en la cual la vida política debe ser conducida. A este nivel la población se separa en grupos aislados uno de otro por orientaciones contradictorias e incompatibles hacia la vida política”. Y agrega que: “Esto puede involucrar diferentes conjuntos de identificaciones políticas, diferencias irreconciliables sobre cuáles reglas de juego deben prevalecer en la vida cívica, diferentes orientaciones de régimen, u otros conflictos”15.

La falta de consenso político resulta del cuadro anterior; en Honduras aparece precedido, además, por una fragmentación social y un Estado nacional todavía en construcción a fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX. La estructura política que correspondía a esta sociedad, cultura y Estado fragmentados se sumerge también en el pasado, al unificar los rasgos predominantes de la tradición de absolutismo del régimen colonial y del despotismo de los cacicazgos indígenas de la época prehispánica. El autoritarismo, la imposición y la violencia podrían resultar de esta combinación y hacer fracasar los ideales y valores republicanos que se traslaparon en esta estructura.

CAUDILLOS Y CACIQUES Lo importante a rescatar es que el fracaso de la República en el Estado liberal oligárquico no significó la ruptura o el desmoronamiento de la estructura de poder surgida al iniciarse la Independencia en 1821, constituida por caudillos criollos con una visión nacional y caciques con una visión local. Algunos autores le llaman “caciquismo” a esta peculiar estructura, cuya definición más amplia es formulada como “un sistema oligárquico de políticos dirigidos por una difusa y he15 Walter A. Rosenbaum, Political Culture, Basic Concepts in Political Science, Praeger Publishers, Nueva York, 1975, p. 37.

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REFLEXIÓN terogénea elite cuyo común denominador es el poder local utilizado para propósitos nacionales”16.

A pesar de su variación, el núcleo básico del caciquismo es y ha sido un fuerte poder local organizado como pirámide, debajo del cual se encuentran otras oligarquías de más restringido alcance, conectadas conscientemente a través de vínculos sociales y varios modos formales e informales con los más altos mandos del régimen establecido. Consideradas en conjunto, forman una elite de poder vertical que hace único al caciquismo17. Esta estructura actuaría como espacio de convergencia y socialización del absolutismo y el despotismo, respondiendo a un autoritarismo histórico para proveer una función de control18.

Este sería el telón de fondo, la realidad auténtica de la República que se disfrazaba con trajes de la Revolución francesa en su vida pública, para retornar en la vida privada a su vestimenta hispana e indígena que representaba su verdadera identidad. Es preciso asimilar este hecho, pues, de otro modo, no se puede concebir ni comprender la distorsión del funcionamiento del sistema político republicano, el autoritarismo del Estado centralizado y el escaso o nulo valor que le atribuía este régimen al sufragio, las libertades públicas, la legitimidad del régimen parlamentario, la resolución pacífica de conflictos, la adopción de políticas públicas, la construcción de una institucionalidad democrática y la atención estatal a las necesidades sociales básicas.

política, económica y religiosa como los partidos políticos, centros de trabajo, escuelas e iglesias han tenido una orientación fundamentalmente autoritaria desde la que han hecho un aporte significativo al sometimiento o la domesticación de las conciencias.

Sin embargo, el fracaso de la República no se centró exclusivamente en la falta de aplicación de sus principios y el cumplimiento de sus promesas políticas.

También fracasó en construir una infraestructura física que respondiera a las necesidades y demandas sociales, que una y otra vez fueron aplazadas hasta encontrar una satisfacción relativa en la década de 1950, y en ciertos casos mucho después.

Esto se debió, en parte, como señala Robert Kern, a que “Los mecanismos de las naciones-estado latinoamericanas no pueden proveer paz y orden y tampoco un mínimo básico de servicios públicos, ni asumen el reto de las nuevas demandas sociales, ni sirven como foro para facilitar las disrupciones del cambio”19. A su propia interrogante de �������������������������������� ¿������������������������������� por qué no?, este autor responde que ciertos grupos ejercen una especie de veto sobre las políticas públicas que afectan sus intereses, por lo que concluye que la política de hoy es un caciquismo disfrazado con traje moderno20.

¿POR QUÉ FRACASÓ LA REPÚBLICA? En suma, las elites que gobernaron Honduras desde 1891 y durante la primera mitad del siglo XX no eran democráticas, y las masas que sufrieron su dominación tampoco lo eran. A ello contribuían la “constitución social” heredada y la estructura política emergente después de la Independencia, cuyas funciones de control político y social eran más sustitutivas que novedosas.

A lo anterior se agregó el hecho, vigente en el pasado y en el presente, de que tanto la cultura como los espacios institucionales de socialización de la vida

LOS OBJETIVOS DE LAS ELITES SIGUEN EN PIE Estos hechos históricos son relevantes en sí mismos para comprender los patrones característicos en la construcción del Estado nacional, la cultura política y las elaboraciones conceptuales e ideológicas que sustentaron o justificaron el ejercicio del control social y político desde el Estado, y la estructura política construida por el caudillismo nacional y el caciquismo local.

No obstante, es aún más relevante constatar que la orientación política fundamental de las elites y la estructura que viabiliza sus objetivos se mantienen en pie en la actualidad. El tiempo ha transformado o erosionado algunas formas políticas, ciertamente, pero no sus contenidos y mucho menos sus impactos políticos y sociales.

16 Véase, por ejemplo, Robert Kern (Ed.), The Caciques. Oligarchical Politics and the System of Caciquismo in the Luso-Hispanic World, University of New Mexico Press, Albuquerque, 1973, pp.

1-2.

17 Ibíd., p. 2.

18 Ibíd., p. 3.

19 Ibíd., p. 157.

20 Ibíd., pp. 157-158.

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REFLEXIÓN

Identidad y gobernabilidad en el 189 aniversario de la Patria1 HELEN UMAÑA Y ARMANDO GARCÍA*

Este 15 de Septiembre los hondureños, junto con los demás centroamericanos, conmemoramos el 189 aniversario de la Independencia de la Corona española. Por su simbolismo, la fecha es propicia para reflexionar y perfilar la patria que necesitamos, por esquiva que a veces nos parezca. En estas líneas se ofrecen elementos para esa reflexión, desde una perspectiva histórica y cultural.

L

a palabra «patria» empezó a utilizarse en varios puntos de las colonias que España tenía en América. Aludía al terruño local o provincia en la cual se había nacido y era el concepto que los criollos (hijos de españoles nacidos en América) oponían al poder hegemónico de los representantes o servidores de la Corona española. Aparece, así, en los escritos preindependentistas de Pedro Molina, José Cecilio del Valle o en los textos posindependentistas de Francisco Morazán. Un concepto de patria que, desde las luces aportadas por el positivismo y por el liberalismo europeos, se alimentaba de los preceptos republicanos que inspiraron a los patriotas franceses que se habían tomado el cielo por asalto.

Durante el siglo XVIII —época de las independencias hispanoamericanas— el concepto de patria hacía referencia al conjunto de valores de la comunidad política a la que se pertenecía. Inclusive, hay una adhesión sentimental al terruño. Tal concepto se revitalizó durante la implementación del proyecto liberal de 1876 liderado por el presidente Marco Aurelio Soto y su ministro Ramón Rosa.

Fue la época durante la cual se estableció un panteón de héroes nacionales con el propósito de que sir1

*

Este trabajo se preparó para una charla radiofónica. Carece, pues, de los requerimientos de un ensayo académico. San Pedro Sula, septiembre de 2010. Este artículo constituye una adaptación de la versión original para su publicación en EnvíoHonduras.

Escritores hondureños.

viesen de estímulo al orgullo nacional y también como fuente de inspiración para la niñez y la juventud. Así, después de un período de olvido, se estableció el «culto laico» a Francisco Morazán, José Cecilio del Valle, José Trinidad Cabañas, Dionisio de Herrera y otros. Al respecto, es bueno recordar cómo el poeta Jerónimo J. Reyna, en un magnífico poema, introduce el culto al cacique Lempira.

UNA PATRIA SINGULAR Y ELITISTA Esa patria, a la cual se le venía cantando desde fines del siglo XVIII, siglo XIX y buena parte del XX era, como demostró Severo Martínez Peláez, una patria muy singular y elitista: la patria del criollo, según el investigador guatemalteco la percibe en la Recordación Florida, obra de Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán (siglo XVII) que sirve de punto de partida a Martínez Peláez para su análisis e interpretación de la vida colonial.

Así, Fuentes y Guzmán, al describir o interpretar aspectos de Guatemala (la Centroamérica de la época), la visualiza como su patria. Una patria de la cual, por supuesto, estaban excluidos los mulatos, los negros y los cada vez más numerosos contingentes de mestizos o ladinos, generalmente en peor situación que los miembros de etnias y grupos que, entre sí, guardaban una mayor cohesión social dentro de los parámetros de sus respectivas culturas. De ahí el nombre del libro de Severo Martínez Peláez: La patria del criollo, obra clásica en la historiografía latinoamericana.

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REFLEXIÓN Justamente, con habilidad, uno de nuestros más importantes novelistas actuales y, a la vez, historiador de reconocida trayectoria, Marcos Carías Zapata (1938), parte de ese título para proponer la construcción de una nueva patria: incluyente, participativa; una patria de todos. Por esta razón, a uno de sus últimos ensayos, lo bautiza con un título que, además de poético, es todo un proyecto de trabajo: De la patria del criollo, a la patria compartida. Esta patria compartida es, como dice su autor, responsabilidad de todas y todos los hondureños.

LA NACIÓN VINO DESPUÉS Por otra parte, el vocablo nación se utiliza, con frecuencia, como sinónimo de grupo étnico, cultural o lingüístico. Pero, el concepto de nación tal como lo entendemos hoy, es decir, con su intrínseco componente político, surge hasta fines del siglo XVIII, coincidiendo con el inicio de la Edad Contemporánea, cuando se elaboran las primeras formulaciones teóricas sólidas de la nación, las cuales se plasman en movimientos políticos concretos. Es decir, las obras de los intelectuales de la Ilustración de fines del siglo XVIII con sus resultados inmediatos: las revoluciones estadounidense y francesa.

Hacia fines del siglo XVIII, en América Latina los pueblos no eran considerados, por el soberano español, como hondureños o mexicanos: todos eran súbditos de la Corona. Pero cuando el Estado inicia el proceso de centralización y manifiesta un interés unificador, como dice el estudioso hondureño Marvin Barahona, las diferentes parcelas regionales comienzan a sentirse diferenciadas como antecedentes de las naciones de hoy.

PROYECTO LIBERAL, MODERNIZACIÓN Y DEPENDENCIA En América Latina —y Honduras no fue la excepción— el proyecto liberal, tal como lo sintetiza Barahona, buscaba: 1. Secularizar a la sociedad en lo ideológico y lo político; (recordemos que lo religioso católico había sido el gran aglutinante del período colonial).

2. Establecer cultos sociales laicos (próceres de la Independencia) que inspiraran a las nuevas generaciones.

3. Destruir las antiguas instituciones coloniales para crear sobre sus ruinas un nuevo orden social en cuyo centro se encontraría el sistema republicano de gobierno, inspirado en los 36 envío

principios de la Revolución francesa y la Independencia de los Estados Unidos; 4. El igualitarismo, por lo menos jurídico, auspiciado por los ideólogos liberales, sentaría las bases para la formación de una conciencia nacional, que tendría como resultado el apego de la población a las nuevas instituciones y al nuevo orden liberal. No obstante las bondades de esa teoría, la práctica seguía siendo elitista.

Es decir, clasista.

A fines del siglo XIX, con la Reforma Liberal, se buscó la modernización del Estado. Las esperanzas se depositaron en la construcción o en el establecimiento de vías y formas de comunicación (el proyecto del ferrocarril interoceánico, el telégrafo…) y en la apertura al capital extranjero que pronto llevaría a la desnacionalización de los rubros principales de la economía.

Como resultado, las viejas facciones políticas, como dice Marvin Barahona, se convirtieron en servidoras del capital foráneo, con la pronta entrada de una política norteamericana agresiva que sólo actuaba en defensa de sus emporios económicos.

UN LEGADO QUE NO HAY QUE OLVIDAR En esas circunstancias, el proceso de construcción de la nación hondureña con bases y recursos propios, encontró obstáculos casi insalvables. Los intereses ajenos a los de la mayoría del pueblo se interpusieron constantemente. No obstante, los fenómenos nunca se producen de un solo lado. Asociaciones artesanales y el incipiente movimiento obrero de los años veinte que tendría combativos dirigentes como Zoroastro Montes de Oca, Abel Cuenca, Graciela García, Manuel Nóver, Manuel Cálix Herrera y Juan Pablo Wainwright pondrían las bases para que Honduras llegara a una de sus más importantes citas con la historia: la huelga del 54.

Y en cierta forma, dándole continuidad a esa gesta, en eso estamos ahora. A quienes nos sentimos parte de este gran movimiento hacia la dignidad y la justicia, no nos gusta la nación que nos heredaron los tres siglos de coloniaje y los dos de supuesta vida independiente. No obstante, no podemos borrar o suprimir lo que millones de hondureños y hondureñas realizaron a lo largo de los siglos. Con limitaciones, adecuándose a los parámetros de su época, aportaron elementos constructivos en los que se afirmaba el poderío del espíritu humano para superar lo negativo y adverso. Con esa base construiremos una nueva Honduras.

REFLEXIÓN LA MESCOLANZA NOS UNE EN LA DIVERSIDAD A fin de cuentas, el concepto de identidad nacional deviene en una especie de síntesis de los diversos conglomerados humanos. Lo hondureño no es químicamente puro; no existe un tronco racial único, a la manera de los fascistas arios que se inventaron lo de una “raza pura”. No. Lo hondureño está hecho, en gran porcentaje, de una mezcolanza, de un entrecruce sanguíneo (el famoso mestizaje) que nos ha ido llevando a una especie de unidad en la diversidad.

No existe una sola identidad. En un país como el nuestro, plurilingüe, pluriétnico y multicultural, lo que existe son diversas identidades que, en determinado momento, cuando sus existencias están en peligro, se unen en defensa de intereses comunes. La prueba la da el propio golpe de Estado del 28 de junio cuando, a una sola voz, surgieron documentos, poesías, canciones, graffiti, chistes, pinturas, obras de teatro, mojigangas, programas jocoserios y cuanto mensaje traducía la indignación, la cólera, la angustia, las esperanzas frustradas. ¡Cuánta creatividad surgió para organizar la Resistencia. Voces procedentes de todas las regiones del país!

Así se empezó a escuchar en las manifestaciones la voz misquita untada de guabul; la arrechura de hombres de maíz de los lencas; el grito con olor a cazabe y cuero del tambor de los garífunas. Y no está de más rememorar a la gran estrella mediática, la insigne Prosilapia Ventura en los siempre esperados «Notinada», los irónicos, paródicos y puntuales programas con los cuales Radio Progreso obliga al cuestionamiento del stablishment. En otras palabras, para que haya identidad,

debe haber una comunidad luchando y moviéndose en la dinámica que las circunstancias le impongan.

LA IDENTIDAD, SIEMPRE INCONCLUSA Ello responde a otro aspecto que no podemos olvidar ni soslayar: la identidad nunca es un fenómeno terminado o concluido. La identidad nacional es un proceso. Es decir, estamos frente a un concepto dinámico. Surge por la confluencia de determinados factores históricos y no permanece estático. Se hace o se degrada todos los días. En este último caso hablamos de los conocidos fenómenos de alienación y aculturación. Con toda razón, frente a ello, se puede aplicar lo que dijo el poeta Antonio Machado: Caminante, no hay camino.

Se hace camino al andar.

LA HONDURAS INGOBERNABLE Actualmente, Honduras es ingobernable porque el gobierno continuador del régimen de facto sigue actuando en beneficio de unos cuantos y seguirá siendo ingobernable en la medida que no sean incluidos todos los grupos sociales que conformamos esta nación.

Hablamos pues, de la gobernabilidad, tal como la conciben los teóricos sociales y la cual implica la capacidad de la comunidad para lograr un equilibrio relativamente estable entre los sistemas político, económico, social y cultural. El ejercicio del poder con temple de estadistas que permita conducir los asuntos públicos con transparencia y calidad, equitativa y armoniosamente, eficaz y eficiente, en beneficio de todos...

37 octubre 2010

REFLEXIÓN

La empresa ¿Motor de desarrollo o máquina de explotación?

P. PEDRO SERRANO

La empresa es primordial para el desarrollo económico de las naciones y desempeña una función social. Sin embargo, la empresa capitalista moderna, en su afán de máximo lucro, ha pervertido su responsabilidad de contribuir al bien común. Para ello manipula los mercados, se vale de los tres poderes del Estado y hasta de las instituciones militares y de seguridad porque, en esta era de la globalización neoliberal, las multinacionales concentran más poder que los mismos Estados.

R

esidiendo en San Pedro Sula, se acercó a saludarme un señor que tenía una pequeña imprenta. Me dijo: —Yo también fui partidario de la Enseñanza Social de la Iglesia y de la justicia social; pero luego me hice empresario. Le contesté: —La empresa no es mala, al contrario, es el motor del alto grado de desarrollo alcanzado en el siglo XXI. Continué: —Tampoco es inmoral el beneficio. La perversión está en la ambición por la máxima ganancia; por ella, por la ganancia apasionada y sin límites, viene la explotación contra los trabajadores y la división de clases, incluso las guerras.

Tanto en la época antigua y media como en la moderna, el trabajo, ya sea en la modalidad esclava o libre, jerarquizado o igualitario, clasista o comunitario, privado o público, ha necesitado del concurso de varias personas para producir alimentos, vestidos, viviendas; también formación, cultura, religión, ciencia y tecnología. De la tendencia humana al trabajo comunitario, ha 38 envío

surgido la empresa a partir de la industrialización.

Lo natural es que cada ser humano posea ciertos bienes con las finalidades siguientes: a) que le garanticen la vida digna de su familia; b) que sirvan para ayudar al bien de la comunidad ciudadana; y, c) para solidaridad con los más desfavorecidos. Es decir que la propiedad, además de una función personal y familiar, tiene una función social y de servicio al bien común.

LA SOCIEDAD INDUSTRIAL Con la industrialización se van dando diversos cambios: de una cultura estática se pasa a una cultura dinámica; del trabajo campesino al trabajo asalariado en la fábrica; de la tierra como base de la economía a la empresa privada como motor del desarrollo; de la población desperdigada en el campo a la concentración poblacional en las ciudades.

Nace, pues, la sociedad industrial dejando en un segundo plano a la sociedad agraria. El artesanado

familiar y el campesinado se van transformando en el proletariado urbano. El obrero pasó a ser un instrumento más de la máquina, y su salario considerado como parte de los costos de producción, que el capitalista reducía para aumentar sus beneficios.

Debido al capitalismo liberal salvaje, aparece la protesta obrera, que evoluciona de mutuales de ayuda obrera a sindicatos de clase, para acabar formando centrales sindicales. El Movimiento Obrero siempre ha aspirado a salario digno, jornada menor de ocho horas, trato humano, valoración de su trabajo, descanso semanal, vacaciones anuales, empleo fijo y promoción en la empresa. Reclamaba seguridad social, salud, jubilación. Además, ha exigido las libertades de expresión, reunión, asociación, sindicación, manifestación y huelga, pues, sin ellas, se encuentra incapaz de negociar sus reivindicaciones laborales.

Actualmente, en la globalización capitalista neoliberal, el Estado es un instrumento fundamental al servicio de la clase alta para

REFLEXIÓN mantener explotada y marginada a la clase baja. La opresión es menos evidente en los países desarrollados, y trágica en los países en vías de desarrollo. La explotación de clase, prioritariamente, se realiza en la gran empresa que suele adoptar la figura jurídica de Sociedad Anónima (SA). El patrón ya no es una persona, sino los poseedores de las acciones, principalmente el propietario de la mayoría de los valores de la empresa, que suele ser otra empresa.

ESCÁNDALO MUNDIAL EMPRESARIAL El problema de las empresas capitalistas modernas es que —por el afán de la máxima ganancia—, transforman su responsabilidad de colaborar al bien común en explotación de las grandes mayorías trabajadoras del campo y la ciudad.

Para ello, cuentan con alianzas de emporios empresariales, manipulación de los mercados, utilización de los tres poderes del Estado y hasta de las instituciones de seguridad (policías y militares).

Las burguesías nacionales oligárquicas, para satisfacer sus ambiciones ilimitadas de lucro, se valen de las empresas capitalistas, ya sean grandes o transnacionales, impulsando a sus propios Estados a promover guerras contra otros países y a reprimir a los sectores populares de los países donde se ubican.

LAS MULTINACIONALES Hoy, debido a los adelantos científicos y técnicos, así como a los medios de comunicación y de transporte, la Tierra se ha convertido en una aldea global. Todos los países son interdependientes. En esta era de la globalización neoliberal, las multinacionales concentran más

poder que los Estados. Por ello, aunque el pueblo elija democráticamente a los gobiernos y parlamentos, los tres poderes estatales están más al servicio de las grandes empresas y multinacionales que del bien común.

Las multinacionales operan en muchos países; doblegan Estados, compran ministros, asesinan a líderes populares, bloquean a pequeñas empresas y cooperativas, extorsionan a campesinos, talan bosques y selvas, contaminan el ambiente, impulsan golpes de Estado, genocidios y guerras. La cuestión es acumular capital y poder. De las multinacionales afanadas en la ganancia, emana la corrupción mundial.

Las multinacionales han impulsado, con la ayuda de potentes Estados a su servicio, la cultura del individualismo y el materialismo, el hedonismo y el consumismo. Las multinacionales usan los símbolos y doctrinas de la religión, de las culturas y la patria para dominar en el mercado, como en las mentes y los corazones de las gentes. Tratan de encasillarnos a todos en el pensamiento único, programando y lavando los cerebros de los pueblos.

A través de la propaganda, hablan de libertad para comprar sus productos, reduciendo a las personas a meros autómatas para producir y consumir. Las metrópolis de las multinacionales marginan, persiguen, encarcelan y hasta eliminan a quienes pretendan vivir e impulsar relaciones solidarias, creativas y fraternas entre las personas y los pueblos.

EL MERCADO En el capitalismo, el mercado provoca la competencia despiadada, se transforma en un instrumento de explotación y de dominación de las corporaciones trasnacionales sobre

las empresas medianas y pequeñas; de los países desarrollados sobre los países en vías de desarrollo. Las normas, los precios, los productos los imponen las multinacionales, muchas veces en la modalidad de monopolio u oligopolio. Si los poderosos han hecho del capital el ídolo secular del mundo, al mercado lo han transformado en el mesías idolátrico. El mercado premia con el cielo de la riqueza y el poder a las minorías oligárquicas, enviando al infierno de la marginación y la pobreza a las mayorías.

La economía capitalista, además de dejar a las mayorías en la miseria, produce crisis cíclicas que hunden a los actores económicos.

Ahora estamos en una de ellas, de proporciones gigantescas, causada por el irracional abuso de las empresas constructoras y de las instituciones financieras, sobre todo en Estados Unidos.

EL NEOLIBERALISMO GLOBAL Desde el presidente Reagan hasta el presidente Obama, el neoliberalismo global ha prevalecido en la economía estadounidense y mundial. Sus prácticas son conocidas: desregulación de la economía, reducción de impuestos, supresión de aranceles y libertad económica para los actores hegemónicos en el mercado. El resultado es que los ricos cada vez son más ricos y los pobres más pobres.

Se ha implantado en la economía el sistema más irracional posible: la no intervención del Estado en el mercado. Por ello, el mercado se ha convertido en el escenario de lucha de todos contra todos, donde las multinacionales y las financieras han arruinado a innumerables agentes económicos; y empobrecido a la clase trabajadora. Por el egoísmo de los agentes financieros, 39 octubre 2010

REFLEXIÓN hemos acabado en una crisis de impredecibles consecuencias.

LOS NEOINTERVENCIONISTAS Desde la crisis de 1929 en Estados Unidos, prevaleció en Keynes y otros economistas la idea de que para salir de la Gran Depresión era necesaria la intervención del Estado. Una vía para superar la Depresión que utilizó Estados Unidos, fue la participación en la segunda guerra mundial. Desde entonces, la economía de EUA fue alcanzando la hegemonía global que se ha ido acrecentando.

Ahora igual; con la crisis de 2008, principalmente financiera —aunque a ella se le una la debacle en la energía, la construcción y los alimentos—, no han tenido más remedio los gobiernos de Bush y de Obama que salir al rescate de sus amigos, los ricos de las finanzas y las multinacionales, uniéndose los gobiernos de Europa, Asia y Latinoamérica. La solución que han dado los países del G-20 (los más industrializados), es privatizar las ganancias y socializar las pérdidas.

Así que, después de enriquecerse a costa de los pueblos, ante la pasividad injusta de los gobiernos democráticos, ahora éstos intervienen para salvar al capitalismo.

LIBRE MERCADO Y CORRUPCIÓN Tanto en el Primer mundo como en países del Tercer mundo, observamos cómo gobiernos, jueces, congresistas, políticos, empresarios, directivos y funcionarios aprovechan sus cargos para acaparar dinero de forma inmoral. Éstos, los corruptos, hipócritamente defienden el sistema de libre mercado, la ganancia ilimitada de las empresas 40 envío

e individuos, así como la congelación de salarios.

Consideran al capitalismo como el mejor modelo económico y político de la historia. Hablan de derechos humanos y de la ayuda a la pobreza en el mundo, mientras con chantajes, mentiras y presiones acaparan las materias primas y las energías de los países en vías de desarrollo. Empobrecen a los pueblos marginales con la deuda externa, el intercambio desigual de mercancías, la desregulación internacional, la supresión de barreras arancelarias, la privatización de los bienes públicos, de las inversiones extranjeras y con otras maniobras más de los poderes expresos y fácticos del sistema dominante.

Los corruptos utilizan la amenaza, el engaño, la seducción, la compra de voluntades, la alianza con delincuentes y narcotraficantes, la doble contabilidad, la evasión de impuestos, el soborno y otras prácticas condenables. Todo con el afán desmedido de acumular dinero sin atenerse a principios humanos, sociales, morales o religiosos. Los corruptos amañan las leyes para imponer bajos salarios y empleos precarios a los trabajadores; bajar impuestos a los ricos y subirlos a los pobres; engañar a clientes con productos de escasa calidad, a precios de alta calidad.

Los partidos políticos, y también algunos dirigentes de organizaciones populares y sindicales, caen en las garras de la corrupción, de la financiación ilegal de sus grupos, de la aceptación de dinero sucio, del amaño de elecciones. Y, cuando dejan sus cargos, de pobres han pasado a ricos.

EMPRESA Y REALIDAD POLÍTICA NACIONAL La democracia hondureña es tan de baja calidad, que la corrup-

ción ha penetrado los tres poderes del Estado; ha invadido todas las esferas productivas, comerciales y financieras. Asimismo, el narcotráfico y la delincuencia tienen gran poder e influencia dentro de las instituciones del Estado.

Los poderes económicos nacionales, transnacionales y delincuenciales dominan al Estado y a la ciudadanía, de tal forma, que están desintegrando el país y empobreciendo cada vez más a sus habitantes. La propiedad está en manos de los ricos que se apoderan de casi todos los bienes materiales. Así, la función social de la propiedad, que es favorecer el bien común, la han pervertido en un instrumento de injusticia. Los resultados los vemos todos los días: deshumanización, empobrecimiento, incultura, enfermedades y violencia.

BAJO PERFIL EMPRESARIAL Las empresas hondureñas todavía no han alcanzado el grado de desarrollo óptimo, ni existe el número de empresas suficiente para producir y atender las necesidades de la ciudadanía. Por ello, son las multinacionales las que vienen a suplir esa carencia, con empleos precarios y salarios de miseria.

Aprovechándose de que Honduras necesita de sus servicios, las multinacionales imponen la desregulación de derechos humanos, económicos y laborales vigentes en la Constitución y las leyes. Las multinacionales mineras, fruteras, madereras, industriales y comerciales se llevan la parte del león, dejando apenas beneficios en el país. Ello ocurre sin que los sucesivos gobiernos, liberales o nacionalistas, hagan algo por remediar tamaño expolio.

Escándalo y atropello que, tanto las organizaciones sindicales y popula-

REFLEXIÓN res como las políticas y religiosas, han de denunciar ante los organismos nacionales e internacionales competentes. Si las multinacionales van contra el hombre, también van contra Dios.

PERVERSIÓN En Honduras se agrava la perversión de la empresa capitalista.

Esta consiste no en la ganancia, que es buena y necesaria, sino en la ideología y la pasión por la máxima ganancia. Ello supone considerar a los trabajadores como instrumentos de producción y no como personas, y a la ciudadanía como potencial cliente manipulable a través de la publicidad. A la vez, la clase dominante se somete a los dictados de los organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y los TLC con Estados Unidos y la Unión Europea, que en nada han beneficiado al país.

En Honduras, la minoría dominante (compuesta primordialmente por familias de origen extranjero), vive a costa de las mayorías oprimidas. Y en la globalización, los países desarrollados explotan y oprimen a los países empobrecidos; en el caso de Honduras, el primer explotador es Estados Unidos y, en segundo lugar, la Unión Europea. El capitalismo, pues, es un sistema corrupto y perverso que impide la dignidad humana y el desarrollo de la fraternidad nacional e internacional.

DEMOCRACIA DE BAJA CALIDAD La práctica democrático-capitalista es que sólo se cuenta con el pueblo en época de elecciones.

Y en la democracia bipartidista hondureña, no se sabe salir de esa maldición. En la contienda electo-

ral, los candidatos no se cansan de hacer promesas que favorecen la justicia social y el desarrollo humano. Pero el partido ganador, sea el que sea, una vez en el gobierno, las olvida. Y cuando algún gobernante da tímidos pasos para favorecer a las mayorías, se le da golpe de Estado con la convergencia de los tres poderes estatales, la empresa privada, la oligarquía, los militares y las multinacionales. Eso sí, con el permiso, la colaboración y la decisión del gobierno norteamericano, auténtico dominador de Honduras en la sombra. ¿CONTRADICCIÓN O DEFORMACIÓN? Los ciudadanos asistimos impotentes ante el gran escándalo nacional y mundial. Si la democracia garantiza, en las constituciones y legislaciones, la dignidad de la persona y los derechos humanos, el capitalismo logra que esto sea imposible para las dos terceras partes de la humanidad que viven con menos de dos dólares diarios.

La situación se agrava para una tercera parte de los pobres que, al no alcanzar el dólar diario, permanecen en la desnutrición, el hambre y la muerte temprana. En Honduras, de los cerca de ocho millones de habitantes, tenemos a 4,5 millones en extrema pobreza y 1,5 millones más en pobreza real.

Curioseando en Internet sobre la empresa privada en Honduras, me encontré con esta afirmación: "En la práctica, los trabajadores/as no cuentan con una ley que los proteja adecuadamente frente a actos de discriminación antisindical. Los trabajadores/as son hostigados e incluso despedidos por sus actividades sindicales. En las zonas francas los trabajadores/as son explotados y se ha informado que aquellos que intentan formar un sindicato

son despedidos e inscritos en listas negras, además de ser perseguidos, aislados de sus compañeros y acosados psicológicamente, en algunos casos hasta físicamente. A pesar del reconocimiento legal del Fuero Sindical, la principal estrategia que siguen usando las empresas para desmantelar la organización sindical es el despido masivo de su Junta Directiva, muchas veces en el mismo momento de constitución del Sindicato para impedir su consolidación y crecimiento. Como el procedimiento para el reintegro es tan lento, al final estas personas ya han tenido que buscar empleos en otras empresas para su subsistencia económica y en la práctica, aun cuando se ordene el reintegro, ya las condiciones que hicieron posible la constitución del sindicato no existen en la empresa, ha cambiado el personal, y por lo tanto el proceso organizativo tendría que empezar prácticamente de cero. Cuando el sindicato existe en la Empresa, la gerencia de ésta no descansa en sus tácticas de imposiciones arbitrarias, amenazas de castigo y represalias, así como malos tratos con las personas afiliadas"1.

Entre las multinacionales que aplican estas prácticas represivas, destacan: Villanueva Industrial, Park ZIP, Búfalo ZIP, Buena Vista ZIP, Calpules ZIP, Comayagua ZIP, El Porvenir ZIP, INHDELVA ZIP, San José Industrial Park. Además: WalMart Stores, The Gap Inc., Chiquita Brands International Inc., Russell Corp., ALCOA (Aluminum Company Of America), Nike Inc., Reebok International Ltd., The Gap Inc., Wal-Mart Stores, The Gap Inc., Wal-Mart Stores y Wal-Mart Stores.

1

En: ITUC-CSI, Suisse, Annual Survey of violations of trade union rights, 01/12/2007.

41 octubre 2010

DEBATE

Independencia y transparencia del Poder Judicial en Honduras1 LEO VALLADARES LANZA*

El Poder Judicial continúa renqueando, pese a la reforma constitucional de 2001. Los partidos políticos mayoritarios influyen a través del Poder Legislativo, y son correa de transmisión del poder económico; el crimen organizado representa una grave amenaza a la independencia del Poder Judicial, y urge la aprobación de la Ley del Consejo de la Judicatura. Pero no todo es negativo; no faltan jueces y juezas que, anónimamente, resisten las presiones y mantienen funcionando el Poder Judicial.

E

l objetivo de este trabajo es medir los niveles de independencia y transparencia del Poder Judicial en Honduras, a fin de tener un panorama de la situación del país y, a la vez, proporcionar datos que permitan elaborar un mapa de la región2.

Se trata de una investigación de corte cualitativo, que busca construir una tipología de poderes judiciales en América Latina de acuerdo con su nivel de independencia y transparencia. La metodología combinó técnicas de recolección de datos a efecto de integrar fuentes de información, fundamentalmente documentos oficiales y entrevistas estructuradas a informantes claves: abogados con más de diez años de experiencia y 1 Versión abreviada del documento original, fechado en septiembre de 2010. Esta investigación se realizó en el marco de las actividades de la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF, por sus siglas en inglés), una ONG con sede en Washington D.C., dedicada a promover la reforma y modernización de los sistemas nacionales de justicia en el hemisferio occidental, así como la plena implementación de los estándares internacionales en las legislaciones y prácticas estatales. Para mayor información véase: www.dplf.org. * Ex Comisionado Nacional de Derechos Humanos (1992-2001) y director ejecutivo de ACI-Participa.

2 La investigación, que se realizó en toda Centroamérica, no pretende establecer categorías entre los países, sino más bien hacer una tipología de cada Poder Judicial, con un enfoque comparativo, y así tener un instrumento constructivo.

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diez jueces de similares características3. A continuación se describen brevemente los parámetros utilizados para medir ambas categorías.

1) Independencia Medimos la ausencia de interferencia de las otras ramas del gobierno y de actores privados en el accionar del Poder Judicial y en sus decisiones. En este caso nos concentraremos en dos componentes de la independencia: El institucional, en la medida que la literatura ha asumido que hay ciertas características del diseño institucional que contribuyen a la independencia del Poder Judicial, en tanto “blindan al Poder Judicial de la interferencia de los otros poderes”. Un ejemplo son los mecanismos de selección de los jueces o las maneras de establecer la división de poderes en la Constitución.

El individual, que hace referencia a las posibilidades de presión indebida sobre el actuar de los jueces, fundamentalmente al interior del Poder Judicial, por parte de la jerarquía judicial. Un ejemplo de este tipo de características está dado por la existencia de procedimientos claros dentro del Poder Judicial.

3

Para la elaboración de este trabajo se ha seguido la propuesta de sistematización contenida en el trabajo realizado por la International Human Rights Clinic de la George Washington University, con la propuesta metodológica de la Dra. Karina Ansolabehere, de FLACSO-México.

DEBATE 2) Transparencia Medimos la disponibilidad de información a los jueces, la comunidad legal, los medios de comunicación, a través de métodos claros y fácilmente discernibles, oficiales y accesibles. Esta noción implica, fundamentalmente, dos dimensiones de análisis: Acceso a la información, que supone acceder a información sobre cómo trabaja el sistema judicial. Se enfoca en la disponibilidad y el acceso de la información sobre el funcionamiento del Poder Judicial.

Control, que busca identificar la existencia de mecanismos de control de los funcionarios. Por ejemplo, si realizan declaraciones de bienes, si el funcionamiento del Poder Judicial está sujeto a auditorías, etc.

1. INDEPENDENCIA INSTITUCIONAL En el año 2000, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Defensor del Pueblo), ante las numerosas quejas que recibía contra el sistema judicial hondureño que evidenciaban la falta de imparcialidad de algunos jueces y magistrados en la resolución de los casos sometidos a su jurisdicción, así como denuncias de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, extorsión, chantaje, amenazas, revisión ilegal de los expedientes, negativas del juez a fallar, etc., se vio en la obligación de emitir un informe especial sobre la “Necesidad de Proteger la Independencia Judicial”4.

Este informe causó un hondo impacto en el país, por lo que se convocó de inmediato a todos los sectores, sociedad civil, sindicatos y representantes de los poderes del Estado, para que hicieran propuestas. Esto dio como resultado la reforma de la Constitución en todo lo referente al Poder Judicial, que entró en vigencia en el año 2001.

1.1.ESTRUCTURA DEL PODER JUDICIAL Y DISEÑO CONSTITUCIONAL5

De acuerdo con la reforma a la Constitución de la República, la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y las leyes. El Poder Judicial se integra por una Corte Suprema de Justicia,

4 5

Informe publicado el 6 de abril de 2000.

Véase la estructura del Poder Judicial en: http://www.poderjudicial.gob.hn/ejes/institucional/organizacion/organigramapj/

por las Cortes de Apelaciones, los Juzgados y demás dependencias que señale la ley (Art. 303)6.

La reforma constitucional de 2001 establece que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) estará integrada por 15 magistrados, a quienes atribuye la facultad de nombrar magistrados y jueces, previa propuesta del Consejo de la Carrera Judicial. También crea un mecanismo especial para la elección de los magistrados de la (CSJ), mediante la integración de una Junta Nominadora conformada por representantes de la sociedad civil, empresa privada, sindicatos, colegios profesionales, universidades, Colegio de Abogados, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y la propia Corte Suprema; estos proponen al Congreso Nacional una nómina no menor de tres por cada uno de los magistrados a elegir, por mayoría calificada de dos tercios, para un período de siete años, pudiendo ser reelectos. Igualmente, establece los requisitos e inhabilidades para desempeñar este cargo.

El Poder Judicial goza de completa autonomía administrativa y financiera. En el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República tendrá una asignación anual no menor del 3% de los ingresos corrientes, pero no siempre se cumple. El Poder Ejecutivo acreditará, trimestralmente anticipadas, las partidas presupuestadas correspondientes (Art. 318). Se garantiza la inamovilidad a los jueces y magistrados, pues “no podrán ser separados, suspendidos, trasladados, descendidos, ni jubilados, sino por las causas y con las garantías previstas en la Ley” (Art. 317).

Un paso importante en favor de la independencia del Poder Judicial es la atribución que se confiere a la CSJ de “crear, suprimir, fusionar o trasladar los Juzgados, Cortes de Apelaciones y demás dependencias del Poder Judicial”, facultad que, anteriormente, poseía el Congreso Nacional. También crea el Consejo de la Judicatura, cuyos miembros serán nombrados por la Corte Suprema, pero no le asigna las funciones básicas, sino que se las deja a una ley que, hasta la fecha, después de nueve años de haber entrado en vigencia la reforma constitucional, no se ha emitido. Esto ha causado numerosos problemas, pues la CSJ desempeña, simultáneamente, facultades administrativas y jurisdiccionales.

Podemos concluir que el diseño constitucional es “medianamente garante” de la independencia del Poder Judicial, pues establece un número fijo de 15 6

Véase el Organigrama del Poder Judicial en: http://www.poderjudicial.gob.hn/ejes/institucional/organizacion/organigramajuridiccional/ 43 octubre 2010

DEBATE magistrados para un período de siete años, pudiendo ser reelegidos. También establece un procedimiento especial para su elección, como ya se ha dicho, mediante propuesta de una Junta Nominadora.

1.2. PERCEPCIÓN DE LA REALIDAD No obstante, después de casi diez años de vigencia de la reforma constitucional del Poder Judicial, todavía falta mucho camino por andar. En entrevistas realizadas a abogados y abogadas, sobre si consideraban que las garantías de independencia judicial contempladas en el texto constitucional eran efectivas para lograr la independencia judicial en la práctica, contestaron que solo eran “medianamente efectivas”.

En general, existe desconfianza; no en las normas constitucionales, sino en su aplicación. Solo una persona contestó que eran “efectivas”; dos dijeron que no eran “efectivas” y siete afirmaron que eran “medianamente efectivas”. Se reconoció cierto avance, pero persiste la desconfianza por la politización en el nombramiento de los magistrados de la CSJ. También se refirieron a la falta de compromiso de las autoridades con la Carrera Judicial.

Otro factor que se destacó fue la intervención de los partidos políticos en el nombramiento de los jueces, y la necesidad de buscar a personajes influyentes para que los casos no se queden estancados. Si no hay tutela efectiva para las garantías de independencia, el juez no puede ejercerlas.

Similares respuestas dieron a la misma pregunta los jueces entrevistados, al responder que son “medianamente efectivas”. Las razones, entre otras, es que aún faltan disposiciones. Por ejemplo, aunque en el Artículo 317 constitucional crea el Consejo de la Judicatura, no le fija atribuciones específicas, que deberían ser organizar y dirigir administrativamente el Poder Judicial, y dejar la función jurisdiccional en forma exclusiva a los jueces y magistrados. A pesar de que una Junta Nominadora propone al Congreso los candidatos a magistrados de la CSJ, el sistema de selección es más bien una repartición en la que los partidos políticos escogen a sus miembros.

1.3. INDEPENDENCIA DE FACTO No basta con determinar reglas que garanticen la independencia judicial; también es fundamental la percepción de los actores relevantes sobre el funcionamiento de las mismas. Veamos qué percepción hay acerca de la influencia que ejercen sobre el Poder Judicial el Poder Legislativo y los gobiernos locales (alcaldías y gobernaciones departamentales).

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Los abogados coincidieron en que la influencia del Poder Ejecutivo sobre el Judicial sitúa a éste “como medianamente independiente” del primero. Las razones para esta respuesta fueron que siempre tiene injerencia el Poder Ejecutivo sobre el Judicial, pero no tanta como la tiene el Legislativo. Esta influencia se ejerce a través de los partidos políticos.

En relación con la influencia que ejerce el Poder Legislativo sobre el Judicial, la respuesta fue “dependiente”. Los abogados coincidieron en que el Poder Judicial es dependiente del Legislativo; las razones se centran en el hecho de que los magistrados son elegidos por el Congreso Nacional, que los escoge, más que por su capacidad, por su militancia política. Aunque exista una Junta Nominadora con participación de la sociedad civil, el criterio final es el apoyo que dan los diputados a determinado candidato. Con esto, los diputados influyen sobre los magistrados que apoyaron en la elección.

Un candidato a magistrado, por muy talentoso que sea, si no ha “cabildeado” previamente con los diputados, nunca será elegido.

En cuanto a la influencia que ejercen los gobiernos subnacionales, que en Honduras representan los gobernadores departamentales y los alcaldes municipales, la mayoría -ocho- respondió que el Poder Judicial es independiente; sólo dos afirmaron que era medianamente independiente, y ninguno dijo que era dependiente. Por tanto, se considera al Poder Judicial independiente de estas influencias. Las razones que dieron los abogados es que todavía no existe una total autonomía de los gobiernos municipales; la influencia desde el gobierno central se ejerce a través de los diputados, llegándose a afirmar que, en algunos casos, los diputados “proponen” candidatos a jueces.

Considerando que se entiende por independencia judicial la ausencia de interferencias internas o externas sobre las decisiones de los jueces, ¿cómo podríamos caracterizar la influencia que ejercen otros poderes fácticos como el económico, las Fuerzas Armadas, los partidos políticos y los medios de comunicación? La investigación arrojó los siguientes resultados: a) Del poder económico se le considera dependiente. Ocho contestaron que el Poder Judicial es totalmente dependiente del poder económico.

Algunos mencionaron nombres de familias y empresas. También dijeron que los asuntos judiciales se mueven al compás de los intereses económicos que controlan el país. b) Del ejército (las Fuerzas Armadas) se le considera independiente. Cinco contestaron que era

DEBATE independiente, cuatro que era dependiente, y uno que no era independiente. Por consiguiente, podemos decir que es independiente, muy cerca de “medianamente independiente”. Las Fuerzas Armadas todavía tienen influencia: la ejercen a través del Ministerio de Defensa, de otros órganos del Estado, o de los partidos políticos. Pero ya no es como en el pasado, cuando detentaban el poder. c) Del crimen organizado es medianamente dependiente. Siete contestaron medianamente dependiente, y tres dependiente, por lo que se califica como medianamente dependiente. El consenso es que este es un nuevo poder fáctico que se ha posicionado de manera alarmante en la vida del país. Se mencionaron casos de asesinatos y amenazas a jueces por parte del crimen organizado, e incluso a abogados en ejercicio. Actualmente trabajan varios jueces con protección especial de la autoridad por las amenazas recibidas. Cabe resaltar que esta es una de las grandes amenazas externas al Poder Judicial. d) De los partidos políticos es dependiente. Siete respondieron que es dependiente y tres dijeron que medianamente dependiente. Unánimemente estuvieron de acuerdo en que es a través de los partidos políticos que se ataca la independencia del Poder Judicial, comenzando porque es el Congreso quien elige a los magistrados de la CSJ. Aunque la elección se haga de la lista presentada por la Junta Nominadora, los candidatos necesitan el apoyo de los dos partidos políticos mayoritarios, pues son los únicos que pueden lograr los dos tercios de los votos del Congreso, necesarios para ser elegidos.

Además, advirtieron que los grupos de poder económico se han apoderado de los partidos políticos, los cuales defienden los intereses de los primeros pues, incluso, les financian las campañas electorales. e) De los movimientos sociales es independiente.

Seis afirmaron que era independiente, y cuatro que es medianamente independiente. Se considera que el Poder Judicial no es influenciado por los movimientos sociales, aunque se han dado manifestaciones ante la Corte Suprema de Justicia y contra algunos juzgados, demandando pronta solución de algunos casos.

f) De los medios de comunicación es medianamente independiente. Seis contestaron que era medianamente independiente, tres que era dependiente, y uno que era independiente.

Algunos afirmaron que los dueños de medios pertenecen a los grupos de poder, por lo que los medios son instrumentos para defender sus intereses; por tanto, ejercen presión sobre el Poder Judicial. La expresión vertida por uno de los entrevistados: “un escándalo en la prensa pone al Poder Judicial de rodillas”, resume lo anterior. Otros abogados señalaron que el Poder Judicial es muy cuidadoso con la prensa, trata de minimizar lo que se diga en su contra, y busca tener un bajo perfil.

2. TRANSPARENCIA 2.1. INFORMACIÓN AL PÚBLICO SOBRE

EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA Los criterios de selección para ingresar al Poder Judicial son públicos, pero no están accesibles en la página web oficial; por eso son medianamente accesibles. El Poder Judicial, a través de su portal de Internet7, ofrece documentos relacionados con los procesos de concursos iniciados desde la vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP).

El resultado del proceso anterior para la selección de Jueces de Letras, de Tribunales de Sentencia, de Paz, Defensores Públicos e Inspectores, fue divulgado a través de medios de comunicación impresos. Los criterios de selección del personal son emitidos por la Comisión Evaluadora.

2.2. INFORMACIÓN SOBRE EL

PROCESO DISCIPLINARIO Los criterios disciplinarios para jueces y magistrados de Cortes de Apelaciones se encuentran en la Ley de la Carrera Judicial y su Reglamento, y están disponibles en la página web8.

Los resultados de procesos disciplinarios aplicados a jueces y magistrados (incluyendo la argumentación del resultado) de los últimos tres años no son accesibles porque no están en la página web ni son publicados. El

7 http://www.escuelajudicial.gob.hn/ejes/Concursos 8 http://www.poderjudicial.gob.hn/misc/Transparencia/Regulación/Leyes http://www.poderjudicial.gob.hn/misc/Transparencia/ Regulación/Reglamentos 45 octubre 2010

DEBATE único recurso es solicitarlos con base en la LTAIP, pero este recurso es de dudosa eficacia.

2.3. INFORMACIÓN SOBRE

LA DECLARACIÓN DE BIENES Estos datos no son accesibles. La declaración de bienes es un requisito para tomar posesión de los cargos que establece la Ley del Tribunal Superior de Cuentas, y esta entidad la mantiene en custodia. El Poder Judicial solamente requiere copia de la constancia de declaración de bienes.

Cabe aclarar que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) aplica en forma restrictiva el Artículo 3, 7) de la LTAIP, que considera que el patrimonio personal o familiar son “datos personales confidenciales” y no deben hacerse públicos. Esta disposición ha sido criticada porque vulnera el principio de publicidad a que deben estar sometidos quienes reciben y manejan fondos públicos.

2.4. INFORMACIÓN SOBRE

LAS DECISIONES JUDICIALES Estas decisiones son medianamente accesibles. Los fallos de la Corte Suprema de Justicia son accesibles mediante el portal institucional9, con el valor agregado de que han pasado por un proceso de verificación, análisis y clasificación jurisprudencial. También se pueden obtener sentencias relevantes, accediendo al sistema de Jurisprudencia del Poder Judicial10.

Las sentencias de las Cortes de Apelaciones y Juzgados de Letras no aparecen en la página web, pero son públicas (Art. 8 LOAT), salvo excepciones de la ley (protección a menores), y están a disposición en los tribunales respectivos. Si son muy antiguas, se encuentran en el Archivo General del Poder Judicial.

Las decisiones judiciales son fácilmente ubicables.

El sistema de jurisprudencia permite el acceso a las sentencias utilizando diferentes criterios de búsqueda: desde la más simple, hasta el uso de descriptores y restrictores, como se puede observar en la dirección correspondiente11.

2.5. SITIO OFICIAL DEL PODER JUDICIAL El portal institucional ofrece información diversa, y el Poder Judicial se ha empeñado en que su portal sea uno de los mejor presentados. Sin embargo, no siempre 9 http://www.poderjudicial.gob.hn/misc/Transparencia/Sentencias/Sentencias+Relev 10 http://www.poderjudicial.gob.hn/juris/principal.aspx 11 http://www.poderjudicial.gob.hn/juris/Jurisprudencia_Cedij.aspx 46 envío

publica información relevante que dé mayor transparencia al ejercicio de la función judicial. Por ejemplo, no se publican debidamente los anuncios de concursos, traslados, destituciones, ni siquiera el nombre de los jueces y de los lugares en que prestan sus servicios. Una de las quejas que se recibieron de los jueces, es que de la única evaluación que se ha hecho al personal, nunca se publicaron los resultados. Para los criterios de esta investigación, la información que contiene el sitio oficial del Poder Judicial es incompleta12.

2.6. COMUNICACIÓN CON EL PÚBLICO Los abogados coinciden en que no hay una estrategia de comunicación social que facilite el acceso al sistema de justicia, ni para los abogados ni para la población en general. Algunos vertieron expresiones como las siguientes: • Los empleados judiciales se creen muy por encima de la gente que acude a los tribunales.

• Están huérfanos de relaciones públicas.

• No se cumple el principio de publicidad. Priva el principio de secretividad.

• No hay información al pueblo.

2.7. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA La información presupuestaria es incompleta. En la sección de transparencia se puede encontrar un detalle de la ejecución presupuestaria del Poder Judicial de conformidad con los lineamientos establecidos por el IAIP, pero no se adjunta la dirección electrónica por una falla temporal en el servidor.

2.8. EFECTIVIDAD DEL SISTEMA

DE DECLARACIÓN DE BIENES La Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, Artículo 56, establece la obligación de presentar la declaración jurada de bienes a todos los empleados y funcionarios públicos, incluyendo a todos los jueces y funcionarios del Poder Judicial.

Sin embargo, nueve de los abogados consultados contestaron que el sistema no es efectivo; creen que es una mera formalidad que se usaría solamente en el caso de que se quiera perjudicar a alguien. Sólo uno afirmó que sí es efectivo, pues piensa que si se revisara la declaración, podría arrojar resultados.

12 Véase: http://www.poderjudicial.gob.hn/general/noticias/noti# http://www.poderjudicial.gob.hn/NR/rdonlyres/4D5FE948-11F64ACE-B5B8-26BB5D29969E/1899/ReconocimientoIAIP.pdf www.poderjudicial.gob.hn

DEBATE CONCLUSIONES PRIMERA: El problema fundamental no son las normas, sino las personas encargadas de aplicarlas. Así, aunque imperfecta y excesivamente vertical, existe una Ley de la Carrera Judicial que no se aplica plenamente.

A pesar de que establece los requisitos que deben llenar los jueces, magistrados y demás personal, éstos no se toman en cuenta, y pocas veces los nombramientos se hacen por concurso. Tampoco se pone en práctica el sistema de evaluación basado en méritos. De otra parte, los órganos internos: Consejo de la Carrera Judicial, Dirección de Administración de Personal y la Comisión de Selección de Personal están integrados por Magistrados de la CSJ o por personas propuestas por ellos, lo que los convierte en juez y parte en caso de una controversia, por ejemplo un despido. Todo esto da lugar a la crítica repetida constantemente, que algunos nombramientos se hacen con la intervención de los partidos políticos, y no por concurso de méritos, como establece la ley.

SEGUNDA: Ha quedado comprobada, por los testimonios de los jueces y abogados del foro, la fragilidad de la independencia externa de la Corte Suprema pues, a pesar de que la Junta Nominadora propone los candidatos a magistrados, la decisión final está en manos del Congreso Nacional. Según algunos, esto crea lazos de dependencia con los que finalmente son elegidos.

Esta especie de dependencia es aprovechada por otros actores políticos que, por la vía de algunos diputados, ejercen sus influencias.

TERCERA: La Constitución misma, Artículo 13 numeral 8, atribuye a la Corte Suprema la facultad de “Nombrar y remover a los Jueces previa propuesta del Consejo de la Carrera Judicial” (que está integrado por magistrados); el Reglamento Interior amplía esta facultad, al establecer un régimen de control “quasi policial” sobre los jueces y demás personal, lo que vulnera la independencia interna de los jueces y su derecho a la libre expresión.

CUARTA: Esta fusión entre facultades administrativas y jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia causa problemas porque ejerce presión sobre los jueces, quienes pierden su independencia interna al estar subordinados a los magistrados. Por ello se reclama la emisión de una Ley del Consejo de la Judicatura que asuma las facultades administrativas, y deje a jueces y magistrados la función jurisdiccional.

QUINTA: Aunque existen mecanismos en la legislación interna —Ley del Ministerio Público, Código Procesal Penal, Código Penal— para la protección

de la independencia judicial, no hay confianza en la aplicación de las garantías debido al amiguismo, el compadrazgo y las influencias políticas.

SEXTA: Justo es reconocerlo. Se ha hecho un esfuerzo por poner a disposición del público un portal informático con información para garantizar la transparencia judicial. Pero este esfuerzo será en vano si no se coloca la información necesaria, por ejemplo: los concursos para nombramiento de personal y sus resultados; las evaluaciones por desempeño del personal. Si hay algo que debe hacerse en forma pública y abierta, es la impartición de justicia.

SÉPTIMA: Pero no todo es negativo; existen jueces y juezas que, en forma anónima, resisten las presiones tanto internas como externas, y mantienen funcionando el Poder Judicial; no en vano muchos de ellos y ellas han perdido la vida a manos de la delincuencia, o deben ejercer sus funciones bajo protección policial.

RECOMENDACIONES PRIMERA: Debe hacerse una profunda y masiva concienciación en toda la población sobre la necesidad de la independencia y la transparencia judicial. El Poder Judicial debe verse como algo propio, como la garantía de seguridad personal de todos los miembros de la sociedad. Los gobernantes, la clase política, deben entender que no puede existir un Estado de Derecho sin Poder Judicial independiente.

SEGUNDA: Continuar la necesaria reforma judicial, empezando por la Constitución, que no permite que el Consejo de la Judicatura asuma la función de administración del Poder Judicial. Esto significa que se debe emitir, a corto plazo, la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, que corrija todas las deficiencias del Reglamento Interior de la Corte como de la Ley de la Carrera Judicial; igualmente, se debe sustituir la centenaria Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, por una Ley Orgánica del Poder Judicial.

TERCERA: Las reformas propuestas son meramente enunciativas; pueden ser más, pero hay que señalar que deben ser integrales, abarcando armónicamente todos los temas, con participación de todos los sectores: Poder Judicial, asociaciones de jueces y magistrados, universidades, asociaciones de abogados, colegios profesionales, y representantes de la sociedad civil. Se necesita el compromiso de todas las personas porque las instituciones funcionan de la misma manera que lo hacemos nosotros.

47 octubre 2010

La impunidad y la privación del derecho a la justicia se imponen en la vida nacional.

Ante tal indefensión, ¿qué posibilidades de acceso a la justicia tienen las víctimas y sus familiares?

Buscando respuestas a esta pregunta y otras preguntas, Joaquín A. Mejía explica en este libro los sistemas internacionales de protección de derechos humanos que pueden activarse cuando los Estados no cumplen con su responsabilidad

Búsquelo en las oficinas del ERIC en El Progreso, en la Librería Caminantes de San Pedro Sula y en la Librería Guaymuras de Tegucigalpa