La Revista del Sur| Año 05 | #42 - Abril de 2021
Los peruanos tenemos la oportunidad de cambiar el futuro del país.
Que gane el
Perú
2 / Editorial
La última.
EDITORIAL
Nota al cierre de edición
EL VOTO DEL SUR Desde el retorno a la democracia en el 2000, tras la caída de la dictadura de Alberto Fujimori, el voto de los electores de las regiones del sur andino fue decisivo en las elecciones presidenciales. Así, en el 2001, el ahora prófugo –preso en Estados Unidos- Alejandro Toledo llegó a la presidencia con un voto masivo de las regiones Cusco, Apurímac, Arequipa, Tacna, Moquegua y Puno, además del resto del país. Lo gravitante del voto sureño se notó más en el 2006. Ollanta Humala irrumpió en aquella campaña con el Partido Nacionalista Peruano (PNP) y obtuvo el respaldo del 50.9% de votantes, mientras que su contendor, Alan García, solo alcanzó el 18.48% en estas seis regiones. La segunda vuelta fue más apabullante, pese a que Humala perdió esa elección, porque recibió el apoyo del 75.8% y García el restante. Cinco años después, Humala arrasó en primera y segunda vuelta ante Keiko Fujimori. En el ballotage el nacionalista –ahora con un pedido de más de 20 años de cárcel por lavado de activos- recibió el respaldo del 71.55% frente al 28.45% del fujimorismo. En el proceso pasado (2016), la entonces candidata del Frente Amplio, Verónika Mendoza, capitalizó el voto sureño. Ganó en cinco de las seis regiones, pero fue insuficiente para que pase a segunda vuelta. El voto de Arequipa le fue esquivo y se fue con Pedro Pablo Kuczynski, también investigado por corrupción. El voto del sur ha sido calificado por los analistas políticos como un voto contestatario, antisistema y hasta radical. Todos coinciden en que el ciudadano del sur acude a las urnas y allí expresa su descontento con el actual modelo que privilegia a los que más tienen y excluye a la mayoría de peruanos. ¿Porque, entonces, si las cosas no han cambiado, ahora el sur ya no vota por aquellas propuestas de cambio radical del modelo vigente? Según los analistas, se debe a que cuando los candidatos que encarnaron propuestas de este tipo y llegaron al poder (sea nacional como Humala o local en regiones y municipios) no hicieron nada o hicieron muy poco para cambiar las cosas. Este hecho devino en la dispersión del voto sureño que ahora apoya –según las encuestas- hasta a cuatro candidatos: Yonhy Lescano, Verónika Mendoza, Pedro Castillo y hasta George Forsyth. Llegamos al 11 de abril con el voto contestatario disperso en las regiones del sur.
Estudiantes desconectados otra vez en el 2021 El 15 de marzo debieron empezar las clases virtuales en todos los colegios estatales del país. Las instituciones educativas privadas ya habían iniciado con el dictado de clases una y dos semanas antes. Días antes de la fecha fijada para el comienzo del año escolar, desde el Ministerio de Educación (Minedu) informaron que las condiciones estaban dadas para incluir en el servicio educativo a todos los alumnos. Sin embargo, por segundo año consecutivo, una enorme cantidad de alumnos de primaria y secundaria no pudieron empezar las clases virtuales, porque no cuentan con servicios de energía eléctrica e Internet, y porque muchos no tienen computadoras o celulares para conectarse a las clases. Como en el 2020, niños de las comunidades de Chumbivilcas, en Cusco, subieron con sus padres a un cerro para recibir las clases a distancia, también para hacer trámites tras
la suspensión de los servicios presenciales en varias entidades del Estado. A miles de kilómetros de Chumbivilcas, en el distrito de Cortegana –Celendín (Cajamarca), un padre de familia tuvo que acondicionar una caseta en un cerro para que su hijo tenga acceso a las clases virtuales. El estudiante es un niño de la I.E. Secundaria “San Antonio” del caserío San Antonio. Y en el distrito de Canchaque, provincia de Huancabamba (Piura), siete niños desaparecieron por algunas horas cuando fueron a un cerro en busca de señal de Internet y así recibir sus clases. Aquel 17 de marzo por la mañana ocurrió un aluvión de grandes magnitudes y los padres temieron que sus hijos pudieran haber sido arrastrados por el desastre. Afortunadamente aparecieron ilesos. Así las cosas, los estudiantes pobres nuevamente, por segundo año consecutivo, son excluidos del servicio educativo.
Las clases virtuales nuevamente dejan fuera a alumnos de zonas que viven en la pobreza en el país.
EDITOR GENERAL: Miguel Gutiérrez Chero
COMITÉ EDITORIAL: Centro Bartolomé de Las Casas - CBC
Correo: pulsoregionalcusco@gmail.com Dirección: Barrio Profesional A-8/3er piso
EDITOR PERIODÍSTICO: José Salcedo Ccama
Centro para el Desarrollo de los Pueblos Ayllu – CEDEP AYLLU
VISITANOS: www.pulsoregional.pe
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: Cristian Yarin Trujillo
Derechos Humanos Sin Fronteras DHSF
SÍGUENOS:
FOTO PORTADA: Sharon Castellanos
Asociación Pro Derechos Humanos APRODEH
pulsoregionalcusco
Informe / 3
Decesos fueron más altos que en la primera ola, tanto en Apurímac como en Cusco. Fue una segunda ola más letal.
Lo que está dejando el COVID-19 en Cusco y Apurímac
SEGUNDA OLA. El virus ha sido más letal en la región Chanca, cuyas principales ciudades tuvieron que volver a cuarentenas rígidas hasta en dos oportunidades. Mientras que en la región cusqueña el golpe se asemeja a lo ocurrido en la primera ola. Por ahora todavía no se vislumbra un declive de la meseta de contagios y decesos. La segunda ola de la pandemia del COVID-19 está dejando una estela de contagios y decesos en las regiones sur andinas de Cusco y Apurímac. El virus tuvo un comportamiento diferente en ambas localidades andinas, pero sus efectos han sido nefastos para la salud pública. En Apurímac, en la primera ola el máximo de decesos en una semana fue de 25 y de contagios 1135. El periodo de siete días más letal se registró entre el 10 y el 17 de agosto cuando fallecieron 25 personas a causa del
virus, mientras que la de contagios ocurrió entre el 7 y 14 de setiembre del 2020. En contraste, en el 2021, durante la segunda ola que continúa hasta hoy, los decesos por semana llegaron hasta 39. Ocurrió hace poco entre el 1 y 8 de febrero pasado, mientras que hasta el 15 de marzo el promedio de decesos semanales fue de 21. Las provincias apurimeñas con más decesos fueron Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes y Chincheros. En este mismo periodo, el número de contagios registró su pico más alto entre el 18 y 25 de enero con 765 nuevos casos de COVID-19. La tendencia tuvo altibajos, pero en general se puede decir que Apurímac arrastra una tendencia alta de contagiados. En concreto, podemos decir que la segunda ola fue más mortal que la primera, pero menos contagiosa.
El virus en Cusco Cusco también arrastra, según el gerente regional de Salud, Juan Spelucín Runciman, una meseta con índices altos de contagios y decesos. Sin embargo, esta segunda ola es igual de dura para los cusqueños, si comparamos las cifras registradas en cada una de las etapas de la pandemia en la región Cusco.
En la primera ola hubo hasta 30 muertos por día y 133 decesos por semana. En 2020 hubo dos semanas letales: del 10 al 17 de y del 18 al 24 de agosto con 112 fallecimientos cada semana. En la segunda ola también ha sido letal. Hubo hasta 135 decesos en una semana y hasta el 15 de marzo el promedio de fallecimientos semanales es de 120. Las provincias con más decesos son Cusco, La Convención, Chumbivilcas y Canchis. De la misma forma, hubo dos semanas con las cifras más altas de contagios. Estos fueron entre el 24 y 31 de agosto y entre el 14 y 21 de setiembre del 2020 con más de 7 mil nuevos casos de pacientes con el virus. En la segunda ola el número más alto de nuevos casos se registró, según los reportes de la Gerencia Regional de Salud, en la semana del 1 al 8 de febrero pasado con 2671 contagiados, que representa solo el 30% del pico más alto de infectados registrado en la primera ola. Dos de los problemas fueron la falta de camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y el suministro de oxígeno medicinal, que en ambas regiones felizmente fueron superados gracias a convenios con entidades privadas y la gestión para la llegada de plantas de oxígeno a los hospitales más grandes de Apurímac y Cusco.
4 / Informe
Los candidatos presidenciales deben estar a la altura de las demandas de la población sobre acceso a la salud y educación, así como lucha anticorrupción en todos los niveles de Gobierno.
El reto es recuperar la confianza Escribe: Alberto García Campana
PRIMEROS PASOS. Quien resulte elegido presidente de la República debe recuperar la confianza de la población, lo cual se sustenta en un manejo responsable y ecuánime de los recursos, el respeto absoluto a las leyes y a la división de poderes. Y quienes lleguen al Congreso deben impulsar una agenda mínima de las regiones del país. En los últimos 30 años, los candidatos que ganaron las elecciones generales asumieron su mandato con una muy alta aprobación ciudadana, producto de las grandes expectativas cifradas en lo que podría hacer la nueva gestión. E invariablemente, todos los que iniciaron su mandato en medio de aplausos y vítores, terminaron cosechando el rechazo de la población, de esa misma población que cinco años antes los había ungido para tan alto cargo. Los cien primeros días de gestión de los recién estrenados mandatarios fueron, casi siempre, lo más parecido a una luna de miel: todo se comprende y todo se perdona, bajo el argumento que recién están empezando y que lo primero es poner la
casa en orden. Sucedió con Alberto Fujimori, quien, de tener un respaldo masivo en 1990, acabó diez años después arrinconado por el repudio colectivo que se expresó con nitidez en la Marcha de los Cuatro Suyos. Y siguió con Alejandro Toledo, quizás la evidencia más clara de la frustración. El “cholo sagrado” acabó su mandato a tropezones y hoy está en una cárcel estadounidense a la espera de su extradición al Perú para ser juzgado por delitos de corrupción y robo. Con Alan García la cosa no fue distinta, pues su conmovedora oratoria no pudo disimular el fracaso de su gestión y del respaldo mayoritario al comienzo
pasó a ser cuestionado en casi todo el país. Ollanta Humala concluyó su mandato y empezaron sus problemas con la justicia. Pedro Pablo Kuczynski llegó con aureola de salvador y al cabo de dos años renunció al cargo, siendo considerado como uno de los peores presidentes que tuvo el Perú. Vizcarra corrió igual suerte y nada hace pensar que con Francisco Sagasti la colectividad será benevolente. Entonces, ¿por qué los presidentes empiezan tan bien y acaban tan mal su mandato?
En busca de la confianza perdida La explicación del por qué los mandatarios acaban con tan escasa aprobación ciudadana podría estar en el hecho que muy poco de lo prometido se concreta. Los planes de gobierno quedan como evidencia de cómo los mandatarios siguieron una ruta distinta a la que ofrecieron seguir. Abona también a este fenómeno de la partida de caballo y parada de borrico, el hecho que el electorado vota más por las promesas lanzadas en sus discursos por los candidatos que por lo que realmente establece el plan de gobierno, o, dicho de otra manera, es muy escaso el porcentaje
Informe / 5 de votantes que dan su respaldo luego de leer el plan de gobierno. La simpatía del aspirante y su “carisma” ganan más votos que lo que está escrito en el programa. Probablemente, algunos postulantes a la presidencia de la República sean sinceros en sus ofrecimientos y sean coherentes con lo que está escrito en el plan de gobierno del partido que los respalda, pero han sido tantos y tan fuertes los golpes recibidos por la población que es muy difícil que se pueda confiar en algún candidato. Por ello, la primera tarea de quien resulte elegido presidente de la República es recuperar la confianza de la población, lo cual se sustenta en un manejo responsable y ecuánime de los recursos, el respeto absoluto a las leyes y a la división de poderes. Si el elegido se mueve dentro de los cauces del respeto y la transparencia, probablemente logre recuperar la confianza perdida al cabo de tantas frustraciones.
Adicionalmente a ello, y como parte de las políticas públicas, respaldar el proyecto de construcción del aeropuerto internacional de Chinchero garantizando las condiciones básicas de respeto al medio ambiente y al patrimonio, así como demandar la inmunización, en el presente año, de todos quienes deban recibir la vacuna contra la COVID – 19.
Respeto, sobre todo A los cinco congresistas por el Cusco que asumirán sus funciones el 27 de julio próximo, hay que reclamarles un comportamiento decente y una presencia firme
en el Parlamento. Cansado está el Cusco de los papelones de los congresistas de los últimos periodos legislativos. No hay alguien que pueda ser reconocido con el aplauso. ¿Será posible esperar un comportamiento decoroso? Es difícil, pero como dicen quienes saben, lo último que se pierde es la esperanza. Que los congresistas por el Cusco no ocupen páginas en los diarios o espacios en la radio y en la TV por haber sido pillados ebrios, por haber adulterado boletas o comprobantes de pago, por haberse aprovechado de los vuelos humanitarios o por haberse apropiado del sueldo de sus asesores. ANDINA
La agenda Cusco El 12 de abril próximo, al día siguiente de las elecciones, los cinco ciudadanos que sean elegidos para representar al Cusco en el Congreso de la República deben dejar en el desván toda la parafernalia que les acompañó durante la campaña. Apenas juren como padres de la patria en julio próximo, los cinco parlamentarios por el Cusco deben suscribir un acuerdo mínimo que podríamos sintetizar en el respaldo, mediante normas, a las siguientes iniciativas: 1.- Culminación de la construcción del hospital Antonio Lorena y su puesta en funcionamiento previa adecuada implementación. 2.- Instalación del servicio de distribución del gas a los domicilios del Cusco. 3.- Construcción de la fábrica de cemento para la reactivación y promoción de la industria de la construcción. 4.- Reflotamiento del Proyecto Educativo Regional para reducir los altos índices de analfabetismo que subsisten en nuestro departamento. 5.- Revisión de los contratos de prestación del servicio de transporte ferroviario hacia la Llaqta Inka de Machupicchu. 6.- Transferencia al Gobierno Regional del Cusco de la gestión de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco y de la Empresa Nacional de la Coca. 7.- Ampliación de la frontera agrícola con incentivos tributarios y apertura de mercados, garantizando la seguridad alimentaria. 8.- Promoción y otorgamiento de incentivos para el cultivo de productos de exportación no tradicional y que en muchos casos se encuentran en riesgo de desaparición. 9.- Impulso a la modificación de las normas tributarias, avanzando hacia la descentralización fiscal que impida la evasión y elusión de los grandes consorcios turísticos, hoteleros y de transporte, que aquí logran ingentes ganancias pero que no tributan en el Cusco.
Los congresistas que sean electos el 11 de abril deben comprometerse a impulsar las agendas regionales.
ANDINA
Las grandes obras deben ser también apoyadas por los congresistas. El gasoducto es uno de esos proyectos.
6 / Informe
Propuestas de los candidatos por Cusco al Congreso
Más de un millón de cusqueños acudirán a las urnas para elegir a las nuevas autoridades del Ejecutivo y el Congreso de la República.
TU CANDIDATO RESPONDE. Pulso Regional dio espacio para que los postulantes expongan sus propuestas. En la siguiente nota podrá apreciar qué planteamientos tienen en torno a la actividad minera, consulta previa, cierre de brechas en Internet y el sector agropecuario, entre otros aspectos importantes. Son 105 candidatos y sólo cinco serán elegidos. La campaña 2021 entró a su tramo final. En menos de diez días, este 11 de abril, acudiremos a las urnas para elegir al presidente, vicepresidentes, congresistas y representantes del Parlamento Andino del Bicentenario de la Independencia del Perú. Cada elector tiene una enorme responsabilidad de elegir a los mejores cuadros de cada partido para que no volvamos a repetir la historia de los últimos gobiernos, es decir, olvido de sus promesas electorales y una permanente confrontación política por intereses particulares de grupos de poder. Además, cada votante debe pensar en que el presidente y congresistas elegidos serán los encargados de atender la crisis sanitaria y económica que agobia al país desde la llegada del COVID-19. Durante marzo, el programa “Tu candidato responde”, de Pulso Regional, continuó con su propósito de abrir sus
puertas a los candidatos congresales para que expongan las propuestas que impulsarán en caso sean elegidos como padres de la patria. Cada martes y jueves, a través del Fanpage de Pulso Regional, los postulantes explican sus propuestas en temas vinculados a minería, salud, educación, agricultura y otros.
Consulta previa Uno de los asuntos importantes en el debate electoral es la necesidad de impulsar una nueva ley de minería que permita un mejor control de las actividades extractivas y así evitar que sigan contaminando el medio ambiente. Asimismo, la nueva norma buscaría que la consulta previa tenga carácter vinculante, es decir, que se cumpla. Actualmente la consulta no es vinculante, porque la última palabra sobre si un proyecto extractivo es viable la tiene el Gobierno nacional. Así, la candidata con el 1 de Jun-
tos por el Perú (JP), Ruth Luque, plantea la necesidad de que la consulta sea vinculante para que con ello se eviten los conflictos sociales en zonas donde hay actividad minera, principalmente. Asimismo, Guido Bellido, 1 de Perú Libre, dice que no puede mantenerse el actual modelo que solo implica preguntar a las comunidades si están a favor o en contra de la minería. Y si dicen que están en contra, igual el Gobierno no les hace caso. Lo mismo sostiene el abogado Luis Alberto Ayquipa, 6 de Democracia Directa, para quien el carácter vinculante daría soporte a las demandas de las comunidades, que generalmente quedan desamparadas por culpa del Gobierno. William Vega, 1 de Podemos Perú, y Erbert Cárdenas, 4 de Juntos por el Perú, sostienen que se debe propender que la actividad minera tenga compromisos ambientales para no contaminar el ambiente y los ríos, y no dañe la forma de vivir de las comunidades campesinas.
Acceso a internet La candidata Heydi Paredes, 2 de Avanza País, propone que una la Ley de inclusión digital universal para ampliar la cobertura del servicio de Internet y con ello incluir a la población rural en este servicio que se ha vuelto esencial durante la pandemia. “Solo el 1.8% de la población tiene acce-
Informe / 7 so a servicio de Internet, por lo que ahora es uno de los problemas para la educación a distancia”, dijo. El 15 de marzo empezaron las clases virtuales y por segundo año consecutivo miles de niños no pudieron hacerlo por falta de acceso a servicio de Internet y porque no cuentan con una computadora o un celular. Se calcula que solo en la región Cusco hay un 11% de estudiantes sin posibilidades para seguir las clases a distancia. Una brecha que afecta el futuro de los niños y adolescentes de las zonas más deprimidas de la región.
Canon a agropecuario El joven candidato Vladimir Luna, 3 de Avanza País, expuso una interesante propuesta: crear el canon agropecuario, un fondo para el desarrollo de industrialización de este sector que demostró tener vigor. El dinero del canon, dijo Luna, provendrá de los impuestos que paga la concesión de Fetransa-PeruRail por el manejo de los rieles y los trenes a Machupicchu y que paga casi 400 millones al Gobierno central. “El dinero será entregado a los productores en forma de vales intercambiables para tecnología y capacitación empresarial, así como competitividad”.
No hay que perder de vista que la gran importancia del sector agrario y pecuario, porque favorece directamente a las unidades productivas y, por ende, a las familias en general. Se sabe que en el Perú la agricultura familiar representa el 97% de las unidades agropecuarias y permite laborar a más del 85% de los trabajadores agrícolas. Son 105 candidatos al Congreso que pugnan por ocupar los cinco escaños que tiene la región Cusco en la composición del Parlamento. Que uno sea elegido, depende de los votantes. Un voto responsable, informado y conciente ayudará a elegir a los mejores.
LAS PROPUESTAS DE LOS CANDIDATOS AL CONGRESO Ruth Luque Ibarra
1 Juntos por el Perú “Hace más de 10 años viví en provincias mineras. Lo que estamos planteando es una nueva Ley de Minería para que haya una aplicación vinculante de la consulta previa. Y, además, que se fortalezca el Oefa en su capacidad sancionadora. Asimismo, proponemos que los acuerdos de las mesas de diálogo sean vinculantes, es decir, que el incumplimiento de las obligaciones genere sanciones”.
Guido Bellido
1 Perú Libre
“Necesitamos una nueva Ley de Minería para ir más allá de la consulta previa que sólo es preguntarle a las comunidades si están a favor o en contra de la minería, sino debemos ver cómo los recursos son usados a favor del país y, sobre todo, de las poblaciones que viven en las zonas de influencia directa e indirecta”.
Erbert Cárdenas
4 Juntos por el Perú “Desde los años 90 el sur se convirtió en una fuente de actividad minera. Actualmente hay una minería que no tiene compromisos ambientales, contaminan el ambiente y los ríos. Además, las relaciones con las comunidades no son buenas porque no se hicieron consultas previas. Nosotros planteamos una nueva minería con inversión seria, con nuevas reglas de juego que permitan la protección del medio ambiente, que paguen impuestos y se aplique la consulta previa”.
Raquelyn Rozas Zuniga
4 Frente Amplio “Así como tenemos la Ley de Paridad vamos a impulsar también la ley de paridad en los puestos de trabajo y en las remuneraciones. Sabemos que en las municipalidades la mayoría de gerencias y subgerencias son ocupadas por varones. Consideró que las mujeres estamos preparadas para gerenciar algunos cargos”.
Luis Alberto Ayquipa
6 Democracia Directa “La consulta previa aplicada a las actividades extractivas debería tener un carácter vinculante porque es un reclamo de las comunidades. En el tema de recursos naturales hay que mejorar las labores de fiscalización y con un control mayor desde la ciudadanía... Los convenios de la Policía con las mineras son ilegales. ¿Si al Policía lo forma el Estado por qué este debería usar esa formación para un trabajo extra?”.
Vladimir Luna
3 Avanza País “Yo planteo el canon agropecuario que provendrá de los impuestos que paga la concesión de Fetransa-PeruRail, que entrega casi 400 millones al Gobierno central. Un porcentaje de esto debe ser usado para industrialización agraria. El dinero no será entregado a las municipalidades, sino a los productores en forma de vales intercambiables para tecnología y capacitación empresarial, así como competitividad”.
Heydi Paredes
2 Avanza País “Una de mis propuestas es la Ley de inclusión digital universal que busca ampliar la cobertura del servicio de Internet y con ello incluir a la población rural. Solo el 1.8% de la población tiene acceso a servicio de Internet, por lo que ahora es uno de los problemas para la educación a distancia. Esto nos permitirá también capacitar a padres de familia, productores y agricultores en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)”.
William Vega
1 Podemos
“La minería es una actividad muy importante para la economía del país, pero se tiene que hacer respetando todo el entorno ambiental y el modus vivendi (la forma de vivir) de las comunidades campesinas. Además, se debe asegurar calidad de vida con acceso a servicios básicos de calidad como agua”.
Jhakeline Katy Ugarte
2 Juntos por el Perú “Necesitamos recuperar los importantes recursos naturales. Se tendrá que nacionalizar el gas de Camisea. Y estamos pidiendo el cambio de la Constitución Política que nos permita hacer los cambios sustanciales en el país y que sea una constitución que beneficie a la mayoría de los peruanos”.
8 / Informe
Ccapacmarca: historia de despojos de tierras comunales Escribe: Sebastián Delgado Céspedes
El Gobierno nacional empezó un proceso de compra de tierras a las comunidades que viven en torno al Corredor Vial Sur.
MEDIDAS ABUSIVAS. El Gobierno nacional aprobó dos medidas que afectan a un grupo de comunidades campesinas de la provincia de Chumbivilcas para favorecer el transporte de minerales de Las Bambas. Elevó algunas vías comunales y departamentales a la categoría de nacional para abrir el Corredor Vial del Sur y emitió decretos para “expropiar” tierras de comuneros en esta misma ruta. Hay demandas en contra de esas medidas. Una vez más, el Estado sorprende en la forma en la que crea y expide leyes, decretos y estados de emergencia a la sombra de las comunidades campesinas de Chumbivilcas (Cusco). La presencia del Estado, a pesar de toda la explotación mineral en esta región, no aumentó ni mejoró, y hay una débil articulación de acciones entre los gobiernos locales y regional, así como el Gobierno nacional. A esta débil institucionalidad del Estado en esta provincia del Cusco, se suman los conflictos sociales generados por la mala actuación, omisión e, inclusive, mala fe de los gobiernos. Se realizan
acciones en territorios de comunidades campesinas sin consultar: disponen, usurpan y despojan a las comunidades de parte de su territorio. Todo ello, sin antes haber comprado o establecido una servidumbre o bajo un proceso de expropiación con previo pago de justiprecio. Lo descrito encarna una realidad de las comunidades campesinas de Ccapacmarca, Sayhua, Huasbamba, Cruz Pampa, Cancahuani, Yanque Lacca Lacca, Huininquiri, Idiopa Ñapu Japo y Tincurca Laccaya, ubicadas en la provincia de Chumbivilcas. En este contexto, el Frente de Defensa de Ccapacmarca, con el patro-
cinio legal del Instituto de Defensa Legal y Derechos Humanos Sin Fronteras, presentó acciones judiciales ante un Estado indolente.
El “clasificador de rutas” El Decreto Supremo n.° 011-2016-MTC aprueba la actualización del clasificador de rutas del sistema nacional de carreteras (SINAC) y la Resolución Ministerial n.° 372-2018-MTC reclasifica de manera definitiva varios tramos departamentales o regionales en nacionales. Las comunidades campesinas, a través del Frente de Defensa de Ccapacmarca, interpusieron una demanda de acción popular contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, toda vez que la reclasificación de rutas vulnera derechos comunales. ¿Qué conlleva la reclasificación? A grosso modo, reclasificar las rutas vendría a ser un mecanismo estatal que brinda una nueva categoría a las vías. Por ejemplo, una ruta o sendero comunal es recategorizado a una vía nacional y se convierte en un bien del Estado. En el presente caso, el decreto supremo y la resolución ministerial convierten senderos de las comunida-
Informe / 9 des de Chumbivilcas en rutas de categoría nacional. Todo eso se hizo sin consulta ni consentimiento previo, libre e informado de las comunidades campesinas, pese a que les afecta de forma directa y vulnera sus derechos a la propiedad, a la salud y a disfrutar de un medio ambiente equilibrado y adecuado. Por si eso fuera mínimo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) actúa sin iniciar previamente un procedimiento de compra venta, alquiler, servidumbre o de expropiación con las comunidades campesinas afectadas. Es decir, al Estado, específicamente al MTC, le basta promulgar leyes que conviertan los caminos comunales en vías nacionales para ser propietarios precarios de estos senderos. ¿Por qué justamente esas vías son escogidas por el Estado? El asunto es muy claro: son rutas que entrelazan el Corredor Vial Minero Apurímac-Cusco. De por medio, se encuentra una jugosa extracción de minerales de cobre en Las Bambas. Cuando nos referimos a este proyecto, debemos tener en consideración que el cobre extraído en Las Bambas, según el diario Gestión, representa el 2% del cobre mundial y arroja exportaciones anuales por un valor aproximado de unos US$ 2,800 millones, de los que unos US$ 85 millones son entregados en concepto de regalías minera al Estado peruano. Ante las protestas en la región, el Instituto Peruano de Economía-IPE (2020) señaló que, en solo un día, la región puede llegar a perder más de S/ 1 millón en regalías y ventas locales, además de casi US$ 6,8 millones diarios en producción minera. Al despojo de su territorio se suma una consecuencia que se ha vuelto habitual en todo tipo de proyecto extractivo: la contaminación. El Organismo Especializado en Fiscalización Ambiental (Oefa) presentó el informe de fiscalización ambiental en el Corredor Minero del Sur en la zona de Chumbivilcas. A raíz de ello, el Oefa preciso, en primer lugar, que existe contaminación sonora. El informe señala que el sonido generado por los camiones de transporte de concentrado de Las Bambas ocasiona ruidos en niveles que exceden los indicadores de calidad ambiental (ECA). En segundo lugar, existe una contaminación del aire, pues el paso de camiones genera material particulado que exceden los ECA. En palabras de Cooperacción (2015), el megaproyecto Las Bambas pertenece a un proyecto minero que generó y está generando repercusiones ambientales en el aire, geomorfología, hidrología, hidrogeología o aguas subterráneas; y flora y fauna. Además, debe agregarse el impacto social: afectaciones agrícolas, ruidos de las maquinarias, tráfico en el corredor minero e incremento de accidentes y enfermedades ocupacionales. Queda claro, entonces, que esta reclasificación a vía nacional permite y autoriza el paso de aproximadamente 300 camiones de transporte de concentrado de Las Bambas por el denominado Corredor
La población de la provincia de Chumbivilcas vive principalmente de la ganadería y la agricultura.
Minero Vial Apurímac-Cusco. Actualmente, el proceso se encuentra en la 1° Sala Contencioso Administrativa para que se pueda poner fin a esta controversia.
Demanda contra dos decretos Hacia finales del 2019, el Gobierno de Vizcarra, a través del D.U. 026-2019 y su modificatoria el 027-2019, declara de necesidad pública e interés nacional la realización de la obra del Corredor Vial Apurímac-Cusco. Al amparo de la norma, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se encontraba con la condición de expropiar “las áreas que resulten necesarias para tales fines”. Ante ello, el Colegio de Abogados de San Martín presentó una demanda de inconstitucionalidad que fue admitida por el Tribunal Constitucional. Resulta un panorama similar al del clasificador de rutas: el Estado desnaturaliza las normas para su propio beneficio o para brindar una manito de las empresas extractivas. Los decretos regulan la expropiación y adquisición de tierras de las comunidades campesinas, pero, como es de esperarse, esta norma no ha sido consultada con las comunidades campesinas y sus organizaciones indígenas representativas. Tampoco se ha obtenido su consentimiento. Ambas normas debieron ser consultadas en la medida en que afectan directamente los derechos de las comunidades campesinas demandantes, como lo exige el artículo 6.1.a del Convenio 169 de la OIT. Además, afecta el derecho de propiedad de las comunidades demandantes, incumple los artículos 70 y 71 de la Constitución y los artículos 13, 14, 17.3 y 18 del Convenio 169 de la OIT. Nunca se inició ningún procedimiento de compra venta, alquiler, servidumbre o de expropiación, de acuerdo con la voluntad de las comunidades campesinas. Por tanto, queda claro la inconstitucionalidad de estos decretos de urgencia. El D.U. 026-2019 “aprueba medidas extraordinarias de liberación y expropiación de áreas y la implementación de
las intervenciones viales temporales a realizarse en el Corredor Vial Apurímac-Cusco”. Además de inconstitucional, parece ser una norma repentizada e improvisada: resulta que a las horas de publicado el DU026, el Gobierno emite una fe de erratas. Su finalidad fue retirar del título la palabra “expropiación”. Ante la salvajada de la fe de erratas y por si no fuera poco, a los dos días, se publica un segundo Decreto de Urgencia: el 027-2019. Este último, modificaba varios contenidos del primero. Por ejemplo, en esta última norma se retira la palabra “expropiación” en todo el articulado y se cambia la palabra “afectados” por “beneficiarios”. Según Leonidas Wiener (2019), tal vez el Gobierno consideró que el impacto de esta medida sobre las comunidades sería menor si se les nominaba como beneficiarios y no afectados (o perjudicados). Juan Carlos Ruiz (2019) señala al respecto que “se ha expedido el D.U. 0262019 sin observarse los requisitos exigidos por la Constitución. De acuerdo con el artículo 118.19 de la Constitución, solo se pueden expedir decretos de urgencia cuando hay una situación de interés nacional que se requiera atender de urgencia, que sea extraordinaria e imprevisible, que tiene contenido en materia económica y financiera”. Claramente, el presente caso muestra a un Gobierno en la inopia de estos requisitos. Los D.U. sirven para regular estados extraordinarios, los cuales no esperan el habitual procedimiento legislativo. Por tal razón, son normas de naturaleza transitoria, es decir, su horizonte temporal es muy corto. Por ende, nos encontramos ante la alteración de estas normas. En síntesis, el Estado despoja a las comunidades de su territorio a través de artilugios disfrazados de legalidad, pero en el fondo contravienen los derechos de las comunidades campesinas. Además, se aprovecha del desconocimiento legal de las comunidades. Y, por si fuera mínimo, cuando estas quieren protestar los silencian, los callan y criminalizan con estados de emergencia sistemáticos e irracionales.
10 / Informe
Las personas de escasos recursos económicos sobreviven a la pandemia y a la carencia gracias a las ollas comunes.
Las madres organizadas lograron consolidar este modelo solidario de apoyo en tiempos de pandemia.
Las ollas comunes se sostienen gracias a colect
ctas y donaciones, principalmente.
Informe / 11
Cada día, desde el mediodía, las familias de Santiago hacen colas para recibir su ración.
OLLAS COMUNES: LA UNIÓN HACE LA FUERZA El duro azote de la pandemia ha movilizado a grupos de mujeres, quienes, desde la primera ola, incansables, trabajan para mantener activas y abastecidas sus ollas comunes, garantizando la alimentación de sus familias. El trabajo colectivo gestiona y administra los escasos recursos que obtienen de colectas, donaciones y el pago mínimo, pero significativo de los comensales por el menú diario. En la Asociación Pro Vivienda Villa Guadalupe del distrito de Santiago, 40 señoras organizadas se turnan para preparar diariamente un promedio de 120 raciones, cumpliendo los protocolos de limpieza y cuidado. Llevan casi un año organizadas y haciendo frente a las dificultades. Cada semana, de lunes a sábado, ofrecen alimentación balanceada a su comunidad. Al otro lado de la ciudad, en el distrito de San Sebastián, un grupo de madres del colegio Bolivariano, ante la imposibilidad de salir a trabajar, gestiona el Comedor Popular San Antonio. Allí preparan 140 raciones para las familias empadronadas y para los trabajadores de la zona. FOTOS: ADRIANA PERALTA
Los beneficiados agradecen el apoyo de las madres organizadas.
12 / Informe MIGUEL GUTIÉRREZ
Las mujeres en Apurímac lograron consolidar una organización que defiende sus derechos e impulsa sus agendas.
Movimiento de mujeres de Apurímac: una década de luchas y avances Escribe: Karina Bueno Dueñas - APRODEH
LOGROS ALCANZADOS. En esta década, las mujeres en cargos de poder alcanzaron los niveles más elevados hasta un 33% en regidurías, elegimos cuatro alcaldesas distritales y dos provinciales. Al parecer la próxima congresista de la región será por fin una mujer. El 8 de marzo del 2010 fue fundada la Federación de Mujeres de la Región Apurímac, proclamando una agenda de derechos y, con más claridad que antaño, asumiendo la lucha de las mujeres para las mujeres. No obstante, las raíces
de este acontecimiento se remontan a la poderosa memoria de Micaela Bastidas Puyucahua, mujer tamburquina que ha dejado huellas en la historia regional y nacional con su coraje y espíritu libertario anticolonial. También en la de muchas mujeres reconocidas en la cultura popular: las chicheras en rebelión que aparecen en “Los ríos profundos” de José María Arguedas; Yolanda Montes, la aguerrida compañera del sindicato de Mercados; Betty Caytuiro, la fundadora de la primera federación de mujeres de Grau en los 90’, y tantas mujeres forjadoras de este territorio andino y quechua. Hace una década, las federaciones empezaban a brotar como hierba fresca en todas las provincias y distritos, se comenzaba a hablar de la violencia y de no aceptar el maltrato de los hombres. O de aquello que ya se podía participar en política, aunque era difícil, según el testimonio de varias regidoras. Inclusive,
una en Cotabambas había sido golpeada por el mismo alcalde. De hecho, el discurso más fluido de la agenda de derechos giraba en torno a estos dos temas y las estadísticas mostraban que alrededor del 85 y 90% de mujeres habían vivido la violencia y solo el 19% de mujeres ocupaban regidurías y en cargos como alcaldías aún no había sido elegida ninguna mujer. Más adelante, en el 2015, otras formas organizativas de mujeres en espacios propios o en espacios mixtos dejaron sentir sus voces. Estas mencionaban un amplio bagaje de temas como el medio ambiente, la pachamama, el arte, las mujeres LGTBI, la maternidad por decisión, los sistemas de poder, los territorios en disputa en zonas extractivas, el feminismo, el cuerpo y demás. Era una mezcla entre la fuerza de la gran Micaela y los movimientos activistas frente al cambio climático, antirracistas y anticoloniales, anticapitalistas y
Informe / 13 feministas que acontecían en el mundo y en Latinoamérica. Entre el 2011 y 2018, la agenda de género fue apareciendo también en otros espacios públicos y estatales. De hecho, estos se fueron traduciendo en la necesidad de fortalecer la institucionalidad estatal y las políticas. En este periodo se emitió la mayor cantidad de normativas regionales y locales en favor de las mujeres, aunque de todas estas la mayoría no fueron implementadas tal cual se dispusieron.
Una década de esfuerzo Al 2021, a propósito del Bicentenario y al cumplirse una década en que se desató de forma más definida el movimiento de mujeres en la región de Apurímac, podemos afirmar que, si bien las acciones organizadas de mujeres no se han traducido en una actoría regional de poder arrasador, tampoco es que no haya sucedido nada. Es un hecho que el movimiento sigue vigente no solo acá sino a nivel macro regional, nacional y mundial. Y entre todas estas hay un hilo conector de fuerza transformadora profunda, generacional e Inter seccional. La violencia de género ha disminuido de 85 a 72%, sin dejar de mencionar que sigue siendo muy elevada e injusta para las mujeres. En esta década, las mujeres en cargos de poder alcanzaron los niveles más elevados hasta un 33% en regidurías, elegimos cuatro alcaldesas distritales y dos provinciales. Al parecer la próxima congresista de la región será por fin una
La violencia contra las mujeres sigue siendo una barrera en esta permanente lucha.
mujer. Las mujeres en comunidades campesinas están asumiendo también roles más decisivos. Los movimientos por la defensa de los derechos de las comunidades de Cotabambas y el corredor minero fueron dirigidos por Virginia Pinares, una campesina consecuente y de voz firme; la alcaldesa del centro Poblado de Caype es Brígida Benites, una dirigente de una organización de mujeres productoras agroecológicas “Las obreritas de Caype”. Desde el Estado, pese a que deja mucho que desear, se ha implementado una partida presupuestaria de lucha contra la vio-
En diez años de trabajo, lograron grandes avances como una mayor participación en política.
lencia para la región, se ha incrementado el número de Centros de Emergencia Mujer (CEM) y un piloto de estrategia rural contra la violencia, incluso han llegado a contratar a mujeres y hombres de forma equitativa en cargos de poder en la Gerencia de Desarrollo Social. Todavía quedan grandes retos para el movimiento de mujeres y el feminismo, pero el proceso de transformación de la sociedad y la política apurimeña hacia un mundo más justo y respetuoso de los derechos y libertades fundamentales de las mujeres está en marcha y no va a parar.
14 / Informe
Elecciones en el Perú: desafíos para adelante Escribe: Carlos Herz Director del Centro Bartolomé de Las Casas (CBC)
Los medios quieren que las cosas sigan como antes y para eso buscan que las elecciones las gane alguien que defiende el actual modelo.
DEFENDIENDO EL MODELO. Los medios están enfocando sus inquietudes sobre las propuestas de los candidatos y candidatas de orientación progresista que pudieran afectar el rumbo normalizado neoliberal establecido. Lo que importa es que en las próximas elecciones gane el gobierno un representante político que mantenga es actual modelo. El escenario electoral nacional se presenta extremadamente preocupante y nada halagüeño, si es que miramos el futuro al que aspiramos la mayoría de hombres y mujeres del país. Y lo que se percibe es una dispersión de movimientos políticos, precarios en su gran mayoría, no solo por su frágil o inexistente institucionalidad, sino por su carencia de base doctrinal, programática y hasta ética. Igualmente, una maquinaria mediática que se limita a mostrar a los candidatos presidenciales como lo central de la contienda, contribuyendo a mostrar individuos antes que instituciones políticas.
Lo más resaltante de la campaña –y que poco se menciona– no es el discurso de los actores políticos temporales, de los cuales muchos desaparecerán en unos meses, sino el hábil, millonario y continuo mensaje que difunden los medios masivos promovidos por representantes ideológicos del gran capital –como Lampadia–. Esta propaganda alude a la importancia de la gran inversión privada y los riesgos que se presentarían para el futuro del país si se promueven propuestas como, por ejemplo, cambiar la Constitución Política, que supuestamente es la mejor para el país y por la cual estamos en una posición
privilegiada de estabilidad económica. De igual modo, esta intensa campaña se refiere a la posible aprobación de normas que afectarían la marcha normal de las AFP y de las agroexportaciones, que solo requieren ajustes; o a las trabas ideológicas que impedirían una mayor inversión en la gran minería, considerado el sector más importante que motoriza la economía nacional; así como a los obstáculos burocráticos de un Estado ineficiente que retrasa los emprendimientos de quienes desean hacer inversión en el país. El contenido de estos mensajes, nada sutiles sino directos, es lo más sólido y elaborado que se presenta en esta campaña electoral –y que prácticamente la sustituye– y, sin representar a ningún grupo político en particular, expresa una clara orientación sobre el futuro del Perú, es decir, que de la mano del gran capital y de la iniciativa privada, el país logrará la continuidad del modelo de crecimiento que ha caracterizado la supuesta bonanza económica de todos estos años, tan solo afectada por la ineficiencia del aparato estatal. Y parece que eso da sus resultados.
Informe / 15 Como dogma establecido, los medios están enfocando sus inquietudes sobre las propuestas de los candidatos y candidatas de orientación progresista que pudieran afectar el rumbo normalizado neoliberal establecido con más contundencia desde la Constitución fujimorista. De tal manera que lo que importa es simplemente que en las próximas elecciones gane el gobierno un representante político que mantenga ese camino ya trazado; el resto es complemento o relleno –como ha sido hasta ahora–. Ni siquiera la evidencia dramática de la precariedad de los servicios de salud frente al COVID-19, ha conmovido las conciencias de quienes representan al gran capital o ha cuestionado esos modelos que han fracasado. Su poder se ha mantenido incólume en sus beneficios económicos y más bien hay sectores que han incrementado sus ganancias en plena pandemia –agroexportadores, transportistas de carga, farmacéuticas–, y, así como muchos traficaron con el oxígeno, las camas UCI y los medicamentos, ahora les preocupa más la participación privada en la vacunación antes que crear un sistema único de salud que fortalezca la capacidad de gestión pública con el soporte de todos los actores y sectores.
Los cambios están lejos ¿Por qué esta reflexión más ideológica o doctrinal? Vista la campaña electoral, pareciera que un nuevo gobierno no significará cambios sustanciales en el modelo de acumulación. Ni siquiera un triunfo político de una candidatura alternativa podrá enfrentarse a esa realidad, dado el contexto político y la correlación efec-
tiva de fuerzas. Corresponde construir condiciones y capacidades hacia adelante y, aunque suene pesimista, hay que estar preparados para enfrentar unos años más una situación política de precariedad y mediocridad en el Congreso y el Ejecutivo, continuando con la endémica crisis de gobernabilidad y de informalidad que vive el país, en la cual subsiste y de la que se nutre el neoliberalismo construido en el Perú. Es desde el Sur peruano que debemos ir diseñando y actuando para crear esas condiciones, configurando una agenda de desarrollo macrorregional que atienda las demandas de la mayoría de la población desde un enfoque que enfrente y recuse con propuestas la base colonial y extractivista que sustenta el modelo económico. Se trata de construir consensuadamente esa agenda que responda frente al fortalecimiento de la agricultura familiar y comunal –mejor dicho, de las familias que forman parte de ella–, para dotarla de los medios e instrumentos necesarios para mejorar su calidad de vida desde un enfoque agroecológico y de soberanía alimentaria. De establecer el aprovechamiento del agua como un derecho o bien común para beneficio ponderado y consensuado entre los diversos actores urbanos, rurales y empresariales que asuman roles y compromisos responsables en la gestión de las cuencas. De aprovechar los recursos energéticos del Sur con una gestión soberana y en el marco de una transición hacia la generación y extensión de una matriz energética cada vez más sostenida en recursos renovables y de acceso equitativo. De reorientar el turismo poniendo por delante la protección y sostenibilidad del
Se debe reorientar el turismo privilegiando la protección del patrimonio cultural y natural.
patrimonio cultural y natural, así como la redistribución de los beneficios que ofrece este sector hacia el desarrollo de los pueblos del Sur peruano. De recuperar banderas, actuar localmente en los problemas globales, y retomar la iniciativa en temas como la democracia, el Estado de bienestar, el cambio climático, un nuevo contrato social y una propuesta país a partir del Bicentenario. Pero se trata sustancialmente de contribuir al fortalecimiento de una institucionalidad política y social con capacidad organizativa, de propuesta, de diálogo, concertación y compromiso por esa agenda que debemos seguir construyendo, así como de negociación para la formulación de políticas públicas que faciliten las condiciones de los desafíos señalados. No se trata de negar o rechazar la participación del sector privado, sino de que este asuma los estándares internacionales de una actividad productiva responsable y sostenible, y se incluya bajo nuevos términos en los procesos de construcción de gobernanza para un desarrollo territorial basado en las capacidades humanas y las potencialidades tan inmensas que posee el Sur peruano, todas ellas articuladas desde estrategias de diversificación productiva y económica, aportando al desarrollo descentralizado, con inclusión y equidad. Es evidente que debemos mirar al Perú en su conjunto y en su interrelación con el mundo globalizado, pero desde el Sur hagamos el esfuerzo para contribuir con las reformas políticas, económicas y sociales que se requieren, ya no solo en función de estas elecciones que ya fueron -como se dice en el argot popular–, sino pensando en las que vendrán.
16 / Informe especial
La economía en las familias campesinas en el sur andino Escriben: Raphael Hoetmer, Javier Alarcón y Eduardo Cáceres V. MIGUEL GUTIÉRREZ
La agricultura y la ganadería son las principales actividades económicas en la mayoría de comunidades que forman parte del estudio.
SEGUNDA ENTREGA. El presente artículo se basa en los resultados preliminares de una investigación participativa sobre las comunidades del Sur Andino. En esta entrega, nos enfocamos en los aspectos económicos, tanto a nivel de las familias, como en la dimensión comunal En los últimos meses del 2020, se hizo la primera fase de una investigación participativa sobre las realidades y procesos sociales en las comunidades del sur andino en el contexto de la pandemia del COVID-19. Se aplicó más de 250 entrevistas en 25 comunidades de 12 provincias de Cusco, Apurímac y Puno. Esta es una segunda entrega del trabajo que ahonda en los aspectos económicos de las comunidades que han sido parte del estudio. Son diez instituciones las que han impulsado el trabajo, cuyos resultados son reveladores. Se trata de
Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), Centro Bartolomé de Las Casas (CBC), Centro para el Desarrollo de los Pueblos – CEDEP AYLLU, Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA), Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA), Broederlijk Delen, Asociación Entrepueblos, CooperAcción, Centro de Investigación y Capacitación Campesina (CICCA) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).
1. La reproducción de prácticas comunitarias. Encontramos que entre un 78 y 81% de entrevistados/as, señalan que prácticas como la minka, el ayni o faenas colectivas se mantienen e incluso se han acrecentado en el contexto de la crisis. Además de que las mismas reproducen un sentido de acción colectiva, tienen una clara implicancia económica, en particular en la asignación de fuerza de trabajo y gestión de costos para la producción, la construcción o el mantenimiento de infraestructura.
Una digresión previa: la “economía comunal”
2. Las prácticas relacionadas a la ritualidad o espiritualidad de los/as integrantes de las comunidades. Si bien el estudio nos indica que hay diversas situaciones (en algunos casos las prácticas o rituales se mantienen, en otros disminuyen), la constatación de su persistencia implica también preguntarse por la dimensión económica de dichas actividades, lo que no se restringe a su rol en la recomposición de relaciones, vínculos y obligaciones, sino también indagar por ¿cuánto tiempo implica?, ¿qué tipo de recursos demandan?
El estudio, en su sección económica, indaga por las percepciones de los/as entrevistados/as sobre su economía y la producción en sus comunidades. Sin embargo, al revisar los datos, caímos en cuenta que hay dos dimensiones que suelen superponerse: la economía familiar y la economía comunal. Sobre este último punto, un aspecto habitualmente invisibilizado es el costo (valor económico) del funcionamiento de la institucionalidad comunal. En el estudio hemos recogido referencias sobre tres dimensiones que queremos resaltar.
3. La gestión de recursos comunes. Las comunidades dedican un esfuerzo colectivo significativo a la gestión de tierras, agua, pasturas, bosques. En ese proceso, se dan conflictos con actores externos, particular-
Informe especial / 17 mente -pero no exclusivamente- empresas extractivas. También se reportan conflictos internos entre las familias y con comunidades vecinas. Más recientemente, el acceso a recursos originados en las transferencias económicas, por acuerdos con algunas empresas mineras, ponen en el centro también nuevos recursos de una escala y naturaleza muy distinta a la que habitualmente han gestionado las instancias comunales. La reflexión sobre estos aspectos de la vida comunal, desde una perspectiva económica, no siempre está en el centro de nuestras miradas. Cuando se propone, por ejemplo, que hay un debilitamiento de la cohesión interna de algunas comunidades, no se pone en el foco del análisis las causas, dificultades o retos que enfrentan las comunidades para financiar el funcionamiento adecuado de esas instancias. La dedicación de tiempo de comuneros y comuneras a asambleas y reuniones para tomar decisiones colectivas se pone en tensión cuando el tiempo resulta uno de los bienes más escasos, pues las familias requieren dedicarse a actividades que les generen ingresos. Finalmente, si bien existe consenso sobre el hecho de que la dimensión propiamente productiva es responsabilidad de las familias y que las decisiones a este nivel corresponden al núcleo familiar, lo señalado antes, sobre el tema de recursos, permite reenfocar también esta afirmación. Si la comunidad es la que regula el acceso a tierras, agua y pasturas (y también, en algunos aspectos, la distribución de la fuerza de trabajo), los resultados de sus decisiones tendrán necesariamente un impacto en las decisiones económicas de las familias. Por ejemplo, si un grupo de familias está interesado en intensificar sus sistemas productivos agrícolas, mediante el riego “tecnificado”, esa decisión será viable (o no) en la medida en que logren acuerdos con las instancias comunales sobre el acceso al agua o logren consensuar modificaciones en las reglas de uso de este recurso. Entonces, el funcionamiento de las instancias comunales es un aspecto clave que puede funcionar como un facilitador para procesos de innovación en las prácticas agropecuarias o también como un factor de bloqueo de esas mismas innovaciones. La importancia del funcionamiento de las instancias comunales para el fomento de innovaciones productivas aparece entonces como un factor clave, pero ello pareciera que no es valorado de la misma manera por las instancias públicas, que suelen descartar a la instancia comunal como interlocutora para las iniciativas de fomento de innovaciones productivas, y prefieren fomentar nuevas organizaciones. Tal vez aquí hay una pista que explique el limitado éxito de dichas iniciativas. Y una pista, también, para replantear las políticas públicas poniendo en el centro el fortalecimiento del funcionamiento de las comunidades, incluyendo la asignación de fondos públicos adecuados para ello.
Ocupación principal La agricultura, la ganadería, la combinación de ambas, incluyendo a la ganadería alpaquera, son las ocupaciones principales identificadas en el estudio. Otras actividades como el comercio, construcción civil, o la minería tienen muy pocas menciones. Es probable que la valoración sobre qué es una “ocupación principal” haya sido un factor de invisibilización de otras actividades. Y en particular, en el caso de la minería, tal vez el prestigio “negativo” haya influido en el sentido de las respuestas. Es relevante el autoreconocimiento de las mujeres en su condición de productoras y actoras económicas. Aunque la mención a “la casa” como ocupación principal tiene el segundo lugar a nivel general y el primer lugar al analizar los datos sólo de las mujeres entrevistadas. En las mujeres, la ocupación de “comerciante” gana relevancia y desplaza a la “agricultura y ganadería” como ocupación combinada. Asimismo, algunas de las ocupaciones novedosas (guía de turismo, gastronomía) corresponden también a las mujeres. Es interesante que en el caso de Puno, el señalamiento de “la casa” como ocupación principal es desplazado hasta el cuarto lugar. En la entrevista indagamos también por la percepción de los/as entrevistados/as sobre la actividad principal de “la comunidad”. El 90% de las respuestas indica un claro predominio de las actividades agrícolas y pecuarias, con una diferencia de 12% a favor de las comunidades agrícolas. Pero al revisar los datos por comunidad, encontramos que comunidades como Tintaya Marquiri y Pacopata (en Cusco) o Vilcabamba en Apurímac, todas ellas área de influencia de grandes operaciones mineras, registran alrededor del 50% de respuestas para la categoría “otra actividad” (distinta a la agropecuaria), como la más relevante o característica de la comunidad.
La especialización productiva Los sistemas productivos que implementan las familias campesinas siguen teniendo en la rotación y alternancia de cultivos una de las principales técnicas para la renovación de la fertilidad de los suelos. Si bien resalta la importancia de la papa como principal producto, aparece asociado a diversos cultivos: otros tubérculos, cereales, leguminosas, y maíz. La importancia de la papa como cultivo articulador de los sistemas productivos es múltiple. Es un producto claramente comercial y los productos a los que se asocia en las respuestas como el maíz y los cereales también tienen importancia como mercancía. En el caso del maíz, su importancia viene como bien valioso en los circuitos comerciales monetarios es reconocida, así como su relevancia como bien transable en circuitos de intercambio y reciprocidad por su valor simbólico. Un 32% también indicó a la gana-
dería, en sus diversas variantes (vacunos, combinación de vacunos y ovinos, camélidos), como la principal actividad de las comunidades estudiadas. Sólo aparecen de manera significativa dos nuevos productos (palta en siete comunidades y alcachofa en una), ambos vinculados tanto a mercados nacionales como de exportación. Si bien las menciones no son significativas numéricamente, que al menos siete comunidades señalen a la palta en combinación con otras frutas o crianzas como los cuyes como el principal producto, puede estar mostrando un cambio significativo en los sistemas productivos, con un énfasis importante en la producción comercial. Nuevamente, la minería tiene sólo siete menciones como el “producto principal de la comunidad”. Es un número ligeramente superior a las respuestas registradas sobre la vocación productiva de la comunidad. Al hacer una comparación intergeneracional, encontramos que las actividades no agropecuarias se incrementan significativamente en la generación actual frente a la importancia que dichas actividades tuvieron en las generaciones anteriores. Y ese incremento es mucho más marcado en aquellas comunidades con presencia de actividad minera, donde probablemente esté generando una demanda ocupacional en sectores diferentes al agropecuario.
Los efectos de la pandemia Encontramos que actividades relevantes como las ferias no se realizaron, según el 66%. O que asistió muy poca gente (26%). Entre ambas menciones, más del 90% de entrevistados/as informa un efecto grave sobre, sino el principal, uno de los más importantes mecanismos de comercialización, y, por ende, de provisión de ingresos para las familias campesinas. Si bien las comercialización de productos agrícolas, ganaderos, así como de insumos, y la contratación de jornales no se ha detenido, las respuestas indican que los los productos urbano industriales adquiridos por las familias como los insumos, aunque también las semillas (que suelen ser “importadas” de zonas semilleras especializadas) son más caros o más escasos. Mientras que los productos de las familias (ganaderos, agrícolas, o fuerza de trabajo) han disminuido su precio. En el caso del precio de los jornales hay una diferencia marcada en el caso de Cusco: casi la mitad de las respuestas indica que los mismos han sido “más baratos”. Ello podría indicar un impacto significativo de la pandemia en el mercado laboral local, situación que no habría tenido un impacto similar en Apurímac y Puno. De manera similar, es en Cusco donde parece haberse dado un mayor efecto sobre los precios de semillas e insumos, pues casi el 90% indica que estos bienes han sido más caros/escasos. En Apurímac y Puno, si bien las referencias son menores, llegan a ubicarse alrededor del 50% de respuestas indicando este efecto.
18 / Informe
Golpe de Estado de 1992: 29 años del oprobio ANDINA
El uso del oxígeno medicinal en forma adecuada puede salvar vidas. Pero mal usada puede matar.
LOS REZAGOS. Veintinueve años después del golpe de Alberto Fujimori seguimos sufriendo las consecuencias de aquel nefasto episodio en lo económico y político. El oportunismo predomina en aquellos que llegan al Congreso o a cualquier otro cargo de elección popular. Corría el 5 de abril de 1992 cuando el Perú sufrió nuevamente un golpe de Estado. Esa vez fue a manos de Alberto Fujimori Fujimori. La escena que quedó grabada en la retina de miles de peruanos fue aquella en que Fujimori, en un mensaje a la Nación, dijo: disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República. Fujimori sepultó la democracia y decidió, entre muchas otras cosas nefastas, suspender la Constitución Política de 1979, disolver el Congreso e intervenir el Poder Judicial y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). A partir de allí se estableció en el Perú un gobierno autoritario, con fuerte poder de decisión en la cúpula militar, a través
de Vladimiro Montesinos. Alberto Fujimori y la cúpula usaron como pretexto para el golpe de Estado que el Congreso obstruía las leyes necesarias para la recuperación económica que estaba en crisis tras el primer gobierno de Alan García, y la lucha contra el terrorismo de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). El golpe recibió el respaldo de las Fuerzas Armadas que demandaban mano dura contra la subversión y de los sectores empresariales que arroparon al gobierno dictatorial. Por eso, mientras Fujimori daba el mensaje, los tanques y las botas militares tomaron el control de todas las instituciones del Estado, así como era intervenida la sede de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP). Al día siguiente el país empezaría a vivir largos años de dictadura, excesos, abusos, crímenes a manos del grupo paramilitar Colina como en los sonados casos de Barrios Altos y La Cantuta, así como mucha, pero mucha corrupción en el aparato estatal. Una comisión del Congreso determinó, después de la caída de la dictadura en el 2000, que los fujimoristas le robaron al Perú más de 6 mil millones de dólares. Ocho meses y 13 días después del
golpe, el fujimorismo asesinaría al secretario general de la CGTP, Pedro Huilca Tecse. Fue acribillado por varios individuos con armas de fuego de corto y largo alcance en la puerta de su casa. No aceptaba críticas, detestaban a los opositores. Una dictadura en su más cruel expresión.
Una larga noche El 5 de abril de 1992 llegó la noche de la dictadura que duró ocho años. No obstante, 29 años después seguimos sufriendo las consecuencias de aquel nefasto episodio en lo económico y político, principalmente. En el primer caso, las privatizaciones devinieron en claros actos de posición de dominio –en algunos casos monopolios- o concentración de poder en manos de unos pocos, mientras que la mayoría de peruanos seguía y sigue viviendo en la pobreza. En lo político, persiste el oportunismo de aquellos que llegan al Congreso o a cualquier otro cargo de elección popular. El transfuguismo es hija de la dictadura de Fujimori: su socio Vladimir Montesinos compró a congresistas para tener el dominio del Congreso y así evitar la fiscalización de los actos de corrupción en los que nadaba el fujimorismo aquellos años.
Informe / 19 ANDINA
El uso del oxígeno medicinal en forma adecuada puede salvar vidas. Pero mal usada puede matar.
Mal uso de oxígeno medicinal puede matar
RIESGOS. Médicos refieren que su uso sin prescripción ni monitorio médico puede agravar el estado de los pacientes con COVID-19. Ocasiona daño pulmonar, intoxicación y hasta paro respiratorio. Además, crea una falsa sensación de mejoría. El único insumo útil para tratar a un paciente con coronavirus es el oxígeno medicinal. Cuando el SARS-CoV-2 llega a los pulmones infecta las células que rodean los alvéolos. En ese momento empieza una batalla entre el virus y el sistema inmune. El organismo humano ataca con tanta fuerza al virus que de paso daña los pulmones. Las bolsitas de aire encargadas de introducir oxígeno al torrente sanguíneo no lo hacen con eficiencia y los niveles de oxígeno disminuyen (baja
saturación). El paciente sufre para respirar. Cuando un paciente llega a este punto y presenta criterios de hospitalización debe ser conectado a un balón de oxígeno. Mientras que los enfermos críticos reciben ayuda mediante un respirador asistido (ventilador mecánico) para oxigenar la sangre. Por eso es tan importante el oxígeno medicinal para tratar a los pacientes con COVID-19. Según el médico Víctor Manchego Enríquez, cuando el requerimiento de oxígeno aumenta, los pacientes deben ser revisados para identificar la causa de la baja cantidad de oxígeno en la sangre (hipoxemia) y empezar un tratamiento. A eso se le conoce como oxigenoterapia de emergencia. El insumo no se prescribe en dosis preestablecidas, sino que se suministra en función a la saturación de oxígeno que presenta cada paciente. La saturación mínima es de 90.
El peligro En Cusco, un paciente no debe tener menos de 90 de saturación. Si es menor
necesita la suplementación externa del oxígeno. Tras la llegada de la segunda ola, aumentó la demanda del insumo casi en todas las regiones. No obstante, hay que tener presente que el suministro inadecuado del oxígeno puede ser letal. El neumólogo de EsSalud, Octavio Cubas, advierte que su uso excesivo y sin indicación de un especialista podría generar un mayor daño pulmonar, intoxicación e inclusive llevar a un paro respiratorio. “En casos de enfermedad por SARS-Cov-2 podría resultar en un retardo de la evaluación médica. La persona ya tiene el tanque de oxígeno y en el momento que tiene síntomas se siente segura, está su tanque, espera un día y otro hasta que el daño pulmonar es severo”, precisa Cubas. Así, la eficiencia del tratamiento con oxígeno dependerá de un monitoreo constante. Si eso no sucede, según el jefe del Área COVID-19 del Hospital Regional del Cusco, Enrique Arana, se crea en el paciente una falsa sensación de mejoraría mientras se daña los pulmones.
Cesar Prieto presentó “Tonada nocturna. Relatos macabros sobre música”.
EL ARTE DURANTE PANDEMIA Fotos: Miguel Gutierrez / Ojo de Viento
Esta pandemia nos enseñó que se puede vivir sin bancos, sin centros comerciales, sin supermercados, pero sin arte no. A pesar de haber sido un sector duramente golpeado, los artistas se reinventan y buscan espacios para tener contacto con su público. Desde La Esencia, un espacio cultural en la ciudad del Cusco, el arte intenta reactivarse a través del canto y las narraciones orales.
Presentación de Kusi Qyollor y su canto lírico.
El aforo en La Esencia es limitado debido a la pandemia.
La intensidad del canto de Kusi Qoyllor estremece todo el espacio.