ONU alerta sobre incremento de violencia sexual en las guerras

Pramila Patten, representante especial del organismo, destaca que la situación empeora a nivel global de la mano de una mayor proliferación de los conflictos

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La ONU alertó del aumento de los casos de violencia sexual en situaciones de conflicto y pidió a todos los Gobiernos medidas urgentes para acabar con la impunidad.

“Las violaciones en grupo, la esclavitud sexual y otras formas de violencia sexual se están usando como una táctica de guerra, tortura y terrorismo para someter y desplazar a poblaciones”, denunció ante el Consejo de Seguridad Pramila Patten, la representante especial de Naciones Unidas para esta cuestión.

Según Patten, la violencia sexual está empeorando a nivel global de la mano de la proliferación de las guerras, en un momento en el que se registra el mayor número de conflictos desde la Segunda Guerra Mundial y en el que el número de desplazados alcanza niveles récord.

En 2022, la ONU verificó al menos dos mil 455 casos de violencia sexual en conflictos en todo el mundo, pero la organización subraya que sin duda la cifra real es mucho mayor.

“Sabemos que por cada mujer que da un paso adelante, muchas más quedan silenciadas por presiones sociales, estigma, inseguridad y escasez de servicios”, dijo Patten.

Destinan 30 millones de dólares para un programa migratorio en Triángulo Norte de Centromerica

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El embajador de los EE.UU. en El Salvador, William Duncan, y representantes de los Gobiernos de los países del Triángulo Norte de Centroamérica firmaron ayer un convenio para la implementación de un programa para "abordar las causas" que mo- tivan a los ciudadanos de estas naciones a migrar ilegalmente.

La Embajada de EE.UU. informó que se trata de una iniciativa con un "enfoque holístico" que tiene como punto central la producción hortícola y la facilitación del comercio, la cual será implementada en El Salvador, Guatemala y Honduras.

La impunidad es uno de los grandes problemas, según la ONU, que ayer reclamó acciones a los estados miembros.

“La realidad es que hasta que no elevemos de forma efectiva el coste y las consecuencias por cometer, ordenar o condonar la violencia sexual, nunca detendremos la marea de estas violaciones”, insistió Patten.

En ese sentido, la dirigente defendió entre otras cosas que la imposición de sanciones a partes de conflictos puede cambiar su “cálculo” que a menudo ve la violación como algo “sin costos o incluso beneficioso en la política económica de la guerra”.

Detalló que el proyecto regional, con un fondo de 30 millones de dólares (unos 26 millones de euros), busca apoyar de manera directa e indirecta a más de 130,000 personas de los tres países y mejorar los procesos comerciales como los sistemas y procedimientos aduaneros, y la aplicación de medidas en el marco de los Acuerdos de Facilitación del Comercio (AFC) vigentes.

Además, se busca, según la fuente, el fortalecimiento de los sistemas de gestión de riesgos sanitarios y fitosanitarios y armonización regional.

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Jack Smith, el fiscal especial de la causa penal contra el expresidente de EE.UU., Donald Trump y su asistente Waltine Nauta, por delitos relacionados con el manejo de documentos clasificados, pidió a la jueza encargada del caso en Florida que comience con la selección del jurado el próximo 11 diciembre.

Smith solicitó a la jueza Aileen Cannon, de los tribunales federales del distrito sur de Florida, que ignore además la solicitud de la defensa de Trump de que el juicio no se celebre hasta después de las elecciones presidenciales de 2024.

En el documento de 11 páginas, Estados Unidos sostiene que “no hay base de hecho o de derecho para proceder de manera tan indeterminada y abierta, y que los demandados no proporcionan ninguna”.

El fiscal especial Smith expone a la jueza Cannon que los principios legales son aplicables para que un juicio rápido comience el próximo 11 de diciembre con la selección de jurado y que “los problemas legales propuestos por los demandados no son novedosos” y sus “argumentos restantes no se justifican”.

“Los argumentos restantes de los acusados tampoco brindan base para aplazar el establecimiento de la fecha de un juicio”, señala la acusación, para pedir en la conclusión que el tribunal rechace la petición de los demandantes de “diferir” la fecha de juicio.

La Ley de Juicio Rápido, bajo la cual se va a desarrollar el proceso judicial, exige que ambas partes remitan unos informes específicos sobre los tiempos que manejan.