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59 Bogotá - Colombia

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de los Andes

http://res.uniandes.edu.co

enero-marzo 2017 ISSN 0123-885X e-ISSN 1900-5180

Editorial Gabriel Gatti María Martínez Martha Lux Ana Pérez

Dossier Estela Schindel Carol Chan Carolina Angel-Botero Juliane Bazzo Caterine Galaz V. Paz Guarderas A. Ana Guglielmucci Isabel Piper Shafir Marisela Montenegro

Otras Voces Óscar Iván Salazar Arenas

Documentos Danilo Martuccelli Pilar Calveiro

Debate Sandrine Lefranc Alejandro Castillejo

Lecturas Daniela Fazio Vargas Gabriel Gatti

Los ciudadanos-víctima. Problematización teórica y revisión crítica de una identidad transnacionalizada


Revista de Estudios Sociales No. 59


Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964. Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

Revista de Estudios Sociales Dirección: Cra 1a No 18A-12, Ed. Franco, Of. GB-417 Teléfono: (571) 339 49 49 ext. 4819 Correo electrónico: res@uniandes.edu.co Periodicidad: trimestral Páginas del número: 180 Formato: 21,5 x 28 cm Tiraje: 300 ejemplares

El material de esta revista puede ser reproducido sin autorización para su uso personal o en el aula de clase, siempre y cuando se cite la fuente. Para reproducciones con cualquier otro fin es necesario solicitar primero autorización al Equipo Editorial de la Revista. Las opiniones e ideas aquí consignadas son de responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente reflejan la opinión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Corrección de Estilo y Traducción Español: Guillermo Díez Inglés: Carol O’Flynn Portugués: Roanita Dalpiaz Equipo Informático | Claudia Vega Diseño y diagramación | Lorena Morales Imagen de portada Crisoles, 2016. Lorena Morales Impresión | Panamericana formas e impresos S.A. La Revista tiene todos sus contenidos en acceso abierto a través de su página web. La versión impresa tiene un costo de $20.000 (Colombia) y puede adquirirse en: Distribución | Siglo del Hombre Editores Cra 32 No 25-46 · Bogotá, Colombia · PBX (571) 337 77 00 www.siglodelhombre.com Suscripciones | Librería Universidad de los Andes Cra 1a No 19-27 Ed. AU 106 · Bogotá, Colombia · Tels. (571) 339 49 49 ext. 2071 – 2099 http://libreria.uniandes.edu.co Canjes | Facultad de Ciencias Sociales Universidad de los Andes · Cra. 1a Este No. 18A – 12 Ed. Franco, piso 6, oficina 617 · Bogotá – Colombia. Tel [571] 3394949 Ext.: 3318 · publicacionesfaciso@uniandes.edu.co http://publicacionesfaciso.uniandes.edu.co


Revista de Estudios Sociales

La Revista de Estudios Sociales (RES) La Revista de Estudios Sociales (RES) es una publicación trimestral, (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre) que se publica al inicio de cada periodo señalado, creada en 1998 y financiada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes (Colombia). Su objetivo es contribuir a la difusión de las investigaciones, los análisis y las opiniones que sobre los problemas sociales elabora la comunidad académica nacional e internacional, además de otros sectores de la sociedad que merecen ser conocidos por la opinión pública. Por lo anterior la Revista recibe y publica contenidos inéditos en español, inglés, y portugués. De esta manera, la Revista busca ampliar el campo del conocimiento en materias que contribuyan a entender mejor la realidad más inmediata y las condiciones de vida de la población. La estructura de la Revista contiene seis secciones: La Presentación contextualiza e introduce el número, además de destacar aspectos particulares que merecen la atención de los lectores. El Dossier integra un conjunto de contenidos sobre un problema o tema específico, que desde una perspectiva crítica y analítica ofrecen avances o resultados de investigación, reflexión o revisión temática, dando cuenta de las nuevas tendencias en un área específica del conocimiento. Otras Voces se diferencia del Dossier en que incluye textos que presentan investigaciones, reflexiones o revisiones, que tratan problemas o temáticas diversas. Documentos difunde uno o más textos sobre temáticas de interés social que son abordadas de manera reflexiva, por lo general de autoridades en la materia. También se publican traducciones y transcripciones de contenidos relevantes de las diferentes áreas de las Ciencias Sociales. Debate es una sección donde se incluyen contenidos sobre temáticas específicas, orientadas a generar discusiones académicas desde diferentes perspectivas, bien sea mediante entrevistas o escritos analíticos. Lecturas incluye reseñas bibliográficas en el campo de las Ciencias Sociales. La Revista cambia la estructura de presentación de sus secciones en los números que son de tema libre. En esas ediciones no aparecen las secciones de Dossier ni Otras Voces y se incluye la sección Temas Varios. La estructura de la Revista responde a una política editorial que busca: proporcionar un espacio para diferentes discursos sobre teoría, investigación, coyuntura e información bibliográfica; facilitar el intercambio de información sobre las Ciencias Sociales en los países latinoamericanos y el mundo; difundir la Revista entre diversos públicos y no sólo entre los académicos; incorporar diversos lenguajes, como el ensayo, el relato, el informe y el debate, para que el conocimiento sea de utilidad social; finalmente, mostrar una noción flexible del concepto de investigación social, con el fin de dar cabida a expresiones ajenas al campo específico de las Ciencias Sociales. Palabras clave: ciencias sociales, investigación, reflexión, revisión. La Revista declara que, todos los artículos que se reciben son sometidos a la herramienta de detección de plagio; los contenidos que se publican en la versión digital son de libre acceso y se pueden descargar en formato PDF, HTML y en versión e-book; los autores deben manifestar que el texto es de su autoría, inédito, y que respetan los derechos de propiedad intelectual de terceros; en cuanto a los evaluadores, deben señalar en el formato de evaluación que no tienen conflicto de interés con los autores y temas sobre los que van a conceptuar.


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Los ciudadanos-víctima. Problematización teórica y revisión crítica de una identidad transnacionalizada EDITORIAL

OTRAS VOCES

Presentación: El ciudadano-víctima. Notas para iniciar un debate

Cultura del automóvil y subjetividades en Colombia (1950-1968) • 111-123

Gabriel Gatti – Universidad del País Vasco, España María Martínez – University of California, Santa Barbara, Estados Unidos

Carta a los lectores 8-14

Óscar Iván Salazar Arenas – Universidad Nacional de Colombia

DOCUMENTOS Semánticas históricas de la vulnerabilidad • 125-133

DOSSIER Migrantes y refugiados en las fronteras de Europa. Cualificación por el sufrimiento, nuda vida y agencias paradójicas • 16-29

Danilo Martuccelli – Université Paris Descartes, Francia

Víctimas del miedo en la gubernamentalidad neoliberal • 134-138 Pilar Calveiro – Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Estela Schindel – Universität Konstanz, Alemania

Migrantes como víctimas y héroes nacionales: cuestionando la migración como camino al desarrollo en Indonesia • 30-43 Carol Chan – University of Pittsburgh, Estados Unidos

Reproduciendo diferencias: la negociación de identidades ciudadanas en el marco de la justicia transicional • 44-55 Carolina Angel-Botero – Universidad de los Andes, Colombia

Memórias revisitadas: sobre os testemunhos das vítimas retroativas de bullying no contexto brasileiro • 56-67

DEBATE La venganza de las víctimas • 140-144 Sandrine Lefranc – Institut des Sciences Sociales du Politique, Francia

Las policromías del terror: mediaciones entre la tecnología, la confesión y la experiencia de la víctima en la Colombia de justicia y paz • 145-149 Alejandro Castillejo – Universidad de los Andes, Colombia

Juliane Bazzo – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil

LECTURAS La intervención psicosocial y la construcción de las “mujeres víctimas”. Una aproximación desde las experiencias de Quito (Ecuador) y Santiago (Chile) • 68-82 Caterine Galaz V. – Universidad de Chile Paz Guarderas A. – Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador

El concepto de víctima en el campo de los derechos humanos: una reflexión crítica a partir de su aplicación en Argentina y Colombia • 83-97 Ana Guglielmucci – Conicet, Argentina

Ni víctimas, ni héroes, ni arrepentido/as. Reflexiones en torno a la categoría “víctima” desde el activismo político • 98-109 Isabel Piper Shafir – Universidad de Chile Marisela Montenegro – Universitat Autònoma de Barcelona, España

“Corazón, canta y no llores, no llores que los dolores hay que espantarlos bailando” • 151-161 Daniela Fazio Vargas – Universidad de los Andes, Colombia

Juan Pablo Aranguren Romero. 2016. Cuerpos al límite: tortura, subjetividad y memoria en Colombia (1977-1982) • 162-163 Gabriel Gatti – Universidad del País Vasco, España


Citizen-Victims: Theoretical Problematization and Critical Review of a Transnationalized Identity EDITORIAL

OTHER VOICES

Presentation: The Citizen-Victim. Notes for Initiating a Debate

Automobile Culture and Subjectivities in Colombia (1950-1968) • 111-123

Gabriel Gatti – Universidad del País Vasco, Spain María Martínez – University of California, Santa Barbara, United States

Óscar Iván Salazar Arenas – Universidad Nacional de Colombia

Letter to readers

8-14

DOSSIER Migrants and Refugees at the Borders of Europe: Qualifying through Suffering, Bare Life and Paradoxical Agencies • 16-29

DOCUMENTS Historical Semantics of Vulnerability • 125-133 Danilo Martuccelli – Université Paris Descartes, France

Victims of Fear in Neoliberal Governance • 134-138 Pilar Calveiro – Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Estela Schindel – Universität Konstanz, Germany

Migrants as Victims and National Heroes: Questioning Migration as a Pathway to Development in Indonesia • 30-43 Carol Chan – University of Pittsburgh, United States

Reproducing Differences: The Negotiation of Citizen Identities in the Context of Transitional Justice • 44-55 Carolina Angel-Botero – Universidad de los Andes, Colombia

Memories Revisited: On the Retroactive Testimonies of Victims of Bullying in the Brazilian Context • 56-67

DEBATE The Vengeance of Victims • 140-144 Sandrine Lefranc – Institut des Sciences Sociales du Politique, France

The Polychromies of Terror: Mediations among Technology, Confession and the Experience of the Victim in the Colombia of Justice and Peace • 145-149 Alejandro Castillejo – Universidad de los Andes, Colombia

Juliane Bazzo – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brazil

READINGS Psychosocial Intervention and the Construction of “Women Victims:” An Approach Based on Experiences in Quito (Ecuador) and Santiago (Chile) • 68-82 Caterine Galaz V. – Universidad de Chile Paz Guarderas A. – Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador

The Concept of Victim in the Human Rights Field: A Critical Reflection Based on Its Application in Colombia and Argentina • 83-97 Ana Guglielmucci – Conicet, Argentina

Neither Victims, Nor Heroes, Nor Repentants: Reflections on the Category of “Victim” from Viewpoint of Political Activism • 98-109 Isabel Piper Shafir – Universidad de Chile Marisela Montenegro – Universitat Autònoma de Barcelona, Spain

“My Heart, Sing and Don’t Cry. Don’t Cry Because Sorrows Must Be Banished by Dancing!” • 151-161 Daniela Fazio Vargas – Universidad de los Andes, Colombia

Juan Pablo Aranguren Romero. 2016. Cuerpos al límite: tortura, subjetividad y memoria en Colombia (1977-1982) • 162-163 Gabriel Gatti – Universidad del País Vasco, Spain


Os cidadãos-vítima. Problematização teórica e revisão crítica de uma identidade transnacionalizada EDITORIAL

OUTRAS VOZES

Apresentação: O cidadão-vítima. Anotações para iniciar um debate

Cultura do automóvel e subjetividades na Colômbia (1950-1968) • 111-123

Gabriel Gatti – Universidad del País Vasco, Espanha María Martínez – University of California, Santa Barbara, Estados Unidos

Carta aos leitores 8-14

Óscar Iván Salazar Arenas – Universidad Nacional de Colombia

DOCUMENTOS Semânticas históricas da vulnerabilidade • 125-133

DOSSIÊ Migrantes e refugiados nas fronteiras da Europa. Qualificação pelo sofrimento, vida destituída e agências paradoxais • 16-29 Estela Schindel – Universität Konstanz, Alemanha

Migrantes como vítimas e heróis nacionais: questionando a migração como caminho para o desenvolvimento na Indonésia • 30-43 Carol Chan – University of Pittsburgh, Estados Unidos

Reproduzindo diferenças: a negociação de identidades cidadãs no âmbito da justiça de transição • 44-55 Carolina Angel-Botero – Universidad de los Andes, Colômbia

Danilo Martuccelli – Université Paris Descartes, França

Vítimas do medo na governabilidade neoliberal • 134-138 Pilar Calveiro – Universidad Autónoma de la Ciudad de México

DEBATE A vingança das vítimas • 140-144 Sandrine Lefranc – Institut des Sciences Sociales du Politique, França

As policromias do terror: mediações entre a tecnologia, a confissão e a experiência da vítima na Colômbia de justiça e paz • 145-149 Alejandro Castillejo – Universidad de los Andes, Colômbia

Memórias revisitadas: sobre os testemunhos das vítimas retroativas de bullying no contexto brasileiro • 56-67 Juliane Bazzo – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil

A intervenção psicossocial e a construção das “mulheres vítimas”. Uma aproximação a partir das experiências de Quito (Equador) e Santiago (Chile) • 68-82 Caterine Galaz V. – Universidad de Chile Paz Guarderas A. – Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador

O conceito de vítima no campo dos direitos humanos: uma reflexão crítica a partir de sua aplicação na Argentina e na Colômbia • 83-97 Ana Guglielmucci – Conicet, Argentina

Nem vítimas, nem heróis nem arrependidos(as). Reflexões sobre a categoria “vítima” a partir do ativismo político • 98-109 Isabel Piper Shafir – Universidad de Chile Marisela Montenegro – Universitat Autònoma de Barcelona, Espanha

LEITURAS “Coração, cante e não chore, não chore, que as dores têm que ser espantadas dançando” • 151-161 Daniela Fazio Vargas – Universidad de los Andes, Colômbia

Juan Pablo Aranguren Romero. 2016. Cuerpos al límite: tortura, subjetividad y memoria en Colombia (1977-1982) • 162-163 Gabriel Gatti – Universidad del País Vasco, Espanha


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Editorial Presentación: El ciudadano-víctima. Notas para iniciar un debate Gabriel Gatti* – María Martínez ** DOI: https://dx.doi.org/10.7440/res59.2017.01

Víctima y ciudadano: la fusión de figuras antagónicas Víctima y ciudadano han sido, hasta bien recientemente, figuras antagónicas; la víctima era lo que no era el ciudadano, y el ciudadano era lo opuesto a la víctima. Así fue, en épocas de héroes y villanos, de guerras y pelea por los fundamentos, por las solidaridades básicas. En épocas de personajes extraordinarios. Entonces, víctima era un mártir o un héroe o un sacrificado por los demás, el conjunto social que lo definía por lo que ya no era: uno de nosotros. Pues si algo caracterizaba a este personaje social era su condición de expulsado del común, de ese común que en la modernidad se llama ciudadanía. Uno se constituía por el otro, lo que no era, lo era el otro: la singular normalidad de ese común era lo que la víctima no era. Una lo había perdido todo o casi todo, el otro existía gracias a esa pérdida. Hoy —esta es nuestra hipótesis— ya no es así, y la arquitectura a partir de la que se organiza la figura de la víctima no es la que fue. Ahora, ciudadano y víctima no son antagónicos. Al contrario, cohabitan, se prestan atributos. Es más, llegan incluso a fusionarse en una nueva entidad, rara, paradójica: el ciudadano-víctima. Sobre algunos aspectos de esa fusión trabajan este texto y los artículos que componen este número monográfico de la Revista de Estudios Sociales.

* **

Doctor en Sociología por la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea (España) y profesor titular de la misma institución. * g.gatti@ehu.eus Doctora en Sociología por la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea (España) e investigadora post-doctoral (programa de perfeccionamiento de personal doctor del Gobierno Vasco) en University of California, Santa Barbara (Estados Unidos). * maria.martinezg@ehu.eus

La cada vez mayor centralidad de la víctima y su competencia, primero, y fusión, después, con el ciudadano podrían ser explicadas de múltiples maneras. Abordaremos algunas solamente, que atienden a los aspectos nominales, morales, geográficos y también, y sobre todo, estructurales de ese proceso. Por él, este nuevo y complejo personaje ocupa terrenos que antes eran del dominio del ciudadano, organiza nuestro espacio moral, representa cada vez a más sujetos en el espacio público, nombra cada vez más posiciones subjetivas, está, literalmente, en todas partes, está, además, del mismo modo. Se ha emplazado, en fin, en un lugar central de las sociedades contemporáneas. Y este humano en posición de desdicha es tan central en nuestra arquitectura moral que en torno a él se ha organizado un poderoso edificio, de personajes, de valores, de prácticas. La víctima, pues, está en todas partes. ¿Cabe pensar que es porque hoy se han multiplicado las formas de


EDITORIAL

violencia contra el otro, y que eso, en consecuencia, multiplica los motivos de sufrimiento, que hay, dicho de otro modo, más víctimas reales? Puede ser, y es, de hecho, esa la hipótesis fuerte desde la que trabaja en su texto Pilar Calveiro. ¿Es posible argumentar que nos encontramos hoy ante una nueva sensibilidad colectiva, más compasiva, más emocional, ante los fenómenos sociales? También puede ser, y así lo argumenta Danilo Martuccelli en otro de los trabajos invitados a este número. El mundo se llenó de sujetos que lo son porque son vulnerables, porque son “susceptibles de ser heridos” (Soulet 2005, 55). De lo primero no hay duda: las violencias son múltiples, y víctimas las hay a espuertas. Es más, su multiplicación es una constatación forzosa: las hay de toda causa, y hoy se es víctima tanto si el motivo de victimización atiende a violencias extraordinarias, aquellas que hacían a los pactos que sostienen las solidaridades más visibles —terrorismo, violencia de Estado, policial, torturas, etcétera—, como si lo es de razones más banales y ordinarias (accidentes de tráfico y de otros medios de transporte, enfermedades y negligencias médicas, catástrofes naturales, accidentes laborales, ataques de animales, trabajar en contacto con materiales tóxicos, y un larguísimo etcétera). Todos ellos se llaman igual, parecen igual, se piensan igual, se tratan igual. A la segunda hipótesis nos sumamos. Permite entender esta propagación generalizada del nombre víctima, su sobrepresencia, como una manifestación de nuestro imaginario, ese que Didier Fassin (2010) ha nombrado “economía moral del humanitarismo”, para el que el humano en posición de desdicha, la víctima, es central, su clave de bóveda. La economía moral del humanitarismo admite, quizás más que eso, propicia a esos sujetos, los construye, como Sandrine Lefranc trabaja en su texto en este número. Son sujetos que lo son porque sufren y que por eso ocupan el centro de los espacios político, mediático, judicial. Pero la economía moral del humanitarismo es más que un soporte de ideas, que una matriz moral, que un imaginario; tiene traducciones bien concretas: una pléyade de dispositivos, oficios y saberes asociados a ellos, ampliamente transnacionalizados, que operan en cualquier parte del globo sobre dolores y sufrimientos que razonan como, también ellos, siendo universales (así, los textos de Caterine Galaz y Paz Guarderas, y Ana Guglielmucci en este número, que reflexionan sobre esos dispositivos, sobre esos saberes, en situaciones sociales y en contextos geográficos distintos) y que coadyuvan en el desarrollo de modos de hablar, de testimoniar, de presentarse, de performar, propios de las víctimas: dispositivos para contar el dolor, para hablar del dolor, para curar el dolor, para organizar el dolor, como da cuenta otro de los textos invitados a este número, el de Alejandro Castillejo. Por todas partes hay víctimas, y por todas partes, también, las profesiones que las asisten, curan, piensan; también las leyes que reglan y reglamentan

su reconocimiento, su existencia y asistencia; y lo mismo con las disciplinas que generan saberes en torno a esa figura: psicología de las catástrofes, economía del desarrollo, antropología de la urgencia, sociología de las transiciones… El nombre víctima no sólo se expande, sino que además soporta y define formas innumerables de estar en la vida social, de identidad, si se quiere. Y lo hace a lo largo del globo y de maneras sorprendentemente parecidas. La economía moral del humanitarismo es, ciertamente, imperial: lo invade todo. Sus categorías y oficios no sólo se desplazan fácil y rápido, sino que lo hacen a todas partes del globo, a toda época (como trabaja Juliane Bazzo en su texto al reflexionar sobre cómo una experiencia pasada puede ser ahora leída desde la categoría de víctima) y sin inmutarse en apariencia: víctima parece, hoy, ser lo mismo allí donde se manifieste. Lo ocupa todo. Tanto, que de aquel excluyente “pocos son víctimas”, un lema que protegía un territorio al que pocos podían entrar, pasamos a un universalizante e inclusivo “todos somos (o podemos ser) víctimas”, donde todos los sufrimientos caben. No parece que la causa importe en las víctimas de hoy; poco cambia si la razón es “de las viejas”, de las de antes, o de las que más recientemente dan acceso a esta categoría. Es lo mismo, sí, un desaparecido en España, que en Camboya, que en Colombia o en Argentina, o un refugiado en 1960 que hoy, si viene de Siria, o un niño víctima del bullying o una víctima de trata o de feminicidio. Sólo parecen importar la desdicha, el padecimiento mismo, que es lo que hace a un sujeto susceptible de decirse con criterio que es una víctima. La víctima es un sujeto que sufre (Gatti y Martínez en prensa). Cualquiera, no pocos. En realidad, todos. Un ciudadano que es al tiempo víctima. Vladimir Jankélévitch dijo una vez: “¿Cómo se puede estar a la vez fuera y dentro? […] Una puerta ha de estar abierta o cerrada, e incluso una puerta entreabierta ya está abierta; un hombre ha de estar dentro de la sala o fuera de la sala. Pero también puede estar en el umbral, pasar una y otra vez del interior al exterior” (1989, 16). A lo que Bachelard añadió que pensar en puertas y en umbrales nos daba acceso a todo “un cosmos de lo entreabierto” (1975, 261). Es el caso: el ciudadano-víctima aúna a dos contrarios. Y para nosotros, modernos, científicos sociales, el manejo de esta paradoja resulta inquietante. Es incómoda de manejar teóricamente; es incómoda de manejar empíricamente; es incómoda de manejar también metodológicamente. Requiere inventiva (un buen ejemplo es la innovadora propuesta metodológica de Isabel Piper y Marisela Montenegro). Incomoda, en efecto, bregar con un sujeto que para ser una cosa ha de ser también su contrario, que es pasivo y agente, que es silente y parlanchín, que es ruidoso y sensato, que hace del dolor, del sufrimiento, de lo que despojaba de derechos y destituía de la condición de sujeto, de ciudadano, lo que precisamente lo constituye

El ciudadano-víctima. Notas para iniciar un debate | Gabriel Gatti · María Martínez

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como ciudadano (el texto de Estela Schindel afronta una de las paradojas del ciudadano-víctima: la necesidad de mostrarse como víctima para ser reconocido como ciudadano; también se unen a esta reflexión los trabajos de Carolina Angel-Botero y de Carol Chan). Paradójico y realmente inquietante para las ciencias sociales. Las herramientas teóricas y metodológicas heredadas se entienden bien y analizan con facilidad figuras sociales propias del campo de la ciudadanía; también ayudan a abordar a sus muchos contrarios (el pobre, el subalterno, el marginal, el extranjero, el disidente…, incluso la víctima). Pero ¿cómo actuar con ellas cuando enfrentamos personajes en los que se funden los opuestos? Muchos, inscritos en tradiciones de pensamiento poderosas —por ejemplo, Wieviorka (2003), en sociología, o Garapon y Salas (2007), en el campo del derecho—, han apostado a desanudar estas paradojas. Otra opción, por la que apostamos en este número, es pensar cómo hacer para trabajar con una figura, el ciudadano-víctima, en la que se aúnan atributos de naturaleza antitética, por asumir las paradojas que la caracterizan. Retengamos dos: la de la palabra y la de la agencia.

Primera paradoja del ciudadano-víctima: ¿pueden hablar las víctimas?1 “¿Pueden hablar las víctimas?”. Detrás de esta pregunta hay un paralelismo quizás un poco simple y sin embargo plausible con aquella otra de Gayatry Chakravorty Spivak, “Can the subaltern speak?” (1988), ¿pueden hablar los subalternos? En Spivak, la pregunta implicaba una respuesta: el subalterno no puede hablar, al menos no en su condición de tal. En esas circunstancias, para comunicarse está condenado no tanto al silencio como a la ventriloquía, esto es: son otros los que hablarán por él, por el oprimido, por el loco, por el pobre… Y si no, si no se somete al silencio o a la portavocía, la única palabra posible es la toma de la palabra real, o lo que es lo mismo: dejar de ser subalterno y auparse a un registro de discurso donde el discurso sea realmente audible, pues suena a la palabra normal. Pero el precio es alto: deja de ser subalterno. El subalterno no tiene pues siquiera el derecho a hablar: no tiene acceso a la lógica con la que se produce la palabra con sentido. Si el subalterno lo es, si lo sigue siendo, no comunica, nunca, pues no pueden darse las condiciones discursivas para hacerlo. Sólo le queda o dejarse hablar o hablar por sí mismo sin ya ser lo que es: subalterno. Ahora bien, se pregunta Spivak, ¿es posible trazar un itinerario para encontrar una palabra del subalterno que sea audible sin renunciar a su condición? Hagámonos una pregunta parecida a la de Spivak: ¿Pueden hablar las víctimas? Y si pueden, ¿cómo? Si

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Los dos parágrafos que siguen sintetizan argumentos desarrollados extensamente en Gatti y Martínez (2016).

lo hacen como víctimas, las palabras a las que tienen acceso son de escasa audibilidad si no es por mediación de traductores, de ventrílocuos. Bajo esa forma, dos son las palabras a mano de las víctimas. Una es la de la terapia, propia de las víctimas cuando nos acercamos a ellas como sujetos del trauma y objetos de la cura. En esos contextos, la palabra sirve para certificar el trauma y, hecho esto, abordar su tratamiento. Puede ser la palabra parlanchina del psicoanálisis (Boltanski 1993), puede ser la casi inaudible de los test para medir la incidencia del Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) (Rechtman 2002). Ambas estandarizan y universalizan las medidas de la buena víctima. En la primera, “la víctima deberá producir un discurso personalizado, que integre el acontecimiento en su historia personal pasada e inmediata […]. Solamente la puesta en forma narrativa de la experiencia singular es susceptible de ser convincente” (Rechtman 2002, 784); en la segunda, al contrario, deberá callar, dejar que el síntoma fluya por su cuerpo: “no es necesario investigar sus emociones, su historia anterior, sus antecedentes, sus narraciones, para aportar una prueba suplementaria” (Rechtman 2002, 786). O ruido quejoso o silencio traumado… La otra es la palabra del testimonio, más llena de variantes (Castillejo 2013), más ruidosa, de apariencia más activa porque suele ser de denuncia, aunque cada vez más se la trata como si fuese palabra terapéutica (Van Dijk, Schoutrop y Spinhoven 2003). Sobra repetir ya que el testimonio se lee, después de Auschwitz, como la palabra propia de las víctimas (Alexander et al. 2004) y que se ha convertido en su forma maestra cuando la víctima habla en público (De Sousa 2013): palabra dolorosa y difícil que bordea lo irrepresentable, palabra útil e imposible. Esa condición de “palabra pública justa” de las víctimas se ha remarcado últimamente, a partir de la protocolización de los procesos de toma y emisión de testimonios en el contexto de la expansión planetaria de los dispositivos de construcción de verdad propios de la justicia transicional, una forma de construir moral, compartida, extendida y prolífica en herramientas para canalizar la palabra justa de las víctimas: grupos terapéuticos, testimonios colectivos, encuentros víctimas-victimarios, dispositivos de storytelling o truthtelling… (Lefranc 2009). Llorosa, indignada, reclamante, sensata… Para ser buena, esto es, audible y comprensible, la palabra de la víctima ha de emitirse enmarcada y canalizada. La palabra de la víctima, si es buena víctima, está, en efecto, encerrada entre esas dos opciones. Ambas son, como decíamos, palabra mediada, palabra siempre subalterna. Puede tener palabra propia —esta quizás sea su tercera opción— pero sólo si se escapa de su lugar de víctima: cuando resista, cuando deje de ser subalterna, de ser víctima, y vuelva a ser ciudadano, resistencia y resiliencia mediante. Ese régimen de audibilidad sí es reconocible.

rev.estud.soc. No. 59 • enero-marzo • Pp. 8-14 • ISSN 0123-885X • e-ISSN 1900-5180 · DOI: https://dx.doi.org/10.7440/res59.2017.01


EDITORIAL

¿Cómo puede hablar (y ser audible) la víctima de otro modo que no sea la terapia o el testimonio? Veena Das ha propuesto el concepto comunidad de dolor (Ortega 2008) para referirse a lo que es común a las muchas instancias en las que sujetos dañados se funden con otros iguales y organizan formas de expresión singulares, no reconocibles fuera de ellas: grupos de familiares, comunidades de duelo… En esas instancias, los dolientes no dejan de serlo. Y hablan, pero no lo hacen del modo esperado: ni para la cura, ni para la denuncia, ni a través de otros que las interpretan. Pero hablan: en modo ficción, en silencio, por el cuerpo dolorido y roto. Otras escrituras, otros lenguajes. El trabajo de Das parte de la pregunta por lo que queda tras las situaciones de extrema violencia. ¿En ellas sólo caben la reparación, la cura, el llanto o la asistencia? ¿Sólo se puede ser dejando de ser vulnerable, víctima o sujeto dañado? Veena Das —como otros, por ejemplo Butler (2006)— orienta su inquietud a entender cómo es posible teóricamente lo que ya vemos empíricamente: comunidades soportadas por lo que a priori las diluye: el dolor, el sufrimiento, la violencia. Con ello, facilita el camino para poder reflexionar sobre el lenguaje que cabe en esas situaciones, precisamente cuando no hay condiciones para el lenguaje, y sobre si el lenguaje que se despliega en ellas realmente lo es; esto es, si realmente se comunica. ¿Es posible, se pregunta, crear sentido cuando no se dan las condiciones para el sentido? ¿Es posible la palabra? Sí: el dolor, sostiene Das, “no es algo inexpresable que diluya la comunicación” (2008, 348). Al contrario, requiere reconocimiento, y ese reconocimiento construye comunidad, no sólo con quien lo interpreta o comprende o cura, sino con aquellos con los que el mundo extraño que sigue a la pérdida debe ser digerido, gestionado, compartido. Allí, aparecen opciones nuevas: la ficción, el silencio, la conexión entre cuerpos quebrados (Ortega 2008). Son formas de habitar, en permanencia, el dolor y la pérdida. Y aunque conviven con ellos, ni son el lenguaje de la terapia, ni el del testimonio, ni el de la resiliencia. ¿Pueden hablar las víctimas sin dejar de ser víctimas? Y en ese caso, ¿su palabra es palabra? Spivak planteó su pregunta —“¿pueden hablar los subalternos?”— en el fulgor de un movimiento, muy generalizado en las ciencias sociales de hace algunos años, inquietas por pensar en el estatuto de la palabra de aquellos (mujeres, negros, indios, locos) que habiendo sido pensados como objetos (de atención, de cuidado, de mirada científica, de política pública, de compasión) buscaban salirse de ese lugar. Como aquellos, las víctimas hacen uso en ocasiones de la palabra que les corresponde (testimonio o terapia), en otras, de la que las saca de ese lugar (resiliencia). Pero a veces, ni de una ni de otra: movimiento constante y reversible entre esos registros, instalación en los registros propios de las inhabitables comunidades en las que sin embargo habitan. Allí hay palabras difícilmente reconocibles, pero palabras al fin,

pues comunican y hacen sentido. Ni son de los ciudadanos ni de las víctimas y son de ambos. Es la palabra del ciudadano-víctima.

Segunda paradoja del ciudadano-víctima: ¿pueden las víctimas actuar (colectivamente)? La segunda paradoja emerge del encuentro entre víctima y acción. La paradoja lo es para la tradición sociológica para la que sujeto e identidad, por un lado, y acción, por el otro, son inseparables; uno no funciona sin el otro (Kaufmann 2004, 173). El sujeto lo es precisamente por su capacidad de acción, acción a través de la que se hace y hace el mundo. El ciudadano es el prototipo de este sujeto hacedor y sigue siendo el referente de nuestra concepción de sujeto. Siendo la víctima la figura de naturaleza opuesta a la del ciudadano, la no-acción será, en buena lógica, lo que la constituya. No es sólo una cuestión de semántica, que asocia víctima con pasividad e incapacidad de acción, sino el dato constitutivo de la víctima, cuando es el opuesto del sujeto de acción prototípico, el ciudadano. Partiendo de este esquema, la consecuencia lógica es la real imposibilidad de abordar teóricamente la acción de las víctimas. La acción de las víctimas es un impensable teórico porque es un imposible empírico. Ahora bien, la multiplicación de las víctimas, su competencia con el ciudadano por el centro, y los reclamos de acceso a la ciudadanía mediante su reconocimiento, precisamente, como víctimas, invitan a pensar lo que hasta hace poco parecía impensable: que las víctimas actúan. En efecto, la de víctima es hoy una posición buscada para acceder a la ciudadanía, y en ese reclamo se despliega acción. Para ilustrar las tensiones que esta paradoja comporta, centraremos nuestro argumento en un tipo de acción concreta, la acción colectiva. Planteamos, primero, cómo la acción colectiva de las víctimas es un impensable para las teorías de los movimientos sociales y de la acción colectiva; y, segundo, nos interrogamos por las modalidades de acción de quien todo indica carece de acción. Las teorías de la acción colectiva y de los movimientos sociales, en especial las de origen estadounidense (Cohen 1985), soportan sus presupuestos epistemológicos de la acción sobre un tipo de sujeto concreto. Para las teorías de la movilización de recursos, de la estructura de oportunidades políticas y del proceso político, deudoras de la “teoría de la elección racional” de Mancur Olson (en Cohen 1985), el sujeto susceptible de acción y movilización es aquel que emprende la acción sólo tras un cálculo de costes y beneficios, y únicamente si los beneficios superan los costes. Y es sujeto pues despliega un tipo de acción muy concreta, la “acción racional con arreglo a fines” (Weber 1977 [1921]), aquella que permite ese cálculo de costes y beneficios, una acción propia de un sujeto estratega, autónomo y racional, la más moderna y la más consciente (Dubet 2010).

El ciudadano-víctima. Notas para iniciar un debate | Gabriel Gatti · María Martínez

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EDITORIAL

Acción y sujeto, lo vemos, van de la mano; lo que queda fuera, no es ni sujeto, ni acción, ni por supuesto movilización. En un trabajo ya clásico, Piven y Cloward (1979) argumentaron que las teorías de los movimientos sociales no consideran ciertos movimientos como tales, puesto que los sujetos que los conducen no son pensados como susceptibles de acción. Mediante el análisis de los que llaman “movimientos de pobres” (de parados y trabajadores precarios, de derechos civiles y a favor del Estado de Bienestar), estos autores sostuvieron que este tipo de movimientos no son estudiados porque no operan con las formas de organización de otros movimientos sociales, y, por eso mismo, son declarados fallidos. Podríamos decir que algo similar sucede cuando estas teorías se enfrentan a las movilizaciones de víctimas: ni consideran a las víctimas susceptibles de movilización, pues no son siquiera pensadas como agentes, ni por lo tanto alcanzan a ser consideradas objetos de investigación. Para que lo fueran, su acción debiera corresponder a la de otros movimientos sociales: la acción racional con arreglo a fines, y el repertorio de acción (Tilly 1995) que principalmente va asociado a esta, la reivindicación ante el Estado. Pero las víctimas hoy se movilizan y actúan. ¿Cómo estudiar, sin embargo, un objeto que parece impensable? ¿Cómo abordar la movilización de quien en cuanto víctima es considerado incapacitado de acción? En trabajos como el de Lefranc y Mathieu (2009), el objeto se aborda, pero para hacerlo se ven obligados a pensar que las víctimas no son más que un “actor como otro cualquiera” (Lefranc y Mathieu 2009). De hecho, se preguntan estos autores: “¿tienen las ‘movilizaciones de las víctimas’ características tan singulares que no pueden ser objeto de una lectura apoyada en las herramientas de análisis ‘ordinarias’?” (Lefranc y Mathieu 2009, 13). No, responden: las víctimas son un actor como otro, y, por tanto, nuestras herramientas “ordinarias” nos sirven para su análisis. Un ejemplo claro de esta apuesta es la de Lilian Mathieu en su estudio sobre las movilizaciones de prostitutas en Francia (2001). En él se pregunta por qué los individuos en situaciones más desfavorecidas, los más precarios, los más dominados, son los que menos se sublevan contra la situación. Concluye que es debido a la “falta de recursos y a una debilidad organizativa, que han de subsanar para hacer escuchar sus quejas” (Mathieu 2001, 11). Lo que esta apuesta esconde es, siguiendo a Piven y Cloward (1979), una mirada analítica que busca encontrar siempre una forma específica de acción y movilización social: sólo pareciéndose a otros movimientos sociales —adquiriendo sus mismas formas organizativas, haciéndose con recursos similares, asumiendo sus mismos repertorios de acción— podrán existir e incluso tener éxito (Piven y Cloward 1979). Estos enfoques permiten, es cierto, cuestionar la idea de que la víctima es una figura pasiva, e insisten: es un “actor como otro cualquiera”. Pero a través de esa insistencia terminan por indicar, de manera quizás un tanto fortuita,

que la acción de las víctimas cuestiona su propia ontología: “la víctima como actor movilizado deja paso a la sospecha (una sospecha moral): si se moviliza, si recurre a recursos y al cálculo, su mismo estatus de víctima se fragiliza” (Lefranc y Mathieu 2009, 23). La víctima que actúa (colectivamente) no es en realidad víctima, muestra justo que abandona esa condición; o dicho de otro modo: víctima y acción no funcionan juntas, son incompatibles. ¿Cómo aprovechar teóricamente esta paradoja? En lugar de intentar resolverla, bien sea asumiendo que la víctima no tiene agencia, o bien insistiendo en que la víctima es un “actor como otro cualquiera”, nuestra apuesta pasa por plantear que las herramientas teóricas y analíticas disponibles sólo ven un tipo de acción al que corresponde un tipo de sujeto, y preguntarnos si otro tipo de acción no es posible. Hay opciones para resolver este interrogante y algunas propuestas. La de Marc-Henri Soulet de la “acción débil” (2003) como la acción propia de los vulnerables, de las víctimas, es una de ellas. Esta “acción débil” no es la acción estratégica, utilitarista, en busca de un fin, propia del ciudadano; al contrario, es una acción en la que el único recurso disponible es la experiencia misma de vulnerabilidad, de victimización. La “acción débil” busca ordenar esa experiencia en un “universo de sentido” (Soulet 2003, 193). Así vista, la víctima actúa, pero su acción no es la de un actor cualquiera, la acción racional con arreglo a fines. Es otra: acción que puede pasar por el simple acto de juntarse, de crear redes de apoyo afectivo para dar sentido a lo ocurrido, para reconstruir la experiencia de sufrimiento con otros que “han pasado por lo mismo”, de constituir “comunidades de dolor” (Ortega 2008), de abrir procesos que transformen el victimismo en acción, de generar espacios para resignificar o habitar las categorías disponibles (Mahmood 2005). Acción racional con arreglo a fines y “acción débil” se fusionan de manera extraña y compleja en ese lugar repleto de tensiones que es el del ciudadano-víctima. He ahí la paradoja de la acción en la era de los ciudadanos-víctimas: el sujeto de la acción es también un sujeto desagenciado.

Notas conclusivas sobre el ciudadano-víctima El ciudadano-víctima ostenta el rango de hipótesis, de propuesta abierta, de interrogación teórica y analítica, y hasta cierto punto de contradicción conceptual. La hipótesis es, por un lado, de cariz temporal, ya lo hemos dicho: antaño, víctima era un excluido de la ciudadanía que ocupando esa posición exterior al común permitía su existencia; la víctima era lo que no era el ciudadano —héroe, chivo expiatorio, mártir—. Era, en definitiva, un sujeto extraordinario, una excepción respecto a lo normativo, cuyo lugar lo ocupaba el ciudadano. Hoy, la víctima ya no es un sujeto excepcional; la multiplicación del número y la democratización de causas que pueden producir modali-

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dades diferentes de esa figura no sólo hacen que esta ocupe cada vez más espacio social, sino que sobre todo se sitúe en una posición cada vez más central, aquella hasta ahora ocupada en su totalidad por el ciudadano, con quien primero compite y luego termina fusionándose.

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La víctima, entonces, ya no es un sujeto excepcional, extraordinario; no es un personaje propio del orden de lo sagrado. Ha perdido su singularidad aristocrática y es ya un sujeto común, un ciudadano ordinario. Pero también no lo es, pues precisamente el hecho de que una catástrofe, algo extraordinario, lo que fuere, afecte a su integridad de ciudadano es lo que justifica que pensemos en ella —y ella se piense— como una víctima, un sujeto del orden de lo no-común. A algunas dimensiones, teóricas, metodológicas, morales y políticas también, y sobre todo empíricas, esto es, que hacen a situaciones observables donde se manifiesta este nuevo personaje, el ciudadano-víctima, se dedica este número. Nuestro objeto es, encarna, un poderoso oxímoron, que aúna figuras de características pensadas excluyentes: por un lado, la víctima, que fue imaginada, aún lo es, como una entidad pasiva; por el otro, el ciudadano, que no; a la una se la asiste y el otro asiste; la primera es y define identidad desde el sufrimiento individual, mientras que el segundo lo hace desde la participación en lo público; el segundo tiene palabra y agencia; la víctima, dado que es su contrario, carece de ellas. Las dos caras se funden, se prestan atributos: para el uno (el ciudadano), la condición sufriente, que fue anatema, deviene sine qua non; para el otro (la víctima), la agencia y la palabra proactivas son una opción, cuando no eran siquiera imaginable. El ciudadano-víctima no cancela las tensiones entre las dos figuras que fusiona; las combina en una tensión que es permanente y que no se resuelve. No es ni uno ni otro pero es como uno y como otro.

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Referencias

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El ciudadano-víctima. Notas para iniciar un debate | Gabriel Gatti · María Martínez

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EDITORIAL

Carta a los lectores

Colombia está atrevesando un momento histórico con el acuerdo de paz que se firma con la guerrilla FARC-EP, que durante más de medio siglo el Estado ha combatido por la vía militar. Este enfrentamiento armado ha acabado con innumerables vidas y ha dejado a su paso decenas de víctimas. En este contexto, la Revista de Estudios Sociales dedica este número a “Los ciudadanos-víctima. Problematización teórica y revisión crítica de una identidad transnacionalizada”, coordinado por María Martínez y Gabriel Gatti de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, España. En la presentación del número, Martínez y Gatti comentan los textos de las secciones Dossier, Documentos y Debate, donde se encuentran trabajos que, desde diferentes perspectivas, son resultado de investigaciones producidas en diversos espacios sociales y geográficos, abordados, en su mayoría, a partir de estudios sociológicos, antropológicos y psicológicos. En ellos se reflexiona sobre la figura de la víctima, condición que no es ajena a la realidad latinoamericana y a la crisis mundial que se vive en la actualidad. En este contexto es relevante el análisis que se produce desde las ciencias sociales sobre la figura de la víctima, que, como señalan los editores invitados, se ha convertido en uno de los personajes sociales centrales en la vida contemporánea. En la sección Otras Voces contamos con el texto de Óscar Salazar “Cultura del automóvil y subjetividades en Colombia (1950-1968)”. El autor realizó un estudio histórico sobre la cultura del automóvil en Colombia en la segunda mitad del siglo XX, a partir de artículos de prensa y boletines estadísticos. En su trabajo sustenta que las nuevas prácticas de movilidad influenciaron la vida urbana de la época —además de los cambios que se produjeron en el diseño urbano—, por el impacto simbólico que estas nuevas prácticas tenían en las relaciones sociales, producto de las nuevas interacciones entre las personas y los objetos que circulaban por sus calles. La sección Lecturas cuenta en este número con dos contenidos de diferente orden. El primero de ellos es un ensayo de Daniela Fazio, titulado “Corazón, canta y no llores, no

llores que los dolores hay que espantarlos bailando”. En el texto, la autora reflexiona sobre las experiencias de detención, desaparición forzada, tortura y muerte, en el contexto de la dictadura militar de Chile a partir de 1973, articulando y demostrando sus argumentos de resistencias y memorias por medio de la música y las artes como formas de expresión y de denuncia de un pasado que se quiere silenciar, e igualmente, recordar y analizar. El segundo es una reseña crítica elaborada por Gabriel Gatti del libro de Juan Pablo Aranguren Cuerpos al límite: tortura, subjetividad y memoria en Colombia (1977-1982), publicado por Ediciones Uniandes en el 2016. Gatti señala, entre los varios comentarios que desarrolla, que el texto contiene “una mirada múltiple, de trazo largo en el tiempo histórico, de ancho espectro en el espacio de las disciplinas y bien aterrizada, concreta, en el territorio, no siempre bien tratado, de lo empírico”, y además, de manera crítica, se repiensan las nuevas formas del cuerpo político y social. Ha sido un placer referirnos a este número, con aportes que desde las ciencas sociales contribuyen a entender y proponer formas de pensarnos y vivir una Colombia diferente, por lo que los invitamos con entusiasmo a leer sus contenidos, todos propositivos. Finalmente, queremos contarles que a partir del 2017 la Revista contará con un manejador de contenidos, administrado por ScholarOne (Thomson Reuters), por medio del cual los autores podrán someter sus textos en las diferentes convocatorias y, también, hacerle seguimiento al proceso de evaluación. Como ya lo hemos comentado en anteriores ocasiones, el propósito es contar con herramientas que garanticen la calidad en los procesos, que redunden en la calidad y confianza que ustedes depositan en la Revista. Martha Lux Editora Ana Pérez Coordinadora editorial

rev.estud.soc. No. 59 • enero-marzo • Pp. 8-14 • ISSN 0123-885X • e-ISSN 1900-5180 · DOI: https://dx.doi.org/10.7440/res59.2017.01


Dossier

Migrantes y refugiados en las fronteras de Europa. Cualificación por el sufrimiento, nuda vida y agencias paradójicas • 16-29 Estela Schindel – Universität Konstanz, Alemania

Migrantes como víctimas y héroes nacionales: cuestionando la migración como camino al desarrollo en Indonesia • 30-43 Carol Chan – University of Pittsburgh, Estados Unidos

Reproduciendo diferencias: la negociación de identidades ciudadanas en el marco de la justicia transicional • 44-55 Carolina Angel-Botero – Universidad de los Andes, Colombia

Memórias revisitadas: sobre os testemunhos das vítimas retroativas de bullying no contexto brasileiro • 56-67 Juliane Bazzo – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil

La intervención psicosocial y la construcción de las “mujeres víctimas”. Una aproximación desde las experiencias de Quito (Ecuador) y Santiago (Chile) • 68-82 Caterine Galaz V. – Universidad de Chile Paz Guarderas A. – Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador

El concepto de víctima en el campo de los derechos humanos: una reflexión crítica a partir de su aplicación en Argentina y Colombia • 83-97 Ana Guglielmucci – Conicet, Argentina

Ni víctimas, ni héroes, ni arrepentido/as. Reflexiones en torno a la categoría “víctima” desde el activismo político • 98-109 Isabel Piper Shafir – Universidad de Chile Marisela Montenegro – Universitat Autònoma de Barcelona, España


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Migrantes y refugiados en las fronteras de Europa. Cualificación por el sufrimiento, nuda vida y agencias paradójicas* Estela Schindel** Fecha de recepción: 30 de abril de 2016 · Fecha de aceptación: 21 de septiembre de 2016 · Fecha de modificación: 06 de noviembre de 2016 DOI: https://dx.doi.org/10.7440/res59.2017.02

R E S U M E N | En el artículo se trabaja la tensión entre las figuras del migrante y el refugiado tal como son definidas y disputadas en Europa hoy. Hay una estratificación de legitimidades en términos del derecho de acceso a la Unión Europea (UE) que privilegia a quien es objeto de persecución o guerra y deslegitima al migrante económico. Tras exponer la genealogía de la categoría del refugiado se analizan las consecuencias de esta dicotomía en la gestión de quienes cruzan la frontera marítima de Europa. ¿Qué tipo de estrategias, agencias y subjetividades moviliza un régimen que favorece al sufriente por encima del emprendedor? ¿Y qué recursos emplean los viajeros, desde la condición de nuda vida, para cualificar a una estadía por la paradójica vía de su descualificación? Por último, el artículo menciona los desafíos planteados por las nuevas tecnologías biométricas de control de fronteras y formula la pregunta por la afinidad entre el refugiado y otras figuras sociales vulnerables. PA L A B R A S C L AV E | Refugiados, migración, Unión Europea, fronteras (Thesaurus); nuda vida, agencia (Autor).

Migrants and Refugees at the Borders of Europe: Qualifying through Suffering, Bare Life and Paradoxical Agency A B S T R AC T | This article focuses on the tension between the figure of the migrant and that of the refugee as they are being defined and disputed in Europe today. There is a stratification of legitimacies in terms of the right to access to the European Union (EU) that favors those who escape persecution or war and delegitimizes economic migrants. After presenting the genealogy of the refugee category, it analyzes the consequences of this dichotomy for managing those who cross the maritime border of Europe. What kind of strategies, agencies and subjectivities are mobilized by a border regime that favors suffering over enterprise? And what resources do travelers use, once they are reduced to the condition of bare life, to qualify to stay via the paradox of their own disqualification? Finally, the article mentions the challenges posed by the new biometric technologies of border control and raises the question of possible affinities between the refugee and other vulnerable social figures. K E Y W O R D S | Refugees, migration, European Union (Thesaurus); borders, bare life, agency (Author).

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Este artículo se basa en observaciones y entrevistas realizadas durante tres estadías de investigación en las islas griegas de Lesbos (2013-2014), Quios y Samos (2015) y la localidad turca de Ayvalik (2014), en el marco de un estudio sobre el régimen de fronteras de la UE. El trabajo interroga las definiciones de Europa puestas en juego en las prácticas de cruce ilegalizado al espacio Schengen, así como en aquellas orientadas a impedirlo. En una investigación multisituada, se analizan casos de fronteras marítimas, terrestres y aéreas. El interés principal radica en las prácticas y materialidades de los cruces de frontera: ¿Quiénes y cómo la atraviesan? ¿Qué saberes, objetos, técnicas y discursos están involucrados en esas operaciones, así como en las destinadas a impedir el cruce? ¿Y qué implican respectivamente en términos de definiciones o umbrales de humanidad? Durante las estadías se realizaron observaciones microsociológicas y se mantuvieron entrevistas y conversaciones con personal de Frontex, la Guardia Costera Griega, organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales, así como con políticos, autoridades, voluntarios, activistas, periodistas, pobladores locales y personas en tránsito. Algunos encuentros fueron concertados de antemano, y otras conversaciones surgieron gracias a contactos en el lugar o espontáneamente durante la estadía. Las observaciones incluyeron visitas a puertos y barcos de patrulla, oficinas públicas, centros de alojamiento de refugiados y sedes de ONG, así como recorridos por las zonas costeras y localidades afectadas por los cruces ilegalizados de frontera.

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Doctora en Sociología por la Freie Universität Berlin (Alemania). Coordinadora Académica del Programa de Doctorado “Europa en el mundo globalizado” e investigadora del Centro de Excelencia “Bases Culturales de la Integración Social”, auspiciado por la Fundación Alemana de Investigación Científica (DFG), Universität Konstanz (Alemania). Últimas publicaciones: “Bare Life at the European Borders. Entanglements of Technology, Society and Nature”. Journal of Borderlands Studies 31 (2): 219-234, 2016, y “‘Blowing off the Boat’. The Sea Border Crossing to Europe, a Navigation on the Nature/Culture Divide”. Mobile Culture Studies, The Journal 1: 199-216, 2015. * estela.schindel@uni-konstanz.de


DOSSIER

Migrantes e refugiados nas fronteiras da Europa. Qualificação pelo sofrimento, vida destituída e agências paradoxais R E S U M O | Neste artigo, trabalha-se a tensão entre as figuras do migrante e do refugiado tal como são definidas e disputadas na Europa hoje. Há uma estratificação de legitimidades em termos do direito de acesso à União Europeia (EU) que privilegia quem é objeto de persecução ou guerra e deslegitima o migrante econômico. Após expor a genealogia da categoria do refugiado, analisam-se as consequências dessa dicotomia na gestão dos que cruzam a fronteira marítima da Europa. Quais estratégias, agências e subjetividades um regime que favorece o sofredor por cima do empreendedor mobiliza? E quais recursos os viajantes empregam a partir da condição de vida destituída para qualificar uma estada pela paradoxal via de sua desqualificação? Por último, este artigo menciona os desafios apresentados pelas novas tecnologias biométricas de controle de fronteiras e formula a pergunta pela afinidade entre o refugiado e outras figuras sociais vulneráveis. PA L AV R A S- C H AV E | Fronteiras, migração, refugiados, União Europeia (Thesaurus); agência, vida destituída (Autor).

Introducción Escena 1. Puerto de la isla de Samos, octubre de 2015. Sobre la explanada de cemento, y en las construcciones provisorias levantadas por las agencias humanitarias en el puerto principal de la isla de Samos, hay varios centenares de personas llegadas recientemente. Acaban de cruzar el Egeo desde Turquía en endebles barcos de madera o botes inflables producidos en serie para el mercado de cruces clandestinos, fabricados especialmente para durar apenas unas horas en el mar. Muchos de quienes esperan aquí fueron rescatados en altamar o en rocas en medio del agua por la guardia costera o la patrulla de Frontex. Tal vez lograron llegar a la orilla por sí mismos y quedaron atrapados en la costa, debido al perfil rocoso y escarpado de la isla. En ese caso fueron salvados por el equipo civil de buzos voluntarios, que es el mejor equipado para estas operaciones. O bien, lograron subir y caminaron por su cuenta a la intemperie, pero quedaron atrapados en el hostil terreno de la isla hasta ser localizados por socorristas. Aunque geográficamente es la parte marítima de Europa más cercana a Asia —menos de dos kilómetros la separan de la costa turca—, la difícil topografía de Samos complica el arribo y la convierte en un destino de segunda clase, más barato en la oferta de las redes de facilitadores, por ejemplo, que el cruce a las suaves playas de Quios.1 En todos los casos, y pese a las dificultades pasadas, los viajeros quieren volver a partir cuanto antes: tan pronto como reciban el permiso temporario de estadía —por treinta días para la mayoría, más extenso para los sirios—, tomarán el ferry a Atenas y continuarán por tierra, vía Macedonia, hacia el norte de Europa. A

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Aun si implican definiciones diferentes, por razones de estilo, a lo largo del artículo emplearé en forma indistinta los términos “facilitadores”, “traficantes” o “agentes” para referirme a las redes que venden los servicios de transporte clandestino a Europa.

primera vista, no hay diferencias notables entre ellos. Sin embargo, están atravesados por un sistema clasificatorio que asigna distintas prioridades y produce diferentes velocidades en su trayecto. Quienes pueden demostrar que son ciudadanos sirios que huyen de la guerra civil gozan de una suerte de fast lane: suelen partir a las veinticuatro horas, o incluso el mismo día de llegada, en el ferry de la noche. Muchos de ellos están en buena situación económica, y, en lugar de esperar en el puerto, optan por registrarse en alguno de los hoteles del centro, los mismos que alojan también a personal de organizaciones humanitarias, miembros de Frontex o investigadores extranjeros en trabajo de campo. Para los ciudadanos sirios, el tránsito es relativamente fluido. El resto, cuyo trámite tomará más tiempo, es llevado a un centro de internamiento. Al igual que en las islas de Quios y Lesbos, estos centros se encuentran alejados de la ciudad, en algún monte, lo cual dificulta la comunicación con los voluntarios locales que los asisten y con los vecinos y turistas en general. Veo cómo un domingo, unas mujeres locales les llevan el desayuno, luego de haber constatado que los fines de semana no recibían comida. El centro consta de unas filas de construcciones prefabricadas sobre la pendiente escarpada rodeadas de alambres de púas. Sin embargo, hay pocos uniformados vigilando y las puertas están abiertas. Los habitantes están más o menos abandonados a su suerte y a la buena voluntad de la sociedad civil. La mayor parte de quienes aguardan allí vienen de Afganistán e Irak. A diferencia de los sirios, sus nacionalidades no los califican como personas en riesgo de forma casi automática. Deberán esperar un par de semanas antes de recibir el papel que les permita seguir viaje —o se los deniegue— pero no son los casos más desesperados. La mayor incertidumbre, el régimen más lento, rige para quienes habitan el último escalafón en el sistema clasificatorio de llegada, hostilizados en todos los países que atraviesan y objeto de racismo hasta por parte de otros refugiados: los hijos de África. Aunque proceden de Migrantes y refugiados en las fronteras de Europa | Estela Schindel

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países desgarrados por guerras y violencias, los subsaharianos tendrán mínimas chances de calificar para el asilo: provenientes de un continente pauperizado, son vistos como personas que “sólo” aspiran a beneficiarse del bienestar del primer mundo. Sus motivaciones no son legítimas, por cuanto no huyen de una guerra visible mediáticamente, sino que “aspiran a una vida mejor”. Mientras los demás se agolpan ante la mesa del desayuno, ellos conversan entre sí, apartados del resto, a la sombra de un árbol. Son los más marginales de los expulsados, la última variable en el complejo sistema de filtrado en que se ha convertido el paso por las islas del Egeo en la ruta al norte de Europa.2 El inmigrante que aspira a una vida plena, mejor, con derechos y con trabajo en el país de llegada, entra en estado de sospecha; quien escapa de peligros supuestamente mayores, y cuyo nivel de exposición al sufrimiento es avalado por la presencia mediática de la guerra en su país, en cambio, tendrá más chances de ser acogido y puede dejar el puerto rumbo a Atenas con celeridad.3 No presentan mayores motivaciones que la preservación de su existencia. Los debates públicos producidos en Europa a partir de la llegada masiva de refugiados en 2015 tienen en esta dicotomía el centro de preocupación. Allí se pone de manifiesto una estratificación de legitimidades en términos del derecho de acceso a la Unión Europea (UE), que se obtiene en función de la cualificación al estatuto de refugiado, de acuerdo con una definición que pone énfasis en el miedo y la vulnerabilidad. El debate europeo sobre los términos de la legitimidad del asilo se ha desplegado desde los años noventa, pero alcanzó nueva dimensión luego de los levantamientos de la llamada “Primavera Árabe” en 2011, cuando el número de personas que intentaban el cruce por el Mediterráneo comenzó a aumentar, y luego de forma notoria a partir del verano boreal de 2015, ante el éxodo masivo de sirios que escapaban de la guerra civil en su país, y 2

Esta función no es en modo alguno nueva, sino que ha sido ejercida en territorio griego sobre todo en el marco de las regulaciones de asilo europeas conocidas como acuerdo de Dublín (ver, por ejemplo, Cabot 2014). Por otra parte, Alison Mountz ha destacado cómo la particularidad de la situación insular reproduce y amplía geográficamente la precariedad y el aislamiento de los solicitantes de asilo, llevando el procesamiento del trámite a los márgenes mismos del territorio soberano (Mountz 2011, 120-121). Más recientemente, y luego de entregado este artículo, la política de hotspots introducida por la Unión Europea, con su restricción geográfica para abandonar ciertas islas griegas o italianas, ha llevado a un nuevo grado la “insularización” del control migratorio. Esta parece destinada a replicar la política de “escisión” aplicada por Australia sobre parte de su territorio insular (Mountz 2011) para negar acceso al continente a los solicitantes de asilo (Kasparek, Antonakaki y Maniatis 2016; Kuster y Tsianos 2016).

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Sobre la influencia de las representaciones mediáticas en la decisión sobre el otorgamiento de asilo, ver, por ejemplo, Kobelinsky (2013).

miles de ellos que ingresaban al territorio europeo cada día. El principal dilema en las discusiones públicas se ha centrado en cómo diferenciar a los (legítimos) aspirantes al asilo de los (indeseados) migrantes económicos u otras personas en tránsito. Este artículo se ocupa de la tensión entre estas dos figuras, tal como son definidas y disputadas en Europa hoy. A continuación se expone la genealogía de la figura del refugiado en cuanto objeto de políticas humanitarias, remontándola a sus condiciones de surgimiento en el siglo pasado, y sus consecuencias en cuanto a la producción de una cierta subjetividad. La figura es pensada en términos de producción biopolítica de nuda vida, y del terreno de mera supervivencia biológica al que son llevados quienes cruzan la frontera marítima europea por vía irregular. Tratando de superar las limitaciones de esa categoría agambeniana para pensar la agencia, se expone luego cómo dentro de la nuda vida es posible desarrollar modos paradójicos de agencia e, incluso, resistencia, reconvirtiendo el abandono estatal en favor propio. Por último, se formulan preguntas en torno a las nuevas modalidades tecnológicas de control y sobre las consecuencias del actual régimen de fronteras en términos de la creación de cierto tipo de subjetividad. ¿Qué tipo de estrategias, discursos e identidades moviliza un régimen que favorece al sufriente por encima del emprendedor? ¿Y qué significan los recursos que ponen en acción los viajeros ilegalizados para cruzar las fronteras, primero, y cualificar a una estadía legal, después, por la paradójica vía de su descualificación?

El refugiado como objeto de gestión humanitaria: una genealogía Escena 2. Allí mismo, sobre la explanada del puerto de Samos, multitudes de viajeros arriban y parten a diario en los servicios de ferry que los operadores debieron agregar, ya que, fuera de temporada, los trayectos regulares no daban abasto. Muchos de quienes esperan llevan números escritos en la mano con marcador de fibra: 231, 456, 128. Son las mismas cifras que, en pintura de colores, numeran los botes y barcos confiscados en el otro extremo del puerto, junto a la oficina de la Guardia Costera Griega. Veo a una mujer —el atuendo sugiere que es afgana— con el número 348 escrito en la mano. Lleva en brazos un niño pequeño, al que le han escrito el número en el antebrazo, para que quepa mejor. La práctica de ordenar a los refugiados escribiéndoles un número sobre la mano fue criticada públicamente en los pocos casos en que trascendió en los medios. Cuando se supo que fue aplicada a un contingente de personas llegadas a la isla de Creta, en mayo de 2015, la responsabilidad fue adjudicada al personal de la Guardia Costera Griega, de por sí denunciado por abusos a inmigrantes y conocido por simpatizar con posiciones de extrema derecha. Cuando, en septiembre de 2015, trascendió que oficiales de la República Checa marcaban de la

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misma forma a los refugiados que pasaban por su país desde la ruta de los Balcanes hubo nuevamente indignación mediática, esta vez con repudio explícito a las analogías con los tatuajes de números a los prisioneros en los campos nazis. En las islas del Egeo, sin embargo, la marcación de los recién llegados con números en la mano parece en 2015 una práctica de rutina por parte del complejo ensamblaje de organizaciones humanitarias intergubernamentales, gubernamentales, europeas y no gubernamentales que gestionan el paso de los refugiados por sus puertos. La numeración habilita una primera clasificación y una técnica de gestión de emergencia ante los arribos masivos, ya que, como justifica en privado la abogada de una organización humanitaria internacional, “quien critica esta práctica nunca ha estado en el terreno; no tiene idea de lo que es administrar a tanta gente”. “Si les damos papeles numerados —explica— ellos los venden”. En boca de alguien entrenado en la gestión humanitaria y habituado a ella, el hecho de que las personas desplazadas sean objeto de “administración” es algo sobreentendido. Sin embargo, la existencia de sistemas internacionales para la asistencia de refugiados no es algo dado por sentado, sino una creación histórica fruto de circunstancias y necesidades concretas. Además de reproducir los principios que guiaron esas condiciones y necesidades, el sistema produce al refugiado con determinadas características. Al hacerlo, lo separa permanentemente de otras figuras como el “migrante económico” y, por supuesto, del inalcanzable pariente de ambos, el ciudadano de derechos plenos. Pero ¿cuándo y cómo surgió el sistema internacional que regula a las personas en tránsito o en fuga? Aunque a lo largo de toda la historia ha habido casos de poblaciones desplazadas, el refugiado tal como lo conocemos hoy es claramente una criatura del siglo XX (Malkki 1995; Haddad 2008; Gatrell 2013). La conciencia sobre el fenómeno de los refugiados, y el término mismo, emergieron en la década de 1880 ante el crecimiento exponencial del número de refugiados (Marrus 1985), y el período de entreguerras llevó el fenómeno a una nueva dimensión, dando lugar al surgimiento de tratados y técnicas de gestión de poblaciones desplazadas (Skran 1995). Sin embargo, es sólo a partir de 1945 que tienen lugar procesos estandarizados internacionalmente que crean al refugiado como una “categoría social y un problema legal de dimensiones globales”4 (Malkki 1995, 498). A partir de 1945, los procesos de asilo se globalizan y el refugiado se convierte en una categoría social y un problema legal de alcance global, dando lugar a un régimen de asilo internacional en forma de un conjunto de reglas legales, normas y acuerdos entre Estados, cuyo marco regulatorio se mantiene en mayor medida intacto hasta hoy (Malkki

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Traducción de la autora.

1995; Gatrell 2013). No es casual que la codificación de la figura del refugiado tuviera lugar precisamente cuando se consolidaban en Europa los Estados nacionales. En el siglo XX, el desplazamiento está ligado al colapso de los imperios multinacionales y la emergencia del Estado moderno como ente étnicamente homogéneo. La codificación y estabilización de los sujetos desplazados como refugiados son intrínsecas y tributarias de la codificación y estabilización de los Estados nacionales: es la sociedad internacional moderna, con su énfasis en definir parcelas territoriales claramente con fronteras políticas concretas, la que produce al refugiado. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (en adelante, la Convención) de 1951 y el protocolo añadido en 1967 —que remueve su limitación geográfica a Europa y universaliza su alcance— siguen siendo la referencia conceptual y el instrumento legal para establecer quién es un refugiado. Si bien en la actualidad la mayor parte de las personas que aspiran al asilo en la Unión Europea y obtienen permiso de permanencia no lo hacen bajo esta categoría sino bajo algún mecanismo de protección subsidiaria, la definición fundacional de este texto continúa vigente. Allí se sitúa el “miedo fundado a ser perseguido” como elemento decisivo para la calificación al asilo. Según el texto de la Convención, se considera refugiado a toda persona que: “[…] debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”, Art. 1. A.2. (Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 1951)

La estricta distinción entre personas con derecho al estatuto de refugiado por persecución o guerra y aquellas en tránsito por otras razones ha sido objeto de abundante crítica desde el derecho, la antropología y la teoría política. Sin embargo, esta definición clásica continúa siendo el instrumento de protección disponible y el rasgo crucial de la política de asilo sostenido tanto por ACNUR como por la mayoría de la clase política: solidaridad para los refugiados, imposición de la ley para los inmigrantes sin documentos válidos. Esta escisión se refleja en la temprana división a nivel supranacional entre una organización destinada a gestionar los refugiados, ACNUR, y otra orientada a las migraciones internacionales, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y expresa el marco de conflictos en que fueron creadas. La OIM fue fundada en 1951 como contrapartida a la creación de ACNUR —primero bajo el nombre provisorio de Migrantes y refugiados en las fronteras de Europa | Estela Schindel

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Inter-Governmental Committee on Migration in Europe (ICME)— y como reflejo de los intereses de Occidente y, sobre todo, de Washington en el inicio de la Guerra Fría. Tras expirar los mandatos de las organizaciones que las antecedieron, UN Relief and Rehabilitation Administration, UNRRA (1943-1947), e International Refugee Organization, IRO (1947-1950), las Naciones Unidas no lograron llegar a un acuerdo en relación con el mandato del nuevo cuerpo internacional (Elie 2010). Finalmente se crearon dos instituciones, una diseñada para encargarse de los desafíos asociados con los refugiados, la ACNUR, como agencia no operativa a cargo de la ONU, y por otro lado la OIM, una organización intergubernamental orientada por cuestiones económicas y creada con apoyo y financiación explícitos de Estados Unidos, como organismo operativo encargado de facilitar la migración internacional de “poblaciones excedentes”, incluidos refugiados, especialmente provenientes de Europa Oriental. Esta división de tareas originaria estipula ya que un grupo merece protección legal en función de su situación de riesgo, mientras que otros serán objeto de management en función de las conveniencias marcadas por las necesidades de las agendas geopolíticas y los mercados laborales. La OIM ha sido objeto de numerosas críticas, entre otras razones, por actuar en interés de los Estados que la integran, y no de los migrantes, con poco o nulo cuidado de sus derechos y garantías, pero sobre todo por contribuir, indirectamente, a reforzar la exclusión de ciertos grupos de personas en tránsito (Ashutosh y Mountz 2011). Más allá del aspecto institucional, esta genealogía permite comprender cómo la figura del refugiado es codificada por la Convención de Ginebra en una forma que la escinde claramente de la figura del migrante económico, diluyendo las superposiciones entre ambas y forzando la separación. Desde 1951, el refugiado prolifera y se encuentra en múltiples contextos, pero al mismo tiempo la política de la Guerra Fría y las dinámicas de los movimientos poblacionales generan nuevas restricciones para la categoría recientemente universalizada. De hecho, su emergencia y cualificación en la posguerra no se explican sólo en virtud de una conciencia pública sobre la necesidad de brindar protección a población desplazada o vulnerable. Las discusiones preparatorias de la Convención de Ginebra dan cuenta de cómo, también entonces, la definición del refugiado está imbricada con la gestión de los movimientos migratorios y la necesidad de algunos países de contar con más mano de obra laboral. Didier Fassin (2016) advierte que la “generosidad” nunca ha sido la razón principal para otorgar asilo: por el contrario, durante las dos décadas que siguieron a la Convención de 1951, la motivación para acoger personas en busca de refugio era en parte económica, por la necesidad de contar con fuerza de trabajo para reconstruir la Europa de posguerra, y en parte ideológica, de acuerdo con los intereses de la Guerra Fría. Es con el colapso de los regímenes comunistas y la interrupción

de la migración laboral que ambas motivaciones cesan, mientras que los solicitantes de asilo comienzan a ser recibidos con suspicacia y hasta hostilidad, al tiempo que se inicia el proceso de integración que culminaría en el régimen de Schengen y el reforzamiento de las fronteras exteriores de Europa. Katy Long (2013) llama la atención sobre el hecho de que en las décadas anteriores a la Segunda Guerra Mundial, los refugiados fueran considerados como migrantes, y que el otorgamiento de asilo dependiera enteramente de criterios económicos, con las consiguientes falencias en la protección de personas perseguidas. La creación de una categoría específica, separada del migrante, acompañada de canales y mecanismos de admisión diferenciados, contribuyó a zanjar esa deficiencia pero trajo como consecuencia el hecho de no brindar a los refugiados soluciones durables a largo plazo, que incluyan la posibilidad de sustentarse económicamente y no depender así de asistencia humanitaria. Al mismo tiempo, se ha observado críticamente cómo la categoría y la acción de la ACNUR misma han terminado por operar como instrumentos selectivos que excluyen a quienes no se ajustan a su definición, y, en última instancia, contribuyen a la criminalización de la migración ilegalizada (Ratfisch y Scheel 2012). Según la coyuntura, la categoría de refugiado ha sido movilizada, y su contorno ampliado o reducido de diversas formas, a fin de gestionar, controlar, excluir o incluir diferencialmente a las personas en tránsito, en un contexto en el que adquiere una paradójica superioridad moral. A la vez, aumenta la evidencia de que los movimientos de refugiados e inmigrantes suelen estar imbricados, lo cual pone en cuestión la validez de la definición del refugiado “legítimo”. La consecuencia es la indirecta y simétrica desprotección de los migrantes que no califican al asilo, aunque viajen en iguales condiciones de precariedad y vulnerabilidad, y a menudo por las mismas rutas y en los mismos transportes, guiados por los mismos traficantes o agentes y recurriendo a similares estrategias. La separación entre migrantes y refugiados no contempla los múltiples factores que intervienen en los llamados “flujos migratorios mixtos” y cómo la migración forzada y la económica están estrechamente relacionadas y a menudo son indistinguibles, en cuanto formas de expresión de desigualdades mundiales y de formas de violencia complejas e igualmente mixtas (Castles 2003). Los movimientos de poblaciones contemporáneos, particularmente aquellos provenientes de zonas conflictivas, son fenómenos muy complejos, dentro de los cuales la división entre migrantes y refugiados se torna aún más confusa y esquiva a los sellos identitarios de las burocracias estatales y/o humanitarias. ACNUR (2011) reconoció el creciente desafío de las llamadas “migraciones mixtas”, pero más bien para

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formular recomendaciones sobre “mecanismos para identificar a los recién llegados que tengan necesidades de protección y satisfacer las necesidades de otras categorías de personas involucradas en los movimientos mixtos”. Ante los arribos masivos a Europa durante 2015, volvió a afilar el lápiz con el que trazar la línea que estipula claramente la diferencia entre categorías. Según la agencia para los refugiados de la ONU, “confundirlos puede provocar problemas para los refugiados y los solicitantes de asilo, así como malas interpretaciones en los debates sobre el asilo y la migración”, puesto que, para ellos, “es demasiado peligroso volver a su lugar de origen”5 (ACNUR 2016, 1). Mezclar los dos términos, advierte la agencia humanitaria, “desvía la atención de las salvaguardas legales específicas que los refugiados requieren” y “puede perjudicar el apoyo público hacia los refugiados y la institución del asilo en un momento en que más refugiados que nunca necesitan dicha protección” (ACNUR 2015). La legitimidad del refugiado no es intrínseca, ni automático su derecho al asilo, y, de hecho, la mayoría de las personas que pueden permanecer legalmente lo hacen por vía de algún mecanismo de protección subsidiaria (que a su vez fragmenta el principio de protección humanitaria en una multiplicidad de figuras y se despliega de manera distinta en cada país). Sin embargo, la definición clásica de la Convención continúa siendo, en última instancia, el único instrumento de protección disponible ante las políticas de ilegalización de la migración indocumentada. No se trata entonces de criticar la protección de refugiados en sí misma, sino de observar la desprotección que crea en otros viajeros a partir de su sistema clasificatorio: solidaridad para los refugiados, imposición de la ley para los inmigrantes sin documentos. Esta construcción de la “legitimidad” del refugiado actúa entonces como un dispositivo de filtrado, dejando en el margen a millones de personas en tránsito que no encajan en la definición legal, en el contexto de lo que Sandro Mezzadra (2014) llama una política de “inclusión diferencial”, y que ubica en el contexto mayor de una crisis de la nomenclatura y las taxonomías de la migración. En este artículo, el interés no radica tanto en las diferenciaciones técnicas como en los supuestos y consecuencias de esta dicotomía, así como en el umbral de definición de humanidad que subyace en cada caso. Se trata de destacar que la división entre migrante y refugiado tiene una genealogía específica, en cuyo contexto debe comprenderse, que por lo tanto no es ahistórica, neutral ni inmutable, y que bajo lo que suele llamarse “crisis de refugiados” subyace en verdad una crisis de esa definición.

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Cursiva de la autora.

Aylan, las hipervíctimas y la producción del refugiado como nuda vida Escena 3. Pantallas del mundo globalizado, septiembre de 2015. Si en otro contexto se ha empleado el término hipervíctima para nombrar a aquellas víctimas hiperbólicas, figuras que por su extrema vulnerabilidad y presunción de inocencia absoluta contienen de modo más concentrado los rasgos que las singularizan (González 1995), sin duda, en el caso de estudio esta se manifestó de forma exacerbada en la amplificación mediática de la foto de Aylan Kurdi. La imagen del pequeño sirio muerto sobre una playa turca (inocente, pasivo, “parecido” a cualquier niño occidental) suscitó una ola global de empatía y hasta suavizó por algún tiempo las implacables políticas europeas de protección de fronteras. A diferencia de otras imágenes vueltas icónicas en el contexto de los cruces marítimos, como las que muestran botes llenos de hombres africanos jóvenes —presentados más bien como inquietantes sino directamente amenazantes y en todo caso otros—, aquí sobresalen la impotencia y vulnerabilidad absolutas. Los primeros, en efecto, pretenden reapropiarse de su destino al lanzarse al cruce marítimo; el niño fallecido, en cambio, estuvo a merced de terceros, ya sean estos la guerra, los traficantes que proporcionan botes y chalecos salvavidas en mal estado, su padre, que asumió el riesgo letal del viaje, o la política de asilo europea que no le dejó otra opción, según como se lo quiera interpretar. De manera extrema, esta imagen condensa la paradoja de conferir visibilidad y acceso por medio de la exposición de la vulnerabilidad más extrema. Demuestra cómo en el régimen de asilo es ante todo la condición expuesta y desvalida la que califica para obtener reconocimientos y garantías, y consagra la superioridad moral de la víctima por sobre el actor político o social. Según Didier Fassin (2005), si hasta la década de 1980 los refugiados habían sido la figura más legítima dentro de la jerarquía implícita de extranjeros, y se habían beneficiado de condiciones relativamente privilegiadas, a partir de los noventa se produce un giro del asilo político hacia la protección humanitaria que cambia el marco de recepción. Fassin describe cómo en las últimas tres décadas las políticas migratorias europeas se han vuelto crecientemente restrictivas, y el asilo político perdió gran parte de su legitimidad, mientras ganaban terreno nuevos criterios basados en reclamos humanitarios. Los postulantes al asilo comenzaron a ser identificados como inmigrantes “ilegales” y, por lo tanto, candidatos a ser expulsados, a menos que razones humanitarias los recalificasen como víctimas merecedoras de simpatía. El refugiado como sujeto político, agente de la historia, de acuerdo con la narrativa moderna, da lugar al recipiente pasivo de asistencia. En los noventa, el Gobierno francés introdujo una serie de medidas humanitarias de excepción a la ley de inmigración, que otorgan residencia legal a los inmigrantes indocumentados que Migrantes y refugiados en las fronteras de Europa | Estela Schindel

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sufren patologías serias y no pueden recibir tratamiento adecuado en sus países, así como a víctimas de violencia de género y tráfico de personas. Miriam Ticktin (2011) explica en detalle cómo estas cláusulas, presentadas como “apolíticas”, convierten al cuerpo sufriente moralmente legítimo en sujeto primario de cuidado. Los cuerpos trabajadores, explotados, quedan excluidos; son los cuerpos enfermos, sostiene Ticktin, quienes son reconocidos: a diferencia de la lógica que primaba hasta entonces, los inmigrantes obtienen derechos en función de su incapacidad, no de su capacidad. En contraste con las connotaciones espirituales y estéticas del exiliado, por otra parte, el sello de “refugiado” sugiere un ámbito humanitario burocratizado (Malkki 1995, 513). El refugiado en busca de protección y asistencia humanitaria se diferencia, así, no sólo del ciudadano y del activista político exiliado, sino también de quien migra en busca de trabajo o, según el discurso público europeo que los condena, “de una vida mejor”. Si hasta décadas antes el cuerpo del refugiado era legítimo por razones económicas y la enfermedad lo tornaba sospechoso, afirma Fassin (2005), ahora la situación se ha revertido: mientras que el cuerpo resulta inútil para trabajar, la enfermedad se convierte en un recurso social. Hasta los setenta, en efecto, los inmigrantes eran trabajadores cuya labor era necesaria para la reconstrucción de los países europeos seriamente dañados por la guerra: era su capacidad de trabajo la que habilitaba un permiso de residencia. Sus cuerpos debían ser saludables; la enfermedad, en cambio, era motivo de sospecha. Con la modernización de la industria que reemplazó a gran parte del trabajo poco calificado por máquinas, sus cuerpos se tornaron superfluos en la mayor parte de los rubros industriales en los que eran necesarios como mano de obra barata. En este nuevo contexto, es el cuerpo sufriente el que la sociedad reconoce y legitima: en lugar de generar suspicacia, el cuerpo enfermo se torna en Francia la base más eficaz para los inmigrantes indocumentados, y en función de él adquieren “biolegitimidad”. La lógica humanitaria privilegia así, como en el caso del refugiado, la producción de una figura sufriente y pasiva, recipiente de políticas de asistencia, antes que agente por derecho propio. Esta cualidad se emparenta con lo que el texto de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados estipula en términos del “miedo fundado a ser perseguido” como elemento decisivo para la calificación al asilo. El refugiado, para ser legítimo, debe entonces parecerlo: cuanto más desvalido, más merecedor de protección. La agencia, en cambio, entra en estado de sospecha. Peter Nyers (2006) expone cómo la constitución de una subjetividad temerosa resulta crucial en el proceso de crear y estabilizar la identidad del refugiado. Se trata de una subjetividad vaciada de agencia política. Existen expectativas culturales respecto a ciertas cualidades y conductas que demuestran la condición “auténtica” del refugiado de

acuerdo con sus definiciones y regulaciones legales, y consisten en silencio, pasividad y victimización. De ese modo, según Nyers, el refugiado se constituye a través de una serie de omisiones ontológicas; carece de todo aquello que está presente en el sujeto político como las cualidades de visibilidad, agencia y discurso racional. También las representaciones visuales convencionales asocian a los refugiados con la carencia, la invisibilidad, el vacío y la falta de voz (Malkki 1996). Tras la remoción de los cualificadores políticos, el sello “refugiado” pasa a connotar un ámbito burocrático de intervención humanitaria, con los consecuentes efectos de despolitización de la figura y omisión de los procesos políticos e históricos que dieron lugar al desplazamiento (Nyers 2006; Malkki 1995): se desacopla la vida por proteger de la existencia política del ciudadano. Al discernir entre una identidad política o civil fuerte y una condición vital en riesgo se introduce la separación que postula Giorgio Agamben (1998), basándose en los dos términos empleados por los griegos para nombrar la vida, entre la existencia calificada del ciudadano (bios) y el mero hecho biológico de existir (zoe). La (bio)política moderna, según Agamben, crea la nuda vida como un estado de indeterminación entre ambas. Esta condición liminal entre la ciudadanía de derechos y el individuo desprovisto de garantías civiles, más cercano al ámbito de la “naturaleza”, adopta formas cambiantes histórica y coyunturalmente y se pone en juego también en la figura del refugiado. La separación entre lo humanitario y lo político que crea la institución del asilo es en sí una operación (bio) política: construye a los refugiados como nuda vida, es decir, expuesta a peligros y objeto de protección en términos de existencia o supervivencia biológica. Una de las características esenciales de la biopolítica moderna es su necesidad de volver a definir en cada momento el umbral que articula y separa lo que está adentro y lo que está afuera de la vida cualificada. Las regulaciones y políticas humanitarias intervienen en la creación de esa tensión entre vidas políticamente relevantes y otras que sólo sobreviven a través de sus discursos, prácticas, tecnologías y burocracias. Sin embargo, como se verá, no se trata de una operación unilateral sino que está sujeta siempre a negociación y disputa. Tanto en el caso de los inmigrantes en Francia que obtienen la residencia por su condición victimizada o enferma como en el sistema de clasificación y filtrado de refugiados legítimos y migrantes económicos no deseados en las fronteras de Europa, la cualificación para el acceso se obtiene a partir de una condición vulnerable, desvalida. En el contexto de lo que Fassin califica como una proliferación de figuras sufrientes, es decir, sujetos definidos por el daño (o el riesgo) padecido, adquieren mayor legitimidad moral el perseguido o la víctima que el migrante agente de su destino que emigra por voluntad propia.

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La paradoja de esta operación humanitaria es que los califica precisamente por su descualificación, su degradación a la condición de vida por proteger. Más paradójico y problemático aún es que sea precisamente el régimen de fronteras, visa y asilo de la Unión Europea el que empuja a migrantes y refugiados —por igual— a una zona de exposición o nuda vida al no dejarles otra opción que el cruce a merced de los elementos, convirtiéndolos desde antes de embarcar en potencial objeto de asistencia humanitaria. En las fronteras de Europa, las técnicas de securitización y vigilancia crean políticamente la exposición a la intemperie y a las geografías hostiles, trátese del mar abierto o de las rocas escarpadas en la costa de Samos. Ante el cierre de canales seguros para solicitar asilo ante una embajada (ONG reclaman al menos que se establezca un “corredor humanitario”), es la política europea la que empuja a los viajeros ilegalizados a una zona de exposición a la intemperie, el clima, y la propia resistencia orgánica, a merced de los elementos y privados de los derechos de ciudadanía. Si, para Agamben, la condición de nuda vida implica un abandono o una exposición al poder del soberano, en el caso de las fronteras marítimas del espacio de la UE, el abandono y la exposición se extienden a la fuerza misma de los elementos, una zona de “mera supervivencia biológica” por riesgo ambiental, en la que la naturaleza entra en los cálculos de riesgo de las políticas disuasorias. El desplazamiento de los viajeros no deseados a zonas de mayor riesgo es parte de lo que Weber y Pickering (2011) llaman “estrategias gubernamentales del no-arribo”, y se extiende como matriz disuasoria a lo largo de las fronteras entre el Norte y el Sur globales. Apoyadas en sofisticadas tecnologías de detección, estas fuerzan a los viajeros ilegalizados a recursos cada vez más clandestinos y rutas más complicadas, aumentando la duración e intensidad del peligro (Weber y Pickering 2011, 7). De ese modo, al igual que en los mares que rodean a Australia, y en el desierto que forma el borderland entre EE. UU. y México, los viajeros son abandonados a la fuerza de los elementos, a la “naturaleza”, construida como un supuesto ámbito presocial. Así se enmascaran como “tragedias” o “fatalidades” muertes que, como la de Aylan Kurdi —y los cientos de niños muertos antes y después de él—, son altamente políticas, pero pueden presentarse como catástrofes humanitarias carentes de agencia y responsabilidad. La categoría agambeniana de nuda vida ha sido empleada en la investigación sobre migración y fronteras en relación con la emergencia de zonas donde la ley es aplicada selectivamente y las personas son privadas de los derechos de ciudadanía (Buckel y Wissel 2010; Vaughan-Williams 2012). Partiendo de esta caracterización, sostengo que los inmigrantes ilegalizados son llevados más allá de lo que Agamben llama umbral de animalización, a través del abandono, ya no a la arbitrariedad del poder soberano, sino a la fuerza misma de los elementos, o a una zona de “mera supervivencia biológica” por riesgo ambiental

o colapso fisiológico. Ese desplazamiento a una zona de exposición vital es coherente con una retórica que construye a los viajeros indocumentados en continuidad y contigüidad con el ámbito de la “naturaleza”.6 Esta caracterización no implica una reificación de las fuerzas naturales sino que, por el contrario, apunta a destacar el grado en que estas pueden ser puestas en juego, movilizadas políticamente e incluidas adrede en las estrategias de gubernamentalidad; una operación política que opaca las condiciones históricas en que ejercen sus efectos los fenómenos “naturales” y que puede rastrearse ya en el contexto de la dominación colonial —ver, por ejemplo, el caso de las sequías en India en el siglo XIX, expuesto en Davis (2000)—. Es pues el régimen de fronteras de la UE el que produce a los viajeros ilegalizados como nuda vida. Eso no significa, sin embargo, que se cierren las posibilidades de contestación y agencia. Por el contrario, es una condición en la cual pueden surgir otras —imprevistas, paradójicas, desesperadas— artes de astucia y resistencia.

Vender los papeles, romper los botes. Agencia y resistencia en la nuda vida Escena 4, septiembre de 2013, Mitilene (Lesbos). Abbas ha llegado a la isla desde Turquía hace menos de 48 horas y cuenta su historia a la sombra de los pinos en Pikpa, un centro de acogida de refugiados de puertas abiertas creado y mantenido por voluntarios locales en un excentro vacacional infantil. Relata la historia de su travesía desde Afganistán. Lleva más de cuatro meses viajando y seis intentos fallidos de cruzar a Grecia: logró arribar y quedarse en el séptimo. De todos los cruces, dice, el momento en que tuvo más miedo fue cuando él y sus compañeros de viaje “desinflaron el bote” en medio del mar. Hasta que la llegada de refugiados desde Turquía se hizo masiva, en 2015, era habitual que los traficantes les dieran a los viajeros, antes de partir rumbo a las islas, un cuchillo y la instrucción de usarlo para pinchar y destruir ellos mismos el bote inflable cuando estuvieran a la vista de una patrulla o cerca de la costa. De ese modo, su situación se convierte en una emergencia marítima, y la Guardia Costera Griega está obligada a rescatarlos y llevarlos a tierra firme. La condición de “hombre al agua” está profundamente arraigada en el imaginario griego e impone un deber supremo de salvataje que se impone sobre cualquier otra circunstancia. Sea quien sea, el náufrago debe ser salvado y llevado a tierra firme. 6

Ver Schindel (2015). Una operación similar a la que observo a través del régimen de fronteras advierte Miriam Ticktin en el contexto de su estudio, donde sujetos de excolonias o del tercer mundo son construidos como más próximos a su biología, a su existencia corporal, produciendo ciertos cuerpos racializados como Otros y por fuera de la razón; para ellos, la humanidad reside en un lugar externo a la razón, no es la humanidad razonante de la Ilustración (Ticktin 2011, 15-16). Migrantes y refugiados en las fronteras de Europa | Estela Schindel

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Durante algunos años, desinflar los propios botes con este fin fue un recurso extendido entre los viajeros, según confirmaron todos los entrevistados en la zona, desde autoridades, que la califican de práctica criminal, hasta activistas, que la denominan una “operación de autorrescate”. Los testimonios indican que la acción no siempre fue efectiva ante los temibles guardias costeros griegos, acusados de abusos graves contra los migrantes en altamar y denunciados por destruir aun más sus botes y agravar su situación. De hecho, el desinfle de los botes dejó de practicarse, primero en presencia de mujeres y niños a bordo, y luego del todo, por su relativa ineficacia, por un lado, y por otro, en vista de la masiva afluencia de personas a partir del verano (boreal) de 2015, que cambió radicalmente el mapa de la situación. Lo que interesa aquí, sin embargo, no es evaluar esta práctica en términos de sus aspectos éticos o su eficacia instrumental. Se trata, en primer lugar, de pensarla como expresión de un modo de construirse el escenario sobre el que viajeros ilegalizados deben emprender el cruce al espacio Schengen, con las implicaciones que conlleva en términos de cómo se definen las fronteras también de manera simbólica. ¿Qué significa poner la propia vida en riesgo a fin de ser admitido en Europa a través de una acción de rescate? ¿Qué dice esto sobre las fronteras de la UE? La frontera europea, sostengo, se construye como una línea a lo largo de la cual se produce, y se negocia, la exposición y supervivencia en la nuda vida. Los viajeros son llevados, en más de un sentido, a una suerte de “estado de naturaleza”. Expuestos a la arbitrariedad de las redes de traficantes y de las patrullas costeras de los países europeos o de Frontex, quienes cruzaban en este área del Egeo norte podían recalar en otras partes de la costa turca o en islas abandonadas, donde debían subsistir a la intemperie, alimentarse de frutos silvestres, prender fogatas para calentarse y llamar la atención de los pescadores. Este abandono apunta al corazón de lo que está en juego, en última instancia, en las fronteras marítimas de Europa: la conversión de ciudadanos en “nuda vida”, existencia biológica tanto si es para ser dejada a su suerte como si es para ser rescatada. En palabras de Foucault (1977), no mueren como consecuencia de una ejecución directa sino en virtud de un poder que se manifiesta a través de la facultad de “hacer vivir” y “dejar morir”.7 Por eso, los 7

El caso del llamado “bote dejado a morir” (left to die boat) provee un buen ejemplo de este principio. En 2009, un barco con 72 migrantes que se dirigían a Lampedusa desde Trípoli se quedó sin combustible, agua y comida. Las personas a bordo hicieron varios llamados de emergencia pero no recibieron ayuda, mientras —según se comprobó luego— naves militares de Italia, España y otras fuerzas de la OTAN presentes en el área conocían la situación y la localización de la embarcación, a la que primero arrojaron algo de provisiones desde helicópteros y luego dejaron abandonada a su suerte. Al cabo de quince días a la deriva, sólo 9 personas sobrevivieron y 63 murieron de hambre y sed en una región del Mediterráneo poblada de barcos militares y

paradigmas de humanitarización y securitización no son opuestos ni contradictorios entre sí, algo que han advertido numerosos autores, aunque medios y políticos continúen presentándolos como tales.8 La humanitarización y la securitización de las fronteras no son sólo compatibles sino también complementarias, pues ambas se basan en la producción de los migrantes ilegalizados como nuda vida y remiten, en última instancia, a una biologización, deshistorización y despolitización de los procesos migratorios. De mayor interés aquí, sin embargo, son las consecuencias de esta operación en términos de agencia y del modo en que esta división entre existencia cualificada y vida “natural” es cuestionada, negociada, redibujada e incluso reconvertida a su favor por los viajeros. El hecho de romper los botes ellos mismos para obligar a las patrullas a rescatarlos muestra la paradoja de extremar aún más el peligro, a fin de lograr ser rescatados. Como si fuera precisamente el abismo de abandono al que son empujados, en cuanto nuda vida, el último recurso del que pueden servirse dentro de ese reducido margen de acción. No es como ciudadanos de derechos, sino como vida biológica amenazada que son objeto de protección humanitaria. En Pikpa, en 2013, casi nadie lleva consigo pasaporte o documento de identidad. Como explica una activista que los asiste en su paso por la isla, suelen enviar a su propia casilla de correo electrónico copias escaneadas de sus documentos, a fin de imprimirlos cuando los necesiten. Mientras tanto, viajan escindidos de su adscripción civil, que los acompaña en forma virtual desde la nube. Lo más probable es que mantengan esta práctica durante años, aun dentro del espacio Schengen, hasta tanto logren regularizar su situación administrativa. Mientras tanto, prefieren ser puro cuerpo en fuga; sin nombre, edad, filiación ni nacionalidad inscripta en registro alguno. Si se deshacen de la atadura de la ciudadanía a conciencia al cruzar la frontera, es porque saben que sólo así podrán aspirar a protección humanitaria9 y evitar caer en las bases de datos que reglamentan la política de asilo europea.10 Si los documentos nacionales no son válidos para postular a una entrada

comerciales. http://www.forensic-architecture.org/case/ left-die-boat/ 8

Sobre la imbricación entre las funciones de cuidado y control se pueden consultar, entre otros, Agier (2011), Andersson (2014), Walters (2011) y varios trabajos de Didier Fassin. Esta imbricación entre securitización y humanitarismo, sin embargo, parece también poder ensamblarse y desacoplarse según las necesidades o decisiones tácticas del control fronterizo (Heller y Pezzani 2016).

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Esto cambió a partir de 2015 para los ciudadanos sirios, cuyo pasaporte nacional, por el contrario, los certifica para una mayor protección.

10 El llamado acuerdo de Dublín II estipula que quienes soliciten asilo en la Unión Europea deben hacerlo en el primer país por el que entraron al continente.

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legal, entonces es preferible desprenderse de ellos, que serán sólo una carga y facilitarán la deportación. Los refugiados suben a los botes sin sus documentos u otro elemento que pueda revelar su identidad civil. Quizás se hayan desprendido también de sus vínculos familiares y hayan recreado parentescos alternativos, más o menos “ficticios” que los biológicos, gestados y amparados por las urgencias y necesidades del viaje. Ya en suelo europeo, serán revisados por médicos, quizás recibirán un número —anotado en un papel o escrito sobre la mano—, integrarán una lista y, así, se reintegrarán nuevamente a ordenamientos burocráticos por parte de las organizaciones humanitarias y los controles policiales. Agentes de Frontex, o entrenados por ellos, harán el screening, destinado a establecer su identidad, nacionalidad y edad “verdaderas”. Luego, seguirán su camino al norte de Europa, entrando y saliendo de las complejas estructuras de inclusión civil que, esperan, los llevarán poco a poco desde su condición de objetos de gestión humanitaria, a través de sucesivos pasos de estatutos y permisos, hacia un pleno reconocimiento, ya no como ciudadanos sino como refugiados o, lo más probable, beneficiarios de algún tipo de protección subsidiaria. En ese viaje, la inscripción y desinscripción civil se convierten en un juego de recursos y oportunidades, y la nuda vida en una paradójica herramienta de negociación. Inspirándose en la teoría del nomadismo de Deleuze, Papadopoulos y Tsianos (2007) exponen cómo en contextos migratorios las personas “disuelven” su identidad como modo de resistencia. Lo que caracteriza al nómade, sostienen, no es su pasaje por puertas, fronteras, obstáculos o barreras sino su deslizamiento en el territorio: la trayectoria nómade no va a ningún lado, no deja nada a su paso (Papadopoulos y Tsianos 2007, 224). Se trata de una práctica política en virtud de la cual los actores sociales escapan a las representaciones normalizadas de ellos y se reconstituyen a sí mismos, transformando sus condiciones materiales de existencia. Migrantes y refugiados, para Papadopoulos y Tsianos, cambian sus identidades a fin de mantener canales de movilidad material y subjetiva; se transforman estratégicamente, recurren a metáforas animales al cruzar fronteras y adaptan de manera permanente sus prácticas y alianzas. Más que reclamar un sistema de derechos, según estos autores, los viajeros crean instancias de fuga, devenires y desterritorializaciones, capaces de subvertir los sistemas de soberanía nacional, identidad y representación dentro de los cuales se hace preciso un marco legal de derechos. En esta interpretación, son los modos de devenir nómades los que orientan las experiencias encarnadas de los migrantes: devenir animal, anfibio, imperceptible, como transformaciones volátiles que escapan a la política penetrante de la representación, los derechos y la visibilidad (Papadopoulos y Tsianos 2007, 224). Además de cuestionar la interpretación clásica de la

migración como un proceso unidireccional, con un objetivo fijo e intencional, proponiendo más bien el transcurso nómade que no reconoce fronteras, barreras u obstáculos, estos autores postulan el “devenir animal” no sólo como metáfora de las transacciones del régimen contemporáneo de movilidad sino como cifra del sustrato corporal de la migración transnacional en épocas de un régimen global de ilegalidad forzada (Paradopoulos y Tsianos 2007, 226). Se trata, afirman, de una estrategia de desidentificación, una “deshumanización” voluntaria, puesto que rompe la relación entre el nombre y el cuerpo: “un cuerpo sin nombre es un ser no-humano; un animal que corre. Es no-humano porque abandona deliberadamente el régimen humanista de derechos”11 (Papadopoulos y Tsianos 2007, 227). No alcanza, sostienen, con quemar los papeles;12 es preciso devenir animal, y el devenir es esencial a la movilidad; también devenir mujer, niño, anciano, sólido, fluido, movimientos de respuesta al control de su deseo. Transforman su constitución física, sus cuerpos, voces, acentos, pelo, color, altura, género, edad, biografías. La desestabilización del vínculo entre el cuerpo y la identidad es parte de la astucia de la migración, que abre la puerta a nuevas subjetividades indómitas.13 No es preciso adscribir semejante intención contestataria a los migrantes en tránsito (en definitiva, se trata ante todo de estrategias puntuales y concretas al servicio de la propia movilidad) para reconocer que se trata, en efecto, de recursos que afirman la propia autodeterminación. Como escribe Nyers (2006), aunque no se suponga que los refugiados sean actores políticos —pues se asume que esto es prerrogativa exclusiva del ciudadano—, ellos demuestran agencia política todo el tiempo. En esa agencia, sin embargo, su nuda vida es a menudo lo único de lo que disponen, y el cuerpo deviene campo de batalla y arma de resistencia a la vez. Lo paradójico, en todo caso, es que la agencia se apoye precisamente en los elementos que consagran su desinscripción. Así como en el caso de Francia la diagnosis biomédica de sufrimiento se convierte en un recurso estratégico (Ticktin 2011, 12), la existencia biológica suele ser el último recurso

11 Traducción de la autora. 12 Los autores se refieren a los llamados Herraguas (“los que queman”). Desde que en 1991 España impuso visa obligatoria a los migrantes del norte de África, los migrantes de esos países queman sus documentos antes de cruzar la frontera, a fin de impedir ser retornados a sus países (Paradopoulos y Tsianos 2007, 227). Otras interpretaciones adjudican el origen del término Herraguas a la práctica de quemar las yemas de sus dedos para hacer sus huellas dactilares irreconocibles en el sistema de registro europeo EURODAC. 13 En lugar de una política de representación, se trata de una estrategia de visibilidad o imperceptibilidad: “a new form of politics and a new formation of active political subjects whose aims is not to find a different way to become or to be a political subject, but to refuse to become a subject at all” (Papadopoulos y Tsianos 2007, 229). Migrantes y refugiados en las fronteras de Europa | Estela Schindel

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disponible para la acción. También los refugiados que defienden sus casas tomadas amenazando con saltar desde el techo, o los que cosen sus labios como forma extrema de llamar la atención sobre su silenciamiento social, involucran su vida o su integridad física en un juego de apuestas radical.14 Las consideraciones de Agamben han sido criticadas por postular una oposición binaria entre la ciudadanía de derechos y la existencia biológica, así como por descartar la posibilidad de agencia dentro de la nuda vida. Si se admite esto, efectivamente, como una carencia en la teoría del filósofo italiano, y se observan luego en el ámbito de las prácticas las resistencias que tienen lugar, se nota que la condición de nuda vida de ninguna manera se queda en una imposición unilateral ni permanece indisputada. Ni bios ni zoe deberían tomarse como categorías fijas, sino como dos polos en un rango estratificado de estatutos; ni entenderse la nuda vida como un hábitat donde el margen de acción es nulo. El régimen de fronteras puede degradar a los viajeros a una zona de nuda vida pero quienes la detentan no son receptores pasivos. Hay usos y recursos entre los cuales la práctica de destruir el propio bote es quizás una manifestación extrema, pero no aislada. Los migrantes que destruyen sus botes a fin de convertir el cruce en una acción de rescate marítimo ponen su propia supervivencia en juego, toda vez que los canales de entrada legal a la Unión Europea se encuentran cerrados. Empujados a la nuda vida, revierten esta condición a su favor. Como un prisionero en huelga de hambre, ponen en juego lo único que les queda: su existencia biológica. Radicalizando aún más su vulnerabilidad, ponen en riesgo su propia vida e integridad física. Así, el deslizamiento hacia la nuda vida no resulta sólo una estrategia desde el poder sino que es reusada y resignificada en términos de desafío y resistencia. Incluso el suicidio, en última instancia, es el último acto de afirmación de dominio sobre la propia vida, ya sea por desesperación o como último acto de libertad, como escribe Hannah Arendt en un texto que, desde su título (“Nosotros, los refugiados”), aspira a afirmar en primera persona la subjetividad fuerte del refugiado: “not being free to create our lives or the world in which we live, we nevertheless are free to throw life away and to leave the world” (Arendt 1994 [1943], 113-114).15

14 En Australia tuvo gran alcance mediático y fue motivo de discusión pública la serie de protestas realizadas entre 2000 y 2002 por solicitantes de asilo asiáticos alojados en el centro de detención de Woomera, quienes cosieron sus labios como forma de llamar la atención sobre su situación y para evitar ser alimentados a la fuerza durante su huelga de hambre. Ver Wolfram y Minahan (2004). Ver también el capítulo sobre suicidio y daño autoinfligido en Weber y Pickering (2011). 15 Los pocos estudios disponibles sobre suicidios en centros de acogida de refugiados sugieren que la tasa de suicidios (que se atribuyen a la falta de perspectivas y desesperación) es allí desproporcionalmente alta. Ver Cohen (2008).

El futuro de los controles fronterizos: biometría, movilidad y sujetos vulnerables Escena 5. Sala de conferencias en un hotel de una cadena internacional, Roma, febrero de 2016. En un barrio residencial de la ciudad tienen lugar unas jornadas sobre tecnología de vigilancia y control de fronteras. Es un encuentro organizado por una corporación británica de armamento y reúne a autoridades militares y civiles, junto a proveedores de diversas compañías del rubro “seguridad”. Entre los oradores se encuentran altos mandos navales y de guardias fronterizas de Italia y España que exponen los desafíos y logros de su actividad, representantes de la industria que presentan sus “soluciones”, enviados del Gobierno de EE. UU. que dan su versión de los controles fronterizos, y el director mismo de Frontex, en representación de la agencia europea de fronteras. Entre los participantes no es preciso discutir la interpretación del “problema”. Sus posiciones son mayormente coincidentes y repiten, una y otra vez, la necesidad de distinguir entre el refugiado “legítimo” y el “migrante económico”. Igual que en los documentos de Frontex, este último es mencionado siempre en una misma serie junto a traficantes de personas, contrabandistas o terroristas: realizan actividades ilegales, y son el foco principal de los dispositivos de vigilancia en exposición y venta allí. Cuando los nombran, sistemáticamente, los oradores los impugnan diciendo que ellos “sólo buscan una vida mejor”. La designación los asimila a un delincuente y se pronuncia en tono despectivo. Dicen “vida mejor” como si dijeran una mala palabra, como escupiendo. Migrar no sólo es un objetivo ilegítimo sino, al parecer, también deleznable. Como si fuera la trama de una película de vaqueros, la representante del Home Department estadounidense llama a quienes cruzan de manera clandestina la frontera, sencillamente, “los malos” (the bad guys). Un funcionario de la OIM, que ante otro público sería quizás denostado por su complicidad con las políticas antiinmigratorias, es aquí el único que trae algo de la experiencia y subjetividad de los migrantes. Intenta explicar el complejo entramado de motivaciones “mixtas” que anima a los viajeros y afirma que “nadie sube a su hijo a un bote endeble y encara un viaje peligroso a menos que el continente sea más peligroso que el mar”. Indignado, un almirante italiano lo acusa de extorsionar emocionalmente a los presentes en la sala. Para quienes desarrollan, venden y aplican estas tecnologías es un hecho que los migrantes “ilegales” deben ser detectados y su paso impedido. Las demandas de la sociedad civil de distinguir, al menos, a quienes tendrían derecho a postular al asilo implican una dificultad adicional. Los términos del asilo configuran el filtro de la selección y suponen, de modo indirecto, deslegitimar y condenar al “migrante económico”. En momentos en que la vigencia misma de la Convención en Europa está siendo cuestionada, y ante la gravedad de la situación

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de los refugiados en el continente, puede parecer poco oportuno poner en cuestión el único instrumento disponible capaz de ofrecer alguna protección a los cientos de miles de personas en tránsito.16 Sin embargo, o precisamente por eso, se trata de señalar las falencias estructurales de esta categoría y reconocer las clasificaciones que implica, así como los desajustes que presenta su definición en relación con las movilidades globales en la actualidad. Nacida para atender necesidades específicas propias de otro momento histórico, esta regulación no puede dar cuenta del carácter estructural, sistemático y permanente que encuentran hoy en día los desplazamientos de población, como una entre otras tantas formas contemporáneas de expulsión (Sassen 2014). El encuentro dedica una sección especial a la biometría y sus usos para la identificación en los puestos de control fronterizo. Las tecnologías ya en uso o en experimentación incluyen reconocimiento facial, de iris, de la estructura venosa de la palma de la mano, de patrones conductuales (como el modo de caminar), de voz o, incluso, de las más arcaicas huellas dactilares; modos todos de adherir una identificación fija a un cuerpo en movimiento. A medida que estas técnicas de control avancen, no sólo el paso por aeropuertos internacionales y otras fronteras de alto tráfico será más fluido para los llamados “viajeros de buena fe”, sino que también se harán crecientemente ineficaces la falsificación de pasaportes, el uso de documentos falsos, o incluso la carencia de documentación alguna, a la que recurren algunos viajeros en su ruta hacia Europa: si el pasaporte es el propio cuerpo, no hay forma de desprenderse de esa inscripción. Nuevos modos de control y resistencia harán del cuerpo humano el campo de disputa futuro. En el público se encuentra también un representante de la empresa que ha provisto a la ACNUR de un sistema de identificación biométrico para sus campos. La Agencia para los Refugiados ha comenzado a introducir estas tecnologías para el registro de las poblaciones a su cargo, según explica la empresa proveedora, en respuesta al desafío de “identificar rápidamente y con precisión en sus campos de todo el mundo a la población siempre cambiante de personas desplazadas forzosamente”. Los instrumentos biométricos, por cierto más sofisticados que la marcación a mano de los cuerpos a la que se recurría en las islas griegas en 2015, permitirán así “gestionar mejor a la población global de refugiados”. El “sistema biométrico de gestión de identidad” (BIMS, por su sigla en inglés) por el que optó ACNUR le ofrece una “base de datos centralizada para la

16 La organización ProAsyl, entre otras, denuncia que el tratado de devolución de migrantes entre la UE y Turquía, puesto en vigor en abril de 2016, ha dado lugar a devoluciones de personas que tenían derecho legítimo a peticionar asilo. Ver: https://www.proasyl.de/en/news/despite-subsequent-improvements-eu-turkey-deal-violates-fundamental-human-rights/

gestión de identidad”, capaz de “registrar, de-duplicar17 y verificar las identidades de los refugiados, asegurando que las personas correctas reciban asistencia donde y cuando lo necesiten”, sobre todo “al atravesar fronteras”.18 Así, las innovaciones tecnológicas están puestas al servicio de definiciones políticas obsoletas, mientras la categoría del refugiado continúa reproduciendo la involuntaria y simétrica “culpabilización” indirecta de millones de personas en tránsito que no pueden demostrar ser perseguidas, y reproduce en el nivel de los imaginarios las referencias heredadas de la segunda mitad del siglo XX en términos de sufrimiento, miedo, pasividad y mansedumbre. En procura de alternativas para determinar los modos y tiempos de organizar su recorrido, afirmando la propia autodeterminación, los viajeros ilegalizados han sabido recurrir a los elementos que pone a disposición precisamente su desinscripción. Como se ha visto más arriba, estas alternativas pueden tomar la forma extrema de destruir el propio bote a fin de ser rescatados, o la más banal de vender la papeleta con el número asignado al llegar al puerto de Samos. El sujeto que decide libremente canjear un recurso con el que cuenta (tiempo para esperar, a cambio de un número más tardío) por un bien que precisa (dinero) subvierte el empeño administrativo de las agencias humanitarias, mientras se apropia del estrecho margen de acción del que dispone. Lo que resulta paradójico, en todo caso, es que sean precisamente los elementos que certifican su exclusión, su condición de nuda vida, los que puede poner en juego para gestionar él mismo los términos de su movilidad. No menos paradójico resulta que para acceder al país de destino no cuenten valores como la aplicación al trabajo, la voluntad de autosuperación, el afán de progreso y la fortaleza física, sino que cualifiquen los indicadores de destrucción y peligro en el propio país, de daño corporal y psíquico individual, o de desintegración social y familiar. Mientras tanto, los controles biométricos reconfiguran los términos en los cuales migrantes y refugiados, ciudadanos y víctimas, deberán librar las disputas por su derecho a la autonomía y la libertad de movimiento. Si las estrategias de desdoblamiento entre el cuerpo y la identificación puestas en juego bajo el régimen de la documentación en papel mencionadas arriba resultan obsoletas, es preciso reflexionar sobre los nuevos modos de sujetar y modular la movilidad de los individuos que plantean las tecnologías en experimentación y uso, así como sobre los

17 El término de-duplicar no existe en castellano sino que es una traducción propia del inglés de-duplicate, que en lenguaje computacional equivale a la eliminación de información redundante. 18 Se trata de un representante de WCC, proveedora a su vez de la empresa Accenture. Todas las citas de este párrafo provienen de: https://www.accenture.com/us-en/success-unhcr-innovative-identity-management-system. Cursivas de la autora. Migrantes y refugiados en las fronteras de Europa | Estela Schindel

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resquicios o espacios de agencia que ofrecen y las subjetividades que fomentan, un desafío en el que migrantes y refugiados, ciudadanos y víctimas, serán interpelados por igual. Los instrumentos biométricos de control llevan las prácticas migratorias clandestinas a un nuevo territorio y formulan nuevas preguntas en términos de los márgenes de resistencia posibles (Scheel 2013). Al mismo tiempo, con su confianza en el registro de indicadores únicos, constantes y normalizados del individuo, las lógicas de los controles biométricos emparentan al refugiado, al migrante y al trabajador precarizado con el ciudadano al subsumirlos como objeto de una misma lógica de gubernamentalidad.19 Por último, es pertinente formular la pregunta por la producción de subjetividades atemorizadas o victimizadas, supervivientes de “calamidades”, como futura mano de obra dócil —disciplinada por las vicisitudes padecidas para llegar a Europa— y dispuesta a aceptar frágiles condiciones laborales. Pese a la insistencia en separar al refugiado del “migrante económico”, los cálculos y especulaciones sobre los trabajadores que harán falta en una Europa envejecida no son del todo ajenos a las discusiones en torno del derecho al asilo. Originalmente separado de otras figuras de la precariedad, que habitan zonas de baja protección civil, o de alta exposición a las violencias e inequidades, el refugiado invita hoy a ser pensado justamente en sus intersecciones, parentescos y potenciales alianzas con esos otros modos de existencia en la vulnerabilidad.

Agradecimientos El proyecto que da marco a este artículo se desarrolla en el Centro de Excelencia “Bases culturales de la integración social” de la Universidad de Constanza, auspiciado por la Fundación Alemana de Investigación, en el marco de la iniciativa de excelencia del Gobierno federal alemán. Las entrevistas en Grecia se mantuvieron en inglés y en griego, en este caso con traducción al inglés de Anna Argiropoulos (2013-2014) y al alemán de Anna-Katerina Kalouli (2015), quienes brindaron 19 Ante la llegada de casi un millón de solicitantes de asilo a Alemania en 2015, y tras la renuncia del director de la Oficina Nacional para la Migración y los Refugiados, fuertemente criticado por incompetencia, el Ministro de Interior nombró en el cargo a Frank-Jürgen Weise, un ex-militar que desde 2004 dirige la Oficina Nacional de Empleo. Sin experiencia en cuestiones de migración o asilo, Weise había sido elogiado por administrar eficazmente los grandes contingentes de desempleados, es decir, tenía experiencia en la catalogación y gestión de poblaciones en situación de carencia. Tanto el traspaso de expertise de una función a otra como el hecho de que el funcionario pudiera mantener nominalmente ambos cargos son sugestivos en términos del tratamiento de los refugiados como potencial ejército laboral de reserva. Más allá de la anécdota, la intersección de ambas funciones llama la atención sobre los posibles emparentamientos y afinidades entre los solicitantes de asilo y los trabajadores precarizados o desempleados autóctonos.

también ayuda logística, así como en farsi y urdu (2014), gracias a la traducción al inglés de Hamid Ariarman Saljooghi. Agradezco especialmente a los editores del número especial y a los evaluadores anónimos por sus comentarios y aportes a una versión anterior del texto.

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Migrantes como víctimas y héroes nacionales: cuestionando la migración como camino al desarrollo en Indonesia* Carol Chan** Fecha de recepción: 16 de abril de 2016 · Fecha de aceptación: 21 de septiembre de 2016 · Fecha de modificación: 26 de septiembre de 2016 DOI: https://dx.doi.org/10.7440/res59.2017.03

R E S U M E N | Este artículo examina la relación entre el discurso sobre las víctimas migrantes del Gobierno de Indonesia y la promoción de la migración como camino al desarrollo. Se discuten dos representaciones dominantes de migrantes indonesios: como héroes nacionales que contribuyen al desarrollo económico del país y como víctimas de la explotación laboral. Analizando discursos de representantes del Estado y publicaciones de medios locales y ONG se argumenta que ambas representaciones enfatizan la responsabilidad individual en términos de moralidad de género. Para ello se propone la categoría víctimas inmorales, que distingue entre violencia tolerable y violencia legítima, en donde quienes no califican en el estándar moral de mujeres ideales son percibidas como merecedoras de sus circunstancias. Un enfoque basado en la (in)moralidad del individuo reduce la responsabilidad de Estados e instituciones acerca de la protección laboral y el bienestar social de la población. PA L A B R A S C L AV E | Migración, desarrollo, género, víctimas, Indonesia (Thesaurus); héroes (Autor).

Migrants as Victims and National Heroes: Questioning Migration as a Pathway to Development in Indonesia A B S T R AC T | This article examines the relationship between the Indonesian government’s discourse on “migrant-victims” and the promotion of migration as a pathway to development. The discussion revolves around two dominant representations of Indonesian migrants: as national heroes that contribute to the country’s economic development and as victims of labor exploitation. In analyzing speeches of state representatives and publications by local media and NGOs, it argues that both representations emphasize individual responsibility in terms of gender morality. For this purpose it proposes the category of immoral victims, which distinguishes between tolerable violence and legitimate violence, according to which those who do not qualify in terms of the moral standard of ideal women are believed to deserve their circumstances. An approach based on the (im)morality of the individual downplays the responsibility of the states and institutions for the protection of migrant workers and the social welfare of the population. K E Y W O R D S | Migration, development, gender, Indonesia (Thesaurus); victims, heroes (Author).

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Este artículo es parte de mi investigación doctoral, titulada “Gendered Moral Economies of Transnational Migration: Mobilizing Shame and Fate in Migrant-Origin Villages of Central Java, Indonesia”, la cual fue financiada por University of Pittsburgh y el Institute of Money, Technology and Financial Inclusion, University of California, Irvine. También agradezco los comentarios de los árbitros anónimos de RES.

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PhD. en Antropología por la University of Pittsburgh (Estados Unidos). Investigadora asociada del Observatorio Regional de Paz y Seguridad (ORPAS), Universidad Bernardo OHiggins (Chile). Entre sus últimas publicaciones se encuentran: “‘Freedom Is Elsewhere’: Circulating Affect and Aversion for Asian and Islamic Others in Migrant-Origin Villages in Indonesia”. En Precarious Belongings: Affect and Nationalism in Asia, editado por Daniel Goh y Chih-ming Wang. Part of The Asian Cultural Studies: Transnational and Dialogic Approaches series. Londres: Rowman and Littlefield International, 2016, y “Contrasting Return Migrant Entrepreneurship Experiences in Javanese Villages” (en coautoría), International Migration 54 (4): 150-163, 2016. * carolchan@pitt.edu


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Migrantes como vítimas e heróis nacionais: questionando a migração como caminho para o desenvolvimento na Indonésia R E S U M O | Este artigo examina a relação entre o discurso sobre as vítimas migrantes do governo da Indonésia e a promoção da migração como caminho para o desenvolvimento. Discutem-se duas representações dominantes de migrantes indonésios: como heróis nacionais que contribuem para o desenvolvimento econômico do país e como vítimas da exploração do trabalho. Analisando discursos de representantes do Estado e publicações de meios locais e organizações não governamentais, argumenta-se que ambas as representações enfatizam a responsabilidade individual em termos de moralidade de gênero. Para isso, propõe-se a categoria vítimas imorais, que distingue violência tolerável de violência legítima, na qual quem não qualificar no padrão moral de mulheres ideais é percebida como merecedora de suas circunstâncias. Um enfoque baseado na (i)moralidade do indivíduo reduz a responsabilidade de estados e instituições sobre a proteção trabalhista e o bem-estar social da população. PA L AV R A S - C H AV E | Desenvolvimento, gênero, Indonésia, migração, vítimas (Thesaurus); heróis (Autor).

Introducción Hoy en día, de los seis millones de trabajadores migrantes indonesios en el extranjero, la gran mayoría tiene un trabajo precario (Kalleberg 2013), es decir, informal, flexible, y caracterizado por bajos salarios e incertidumbre, falta de sindicalización y normativas de protección. Los casos de abuso laboral, físico y sexual a migrantes son comunes, mientras que las protestas contra la precariedad laboral no son nada excepcional. Estas situaciones se han convertido en parte común del paisaje transnacional de la migración laboral, y mientras algunos casos de abuso reciben apoyo del público y el Estado, muchos otros permanecen indocumentados, tolerados, y son menos relevantes en la opinión pública. Analizando discursos de representantes del Estado y publicaciones de medios locales y ONG de Indonesia, este artículo investiga la relación entre la producción y la circulación continua de los migrantes-víctimas por parte de las instituciones gubernamentales de Indonesia, y a la vez, la promoción de la migración como un camino al desarrollo nacional. En concreto, se discuten dos representaciones públicas dominantes y contradictorias de los trabajadores migrantes: como “héroes” nacionales que contribuyen al desarrollo económico sustentable de Indonesia; y como explotados y “víctimas” de una economía global que se basa en el trabajo desigual. Principalmente, me enfoco en el análisis de los supuestos morales de género que subyacen a las representaciones de migrantes como héroes o víctimas. Por supuestos morales de género, me refiero a que los estándares sobre lo deseable y bueno varían para hombres y mujeres, de acuerdo con principios religiosos, clase social, etnicidad, entre otros. Según lo anterior, el argumento es que las representaciones de los trabajadores migrantes como víctimas de la explotación no necesariamente se contradicen con la representación de ellos como héroes, con base en la

noción del Estado acerca de que la migración laboral es un camino hacia el desarrollo del individuo, del mundo rural y del país. Estas representaciones enfatizan la responsabilidad individual del éxito o fracaso en términos de moralidad de género, en donde el Estado de Indonesia, la prensa tradicional y grupos activistas tienden paradójicamente a actuar de modo similar, y localizan la responsabilidad última de la migración y sus efectos nocivos en la mujer y su familia. La bibliografía existente sobre esta dicotomía héroevíctima se basa en gran medida en trabajadores migrantes de Indonesia (Ford 2002; Ford y Lyon 2012) y Filipinas (Aguilar 1996; Parreñas 2005; Pratt 2012; Rodríguez 2010; Suzuki 2003). A diferencia de lo que analizan esos trabajos, busco centrarme en una categoría menos estudiada, la víctima inmoral, o migrantes que no son considerados indefensos, sino que son representados como culpables de los abusos que reciben y calificados como víctimas que merecen su destino. Esto proporciona un contraste interesante con representaciones xenófobas de migrantes en países de destino, que sólo los consideran como agentes criminales o enfatizan su promiscuidad sexual (Ladegaard 2013; Mahdavi 2013; Yeoh y Huang 2010). Sin embargo, mi argumento es que el enfoque del Estado indonesio sobre la moral y la responsabilidad individual de los migrantes es una estrategia que concibe la migración como un camino hacia el desarrollo, haciendo que la explotación laboral aparezca como un efecto secundario inevitable. Las formas más cotidianas de abuso, tales como largas horas de trabajo, falta de descanso o comida, malas condiciones de vida, y los retrasos en los pagos de salarios, pueden ser representadas como tolerables y normales, en comparación con casos extremos de violencia. Por ello, la responsabilidad del Estado y las instituciones de seguridad migratoria en temas de protección laboral y aspectos de bienestar social es minimizada en las discusiones públicas sobre el tema. El análisis de las jerarquías morales de género de héroes y víctimas puede iluminar el potencial, así Migrantes como víctimas y héroes nacionales | Carol Chan

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como los límites de muchos discursos de desarrollo empleados por profesionales y activistas que negocian y luchan por los derechos laborales de los migrantes.

Las “víctimas” de la migración transnacional y el desarrollo Indonesia es uno de los muchos Estados que promueven activamente la migración laboral como una solución temporal al desempleo y la pobreza nacionales. En la actualidad hay unos 232 millones de migrantes internacionales en todo el mundo,1 los cuales enviaron 530 millones de dólares en remesas en 2012, más de tres veces el presupuesto global para su ayuda (IOM 2013b). En 2015, Indonesia recibió 9.600 millones de dólares, ubicándose en la posición 14 del ranking mundial de remesas recibidas (KNOMAD 2016). Con estos números crecientes de migrantes se ha articulado un nuevo campo de estudio e investigación orientado hacia la política aplicada: el de la migración transnacional y el desarrollo. La discusión sobre el nexo “migración-desarrollo” se puede resumir en términos de si la migración contribuye al desarrollo económico y social de los países de origen de los migrantes, o si contribuye aún más a la explotación y el subdesarrollo (Faist 2008). Los académicos que participan en estos debates se han centrado principalmente en las causas y consecuencias de la migración laboral en los países de origen de los migrantes (Castles 2009). Estos estudios suelen hacer hincapié en la necesidad de mayores disposiciones de protección y bienestar para los trabajadores migrantes, y/o en propuestas para el desarrollo, tales como el aumento de las opciones de empleo para los migrantes y sus comunidades. En la última década, la investigación de tales políticas se ha centrado en la cuestión de cómo convertir la migración en un factor positivo en el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza (IOM 2013a). La migración se enmarca en términos de una situación donde todos ganan: los migrantes y sus países de origen y destino (Ozden y Schiff 2007). Este enfoque positivo sobre la migración ha provocado debates sobre el papel de la migración en los objetivos de desarrollo posmilenio. En general, dos enfoques dominantes complementarios han emergido de estos debates académicos y políticos. Por una parte, están quienes se centran en los aspectos de gobierno y gestión, en la forma en que las remesas puedan ser canalizadas de manera más productiva e invertidas en beneficio de las comunidades de origen y el país en general (Thieme y Ghimiere 2014). Otro punto de vista enfatiza y demanda la responsabilidad institucional nacional e inter1

“232 Million International Migrants Living Abroad Worldwide—New UN Global Migration Statistics Reveal”. http://esa.un.org/unmigration/wallchart2013.htm

nacional, para garantizar el bienestar y los derechos de los trabajadores migrantes (Rodríguez 2010). Lo que falta en las discusiones de migración y desarrollo es un análisis crítico y culturalmente matizado de cómo los migrantes, sus pares no migrantes, activistas laborales, profesionales del desarrollo y actores estatales definen y se relacionan con múltiples discursos de desarrollo y bienestar, que poseen nociones contradictorias y superpuestas de género y moral. En este artículo, me apoyo en Nederveen (2011) y en el enfoque de Dannecker (2009, 123) para entender el desarrollo como “un conjunto de creencias e imágenes de cómo debería ser la vida”. Estas creencias e imágenes a menudo incluyen suposiciones implícitas que subyacen a cualquier discusión o afirmación acerca de la migración y el desarrollo. Discursos y proyectos de desarrollo representan con frecuencia “intereses políticos o de clase y preferencias culturales particulares” (Nederveen 2011, 8). Con ello, el desarrollo se considera un proceso de negociaciones a varios niveles y luchas entre los diferentes grupos de interés sobre el significado del mejoramiento socioeconómico. Las respuestas sobre crecimiento económico, equidad y derechos no son objetivas; las medidas de desarrollo son siempre inherentemente políticas. En lugar de preguntar cómo la migración puede contribuir mejor al desarrollo, o cómo los programas de desarrollo pueden ser reformados para incluir el “bienestar” (IOM 2013a; Scott 2012), mi objetivo es explorar cómo la migración transnacional se concibe como una estrategia de desarrollo casi naturalizada. Ello conlleva que sea promovida y mantenida por instituciones de migración internacional, Estados y ONG, a pesar de la evidencia de que la vida y el trabajo de muchos trabajadores migrantes son literalmente insostenibles e insoportables (Brennan 2014; Ladegaard 2013). Si bien hay voces críticas contra los Estados que promueven la migración como una estrategia principal de desarrollo económico, dicha críticas no son tan populares ni públicas. Las críticas apuntan a que las políticas y los programas de migración para el desarrollo asignan injustamente a los migrantes la responsabilidad de financiarse a sí mismos y sus familias, convirtiéndolos en los principales responsables de sus comunidades y el desarrollo de sus países (cf. Rodríguez 2010). El destacar los migrantes como héroes o agentes de desarrollo también se hace a menudo a expensas de mejoras en las políticas laborales y de inmigración. Esto se aplica no sólo en el caso de Indonesia, sino también en otros países de migrantes como Filipinas (Rodríguez 2010), Bangladesh (Dannecker 2009), Nepal (Thieme y Ghimiere 2014) e India (Mosse et al. 2002). Las investigaciones sobre la dicotomía héroe-víctima en relación con la migración femenina buscan ir más allá de las representaciones polarizadas sobre la explotación o el empoderamiento de las mujeres. En cambio,

rev.estud.soc. No. 59 • enero-marzo • Pp. 30-43 • ISSN 0123-885X • e-ISSN 1900-5180 · DOI: https://dx.doi.org/10.7440/res59.2017.03


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buscan contextualizar la experiencia de las migrantes para mostrar en qué medida son víctimas y/o agentes (Suzuki 2003): ¿qué formas complejas asume su agencia para operar dentro de sus limitaciones y en qué medida las mujeres migrantes negocian con éxito nuevas formas de vigilancia y disciplina? (Cheng 2010; Suzuki 2003) Una observación común de los estudios de la migración femenina en el Sudeste Asiático y en otros lugares es que las mujeres migrantes enfrentan mayores trabas sociales y burocráticas, y sus expectativas morales de éxito y retorno son más altas, en comparación con sus pares masculinos. Este artículo pone de relieve las formas en que las representaciones de los migrantes indonesios como héroes de desarrollo, o víctimas explotadas, asumen preceptos de la cultura y religión locales sobre género y moral. A diferencia de los análisis tradicionales de héroes y víctimas como dos temas distintos, se argumenta que los supuestos morales de género producen una jerarquía de héroes y víctimas con características intercambiables. Tomando como referencia el caso de Indonesia, hago hincapié en que no todas las víctimas son representadas como indefensas y dignas de compasión. En cambio, algunos migrantes pueden ser representados como víctimas inmorales que son parcialmente culpables de un delito o un pecado, ya sea por deudas económicas, muerte, enfermedad o abuso.

Los migrantes como héroes nacionales En Indonesia y el Sudeste Asiático, casi todos los migrantes están enrolados en programas de “trabajador invitado” (Piper 2006, 142), donde se les permite vivir y trabajar en el extranjero entre dos y cinco años, luego de los cuales deben retornar a casa. La residencia permanente o ciudadanía en los países de destino no es una opción, y los viajes son muy costosos. En Indonesia, los hombres por lo general piden prestado a parientes, prestamistas o bancos para financiar sus viajes y trabajan principalmente en agricultura, construcción y pesca. Además, deben vivir muchas veces en la explotación agrícola o el lugar de la construcción. Por su parte, las mujeres migrantes se dedican sobre todo al trabajo doméstico, pagan cuotas a las agencias que las envían al extranjero y residen en el hogar del empleador. Para ellas es obligatorio registrarse en programas de entrenamiento proporcionados por agencias privadas bajo licencia del Estado, cuyas tarifas son muy elevadas en relación con el poco entrenamiento que entregan. Las mujeres migrantes reciben una atención mediática mucho mayor y son el símbolo de la migración en Indonesia. La migración laboral transnacional ha sido entendida por el Estado en términos de desarrollo desde mediados de la década de 1980, por la potencial contribución de las remesas financieras a la economía de Indonesia (Hugo y Stahl 2004; Silvey 2004). Para facilitar estos procesos de migración, el Estado de Indonesia introdujo

en 2004 un régimen de licencias para regular agencias de contratación, y además creó la Agencia Nacional para la Contratación y Protección de Trabajadores Migrantes (BNP2TKI). La tasa de migración laboral transnacional, en especial la migración femenina, creció drásticamente como consecuencia de la crisis financiera asiática de 1997 y continuó, debido a la rápida descentralización económica y la democratización de Indonesia tras la caída de la dictadura militar del presidente Suharto, en 1998. Las mujeres constituyen la mayoría de la creciente población de trabajadores migrantes de Indonesia. La mayoría de ellas proceden de entornos rurales con baja educación y trabajan en el sector informal, especialmente como trabajadoras domésticas.2 Aunque hoy en día hay más de seis millones de trabajadores migrantes indonesios, cuando el gobierno de Suharto incorporó la migración laboral femenina como parte de su programa de desarrollo, esto parecía contradecir sus previos discursos islámicos sobre las ideas estereotipadas de tareas y deberes específicos para hombres y mujeres (Blackburn 2004, 229). En general, se consideraba a los hombres como sostén de la familia, mientras que el lugar de la mujer está en el hogar como madre y ama de casa. Incluso, en la década de 1970, bajo la consigna “mujer y desarrollo”, el Estado alentó a las mujeres a trabajar en el ámbito asalariado, pero con la condición de que no descuidasen sus deberes domésticos (Silvey 2004, 252-253). En otras palabras, las mujeres fueron articuladas como ciudadanos, principalmente a través de su papel de madres y esposas (Martyn 2005, 206). Hacia la década de 1980, el Estado comenzó a promover la migración laboral femenina transnacional, sobre todo desde zonas rurales y de baja escolaridad. La separación de mujeres rurales de sus familias contrasta fuertemente con las metáforas nacionalistas basadas en el ideal de la familia nuclear de clase media. Esta promoción de la migración laboral de la mujer como antídoto contra la pobreza rural pone de relieve la complicidad del Estado en la reproducción de las jerarquías de género y de clase en Indonesia (Silvey 2004). En la década de 1990, la promoción del Estado se enfocó en la migración de mano de obra hacia Medio Oriente, donde la visión dominante de feminidad se transformó en una visión de la mujer como fuente de ingresos migratorios, en aras del objetivo del desarrollo económico de la “familia nacional” (Silvey 2004, 253). Por otra parte, las agencias de contratación y el Estado promovieron la migración de las mujeres a Arabia Saudita, en lugar de regiones o pa��ses no musulmanes como Hong Kong o Singapur, con referencia a ideas de proximidad religioso-cultural entre las poblaciones musulmanas. Particularmente atractiva para muchas mujeres era la posibilidad de hacer la peregrinación a La 2

Más de la mitad de los migrantes indonesios están trabajando en Malasia y Arabia Saudita, ambos países islámicos (Anjalah 2013). Migrantes como víctimas y héroes nacionales | Carol Chan

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Meca (Rudnyckyj 2004; Silvey 2006 y 2007). Fue dentro de este contexto de rápido aumento de la migración laboral femenina transnacional y sus remesas anuales, cuando las autoridades estatales comenzaron a representar las mujeres migrantes como “héroes del desarrollo nacional”, o más precisamente, “héroes de intercambio extranjero” (“Remittances from Migrants” 2012). Una pancarta de bienvenida a dichos héroes se puede ver en el aeropuerto de Yakarta. En la actualidad, el Estado de Indonesia continúa promoviendo la migración como una contribución positiva al desarrollo social y económico de la nación. Por ejemplo, en 2012, el entonces jefe de BNP2TKI, Jumhur Hidayat, se basó en un informe de ese mismo año del Banco Mundial, no sólo para poner de relieve el potencial de remesas de los migrantes para contribuir a la economía nacional, sino también para hacer hincapié en que tales remesas son, de hecho, más resistentes a las crisis económicas que la ayuda exterior y la inversión extranjera directa (“Remittances from Migrants” 2012). Esto hace que las remesas se consideren un recurso más sostenible para el desarrollo que otras alternativas (IOM 2013a y 2013b). La migración laboral y los salarios más altos en el extranjero han permitido, de hecho, a algunos migrantes enviar a sus hijos a la escuela, pagar gastos médicos, construir casas más confortables, iniciar pequeños negocios y acceder a un mayor nivel de consumo (Ozden y Schiff 2007; Silvey 2006). Los ministerios de Indonesia que se ocupan de la transmigración y mano de obra representan los casos de éxito como normales y garantizados, siempre y cuando los migrantes trabajen duro. Rara vez los informes oficiales de desarrollo se enfocan en el tema de mejoras salariales, derechos legales para los trabajadores migrantes en el extranjero o las causas del desempleo en Indonesia. En su lugar, los bajos salarios de los trabajadores migrantes son enmarcados y aceptados como inevitables, debido a las fuerzas del mercado; la sostenibilidad de las remesas de los migrantes depende en gran medida de la capacidad de los migrantes para aceptar salarios injustamente bajos y soportar duras condiciones laborales. Además, los migrantes son posicionados como responsables de crear puestos de trabajo para reducir o evitar las migraciones futuras de sus propias comunidades. Las declaraciones de Jumhur citadas antes representan a los portavoces de los ministerios asociados con el trabajo. Oficialmente, tienden a aplaudir el trabajo duro y la autodisciplina, mientras que presentan el rol de las instituciones estatales orientado sobre todo a ayudar a los migrantes a canalizar y utilizar sus remesas de forma más productiva. El discurso del desarrollo económico es también vinculado a temas de desarrollo moral, religioso o espiritual, fomentando la representación de la migración en términos de un deber familiar femenino y patriótico (Robinson 2000; Rudnyckyj 2004; Silvey 2006 y 2007).

En una visita a una oficina regional en Java en julio de 2013, Jumhur se dirigió específicamente a las mujeres que desean convertirse en trabajadoras domésticas migrantes en el extranjero, pero que aún no han dejado el país: El atractivo de los altos salarios en el extranjero y el consumo pueden animar [al migrante] a convertirse en un despilfarrador o un extravagante [...] No cambien sus teléfonos móviles con frecuencia, ni compren crédito telefónico, no fumen, ni vayan felizmente a sentarse en clubes. El migrante despilfarrador reduce la posibilidad de enviar dinero a su familia. Recuerde, si consume demasiado, va a acumular deuda, y eso no es bueno para su futuro y el de su familia. Le estoy pidiendo no ser despilfarradora, sea frugal y ahorre dinero. (“TKI suka dugem” 2013)

Ese mismo mes, otro mensaje de Jumhur hizo de forma similar un llamado a las mujeres para ahorrar dinero y tener cuidado con los “empleadores coquetos”. “Si es seducida por su empleador, niéguese, y tampoco caiga en la tentación. Sólo diga que está allí para trabajar. Si todo está bien por allá, traiga dinero a casa y comience un negocio” (“Jumhur Ingatkan” 2013). La explotación de género y los abusos en contra de la población trabajadora doméstica de Indonesia han sido ampliamente documentados (Constable 2007; Huang y Yeoh 2007; Killias 2010; Kloppenburg y Peters 2012; Ladegaard 2013; Palmer 2012; Silvey 2006). Aunque las experiencias de migración dependen en general del azar, la confianza de un migrante, su personalidad y sus habilidades, muchas mujeres corren el riesgo de quedar atrapadas en formas de servidumbre por deudas a reclutadores informales, agencias de empleo o empleadores. También están sujetas a la violencia física, verbal o psicológica por parte de los empleadores; tienen horarios y condiciones de trabajo no regulados, y comparten la residencia de sus empleadores. Sin embargo, el énfasis de los representantes estatales en educación financiera, consumo responsable y disciplina moral femenina omite el tema de la desigualdad estructural del sistema migratorio, generando la complicidad del Estado en la explotación laboral. En contraste, de forma explícita representan el fracaso de algunas mujeres migrantes para enviar dinero y su acumulación de deuda en términos de su tendencia hacia patrones de consumo extravagantes. Los peligros del abuso físico o sexual de las trabajadoras domésticas migrantes —la mayoría de las cuales, por ley, deben vivir con sus empleadores en los países de destino— son presentados principalmente en términos de promiscuidad sexual y debilidad moral al dejarse tentar y seducir. Los discursos de Jumhur citados antes, en efecto, igualan a los buenos trabajadores como mujeres explotables, reforzando al mismo tiempo un ideal femenino nacional de la ciudadana orientada al sacrificio familiar.

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Al mismo tiempo, sus discursos condenan a quienes rechazan dichas condiciones de éxito y no se ajustan a ideales morales de género.

Las víctimas con disfraz de héroes Muchos investigadores han establecido una relación entre la moral islámica de género en Indonesia y la actitud paternalista del Estado hacia la migración laboral femenina. Esto se hace más evidente a partir de la forma en que las autoridades estatales han reaccionado a los casos publicitados de abuso y violencia contra trabajadoras domésticas migrantes (Ford y Lyons 2012; Palmer 2012; Silvey 2004). Por ejemplo, se ha buscado implementar leyes que restringen la movilidad de las mujeres, así como suspender temporalmente la migración femenina a Malasia y Arabia Saudita, incluyendo requisitos burocráticos más estrictos, en comparación con sus homólogos masculinos (Quiano 2011; Silvey 2004 y 2007). En 2012, bajo el gobierno de Susilo Bambang Yudhoyono, se anunciaron planes para “detener el envío de trabajadores domésticos al extranjero para 2017” (“Indonesia Plans to Stop” 2012). Esto se ha mantenido como un compromiso de Estado que se repitió incluso en 2015, durante la presidencia de Joko Widodo (“Jokowi to Halt” 2015). Como he comentado, también se ha producido un giro significativo y aparentemente contradictorio en los discursos del Estado al responsabilizar a las propias mujeres de la seguridad femenina. Estas respuestas estatales son recibidas con escepticismo por activistas migratorios y laborales en Indonesia. En general, las suspensiones temporales, las negociaciones entre los Estados y el plan de detención del trabajo doméstico para 2017 han sido vistos por algunos migrantes y activistas como el resultado de la presión de la comunidad nacional de líderes religiosos, que corresponde al Consejo Ulama de Indonesia (MUI). MUI emitió oficialmente un decreto religioso —fatwa— en donde la migración laboral femenina transnacional se considera antiislámica (Wieringa 2006, 4). Los trabajadores migrantes y activistas también han argumentado que estas negociaciones y estos planes no han contribuido mucho a reducir la tasa de abuso contra los migrantes (“Govt Fails Migrant Workers” 2011). En cambio, esto ha ayudado a aumentar las cuotas de empleo y bajar los salarios de carácter no doméstico o industrial para los migrantes indonesios en Arabia Saudita, Malasia y Hong Kong (Zubaidah 2015). Mientras que el Estado de Indonesia ha resuelto aparentemente con éxito los problemas con Malasia y Arabia Saudita en temas tales como días de descanso laboral, salario y derecho a no entregar el pasaporte al empleador, estas negociaciones incomodan la posición del Estado en su rol de promotor de la migración como un camino hacia

el desarrollo económico nacional.3 Por ejemplo, los activistas migrantes han argumentado que para reducir la dependencia y la vulnerabilidad de los migrantes con respecto a sus agencias de empleo y centros de formación previos a la salida, estas instituciones no pueden ser empresas comerciales con fines de lucro, sino más bien instituciones educativas públicas (Buruh Migran 2015). Además, el Estado puede hacer aún más para facilitar a los migrantes el acceso a redes de apoyo y mejorar disposiciones relativas al bienestar en el extranjero, el desempleo y la pobreza estructural en Indonesia (Tjandraningsih 2013). En conjunto, las respuestas del Estado y las soluciones que se aplican en los casos de la migración femenina enlazan el éxito económico de las migrantes —en términos de su capacidad de enviar dinero— a sus responsabilidades de género, morales y de religión, al ser entendidas como buenas madres, hijas y esposas. Por otro lado, los discursos sobre la protección de mujeres migrantes refuerzan la percepción de que todas las mujeres son víctimas potenciales (Kloppenburg y Peters 2012), ya que estos discursos rara vez se refieren a la migración masculina. Sin embargo, las respuestas de las instituciones públicas refuerzan la percepción de que los migrantes de Indonesia no se ajustan a este ideal. Así, las mujeres pasan a ser vistas como vulnerables, con baja educación, poco entrenamiento, ingenuas, que necesitan protección y control, o incluso como psicológicamente enfermas, además de moralmente ambiguas o sospechosas (Faizal 2012; “Kepala BNP2TKI” 2015). Estas medidas o soluciones a las condiciones de trabajo migrante han sido desacreditadas por activistas más críticos y académicos, ya que la prohibición de migrar a mujeres sólo contribuye a aumentar su vulnerabilidad a la explotación, incrementando la frecuencia de formas más arriesgadas e indocumentadas de migración (Killias 2010; Silvey 2004, 259). Los Estados no descuidan por accidente la protección de los derechos de los trabajadores migrantes, ya que la falta de regulación de este tipo de espacios reproduce y mantiene privilegios para la clase media y la élite, aumentando su capital social, económico y político (Silvey 2004, 259-260). En efecto, mientras el Estado considera a los migrantes como “héroes del desarrollo” por el ingreso de miles de millones de dólares al año, también devalúa de manera sistemática el trabajo doméstico, las formas de trabajo manual asociadas con poblaciones rurales sin educación formal y la seguridad de los migrantes (“Remitansi TKW” 2013). En 3

En general, el Estado de Indonesia tiene un bajo poder de negociación con los países de destino de migrantes (Rudnyckyj 2004; Silvey 2004 y 2007). Según la contingencia de la política interna del momento, esto influencia el discurso de los migrantes como héroes o víctimas, disminuyendo la responsabilidad propia y de otros Estados en cuanto a la condición laboral del migrante.

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otras palabras, la mayoría de los discursos y respuestas estatales a la explotación y el abuso de los trabajadores migrantes indonesios contribuyen al mantenimiento de la precariedad de su vida y trabajo. Esto se hace a través de la naturalización discursiva de las condiciones de trabajo injustas a nivel nacional y en el extranjero, con referencia a la desigualdad en el mercado mundial, y el desplazamiento parcial de la culpa por el abuso y la violencia a los reclutadores, la voluntad de Dios y la conducta de los propios migrantes. Una consecuencia de este marco discursivo dominante es que se plantea que los viajes migratorios exitosos y seguros sólo suceden a migrantes con perseverancia, coraje, buena fortuna y personalidad. Como detallaré en la siguiente sección, los migrantes censurables se representan en gran medida como inmorales, absurdos, ingenuos o con mala suerte. Mi punto es que en cualquier discusión sobre desarrollo, o sobre el impacto positivo de la migración para los migrantes y sus familias, se deben tener en cuenta los supuestos de género y nociones morales subyacentes sobre bienestar, para entender cómo estos supuestos operan a través de fronteras nacionales, con consecuencias transnacionales. En la siguiente sección, presento cómo aquellos supuestos morales subyacen a los discursos del Estado sobre migración y desarrollo, y se reproducen de manera similar en medios de comunicación y discursos de activistas sobre la violencia contra las mujeres migrantes de Indonesia.

Diversidad y jerarquía de migrantes como ciudadanos-víctimas Los medios de comunicación dominantes y los discursos de activistas sobre la violencia contra los trabajadores migrantes a menudo se centran estratégicamente en los casos extremos o escandalosos, ya sea para vender periódicos o sumar más personas a su causa. En el siguiente análisis, sostengo que la representación y el sensacionalismo de los casos extremos en la esfera pública sirven para poner de relieve el abuso como algo excepcional, apoyando inconscientemente la postura oficial del Estado de Indonesia respecto a que el éxito está garantizado y es alcanzable para el migrante moral y autorresponsable. El enfoque de los medios en los casos extremos de violencia también puede contribuir a asumir como tolerables y normales ciertas formas de explotación laboral, tales como largas horas de trabajo, falta de descanso o comida, malas condiciones de vida y retrasos en los pagos de salarios. Cuando los trabajadores migrantes, activistas y académicos han pedido una mayor responsabilidad del Estado frente a la explotación y el abuso laboral, por lo general esto se formula en términos de derechos. Concuerdo con quienes han señalado que los discursos sobre derechos no son abstractos, universales ni libres

de valoración (Choo 2013; Lai 2011). La política sobre los migrantes y el activismo es un tema complejo y puede contribuir a reforzar las jerarquías morales de género en la comprensión del victimismo, la explotación y la violencia. Los discursos de derechos requieren habitualmente que las personas se presenten como tipos particulares de víctimas, a menudo vinculadas a ONG e instituciones similares (Fassin 2007; Ford y Lyon 2012). En esta sección se construye a partir de la bibliografía existente y se contribuye a esta en relación con la dicotomía víctima-héroe que se puede encontrar en el discurso global de los derechos humanos (Brennan 2014; Kempadoo 2012), y más concretamente en Indonesia, en cuanto al tráfico de personas y migración laboral (Ford y Lyon 2012; Palmer 2012). Las imágenes sobre las víctimas y el heroísmo vinculados a la moral de género de los migrantes indonesios encuentran paralelismos sorprendentes en el caso de Filipinas (Pratt 2012; Parreñas 2005; Rafael 1997; Rodríguez 2010). La categoría víctima no corresponde a una visión homogénea estereotipada de una migrante femenina inocente, explotada y sin defensa. En cambio, es una categoría inherentemente cargada de juicios de valor sobre lo que hace que las víctimas merezcan o no sus circunstancias, o lo que hace que algunas de las víctimas sean fuente de lamentos, mientras que otras son censurables. Aquí se analizará cómo los activistas y medios de comunicación en Indonesia han representado varios casos de abuso laboral, violencia y enfermedad de los trabajadores domésticos migrantes. La sección final discutirá cómo estas representaciones de culpa y responsabilidad presentan desafíos al discurso sobre derechos, migración y desarrollo por parte de actores estatales y no estatales. Estos desafíos socavan los esfuerzos para hacer frente a la precariedad de la mano de obra migrante, y, en su lugar, podría decirse que contribuyen a su continuidad. Si bien el Gobierno y los grupos activistas no tienen siempre un discurso homogéneo y sin contradicciones en cuanto a cómo representan la violencia y el abuso laboral (Choo 2013; Constable 2009; Lai 2011; Palmer 2012; Ford y Lyons 2012), con fines analíticos, aquí sólo trabajaremos las perspectivas dominantes de cada grupo en relación con la representación de la victimización de los migrantes. De modo tentativo, sugiero que los casos de violencia y muerte de trabajadores domésticos migrantes indonesios pueden clasificarse en términos de cómo se asignan el victimismo y la culpa en tres grandes categorías: 1) las víctimas inmorales, a quienes se culpa por su situación; 2) víctimas inocentes que merecen la justicia social; y 3) víctimas del destino. Sostengo que el privilegio moral de la migrante exitosa que es inocente, vulnerable, heroica y/o desinteresada produce a su vez su opuesto: mujeres inmorales y desafortunadas que no están a la altura de las expectativas ideales para una madre, hija, hermana y esposa. Estos ejemplos son analizados y comparados para poner de relieve que

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los casos de víctimas morales son capaces de generar indignación pública, además de apoyo y cobertura de los medios. En estos casos donde el migrante no es culpable, los agentes de reclutamiento, empleadores y Estados pueden ser expuestos a la crítica y llamados a rendir cuentas.

Las víctimas inmorales (o moralmente ambiguas) A pesar de una estimación realizada por la ONG Migrant Care en cuanto a que aproximadamente 1.249 migrantes indonesios murieron en el extranjero en 2013 (Dagur 2013), el Gobierno de Indonesia desalienta con eficacia segundas autopsias de los cuerpos de trabajadores migrantes, una vez han sido enviados de vuelta a Indonesia (Knight 2011). Si bien estas estadísticas han sido objeto de debate entre el Ministerio de Trabajo y ONG de migrantes, la falta de autopsias más acuciosas deja las verdaderas causas de muerte abiertas a rumores y especulaciones, mientras que los informes oficiales de muertes en el extranjero las atribuyen a accidentes, enfermedades naturales, o corresponden a penas de condenados a muerte (Knight 2011; Saragih 2014). Casos muy publicitados de violencia contra los trabajadores domésticos migrantes a menudo implican la pena de muerte en Malasia o Arabia Saudita (Knight 2011; Saragih 2014). En 2014, al menos 236 migrantes indonesios enfrentaron la pena de muerte en todo el mundo, en su mayoría mujeres que presuntamente habían asesinado a sus empleadores o a otros trabajadores migrantes, o que fueron acusadas de magia negra, o bien, de cometer adulterio (Saragih 2014).

los datos de las oficinas diplomáticas de Indonesia en Arabia Saudita mostraron que alrededor de 7.000 niños nacieron a partir de tales casos. “Las identidades de sus padres no están claras. Esto debería plantear una seria preocupación porque se trata también de nuestra generación joven”, dijo el funcionario. El funcionario dijo que el Gobierno había trabajado para repatriar a los niños proporcionando documentos temporales, aunque admitió que los niños podrían tener problemas para obtener documentos de identidad oficiales en Indonesia porque no tienen certificados de nacimiento y se desconoce quiénes son sus padres. El Gobierno ha tratado de establecer matrimonios islámicos para [las mujeres], con el fin de ayudarles a obtener documentos en Arabia Saudita antes de regresar a Indonesia, pero la mayoría de ellas eran reacias, porque se habían casado con hombres de Indonesia antes de ir a trabajar al extranjero, agregó el funcionario. (Saragih 2014)

En el ejemplo anterior, una parte significativa del artículo se centra en el rol del Estado para ayudar activamente a los niños ilegítimos y sin patria, para su retorno a Indonesia. Los esfuerzos resultan difíciles, debido al hecho de que los nacimientos de estos niños fueron resultado de relaciones adúlteras en el extranjero entre mujeres casadas de Indonesia y otros hombres. La narrativa oficial del Estado cambia el enfoque del artículo, lejos del tema de los migrantes indonesios enfrentados a penas de muerte, para pasar a cuestionar su moralidad, y si merecen asistencia jurídica por parte del Gobierno de Indonesia.

Los activistas laborales suelen hacer hincapié en que las duras condiciones de trabajo, el constante abuso físico, los salarios bajos, o incluso la falta de pago, son las principales condiciones que provocan la violencia de los migrantes en actos de autodefensa o demencia temporal (Knight 2011). Funcionarios del Estado también han admitido que algunos casos de adulterio fueron en realidad casos de violación (Saragih 2014). Sin embargo, los informes de los medios de comunicación y del Gobierno tienden a minimizar estos argumentos, debido a la falta de pruebas. Independiente de cuál sea la verdad de los sucesos, la culpa y la responsabilidad parecen recaer principalmente sobre mujeres adúlteras o víctimas ingenuas, rurales, no calificadas y sin educación (Saragih 2014). El énfasis en la culpa potencial o inmoralidad de la víctima migrante es evidente en el siguiente extracto de noticias del diario Jakarta Post de Indonesia, el cual comenta varias sentencias en espera de ejecución:

En otro ejemplo, un informe escrito y publicado en el sitio web de una ONG de migrantes de Indonesia comienza con un dicho popular de Java: “Uno va al extranjero en busca de oro, pero vuelve con piedras en su lugar” (Buruh Migran 2008). Lo que sigue es una historia de tortura física extrema de una trabajadora doméstica de 28 años en Malasia, que regresó a Indonesia paralizada y mentalmente inestable, debido al hambre, los golpes y el estrangulamiento durante casi un año. Sin embargo, el artículo socava la legitimidad moral de la víctima al dar a entender que ella era arrogante y codiciosa antes de emigrar, diciendo que se fue de casa con “un sentido de orgullo” y esperando “traer a casa grandes cantidades de dinero” (Buruh Migran 2008).

El funcionario estatal reconoció que algunas de las sospechosas eran en realidad víctimas de violación, pero que un porcentaje significativo de ellas habían sido acusadas de tener relaciones extramaritales con hombres saudíes […] De acuerdo con el funcionario,

Radisem fue abusada a menudo por su empleador por robarle su dinero. Radisem recibió golpes por todo el cuerpo, en las piernas, espalda y cabeza, y fue incluso estrangulada por el cuello [...] Ella no comía mucho ni con frecuencia. A veces, sólo una

El artículo explica que ella, cuyo nombre es Radisem, tenía un buen empleador y escribió a su casa sólo dos veces. Sin embargo, su familia dejó de recibir noticias, sólo para descubrir más tarde que, durante este período de silencio,

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DOSSIER vez al día [...] Como resultado de no bañarse con frecuencia, Radisem contrajo una enfermedad de la piel que se añade a su miseria. (Buruh Migran 2008)

Aunque el artículo termina refiriéndose a Radisem como una víctima trágica y pidiendo al Gobierno de Indonesia que tome medidas, la narrativa contiene ambigüedad moral, ya que la situación trágica de Radisem se explica de diversas maneras, en función de su orgullo, codicia, la mala suerte, y el hecho de que ella habría robado en un principio a su buen empleador. En una narrativa similar, una plataforma de medios sobre derechos humanos comienza con un caso de abuso en Taiwán, donde se describe que la mujer migrante era muy ligera de espíritu y viajó en contra de los deseos de su padre (Ayyubi 2009). Ella regresó “loca” y severamente deprimida, diciendo que su empleador la golpeó hasta que se le cayeron los dientes. El informe concluye con una investigación policial para ver “si ella fue realmente maltratada” (Ayyubi 2009). Estos ejemplos ilustran cómo cierto tipo de relatos de víctimas dejan la moral de la historia abierta a la interpretación del lector, que implícita o explícitamente contienen una advertencia en contra de la codicia y alaban valores familiares y de modestia.

Las víctimas inocentes Las narrativas moralmente ambiguas de mujeres promiscuas, codiciosas o que desobedecen a sus mayores contrastan con historias de víctimas extremas y morales. Ejemplo de ello es el siguiente informe sobre Wilfrida Soik, de 17 años de edad, quien fue acusada en 2010 de matar a su empleador de 60 años de edad en Malasia (Aritonang 2014): Wilfrida fue acusada bajo el Código Penal de Malasia, que conlleva una sentencia de muerte en caso de condena; pero el tribunal dictaminó el lunes que estaba mentalmente inestable cuando ocurrió el incidente, y, por lo tanto, la declaró inocente. [...] Los activistas y políticos de derechos humanos que han dado asistencia legal a Wilfrida y monitorean los procesos judiciales en los últimos cuatro años elogiaron el fallo. “El veredicto del tribunal es justo porque el asesinato fue un acto de autodefensa, para protegerse de la tortura cometida por su empleador”, dijo en un comunicado Migrant Care, una ONG que promueve los derechos de los trabajadores migrantes. Migrant Care dijo que Wilfrida debería haber sido absuelta porque ella era menor de edad cuando ocurrió el crimen. “Siempre hemos creído que Wilfrida debe ser liberada porque ella era menor de edad cuando

ocurrió el incidente. Ella es una víctima de la trata de personas” [...] La investigación también mostró que Wilfrida sólo tenía 17 años cuando entró a Malasia con documentos falsificados, lo cual, por lo tanto, la haría objeto de protección bajo la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, que prohíbe la pena de muerte para menores de edad, una convención de la cual Indonesia y Malasia son firmantes. [...]

La campaña en contra de la sentencia de muerte para Wilfrida también reunió varios grupos, entre ellos los miembros del Consejo Legislativo Regional (DPRD), el Consejo de Representantes Regionales (DPD) y la Cámara de Representantes (DPR); la Iglesia católica en Belu; comunidades interreligiosas; y la cantante y activista Melanie Subono. Los internautas también mostraron su apoyo a través de la petición en Change.org #SaveWilfrida, que tuvo más de 13.000 firmas, por lo que fue una de las peticiones más populares presentadas en el sitio web (Aritonang 2014). En comparación con los casos de las víctimas inmorales o culpables, el caso de Wilfrida provocó una sensación de ultraje moral público, que fue evidente en las peticiones recogidas en su nombre, y en la amplia gama de grupos y figuras públicas que apoyaron su recurso judicial contra su sentencia de muerte. Medios de comunicación y activistas se enfocaron en su inocencia moral, al ser como un “niño”, “víctima de la trata de personas” y “mentalmente inestable” (por lo tanto, sólo en parte responsable de sus acciones). Otro caso se refiere a una abuela de 53 años de edad que fue decapitada por asesinato en Arabia Saudita en 2011. Ella afirmó haber matado a su empleador porque se le prohibió volver a casa para ver a sus tres hijos (Al-Alawi 2011). Su muerte provocó protestas públicas en Indonesia y la suspensión por parte del Estado de la migración laboral a Arabia Saudita. Estos ejemplos inspiraron una amplia cobertura de los medios de comunicación, además de intervención estatal, ya que tales mujeres fueron definidas como víctimas-morales, y, por ello, injustificada la violencia contra ellas. Destaco estos casos para argumentar que provocan más indignación porque los juicios morales se basan en la percepción de las intenciones del individuo; por lo tanto, un migrante es inocente porque fue víctima de tráfico humano contra su voluntad, o porque es una madre que se sacrificó migrando por el bien de su familia. Por otro lado, la agencia y las intenciones de las mujeres se representan como moralmente sospechosas en casos de abuso sexual, o cuando manifestaron un deseo de aventura, placer o riqueza. Incluso en los casos en que las mujeres no profesan tales deseos considerados desviados, en lo que concierne al abuso sexual, parecen sospechosas por defecto la inocencia y la moral de las

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mujeres, como he discutido anteriormente en el caso de la violación representada como adulterio (Saragih 2014). El problema es que este enfoque en la agencia moral e inmoral contribuye a dirigir la culpa de la violencia hacia los propios migrantes. Esto también sólo acepta como válido la migración por razones económicas para el apoyo de la familia, sin considerar los casos en que las mujeres fueron presionadas a emigrar contra su voluntad por parientes, o cuando ellas migran para escapar de presiones para casarse, o del estigma de ser madres solteras o divorciadas.

Las víctimas del destino Por último, otras muertes y enfermedades de migrantes son representadas en los medios de comunicación y las discusiones informales como naturales, moralmente neutrales, y se asocian con la mala suerte. El exjefe de BNP2TKI Jumhur Hidayat se ha referido públicamente a las “víctimas de la trata de personas” como “aquellos que son menos afortunados” (“BNP2TKI Resmikan Kampung” 2012). Estos casos de mala suerte o de enfermedad a menudo se presentan como hechos concretos y son despolitizados por las autoridades estatales. Por ejemplo, el siguiente informe sobre la hospitalización de dos trabajadores migrantes en Dubái fue publicado por activistas migratorios. Se hace alusión a los empleadores y a la falta de calefacción adecuada, pero, a diferencia de otros informes sobre migrantes muertos y abusos, este está libre de crítica o censura, y no concluye con un llamado a la acción del Estado o sugerencias para la aplicación de las leyes laborales adecuadas, a fin de garantizar mejores condiciones de vida para los trabajadores: Dos trabajadores migrantes indonesios en Dubái, por desgracia sufren una intoxicación por el humo del carbón de leña el viernes. [...] Ellos se envenenaron después de llevar carbón encendido a la habitación, debido a las recientes condiciones climáticas frías en Dubái. La habitación proporcionada por el empleador para los trabajadores era fría, y por ello llevaron brasas de carbón a la habitación. Los trabajadores migrantes indonesios inhalaron monóxido de carbono por la quema de carbón. Ambos fueron encontrados cuando yacían inconscientes en la habitación. (Buruh Migran 2014)

La muerte de una migrante fue más controvertida, y sus familiares exigieron una autopsia. Khodijah Dede trabajaba en una casa particular, y murió tres meses después de su llegada a Jeddah. Su familia fue informada por funcionarios del Estado que murió debido a una enfermedad, a pesar de que el agente de reclutamiento de Dede informó a su familia que fue envenenada (“TKI Tewas” 2012). En respuesta a la petición de la familia de

una explicación oficial, BNP2TKI publicó un informe que confirmó que Dede había muerto debido a “la ingesta de productos químicos orgánicos fosfóricos”. A pesar de este detalle, el informe concluye que en un nuevo examen, la causa de la muerte fue natural, debido a “una disminución de la función cardíaca en el tracto respiratorio” (“Dede Khodijah” 2012). En tales casos, concuerdo con antropólogos médicos que sostienen que las enfermedades a menudo no son sólo naturales, sino también el resultado de las dietas inadecuadas e irregulares, y las condiciones ambientales, que son por lo general sociales y políticas (Hamdy 2008). Sin embargo, las narrativas del Estado y los medios de comunicación sobre estas enfermedades pueden a veces naturalizar y, sin crítica, calificar estos casos como mala suerte, aunque algunas voces minoritarias llamen a la crítica y a la aplicación de autopsias en los cuerpos de migrantes que mueren en el extranjero (Knight 2011).

Conclusiones: jerarquías morales de víctimas Como conclusión general, se observa que el fracaso del Estado de Indonesia en garantizar un mínimo de condiciones de bienestar social para sus ciudadanos ha llevado a generar una especie de nuevo contrato social, en donde se limita la crítica de las desigualdades estructurales más amplias, enfocando la responsabilidad del desarrollo del país en los individuos y las naciones extranjeras. De este modo, se concibe la migración como una herramienta para el desarrollo, en donde el Estado es sólo un facilitador económico, pero no un agente responsable de sus ciudadanos. Por ejemplo, los problemas que los migrantes indonesios enfrentan en el extranjero son atribuidos a las agencias de contratación comerciales, que han sido comparadas con traficantes de personas y mafias (Jum’at 2015). En muchos casos, en vez de discutir mecanismos de protección para migrantes, los representantes del Estado destacan los mercados de trabajo regulados y formales disponibles para los migrantes en el extranjero (Zubaidah 2015). Es evidente que el Estado de Indonesia y muchos otros países que envían migrantes requieren la producción de determinadas víctimas ideales, con el fin de afirmar su autoridad moral y su soberanía para proteger y gobernar sobre quienes consideran vulnerables, y castigar criminales, evadiendo su responsabilidad en la mejora de las condiciones socioeconómicas internas del país. Estos ejemplos iluminan la dificultad y los intentos de tales Estados para hacer valer su soberanía en momentos de permeabilidad de las fronteras y relaciones político-económicas globales desiguales. En este artículo se ha argumentado que la explotación de las mujeres migrantes de Indonesia es legitimada y tolerada en gran parte por los responsables políticos y el público en general, debido a que no se toman en Migrantes como víctimas y héroes nacionales | Carol Chan

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cuenta los aspectos morales y de género presentes en las narrativas dominantes de migrante víctima y héroe. La jerarquía moral de género de los héroes y víctimas en estas narrativas hace invisibles, ordinarios o irrelevantes aquellos casos en los que no aparecen signos de violencia visibles o extremos, o en los que los inmigrantes no son lo suficientemente exitosos para regresar a Indonesia o ser un modelo para el desarrollo del Estado-nación. Además, como los etnógrafos de la migración han puesto de manifiesto (Peter 2010), las expectativas morales y de género para el éxito de los migrantes consisten en que estos sean proveedores económicos, mujeres y hombres buenos, lo que significa que los migrantes a menudo se representen a sí mismos en términos positivos relacionados con la seguridad y movilidad social. La presión para representar la migración en términos de éxito contribuye a las narrativas de desarrollo y los deseos y fantasías de sus pares no migrantes, en donde la migración sería una respuesta a la lucha por una vida y un futuro mejores. Junto a esta representación de los migrantes como héroes convive otra un tanto contradictoria: los migrantes son considerados víctimas, y ello es sostenido tanto por funcionarios estatales como por activistas y periodistas, a pesar de sus distintas agendas. Si la migración laboral femenina es representada por tales actores, ya sea como una forma de explotación o como una fuerza económica positiva para las familias y la nación, esto dependerá de la manera en que se entienden el rol y la relación entre el Estado de Indonesia, la economía de mercado mundial y la responsabilidad moral de género del ciudadano-trabajador. Los activistas pueden emplear estratégicamente discursos de victimización para librar a los migrantes de la pena de muerte, o negociar procesos de migración más seguros y mejores condiciones laborales para los migrantes en el extranjero. El Estado puede emplear y contrastar tales discursos victimizadores con las narrativas de los migrantes como héroes, para distinguir los casos de violencia ilegítima y violencia tolerable. En esto último, la colusión del Estado con las agencias de contratación para facilitar la migración laboral es minimizada, y el foco de la culpa y la responsabilidad en la vulnerabilidad y abuso de los migrantes es puesto en los migrantes individuales, empleadores y reclutadores. Por ello, es necesario cambiar y subvertir el discurso dominante de víctimas y héroes, en función de evitar la naturalización sistemática de la violencia tolerable contra los migrantes. En tal sentido, es importante dejar de lado el juicio sobre si las víctimas merecen o no su destino, y así enfocarse en las condiciones socioestructurales que condicionan su situación de violencia. Es importante destacar además el fuerte papel de la religión en la producción de ideales morales acerca del comportamiento de los migrantes en términos de roles de género. Por ejemplo, la mujer debe tener como prioridad a su familia como figura materna, y

no evidenciar consumo notable en el extranjero, el cual sería calificado de inmoral. Los supuestos morales de género que subyacen a las representaciones de violencia contra los trabajadores migrantes tienen consecuencias significativas para determinar si las políticas y los reglamentos internacionales restringen aún más la movilidad o ponen atención a las condiciones estructurales de la migración y la violencia. Estas representaciones de género y jerarquías morales de victimismo hacen que las mujeres tengan un mayor riesgo de juicio moral, especialmente en los casos de abuso. Dicha estigmatización afecta su acceso a redes locales de apoyo social cuando regresan a sus lugares de origen. Sin embargo, demasiado énfasis en las mujeres como víctimas también significa que la explotación de los migrantes masculinos es pasada por alto. Debe realizarse más investigación para entender expresiones locales de género, moral y religión, interpretaciones de desarrollo, explotación y responsabilidad social. El trabajo etnográfico en este ámbito puede contribuir a la comprensión y complejización de las jerarquías morales de género que he descrito, y poner de relieve las formas en que se negocian de manera desigual las promesas y los riesgos de la migración laboral transnacional en relación con el desarrollo.

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Migrantes como víctimas y héroes nacionales | Carol Chan

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Reproduciendo diferencias: la negociación de identidades ciudadanas en el marco de la justicia transicional* Carolina Angel-Botero** Fecha de recepción: 30 de abril de 2016 · Fecha de aceptación: 21 de septiembre de 2016 · Fecha de modificación: 04 de octubre de 2016 DOI: https://dx.doi.org/10.7440/res59.2017.04

R E S U M E N | A partir de 1991 se han introducido en Colombia derechos diferenciales para comunidades étnicas, generando mayores rupturas y diferenciaciones entre grupos que tienen en común una relación con la tierra. Este artículo señala que en el actual proceso de justicia transicional se reproducen diferencias equiparables, esta vez a través del concepto víctima como sujeto de reparación colectiva. Utilizando los espacios de la ley como herramienta metodológica para observar el derecho en la vida cotidiana, este artículo hace un análisis a partir del caso de una comunidad en el norte de Colombia, donde, dada su ilegibilidad como comunidad campesina, se debaten nuevas identidades ciudadanas. PA L A B R A S C L AV E | Ciudadanía, víctimas, campesinos (Thesaurus); espacios de la ley, justicia transicional, reparaciones colectivas (Autor).

Reproducing Differences: The Negotiation of Citizen Identities in the Context of Transitional Justice A B S T R AC T | Ever since differential rights for ethnic communities were introduced in the Colombian Constitution of 1991, there have been major disruptions and differentiations among groups that share a relationship with the land. This article points out that the current process of transitional justice reproduces comparable differences, in this case through the concept of victim as a subject of collective redress. Using the concept of space of law as a methodological tool with which to observe law in everyday life, the article presents an analysis done through a case of a community in northern Colombia, the negotiation of new citizenship identities, as the category of peasant is not enough for being legible before the state. K E Y W O R D S | Citizenship, Colombia (Thesaurus); spaces of law, victims, peasants, transitional justice, collective reparations (Author).

Reproduzindo diferenças: a negociação de identidades cidadãs no âmbito da justiça de transição R E S U M O | A partir de 1991, foram introduzidos, na Colômbia, direitos diferenciais para comunidades étnicas, o que gerou maiores rupturas e diferenciações entre grupos que têm em comum uma relação com a terra. Este artigo aponta que, no atual processo de justiça de transição, se reproduzem diferenças equiparáveis, desta vez por meio do conceito vítima como sujeito de reparação coletiva. Utilizando espaços da lei como ferramenta metodológica para observar o direito na vida cotidiana, este artigo faz uma análise a partir do caso de uma comunidade no norte da Colômbia, onde, tendo em vista sua ilegibilidade como comunidade camponesa, novas identidades cidadãs são debatidas. PA L AV R A S - C H AV E | Camponeses, cidadania, vítimas (Thesaurus); espaços da lei, justiça de transição, reparações

coletivas (Autor). *

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Agradecimiento a la Universidad de los Andes (Colombia), la Universidad Santo Tomás (Colombia) y a Colciencias por el apoyo económico, en el marco de la convocatoria Doctorados Nacionales 647. Esta investigación se enmarca en un proyecto denominado “Justicia Transicional desde Abajo: perspectivas de la reconciliación desde organizaciones sociales”, financiado por la Universidad de los Andes y la Universidad Santo Tomás. Magíster en Antropología por The New School for Social Research (Estados Unidos) y estudiante del doctorado en Antropología de la Universidad de los Andes. Miembro del Programa de Estudios Críticos de las Transiciones y el Comité de Violencia y Subjetividad. Última publicación: “En el corazón del Buen Pastor: la apropiación del discurso de los derechos humanos en el contexto penitenciario colombiano” (en coautoría). Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología 23: 45-64, 2015. * c.angel958@uniandes.edu.co


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Introducción La negociación de nuevas identidades ciudadanas no es algo nuevo en Colombia. A partir de 1991, con la entrada en vigencia de la Constitución, y con ella, la declaración de Colombia como un Estado pluriétnico y multicultural, se ha dado entonces un proceso de negociación de identidades étnicas. Algo similar ha sucedido con la categoría víctima. Luego de la expedición de leyes de justicia transicional, como la Ley de Justicia y Paz y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (en adelante, Ley de Víctimas),1 la víctima se ha convertido en una nueva identidad ciudadana por medio de la cual se tiene acceso a una serie de derechos diferenciales. Por su parte, la categoría víctima colectiva ha promovido el acercamiento de las instituciones del Estado y de las organizaciones a zonas del país donde nunca se les había visto. Las reparaciones, utilizando el discurso de los derechos humanos, son un mecanismo a través del cual se han implementado medidas de asistencia y programas de desarrollo a poblaciones fuertemente afectadas por la violencia. Y aunque las reparaciones se circunscriben al conflicto armado, lo cierto es que el Estado no ha sido eficiente para garantizar necesidades básicas a las comunidades, por lo que estas dos cuestiones se confunden en la práctica (Firchow 2013, 52). Los primeros procesos de reparación colectiva que se dieron en el marco de la Ley de Justicia y paz así lo evidencian. En un documento donde se recogen siete casos emblemáticos de reparación, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señala que “los resultados del diagnóstico revelaron la situación de precariedad en la que se encontraban las comunidades. Posterior a un análisis conjunto de este escenario, se identificó la necesidad de ofrecer un apoyo para garantizar algunos mínimos vitales y de esta manera mejorar las condiciones en que estas comunidades se enfrentarían a la comprensión y diseño de los planes de reparación colectiva” (OIM y USAID 2012, 9). Las reparaciones colectivas, en este sentido, han servido para que el Gobierno nacional y sus políticas presten atención y desarrollen iniciativas para comunidades históricamente excluidas. Esta historia de exclusión se repite de nuevo en el contexto de la justicia transicional

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La Ley de Justicia y Paz, Ley 975, fue aprobada en 2005 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y consistió en el marco jurídico a través del cual se llevó a cabo el proceso de desmovilización de grupos paramilitares en Colombia. El artículo 5 define la víctima, y los artículos 8 y 49 hacen referencia específica a las reparaciones colectivas. Por su parte, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 1448, se promulgó en 2011, durante el gobierno de Juan Manuel Santos. El artículo 3 introduce una nueva definición de víctima y nuevas disposiciones frente a la reparación colectiva (artículos 151 y 152).

para el caso de la Empresa Comunitaria de La Italia.2 En este caso particular, la incapacidad de hacer una lectura de lo campesino como colectivo desde la justicia transicional presiona la negociación de nuevas identidades ciudadanas que se dan en el marco de lo legal. Mi acercamiento a la Empresa Comunitaria de La Italia se dio en el marco de un encuentro entre organizaciones de víctimas del Caribe colombiano, que tiene como finalidad promover la construcción de comunidad a través del diálogo colectivo y aprender a partir de las experiencias de otras organizaciones que han atravesado situaciones de violencia similares. Central a la idea de reconstrucción del lazo social está el ejercicio de recorrer el territorio y reconocer de la mano de quienes lo habitan las huellas que ha dejado el paso de la guerra. El objetivo de la reunión era discutir, luego de más o menos cinco años de retorno, hacia dónde seguir como comunidad. Pensarse como comunidad no ha sido sencillo. Literalmente, fantasmas de quienes los desplazaron en el 2000 viven en el territorio, junto con personas que en su momento fueron señaladas de haber sido colaboradoras de los grupos armados. Fueron tres días de caminatas y reuniones. Mezclados entre las organizaciones se encontraban tres funcionarios del Gobierno, quienes asistieron motu proprio respondiendo a la invitación hecha por los organizadores del encuentro. También había un representante de OIM, algunos estudiantes y académicos. Líderes indígenas —Arhuacos, Wayúu, Zenúes—, líderes de comunidades negras y hasta un pastor presbiteriano estaban presentes. Durante estos tres días se hizo evidente cómo el derecho hacía ilegible a la Empresa Comunitaria de La Italia como una comunidad de campesinos e impulsaba, por el contrario, discusiones alrededor de la adopción de nuevas identidades ciudadanas, como adoptar la condición de víctima como sujeto colectivo o como comunidad negra, invocando sus ancestros. El caso de la Empresa Comunitaria de La Italia arroja cuestionamientos interesantes a lo transicional, en particular, la tensión que se genera al introducir la categoría campesino a la definición de sujeto de reparación colectiva que establece la Ley de Víctimas. La imposibilidad de ver al campesino como sujeto colectivo (Ministerio de Agricultura, Incoder y Misión Rural 2013, 5) se trasladó al campo de la justicia transicional reproduciendo y generando nuevos contextos en los que lo campesino parece ser ininteligible para la ley. De hecho, el trabajo de María Clemencia Ramírez (2001, 314) con campesinos en el Putumayo, desde otro momento histórico, eleva una reflexión similar sobre la búsqueda del “derecho a tener derechos”. 2

Los nombres de las personas y los lugares han sido modificados por cuestiones de seguridad, ya que en la zona donde tiene lugar esta investigación persisten las amenazas a la comunidad.

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La pregunta que surge entonces es: ¿Qué lleva a los miembros de la Empresa Comunitaria de La Italia a negociar nuevas identidades ciudadanas antes de lograr su reconocimiento como grupo campesino? A continuación me aproximo al problema a través de tres ejes. Primero desarrollo el problema que busca resolver este artículo sobre cómo la justicia transicional reproduce las mismas diferencias que en su momento generó el multiculturalismo, al ubicar lo campesino en un lugar donde no es legible para los programas y políticas estatales. Posteriormente, desarrollo el concepto espacios de la ley como instrumento metodológico que permite observar la ley en la vida cotidiana, en particular, el derecho como parte de un proceso social de negociación de identidades ciudadanas. Luego concluyo con el problema de la ilegibilidad del campesino. Utilizando el concepto de James Scott (1998) de legibilidad, hago evidente la incapacidad que tiene la ley para leer al campesino cuando se piensa como grupo colectivo o como comunidad, con el fin de mostrar cómo la justicia transicional reproduce las mismas diferencias que ha marcado la introducción del multiculturalismo, pero esta vez desde la categoría víctima.

La Empresa Comunitaria de La Italia: campesinos en busca de nuevas identidades Si la violencia en Colombia se ha dado en el campo principalmente, ¿por qué existen tantas dificultades desde lo legal que permitan ver al campesino como grupo colectivo, y, en este sentido, hacer parte integral de los mecanismos de reparación colectiva a víctimas? En esta tensión se encuentran los miembros de la Empresa Comunitaria de La Italia, a quienes les fue adjudicado en 1997 un territorio común y proindiviso en la región norte del Caribe colombiano. Se conoce como empresa comunitaria3 la figura legal bajo la que se enmarca esta adjudicación a campesinos, la cual se encuadra en una lógica específica de producción y explotación económica, lejos de consideraciones sobre arreglos comunitarios de estas asociaciones, y sin relación alguna con la idea de territorio colectivo, que es una herramienta del multiculturalismo. De ahí que la propiedad colectiva no sea el vehículo para reconocer

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Las empresas comunitarias se introdujeron en el ordenamiento jurídico colombiano en 1961 a través de la ley de reforma agraria (Ley 135 de 1961). Consiste en “la forma asociativa por la cual un número plural de personas que reúnan las condiciones para ser beneficiarias de los programas de reforma agraria estipulan aportar su trabajo, industria, servicios y otros bienes en común, con el fin de desarrollar todas o algunas de las siguientes actividades: la explotación económica de uno o varios predios rurales, la transformación, comercialización o mercadeo de productos agropecuarios y la prestación de servicios sin perjuicio de poder dedicarse a otras actividades conexas y necesarias para el cumplimiento de sus fines, en orden a repartirse entre sí las ganancias o pérdidas que resultaren en forma proporcional a sus aportes” (artículo 121).

la existencia de una comunidad,4 como se da en el caso de los grupos étnicos, sino simplemente una manera de afianzar la cooperatividad en el campo productivo. Alrededor del año 2000, un bloque paramilitar tomó el territorio colectivo como centro de operaciones y desplazó a la comunidad que allí habitaba. Fue después de muchos años, casi diez, que los miembros de esta comunidad fueron regresando poco a poco, y uno a uno fueron llegando a trabajar la tierra, a recuperar lo propio, no sin que esto haya significado unas cuantas vidas y algunas amenazas aún hoy. Por los hechos de desplazamiento, algunos de los miembros de la Empresa Comunitaria de La Italia ya han sido reparados de manera individual y reconocidos como víctimas. Sin embargo, se encuentran negociando su identidad ciudadana con el fin de constituirse como sujeto colectivo5 de reparación ante el Estado, o acudir a su afroascendencia si lo primero no funciona, en vista de que tanto las víctimas como las comunidades étnicas tienen mayores oportunidades de interlocución con el Estado, además de acceso a derechos diferenciales. En este caso, la identidad como campesino no solamente es insuficiente sino también inadecuada para lograr hacerse visibles ante el Estado. Tanto la categoría víctima como la de comunidad negra tienen garantías especiales dentro del marco legal y político —Constitución Política, Ley de Víctimas, Ley 706—, espacios que no tienen los

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La definición de comunidad que se adopta en este texto es tomada de Carlos Duarte (2015, 32), quien a su vez cita a Christian Gros, quien define que “los movimientos comunitarios de base se edifican dentro de un territorio particular en el que los individuos mantienen una interacción y una comunicación cotidianas que les permiten establecer fuertes lazos de compromiso grupal y de afinidad sentimental entre ellos”.

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Aunque los conceptos colectivo y comunidad no son sinónimos, y no lo son en particular para la ley, para la comprensión general del artículo se tratarán de manera equivalente, y en los espacios de lo legal se aclararán las condiciones que establece la ley para identificarse como colectivo.

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La protección a la diversidad étnica y cultural adquirió rango constitucional con la promulgación de la Constitución Política de Colombia de 1991 (artículos 7 y 9). Este reconocimiento no sólo protege la autodeterminación de los pueblos, sino que les otorga garantías particulares, tales como la jurisdicción especial indígena y la propiedad colectiva, entre los aspectos por resaltar. Aunque las comunidades negras en principio no se incluyeron en el texto constitucional, fue vía el artículo constitucional transitorio 55 y, posteriormente, la Ley 70 de 1993 que a las comunidades étnicas les fue otorgado el mismo nivel de protección constitucional que a las comunidades indígenas. El desarrollo y aplicación de mecanismos para la protección y el ejercicio de los derechos de las comunidades étnicas en Colombia se han dado en el seno de la Corte Constitucional, al introducir, por ejemplo, a las comunidades negras y los grupos indígenas como sujetos de especial protección constitucional (Auto 004 y Auto 005 de 2009). Por su parte, la categoría víctima se incluye someramente en el artículo constitucional transitorio 230, pero adquiere fuerza y desarrollo a partir de las leyes de justicia transicional, de manera específica, la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1148 de 2011),

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campesinos, haciéndolos ilegibles en muchas ocasiones para las políticas y los programas estatales que se dirigen de manera especial a estos grupos poblacionales. Esa incapacidad de leer lo campesino en los distintos mecanismos de gobierno ha hecho que la identidad como campesino sea inútil, y que, por lo tanto, busquen negociar nuevas identidades ciudadanas. Si bien no es un caso generalizable, por cuanto existen ejemplos de reparaciones colectivas de grupos de campesinos en todas las regiones del país, y de organizaciones políticas campesinas, el caso de la Empresa Comunitaria de La Italia, al ubicarse en las márgenes del Estado,7 desata unas tensiones interesantes. En las reparaciones a las comunidades de El Salado (Bolívar) o San Carlos (Antioquia), sólo por mencionar algunos ejemplos, no se debate la identidad campesina. En estos casos, la definición de comunidad no entra en cuestión, como sí sucede con la Empresa Comunitaria de La Italia. Tal como lo señala Gerald Creed (2006), “El uso extensivo y sin un significado compartido vació la palabra [comunidad], y la puso a disposición de cualquier solicitante extendiendo su uso, y añadiendo significados diversos. Comunidad se convirtió en el término por omisión siempre que la palabra grupo parecía inadecuada” (Creed 2006, 5). Poco importa la naturaleza de las relaciones sociales que se construyen dentro de la comunidad mientras el grupo sea identificable. Así, la idea de comunidad termina atada a un instrumento moderno de gobernanza (Creed 2004, 57, y 2006, 6). La Ley de Víctimas dispone de criterios muy amplios para definir a los sujetos de reparación colectiva; a pesar de esto, la Empresa Comunitaria de La Italia no pasaría el examen. El artículo 152 de la ley señala dos criterios: “1) Grupos y organizaciones sociales y políticos; 2) Comunidades determinadas a partir de un reconocimiento jurídico, político o social que se haga del colectivo, o en razón de la cultura, la zona o el territorio en el que habitan, o un propósito común” (Ley 1448 de 2011, arts. 151-152). De esta manera, lo colectivo exige como requisito mínimo que exista un grupo identificable y cohesionado. De los 55 beneficiarios iniciales de las adjudicaciones de la tierra, tan sólo 12 han retornado, 8 trabajan la tierra pero viven en las cabeceras

municipales, y del resto no se sabe prácticamente nada. Y aunque ellos actualmente trabajan parte del territorio, hay sectores de la empresa comunitaria que siguen abandonados desde el momento del desplazamiento. El desplazamiento significó sin duda una ruptura de esa Empresa Comunitaria, que llevaba muy poco de tiempo consolidada cuando esto sucedió. En el momento actual hay una necesidad de volver a construir esos lazos, y la ley constituye, de hecho, el mecanismo para lograrlo.

Los espacios de la ley y la construcción de ciudadanía El reconocimiento del derecho de las víctimas, tal como lo señala Didier Fassin (2009, 108), se da en Europa a partir de mediados de los años ochenta, cuando se revierte la manera de entender a la víctima desde la caridad y se empieza a pensar en clave de justicia social. Así, señala el autor, “la historia personal de la víctima se convierte en una causa política” (Fassin 2009, 95), y explica que se canaliza a través de la categoría psicológica trauma, que no sólo confiere la posibilidad de una compensación, sino que introduce un cambio radical en el sentido social de la violencia al convertirla en un evento insoportable de llevar. Esta transformación política de la categoría víctima la analiza también Adriana Petryna (2013) en el contexto de Chernóbil, a través de la noción de ciudadanía. La autora incorpora el concepto ciudadanía biológica para resaltar el acento que se debe realizar en el aspecto médico y científico para acceder a derechos ciudadanos. Explica la autora: Los ciudadanos han llegado a depender de las tecnologías disponibles, el conocimiento de los síntomas, y los procedimientos legales para obtener el reconocimiento político y el acceso a alguna forma de inclusión en las políticas de bienestar. Conscientes de tener menores posibilidades de trabajo y la salud en la nueva economía de mercado, hicieron un inventario de esos elementos en sus vidas (medidas, números, síntomas) que podrían conectarse a una historia del Estado, de la ciencia y la burocracia, marcada por el error, los malos manejos y el riesgo. Cuanto más fuertes las conexiones, mayor la posibilidad de asegurar derechos sociales y económicos, al menos en el corto plazo. Tomar la “enfermedad-como-contra-política” sugiere que los pacientes son conscientes de la forma en que “la política da forma a lo que saben y no saben” (Proctor 1995, 7) sobre sus enfermedades, y que están dispuestos a explotar estas políticas para limitar aún más los irrupciones a su bienestar que ven como el resultado de un sistema de salud estatal colapsado y la pérdida de protecciones legales adecuadas. (Petryna 2013, 16)8

además de los desarrollos concretos que ha realizado la Corte Constitucional en relación con las víctimas del conflicto armado y la protección de derechos humanos (Corte Constitucional de Colombia, Sentencias T-1001 de octubre de 2008, C-1199 de 4 de diciembre de 2008, C-781 de octubre de 2012). 7

La definición de margen se adopta de Das y Poole (2008, 24), que surge de la idea de “el margen como periferia en donde están contenidas aquellas personas que se consideran insuficientemente socializadas en los marcos de la ley”. En este sentido, el término margen hace referencia a esos lugares alejados de la soberanía del Estado donde se observa la incapacidad de llevar sus políticas y programas. No se trata de una frontera geográfica, sino de entender cómo las personas definen el Estado, y cómo estas prácticas, a su vez, construyen lo que es el Estado en el centro.

Al igual que la ciudadanía biológica, se recurre a nuevas identidades ciudadanas para asegurar algo de

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Todas las traducciones del inglés al español en el texto son propias.

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los derechos sociales, económicos y culturales que se han reservado en Colombia para los grupos de especial protección, entre ellos las minorías étnicas y, más recientemente, las víctimas. En la sociedad contemporánea, las políticas de identidad se han convertido en el mecanismo para que movimientos sociales puedan ser reconocidos por el aparato normativo. Se trata del reconocimiento cultural de su identidad colectiva (Fraser y Honneth 2003, 238). En este espacio se ubica la comunidad de la Empresa Comunitaria de La Italia, en la tensión particular entre distribución y reconocimiento.9 La ciudadanía emerge como un vehículo para la participación política y como un referente de pertenencia a esa comunidad política.10 Visto de esta manera, Isin y Turner (2007) plantean que en la vida diaria emergen características de la ciudadanía a través de pequeños “actos de ciudadanía”, que construyen espacios ciudadanos (Isin y Turner 2007, 16). De esta manera, la discusión alrededor de las reparaciones colectivas y cómo acceder a ellas se convierte en esos gestos ciudadanos en los que se traba la relación con el Estado. Sin embargo, antes de las reparaciones está la negociación de nuevas identidades ciudadanas que no se ubican en el campo de lo social ni en el político, sino en el campo de lo legal, en particular, las posibilidades que establece la ley para estas reconfiguraciones del concepto ciudadanía. Alejandro Castillejo (2014a) localiza los encuentros entre los individuos y el derecho en algo que él denomina espacios de la ley.11 Se trata de “aquellos encuentros

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Las demandas por justicia social se han ubicado en dos escenarios distintos: por un lado, una demanda por una distribución más justa de los recursos y la riqueza, incluidos aquellos que tienen que ver con acceso a derechos; y por el otro, las políticas del reconocimiento, que se traduce en el reconocimiento por parte de la mayoría de la diferencia y las minorías (Fraser y Honneth 2003, 7).

10 La discusión académica sobre ciudadanía ha trabajado la relación del individuo con el Estado, abordando preguntas sobre la pertenencia a una comunidad política, la construcción de identidades y el acceso a derechos. La ciudadanía se ha entendido tradicionalmente como ese nexo primario entre el individuo y el Estado, el cual garantiza una serie de derechos que se reconocen generalmente por nacimiento en el territorio. Sin embargo, las políticas de identidad han empujado los límites de la ciudadanía al abogar por derechos ciudadanos particulares para grupos LGBTI, migrantes, mujeres, personas con discapacidad, y lo relacionado con multiculturalismo, los cuales han estado determinados por cuestiones de inclusión y exclusión y de identidad política (Benhabib 2004; Bosniak 2006; Kymlicka 1996; Nussbaum 2001; Okin 1999). Incluso, desde el derecho se ha resaltado su poder en la construcción y la transformación de identidades individuales (Scheingold 2004; Engel y Munger 2003). 11 El concepto espacios de la ley bien podría adoptarse de la geografía legal, la cual estudia los impactos que el lugar físico y el contexto social tienen sobre el derecho. Se trata de las dimensiones sociales del espacio y el papel que cumple el derecho en esta construcción espacial (Blomley y Bakan 1992;

cara a cara gestados en el marco de la aplicación de leyes transicionales, y en los que se incluyen las estructuras espacio-temporales de procedimientos concretos, sus procesos ‘rituales’, las prácticas conversacionales, y en su conjunto, las escenificaciones y ‘performatividades’ del poder en el contexto de investigación de crímenes de guerra” (Castillejo 2014a, 217). Castillejo hace referencia a dos de sus textos, uno donde explora el espacio judicial en el contexto de las versiones libres en el proceso de Justicia y Paz (Castillejo 2013), y otro donde desarrolla su idea sobre los escenarios transicionales (Castillejo 2014b). En ambos textos resaltan el papel de la ley y, en particular, la incapacidad del lenguaje legal de hacer legible el dolor, en el primer texto, y las injusticias históricas de carácter estructural que también terminan ocultándose tras el velo de lo legal, en el segundo. Sin embargo, aunque el encuentro con la ley en la Empresa Comunitaria de La Italia estaba lejos de ser un espacio estructurado de performatividad de la ley, el concepto de Castillejo de espacios de la ley es útil, en la medida que ubica el lente de investigación en los encuentros cara a cara con la ley. No solamente le otorga al derecho un espacio dentro de la vida cotidiana,12 sino que además sirve como herraButler 2009; Braverman et al. 2014; Von Benda-Beckmann, von Benda-Beckmann y Griffiths 2009). Aunque guardan ciertas similitudes, principalmente en el análisis de las relaciones de poder, no se aproximan al estudio del derecho de la misma manera. El concepto de Castillejo (2014b) es efímero en el espacio. Lo que los diferencia es la acción humana que define el espacio social, una noción que se alimenta de la fenomenología, y no de la geografía. Desde la geografía del derecho se pueden plantear cuestionamientos muy interesantes que, si bien no son materia de este texto, pueden servir en el análisis de la situación campesina en general. Al preguntarse desde esta disciplina cómo el espacio determina los alcances del derecho se pueden abordar preguntas sobre el papel del espacio en la construcción de identidades. Por ejemplo, ¿el hecho de ocupar lugares periféricos conduce a que comunidades como la de la Empresa Comunitaria de La Italia sean imperceptibles ante la institucionalidad? Lo que, en últimas, nos dirige a la pregunta general, ¿de qué manera el espacio tiene un impacto en las posibilidades que establece el derecho en la construcción de identidades campesinas? 12 Utilizo la definición vida cotidiana de Castillejo (2016), quien se distancia de la conceptualización más general, en la que se entiende lo cotidiano como aquello que se vuelve rutinario, normal o evidente. Esta definición es importante, en la medida que establece los términos en los que se da el encuentro cara a cara. Así, explica el autor, “Vida cotidiana tiene que ver, más bien, con el universo de encuentros estructurados cara-a-cara que se gestan entre las personas en muy diversos contextos sociales. Estos encuentros no son aleatorios ni se dan por azar (aunque obviamente tienen un alto grado de fluidez), sino que, por el contrario, obedecen a reglas de diverso tipo que ‘comunidades de sentido’ especificas reproducen y negocian en común. Hay en esta vida cotidiana un orden que aunque de menor escala se relaciona con estructuras sociales más amplias. Son encuentros estructurados, es decir, que obedecen a patrones de interacción social con repertorios limitados y que definen itinerarios personales y colectivos. Es ahí, en esa cotidianidad, en ese ámbito de lo inmediato, donde se producen y se reproducen, en parte, las maneras como los

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mienta metodológica para observar las relaciones que se generan a partir del derecho. Esta aproximación se diferencia de otras propuestas para entender el derecho en la cotidianeidad. La obra clásica de Susan Silbey y Patricia Ewick (1998) The Common Place of Law hace énfasis en demostrar lo permeado que está el mundo social por el derecho, hasta el punto que en ocasiones no se puede diferenciar del resto de las actividades cotidianas. La obra editada por Austin Sarat y Thomas Kearns (1995) desarrolla una idea similar al demostrar a través de diferentes ejemplos etnográficos que el derecho es constitutivo del campo social, y que no es posible diferenciarlo en el espacio de la vida cotidiana. La propuesta de Castillejo (2014b) es distinta pues lo que se resalta no es la normalización e imperceptibilidad de derechos en los arreglos cotidianos, sino, por el contrario, la exaltación de esos momentos de encuentro. ¿Cómo aparece la ley en el contexto de este encuentro? La ley no aparece clara sino fragmentada en diversos argumentos e intervenciones. No se puede resumir en frases. Se va construyendo en distintos momentos, como por ejemplo, cuando Ancízar (2016), uno de los líderes comunitarios de La Italia, señalaba: “Estamos animados con un proceso en La Habana. Que se reconozca que somos víctimas”. Se dirigía de forma especial a los funcionarios y hacía referencia a las dificultades a la hora de identificarse como sujeto colectivo; lejos estaba esto de ser un problema de La Habana, pero sí era un problema de una Ley de Víctimas que no los reconocía. Son una comunidad pero no saben serlo ante la ley. En una ocasión pidieron a uno de los funcionarios de la Unidad de Víctimas que les indicara la posibilidad de constituirse como sujeto colectivo de reparación. El funcionario habló largo rato. Le dio vueltas al tema. Realizó una presentación extensa y aburrida de la ley, tanto, que a mitad de la narración yo ya no sabía de qué estábamos hablando. Dio muchas vueltas y no concluyó nada. No concluyó porque sencillamente no sabía cómo decirles que no eran ni lo suficientemente negros, ni suficientemente víctimas, ni un colectivo manifiestamente definido, y que por ninguno de los dos había forma de aproximarlos. De esa conversación quedó claro que esa indefinición de lo campesino los hacía también borrosos, o peor aún, ilegibles. Porque aunque la ley los puede ver y los ha aproximado como víctimas individuales, cuando seres humanos dan sentido al mundo que les rodea, al igual que le dan sentido y significado al pasado y al futuro. ‘El mundo de la vida cotidiana no es, en modo alguno, mi mundo privado; sino desde el comienzo, un mundo compartido con mis semejantes, experimentado e interpretado con otros; en síntesis, un mundo común a todos nosotros’ (Schutz y Luckmann 2003; Schutz 1993, citados en Castillejo, 2016). De ahí la enorme importancia que reviste su análisis y la necesidad de una escala sensible a dicha cotidianidad” (Castillejo 2016, 21).

se trata de una comunidad, esta identidad se diluye en el lenguaje legal, al punto que, por más intentos que hacía, el funcionario, no los podía interpretar. La posibilidad de aparecer como colectivo ante el Estado está dada por el derecho, pero es a la vez este mismo derecho el que limita su posibilidad de ser un colectivo. Su condición de campesinos periféricos, es decir, que no concentran la atención ni el interés político ni institucional como sí lo han logrado otros, los deja por fuera tanto de la ley de víctimas (en cuanto a lo colectivo) como del acceso a los derechos particulares de los grupos étnicos en Colombia. Y quedan por fuera de lo colectivo, posiblemente, no por un tema de técnica jurídica, pues es difícil sostener que no hubo una violación grave a los derechos individuales de una organización social (Ley de Víctimas, art. 152); el problema está en quién define lo colectivo: ¿Quiénes toman las decisiones? ¿Cuáles voces quedan silenciadas? Porque nadie duda de la colectividad de un grupo étnico, así se trate de algunos pocos miembros, pero las rupturas dentro de agrupaciones de campesinos hacen más evidente la individualización que la cohesión del grupo. Las identidades de grupo son políticamente relevantes, señala Bickford, porque se presentan como un espacio de creación colectiva. En este sentido, las alianzas permiten que se disputen nociones de similitud y diferencia, y, por tanto, la posibilidad de reconfigurar o reclamar identidades ya establecidas. La autora en particular entabla una discusión con los críticos de las políticas de identidad para mostrar su carácter creativo, no solamente en términos sociales, en la construcción de comunidad, sino en su potencial político, construyendo y reconstruyendo nociones de identidad. Por tanto, al entender la ciudadanía de manera flexible reconoce que se trata de una construcción y reconstrucción permanentes de identidades, y, en este sentido, la identidad escapa al espacio de lo interno para convertirse en ese “existir ante otros” (Bickford 1997, 122). En este sentido, tal como lo señalan Petryna (2013) y Fassin (2009), lo clave de entender en estas nuevas identidades ciudadanas es que se convierten en un vehículo para acceder a derechos y justicia social. Utilizando el espacio de la ley como instrumento para estudiar las relaciones cara a cara que se gestan con el derecho, ¿cómo se negocia el vínculo entre el Estado y el sujeto? Bickford (1997, 124) analiza las construcción de identidades de grupo más allá de su carácter estratégico (constituirse como colectivo únicamente para obtener recursos), dado que a la dimensión política de identidad grupal se suma una dimensión social, aquella de tener la posibilidad de transformar entre todos las condiciones de vida, o la de simplemente pensar en un nosotros y un futuro juntos. De hecho, el objetivo es hacer visibles esos pequeños encuentros con lo legal, y, a partir de esos encuentros, cómo

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se construyen realidades y relaciones con la institucionalidad y con las otras personas de la comunidad. Como ya se dijo, se trata de una propuesta metodológica que ubica la observación a una escala particular, en “el ámbito de producción de interrelaciones cara a cara” (Castillejo 2016, 16). El espacio, en este caso, hace referencia al camino que se abre una ley en la sociedad. Eso es precisamente lo que se observa en el espacio de la ley. En el caso de la Empresa Comunitaria de La Italia, la construcción de comunidad se ha dado de forma paralela al proceso legal de negociación de nuevas identidades, pero precisamente, en esta búsqueda de ser un grupo es que los ha atravesado el derecho. “‘Nosotros antes no lo hacíamos bien. Sólo ordeñábamos las vacas pero no nos interesaba hacer más. Ahora estamos organizados, pensando qué tenemos que sembrar’, explica José mientras me enseña los palos de mango que recibió de un paquete de ayuda a desplazados. Esta ayuda individual se ha convertido en un proyecto grupal. Quizás no todos participan, porque hay muchos lazos rotos y mucha desconfianza, pero como señalaba Iván, ‘A pesar de todo lo perdido, este es un momento para empezar de nuevo y pensarnos mejor. Sin duda ese momento nos cambió la vida, pero tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien esta vez’”. (Iván 2016)

Iván (2016) llegó a reemplazar a un líder asesinado en 2010. Este hombre joven, de piel morena, junto con su esposa, dejaron lo que tenían en Venezuela y regresaron para apoyar el retorno a la tierra comunitaria. Entre caminatas, más que del pasado, hablaba sobre cómo imaginaba el futuro. “‘La plaga me quitó mi vida. Sólo pude tener un hijo y lo tuve que abandonar cuando tenía cuatro años. Con mi esposa nos fuimos para Venezuela, y cuando volvimos mi hijo ya estaba grande. Pero él me regaló tres nietos’, comentaba Iván mientras atravesábamos la finca camino a la casa del líder asesinado en 2010. Entre conversaciones sobre ganado, lechería, cultivos, fuimos construyendo muy de a poco esos últimos días antes de la salida definitiva del territorio. Hablaba optimista sobre lo que había aprendido en estos últimos años, los planes de siembra que tiene y su interés por que la finca haga parte de las cadenas de comercialización de carne, pero a nivel mundial. Todo ese entusiasmo se contrastaba con el hecho de que aún sentía temor de llegar de noche a su casa. O que luego de cierta hora no se veía a nadie caminar por el territorio comunitario”. (Iván 2016)

Esto es lo que significa volver: construir nuevamente. Pero la ley está lejos de entender las dificultades de pensarse como grupo. De hecho, una ley de reparaciones colectivas debería, primero que todo, replantear la noción de grupo y preguntarse qué se repara.

“Caminábamos bajo un sol muy intenso. Mientras recorríamos parte de las 550 hectáreas, una mujer se acerca a hablar conmigo. Habla en voz baja. Me pregunta si es posible lo de la reparación colectiva. La verdad, poco dije porque no sabía del tema, así que le devolví la pregunta. Estaba inquieta por saber si iban a lograr constituirse como grupo. Eso me quedó sonando todo el día. ¿Acaso no eran un grupo?”. (Diario de campo 2016)

Esto es precisamente lo que durante el texto he denominado encuentros cara a cara con el derecho en el espacio de la ley. Como sucede en el espacio de lo cotidiano, es muy sencillo que esos encuentros se pierdan entre otras anécdotas. La sensibilidad del antropólogo consiste en escuchar con atención todo lo que suceda, no sólo eso sobre lo que gire el derecho, sino prestar mucha atención al contexto en general. Ahí es donde se ven los detalles de lo que significa ser reconocidos como comunidad. No es simplemente atraer la institución para que con sus programas de reaparición colectiva les construya una carretera que en épocas de lluvia no se la lleve el río, o que haya por fin una escuela y un centro de salud. Esas son demandas claras que se hacen a la institución amparados en lógicas particulares de protección de derechos económicos, sociales y culturales. Pero hay algo más en su identidad colectiva, y es construir desde la pérdida un nuevo futuro. El problema de construir relaciones en la pérdida es que nada de lo que había se encuentra al regresar. “Una noche, mientras se discutía sobre la minucia de la Ley de Víctimas con respecto a las reparaciones colectivas, una mujer se sentó a mi lado. Comenzó a hablar. Me dijo que le dolía mucho volver. Ella y su esposo habían vivido en la casa que nos alojaba a todos los participantes. Me señalaba dónde estaban los animales, cuál era su casa, dónde estaba la cocina en ese entonces; de a pocos fuimos recorriendo todos los espacios, y ella iba recordando de a pocos. Su antes esposo estaba con otra mujer, y ella debía soportarlo. Esperaba oír lo que podían decir de la ley, pero perdió el interés cuando vio que no se decía nada particular. Ella hace parte del grupo de gente que había comenzado con esa empresa comunitaria hace más o menos dieciséis años. Al finalizar la charla oí que uno de los asistentes preguntaba: ‘¿Qué espera de nosotros el Gobierno?’. Su pregunta era clara: ¿cómo logramos ser el grupo que ustedes quieren?”. (Diario de campo 2016)

El funcionario, en este caso, sirve de interlocutor. La discusión se da con la ley. Y las negociaciones de identidad se dan en ese espacio específico de la ley. El problema, en este caso concreto, es que el Gobierno no espera nada de la Empresa Comunitaria de La Italia porque sencillamente no la ve. Lo que pareciera principalmente una discusión alrededor de la creación de

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una nueva ciudadanía en la que lo que se reclama es el derecho a tener derechos (Ramírez 2001, 300) es en realidad la pregunta: ¿por qué es necesario negociar la identidad campesina para convertirse en un colectivo?

Reproducir las diferencias: la ilegibilidad del campesino como comunidad Desde el multiculturalismo se ha estudiado la articulación entre las políticas del Estado que reconocen la multiculturalidad y las realidades que se han construido a partir de esta. Los textos de la edición compilada por Margarita Chaves (2011) y el trabajo de Carlos Duarte (2015) ponen de presente las dificultades que presentan en el campo las políticas multiculturales de reconocimiento de la diferencia. Así también ya lo había dicho Christian Gros en su texto Políticas de la etnicidad, al preguntarse: “¿Cómo y por qué se construye o se reconstruye una identidad indígena y cuál puede ser el contenido de esta etnicidad bien presente en diferentes escenarios —sociales, culturales y políticos— de América Latina?” (2012, 7), cuestión que también aborda en su texto Colombia indígena (Gros 1991). Las mismas diferencias que alguna vez fueron un tema del multiculturalismo, en particular la creación de identidades ��tnicas y su relación con demandas ciudadanas, se reproducen, esta vez en el contexto de las leyes transicionales. Estas demandas ciudadanas desde la identidad étnica albergan una paradoja. Elizabeth Povinelli (2002, 170) la denomina las ambivalencias del multiculturalismo liberal, que consisten en el otorgamiento de derechos diferenciales pero, cuando aparecen las demandas por la tierra en Australia, el elemento cultural juega en su contra al convertirse en el argumento para señalar que, a falta de una verdadera identidad cultural, las demandas sólo sirven a una lógica económica. Si bien se podría hablar de una instrumentalización de las identidades ciudadanas como mecanismos para alcanzar ciertos fines, derechos, o distribución de servicios y recursos por parte del Estado, en este caso se trata de la incapacidad de leer al sujeto campesino como un colectivo, o, en otras palabras, su ilegibilidad. La instrumentalización surge precisamente de esta incapacidad legal de leer al campesino en grupo. El concepto legibilidad lo acuña James C. Scott (1998)13 para señalar que, 13 Aunque el concepto legibilidad se asocia en general con Jacques Derrida, específicamente en su elaboración sobre la idea de escribir, en este caso se utiliza el concepto de Scott (1998), que es más cercano a las relaciones de poder entre el Estado y los individuos. Sobre legibilidad, Derrida (2016) hace una pequeña alusión a esta relación. El autor señala: “Una crítica al Estado en general y a los Estados jóvenes que extienden su escritura con fines propagandísticos, para asegurar así la legibilidad y efectividad de sus actos, con el fin de protegerse de naciones cuyo conocimiento de la palabra escrita no ha podido aún empoderarlos para pensar en clave de una fórmula que no se pueda modificar a voluntad” (Derrida 2016, 144). En este sentido, la legibilidad

dada la necesidad de los Estados de mantener el control de sus ciudadanos, se establecieron mecanismos o tecnologías particulares que les permitieran una lectura de esos ciudadanos. Así, por ejemplo, “procesos tan dispares como la creación de apellidos permanentes, la estandarización de pesos y medidas, establecer censos catastrales y registros de población, la invención de formas de ocupación de los predios, la estandarización del lenguaje y el discurso legal, el diseño de ciudades y organizar el transporte se pueden entender como esfuerzos por la legibilidad y la simplificación” (Scott 1998, 2). Legibilidad, entonces, entendida como un instrumento de poder, o en términos de Scott, como una condición de manipulación (Scott 1998, 183). El caso de la Empresa Comunitaria de La Italia presenta un reto distinto a esta definición de legibilidad. Si bien se mantiene la función principal, que es la de poder leer a los ciudadanos desde los instrumentos legales, ¿qué pasa cuando un grupo social ocupa el espacio de lo ilegible? El término no es visibilidad, puesto que el Estado los ha reconocido e identificado de formas particulares —por ejemplo, como víctimas individuales—, pero, en el caso de las identidades colectivas, no hay formas de hacer esta lectura, y de ahí que se acuda a identidades colectivas distintas. Siguiendo el argumento de Scott, “la legibilidad […] amplifica la capacidad del Estado para discriminar entre sus intervenciones” (1998, 183). Este es un escenario en el que se establece una discriminación con ocasión de lo ilegible. Lo colectivo se desprende fácilmente de una organización política o de una comunidad étnica, pero al acercarse a la noción de los campesinos como grupo, la idea de lo colectivo se desvanece, y de ahí que la política pública dirigida a campesinos esté construida en clave de lo individual, y no de lo grupal (Ministerio de Agricultura, Incoder y Misión Rural 2013, 8). Pero no sólo cuando se antepone lo colectivo aparece difusa la definición de campesino. La dificultad para definir lo campesino14 no sólo es un problema de la institucionalidad y del derecho, sino que en la academia se han dado amplios debates sobre cómo acercarse a una definición particular (Palerm 2008; Salgado 2002; Tocancipá 2005). Carlos Salgado (2002, 5) aduce que la falta de una definición clara es lo que no ha permitido que las políticas dirigidas aparece como un elemento de la gramática, no ajeno al poder, en una idea que desarrolla de manera más específica Scott. 14 Jairo Tocancipá Falla (2005, 34), luego de hacer una genealogía del término campesino, de los múltiples significados y las tan diversas formas de apropiación desde la academia, concluye con un llamado al uso de la etnografía como mecanismo para estudiar la gran diversidad de lo que es lo campesino. Así, señala el autor: “No se trata de utilizar el esquema analítico de los esencialismos para comprender las sociedades rurales, sino de que mediante el entendimiento de tales grupos en el conjunto de sus relaciones sociales, políticas o económicas —y a riesgo de hacer una separación también artificiosa de estos dominios—, se observe cómo esos aspectos de identidad se manifiestan en espacios de tensión y negociación en distintos niveles y condiciones” (2005, 35).

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a lo rural reconozcan el sujeto social al que pretenden impactar. El panorama se complica cuando el sujeto colectivo campesino, de entrada, no existe para la institución, y, por tanto, la imposibilidad de acercarse a grupos de campesinos de esta manera. Salgado (2002) atribuye al uso de imaginarios y representaciones de lo campesino, la construcción de políticas completamente desconectadas e incapaces de abordar sus verdaderos problemas. Por lo que el autor propone unos campos de análisis para salir del ejercicio de diseñar políticas desde lo confuso: Cabría esperar que se dibujen como mínimo los rasgos básicos del campesinado: sus procesos de modernización, la tenaz permanencia como sostén del sistema agroalimentario nacional, el tipo de recursos que controlan, las zonas en donde están presentes, los vínculos labores en que se mueven, la diferenciación interna, el rol de los jóvenes y las mujeres, los actores con los que abren relaciones, las formas de acción política y los cambios sociales comunales, entre otros. De no dibujarse estos rasgos, las políticas, acciones y discursos no estarán más que haciendo ejercicios sobre lo confuso. (Salgado 2002, 8)

Aunque reconocer la diferencia ha sido un paso importante para la protección de los derechos y libertades de comunidades étnicas, y en la participación y visibilidad de las víctimas del conflicto armado, esta diferenciación ha generado unas rupturas importantes con otros grupos sociales que tienen características muy similares a las de los grupos étnicos.15 Estas rupturas no serían materia de discusión si no fuera porque han dejado a los grupos campesinos en un lugar donde es muy difícil la conversación con el Estado. Puede que existan estructuras nacionales que recogen buena parte del campesinado, sin embargo, una de las ventajas que ha traído el multiculturalismo a las comunidades étnicas es la posibilidad de acercarse al Estado como grupo independiente, y no como colectividad nacional. Dicho en otras palabras, algunos pueden entablar una comunicación directa, y otros deben acudir a sus representantes, si es que los tienen y los reconocen como tales, y enmarcar sus demandas particulares en demandas nacionales. No en vano, el proyecto de reforma constitucional del artículo 64 busca que se reconozca al campesinado como sujeto de especial protección constitucional —que ocupen el mismo lugar que hoy tienen los grupos étnicos, las personas con discapacidad, mujeres, niños, ancianos y LGBTI—, señalando que “es urgente impulsar

15 Al respecto, Margarita Chaves, a partir de un trabajo de campo realizado en la Amazonía colombiana, señala: “la propia identificación del colono como indígena, que implica la apropiación de esa misma identificación como momento esencial, nos mostraba no sólo la distensión de la relación entre estos dos actores, sino también la imbricación de sus identidades” (1998, 11).

instrumentos jurídicos que recojan reivindicaciones cruciales para un grupo social que ha sido desconocido por el ordenamiento jurídico y afectado por las políticas dominantes” (Cinep y CNA 2016, 11). En el proyecto se argumenta que la Constitución actualmente ni siquiera habla de campesinos, sino de trabajadores agrarios. Esta categoría limita el vínculo con la tierra a una mera cuestión productiva. Por tanto, la reforma busca que se reconozca al campesino como sujeto político, social y cultural (Cinep y CNA 2016, 13), más allá de un vínculo de producción de alimentos; en la línea de Salgado (2002, 8), se trata de identificar sus rasgos básicos. Nos encontramos entonces ante una de las fallas de la ciudadanía, utilizando el concepto de Petryna y Follis (2015). La idea de la falla, como si se tratara de una falla tectónica, es que la ciudadanía, al igual que las fisuras en la tierra, puede transformarse si se dan las fuerzas geológicas que llevan a un revolcón o cambio. Esta forma particular de entender la ciudadanía como una serie de fuerzas y discursos en acción —globales y locales—, nos lleva a cuestionarnos acerca de qué nuevos conceptos hacen parte de la definición misma de ciudadanía. Petryna (2013) señala en su análisis sobre la ciudadanía biológica que el dolor y el sufrimiento como experiencias se racionalizaron y se convirtieron, hasta cierto punto, en instrumentos sociales. “Esto no las hace menos auténticas, pero determinaciones y valores nuevos les fueron aplicados […] la construcción social de la población en riesgo de enfermedad también está determinada por lo que Paul Farmer ha identificado como patrones de ‘violencia estructural’” (Petryna 2013, 15). En el caso de la Empresa Comunitaria de La Italia es difícil ignorar que las demandas de crear nuevas identidades o nuevas formas de ciudadanía están relacionadas con violencias estructurales. Se trata de descuidos históricos, de comunidades deprimidas e ignoradas, que difícilmente tendrán más atención mediante la trasformación de su identidad en víctima colectiva o comunidad étnica, pero sin duda vale la pena intentarlo. Nociones como vulnerabilidad y pobreza se han incorporado a la definición de ciudadanía campesina (Salgado 2002, 8), o en el caso de la víctima, de dolor. Esto va a dirigir la política pública y las intervenciones del Estado en formas particulares. El trabajo de las ciencias sociales recae entonces en desempacar estos conceptos de ciudadanía e identificar los efectos que tienen nociones como dolor, pobreza o vulnerabilidad en la construcción de categorías y jerarquías de ciudadanos, y en particular, estas como mecanismos de legibilidad. “Durante una de las sesiones de discusión, el líder Zenú del resguardo de Membrillal hizo un recuento de los problemas que han enfrentado en la constitución del territorio colectivo en las inmediaciones de Cartagena. Se trata de un grupo de indígenas Zenúes que llegaron allí desplazados por la violencia y han dado pasos importantes en la

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DOSSIER constitución del resguardo. Además de contar con el apoyo del Distrito para la compra de los terrenos que ocupan actualmente, en 2013 se reconoció el Cabildo, y, por ende, su personalidad jurídica. Dos mujeres sentadas a mi lado conversaban mientras el líder hablaba. ‘Pero es que ellos son indígenas’, oí que decía una. La otra hizo un gesto de inconformismo y replicó: ‘Es que ellos donde digan que quieren la tierra la tienen, en cambio, si uno se va de desplazado a Cartagena, no le pasa igual’. Pensar en constituir un territorio colectivo a favor de una comunidad de desplazados campesinos no es posible ante la ley, esas garantías son exclusivas de los grupos étnicos”. (Diario de campo 2016)

En este caso, acepciones como dolor, pobreza, vulnerabilidad, integrados a la ciudadanía étnica, se convierten en instrumentos sociales, tal como lo señala Petryna (2013, 15). Dado el reconocimiento legal de las autoridades indígenas del Cabildo de Membrillal, se abre un espacio de interlocución con el Gobierno que implica la protección de derechos diferenciales. En este sentido, la Alcaldía de Cartagena señala que el reconocimiento concedido “les permite acceder a los beneficios que por ley se otorgan a estas poblaciones, incluyendo los estipulados en el Plan Integral de Atención a Víctimas del Conflicto Armado (PAT), por la condición de desplazamiento de algunos de sus miembros” (Alcaldía de Cartagena 2013). Protección y garantías que no se dirigen de la misma manera hacia la comunidad campesina. Tiene sentido entonces que las personas de la Empresa Comunitaria de La Italia emprendan, vía reconocimiento como víctimas o identidad étnica, acciones para hacerse legibles. Pero estas formas particulares de ciudadanía traen unas cargas, en términos de Adriana Petryna (2013, 2015). En este caso particular, las fuentes de legitimación serían el dolor y la etnicidad (¿o la racialización?): el dolor como experiencia traumática asociada a la violencia, que nos lleva nuevamente a una posición asimétrica en esta forma particular de ciudadanía; la etnicidad como el ejercicio consciente de hacerse negro, que a veces pierde sentido, pues no es tan claro cómo el ser campesino puede ser una experiencia tan distinta (Bocarejo 2011, 152; Ruiz 2011, 170).

Conclusión La diferencia de entender los derechos como posesiones frente a relaciones,16 como propone Young (2011), está 16 Iris Marion Young (2011) señala que “no conviene entender los derechos como posesiones. Los derechos son relaciones, no cosas; se trata de reglas institucionalmente definidas que especifican lo que la gente puede hacer en su relación con otros. Los derechos hacen referencia más a hacer que a tener, a las relaciones sociales que permiten o restringen la acción” (Young 2011, 25). En este campo aparece la negociación de identidades. No se trata de acceder únicamente a recursos,

precisamente en comprender que hay dimensiones en la idea de justicia que no atraviesan lo distributivo. Por ejemplo, a través de la reforma constitucional del artículo 64 se busca transformar el lenguaje legal, de manera que se puedan hacer legibles otras formas de vida campesina que no están definidas sólo por una relación con los medios de producción, y visibilizar otras dimensiones sociales distintas a la económica. La incapacidad de ver lo comunitario en lo que se podría denominar la vida campesina, lo que demuestra es que se conoce muy poco sobre las lógicas de las relaciones, el rol de los distintos actores, formas de producción, actividades políticas, entre otros. La Empresa Comunitaria de La Italia como sujeto de reparación colectiva es sólo un ejemplo de ello. ¿Comunidad para qué y comunidad para quién? Lo que se evidencia al darle respuesta a esta pregunta es que, en el marco de justicia transicional, se replican las mismas diferenciaciones entre grupos que mantienen una relación con la tierra, como lo ha hecho el multiculturalismo: “Lo cierto es que esta polarización hace más difícil la relación entre indígenas y campesinos y crea en ocasiones más tensiones, en vez de posibilidades de trabajo conjunto” (Bocarejo 2011, 156). Un proyecto de construcción de paz en el territorio, como se plantea en el mecanismo de reparación, puede tener efectos adversos de polarización y ruptura. La ilegibilidad del campesino como sujeto de reparación colectiva de lo que da cuenta es de que, al no poder hacerse una lectura de la Empresa Comunitaria de La Italia como comunidad, se acude a formas que la ley ya ha contemplado. De esta manera, se da en el espacio de la ley la negociación de nuevas identidades ciudadanas que no sólo sirvan como vehículo para el acceso a derechos, sino que permitan entablar una discusión con el Estado. Este espacio de interlocución bien lo han sabido establecer grupos de víctimas y comunidades étnicas. En ese caminar por el territorio de la Empresa Comunitaria de La Italia se iban haciendo visibles las historias, los sueños, el dolor, la esperanza. Y en esto tan íntimo que es pensarse la vida para adelante y para atrás estaba el derecho: el derecho atravesando la vida cotidiana, algo efímero, pero a la vez presente y definitivo en la vida de las personas, haciendo inteligible de alguna manera su presencia en el mundo. Y ellos, por el otro lado, buscando los lenguajes de la ley y, por qué no, incorporando también sus discusiones cotidianas, con la finalidad de hacerse reconocibles ante el Estado. Pero no se trata únicamente del Estado, se trata de ellos mismos, de la posibilidad de pensar un nosotros.

aunque algunos derechos signifiquen beneficios materiales particulares, sino que hay que entenderlo como una posibilidad de trabar relaciones.

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Memórias revisitadas: sobre os testemunhos das vítimas retroativas de bullying no contexto brasileiro* Juliane Bazzo** Data de recebimento: 16 de abril de 2016 · Data de aceitação: 21 de setembro de 2016 · Data de modificação: 03 de outubro de 2016 DOI: https://dx.doi.org/10.7440/res59.2017.05

R E S U M O | Este artigo explora a centralidade dos testemunhos de vítimas no empreendimento moral do bullying como gênero de violência difusa no contexto brasileiro, a partir de um grupo específico de depoimentos: aqueles nos quais adultos reordenam o relato de memórias de agressão infanto-juvenil por meio desse conceito. Procura-se demonstrar o quanto tais testemunhos são emoldurados por saberes das psicociências, mas não de uma forma direta e, sim, mediada pela mídia que, atualmente, pulveriza depoimentos desse tipo. A adesão massiva a tal construto tem determinado uma série de repercussões ético-políticas, que o artigo busca discutir. PA L AV R A S - C H AV E | Bullying, vítimas, testemunhos (Thesaurus); empreendimento moral (Autor).

Memorias revisitadas: sobre los testimonios de las víctimas retroactivas de bullying en el contexto brasileño R E S U M E N | Este artículo explora la centralidad de los testimonios de las víctimas en la empresa moral del bullying, como un género de violencia difusa en el contexto brasileño, a partir de un grupo específico de historias: aquellas en que los adultos reordenan el informe de los recuerdos juveniles de agresión por medio de este concepto. El estudio demuestra cómo en tales testimonios se enmarca el conocimiento de psicociencias, pero no de una manera directa, sino que está mediada por los medios de comunicación que actualmente pulverizan declaraciones de este tipo. La adhesión masiva a esta construcción ha tenido una serie de repercusiones éticas y políticas, que el artículo discute. PA L A B R A S C L AV E | Bullying, víctimas, testimonios (Thesaurus); empresa moral (Autor).

Memories Revisited: On the Retroactive Testimonies of Victims of Bullying in the Brazilian Context A B S T R AC T | This article explores the centrality of victims’ testimonies in the moral enterprise or phenomenon of bullying as a form of diffuse violence in the Brazilian context, based on a specific group of histories: those in which adults reorder their reporting of juvenile memories of aggression through this concept. The study demonstrates how a knowledge of psycho-sciences is framed within such testimonies, not directly, but mediated by the mass communications media that currently pulverize declarations of this type. Massive adherence to this construct has produced a series of ethical and political repercussions that are discussed in the article. K E Y W O R D S | Bullying, moral development (Thesaurus); victims, testimonials (Author).

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Este artigo resulta de pesquisa de doutorado em andamento, sob auxílio de bolsa de estudos ofertada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) - Brasil.

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Doutoranda em Antropologia Social na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Brasil. Entre suas últimas publicações encontram-se: “Uma identidade municipal desafiada: análise do conflito em torno do comércio realizado por indígenas em uma cidade da Serra Gaúcha”. Espaço Ameríndio 9 (1): 54-85, 2015 e “Bolsas de valores enquanto espaços etnográficos: três olhares”. Ilha - Revista de Antropologia 17 (1): 83-115, 2015. * bazzojuliane@gmail.com


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Introdução Este artigo insere-se na discussão delineada por antropólogos como Sarti (2011), que têm buscado pensar acerca do “alargamento do espaço social ocupado pela vítima” na contemporaneidade.1 Segundo a autora, se por um lado a delimitação desse espaço traz consigo as “melhores intenções”, em conexão com a conquista de direitos civis, de outro não se pode prescindir do fato de que, como “categoria histórica”, a percepção de vítima surge também permeada por relações intersubjetivas e de poder tecidas na sociedade ocidental. Nesse âmbito, uma compreensão antropológica da “gramática moral” que alicerça o status vítima na atualidade vem demandando, no ofício etnográfico, um distanciamento crítico, tendo em vista existir hoje um posicionamento social fortemente enraizado de compaixão e solidariedade imediatas diante dessa figura (Sarti 2011). A esse esforço tenho me lançado na análise que venho desenvolvendo acerca da empresa moral do bullying no contexto urbano brasileiro contemporâneo, temática de minha tese de doutorado em andamento. Nesse contexto, a pesquisa de campo tem revelado que o bullying vem sendo apreendido como um fenômeno social de violência por intermédio de uma vultosa dispersão de testemunhos de vitimizados, isso nas mais diversas instâncias sob investigação, tais como a escola, a academia, os órgãos públicos e a mídia. Tais testemunhos, a despeito de adquirirem feições variadas, guardam certos padrões, que permitem sistematização e exame sob um olhar antropológico. No presente artigo, pretendo explorar uma classe específica desses depoimentos, extensamente recorrentes em minhas investidas de campo: narrativas de violência infanto-juvenil verbalizadas por indivíduos adultos que as recontam lançando mão do conceito de bullying. A proposta é problematizar, alicerçada no trabalho teórico-etnográfico, a estrutura discursiva desses relatos, as inspirações que mobilizam sua construção, os valores que corporificam, bem como as repercussões sociais que geram. Ao tecer uma crítica aos excessos das políticas de “tolerância zero” que vêm sendo criadas nos Estados Unidos para combate do bullying, Porter (2013) identifica nesse país a existência desse tipo de relato, que classifica como de “vitimização retroativa”.2 De acordo com ela,

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Uma versão preliminar deste texto foi discutida no grupo de trabalho intitulado “Antropología, Compromiso Militante y Participación Política. El activismo de las víctimas”, realizado durante a XI Reunión de Antropología del Mercosur, em 2015. Agradeço às contribuições dos debatedores e dos participantes que permitiram concretizar o presente artigo. Na revisão de literatura nacional e internacional efetuada até o momento, Porter é uma das poucas autoras a assumir

há um “turning point” no contexto norte-americano para a pulverização desse gênero de narrativa: o ataque armado de dois estudantes à Columbine High School (Colorado) em 1999, ocorrido, segundo o entendimento mediatizado, por sucessivas situações de humilhação e exclusão sofridas na escola3. Esse acontecimento, que pode ser situado como um “evento crítico” (Das 1995), teve um homólogo no cenário brasileiro: o chamado “Massacre de Realengo”, ocorrido em 2011, na Escola Municipal Tasso da Silveira, situada no citado bairro da cidade do Rio de Janeiro (RJ). Nessa ocasião, um ex-aluno, sob a justificativa de dar uma palestra, adentrou a instituição e matou a tiros mais de uma dezena estudantes, motivado, conforme a opinião pública, pelo bullying sofrido em trajetória escolar (“Atirador de Realengo sofria bullying no colégio, diz ex-colega” 2011). À época, a leitura midiática desse incidente ocorreu basicamente subsidiada pelos elementos que cercaram o referido ataque armado ao colégio estadunidense. Das (1995) postula que “eventos críticos” como os anteriormente mencionados, de teor extraordinário, não devem ser vistos como acontecimentos isolados ou sensacionais, mas, sim, enraizados na vida ordinária, antes, durante e depois de seu desenrolar. A materialização dos “eventos críticos” passa assim pela atuação simultânea e diacrônica de uma série de instituições e atores, indica a redefinição de categorias tradicionais e sinaliza a instituição de novos modos de ação. É a partir dessa ótica que serão aqui problematizadas as memórias de violência infanto-juvenil reorganizadas por adultos sob o lastro da noção de bullying. Antes, contudo, faz-se necessário uma breve apresentação da pesquisa maior na qual tais testemunhos se inserem.

Um apanhado da etnografia Bullying designa em língua inglesa o ato decorrente do substantivo bully, que significa algo próximo a “brigão” ou “valentão” em português. Construto científico dos anos 70, cuja autoria é atribuída a Dan Olweus, professor de psicologia da Universidade de Bergen (Noruega), o

uma postura dissidente perante as mundialmente prestigiadas investidas estadunidenses de combate ao bullying. Segundo ela, as políticas de “tolerância zero” à violência nas escolas norte-americanas desconsideram as fases do desenvolvimento psíquico infanto-juvenil, as animosidades típicas entre pares para cada faixa etária e os universos sociais onde se inserem as crianças e jovens objetos das intervenções. 3

Para uma análise crítica desse episódio, ver “Tiros em Columbine” (Moore 2002). Nesse documentário, o diretor Michael Moore posiciona o cenário de disponibilidade indiscriminada de armas nos Estados Unidos —e não um quadro de suposto bullying sofrido pelos assassinos— como pano de fundo causador do ataque armado à escola no Colorado.

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bullying vem se alastrando mundialmente desde então, na função de nomear a agressão cotidiana intimidatória e repetitiva entre pares nos ambientes escolares. No Brasil, o termo experimenta enorme popularização a partir de meados dos anos 2000. A essa altura, já havia transcendido, aqui e internacionalmente, a aplicação ao universo educacional, bem como ganhado uma nova e moderna faceta, a de cyberbullying (Rolim 2008).4 Conforme explica Olweus (1993), o caminho para a popularização do conceito de bullying trilhou-se a partir de um “evento crítico” (Das 1995) sediado na Noruega em 1982: o suicídio de três adolescentes ocorrido, segundo apurado, por perseguições de colegas no ambiente escolar. Isso motivou o governo norueguês a criar uma campanha nacional antiviolência, subsidiada pelos estudos de Olweus acerca do chamado mobbing, palavra escandinava cujo contexto, adaptado ao idioma inglês, desembocou no termo bullying. Em artigo recente sobre o estado da arte dos estudos científicos em torno do construto por ele criado, Olweus (2013) relata que a noção de bullying primeiro espalhou-se pela Escandinávia e depois, em fins dos anos 80, disseminou-se pela Europa e também alcançou a Austrália. Nos Estados Unidos, entretanto, o conceito tornou-se temática de grande notoriedade acadêmica apenas no início do século XXI. A despeito do referido intervalo temporal em relação ao boom da pesquisa europeia, a discussão estadunidense acerca do bullying recebeu impulso diferencial em virtude do impacto mundial da tragédia em Columbine High School no ano de 1999 (Oliveira-Menegotto, Pasini e Levandowski 2013). Essa repercussão, ainda que tardia, é perceptível no Brasil, na já mencionada interpretação do ataque armado à escola de Realengo, em 2011. Considerado esse panorama, o estudo de doutorado que respalda este artigo objetiva contemplar a etnografia de múltiplas experiências —nos contextos científico, estatal, educacional, midiático e mercadológico— que têm definido o bullying como um gênero de violência difusa no contexto brasileiro. A imersão etnográfica nesses espaços almeja compreender e problematizar a atuação dos “empreendedores morais” (Becker 2008), que constituem indivíduos, instituições, iniciativas e documentos responsáveis hoje por delimitar a prevenção e o combate em torno de posturas condenatórias classificadas como bullying. Tal enfoque integra a “teoria interacionista do desvio”, a qual posiciona a criação de regramentos como um “drama complexo”, com desenvolvimento no tempo e implicação de uma rede cooperativa de atores, cujos interesses muitas vezes divergem.

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A imersão etnográfica no tema demonstra que, atualmente, fala-se, por exemplo, em bullying corporativo, bullying esportivo, bullying familiar e bullying político, especialmente na cobertura midiática, mas também em matérias do legislativo no Brasil.

Nesse contexto, o trabalho de campo, em estágio avançado, está sendo desenvolvido em duas frentes: in loco e documental. A etnografia in loco vem se dando em cidades de diferentes portes: na capital gaúcha, Porto Alegre, bem como nos municípios de Canela e Gramado, na região serrana do Estado do Rio Grande do Sul (Brasil), onde resido atualmente. Essa frente de pesquisa contempla entrevistas com cientistas, políticos e ativistas envolvidos com a temática do bullying, bem como o acompanhamento de eventos por eles encabeçados na capital do Estado. Em paralelo a isso, ocorrem observações e entrevistas com funcionários, professores e estudantes, de diferentes níveis de ensino, em duas instituições educacionais, uma pública e outra privada, voltadas para camadas médias da população dos citados municípios serranos.5 A frente documental, por sua vez, desenvolve-se em âmbitos nacional e internacional, abrangendo como materiais de análise etnográfica artigos e estudos científicos; proposições legais e programas de intervenção estatal; conteúdo midiático oriundo de fontes diversas, oficiais ou não, além de produtos e serviços gerados em torno da questão do bullying, como manuais informativos, obras de autoajuda, livros e jogos infantis, cartilhas educativas, cursos, palestras e consultorias especializadas, dentre outros. Na esteira da interrogação efetuada por Foucault (1984) quando abraça a sexualidade e os processos de dominação em torno do corpo como temática de estudo, a pesquisa antropológica em questão inquire acerca das condições que levam práticas tipificadas como bullying, que indubitavelmente não são novas, a se tornar “objeto de preocupação moral” intensificada, sob uma nomenclatura específica, na contemporaneidade urbana brasileira. Conforme Foucault esclarece, o olhar analítico em busca de respostas deve se deslocar de uma tautologia de “interdições” para as “problematizações morais”. Por conseguinte, o problema da pesquisa concentra-se no

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As entrevistas têm seguido um mesmo roteiro estruturado de condução, porém, adaptado aos diferentes perfis de interlocutores, que concedem respostas abertas aos questionamentos. As observações, por sua vez, vêm se dando tanto de modo participante quanto não. Todos os dados coletados são sistematicamente transcritos e analisados em diários de campo, que perfazem ferramenta por excelência de reflexão antropológica. Importa ainda esclarecer que a proposta da etnografia não foi submetida a comitê universitário de ética, instância em sua origem orientada por critérios avaliativos aplicáveis às ciências biomédicas. Nesse sentido, o estudo solidarizou-se à causa pelo estabelecimento de uma resolução específica sobre ética em pesquisa nas ciências humanas e sociais, acatada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) no Brasil somente após boa parte da execução do trabalho de campo (Resolução n. 510/2016). Essa decisão política da pesquisadora não significou, sob hipótese alguma, qualquer desatenção ética nos procedimentos de investigação. Dessa forma, tem sido protocolar, por exemplo, o registro do consentimento livre e esclarecido de todas as instituições e sujeitos de pesquisa.

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exame crítico de “campos de saber”, “tipos de normatividade” e “formas de subjetividade” que cercam na atualidade o “dispositivo” denominado por bullying.

impactassem o campo semântico coberto pelas narrativas, o que se mostra fundamental à análise aqui empreendida.

A exemplo do que efetuam Fassin e Rechtman (2009) diante da emergência mundial da noção de “trauma”, também pautados pela obra de Foucault, quer-se demarcar com a investigação de doutoramento a “economia moral” em meio à qual o bullying desponta no cenário brasileiro contemporâneo. Nessa lógica, o bullying é mais que um construto científico a nomear um tipo específico de agressão; situa-se como uma categoria que comunica relações hoje diferenciadas diante da violência, do sofrimento, da memória e da reparação.

Bianca

Sob esse status, o bullying fala do “espírito” do tempo presente: de suas preocupações, valores e expectativas, na mesma medida em que municia os indivíduos a verbalizar a violência do cotidiano. Logo, o bullying traz consigo um “novo vocabulário” que desencadeia “efeitos performativos” sobre a realidade. Esses impactos ultrapassam os propósitos científicos pensados para o termo e revelam a “inteligência social dos atores”, que exploram no dia a dia sua “dimensão tática” (Fassin e Rechtman 2009). Esses autores conclamam assim a uma “antropologia do senso comum”, deveras oportuna para problematizar o bullying. Envolve uma prática etnográfica que não naturaliza categorias do dia a dia e, sim, traz à tona como são construídas e usadas; como não só descrevem, mas transformam a realidade; como direcionam holofotes a certos elementos ordinários em detrimento de outros. O presente estudo, portanto, não objetiva retorquir a realidade, a gravidade ou a banalização de determinadas práticas que, atualmente, são chamadas de bullying. Preocupa-se, sim, em discutir, na esteira do que faz Hacking (2013) para o “abuso infantil”, como a noção de bullying aparece moralmente “moldada” por diferentes atores, que conferem a ela maior ou menor importância, ou simplesmente nenhuma ênfase, a depender da sua “rede de interesses”. O interesse neste artigo, portanto, está nos efeitos que o processo classificatório de comportamentos fomentado por esse conceito engendra nos modos de ver o mundo e nele estar, desde a perspectiva de adultos que se posicionam na atualidade como vítimas de bullying na infância.

Narrativas de vítimas de bullying As memórias de violência infanto-juvenil apresentadas a seguir são introduzidas por nomes fictícios atribuídos aos indivíduos que as revisitaram sob apoio da noção de bullying. Algumas circunstâncias dos relatos precisaram ser alteradas para a exposição pública, de modo a preservar o anonimato e a intimidade dos personagens. Contudo, houve o cuidado para que tais modificações não

Educadora na casa dos 40 anos, Bianca tinha por ofício realizar palestras motivacionais quando a conheci, como parte de um projeto de responsabilidade corporativa da instituição de ensino superior privada onde trabalhava. Gratuitas, as palestras aconteciam em escolas públicas de ensino fundamental e médio, onde se concentrava o público consumidor de interesse da instituição. Nesse contexto, embora se revestissem de propósitos sociais, essas falas tinham também objetivos propagandísticos. Uma das exposições do repertório de Bianca versava a respeito da prevenção do bullying escolar. Essa espécie de intervenção pública tem sido por mim situada em um contexto que nomeio de “mercadológico”, o qual comporta uma infinidade de produtos e serviços que vêm sendo comercializados sob o mote do bullying. As apresentações da educadora sobre o tema do bullying abarcavam dois momentos fundamentais. Um situado no passado, referente à sua própria história de vitimização durante a idade escolar, pelo que hoje, segundo ela, chama-se por bullying. E outro momento posicionado no presente, relativo a seu status de profissional bem-sucedida, como resultado de uma trajetória de superação da violência a que foi submetida. Bianca relatava à audiência ser perseguida pelos colegas por dois motivos prioritários. Pela condição de obesa, foi apelidada de “almôndega”, termo pelo qual era chamada, muitas vezes, até pelos próprios funcionários de sua escola. Complicava esse quadro a situação socioeconômica precária da família de Bianca. Do trabalho operário, seus pais angariavam escassos recursos, investidos da melhor forma em materiais escolares e vestimentas para a ida da garota à escola, tendo em vista o grande apreço pela educação da filha. Segundo Bianca, devido a essa situação humilde, que não lhe rendia uma boa aparência, os colegas se aproveitavam para inferiorizá-la e excluí-la. Esse cenário a conduziu ao que chamou de uma crise identitária: ao buscar ser aceita pela turma, por meio da imitação grosseira de roupas e do vocabulário dos alunos populares, perdeu o foco nos estudos e acabou obtendo uma reprovação. A despeito disso, graças ao carinho e à religiosidade de sua família, diz ter retomado os estudos com afinco. Seu primeiro emprego foi de zeladora em uma empresa, o que não lhe contentou, tendo em vista que, como estudante dedicada, aspirava a se tornar, nas suas palavras, uma pessoa de sucesso. Isso se materializou com sua formação universitária e se concretizou na atividade profissional que exerce hoje, no âmbito da qual diz empregar sua própria história para transformar a vida de outras pessoas.

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Por meio da família, teve recentemente notícias acerca dos colegas que mais a intimidavam na escola. De acordo com ela, um deles possui hoje uma vida que classificou como estável, mas os outros não: um criava uma prole numerosa sozinho, devido ao envolvimento do cônjuge com o crime e o outro trabalhava como garçom. Diante disso, em uma de suas falas afirmou: “Eu vejo minha evolução, eu venci”. Assim, a mensagem final ao público estudantil era: não basta cursar apenas o ensino médio, é preciso querer ir adiante. Constantemente em suas apresentações, Bianca enfatizava: quem sofre bullying pode renascer, ao contrário de quem o pratica.

Gisela Professora na faixa etária de 50 anos, Gisela tinha quase 20 deles dedicados à educação no momento em que fomos apresentadas. O interesse por conhecê-la partiu de minha parte, devido à informação que obtive de colegas dela acerca de um projeto de educação para a cidadania que Gisela, voluntariamente, havia desenvolvido em escolas nas quais tinha atuado. Em tal iniciativa, a educadora implementava entre os alunos atividades lúdicas que tangenciavam a prevenção da violência e a promoção da paz. Dessa forma, alguns informantes haviam me alertado que, a partir de uma conversa com Gisela, eu poderia acessar percepções estudantis sobre bullying. Então, assim que houve oportunidade, travei um extenso diálogo com essa professora, ao longo do qual ela relatou o projeto educativo de sua autoria com tamanha autonomia e entusiasmo, que praticamente pus à parte meu roteiro de questões. Contudo, nos poucos momentos em que consegui interpelá-la, acerca de intimidações narradas pelos alunos ou trabalhadas nas atividades do projeto, não obtive o rendimento a que aspirava inicialmente. Entretanto, praticamente ao final da entrevista, Gisela surpreendeu-me ao afirmar ter sido vítima de bullying quando criança, sem qualquer interrogação de meu lado. Contou-me que, nos anos iniciais do ensino fundamental, sofria de gagueira. Esse quadro lhe dificultou não somente a relação cotidiana com os colegas de sala de aula, mas especialmente com uma professora, de quem singularmente se lembrava. “Ela me chamava de imundícia, porque tinham orelhas no meu caderno”, disse-me Gisela, destacando o absurdo que considerava um educador dar mais valor a um material escolar que à pessoa de uma criança. Gisela afirmou não se recordar quando exatamente se viu livre da gagueira, mas acredita que foi durante o curso de magistério, quando precisou enfrentar diretamente a dificuldade de fala para se expressar em público. “Eu me curei no processo de me tornar professora”, declarou e complementou explicando que, talvez, resida nas suas dificultosas vivências infantis a motivação

que lhe conduziu a realizar, de maneira autodidata, um projeto exitoso de educação para a cidadania.

Zélia Depois de quase 30 anos afastada da escola, Zélia, hoje próxima dos 50, retomou seus estudos em uma das escolas em que desenvolvi meu trabalho de campo, onde a conheci e a convidei para uma conversa acerca de sua trajetória educacional. Minha intenção era investigar como uma adulta, inserida em um ambiente repleto de adolescentes, enxergava e lidava com a emergência da questão do bullying. Zélia situou-se como uma de minhas primeiras informantes nessa instituição de ensino, de forma que, no diálogo que estabelecemos, eu ainda testava o roteiro de entrevistas que havia construído para aplicar nesse universo. Nesse roteiro, uma de minhas perguntas era: você se lembra da primeira vez em que ouviu falar do termo “bullying”? Zélia respondeu a essa questão afirmativamente e disse que isso ocorreu quando era criança. Essa réplica gerou-me estranhamento, pois no período da infância de minha entrevistada esse conceito sequer existia. Todavia, quando Zélia prosseguiu em sua fala, compreendi o que queria comunicar: ela contou ter sido vítima de bullying no interior de sua família. Ou seja, de seu ponto de vista, a entrevistada não estabelecia separação entre a conceituação e a experiência de bullying, algo que eu iria também verificar em várias das conversas subsequentes que estabeleci com outros informantes. Parte de uma prole numerosa, Zélia descreveu-se com uma garota baixa, acima do peso e de cabelos crespos, em contraposição a uma de suas irmãs, de estatura média, magra e de madeixas lisas. “Ela era a linda da família”, destacou. Na adolescência, bastava se dizer interessada em algum rapaz, que a irmã se atravessava no flerte e “dava em cima”. Zélia enfatizou esse comportamento como proposital, pois, segundo ela, a irmã tinha clareza do potencial de sua beleza para conquistar namorados. Tornava esse cenário mais intrincado o fato de a irmã possuir padrinhos batismais de considerável status socioeconômico, enquanto Zélia, ao contrário, vinculava-se como afilhada a uma família de condição financeira desfavorecida. Desse modo, a irmã sempre obtinha presentes que incrementavam ainda mais sua aparência. “Eu sempre me senti inferior. Meus pais não percebiam. E eu nunca falei nada, nem pra mãe, nem pra minha irmã”, declarou Zélia. Ela relatou que, atualmente, possui um bom relacionamento com a irmã. Enfatizou que, depois da chegada da fase adulta, as posições entre elas teriam sofrido uma espécie de inversão. Isso porque, hoje, a irmã possui uma vida reclusa, em virtude de seu marido encontrar-se gravemente enfermo, enquanto Zélia afirma

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estar aproveitando a liberdade de mulher recém-divorciada. “Agora, daria pra dizer que ela é quem tem inveja de mim, porque tudo eu posso fazer, sair, passear, enquanto ela não”, assinalou.

Bullying como tecnologia da memória Sustentadas por autores da hermenêutica contemporânea, Rocha e Eckert (2013, 39-40) advogam que as narrativas biográficas posicionam-se como elementos imprescindíveis a uma abordagem antropológica das memórias coletivas nos contextos urbanos da atualidade ocidental. Esses relatos possuem, segundo elas, uma “... qualidade de circulação de saberes, práticas, ideias, valores que tensionam indivíduos e grupos, micro e macroesferas”. Ao mesmo tempo e desafiadoramente, constituem “fenômenos frágeis em sua continuidade”, impactados de modo permanente e simultâneo por transformações sociotemporais, pela emergência de ideologias de poder e pela disponibilidade dos citadinos a novas narrativas, sempre com relação àquelas dos demais. Logo, por intermédio dessas “elaborações subjetivas performatizadas”, que permeiam as interlocuções sociais, o antropólogo aprofunda, a um só tempo, sua compreensão em torno da atuação dos narradores e acerca dos contextos sociológicos que os ultrapassam (Rocha e Eckert 2013). Nessa perspectiva, os relatos de Bianca, Gisela e Zélia, aqui apresentados, configuram testemunhos que permitem trabalhar, nos termos de Das (2007), conexões entre violência e subjetividade. São narrativas que desvelam opressões cotidianas, as quais, segundo essa autora, conferem as bases a partir das quais eventos mais extremos, “críticos”, podem tomar forma. Para Das (2007), a compreensão adequada desses testemunhos passa, inevitavelmente, pelo entendimento da relação entre violência, sofrimento e linguagem no interior da cultura que os gerou. Nesse sentido, é fundamental recordar que a edificação dos estados-nação ocidentais, com seus espaços metropolitanos, encontra-se fortemente vinculada à consolidação de um “monopólio intraestatal da força” (Elias 1997), materializado em instituições policiais, militares e tributárias. De um lado, explica Elias (1997), o êxito desse arranjo expressa-se no estabelecimento de um “tabu” razoavelmente eficaz de controle do uso irrestrito da violência física, interdito inexistente no período da Idade Média, por exemplo. Por outro lado, “surtos descivilizadores” permaneceram sempre uma possibilidade e, não raro, manifestam-se com antigos ou novos contornos. Tais irrupções cristalizam, nos termos de Das e Poole (2008), “margens” estatais, tanto por demarcar contextos que impulsionam o poder público a legislar e impor ordenação, quanto por abrangerem práticas sociais que, de modo desafiador, expõem a incapacidade das determi-

nações oficiais em abarcar por completo as contingências da vida cotidiana. Em uma etnografia acerca da atuação rotineira da polícia francesa, Fassin (2013) aponta que, no cenário da pacificação das sociedades contemporâneas, enquanto as agressões físicas para além dos aparatos estatais mostraram-se objeto constantemente privilegiado de repressão e penalização, as investidas morais, cujos limites são menos palpáveis, não emergiram em mesma intensidade como alvos de controle e sanção. Desse modo, segundo o autor, a “violência moral” pôde constituir-se como uma espécie de “violência substituta”. É justamente o recente processo de reconhecimento dessa agressão de natureza moral que os testemunhos de Bianca, Gisela e Zélia enquanto vítimas abarcam. Mas não o fazem apenas por meio de uma narrativa específica e, sim, apropriando-se da noção de bullying, empregada como uma “tecnologia da memória”, conforme acepção de Rose (2011, 82). O autor compreende como tecnologia todos aqueles mecanismos que “... organizam o ser, estabelecem seus limites, produzem-no, tornam-no pensável como um modo de existência que deve ser tratado de forma particular”. Nesse sentido, o conceito de bullying aproxima-se de tecnologias memoriais tradicionais —como álbuns fotográficos, cartas, cartões, vídeos familiares, etc.—, porém, integra um grupo singular, chamado pelo autor de “artefatos psi”. Ao adquirir tal feição, o bullying tem permitido trazer à tona, como em um esforço psicoterápico, “memórias recuperadas” de violência moral infantojuvenil, as quais, na inexistência do construto, teriam muito menor probabilidade de se tornar objeto de narratividade. Conforme Rose (2011), o vocábulo “psi” diz respeito aos “modos de pensar e agir” delimitados, a partir de meados do século XIX, pelas “psicociências” e suas disciplinas (psicologia, psicanálise, psiquiatria, etc.) no Ocidente. Para ele, os “saberes psi” foram centrais na “constituição do nosso atual regime do self”, alicerçado nos princípios de individualidade, identidade, autonomia, liberdade e satisfação. Calcado nos debates foucaultianos e deleuzianos, o autor sustenta que processos históricos de subjetivação, responsáveis por elaborar “certos tipos de ser humano” e por determinar as relações que o homem estabelece consigo mesmo, se dão por intermédio de um “agenciamento heterogêneo” de vocabulários, técnicas e práticas. Por conseguinte, nesse âmbito, a linguagem “disciplina o pensamento”, mas só opera em conexão com “dispositivos”, por meio dos quais uma certa visão de ser humano se cria e se estabiliza. Dessa forma, o indivíduo contemporâneo posiciona-se como “criatura psicológica” não em virtude de uma dada natureza interior, mas, sim, “... por causa das formas pelas quais, em tantos lugares e práticas, os vetores psi acabaram atravessando e ligando essas maquinações” (Rose 2011, 257).

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Relatos de bullying e permeabilidade psi Os esforços teórico-etnográficos de Velho (1998 e 2013) já deram conta outrora da presença solidificada do mencionado “indivíduo psicológico” em meio às camadas médias brasileiras mais “intelectualizadas e psicanalisadas”, sendo fundamental à elaboração de “visões de mundo”, “biografias”, “projetos” pessoais e “trajetórias sociais” no interior desse segmento. No Brasil atual, a noção de camadas médias do autor demanda um novo olhar, tendo em vista nos últimos anos a evolução do consumo em meio a nichos populacionais menos favorecidos, graças a políticas públicas de inclusão socioeconômica (Souza 2012). Dessa forma, abre-se espaço ao incremento da adesão a uma moldura psicológica de indivíduo e às respectivas tecnologias do self, que se materializam em uma série de informações, produtos e serviços passíveis de aquisição. Nesse panorama, é importante situar a emergência da noção bullying no contexto urbano brasileiro em um quadro de avanço, sem precedentes históricos, não só de políticas redistributivas de renda, mas também de reconhecimento à diversidade sociocultural no país, a partir do Governo Lula, iniciado em 2003. Uma amostra disso é obtida da comparação entre as edições II e III do Programa Nacional de Direitos Humanos, implementadas em 2002 e 2010. No primeiro documento, não há menção a estratégias de enfrentamento do bullying no contexto educacional; no segundo, tais estratégias não somente aparecem, como contemplam o cyberbullying (Ministério da Justiça 2002; Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 2010). A elevação do bullying a objeto de políticas públicas conecta-se, certamente, à intensificação de abordagens em torno de tal conceito na produção científica brasileira, especialmente a partir de 2005, como recurso importado para refletir acerca do recrudescimento da violência escolar sob formas diversas (OliveiraMenegotto, Pasini e Levandowski 2013). Soma-se a esse quadro a ocorrência do já mencionado “Massacre de Realengo” em 2011, um incidente extremo que faz avançar os trabalhos em torno do Programa Nacional de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying), que tramitava como proposição desde 2009 e se tornou lei federal em 2015 (Câmara dos Deputados 2015; Senado Federal 2015). De um modo geral, a comunidade acadêmica brasileira, sobretudo a da disciplina da psicologia, apropriou-se do conceito de bullying já referido aqui, cunhado por Dan Olweus. Esse mesmo construto é o prioritariamente abraçado pelas políticas públicas elaboradas em torno do tema. Segundo essa noção, o bullying configura um fenômeno de intimidação sistemática entre pares, que gera discriminação, exclusão, humilhação e sofrimento às suas vítimas no ambiente escolar (Lisboa, Wendt e Pureza 2014). Entretanto, não é exatamente esse o conceito que tem sido agenciado no dia a dia por atores

como Bianca, Gisela e Zélia, as protagonistas das narrativas deste artigo. Um aspecto fundamental defendido pelos cientistas é que o bullying se dá sempre em uma relação entre pares escolares, ou seja, embora contemple um cenário de desigualdade de poder entre vítima e agressor, ambos não mantêm entre si uma relação de hierarquia. Além disso, os pesquisadores defendem que se fite tanto a vítima quanto o agressor com maior relativização. Isso porque o agressor oprime porque quase sempre está em sofrimento, ou seja, é também uma vítima. Esta, por sua vez, pode se tornar agressora, com vistas a se defender da violência sofrida (Lisboa, Wendt e Pureza 2014). Com isso em mente, o relato de Bianca contemplaria o bullying escolar postulado pelos cientistas, porém, ela não vê seus agressores como vítimas, mas, sim, como indivíduos malsucedidos em virtude da violência que perpetraram. Gisela, por seu turno, enxerga o bullying na opressão que diz ter sofrido da parte de uma professora, ou seja, percebe a intimidação em uma relação hierárquica que não é abarcada pelo conceito acadêmico. Por fim, Zélia é talvez a que mais se distancia da noção científica de bullying: ela relata o sentimento de humilhação na infância gerado pela beleza e sofisticação de uma irmã, ou seja, uma situação que, a despeito de indicar paridade, ultrapassa os muros da escola e ingressa no terreno familiar. Elementos alheios ao conceito original de bullying, como os presentes nos relatos aqui explorados, aparecem muito marginalmente na literatura científica a respeito do tema. Essa constatação ocorre a partir do esforço etnográfico que tenho empreendido a partir de entrevistas com pesquisadores, bem como da análise de artigos e publicações acadêmicos nessa direção. Em uma postura crítica, advinda da psicologia social, Guareschi e Silva (2008) falam, por exemplo, de bullying nas relações entre professor e aluno. Sob inspiração freiriana, esses autores argumentam que o bullying nesses moldes se origina dos meios de ensino e aprendizagem tradicionalmente empregados nas sociedades ocidentais, pautados não no “diálogo e libertação”, mas na “autoridade e domínio”, atributos típicos de operação dos regimes capitalistas. Sob essa luz, em entrevista realizada para a tese que subsidia este artigo, Guareschi (2015) defende que o bullying se faz presente não só na escola, mas em outras instituições, como a família. Todavia, indubitavelmente, não é dessa fonte que bebem os testemunhos de Bianca, Gisela e Zélia. O investimento etnográfico revela que as narrativas delas são, sim, delineadas tomando por modelo relatos de vítimas de bullying continuamente divulgados pela imprensa noticiosa brasileira. Esse molde midiático angaria, por seu turno, elementos da “expertise” psicológica que, segundo Rose (2011), possui hoje “autoridade social”

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não especialmente por sua fundamentação científica e técnica, mas, sim, “ética”, na forma de um “guia” de aconselhamentos para o bem viver.

“... não descreve apenas o que chama de violência, ela também participa da sua construção, é também um dos atores desse drama social”.

Para esse autor, embora todos os “experts” das humanidades tenham exercido alguma influência na formatação do “regime do self” contemporâneo, os especialistas psi alcançaram certa prerrogativa nesse meio, posto se voltarem à compreensão dos “determinantes da conduta humana”. Em virtude disso, os conhecimentos advindos desse campo conseguiram expressiva permeabilidade nas práticas de outros profissionais, dentre eles, professores, jornalistas e legisladores. Assim, a mídia permanentemente veicula em seus conteúdos “psicologias da vida quotidiana” e “pedagogias de autorrealização”, as quais desempenham hoje um papel muito mais subjetivador que as instâncias religiosas e políticas o faziam no passado.

No esforço de delimitar uma “estrutura básica” dos referidos conteúdos científicos com o fim de “orientação pessoal”, cuja mídia é um dos canais de veiculação, Rohden (2012b) destaca que uma característica deles é a presença tanto de testemunhos de indivíduos “comuns”, quanto de “casos clínicos” de referência. Tal atributo é perceptível nos depoimentos de vítimas de bullying apresentados por veículos de comunicação de massa atualmente e, desse modo, aparece refletido nos relatos de Bianca, Gisela e Zélia expostos neste artigo.

Inseridos nesse contexto, os relatos de Bianca, Gisela e Zélia posicionam-se como “narrativas do self”, as quais, de acordo com Rose e Novas (2002,14), “... pluralizam a verdade [acadêmica] [...], introduzindo dúvida e controvérsia e realocando a ciência nos domínios da experiência...”.6

Testemunhos de bullying midiatizados Do ponto de vista de uma antropologia da ciência, Rohden (2012a) argumenta que a mídia não pode mais ser considerada nesse âmbito tão somente como um canal de divulgação dos empreendimentos acadêmicos. Deve, sim, ser visualizada como um “agente produtor”, totalmente integrado a uma “rede complexa” composta de conhecimentos e práticas científicas, conteúdos noticiosos e publicitários, políticas públicas de intervenção, bem como de indivíduos e instituições civis atuantes. Por conseguinte, ainda segundo Rohden (2012b), tal rede abarca um “campo de discursos” que mescla ciência, jornalismo e autoajuda, em uma escala de operação que hoje, graças à evolução das tecnologias de informação e comunicação, não encontra anterioridade. Assim, para a autora, tal agregado discursivo necessita ser visto para além da tradicional ideia de divulgação científica e, sim, sob a ótica de uma “disseminação do conhecimento científico com fins de orientação pessoal”, que define um mercado com propósitos lucrativos. A evidência do bullying nos veículos de comunicação brasileiros, associada a uma infinidade de testemunhos de vitimizados, integra tal cenário. Nesse sentido, a mídia massifica conteúdo oriundo das disciplinas psi, para apoiar sua abordagem noticiosa do quadro de violência contemporâneo, agora abastecido por um componente de agressão moral que a noção de bullying cristaliza. Logo, afirma Misse (2006, 25), a imprensa

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Tradução minha.

Na imprensa, de um lado, encontramos narrativas de sujeitos adultos anônimos que justificam, pela via de um autoempoderamento, a superação do bullying infantojuvenil, gerado em virtude de um certo “estigma” (Goffman 1975), relacionado, por exemplo, à obesidade ou a alguma inaptidão corporal. O enfrentamento à agressão se dá assim pela trilha do êxito pessoal: no primeiro caso, pela adesão a dietas e a uma rotina de exercícios e, no segundo, pelo crescimento no mundo do trabalho e/ou pelo protagonismo em campanhas de não violência.7 De outro lado, os “casos clínicos” da imprensa são os testemunhos de celebridades vítimas de bullying na infância ou na adolescência, cujo sucesso público é assinalado como prova cabal de superação da violência8. Tais depoimentos são quase sempre apresentados como fontes de inspiração para que indivíduos “comuns” sintam-se estimulados a deixar a condição de vitimi-

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Exemplos de manchetes nessa direção, do ano de 2015, levantadas a partir da ferramenta de alertas do Google: “Jovem disléxico que sofria bullying vira empreendedor e quer se tornar milionário aos 20 anos” (Época Negócios On-line); “‘Mulher mais feia do mundo’ lança documentário contra o bullying” (Diário de Pernambuco); “Jovem com doença rara abandona depilação e lança campanha contra o bullying” (Meionorte.com); “Contra o bullying sofrido em lojas, gordinhas criam bazar plus size” (Globo.com); “Vítima de bullying na infância, estudante superou ataques e se prepara para cursar medicina em Harvard” (Diário de Pernambuco); “Vítima de bullying por ser pobre, ex-vendedor de cocadas conclui 5 graduações” (Administradores.com); “Cansado de sofrer bullying, jovem do interior do RJ faz dieta e perde 50 kg” (Globo.com). Aqui se indica apenas uma fonte para cada notícia, mas importa ressaltar que muitas delas são replicadas, com poucas modificações, em vários outros veículos.

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Exemplos de celebridades nacionais e internacionais que declararam publicamente em 2015 terem sido vítimas de bullying na infância e/ou adolescência: Thaila Ayala (atriz); Victor (cantor); Dave Mustaine (cantor); Sam Smith (cantor); R.J. Mitte (ator); Rumer Willis (atriz/modelo); Fernanda Vasconcellos (atriz); Juliana Alves (atriz); Kylie Jenner (modelo); Marina Ruy Barbosa (atriz); Ralph Lauren (estilista); Maisa Silva (atriz); Alessandra Ambrósio (modelo/atriz); Kate Winslet (atriz); Uriah Hall (lutador/UFC); Ana Paula (ex-jogadora/vôlei); Henry Cavill (ator); Jessica Eye (lutadora/UFC); Johnny Deep (ator) e Sophia Abrahão (atriz/cantora).

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zados. Esse tipo de conteúdo midiático tem sido reproduzido por obras de autoajuda na temática do bullying, também amplamente publicitadas pela imprensa, como, por exemplo, Silva (2010).9 Tanto os depoimentos midiatizados de adultos anônimos ou célebres, quanto os testemunhos de Bianca, Gisela e Zélia, seguem, em geral, uma estrutura narrativa comum: expõem a agressão sofrida; indicam a presença de um apelido sintetizador do estigma portado; assinalam o caminho trilhado para superação por esforços pessoais e enquadram esse êxito como uma espécie de vingança com relação ao agressor.10 O agressor, por seu turno, não guarda com a vítima necessariamente uma relação de paridade, como preconiza o conceito científico: pratica bullying todo aquele que intimida, seja colega de escola ou de trabalho, professor, vizinho, parente ou até mesmo o internauta, que pode lançar mão do cyberbullying.11 Assim, vê-se que os indivíduos que se anunciam agredidos por bullying têm percorrido uma trajetória bastante peculiar se comparada àquela dos usuais movimentos contemporâneos de vitimizados, como os descritos por Fassin e Rechtman (2009). Percebe-se que essas mobilizações tradicionais experimentam, cada uma em seu contexto e com suas especificidades, processos de “politização” (Zenobi 2014). Este último autor explica que, embora antropologicamente não possa ser empregada como uma categoria de análise homogênea, a “politização” no cenário em questão refere-se a todos os meios relacionais voltados à

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Um dos capítulos desse livro se intitula “Sucesso e reconhecimento dos que superaram o bullying” e reúne histórias, pinçadas da mídia, das seguintes personalidades: Michael Phelps (nadador); Kate Winslet (atriz); Tom Cruise (ator); Madonna (cantora); David Beckham (jogador/futebol); Steven Spielberg (cineasta) e Bill Clinton (político). Os cientistas, de seu lado, ao perceberem esse tipo de expediente em materiais sobre bullying, têm empreendido suas críticas; nesse sentido, ver Stelko-Pereira, Santini e Williams (2012) e Gibaldi (2014).

10 Exemplos de manchetes nessa direção, do ano de 2014: “Isabeli Fontana diz ter sofrido bullying: ‘O sucesso é a maior vingança’” (Globo.com); “Jovem vítima de bullying ‘se vinga’ e dá fora em colega 10 anos depois” (Correio 24 Horas); “Thaila Ayala diz que bullying sofrido no colégio ajudou a compor nova personagem” (Olhar Direto). 11 Exemplos de manchetes nessa perspectiva de 2014 e de 2015: “Não é brincadeira: como o ‘bullying corporativo’ destrói profissionais e empresas” (Administradores.com); “Bullying de irmãos: quando a briga passa dos limites” (Revista Crescer); “Cresce número de professores vítimas de bullying por pais de alunos, diz estudo” (Agência O Globo); “Bullying é realidade e parte até de professor” (O Tempo); “Ginastas pedem desculpas por bullying racista com colega da seleção brasileira” (Portal R7); “Alienação parental e os prejuízos causados a criança ou adolescente: o chamado bullying familiar” (Diário da Manhã); “O persistente bullying midiático sobre o PT” (Jornal do Brasil); “Bullying’ nas relações conjugais - palavras que machucam!” (JusBrasil); “A culpa na educação dos filhos vem do bullying materno” (Globo.com).

obtenção da justiça, os quais podem ser considerados adequados ou inadequados pelos atores sociais. Tal caráter relacional significa que a “politização” de um movimento se dá, imprescindivelmente, pela relação com outros, sejam eles políticos, legisladores, especialistas ou militantes (Zenobi 2014). Trata-se de uma marca não presente na atuação testemunhal das vítimas de bullying, visto que elas vêm denunciando a violência de modo individual e creditando a superação do sofrimento a esforços pessoalizados. E, em vez de falar em meios de reparação, os testemunhos de vitimados por bullying têm focalizado a vendeta como forma de justiça, ao situarem, no presente, o sucesso dos agredidos perante o fracasso dos agressores, na vida pessoal e/ou profissional. Uma exceção isolada nesse panorama indica ser a Associação Anjos de Realengo, que reúne familiares dos alunos assassinados na escola desse bairro carioca, tragédia já tratada aqui.12 Embora não contemple vítimas diretas de bullying, a entidade tem promovido uma série de esforços de prevenção ao fenômeno, especialmente na semana de 7 de abril de cada ano, data do incidente em Realengo, em vias de se tornar Dia Nacional de Combate ao Bullying, pelo projeto de lei n. 3.015/2011, às vésperas de sanção legal. Fora esse caso excepcional, percebe-se que as poucas ações de natureza coletiva em torno da vitimização por bullying possuem uma característica de fugacidade. As intervenções são muito mais um ativismo para que um ativismo de vítimas propriamente. São articulações que reverberam algo daquilo que Vecchioli (2006) observa em sua etnografia, entre o grupo de advogados que precede a emergência das associações de familiares de vítimas da repressão militar argentina: entre esses profissionais imperava um “culto ao desinteresse”, na medida em que lutavam por um causa pautados pelo “compromisso moral” com outros. A militância, nesse panorama, se coloca como uma “religião cívica”, uma “missão transcendente” em prol da humanidade. Um exemplo nessa direção aconteceu no primeiro semestre de 2015, quando a imprensa repercutiu a mobilização virtual em escala planetária contra o bullying sofrido por um homem obeso.13 Uma foto dele foi tirada enquanto dançava em uma casa noturna inglesa e circulada pela internet, por um indivíduo anônimo, com propósito de ridicularização. Por meio de uma hashtag, internautas ativistas localizaram o homem —que ficou conhecido como “Dancing man”— e, via financiamento coletivo, promoveram uma festa em sua homenagem, apoiada pela presença de celebridades, na qual ele pudesse dançar como quisesse.

12 Mais informações sobre a associação estão disponíveis em: https://www.facebook.com/osanjos.derealengo?fref=ts 13 Sobre esse fato, cf. fontes como Zero Hora http://migre.me/ rLFmo e Brasil Post http://migre.me/rLFkz

rev.estud.soc. No. 59 • enero-marzo • Pp. 56-67 • ISSN 0123-885X • e-ISSN 1900-5180 · DOI: https://dx.doi.org/10.7440/res59.2017.05


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As narrativas e ações em torno de vitimados por bullying apontam, portanto, para mecanismos de autoajuda, autofortalecimento e autoestima, altamente dispersos nas sociedades modernas, como “remédios para a desigualdade” (Fonseca 2012). Sob uma ótica foucaultiana, essa autora argumenta que tais mecanismos integram a “racionalidade política” contemporânea, pautada pelo autogoverno dos sujeitos, sobre a qual se tratará a seguir, no fechamento do presente trabalho.

Considerações finais Este artigo explorou a centralidade dos testemunhos de vítimas no empreendimento moral do bullying como gênero de violência difusa no contexto brasileiro, a partir de um grupo específico de depoimentos: aqueles nos quais adultos reordenam o relato de memórias de agressão infanto-juvenil por meio desse conceito. Procurou-se desvelar o quanto tais testemunhos são emoldurados por saberes das psicociências, mas não de uma forma direta e, sim, mediada pelos veículos de comunicação que, atualmente, pulverizam depoimentos desse tipo. Porém, não se trata, conforme advertido por Rocha e Eckert (2002), de doutrinação midiática. Ocorre, sim, uma cocriação narrativa, no âmbito da qual todos os atores envolvidos vêm encontrando no rótulo de “vítima de bullying” um meio eficaz para verbalizar o caldo de violência, também de ordem moral, em que se veem imiscuídos na contemporaneidade. Essa agência ultrapassa os limites dos cânones científicos e imprime a eles usos inusitados, adaptados a um cotidiano vivencial e contingente. Conforme se viu, tal quadro, associado a eventos extremos como a tragédia na escola de Realengo, vem alavancando políticas públicas em torno do bullying no país. Rose (2011, 26) argumenta que os governos democráticos modernos abraçaram por premissa o trato com indivíduos “... intimados a governar a si mesmos como sujeitos de liberdade e de responsabilidade...”. Nesse sentido, as tecnologias psicocientíficas e o modelo de self determinado por elas elevaram-se como deveras favoráveis à administração de territórios e populações por uma via de subjetividade, dentro do propósito civilizatório de manejar alteridades, evitar conflitos e promover pacificação social nas democracias. Contemporaneamente, o bullying, no papel de artefato psi, opera com esse mesmo intuito. Segundo Rose (2011), tal cenário tem feito recair sobremaneira aos profissionais das psicociências a “ingrata imposição” de serem responsáveis por receituários que controlem riscos, previnam condutas inadequadas, evitem eventos desastrosos e, desse modo, assegurem a “segurança da comunidade”. Assim, o autor convoca a uma reflexão mais profunda sobre vantagens e malefícios

desse modelo de sociabilidade. Diz ele: “... embora nossa cultura do self confira aos humanos [...] todos os tipos de direitos e privilégios, ela também [...] impõe fardos...” (Rose 2011, 14). A empreitada antropológica está em instigar a seguinte interrogação: quais os custos e os benefícios da propagação do bullying como tecnologia psi na realidade brasileira? Não há como negar que tal conceito tem ofertado uma vitrine nova a uma série de discriminações nacionalmente cristalizadas, como o racismo, a homofobia, a misoginia, a lipofobia, a intolerância religiosa, o preconceito com a deficiência e o ódio de classe. As narrativas de Bianca, Gisela e Zélia, aqui apresentadas, tocam direta ou indiretamente esses temas. Por um lado, tais “crônicas do sofrimento”, no sentido atribuído por Fassin e Rechtman (2009), geram familiaridade perante a audiência quanto a um quadro de violência alastrada. Não obstante, por outro lado, o tom emocional e individualizado que adquirem, sobretudo quando potencializadas pela mídia, simplifica e obscurece contextos históricos, relações sociais e circunstâncias políticas que perpassam as desigualdades movimentadas por esses relatos. Tais desigualdades, que os autores denominam de “inequalities”, podem assumir as mais variadas facetas, posto que dizem respeito a vidas corporificadas que valem menos perante outras que valem mais no presente status quo, sendo por isso objetos por excelência de violência. Pode-se afirmar que, ao empregar a noção de bullying para relatar a intimidação moral que sofreram, as vítimas já adultas têm falado aquilo que uma sociedade orientada pela moldura do self está preparada para ouvir: que é possível superar uma condição de desigualdade pelo esforço e pelo sucesso individuais. Desse modo, a escala sociológica dos conflitos acaba ocultada, ao mesmo tempo que a importante dimensão dos sujeitos como seres eminentemente relacionais fica comprometida. Assim, certamente, a categorização de “vítima de bullying” conduz a novas formas de subjetivação em torno da agressividade, mas estas carecem de um componente sociopolítico robusto. Uma vez na plataforma midiática, esses testemunhos contribuem para o tratamento da violência como um “sujeito difuso”, para usar um termo de Misse (2006), ou seja, um “espectro” presente em toda parte, porém, não perceptível em sua complexidade. Para o autor, em vez de mitigar a violência, esse quadro incentiva um “crescente acusatorial” entre os cidadãos e a exigência de ampliação de Estados punitivos já falidos de longa data, o que se observa hoje no Brasil com os debates em torno da redução de maioridade penal. Fassin e Rechtman (2009) alertam para o poder de categorias de cunho psicologizante na “economia moral” contemporânea e o quanto é dificultoso escapar

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a elas. A retórica tanto do “trauma” por eles analisada, quanto da vitimização e do bullying aqui abordadas, são prodigiosas em sua capacidade de fluidez e de sentido nos mais variados domínios sociais da atualidade: no científico, no midiático, no estatal, no educacional, no mercadológico, no subjetivo.

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Nesse escopo, à abordagem antropológica, não cabe asseverar se as categorias são boas ou más em sua essência. Nem tampouco, conforme postula Rose (2011), é frutífero apoiar-se na ideia de que existe uma subjetividade a ser recapturada de uma “opressão social”. A tarefa da disciplina reside, sim, em dar visibilidade, pela via do potencial etnográfico, àquilo que não é abrangido pelas “histórias oficiais”, a saber, as implicações de “técnicas reguladoras” e de seus “sistemas éticos” sobre ideais democráticos tão caros hoje em dia, como a equidade e a liberdade.

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poder e subjetividade. Petrópolis: Vozes. Rose, Nikolas e Carlos Novas. 2002. Biological citizenship. http://thesp.leeds.ac.uk/files/2014/04/RoseandNovasBiologicalCitizenship2002.pdf Sarti, Cynthia. 2011. “A vítima como figura contemporânea”. Caderno CRH 24 (61): 51-61. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SEDH/PR). 2010. Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH - 3). Brasília: SEDH/PR. Senado Federal. 2015. Atividade legislativa. www. senado.gov.br Silva, Ana Beatriz Barbosa. 2010. Bullying: mentes perigosas nas escolas. Rio de Janeiro: Objetiva. Souza, Jessé. 2012. “Introdução: uma nova classe trabalhadora brasileira?”. Em Os batalhadores brasileiros: nova classe média ou nova classe trabalhadora?, editado por Jessé Souza, 19-57. Belo Horizonte: Editora UFMG.

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La intervención psicosocial y la construcción de las “mujeres víctimas”. Una aproximación desde las experiencias de Quito (Ecuador) y Santiago (Chile)* Caterine Galaz V.** – Paz Guarderas A.*** Fecha de recepción: 29 de abril de 2016 · Fecha de aceptación: 21 de septiembre de 2016 · Fecha de modificación: 03 de octubre de 2016 DOI: https://dx.doi.org/10.7440/res59.2017.06

R E S U M E N | Las prácticas y los discursos manifiestos en dispositivos de intervención social que trabajan con mujeres en Ecuador y Chile contribuyen a la construcción de un sujeto-víctima como justificación de una perspectiva de derechos ciudadanos. A partir de dos investigaciones cualitativas en servicios con perspectiva de género en Ecuador (violencia de género) y Chile (inclusión de inmigradas) se busca entender cuáles son las matrices de comprensión de la intervención con mujeres que las sitúa como víctimas; cómo las intervenciones sociales desde esta constitución de sujeto generan determinados efectos en las usuarias e interventoras; y atender algunas resistencias (Deleuze y Guattari 2012 [1988]) que aparecen en la relación entre profesionales y usuarias que escapan de estas concepciones y prácticas. PA L A B R A S C L AV E | Víctima, mujeres, intervención, dominación, resistencia (Thesaurus); subjetivación (Autor).

Psychosocial Intervention and the Construction of “Women Victims:” An Approach Based on Experiences in Quito (Ecuador) and Santiago (Chile) A B S T R AC T | Practices and discourses manifested in social intervention devices that work with women in Ecuador and Chile contribute to the construction of a subject-victim as justification from a perspective of citizens’ rights. Based on two qualitative studies of services from a gender perspective in Ecuador (genderbased violence) and Chile (inclusion of immigrants), the article seeks to understand the bases for intervention with women that positions them as victims; to show how social interventions based on this constitution of the subject generate certain effects both in the users and in those who intervene; and to look at some forms of resistance (Deleuze and Guattari 2012 [1988]) that appear in the relationship between professionals and users that extend beyond these conceptions and practices. K E Y W O R D S | Women, resistance (Thesaurus); victim, intervention, domination, subjectivation (Author).

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El artículo se basa en dos investigaciones desarrolladas en Chile y en Quito. La primera de ellas, titulada “Intervención social con mujeres inmigradas: reconocimiento, incorporación sociocultural e igualdad de oportunidades para la inclusión”, contó con el financiamiento de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, VID, de la Universidad de Chile (U-Inicia, Galaz, 2015-2016). La investigación realizada en Quito fue parte de la tesis doctoral “La intervención psicosocial contra la violencia de género en Quito. Tejiendo narrativas y nuevos sentidos”, realizada por Guarderas en el Programa de Psicología Social de la Universitat Autònoma de Barcelona (España), y fue financiada por el SENESCYT-Ecuador (2012-2016).

Doctora en Ciencias de la Educación por la Universitat Autònoma de Barcelona (España). Académica de Trabajo Social de la Universidad de Chile y Coordinadora del Núcleo I+D “Estudios críticos de la Diversidad” y miembro del Programa de Psicología Social de la Memoria, de la misma Universidad. Últimas publicaciones: “Gubernamentalidad y relaciones de inclusión/exclusión: los dispositivos de intervención social dirigidos a mujeres inmigradas en España” (en coautoría). Universitas Psychologica 14 (5): 1667-1680, 2015, y “La construcción social de las mujeres inmigrantes en los discursos de la academia” (en coautoría). Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad 14 (2): 28-39, 2015. * cgalazvalderrama@uchile.cl *** Doctora en Psicología Social por la Universitat Autònoma de Barcelona (España). Profesora titular de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS), Ecuador. Participa en los grupos de investigaciones psicosociales de la UPS y Fractalidades en la investigación crítica de la Universitat Autònoma de Barcelona. Últimas publicaciones: “Silencios y acentos en la construcción de la violencia de género como un problema social en Quito”. Íconos. Revista de Ciencias Sociales 55: 191-213, 2016, y “Tramoyas, personajes y tramas de la actuación psicológica en violencia de género en Quito”. Universitas Psychologica 14 (5): 1569-1582, 2015. * mguarderas@ups.edu.ec


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A intervenção psicossocial e a construção das “mulheres vítimas”. Uma aproximação a partir das experiências de Quito (Equador) e Santiago (Chile) R E S U M O | As práticas e os discursos manifestos em dispositivos de intervenção social que trabalham com mulheres no Equador e no Chile contribuem para a construção de um sujeito-vítima como justificativa de uma perspectiva de direitos cidadãos. A partir de duas pesquisas qualitativas em serviços com perspectiva de gênero no Equador (violência de gênero) e no Chile (inclusão de imigrantes), pretende-se entender quais são as matrizes de compreensão da intervenção com mulheres que as situa como vítimas; como as intervenções sociais sob essa constituição de sujeito geram determinados efeitos nas usuárias e interventoras; além disso, entender algumas resistências (Deleuze e Guattari 2012 [1988]) que aparecem na relação entre profissionais e usuárias que fogem dessas concepções e práticas. PA L AV R A S - C H AV E | Dominação, intervenção, mulheres, resistência, vítima (Thesaurus); subjetivação (Autor).

Introducción Este artículo presenta los puntos en común de los resultados de dos investigaciones que exploran las prácticas y los discursos manifiestos en diversos dispositivos de intervención psicosocial que trabajan con mujeres en Ecuador y Chile. Se desarrolla esta comparativa al evidenciar prácticas y discursos comunes en ambos contextos respecto de la justificación de la existencia de ciertos dispositivos sociales específicos por donde transitan mujeres consideradas vulnerables, como también en sus formas de actuación directa. Colocamos conscientemente el caso de dos dispositivos diferentes respecto de su objeto de atención —violencia de género en Quito e inclusión de la migración en Santiago— y en dos capitales de la región, para visualizar la posibilidad de transnacionalización de una retórica de derechos que, pese a sus diferencias en sus niveles de práctica, acaba produciendo diversas formas de gubernamentalidad que posibilitan un proceso de victimización de algunas mujeres. Como veremos, en estos dispositivos se utiliza una retórica en torno a la inclusión de género y de derechos que tiene efectos directos en la manera de concebir a estas mujeres y en los procesos de subjetivación que se derivan de sus actuaciones, a partir de procesos intensivos de encuadramiento que derivan en su victimización. Es importante interrogar las aplicaciones de estas perspectivas que están en uso a nivel transnacional en el aparataje público y de la sociedad civil, precisamente porque muchas veces se utilizan sin una explicación del significado de estas orientaciones, y más como horizonte deseable y abstracto que como una apuesta política de transformación. En ambos contextos, Santiago de Chile y Quito, encontramos usos comunes de retóricas respecto de las mujeres que redundan en la construcción de la categoría víctima desde estos dispositivos. Las investigaciones se desarrollaron con profesionales y usuarias de servicios que con perspectiva de género trabajan con mujeres en situación de violencia de género en Quito y de inmigración en Santiago.

Lo que buscamos explicar son las maneras en que los dispositivos de intervención psicosocial construyen un sujeto-víctima como justificación de una perspectiva de derechos ciudadanos, haciendo que desde la victimización devenga cierta incorporación ciudadana. El artículo presenta en un primer acápite las referencias teóricas que asumimos como base para analizar la relación entre intervención psicosocial y la generación de procesos de victimización. A continuación se describen brevemente la metodología utilizada y la forma de aproximación a esta reflexión. Luego desarrollamos una discusión respecto de cuatro factores relacionados con la constitución del proceso de victimización: las matrices de comprensión que actúan trasnacionalmente para la consideración del sujeto mujer-víctima, la relación entre los dispositivos de intervención psicosocial y la constitución de la categoría mujer-víctima, los mecanismos técnicos para la construcción de la víctima, particularmente la actuación experta y pericial —prácticas y discursos de verdad, normativas para el encuadre social, y la clasificación por secuelas y/o marcas distinguibles—, y por último, las posibilidades que tienen las mujeres y las profesionales de resistencias frente a este proceso de victimización.

Herramientas conceptuales: conocimiento transnacional, matrices, gubernamentalidad y victimización Nos basamos en diversas herramientas teóricas que nos han brindado luces para la interpretación. Considerando las propuestas desde el feminismo poscolonial, nos interesa comprender los procesos de transnacionalización que emergen en la intervención psicosocial. Entendemos, junto a Mohanty (2008 [1988]), estos procesos como la apropiación, codificación y movilización de un saber académico que tiene determinados efectos. Estos saberes se constituyen en una “matriz de dominación” (Collins 2000) de la que emergen ejes de diferenciación que intersecan la enunciación en cuanto

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a sexo, clase, procedencia nacional y etnia (Creenshaw 1989). Siguiendo a Yuval-Davis (2006) y Anthias (2002), enfatizamos nuestro análisis en comprender cómo esas desigualdades operan en los niveles institucionales-organizativos de la sociedad y en el representativo-discursivo, no sólo a nivel de lo intersubjetivo. Por ello, teniendo presentes los planteamientos de hooks (1984) y Mohanty (2003), cuestionamos la universalidad de la opresión, criticamos la homogeneización de los sujetos y entendemos que estos procesos son otro fruto de la violencia epistémica (Spivak 1988). En este sentido, nos será de utilidad para este ejercicio comparativo entre los dos contextos, la noción que plantean Merry y Levitt (2009) sobre cómo las nociones transnacionales acerca de los derechos de las mujeres son ajustadas en procesos de vernaculización en los contextos locales, considerando principalmente las posiciones sociales, la experticia en esa traducción y ese encuadre social, y las tecnologías que se generan para dicho encuadre.

queda un exceso más allá de lo que ha sido nombrado y fuera del cual la agencia es posible (Butler 2001 [1997]). Emergen, entonces, algunas voces desplazadas, incertezas donde el discurso más hegemónico no alcanza a llegar (Calveiro 1998). En este caso que estudiamos, consideramos que se generan prácticas gubernamentales en la generación de un proceso de victimización con ciertos sujetos —mujeres afectadas por violencia y mujeres inmigradas1 no incluidas socialmente— al desarrollar una serie de dispositivos y técnicas que terminan consolidándose en la figura víctima. Entenderemos que esta figura, como lo plantea Mohanty (2008 [1988]), homogeneiza y difumina precisamente todas las otras posibles diferencias y especificidades que intersecan a las mujeres, produciéndose una condensación de significados única (Guarderas 2015). Lo que escapa a esta norma es considerado como incompletitud, o bien, falsedad desde los dispositivos sancionatorios que establecen quién puede caber dentro de esa categoría.

Siguiendo a Hacking (1999), consideraremos que las construcciones sociales que posibilitan la emergencia de ciertas categorías se enmarcan en lo que el autor llama “matrices semiótico-materiales”. Estas constituyen clasificaciones de los sujetos, establecen lo que es y no es un problema social, determinan prácticas y limitan los repertorios lingüísticos de nominación que tienen efectos en la materialidad. La complejidad mayor estaría en que estas clasificaciones van constituyendo el mundo de posibilidad de las personas y tienen efectos concretos de subjetivación de estos sujetos. En este artículo indagamos sobre la figura mujer-víctima, cómo se la construye, a través de cuáles discursos y prácticas, y sus efectos.

Lejos de comprender la victimización como fruto de un evento que incapacita a una persona para enfrentar adecuadamente un problema (Dussich 2008), la abordamos, junto a Montenegro y Piper, como la construcción del sujeto víctima, lo que implica “una articulación de sentidos en la cual todas las experiencias y secuelas de la violencia se convierten en la misma, operando como si todas las individualidades que están bajo esa misma categoría fueran idénticas entre sí” (2009, 50). Los dispositivos de intervención social, como los analizados en este artículo, promueven de esta manera cierta mirada victimista (Cuvi y Martínez 1994), con el afán precisamente de poder otorgar un servicio o posibilitar el ejercicio de un derecho. La victimización implicaría el proceso por el cual se construye, en cierta matriz de dominación, la figura mujer-víctima a partir de normativas, servicios, prácticas, dispositivos, relaciones, modos de enunciar, que tienen un efecto en los procesos de subjetivación.

Por otro lado, consideramos la intervención psicosocial como una forma de gubernamentalidad (Foucault 1999) al posibilitar con sus prácticas y discursos diversas maneras de control, disciplinamiento y normativización, pero a la vez, distintos modos de resistencias, no siempre explícitas y directas. Entenderemos como gubernamentalidad al conjunto de técnicas que permiten al poder ejercerse en función de estrategias, aplicándose a la totalidad de la existencia (Foucault 1999). Además, estas formas de gubernamentalidad se desarrollan también de manera sutil, y no son necesariamente coercitivas (Rose 1996), pues actúan a través de dispositivos. Entenderemos como dispositivo un sistema técnico y social de acción que organiza y normativiza las relaciones sociales, en función de significados y representaciones concretos (Lascoumes 2004). Así, la intervención psicosocial desarrolla maneras de entender y actuar sobre algunas problemáticas sociales, que se enmarcan en un conjunto de definiciones donde están involucrados instituciones y agentes sociales, conocimientos y formas de acción (Galaz y Montenegro 2015), que afectan directamente las trayectorias de los sujetos que considera como centro de su actuación. Pese a los efectos de control y dominación, a la vez, siempre

Estas actuaciones de victimización, consonantemente, mantienen los roles tradicionales de género, al posicionar un imaginario de “mujer” pasiva, sumisa, disciplinada y que requiere protección (Izquierdo 1998).

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Es preciso notar el uso de inmigrante, es decir, la sustantivación de un participio activo que, como apunta García Borrego, ejecuta la acción en presente, “aunque (y he aquí lo significativo) haya inmigrado en el pasado, y debiera por ello ser nombrado, en todo caso, mediante el participio pretérito: ‘inmigrado’ —como se hace en Francia, donde no se habla de los immigrants sino de los immigrés. En este sentido, podría decirse que la pesada condición de inmigrante persigue al que inmigró una vez, y ‘le hace estar inmigrando siempre’” (García 2003, 30). En este sentido, en este artículo elegimos la denominación inmigradas para denominar a las personas extranjeras que han llegado y se han instalado en la región en los últimos años. Si utilizamos “inmigrantes” con comillas, nos referimos a los discursos sociales que así las designan con la carga de extranjeridad social que conlleva el concepto (Santamaría 2002; Galaz 2008).

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La víctima se constituye en este proceso de una manera monolítica (Casado 2012). Como lo plantea Gatti (2016), en la actualidad la víctima es una figura paradójica porque, a la vez que es catalogada como pasiva, otras lecturas lo hacen desde el activismo; no tiene posibilidad de voz pero de manera simultánea habla, actúa y tiene agencia; es una figura no deseada pero a la vez buscada. Para nuestra reflexión tomaremos esta figura de víctima no tanto como desborde de la ciudadanía, sino para ver cómo el encuadre de ciertos sujetos —algunas mujeres—, desde la intervención psicosocial, bajo la protección de esta figuración victimista, posibilita precisamente la entrada al goce de ciertos derechos sociales y la habilitación como posibles ciudadanas. De esta manera, desde estos dispositivos psicosociales se contribuye a una suerte de fabricación de víctimas (Best 1997; Dineen 1996); es decir, se contribuye a un proceso de victimización donde se coloca como horizonte la inclusión siguiendo un modelo normativo que plantea las vías de (re)incorporación al conjunto social, principalmente acceso económico y social de las mujeres, obviamente tutorizadas por voces expertas para gestionar la experiencia personal y las vías de promoción judicial, social, económica (Dineen 1996).

Metodología La metodología empleada en las dos investigaciones parte de un enfoque hermenéutico-interpretativo (Gadamer 1994; Ricoeur 2000), al considerar la comprensión de los eventos como acontecer de sentido de los sujetos en relación. Así, lo que se investiga se considera como una construcción continua entre los sujetos involucrados en el campo-tema de investigación (Spink 2005). Con ello se cuestiona la forma dualista y aséptica entre objeto-sujeto de investigación, la producción de verdad única desde el saber más científico tradicional, considerando el contexto y la posición propia de quien investiga en dichos contextos. La realidad, por tanto, se considera como una co-construcción de relatos compartidos entre los sujetos que se articulan durante la investigación y en un momento sociohistórico determinado. Utilizamos de manera preferente como técnicas las Producciones Narrativas (Balasch y Montenegro 2003), que consisten en generar comprensiones del mundo a partir de la conexión parcial entre quien investiga y las personas participantes en las investigaciones. Este tipo de metodología no sólo es una apuesta técnica para la aproximación a los discursos, sino también una apuesta epistemológica en sí misma, ya que invierte la tradicional relación jerárquica entre sujeto investigador y participantes, cuestiona la enunciación de verdad sólo en el ámbito de quien investiga y posibilita procesos de reflexividad conjunta en la articulación que se establece. Esta técnica consiste en la articulación entre investigadoras y participantes, en encuentros reiterados, donde, más que

asistir a una dinámica de entrevista, se desarrolla una conversación temática posibilitando una interpelación en los dos sentidos. A partir de esta conversación se van generando productos textuales construidos tanto por las investigadoras como por las participantes en cooperación, perfeccionando y reelaborando constantemente el texto final resultante. El texto final es una elaboración escrita a varias voces que intenta posicionarse en un punto intermedio entre la experiencia y la reflexión sobre los procesos y temas tratados, con tal de dar comprensiones nuevas a los fenómenos. En la investigación desarrollada en Chile (2015-2016) se concretaron doce producciones narrativas, llevadas a cabo tanto con profesionales-interventoras de entidades públicas y de la sociedad civil —trabajadores sociales, psicólogos y abogados— como con mujeres inmigradas (procedentes de Perú, Colombia y República Dominicana) que habían sido “usuarias” de diversos servicios. En la investigación llevada a cabo en Ecuador (2012-2015) se desarrollaron ocho producciones narrativas, cuatro con profesionales de la psicología que habían trabajado en un centro especializados de prevención y atención a la violencia de género, y otras cuatro con mujeres que habían vivido violencia de género. En este artículo presentaremos nuestra reflexión a partir de diversos extractos de textualizaciones de las narrativas desarrolladas en ambos contextos.2

Matrices transnacionales desde la intervención hacia el sujeto “mujer-víctima” Los procesos de intervención con mujeres víctimas surgen en diversas matrices semiótico-materiales. Es decir, complejas relaciones entre discursos y prácticas que configuran una manera de comprender el problema, los sujetos de la intervención y unas relaciones en esas prácticas. Esto incluye artículos, leyes, informes, clasificaciones, instituciones, pero también lugares, espacios, relaciones, turnos, papeles (Hacking 1999). En los casos analizados, las matrices conceptuales acentuadas han sido los derechos humanos y seguridad ciudadana. La matriz discursiva de los derechos humanos fue clave durante el retorno a la democracia en la región y entró de la mano con los movimientos sociales desde mediados de los ochenta, en el caso ecuatoriano, y en la década de los noventa, para el caso chileno. Esta matriz también se nutrió de las conferencias y convenciones internacionales alusivas a las mujeres (ONU 1979, 1980 2

Cabe señalar que, si bien las producciones narrativas que emanaron de los estudios tienen una densidad explicativa per se, consideramos que, para poder exponer las conclusiones transversales y comparativas de las dos investigaciones en relación con el proceso de victimización y los dispositivos de intervención psicosocial, era necesario extraer como citas empíricas algunos de sus extractos para hacer más inteligibles los argumentos en este artículo.

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1993, 1994), las cuales fueron mecanismos para instar al Estado a tomar medidas para prevenir, erradicar y sancionar discriminaciones y violencias. La matriz ha tenido, desde nuestra perspectiva, dos lugares de condensación: la vulneración de derechos de las mujeres desde el Estado y, posteriormente, los procesos de tipificación de los temas que se volvieron cruciales para las mujeres, tales como la violencia de género y la inclusión social de mujeres vulnerables, donde caben las mujeres inmigradas. Otra configuración que se ha desprendido de la aproximación a los derechos humanos es su vinculación con la seguridad ciudadana (Carrión 2014). Este discurso se incorporó en la región latinoamericana por el incremento de los delitos, debido a las inequidades sociales, la exigencia de la seguridad como un bien público, el aumento de seguridad privada y el deterioro de la imagen de la Policía (Torres 2010), haciendo eco a las miradas regionales que se volcaron hacia las ciudades seguras para las mujeres (Falú y Segovia 2007). En el caso ecuatoriano, este enfoque enfatizó en el espacio público para eliminar la dicotomía público-privado, según Carrión (2008), pues el acceso restringido de las mujeres al espacio público contribuye a su aislamiento y, por ello, al debilitamiento de su ciudadanía (Falú 2009). Esta aproximación, por un lado, criminaliza la violencia y pone el énfasis en la denuncia como mecanismo de control del crimen y, por otro, propone el uso y disfrute del espacio público (Guarderas 2016). Esto tuvo como efecto un mayor posicionamiento de la violencia de género como un problema y su desnaturalización; sin embargo, también ha implicado su judicialización. Así, la solución a la violencia se reduce a la denuncia tornándose en un problema individual que debe resolverse en el ámbito judicial. Esta matriz ha simplificado el problema reduciéndolo a una cuestión de víctimas pasivas que requieren protección y de victimarios merecedores de castigo (Izquierdo 1998). En el caso chileno ha primado en las últimas décadas la vinculación entre la perspectiva de derechos en la seguridad ciudadana y un enfoque de género, sobre todo siguiendo las directrices del PNUD, que plantea que las diferencias entre hombres y mujeres invisibilizan una serie de inseguridades por las que cruzan estas últimas, al situarse en una desventajosa posición de poder en relación con el resto social (PNUD 2012). Esto hace emerger la diferenciación respecto de las minorías sociales, donde las mujeres surgen como ícono por excelencia. Las inseguridades invisibilizadas las sitúan como sujetos expuestos a una potencial violencia que no siempre es directa, y que incluso puede ser aminorada por las propias víctimas (PNUD 2010). Como vemos tanto en Chile como en Ecuador, la asunción de estos principios sitúa la atención de derechos directamente con la atención de la seguridad ciudadana. Así, muchos de los dispositivos disponibles

para la atención de mujeres están vinculados a aparatos de seguridad como dependencias de los ministerios del Interior o servicios derivados de esta administración y policiales. Esta visión aplicada a la situación de las mujeres inmigradas y en situación de violencia machista ha llevado a que este tema, en muchos de los gobiernos locales, se considere como un ámbito de acción de los dispositivos de intervención territoriales referidos a la seguridad ciudadana. En ambos casos, nos encontramos con algunos servicios municipales donde se vincula la seguridad no sólo con el afán de asegurar el orden vecinal, sino también como agente de convivencia intercultural y acciones contra la discriminación social de las mujeres inmigradas y la violencia de género. Es clave indicar que la incorporación del enfoque de derechos también estuvo acompañada de lo que se ha denominado la oenegeización del feminismo (Alvarez 2009). Esta institucionalización puso el énfasis en el enfoque de género y de los derechos humanos, pero paulatinamente se produjo un vaciamiento de contenido de los términos y una despolitización de aquello que en un primer momento pretendía transformar el orden preestablecido. En la aproximación a los fenómenos se deja de lado al patriarcado, al colonialismo, al clasismo, al control de la sexualidad (Guarderas 2016), para dar protagonismo a tecnicismos propios de la jerga del desarrollo. Si bien el estudio de las violencias y discriminaciones hacia las mujeres desde la matriz de los derechos humanos, como indica Brown (2000) basada en Spivak, es algo que “no podemos no querer”, deja entrever una paradoja: los derechos humanos promueven una definición de mujer basada en el discurso transhistórico —nosotras incluimos transnacional— de la jurisprudencia liberal. Compartimos con Brown la idea de que los derechos humanos no han logrado liberar las designaciones de género, e incluso reinscriben una designación, es decir, mientras protegen también regulan.

Dispositivos de intervención y constitución de la mujer-víctima Los dispositivos de intervención en los casos analizados se legitiman en una perspectiva de derechos bajo la promoción de la inclusión de género y se estructuran soportados en ciertas matrices conceptuales que no siempre son explicitadas con base en una serie de provisiones de servicios directos. La intervención en el caso de Chile con mujeres inmigrantes son sistemas organizados desde los gobiernos locales, o bien desde organizaciones no gubernamentales (ONG), que tienen como misión la inclusión social, centrándose en la accesibilidad de espacios como la salud, la educación de sus hijos y el trabajo. Son dispositivos institucionales reconocidos, y también con características duales, tanto asistenciales

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como de promoción social. En el caso de Ecuador, estos dispositivos actúan organizados desde los gobiernos locales, el Gobierno nacional y algunas ONG. Los servicios analizados inicialmente fueron implementados por una ONG, y luego el gobierno local los asumió centrándose en el acceso a la justicia, en promover la denuncia y evitar la “ruta crítica”. Hasta el 2014 se pretendió realizar un trabajo articulado entre las instancias policiales, de justicia y equipos del área legal, social y psicológica. Desde el 2014 se ha dado un proceso de transición, y el Gobierno nacional ha quedado a cargo de la atención judicial, y el gobierno local de Quito, a cargo de los procesos de prevención y seguimiento. En ambos contextos, estos dispositivos se inician desde un a priori: las trayectorias de cierto tipo de mujeres asumen características de “problema social”, lo que justifica la instauración de estos sistemas de servicios y atención directa. Es así que, en el caso de la violencia de género, el problema deja de ser la situación de violencia y el contexto patriarcal y se configura como la falta de conocimiento de los derechos. En el caso chileno, la falta de inclusión social de algunas mujeres inmigradas aparece más vinculada a las características propias como sujetos, que a las falencias del sistema de instalación. Así, veremos que esta constitución problemática de estas trayectorias femeninas en ambos contextos permite cierta homogeneización y normativización de los cuerpos de las mujeres bajo una visión victimista, pero a la vez posibilita la estandarización de servicios bajo la retórica de la inclusión de género y entidad posibilitadora de derechos. Esto queda en evidencia en los siguientes ejemplos: “Nosotras nos basamos en una perspectiva de derechos porque son mujeres que muchas veces desconocen que aquí pueden denunciar, pueden pelear por sus derechos, lo que a veces en sus contextos de origen no podían hacer, por el peso cultural... Todo esto va generando problemas… problemas de integración. […] Lo primero que hacemos es una entrevista diagnóstica y a partir de eso podemos ver cuál de los programas ella requiere”. (Profesional interventora 2015) “Me dediqué a la promoción de derechos, esta área fue una forma positiva de ver la vida y de intervenir en las personas ‘antes de’. Este espacio también me permitió conocer una realidad, una problemática, y descubrí casos de personas que no sabían qué hacer o dónde acudir. La finalidad no fue sólo brindar información, sino favorecer una sensibilización en las personas para saber actuar [...] A veces la gente se resiste a creer que es algo de lo que se debe hablar y, peor, algo que debe denunciarse”. (Psicóloga 3 2013)

Se constituyen desde la intervención ciertos mundos posibles de ser vividos por estas mujeres para poder ser incluidas en la rueda de estos dispositivos y, por tanto, de

la ciudadanía. Pese a que son dispositivos con características específicas por sus respectivos sujetos de atención —violencia de género y procesos migratorios—, se pueden considerar algunas características comunes en ambos contextos geográficos. En primer lugar, se asientan en un discurso de derechos ciudadanos, lo que brinda a las intervenciones una justificación ética incuestionable a nivel social, ya que sus acciones estarían orientadas hacia la justicia social, dado que posibilitarían el acceso a este conjunto de mujeres que estarían fuera de este ejercicio de derecho. Por tanto, en esa justificación de la acción se sobreentienden algunos supuestos: sus sujetos de atención, las mujeres, no gozan de algunos derechos ciudadanos, se encuentran en una situación de desventaja o vulnerabilidad respecto de otras mujeres y otros hombres, y muchas veces no son agentes de su vida para poder cambiar su situación. “La vulnerabilidad en la que se sitúan estas mujeres tiene muchos rostros. Uno de ellos es la desigualdad de género. Algunas llegan con roles de género muy marcados y el machismo es más visible… vienen de una sociedad de origen machista, incluso, la decisión de emigrar en algunos casos no ha sido tomada por ellas [...] Ante esto, se nos remueve el piso como profesionales porque ante una persona que no ha decidido por ella misma, qué podemos hacer… Pues remover, intentar empoderarla, que ella sea capaz de cambiar su propia situación. Lo que nos queda es intentar removerlas, hacerles ver que no están en igualdad de condiciones que las otras mujeres nacionales [...]. Vienen de otro país, pero no porque ellas estén convencidas, no como una oportunidad para sí mismas. Hay que convencerlas para hacerles ver que aquí tienen derechos. Entonces la concienciación es lo básico”. (Interventora Social 3 2015) “Desde mi experiencia podría definir a la violencia de género como la anulación de todos tus derechos y libertades. [...] Se trabaja en el empoderamiento, es importante que conozcan la ley para que sepan que pueden tener medidas de protección. El objetivo de la intervención es promover la reparación y restitución de sus derechos”. (Psicóloga 4 2013)

En segundo lugar, estos dispositivos se plantean bajo una lógica de inclusión de género. A veces explícitamente en sus estatutos u objetivos, o bien, en los relatos justificadores de sus acciones, desarrollan argumentaciones que nombran al género como norte de su axiología. Pero en estos relatos en Quito y Santiago se evidencia una cierta transnacionalización de una argumentación generalista sobre los derechos de las mujeres, sin considerar las diferencias contextuales que a veces esta perspectiva puede tener en cuanto a valores sociales, normas e imaginarios sobre lo considerado como derechos. Esto denota cierta perspectiva neocolonialista respecto del uso del género y la relación que se establece con cierto

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tipo de mujeres, caracterizadas en una situación universalista de menor valoración. Se presenta una paradoja: mientras se busca visibilizar las relaciones de poder entre sujetos, a la vez aparece como un parámetro ético irrefutable para algunas intervenciones. Se evidencian ciertos “usos del género” desde ámbitos sociales que muchas veces se aproximan a un postura acorde al sexismo benevolente (Glick y Fiske 1999). Así se visualiza en algunas argumentaciones de las intervenciones, donde se coloca la idea de género casi como sinónimo de mujeres, relegando la visión crítica que subyace a la teoría feminista y que precisamente busca un cambio en las relaciones de poder, dominación y visibilización de las diversas formas de resistencia de estas mujeres. “Nosotras tenemos una perspectiva de género en nuestros servicios. Atendemos a las mujeres y las acompañamos para que puedan ubicarse de mejor forma en el país. […] Es impresionante el machismo, incluso de algunas. No se dan cuenta, y ahí nosotras intentamos hacerles ver que necesitan trabajar para tener más independencia. Pero también vemos que algunas se plantean desde un falso feminismo. Algunas mujeres peruanas me dicen: ‘Yo puedo sola, no necesito nada de él’”. (Interventora Social 1 2015) “Recuerdo que en una de las entrevistas me preguntaron qué opinaba de la violencia y qué opinaba del género. Para mí no era un tema lejano. Estaba familiarizado. Abordé el tema de la violencia de género como estructural. Indiqué que la violencia es parte de la conformación del ser humano. Que era un problema que trascendía las fronteras sociales y que se trataba de un problema de salud pública. Abordé el tema del machismo a partir de mi vivencia personal. Mi padre era una persona que nos hacía respetar mucho al género femenino. Desde niño aprendí a ser caballero. La entrevistadora se dio cuenta que era una persona sensible al tema de género”. (Psicólogo 1 2013)

Cabe visualizar, a partir de estas argumentaciones, qué tipo de sujetos de intervención se están construyendo en estos servicios en ambos contextos analizados. Estos usos del género lo despolitizan y lo establecen como una nueva categoría esencialista que se opera a través de las intervenciones, sintetizándolo en la atención de un tipo específico de mujeres. Es en la conjunción de estas dos perspectivas (derechos y de género) que emerge una categoría de sujeto de atención por excelencia: la “mujer en falta” (Montenegro et al. 2011). Estos mecanismos de intervención ayudan a legitimar la necesidad de adaptación de estas mujeres a ciertos estilos de vida, a través de ciertos encuadres realizados desde las intervenciones para que los sujetos encajen en las categorías de intervención requeridas, en este caso, la víctima. Es decir, los servicios plantean, ya sea explícita o implícitamente, que su accionar se centra en esta categoría. Es necesario que la persona la ocupe para ser atendida, lo que, en última instancia, parece requerir ser victi-

mizada para poder ser intervenida adecuadamente para mejorar su proceso de inclusión social en la ciudadanía. Es decir, el propio proceso de intervención clasifica de ciertos modos lo que, desde nuestra perspectiva, implica la instauración de procesos de victimización. En ese sentido, los dispositivos de intervención social se estructuran en una conjunción de prácticas y discursos que derivan en ciertos mecanismos de gubernamentalidad (Foucault 1999). Así, las intervenciones permiten cierta gestión política de la victimización, que se basa en el control y la normativización de las mujeres por medios sutiles que posibilitan que estas puedan ubicarse en las categorías necesarias para desarrollar una intervención con éxito, es decir, un retorno a la ciudadanía perdida. Estos medios sutiles se articulan con base en dos ejes: su nominación y su cuerpo. En los dos casos analizados, podemos ver cómo en las consideraciones nominativas sobre las mujeres atendidas, la figura victimizada es prerrequisito para poder brindar el servicio. Por tanto, estas mujeres, ya sea afectadas por la violencia o intervenidas para su inclusión social como mujeres inmigradas, se configuran como un sujeto en minoría, en falta, en condiciones de vulnerabilidad, empobrecidas, incultas, sin poder, sin conocimientos, y otros apelativos que las ubican en una situación de víctima, ya sea por el ejercicio de poder de algunos hombres en el caso de la violencia machista, del patriarcado, de otros grupos mayoritarios nacionales en el caso de las inmigradas, y en definitiva, de la sociedad en general. La emergencia de este sujeto victimizado permite la gestión política de la victimización, que se concreta cotidianamente en las intervenciones, por ejemplo, en el caso chileno, con las mujeres inmigradas, a través de consejos para la inserción basados en cómo actuar, comportarse, vestirse, hablar o callar en el nuevo contexto de residencia, para conseguir unas mejores posibilidades de inclusión; hasta procesos de formación y capacitación que las orientan a aceptar las condiciones de instalación en los nichos laborales, formativos y residenciales secundarios, donde el resto no desea instalarse. “Son consejos. Intentamos en un espacio de intimidad, de proximidad, acercarnos a ellas y darles algunos consejos. No es fácil porque también cada una es un mundo [...] Pero se trata también de algo estratégico, de qué manera ellas pueden efectivamente sacar partido de las pocas posibilidades que tienen aquí, cómo dar vuelta a las malas condiciones en que están, las malas condiciones con las que ingresaron al país (porque entraron en forma irregular y se sitúan irregularmente, a veces engañadas por redes de tráfico), y eso pasa a veces por adaptarse a lo que busca la gente para así poder no ser discriminada como vecina, en su espacio más cotidiano. Por ejemplo, nos pasa con algunas mujeres dominicanas o colombianas con el uso de sus vestimentas: son

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DOSSIER diferentes, llamativas para lo que en Chile se usa, ajustadas. Se ven bellísimas pero saltan a la vista que no son de aquí. Entonces, algunas chilenas las miran mal, con discriminación, y los hombres, con una hipersexualización… Entonces, les hemos aconsejado que en los espacios públicos esto es llamativo y quizás no les beneficie precisamente porque pueden ser discriminadas”. (Profesional municipal 2015)

En el caso de las mujeres que son objeto de violencia machista en Quito, la noción de víctima implica un sujeto vulnerable. Si se evidencia una persona con agencia, deja de ser la víctima que el servicio espera. De algún modo, en el servicio se acentúa la noción de mujer víctima necesitada de protección. “Quienes llegan a los servicios son un universo de rostros, emociones y sentidos. Hay quienes quieren poner una denuncia. Otras están en la disyuntiva de no saber qué hacer: poner una denuncia implica colocarse en una situación de mayor vulnerabilidad y ser desleales con su pareja. También hay quienes quieren obtener beneficios secundarios: tener pensiones de alimentos altísimas y perjudicar a sus parejas sentimentales”. (Psicólogo 1 2013) “Esto sucedió en la madrugada. A la mañana siguiente mi hermano fue a mi casa. Le conté lo sucedido. Antes no busqué protección ni apoyo. No creo que sea una persona violenta. No creo que él sea capaz de hacerle eso a nadie. Tal vez me equivoco, debí haber dejado un precedente y denunciarlo. Sólo por intuición no lo hice. No creía que pudiera entrar a mi casa sin mi permiso. No me sentí vulnerable frente a él. Tampoco sentí necesario un apoyo psicológico porque él nunca tuvo influencia sobre mí”. (Mujer 4 2011)

Este proceso de encuadre como víctimas, también implica una gestión de sus cuerpos. Se da importancia a las “marcas” físicas estandarizadas que operan de manera simbólica para posicionarlas visualmente en esa condición. En el caso de las mujeres inmigradas en Santiago, sus cuerpos emergen por el acento de la diferenciación: en el cruce de género, clase y nacionalidad, son visibles y se habla de ellos a fin de acomodarlos para la aceptación de la mayoría. Se apela sutilmente a la voluntad de las mujeres en la gestión de sus cuerpos, costumbres, conocimientos y habilidades respecto de la nueva sociedad en la que viven para ser aceptables para la mayoría —así, son afectadas sus formas de vestir, de moverse en el espacio social, cómo responder a lo esperado desde la posición mayoritaria, etcétera—. Esto sucede en especial con las mujeres negras colombianas, haitianas, dominicanas, quienes aparecen más interpeladas por su color de piel. En el caso de las mujeres afectadas por violencia machista en Quito, se construyen cuerpos homogéneos, el cuerpo que escapa a la heteronormatividad es un cuerpo que no puede ni debe estar en el servicio. Así se muestra en la cita:

“He hecho varias denuncias. La primera vez, hace ocho años, fuimos a poner una denuncia en la Comisaría; llegamos mi pareja y yo y no nos ‘pararon bola’. Nos hicieron caso en el momento en que mostré que estaba golpeada. De tanto insistirles nos tomaron la denuncia. Creían que me había golpeado mi marido. Cuando le dijimos que fue por ser lesbiana y que las dos éramos pareja, empezó el maltrato. Era una comisaría nacional, en ese tiempo aún no había las comisarías de la mujer y la familia. Me empezaron a preguntar lo que había hecho para que me golpearan. Me decían: ‘Usted les debe haber dicho o hecho algo’. Ellos nos quedaban viendo, sus miradas eran de morbo. El comisario, en el momento que tenía que firmar, desapareció. Y tuvimos que esperar a que se dignara a volver. Se demoró el proceso como cuatro horas. [...] He acudido a apoyo psicológico. Fui a una fundación, donde el psicólogo me dijo: ‘Tú no eres lesbiana’. Yo pensaba: ‘¿Por qué me quieren arrebatar mi lesbianidad?’. Hay gente que me dice que soy lesbiana por mi historia de violencia o porque no he encontrado al hombre indicado. Yo salí de este proceso más descuadrada de lo que llegué. [...] Volviendo a lo legal, en la última denuncia, hace un año, fui a la Policía Judicial. La chica me tomó la declaración. Pero nada de lo que le dije escribió. Anotó: ‘Fue agredida por el hermano con un palo en el cuerpo desnudo’. Yo le dije: ‘Quiero que quede constancia que lo sucedido es por mi orientación sexual. Mi vida está siendo afectada por un miembro de mi familia. Quiero recibir protección del Estado, que cambien mi identidad’. Pero la policía que me atendió no escribió nada. Yo incluso me molesté. Cuando me entregó la hoja de la denuncia, sólo estaban escritas tres líneas”. (Mujer 2 2012)

Mecanismos para la construcción de la víctima: la actuación experta y pericial En la configuración de las mujeres como víctimas se estructura una serie de mecanismos operativos que posibilitan el reconocimiento de las usuarias dentro de esta categoría. Estos mecanismos operativos consideran: a) prácticas concretas de personas expertas en el ámbito social y psicológico y los diagnósticos con calidad de verdad establecidos, b) normativas que las ubican en un determinado espacio social como sujetos de intervención y c) la clasificación por secuelas o marcas que las hacen visibles y catalogables.

Prácticas concretas de expertos sociales, jurídicos y psicológicos y discursos de la verdad Entre estas prácticas, algunas comunes en los dos contextos, se consideran, por ejemplo, los diagnósticos sociales sobre las condiciones de vida de las mujeres, desarrollados por profesionales de las ciencias sociales, las valoraciones jurídicas y el peritaje psicológico.

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El diagnóstico y peritaje social, en el caso de las personas inmigradas en Chile, favorecen el análisis de las condiciones de instalación de las mujeres inmigradas en el nuevo contexto, en cuanto a su situación familiar, legal, de vivienda, salud, educación, entre otros factores. Este análisis permite fijar a las mujeres en ciertas condiciones de vulnerabilidad, para, en última instancia, justificar la intervención desde el ámbito social. Además, se les aplican instrumentos técnicos como la Ficha de Protección Social chilena —aplicada a todas las personas residentes en situaciones económicas más precarias—, que avale la información recabada en los diagnósticos. La valoración jurídica es también fundamental. En el caso de la intervención con inmigradas, teniendo en cuenta que un sector de esta población no posee un estatus regular en el país, o bien han entrado por un paso fronterizo no habilitado, la actuación legal es considerada como un punto de inflexión para conseguir o no su regularización y una mejor calidad de vida a través del acceso a la oferta programática estatal. Por tanto, la regularización se mediatiza por lo jurídico y se iguala a la posibilidad de inclusión efectiva de estos sujetos. En el caso de Quito, como en otras latitudes, el peritaje pretende conocer si se trata de una verdadera o una falsa víctima (Cubells, Albertín y Calsamiglia 2010), identificando si la persona dice la verdad o está obteniendo una “ganancia” del sistema de justicia. La manera de definirlo es a partir de parámetros y clasificaciones basados en el diagnóstico psicológico para establecer cuándo se es víctima y cuando no. Este proceso construye y normaliza a la víctima. Asimismo, el peritaje psicológico tiene relación con el desarrollo de entrevistas exploratorias para conocer diversos aspectos personales de la mujer para el centro de intervención. Este peritaje habilita para adentrarse en las experiencias subjetivas y corporales de las mujeres, revestido de la necesidad de esclarecer la verdad de la situación que están viviendo. El peritaje es un “escrutinio meticuloso sobre el testimonio de la víctima” (Cubells, Albertín y Calsamiglia 2010, 105), para dotarlo de un carácter de verdad. Entremezcla reglas y procedimientos de los dispositivos disciplinares de la psicología y la justicia, insertados en el mismo flujo de poder (Vicentin y De Oliveira 2012). A partir de un psicodiagnóstico se clasifica, se simplifica, y con el uso de vocabulario especializado (Rose 1996) se construye una suerte de “victimología clínica” (Guarderas 2015). Sin embargo, “la aparente objetividad esconde tras bastidores concepciones patriarcales de los y las profesionales y es usada al antojo por los operadores de justicia según sus conveniencias, creencias e incluso conforme prácticas corruptas” (Guarderas 2015, 96). Se han creado fronteras para diferenciar a una víctima o a una verdadera mujer de una falsa víctima o de una mujer que carga erróneamente su lesbianidad. En un primer momento se duda del testimonio, para dotarlo luego de veracidad judicial y construir la verdad del profesional. El testimonio adquiere carácter

de verdad cuando coincide con las clasificaciones realizadas, que en ciertos casos obedecen a los efectos o secuelas de la violencia de género, y en otros, a concepciones y prácticas heteronormativas. “El peritaje vincula emociones, personalidad, y las causas personales que llevan a cometer un delito, cuando se trata de agresores. En el caso de las personas agredidas, el peritaje es más importante si no existen las evidencias físicas de una agresión. Permite indagar sobre los efectos psicológicos de la agresión en la víctima. […] Las autoridades en nuestro país no tienen claro qué es el peritaje psicológico. A veces lo piden para saber si la persona dice la verdad”. (Psicóloga 1 2012)

En el caso de las mujeres inmigradas en Santiago, esta aproximación psicológica se hace desde una vertiente social, ya que en muchas intervenciones se considera que estas mujeres han experimentado un trauma, un duelo o un desarraigo, que las sitúa en situación de desventaja respecto del conjunto social. Algunos dispositivos de intervención cuentan con profesionales de la psicología que atienden estas situaciones, o bien, son derivadas a entidades especialistas externas, públicas y de la sociedad civil, para una atención de las necesidades psicológicas que las personas inmigradas portarían. De esta manera, se da una cierta patologización encubierta de las experiencias de algunas mujeres inmigradas, lo que redunda en la categorización como víctima porque generaliza algunas experiencias a todo el colectivo de mujeres inmigradas que cruzan por un paso fronterizo no habilitado, derivándolas a servicios especializados de atención psicológica: “Son víctimas… muchas mujeres dominicanas, especialmente el acento en nuestra intervención ha estado en lo jurídico y lo psicológico porque han sido víctimas de tráfico… al entrar a Chile por pasos no habilitados. Han sido engañadas, han salido con una promesa, con la idea de que llegarán a su nuevo destino, Chile, con una visa regularizada. Y la realidad está lejos de esa promesa. Entran y quedan irregulares, y les pena constantemente una orden de expulsión. Muchas se endeudan para caer en este engaño. Toman un vuelo hasta Ecuador, país que tiene fronteras abiertas. Y desde ahí comienza un periplo, que no es sólo largo y duro por tierra, sino por la dureza de las experiencias y extorsiones que deben sufrir en el camino […] La petición de visa en origen no ha hecho más que pavimentar un camino para esas redes de tráfico y para que las personas caigan en condiciones de vulnerabilidad social. Y pese a esto, se les trata como si hubieran cometido un delito. Sin embargo, las mujeres requieren apoyo psicológico y por eso las derivamos…”. (Profesional de la Sociedad Civil 2015)

Estas actuaciones en ambos contextos son las que permiten normativizar precisamente a quien se considera

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o no como digna de las posibilidades de retribución asociadas a la consideración de víctima. Esta experticia profesional tiene como productos documentos públicos con carácter de verdad, es decir, establecen el juicio de si son creíbles o no los argumentos entregados por las mujeres. Como efectos de esta construcción, entre otros, se derivan una esencialización de la categoría, el afianzamiento de estereotipos de género, la invisibilización de las relaciones de poder, el ocultamiento de las causas y el despojo de la capacidad de agencia (Guarderas 2015).

Normativas para el encuadre social Los dispositivos se basan en una trama jurídico-normativa que legitima su actuación frente a las víctimas. Se sustentan en una serie de normativas y leyes para delimitar lo que es el problema y definir, por tanto, el tipo de intervención por desarrollar. En el caso de las mujeres inmigradas en Chile, los dispositivos enuncian reiteradamente de qué manera la ley de extranjería vigente sitúa a las personas inmigradas en un lugar de subordinación ciudadana, y cómo esta ley establece distinciones y jerarquizaciones entre diversos sujetos inmigrados. Por otro lado, se desarrolla una serie de normativas ministeriales (educación, salud, vivienda, trabajo, entre otras) donde se establece la figura del o la migrante como objeto de atención. Estas normativas plantean una serie de requisitos que van encauzando el accionar de las mismas personas migrantes para que se ajusten al sujeto de atención y poder obtener los beneficios que la norma establece. En el caso de Quito, la norma delimita lo que es el problema y define el tipo de intervención, en este caso, de sanción. Si no se enuncia, no es un problema, y la enunciación tiene una carga ideológica invisibilizada (Marugán y Vega 2002). Se tipifica la violencia a la mujer en el núcleo familiar, restringiéndola al ámbito privado y sin establecer que se trata de un efecto de las relaciones de poder basadas en género (COIP 2014). Así quedan ocultas las relaciones de poder basadas en género en otros delitos y otras violencias que no son nombrados en el código (Guarderas 2016).

La clasificación por secuelas o marcas que las hacen visibles y catalogables En esta condensación del sujeto víctima, un aspecto importante es la clasificación por secuelas o marcas de los procesos vividos por esas mujeres respecto de las causas de sus problemas de intervención. En el caso, por ejemplo, de las mujeres inmigradas en Santiago, son las marcas visibles que las hacen distinguibles del resto del conjunto social; en el caso de las mujeres en Quito, son las huellas dejadas por la violencia directa. Las mujeres inmigradas son clasificadas como víctimas en algunos dispositivos de intervención, en Santiago, desde sus marcas físicas de extranjeridad social: color de

piel, formas de vestimenta, formas de expresión social o formas corporales. En la consideración de víctimas se sobreponen diversos ejes de diferenciación como la clase, la procedencia nacional, el fenotipo, el género, la edad, la situación migratoria. De esta manera, la mujer, negra, empobrecida, de procedencia centroamericana o latinoamericana, joven y en situación irregular, pasa a ser la víctima por excelencia de las posibles configuraciones victimizadas. Las mujeres inmigradas en este contexto se vuelven visibles a partir de sus diferencias, y es a partir de estas que son encauzadas bajo la categorización de víctima. En el caso de Quito, la solución al problema se basa en las secuelas que este ha dejado en el cuerpo y en la psique. Si los daños causan una incapacidad mayor a tres días, estos son considerados una contravención, y un delito si son más de tres días. Es así que la sentencia se basará en las secuelas de la violencia. Una persona agente con capacidades de sobrellevar la violencia y que no muestra incapacidad no será considerada una víctima. “Ha implicado conocer la normativa legal. Pero lo más interesante es realizar la investigación psicológica, la cual permite a los operadores de justicia contar con recursos, evidencias, para determinar la existencia o no de un daño, y desde allí definir si se trata de un delito o una contravención. [...] Sin un buen peritaje, los procesos judiciales se caen. Por ejemplo, en el caso de los atentados al pudor, al no haber una evidencia física se debe basar en las evidencias psíquicas. Y en este caso, sólo una persona especializada podrá identificar esta situación. Al quitar estos equipos especializados se deja en el limbo el acceso a justicia de las víctimas de violencia intrafamiliar y de género”. (Psicóloga 4, 2013)

Las mujeres víctimas desde sus posibilidades de resistencias Pese a que se evidencian estas formas de control y disciplinamiento desde las intervenciones sociales en ambos contextos geográficos, a la vez, estos dispositivos se sitúan desde un accionar paradójico y complejo: ya que existen zonas de desplazamiento, líneas de fuga, de incerteza, donde el ejercicio de los discursos hegemónicos de victimización demora su acción o posibilidad de coaptación. Algunos de los agentes implicados en la dinámica de relación en la intervención, ya sean interventoras o las mujeres atendidas, responden de diversa forma a esta suerte de encuadre social que se impone desde las matrices interventoras: a veces, asumiendo la interpelación de la normativización; a veces, usándola estratégicamente para lograr una mejor ubicación social; o a veces, resistiéndola de alguna manera (es decir que responden desde otras prácticas a la nominación realizada). Así lo

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podemos visualizar en ambos contextos analizados, en algunas prácticas: en el uso estratégico del sistema judicial y social desde las usuarias y el uso estratégico de la categoría victimizadora desde las interventoras. En el uso estratégico del sistema judicial y social de las usuarias, podemos ver que en Quito es común que quienes se acercan a los servicios para denunciar, lo hacen sólo para obtener una “medida de protección”, y no necesariamente para llegar a una sentencia (Camacho, Hernández y Redrobán 2010). Si bien eso puede estar relacionado con diversos factores, tales como el deseo de frenar la violencia, pese a que se visualiza la concepción de que la sanción es contraproducente para su vida y la de su familia; las barreras que se deben sortear en el sistema de justicia; la opción de volver a la relación de pareja (Camacho, Hernández y Redrobán 2010; Paillacho 2011). Desde nuestra perspectiva, son un uso del sistema de justicia que implica “modos de hacer” (De Certeau 1996). Es decir, maneras de reapropiarse del espacio organizado por los dispositivos legales. De algún modo, ocurre una nueva significación de “la boleta”,3 que ha dejado de ser un mero mecanismo para proteger a las víctimas y se ha convertido en un instrumento de poder de quienes enfrentan violencia de género, al significar la presencia material y simbólica del Estado en el ámbito privado. En el caso chileno, algunas interventoras, junto con algunas usuarias inmigradas, acuerdan de qué manera pueden ser consideradas como vulnerables o víctimas, para poder obtener los beneficios sociales y legales asociados a esa condición, sin que necesariamente consideren que estas mujeres estén ubicadas en realidad en esa posición. Sin embargo, este acuerdo no explícito les posibilita ciertos derechos que no podrían obtener sin la valoración social estandarizada. De esta forma, desarrollan acciones como la autodenuncia, cuando están en situación irregular en el país, o acuden a servicios de apoyo a refugiados cuando pueden demostrar engaño en los procesos de internación al país, o bien no declaran los ingresos no formales en la Ficha de Protección Social, que mide su situación socioeconómica. Así, pueden aparecer legal y socialmente en una posición de protección. En el fondo, estos caminos son utilizados como una forma de resistencia, más que de asimilación de las normas. En el uso estratégico de la categoría victimizadora, desde las interventoras, podemos ver situaciones que van más allá de una mera clasificación social o una denuncia. Hay casos en que las relaciones entre profesionales y usuarias se vuelven significativas y promueven procesos de transformaciones conjuntas, o lo que Montenegro (2001) 3

Son las medidas de protección para las víctimas de violencia intrafamiliar que son de aplicación obligatoria, de acuerdo con la ley ecuatoriana contra la violencia contra la mujer y la familia (Ley 103), que estuvo vigente hasta febrero del 2014.

denomina “procesos articulatorios”. Es decir, encuentros que favorecen la construcción de nuevos sentidos de la intervención y de los sujetos. “Quienes más me han ayudado en este proceso han sido mi abogada, el fiscal y la trabajadora social de Quitumbe. Yo tuve la suerte de encontrarme con esas tres personas. Cuando no hay esa suerte se tiembla y se vuelve a la misma situación de siempre. [...] Mi abogada estaba atrás de todo el proceso y era la que más presionaba. Ella me decía: ‘Doña Carmen, hay reunión hoy día’. Yo le respondía: ‘No puedo, tengo que trabajar’. […]. Ella me hacía que saque un tiempito. [...] Mi abogada sabía toda mi historia y cada paso que yo daba. Incluso, el fiscal y la trabajadora social también lo sabían. Todo lo que no le contaba a otras personas sabían ellos. Eran muy cercanas. [...] Mi abogada fue al mismo tiempo mi amiga, mi secretaria y mi todo. Ella siempre estuvo ahí. Siempre tenía la información. Hacía lo que debía. Ha llevado mi caso hasta el final. Incluso, al salir del Centro siguió llevándolo. [...] Luego fue la trabajadora social, que era la que me indicaba lo que tenía que ir haciendo. Terminamos siendo amigas también. El fiscal también se portó excelente. Acompañó mi caso y nunca dejó de hacer las gestiones necesarias. Él también llegó a ser mi amigo. Hace poco les invité a un café. Ellos fueron clave en este proceso. Su apoyo ha sido totalmente desinteresado”. (Usuaria de servicio 2 2013) “Nosotras representamos una institucionalidad, y existen normativas que no podemos saltarnos. Sin embargo, podemos buscar puentes de acción con otros actores sociales que efectivamente nos ayuden a desbloquear algunos sistemas que son demasiado cerrados para las mujeres inmigrantes. Por ejemplo, normativamente se da el derecho a que los hijos de mujeres inmigrantes no regularizadas puedan asistir a la escuela. Tuvimos que buscar caminos para sensibilizar a algunos colegios para que se ejecutara esta norma… porque siempre existen formas para que no se cumpla, se buscan excusas. Lo logramos. Pero al hacerlo con un director, pudimos ver que era una forma de encontrar la regularización para la familia completa. Entonces lo hicimos, y esa familia pudo regularizarse. Entonces podíamos tomar dos caminos: dejar eso como algo anecdótico, o bien pasar la información a diversas entidades y establecimientos educacionales, incluso a las autoridades, para que efectivamente esa gente pudiera regularizarse y no quedara al margen de otros beneficios sociales. Y obviamente, a las madres y padres inmigrantes. Ahora vemos cómo se ha difundido y cómo en varios colegios se están llevando a cabo regularizaciones de personas inmigrantes, de familias…”. (Profesional-interventora 2015)

En ambos contextos se puede visualizar que en el espacio de relación más próximo, también surgen otros

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“modos de hacer”: se construyen espacios de escucha que favorecen una construcción “más positiva de una misma y una mayor valoración personal”, y modos de “salir de las cuatro paredes” (Usuaria de servicio 1 2013). En la actuación se evidencian encuentros que favorecen las “potencias aumentativas” y cuestionan las “servidumbres diminutivas” (Deleuze 1994). En aquellos encuentros se promueve el aumento de la “potencia de actuar” posibilitando una posición y una relación ético-política (Sawaia 1999). La ampliación de la potencia podría entenderse como la posibilidad de aumentar las conexiones de las redes interrelacionadas que permiten actuar en un momento determinado (Montenegro y Pujol 2014). Sólo esta transformación permitirá, como indican las autoras, la transformación de nuestra subjetividad. La relación social más próxima en la intervención deja de ser una construcción de estamentos que segmentan (Deleuze y Guattari 2012 [1988]) y erigen subjetividades al servicio de visiones hegemónicas, y se convierten en espacios para establecer nuevas conexiones múltiples sobre flujos semiótico-materiales y sociales (Deleuze y Guattari 2012 [1988]). Esta noción también remite a la idea de territorialización-desterritorialización y singularidad (Deleuze y Guattari 2012 [1988]). Si la violencia de género, en el caso de Quito, implica un dispositivo para la territorialización de cuerpos autómatas, el encuentro terapéutico puede derivar en procesos de desterritorialización. Asimismo, si el proceso de inclusión de mujeres inmigradas en Chile implica un dispositivo para una nueva territorialización de sujetos extranjeros, el encuentro social y terapéutico por el que algunas cruzan puede promover procesos de desterritorialización. De esta manera, el encuentro en la intervención puede a veces ser un camino para el rechazo de la homogeneización y el automatismo. “En la casa nadie te dice: ‘Oye, cocinas bien, estás alhaja’; difícilmente que puedas tener tu autoestima alta. Sales y ves otras situaciones, y ahí sí cambia tu visión. En la casa, rodeada sólo de las cuatro paredes que no te dicen nada, los hijos salen en la mañana, vuelven en la noche, igual tu pareja. Y no hay mucha relación como para conversar ciertas cosas. […] La terapia es muy importante para salir de situaciones de violencia intrafamiliar y de género. Yo creo que el psicólogo es una persona que te da confianza para hablar, que no te criticará ni te dirá lo que tienes que hacer. A veces no se tiene confianza con gente allegada, y con una persona desconocida que no contará a nadie tus cosas es muy positivo. Si hablas con una persona conocida, es probable que te digan cosas como ‘Es tu marido, debes aguantarlo’ o ‘Qué dirá tu familia’. Hay muchas cuestiones que pueden ponerse a favor o contra. Una persona desconocida es más imparcial en la manera como te guía en relación a tus penas. El hecho de que hayan recalcado que soy una persona valiosa y que

soy ejemplo para muchas otras mujeres, eso me ayudó mucho en mi terapia. Eso lo asumí y volví a tomar fuerzas. En realidad, a veces el hecho de que demuestres a tus hijos que vales mucho es muy importante. La familia más mira tus defectos que tus virtudes. La terapia sirve para mirar tus virtudes. La terapia sirve para tener coraje de asumir lo que eres y poder mostrarte así a los demás. Y así, los otros te ven de manera distinta”. (Usuaria 1 2013) “No es tanto, quizás, lo que podamos hacer realmente por ellas, sino que nuestra fuerza está en el cómo. Nuestras posibilidades para hacer algo está en poder centrarnos en ese tú a tú, en darles el tiempo, aunque nos tome más de media hora, para que puedan poner palabras a lo que viven, para que te den detalles y puedas intentar pensar, articular soluciones posibles. ¿Por qué tenerle miedo al vínculo? Si tenemos posibilidad de formarlo a largo plazo, por qué no hacerlo. Somos interventoras y queremos transformar. Pero, por qué no superar el límite de esta intervención, al menos con algunas de las mujeres que también quieren superar esa barrera. Es cierto que a veces partimos de un punto de inicio: algún proceso de regularización, alguna entrega de información puntual, alguna recomendación… pero esa mínima acción puede suponer también una posibilidad para poder cambiar nuestras relaciones a futuro. Superada la intervención, podemos escribirnos, podemos visitarnos en nuestras casas, podemos alejarnos de la relación jerárquica entre profesional e inmigrada”. (Interventora 2 2015)

Conclusiones A través de esta argumentación hemos querido presentar puntos en común que se visualizan transnacionalmente en los dispositivos de intervención situados desde una perspectiva de género y de derechos en Quito y Santiago, en los que quedan claramente expuestos unos modos de gestionar la victimización de algunos sectores de mujeres (aquellas consideradas víctimas de violencia y aquellas victimizadas en su condición de inmigradas). Como plantean Merry y Levitt (2009), en el proceso de vernaculización de los derechos humanos exhortados internacionalmente, a nivel local se generan fricciones y ajustes constantes para que puedan acomodarse a las lógicas hegemónicas imperantes, como pueden ser el sistema neoliberal y heteropatriarcal predominante en ambas sociedades. De manera contradictoria, para poder otorgar derechos en los dos casos analizados, precisamente se utilizan mecanismos que posicionan la mayoría de las veces a las mujeres en situaciones de asistencia o de vulnerabilidad, restándoles movilidad y agencia. Así, el lenguaje de derechos se replantea, se ajusta contextualmente para poder posibilitar actuaciones sociales concretas.

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A partir del análisis, podemos ver que existen formas de acción, semióticas y materiales, de los dispositivos de intervención que construyen al sujeto víctima. Esta construcción, en vez de situarla en contraposición a la ciudadanía, se desarrolla como un puente de conexión directo para poder acceder al estatus ciudadano y a los derechos sociales, económicos, políticos y culturales que se derivan. En las matrices de comprensión que se sitúan las intervenciones —la perspectiva de género y de derechos— se evidencia una cierta transnacionalización de conceptos, utilizados a nivel regional y, a veces, indistintamente de los contextos de aplicación y de los sujetos de atención. A partir de estas matrices, vemos que se deriva una serie de actuaciones que gestionan políticamente el proceso de victimización en ambos contextos, donde emergen un cuerpo profesional de la psicología, un cuerpo de la intervención social y de la justicia, que actúan al unísono y con un discurso validado como verdad que resulta incuestionable.

se niegan a acceder a los órdenes prevalecientes y a los modos de saber y de saber hacer. Es decir, se configuran ciertas “figuras de resistencia”. En resumen, en estas dos investigaciones presentadas se visualiza que en las diferentes actuaciones sociales desarrolladas desde los dispositivos de atención con mujeres pueden inscribirse dos potencias al unísono, que actúan de una manera compleja: tanto la normalización como las resistencias, al mismo tiempo, de profesionales y de usuarias. Es decir, a veces se asistirá a la reproducción de modelos estandarizados, y otras veces se resistirán, dependiendo de las posibilidades que les vayan brindando el contexto, las relaciones y redes, y las situaciones personales y habilidades profesionales.

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Esta conformación tiene efectos psicosociales en las mujeres usuarias, que se ubica desde una posición victimizada que se justifica desde sus carencias, debilidades y/o problemas supuestos. Esto da posibilidades efectivas de generar propuestas de control y normativización sobre sus cuerpos y sus formas de nominación. Pero, pese al corsé de estas categorizaciones, se enuncia cierta acción disidente de quien es definida desde este déficit, pero también en quienes ejercen la intervención. Las intervenciones se plantean así desde un carácter complejo, posibilitando la normalización que hemos hablado, y/o también algunos caminos de emancipación social. Desde las interventoras sociales, las líneas de fuga se relacionan con procesos de reflexividad (Longhofer y Floersch 2012) que desarrollan a partir de sus propias actuaciones o de reflexiones conjuntas dentro de las entidades donde trabajan. En tanto, las mujeres usuarias estratégicamente utilizan muchos de los recursos sociales, jurídicos y económicos que se derivan de la condición de vulnerabilidad dada por la victimización, pese a no considerarse como tales, precisamente no sólo en beneficio personal y familiar de ubicación en el sistema, sino como formas políticas de acción. Estas formas políticas de actuación se relacionan con las habilidades que son transmitidas y performadas en sus respectivos colectivos de mujeres para transitar “de mejor forma” a través de los dispositivos, esencialmente a partir de visualizar de manera pública que sin pasar por estos encuadramientos, los niveles de inclusión social serán menores. Asimismo, la actuación política llega a la organización social, en algunos casos, a través de la visibilización de demandas directas que denuncian justamente este proceso de normalización (asociaciones de mujeres, colectivos de víctimas, sesiones de veedoras ciudadanas, etcétera). En esas respuestas de las interventoras y de las usuarias, siguiendo a De Lauretis (2007), emergen entidades que

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Noviembre de 2015. 65. Interventora Social 3. ONG. Santiago de Chile. Octubre

de 2015. 66. Mujer 2. Quito. Mayo de 2012. 67. Mujer 4. Quito. Noviembre de 2011. 68. Profesional de la Sociedad Civil. Chile. Noviembre de

2015. 69. Profesional interventora, agente municipal. Santiago

de Chile. Noviembre de 2015. 70. Profesional municipal. Santiago de Chile. Diciembre de 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.

2015. Profesional-interventora, entidad pública, Región Metropolitana. Chile. Diciembre de 2015. Psicóloga 3, Quito. Junio de 2013. Psicóloga 4. Quito. Junio de 2013. Psicóloga 1. Quito. Febrero de 2012. Psicólogo 2. Quito. Junio de 2013. Usuaria de servicio 1. Quito. Mayo de 2013. Usuaria de servicio 2. Quito. Julio de 2013.

rev.estud.soc. No. 59 • enero-marzo • Pp. 68-82 • ISSN 0123-885X • e-ISSN 1900-5180 · DOI: https://dx.doi.org/10.7440/res59.2017.06


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El concepto de víctima en el campo de los derechos humanos: una reflexión crítica a partir de su aplicación en Argentina y Colombia* Ana Guglielmucci** Fecha de recepción: 14 de abril de 2016 · Fecha de aceptación: 21 de septiembre de 2016 · Fecha de modificación: 05 de octubre de 2016 DOI: https://dx.doi.org/10.7440/res59.2017.07

R E S U M E N | El concepto víctima ha sido aplicado en el campo de los derechos humanos (DD. HH.) con una serie de connotaciones particulares en cada país. En este trabajo nos ocupamos de reflexionar sobre sus usos y apropiaciones en el marco de una serie de leyes y programas gubernamentales destinados a reparar a las víctimas del terrorismo de Estado en Argentina y del conflicto armado interno en Colombia. A partir de la recopilación de documentos y el trabajo de campo junto a servidores públicos y diversos grupos de personas que han sido identificados como víctimas, analizamos los sentidos que ha adquirido esta categoría y sus posibles aplicaciones en contextos sociales heterogéneos. PA L A B R A S C L AV E | Víctima, violencia, derechos humanos, antropología, Argentina, Colombia (Thesaurus).

The Concept of Victim in the Human Rights Field: A Critical Reflection Based on Its Application in Colombia and Argentina A B S T R AC T | The notion of victim has been applied in the human rights (HR) field with a series of different connotations in each country. In this paper we aim to reflect on its uses and appropriations within the context of a series of laws and government programs designed to compensate the victims of state terrorism in Argentina and of the armed conflict in Colombia. Based on the gathering of documents and fieldwork with public servants and diverse groups of people who have been identified as victims, we analyze the meanings that this category has acquired and its possible applications in heterogeneous social contexts. K E Y W O R D S | Victim, violence, human rights, anthropology, Argentina, Colombia (Thesaurus).

O conceito de vítima no campo dos direitos humanos: uma reflexão crítica a partir de sua aplicação na Argentina e na Colômbia R E S U M O | O conceito vítima vem sendo aplicado no campo dos direitos humanos (DH) com uma série de conotações particulares em cada país. Neste trabalho, ocupamo-nos de refletir sobre seus usos e apropriações no âmbito de um conjunto de leis e programas governamentais destinados a reparar as vítimas do terrorismo de Estado na Argentina e do conflito armado interno na Colômbia. A partir da recopilação de documentos e do trabalho de campo com servidores públicos e diversos grupos de pessoas que têm sido identificadas como vítimas, analisamos os sentidos que essa categoria e suas possíveis aplicações adquirem em contextos sociais heterogêneos. PA L AV R A S - C H AV E | Antropologia, Argentina, Colômbia, direitos humanos, violência, vítima (Thesaurus).

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El artículo es resultado de la investigación posdoctoral “La construcción de representaciones sociales en torno al Estado-Nación: conmemoraciones, museos y sistemas de información. Un análisis comparativo entre Argentina y Colombia”. Financiado por el Conicet (2014-2016).

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Doctora en Antropología por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina. Investigadora de Conicet y del Instituto de Ciencias Antropológicas (ICA), Argentina. Miembro de los grupos de investigación “Cultura visual, poder y memoria” de la Universidad Jorge Tadeo Lozano (Colombia) y del “Programa de Estudios Críticos de las Transiciones Políticas” de la Universidad de los Andes (Colombia). Últimas publicaciones: “Site of Memory and Site of Forgetting: The Repurposing of the Punta Carretas Prison”. Latin American Perspectives 43 (5): 131-144, 2015/2016, y “Transición política y reparación a las víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina (19842013)”. TALLER (Segunda Época). Revista de Sociedad, Cultura y Política en América Latina 4 (5), 2015. * anagugliel74@gmail.com


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Introducción “[…] si se consigue establecer de manera convincente que un grupo fue víctima de la injusticia en el pasado, esto le abre en el presente una línea de crédito inagotable” (Todorov 2000, 54).

La categoría víctima, junto a su opuesto complementario, que es la categoría victimario, ha alcanzado un lugar preponderante en las políticas públicas contemporáneas de Derechos Humanos (DD. HH.) orientadas a gestionar las consecuencias de conflictos armados internos o terrorismos de Estado.1 En diferentes países de Latinoamérica —como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, Perú y Uruguay—, de la región de los Balcanes —como la antigua Yugoslavia— o de África —como Congo, Nigeria, Sierra Leona y Sudáfrica— se puede observar la proliferación de leyes, programas de gobierno e iniciativas conmemorativas, destinados a identificar, reparar y conmemorar a las víctimas. Estas acciones suelen incluir la creación de monumentos y memoriales públicos para recordar a los desaparecidos o asesinados, y de leyes para reparar por vía jurídica o administrativa a los secuestrados, a los familiares de personas detenidas-desaparecidas o a las personas o los grupos que sufrieron el desplazamiento forzado de sus tierras, entre otros. Y también comprenden la implementación de planes para identificar o juzgar a los victimarios. Tales planes pueden contemplar indultos selectivos o amnistías parciales, juicios penales o procesos legales (como los llamados juicios por la verdad2), juzgamientos mediante tribunales militares o civiles, procesos aplicados a los que dieron las órdenes o a todos los ejecutantes (sin importar su rol o su rango jerárquico), rituales de perdón, entre muchas otras posibles medidas. Respecto a este fenómeno, François Hartog ha señalado que, en el transcurso de los años, la memoria que ha tomado por epicentro a la víctima se ha convertido finalmente en “un nuevo campo de acción pública internacional: el de las políticas de la memoria” (2012, 17), lo que ha justificado la creación de programas, servidores

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Comúnmente, se concibe como victimario a aquella persona que le inflige un daño o perjuicio a otra en un momento determinado (quien pasa a ser, por oposición, la víctima de la acción). Si bien este término puede ser usado para referirse a cualquier persona responsable de cometer un delito, en la actualidad está relacionado con el concepto justicia transicional.

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El 21 de abril de 1998, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata dictó la resolución 18/98, a pedido de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata, declarando el derecho de los familiares de las víctimas de abusos del Estado ocurridos en el último gobierno de facto (1976-1983) de conocer cuáles fueron las circunstancias de desaparición y, en su caso, el destino final de sus restos. Esta iniciativa fue replicada en otras jurisdicciones del país. Posteriormente, con la reapertura de los procesos penales por terrorismo de Estado, los “Juicios por la Verdad” han representado una relevante fuente de pruebas.

públicos y técnicos, destinados a diseñarlas e implementarlas. Es así que, junto a los conceptos de DD. HH., memoria, verdad, justicia, reparación, reconciliación y perdón, la categoría víctima se ha instalado en nuestra manera de representar la violencia del mundo para dar sentido a un armazón social, político y económico (Gatti 2011), lo que Didier Fassin (1997) llama nuestra “economía moral contemporánea”. A partir de una lectura crítica de la razón humanitaria, Fassin afirma que, en esta nueva economía moral, el cuerpo, la enfermedad y el sufrimiento funcionan como un recurso para reivindicar y acceder a ciertos derechos supuestamente garantizados por el Estado capitalista moderno. Es así que, para muchas personas, la condición de víctima se torna en una vía para la incorporación de la ciudadanía o de su derecho a ejercerla, a través de su reconocimiento estatal como objeto de programas destinados a la atención de estos ciudadanos-víctimas. Con relación a la extensión de la aplicación de esta categoría a diferentes esferas sociales, Fassin ha destacado la relevancia de la transformación cultural que ha implicado “la política del sufrimiento” en el mundo contemporáneo, caracterizada por el doble rasgo de la victimización y la singularización de los excluidos o los dolientes. Según Fassin, “el doble rasgo, victimización y singularización de los excluidos, define una nueva forma de subjetivación de las desigualdades sociales y caracteriza lo que ciertos autores como Robert Castel y Pierre Rosanvallon (1995) han llamado la nueva cuestión social” (1997, 35). De acuerdo con Fassin, primeramente: […] la política del sufrimiento se define dentro del paradigma del Estado democrático-capitalista […]. No hay discusión del paradigma, sino adaptación para que los efectos sobre los más vulnerables sean un poco menos duros. Se puede hablar de arreglos internos que implican mínimas correcciones, lo cual significa que actualmente se considera prácticamente imposible luchar contra las desigualdades; sólo se lucha contra sus consecuencias más visibles. Segundo, dentro de este paradigma, el margen de acción de los agentes locales es muy restringido, lo que causa una fuerte frustración. (1997, 36)

Si bien estoy de acuerdo con esta formulación de Fassin, considero que la utilización de esta política del sufrimiento no sólo singulariza o aísla grupos de ciudadanos-víctimas sino que, además, permite configurar identificaciones colectivas reconocibles por las instituciones estatales, los medios de comunicación u otras agencias que promueven determinadas acciones, así como inhabilitan otras. Es decir, la configuración de un colectivo de personas en cuanto ciudadanos-víctimas no sólo permite articular demandas contra el Estado para obtener reparaciones particulares, sino que también puede nutrir procesos políticos locales. Por ello, es importante complementar un enfoque centrado en las representaciones y prácticas políticas dirigidas hacia los

rev.estud.soc. No. 59 • enero-marzo • Pp. 83-97 • ISSN 0123-885X • e-ISSN 1900-5180 · DOI: https://dx.doi.org/10.7440/res59.2017.07


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sectores de la sociedad que sufren dichas desigualdades —o situaciones de violencia—, junto con un análisis etnográfico sobre el manejo que hacen distintos actores de dichas adscripciones (objetivas y subjetivas) en la vida cotidiana. Pues, no todos los individuos comparten las mismas valoraciones y apropiaciones de la categoría víctima/victimario, que son aplicadas y significadas diferencialmente según la situación social en la que cada actor se desenvuelve. La categoría víctima, percibida y reconocida como una condición de estatus personal o colectiva, puede constituir un capital social, cultural, económico o político disputado en diversas situaciones sociales generalmente marcadas como violentas, donde se demanda la intervención del Estado o sus instituciones. Así, la actual utilización social y político-jurídica de la categoría víctima en el marco de la doctrina de los DD. HH. y su aplicación a múltiples y disímiles eventos merecen un detenido análisis antropológico en el que se exploren las definiciones, los usos y sentidos cambiantes asociados a ella en distintos campos de actividad. En términos abstractos, todos pensamos que hay un consenso amplio sobre lo que significa la categoría víctima, pero, cuando la aplicamos a un caso concreto, los límites empiezan a tambalearse. Por ejemplo, basta con recordar el caso de los integrantes de grupos de tarea (GT) que ejecutaron los secuestros, aplicación de tormentos y desaparición forzada de personas durante la última dictadura militar argentina (1976-1983), que se presentan a sí mismos como víctimas que cumplieron con el deber de salvar a la patria, o como presos políticos que han sido procesados o condenados injustamente, y comparan su situación con la de los judíos perseguidos por el nazismo.3 Para ilustrar esta estrategia podemos citar el caso del capitán de fragata retirado Adolfo Donda, condenado por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención (CCD) ESMA. En el juicio oral se presentó a sí mismo como “una víctima que enfrenta en soledad a sus victimarios: el gobierno integrado por ‘ex terroristas’, la justicia y sus ‘tribunales especiales’”. En sus propias palabras: “No tengo nada que ver con los nazis, como dice la prensa paga, hoy me siento como un judío perseguido”.4 3

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Véase la obra de Valentina Salvi (2012), donde se analizan las acciones de Memoria Completa, grupo que ha buscado legitimar públicamente el accionar de las Fuerzas Militares (FF. MM.) durante la última dictadura militar argentina. La autora observa que, a través de las representaciones sociales y las prácticas de este grupo, se transmite “una memoria especular y reactiva que se refleja y también se contrapone a la memoria de los desaparecidos y a la lucha de los organismos de derechos humanos” (2012, 154). La utilización de la noción de víctima o preso político para referirse a los militares procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad ha sido una de las estrategias empleadas por este grupo para oponerse a los juicios y promover una imagen pública positiva de los miembros de las FF. MM. involucradas en la llamada “lucha contra la subversión”. Véase Aranguren (2011).

La categoría víctima no posee un contenido esencial unívoco, su contenido es variable. La identificación de una persona o un grupo como víctima no es natural, sino que es parte de un proceso histórico, social, cultural, político y económico. En este transcurso de identificación y reconocimiento de alguien como víctima (lo que aquí es entendido como parte de un proceso de victimización) intervienen diferentes actores que marcan su uso socialmente legítimo o los criterios legales de adscripción.5 Es decir, quién, cuándo y cómo puede adscribirse o ser inscrito en esa categoría de un modo socialmente aceptable. A partir de estas afirmaciones, en este trabajo se exploran la extensión y centralidad dadas a esta categoría en el mundo contemporáneo y su uso en diferentes campos de acción. Para ello, el análisis se centra en ciertos eventos particulares relacionados con el tratamiento social e institucional dado a la violencia política pasada en Argentina y en Colombia, y las clasificaciones subsiguientes en términos de víctimas y victimarios. Con el propósito de llevar a cabo este estudio se realizaron entrevistas a servidores públicos y activistas de DD. HH. en Argentina y en Colombia, y a miembros de las Fuerzas Militares, únicamente en Colombia. Se han recopilado y analizado documentos y material de prensa y se ha hecho un registro fotográfico de algunas iniciativas conmemorativas en las ciudades de Buenos Aires y Bogotá, donde se ponen de manifiesto distintas acepciones de la categoría víctima. A su vez, en Argentina el trabajo de campo incluyó la participación como asistente en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en los ex-Centros Clandestinos de Detención (CCD) conocidos como Club Atlético, Banco y Olimpo, realizado durante 2009 en el Tribunal Oral Federal Núm. 2. Allí acompañé a varios sobrevivientes de dichos CCD, tanto durante los meses previos al juicio como durante su realización y en los momentos posteriores. Este acompañamiento se enmarcó en las actividades llevadas a cabo junto a los integrantes de la Mesa de Trabajo y Consenso del ex-CCDTyE Olimpo entre 2005 y 2009.

Ambigüedades de la noción de víctima: una aproximación antropológica Para llevar adelante un análisis antropológico de la categoría víctima es importante primero distinguir sus campos de acción o usos. En este caso —como veremos más adelante— es pertinente reflexionar, por un lado,

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El estudio antropológico de los procesos de victimización toma en consideración los actos de clasificación, ya sea por adscripción o autoadscripción, de personas y grupos en cuanto víctimas o victimarios. Esta perspectiva complementa los enfoques psicologistas y criminológicos que utilizan este término para referirse a la vulnerabilidad de ciertos sectores con relación a la violencia o a la internalización de la violencia ejercida sobre ellos que causa interrupción en la vida de alguien y que da lugar al sufrimiento (Gutiérrez, Coronel y Pérez 2009).

El concepto de víctima en el campo de los derechos humanos | Ana Guglielmucci

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sobre los usos en la vida cotidiana de las personas identificadas como víctimas o victimarios, ya sea por adscripción o autoadscripción; y por otro lado, sobre los usos en el campo político-jurídico en el que, desde las instituciones estatales, se objetivan, recortan y resignifican las definiciones utilizadas en la vida cotidiana. Esta aproximación a la categoría víctima/victimario exige pensarla como cambiante y ambigua, por cuanto su contenido de sentido se define según el campo de relaciones sociales en el que se aplica. Además, debatir sobre la categoría víctima desde la antropología acarrea múltiples tensiones entre subjetividad y objetividad, debido al contenido de sufrimiento, dolor y muerte al que generalmente es asociada y a los aspectos éticos contenidos en la construcción social de conocimiento sobre la victimización (Jeffery y Candea 2006). El problema de la victimización adquiere sentido dentro del campo de la violencia o, como sostiene Gatti (2011), los mundos sociales que se estructuran en torno a ella (y en contra de ella, y a quienes afecta). El campo de la violencia es un campo social en el que se mezclan trayectorias vitales de actores individuales y colectivos, combates por definir los límites y los contenidos del campo, representaciones culturales, rutinas burocráticas, objetivaciones científicas, realizaciones institucionales, maneras de hablar, luchas por la legitimidad del portavoz. En palabras de Gatti, es “un denso, vigoroso y, si no uniforme, sí internacionalmente reconocible campo social, que en la violencia y su digestión social encuentra el pilar en torno al que se edifica” (2011, 427-428). No obstante, más allá de una semántica compartida, este campo global centrado en el tratamiento de la violencia se estructura diferencialmente en su composición sintáctica a nivel local. Cómo se ordenan los términos y quiénes tienen la autoridad para hacerlo no es equivalente en cualquier contexto social, cultural e histórico. Es en este punto donde se hace necesaria la reflexión sobre las prácticas sociales y jurídicas de victimización por medio de las cuales se configuran e imponen más o menos legítimamente ciertas definiciones de identidad que —de manera simultánea— incluyen o excluyen categorías de personas y limitan o potencian ciertos tipos de configuraciones de relaciones interpersonales. Quiénes pueden ser categorizados como víctimas, cuándo, y qué aporta este tipo de identificación en términos de legitimidad social y agencia política. Sissel Rosland (2009), en su análisis sobre Irlanda del Norte, ha destacado lo importante que es estudiar la representación de la condición de víctima dentro de contextos históricos particulares y analizar los complejos y ambiguos efectos de dichas representaciones en los conflictos políticos violentos. Su trabajo muestra que la victimización tiene tanto efectos humanizantes como deshumanizantes y que, dependiendo del contexto, puede generar confianza, seguridad, capacidad de acción, o todo lo contrario,

falta de poder y pasividad. Boskovic (2005), al discutir el problema de la antigua Yugoslavia y el conflicto entre las diferentes identificaciones nacionales en ese país, plantea la complicación de las representaciones étnicas y cómo estas buscaron, mediante un ideal nacional, justificar la dominación o subyugación de un grupo étnico-religioso sobre otro. Es comparable el caso de Turquía, donde diferentes grupos buscaron justificar sus acciones con discursos antiterroristas o de arrepentimiento basados en la categoría víctima para defender su posición política en el conflicto entre kurdos y turcos (Biner 2006). Esta lógica es, igualmente, visible en la polarización entre chavistas y opositores en Venezuela, en donde la articulación entre populismo y víctimas es una plataforma ideológica que proporciona legitimidad política a ambos bandos (Samet 2013). En este sentido, la víctima o las víctimas constituyen categorías que, por un lado, son una abstracción que reduce la historia de vida de un individuo o un grupo social a una característica asociada a la violencia y a la necesidad de que estas personas sean representadas en términos legales para que su condición sea intervenida y reparada por parte del Estado u otras instituciones organizadoras del orden social. Sin embargo, por otro lado, la categoría víctima puede ser pensada también como un acción contra la impunidad, o, como lo plantean Humphrey y Valverde (2007), como parte de un duelo político emocional colectivo. La definición de víctima, así como la de victimario, son móviles y cambian según el contexto social, las relaciones de poder del momento o las necesidades de gobernabilidad de las autoridades políticas para forjar representaciones sociales de unidad e integración nacional, y encarar un duelo colectivo en torno a un pasado que no termina de pasar. Con la finalidad de entender la aplicación y la apropiación subjetiva de la categoría víctima desde una perspectiva etnográfica, me referiré inicialmente al caso de la posdictadura en Argentina. De acuerdo con las instituciones estatales y la legislación actual de este país, en términos generales, los exmilitantes de organizaciones político-revolucionarias que fueron sometidos a torturas y detención arbitraria, entre otras vejaciones, han sido calificados y reconocidos jurídica y administrativamente por las agencias estatales y por gran parte de la sociedad en cuanto “víctimas del terrorismo de Estado”, y los militares y miembros de las fuerzas de seguridad que participaron en la autodenominada “guerra contra la subversión” (1968-1983) y el Proceso de Reorganización Nacional (PRN), nombre que se atribuyó la última dictadura militar, han sido identificados como “victimarios”, “represores”, “perpetradores” o “genocidas”. En la actualidad, en Argentina, la expresión máxima de la categoría víctima es la figura del detenido-desaparecido, que se extiende a sus familiares, aunque las agencias del Estado también han reconocido como víctimas a los presos políticos, los sobrevivientes o exdetenidos-desaparecidos liberados y los niños

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nacidos o apropiados durante el cautiverio de sus padres en un CCD. Sin embargo, estas categorizaciones acreditadas por las instituciones del Estado-nación argentino, en especial a través de las leyes de reparación implementadas desde la década del noventa por la Secretaría de DD. HH. (SDH) y la Justicia, son matizadas o controvertidas en el uso y el valor moral que se les adjudica por parte de diferentes actores en campos de actividad heterogéneos, tales como la militancia política, el derecho, las políticas públicas, entre otros. Si bien las instituciones estatales constriñen las formas adecuadas de significar ciertos eventos conflictivos y categorizar quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios, estas clasificaciones también se nutren semánticamente del devenir de procesos sociales cambiantes. De hecho, en Argentina, con la elección del actual presidente Mauricio Macri (2015-presente), se ha multiplicado una serie de notas de prensa y declaraciones públicas de sectores cercanos a las Fuerzas Militares que reclaman su carácter de víctima, más bien que de victimarios, mientras que en Colombia, en el marco de la ley de víctimas y restitución de tierras (de 2011) y las discusiones en torno al proceso de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010presente), las clasificaciones de víctimas y victimarios que estaban más o menos consolidadas se han ido diversificando y complejizando. La percepción promovida durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) de que la guerrilla ha sido el principal victimario, debido a los secuestros extorsivos o el reclutamiento forzado, se ha visto contrastada a raíz de las investigaciones sobre el paramilitarismo y los casos de ejecuciones extrajudiciales de personas de bajos recursos cometidas por parte de miembros de las Fuerzas Militares. En este devenir histórico-cultural, el análisis del uso de las categorías de víctima y victimario en sus diversos contextos de significación permite dar cuenta del modo en que el sufrimiento es reconocido y empleado como un recurso para demandar a las instituciones estatales y a diversos organismos internacionales (como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y acceder a ciertos derechos vinculados a la reparación del daño, previamente identificado y singularizado.6 Frente a la no unicidad de la experiencia o, en términos de Fassin (2011), ante los desórdenes del mundo, los sentimientos 6

Respecto al trabajo de delimitación y reconocimiento del sufrimiento como un hecho político se puede consultar la obra de Sofía Tiscornia (2008), donde la autora señala que la muerte de jóvenes por parte de la Policía suele ser presentada “como un error sin responsable y así son generalmente juzgadas por los tribunales, salvo que los familiares o allegados de la víctima conviertan la muerte en un acontecimiento político” (2008, 5). De este modo, la posibilidad de que estas muertes alcancen un estatus político está condicionada por las actividades de movilización social y jurídica por parte de diferentes actores, tales como organismos de derechos humanos, familiares de las víctimas y organizaciones antirrepresivas.

morales se han convertido en un sostén fundamental de las políticas, internacionales y locales, basadas en la razón humanitaria. Se trate de reglamentar las acciones a favor de la pobreza o de los refugiados, de ayudar a las víctimas de catástrofes, conflictos armados internos y dictaduras militares o de justificar intervenciones militares en países foráneos, un gobierno humanitario que mezcla solidaridad y compasión se despliega por doquier en apoyo de los desheredados y de los dominados: las víctimas. Pero, la definición de esta categoría y su contraparte, la de victimario, no está dada de antemano ni se desprende unívocamente de “los hechos”. La categoría víctima/victimario es ambigua y flexible, y de ahí emana su gran potencia como recurso clasificatorio para demandar el acceso a prerrogativas estatales y transnacionales a través de la apelación a una razón humanitaria que enmarca los eventos violentos y delinea la posible enmienda de los daños causados.

La categoría víctima y sus apropiaciones en la vida cotidiana Hacia fines de los noventa e inicios del año 2000, mientras realizaba una investigación sobre las trayectorias políticas de un grupo de mujeres exmilitantes de organizaciones revolucionarias, que fueron detenidas clandestinamente y luego encarceladas por varios años durante la última dictadura militar argentina, llamó mi atención que ellas no se definían a sí mismas como víctimas sino como protagonistas, agentes que actuaban para transformar la sociedad y el mundo en el que vivían, incluso, a la fuerza (Guglielmucci 2007). En ese entonces, al retomar su experiencia de militancia política, la autoadscripción como víctimas les resultaba problemática, pues consideraban que ellas no habían sido sujetos inertes sino que habían tomado opciones de vida arriesgadas que pudieron implicar, entre muchas otras decisiones complejas, “matar o morir”. Así, lo que en el año 2000 podía ser considerado una situación de vulneración de la dignidad de la persona ligada a los DD. HH., en otro momento de la historia podía ser considerado un riesgo inherente a las opciones políticas asumidas, ligadas a consignas tales como “Patria o muerte, venceremos”, “Libres o muertos, jamás esclavos”, “A vencer o morir por la Argentina”, “La sangre derramada jamás será negociada!”, “¡Los mártires caídos nunca tendrán olvido!”, “A un guerrillero no se lo llora, se lo reemplaza”. La “guerra popular o revolucionaria” implicaba tomar riesgos de vida o muerte; no obstante, ello no equivalía necesariamente a conocer o dimensionar los mecanismos represivos clandestinos implementados por las fuerzas públicas destinados al “aniquilamiento de la subversión”. Si bien las mujeres consideraban que la experiencia en los CCD, la tortura, la violación, el despojo de sus bienes, la separación de sus hijos, el encierro sin un proceso o condena justos, las habían victimizado, esa no era una El concepto de víctima en el campo de los derechos humanos | Ana Guglielmucci

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identidad que las definía o un término con el cual querían identificarse, sino una situación dentro de un proceso de vida que ellas mismas habían elegido y seguían reivindicando, a pesar de las propias autocríticas que pudieran plantear. Por supuesto, estas apreciaciones personales eran difíciles de comunicar a públicos más amplios que salieran de su esfera de influencia o afinidad política, ya que para poder ser reconocidas como víctimas dolientes, y no como victimarias, plausibles de ser juzgadas moral o penalmente por sus acciones en la “guerra revolucionaria”, debían mostrarse como parte de esta categoría en términos esencialistas. Es decir, que ellas debían encarnar a la víctima sin ambigüedades o matices, la víctima “pura” o “no comprometida” con acciones violentas. En estas narrativas de lucha en contra de la injusticia social, o para alcanzar un “mundo nuevo” mediante la revolución, es claro que la incorporación de la noción de víctima en el léxico de ciertos actores y su apropiación paulatina vino aparejada de la introducción y extensión de nuevos parámetros políticos ligados al campo social y jurídico de los DD. HH. en Argentina y de la correlativa legitimidad y legalidad de ciertas prácticas y ciertos discursos. Las acciones de las organizaciones de DD. HH. antes, durante y después de la última dictadura implementaron otra doctrina interpretativa para referirse a los hechos y asignar responsabilidades diferenciales respecto a la violencia de la década del setenta, donde el Estado y sus agentes serían los principales responsables. Este marco de sentido permitió alcanzar amplios consensos sociales hacia adelante, enmarcados en un futuro donde los valores democráticos y el respeto por los DD. HH. serían centrales, pero, al mirar hacia atrás, no todos los actores concuerdan respecto a las causas de la violencia política pasada, ni respecto a la fundamentación de las acciones realizadas y la asignación de responsabilidades político-jurídicas (Guglielmucci 2013). Estos desacuerdos se han expresado recientemente a través de las demandas del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTyV), que reclama al Gobierno una mejora de las condiciones carcelarias de los miembros de las fuerzas públicas procesados o juzgados por los crímenes de lesa humanidad y propugna la reparación histórica de las “víctimas del terrorismo”: “Las víctimas inocentes de la violencia armada desplegada por el terrorismo de las organizaciones guerrilleras que hicieron la guerra revolucionaria en Argentina, fomentada por líderes políticos, tolerada y encubierta por gobernantes y funcionarios múltiples desde sus orígenes hasta la fecha, no han tenido ni tienen en Argentina, Justicia, Verdad, Reparación y Paz. Solo un deliberado olvido, un cómplice silencio y un injustificable abandono”.7 7

El CELTyV es una organización no gubernamental dedicada a “la asistencia de las víctimas del terrorismo en la Argentina”. Su trabajo se desarrolla tanto en el contexto nacional como

Al estudiar las variaciones históricas en la implementación y apropiación o no de la categoría víctima para autodefinirse en ciertos espacios sociales se plantea el problema de los anacronismos. Es decir, la posibilidad de caer en el error que resulta de situar a una persona o cosa en un período que no se corresponde con el que le es propio. Si retomamos el ejemplo de las exmilitantes político-revolucionarias, esta dimensión anacrónica es clave porque permite visibilizar los mecanismos de adaptación a los que debieron sujetarse las personas o los grupos que presentían no pertenecer a estos nuevos tiempos para poder ser comprendidos o al menos escuchados. Uno de estos mecanismos puede ser el silencio. Como ha señalado Catela (2000), a partir del análisis de las entrevistas realizadas con familiares de desaparecidos en Argentina: Durante mucho tiempo para mantener el lugar de víctima era imprescindible silenciar cualquier tipo de militancia, alejar categorías políticas cargadas de significado como “terrorista” o “subversivo”, para que, por oposición, se pudiera destacar que aquellos que desaparecieron eran altruistas, gente llena de “buenas intenciones”, solidarios y soñadores. Borrar la historia militante, dejada entre paréntesis, silenciada o sólo enunciada en canales privados fue el coste que tuvieron que pagar los “compañeros” para ser incluidos en las lógicas de clasificación, teñidas por el lenguaje de los lazos primordiales, así como el que tuvieron que pagar los afectados por el “problema de los desaparecidos” para que éste fuese reconocido como drama nacional. (2000, 74)

El análisis de este proceso de categorización en términos de víctima o de protagonista permite entender la relación entre situación social, uso y cambio en la manera como se puede nombrar un hecho y significar la propia participación de los actores en tales eventos, en distintos momentos. La apropiación por parte de una persona de la condición de víctima, ya sea para presentarse o identificarse, está ligada a los mundos de sentido, a sus colectivos de pertenencia previos y actuales, a sus expectativas a futuro y a los perjuicios o beneficios que puede acarrear una clasificación o un encasillamiento de este tipo en un campo de acción dado. A su vez, en este proceso de categorización es importante señalar la propia diferenciación hecha por los actores entre las acciones de adscripción externa en cuanto víctima/s y la apropiación subjetiva, individual o colectiva, de dicha categoría. El problema de identificarse o ser identificado como víctima de un modo atemporal ha sido señalado no sólo

en el internacional, con el objetivo de hacer visibles a las víctimas del terrorismo, trabajar por el reconocimiento de sus derechos y promover otros relatos históricos sobre la violencia política de los setenta en Argentina. http://www. victimasdeargentina.com

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por exmilitantes de organizaciones revolucionarias en Argentina sino también por diversos actores en otras partes del mundo. Por ejemplo, en un encuentro organizado en octubre de 2014 por el Colectivo de Comunicaciones Montes de María,8 junto a la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia), sus integrantes llamaron la atención sobre el trabajo comunitario que realizan en El Carmen de Bolívar para que las personas violentadas distingan entre “ser víctimas” y “haber sido victimizadas”. Para el Colectivo ha sido clave destacar que una persona o un grupo puede ser victimizado en una situación particular pero que ello no equivale a un estado permanente. Con este trabajo de distinción se ha planteado el objetivo de promover la autopercepción o identificación de las personas o los grupos como actores políticos, orientados a modificar las causas y las consecuencias de las situaciones de violencia experimentadas, en vez de que ellos se apropien de la condición de víctima esperando pasivamente que otros (las ONG, las agencias estatales, etcétera) intervengan asistencialmente. Para entender el proceso de construcción y apropiación subjetiva de la condición de víctima en la vida cotidiana es importante identificar y analizar algunos mecanismos que permiten dar cuenta de su consolidación o anclaje sociocultural. Rosland (2009) encuentra tres importantes mecanismos que han intervenido en el proceso de victimización en el caso de Irlanda del Norte. En primer lugar, las narrativas detalladas del sufrimiento individual y la victimización producen compasión y empatía que delinean la legitimación de diferentes aproximaciones a un mismo hecho violento. En segundo lugar, la victimización involucra mecanismos de inclusión y exclusión, creando con ello dicotomías, produciendo colectivos de víctimas, lo que en muchos casos funciona como una plataforma desde la cual la agencia política puede ser anunciada. Y, tercero, la construcción de la victimización produce verdades políticas. La víctima es dotada de un estatus y autoridad particulares, que encarnan una integridad moral particular para contar la historia, para determinar las verdades sobre lo que realmente pasó, un estatus que hace de la víctima un “agente vital en la batalla por los corazones y las mentes” (Rosland 2009, 294). Los mecanismos identificados por Rosland se pueden aplicar también a los casos argentino y colombiano, donde las personas o los grupos identificados como

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La Corporación Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21 es una organización no gubernamental, creada el 1° de septiembre de 1994 por un grupo de comunicadores sociales, maestros, líderes comunitarios y gestores culturales de El Carmen de Bolívar interesados en promover la apertura de espacios de comunicación alternativos que, en los procesos de reconocimiento y reencuentro, posibilitaran la construcción de ciudadanía, participación e identidad, en el marco del conflicto armado interno en Colombia. http:// montemariaaudiovisual.wordpress.com/

víctimas pueden legitimar sus demandas, apoyadas en la compasión y empatía generadas en varios sectores de la población por las vejaciones que sufrieron por parte de las fuerzas públicas u otros actores armados como las guerrillas y los grupos paramilitares. A su vez, la acreditación institucional de ciertas personas o ciertos grupos en cuanto víctimas los ubica en un lugar relevante para contar sus historias en determinados marcos legales y sociales. Pero, otro tema es que esto se plasme en colectivos políticos y en acciones concretas en cuanto víctimas. Por ejemplo, en Argentina, las mujeres que militaron en organizaciones revolucionarias no se han constituido con esta base, mientras que los familiares de detenidos-desaparecidos sí lo han hecho. Quizá porque, entre las primeras, como ya hemos explicado, no sea la condición de víctima su variable de adscripción prioritaria o porque su identificación en cuanto tal es objetada por otros sectores que las señalan más bien como víctimas comprometidas o impuras. Por otro lado, en Colombia, donde la llamada Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) reconoció como víctimas sólo a quienes sufrieron daños directos por parte de “grupos armados organizados al margen de la ley”, varias personas que padecieron acciones de abuso de poder por parte de las fuerzas públicas se organizaron en el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) para demandar la ampliación de los límites de esta clasificación jurídica y reclamar sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.9 Esta demanda fue atendida e incorporada en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), en la que se reconoce como víctimas a aquellas personas que “individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1° de enero de 1985, como consecuencia de infracciones del Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”. No obstante, como ha señalado Gil (2007), más allá de este reconocimiento jurídico en la legislación colombiana, es importante analizar de qué manera se trazan distinciones sociales entre categorías de víctima o “campos de víctimas”, pues por lo menos hasta 2007 se podía observar la circunscripción de al menos dos conceptos públicos diferentes en el país: Uno estaría formado por las víctimas “buenas” e “inocentes”, que son aquellas que han sido objeto de

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El Movice nació formalmente el 25 de junio de 2005, en el marco del II Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad, de violaciones graves a los derechos humanos y de genocidio, con la presencia de más de ochocientos delegados, que llevaron a cabo encuentros regionales en las ciudades de Cartagena, Medellín, Cali, Popayán, Barrancabermeja, Bucaramanga y Bogotá, con el objetivo de buscar la verdad histórica, la justicia y la reparación integral para las víctimas, sobre todo las del Estado. http://www.movimientodevictimas.org/

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DOSSIER ataque por parte de la guerrilla. Ellas obtienen un alto despliegue en los medios de comunicación y son objeto de pronunciamientos públicos, campañas de opinión y manifestaciones de solidaridad, aunque su condición real sea de instrumentalización, pues en la práctica las víctimas de la guerrilla —por ejemplo, las personas secuestradas, afectadas por minas o desplazadas forzadamente— no reciben ningún trato preferente [...]. Existe otro campo, compuesto por miles de víctimas anónimas, de quienes se supone que fueron sospechosas de haber sido lesionadas por alguna razón no revelada. Tales personas han sido despojadas de su historia, de su rostro, ingresan en la nebulosa de las estadísticas y para ellas jamás se emprende ninguna acción de visibilización, de protesta ciudadana. (Gil 2007, 108)

Las acciones del Movice, entre otras organizaciones sociales colombianas, han movilizado acepciones de la categoría víctima que han buscado ampliar su contenido jurídico, respecto a la manera en que había sido definido originalmente en la Ley de Justicia y Paz, y han incidido en la visibilización de actores y hechos victimizantes que no eran reconocidos previamente como consecuencia del conflicto armado interno. Esto se ha llevado a cabo a través de una serie de estrategias para demandar al Estado la verdad, la justicia, la reparación integral, la memoria y las garantías de no repetición de los crímenes contra la humanidad. A lo largo de este proceso de articulación y movilización colectiva, quienes se presentan como víctimas de crímenes de Estado se han consolidado, a su vez, no sólo como actores políticos en la escena pública que cuestionan el contenido y los usos de la categoría víctima, sino como guardianes de una memoria contrahegemónica que cuestiona la violencia estatal y la configuración sociopolítica producto de su ejercicio (Acebedo 2016). Con base en los casos anteriormente reseñados, al considerar las acciones que dotan de sentido social y jurídico a la categoría víctima, se pone en evidencia que los mecanismos de consolidación y anclaje sociocultural de dicha categoría no pueden ser universalizados, pues son diferenciales según el contexto y la red de relaciones interpersonales que se establecen en cada caso. La consolidación social de la categoría víctima y sus vicisitudes nos lleva a pensar en su contraparte, la de victimario, y en la manera en que se carga de sentido la frontera entre una y otra categoría. Esta reflexión nos transporta a un terreno más delicado y movedizo donde la distinción entre víctima/victimario se desdibuja: la “zona gris”, tratada por autores como Primo Levi (1986), quien nos enfrenta a interrogantes sobre la posibilidad de emitir juicios morales frente a situaciones extremas o eventos críticos particulares. Levi, apoyándose en su experiencia dentro de los campos de concentración y haciendo referencia a los colaboracionistas con las fuerzas nazis, plantea la dificultad moral de juzgar en

tiempos y contextos sociales diferentes las acciones pasadas de ciertos individuos. En Argentina, a diferencia de otros países, donde las consignas “Perdón” y “Reconciliación” no han logrado imponerse en los programas gubernamentales para tratar la violencia política pasada, la distinción entre víctima y victimario se supone de un modo binario y tajante en el actual contexto institucional y jurídico. No obstante, varios trabajos analíticos (Calveiro 1998; Longoni 2007) han señalado la ambigüedad en la definición de estas categorizaciones y su uso en la vida cotidiana. Por ejemplo, esta ambigüedad se pone en evidencia en ciertos contextos privados donde algunos exmilitantes políticos, detenidos-desaparecidos liberados, condenan la actitud de otros que estuvieron en su misma situación acusándolos de traidores o colaboradores con los miembros de las Fuerzas Militares que operaron en los CCD. Pero, estos mismos exmilitantes secuestrados cambian su discurso en el contexto de los juicios a los integrantes de los GT trazando una frontera indiscutible entre los detenidos y los “represores”, entre otros motivos, para evitar que la sospecha sobre su condición de víctima “pura” recaiga sobre todos. El planteamiento binario remite a pensar a las víctimas y a los victimarios sobre la base de esencialismos atemporales que pueden imposibilitar entender la complejidad de ciertos hechos. En relación con este problema, de un modo similar a como lo ha hecho Catela (2001), Longoni (2007) ha analizado la construcción de la figura del desaparecido en Argentina, primero, como víctima inocente y apolítica, y después, como héroe mítico. En el marco imperante de esta doble imagen, las voces de los sobrevivientes han resultado problemáticas, en la medida en que, por un lado, muestran la agencia política de muchas de las víctimas de la represión y su participación en organizaciones armadas, y, por otro, expresan un panorama mucho más complejo y contradictorio acerca de la experiencia sucedida, que poco se acerca a la imagen de la víctima apolítica o el mito heroico. La autora afirma que el sobreviviente, a través de una oposición maniquea, se vuelve la contracara del desaparecido como héroe: un traidor, posición que invisibiliza o borronea su condición de víctima. Esta operación es reforzada por la ausencia de un debate crítico acerca de la violencia de la década del setenta en Argentina, demostrada en el rechazo social, y, en particular, ante la imposibilidad de algunos intelectuales y militantes de escuchar el balance personal y colectivo que los sobrevivientes realizan de su pasado político, y la dificultad por parte de las dirigencias y los círculos militantes de admitir y explicar en términos políticos la derrota del proyecto revolucionario. Esto encuentra su máxima expresión en la imagen de traición que recae sobre los sobrevivientes, lo que explicaría la derrota como producto de la delación, debilidad y hasta “conversión” política de estos últimos. En este sentido, los sobrevivientes serían marcados por

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algunos actores no sólo como los posibles victimarios de sus “compañeros” detenidos-desaparecidos sino también como los sepultureros de un proyecto político de transformación social. En el caso de Colombia, cabe destacar los dilemas de categorización en cuanto a las víctimas de los miembros de grupos guerrilleros que se han desmovilizado y reinsertado en la vida civil. Por ejemplo, esta situación ha sido documentada por Esperanza, Paz y Libertad, el movimiento político que aglutinó a los desmovilizados del Ejército Popular de Liberación (EPL) y que fue exterminado durante la década de los noventa por acción de la guerrilla de las FARC, de una disidencia del propio EPL que se negó a entregar sus armas y la acción de los grupos paramilitares: Según Mario Agudelo, exintegrante de Esperanza, Paz y Libertad y quien participa en dicho proceso, la idea es que, la Unidad Nacional de Reparación y Atención a Víctimas o bien la Unidad de Justicia Transicional de la Fiscalía, reconozca la calidad de víctima colectiva de este movimiento político pues, dice, “se trató de una persecución sistemática que buscaba exterminar un colectivo por razones políticas”. A su juicio, este proceso también puede ser de gran utilidad en las actuales circunstancias en la medida en que “de allí se pueden sacar aprendizajes, para que no se cometan los mismos errores en futuros procesos de desmovilización y reinserción, como el que estaría próximo a ocurrir con las FARC.10

La frontera entre la categoría víctima y su contraparte, la de victimario, es fluida y varía según los usos que las personas le dan en diferentes esferas de la vida cotidiana. Las definiciones no son estables, sino que se consolidan o se marcan de una manera y no de otra en situaciones particulares. Y la carga de sentido que estas categorías adquieren y su posibilidad de imponerse sobre otros dependen de la acción de agentes específicos (abogados, periodistas, activistas de DD. HH., entre otros). A continuación me referiré a ello con mayor detalle.

Mecanismos de consolidación institucional de la categoría víctima Con la finalidad de exhibir los mecanismos de consolidación institucional de la categoría víctima, en primer lugar me centraré en una breve descripción analítica sobre una serie de eventos en el campo judicial. En el 2009 participé de las audiencias por el Juicio entablado a los responsables del circuito represivo constituido por los ex-CCD Club Atlético, Banco y Olimpo (más conocido como el circuito ABO), parte de la megacausa del I

10 “La reinserción del EPL en Urabá” (2015).

Cuerpo del Ejército, a cargo del juez Daniel Rafecas.11 Durante el testimonio de algunos exdetenidos desaparecidos liberados, la defensa de los integrantes de las fuerzas públicas —procesados por secuestro, torturas y desaparición forzada— deslizó la acusación de que algunos exdetenidos (desaparecidos o supervivientes) habían sido colaboradores o cómplices de los imputados en el secuestro y la aplicación de tormentos. Si bien estas acusaciones no fueron sometidas a juicio en el juzgado, sus repercusiones se dejaron sentir en otros ámbitos, antes y después de las testificaciones. Para empezar, los supervivientes de los CCD que iban a testificar, por lo general se preparaban previamente, de modo personal o colectivo, con ayuda de sus abogados, con el fin de repasar los testimonios brindados en instancias anteriores (ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Conadep, en 1984; el “Juicio a las Juntas”, en 1985; los “Juicios por la Verdad”, en la década del noventa, entre otras) y para enfrentar este tipo de preguntas acusatorias por parte de la defensa de las personas imputadas. La meta de los testimoniantes más entrenados, además de brindar información factual para probar los delitos cometidos por los integrantes de las fuerzas públicas que actuaron en dichos CCD, era reducir el riesgo de ser visualizados como colaboradores de los victimarios, sobre todo por sus grupos de apoyo y allegados. Esta afirmación se puede prestar a malentendidos y amerita profundizar en ella. Durante las investigaciones en torno a los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar argentina, el juez Daniel Rafecas propuso fragmentar la investigación por CCD, pero sin perder la visión general del ataque sistemático a la población civil. Esta propuesta lo diferenció de otros magistrados que, en un principio, dividían la investigación por cada víctima, lo que hacía perder de vista el carácter masivo y sistemático del plan represivo desde el Estado. Rafecas aplicó en estos procesos la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que comprende todos los padecimientos sufridos, y no sólo la aplicación de golpes o

11 El Juzgado Federal Nº 3, a cargo de Daniel Rafecas, desde 2004 investiga violaciones a los DD. HH. ocurridas entre 1976 y 1983, atribuidas al personal dependiente del Primer Cuerpo del Ejército o sometido operacionalmente a este, en el ámbito de la Capital Federal, Provincias de Buenos Aires y de La Pampa. Este proceso es conocido como “la Megacausa del Primer Cuerpo del Ejército”, centralizada en la causa N° 14.216/2003, caratulada “Suárez Mason, Carlos Guillermo y otros s/privación ilegal de la libertad agravada, homicidio...”, originada luego de que el Congreso declarara nulas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Para comienzos de 2012, la instrucción de la causa había reconocido más de mil víctimas y procesado a ciento treinta imputados, la mayoría con prisión preventiva, pertenecientes al Ejército, la Fuerza Aérea, el Servicio Penitenciario Federal, la Gendarmería Nacional, la Policía Federal y la Secretaría de Inteligencia del Estado. http://www.cij.gov.ar/causa-primer-cuerpo-del-ejercito.html El concepto de víctima en el campo de los derechos humanos | Ana Guglielmucci

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picana eléctrica. En este marco, una persona, por el solo hecho de haber sido detenida-desaparecida en un CCD, debía ser considerada como una víctima y no era necesario probar cada delito de modo segmentado. Versado en la literatura sobre el Holocausto, Rafecas también ha tomado algunas premisas ya trabajadas por Primo Levi en su obra (1986), donde se aborda la compleja tipificación de los roles asumidos en los lager o campos de trabajo forzado durante el régimen nazi, y sobre todo la figura de los sonderkommando o escuadras especiales, conformadas por prisioneros encargados de llevar a los deportados a las cámaras de gas, registrar sus cuerpos en busca de elementos de valor material e inhumarlos, a cambio de lo cual recibían ciertos privilegios en el campo, aunque la mayor parte de ellos luego de un tiempo fueran también exterminados. En los juicios actuales en Argentina, el problema de la colaboración ha seguido un planteamiento similar al de Primo Levi para discernir lo controversial de las declaraciones que no permiten decantar un relato donde existirían víctimas “puras”. Este autor afirma que mediante la colaboración sistemática de los detenidos se trataba de “descargar en las víctimas, el peso de la culpa, de manera que, para su consuelo no les quedase ni siquiera la conciencia de saberse inocentes” (Levi 1986, 47). En Argentina, la frontera entre víctimas y victimarios ha sido ritualizada en los establecimientos donde se llevan a cabo los juicios a los integrantes de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y de seguridad. En general, las personas que van a acompañar a los sobrevivientes de los CCD y familiares de detenidos-desaparecidos se sientan en un sector separado de quienes van a acompañar a los acusados. Se observa una particular disposición física de las personas y los grupos que pone de manifiesto una geopolítica espacial, que marca una frontera simbólica, política y emocional en torno a los actores participantes en los eventos pasados de violencia. Esta particularidad es remarcada por los integrantes de las organizaciones de DD. HH. que asisten a los juicios con sus insignias distintivas: los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo con los nombres de los desaparecidos o las camisetas de la organización H.I.J.O.S. estampadas con la consigna “Juicio y castigo a los culpables” o “Ni olvido ni perdón”. La repercusión de las acusaciones de colaboración, en este sentido, se dejan sentir más sobre la relación entre los testimoniantes (los supervivientes de los CCD) y la audiencia, compuesta por familiares de los desaparecidos, compañeros de militancia o simpatizantes de la causa de los DD. HH. La sombra de la colaboración (aunque haya sido bajo tortura o amenaza de vida a los detenidos o sus seres queridos) se esparce sobre la persona y afecta su círculo de confianza, marcándola como una víctima “difusa” o “contaminada” y, por lo tanto, “peligrosa”. No obstante, estas sospechas o acusaciones de colaboración entre las víctimas no se ponen de manifiesto en este evento ritualizado, sólo se expresan en ámbitos más restringidos.

El encuadre de los juicios por crímenes de lesa humanidad ha ido cambiando desde el Juicio a las Juntas Militares. En un principio, la militancia política de los testimoniantes era ocultada o lavada durante los procesos judiciales, ya que podía abonar la “teoría de los dos demonios”.12 Los testigos trataban de ser presentados como víctimas inocentes, sin identidad política o participación en organizaciones armadas. Cuando las vías judiciales fueron limitadas o clausuradas con las Leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987) y con los indultos presidenciales (1989-1990),13 nuevos relatos pudieron ser enunciados en el ámbito público, recuperándose la militancia política setentista. Con la declaración de la Corte Suprema sobre la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad (2005) y la declaratoria de la nulidad de los indultos (2010), las causas judiciales fueron reabiertas y se presentó un nuevo escenario para los exmilitantes. Los relatos de los supervivientes, convocados como víctimas y testigos, han cambiado a lo largo de las diferentes instancias de justicia aplicadas en Argentina, y actualmente muchos de ellos reivindican en los juicios sus pertenencias políticas pasadas. No obstante, como he mencionado, algunos puntos continúan siendo álgidos dentro del propio campo de las organizaciones de DD. HH. en relación con los supervivientes, sobre los cuales en ciertos ámbitos cotidianos se desliza la duda de ser víctimas sospechosas de colaboración o “comprometidas”. A su vez, la acreditación institucional de ciertos grupos de personas en cuanto “víctimas del terrorismo de Estado” ha sufrido ciertos avatares y disputas en torno a la aplicación de esta categoría pensada en términos abstractos. Para dar cuenta de los deslizamientos en la definición y consolidación de la categoría oficial de víctima, me referiré a las políticas reparatorias implementadas por la SDH de la Nación y a una importante iniciativa conmemorativa gubernamental como el Parque de la Memoria-Monumento a las víctimas del terrorismo de Estado, creado en la ciudad de Buenos Aires (1998). En ambos procesos institucionales se observa la ambigüedad de dicha categoría, pensada en términos abstractos y universalistas, pero sujeta a oscilaciones al ser aplicada a realidades complejas como la lucha política violenta en Argentina.

12 Se denomina comúnmente “teoría de los dos demonios” a la concepción según la cual los actos de violencia perpetrados por las FF. AA. y de seguridad serían de algún modo equiparables con los actos de violencia de las organizaciones guerrilleras, tanto durante gobiernos democráticamente electos como durante la dictadura cívico-militar. 13 La Ley 23.492 (Punto Final) y la Ley 23.521 (Obediencia Debida) establecieron la extinción de la acción penal y la no punibilidad de los delitos cometidos en el marco de la represión sistemática durante la Dictadura. Junto a los indultos realizados por Carlos Menem, son conocidas entre sus detractores como las “leyes de impunidad”.

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En el caso de la SDH, inicialmente, una de las cuestiones controvertidas para acreditar como víctima a los desaparecidos o asesinados era si habían muerto durante un enfrentamiento armado con las FF. AA. o de seguridad, durante un intento de secuestro extorsivo o la toma de un cuartel militar. El contexto de muerte, en este sentido, limitaba su definición como víctima “pura”, sobre todo en el caso de aquellas personas asesinadas cuyos cuerpos habían sido entregados a sus familiares, a diferencia de aquellos cuyo paradero aún es desconocido. Esta concepción se vio reflejada en el informe Nunca Más, que incorporó los casos de los desaparecidos pero no así el de los asesinados durante el terrorismo de Estado. Por otro lado, a los familiares de los detenidos-desaparecidos se les exigía la presentación de la copia de la denuncia de desaparición o el habeas corpus radicada en el momento del hecho ante las autoridades judiciales, pero no todos los familiares habían podido hacerlo. Esto trajo aparejado que algunos familiares, los más organizados y con mayor acceso a la justicia, fueran acreditados fácilmente como víctimas por las instituciones estatales, mientras que los que no pudieran comprobar la búsqueda de su familiar detenido-desaparecido quedaban en un limbo burocrático. Luego de la reapertura democrática, las primeras leyes de reparación se orientaron a atender principalmente la situación de los desaparecidos y sus familiares, pero a medida que nuevos actores fueron irrumpiendo en la escena pública, otras demandas fueron visibilizadas, y nuevos derechos comenzaron a ser reconocidos a través de leyes, decretos y reglamentaciones.14 A lo largo de este proceso, tal como indica Vecchioli (2013), los límites de la categoría víctima del terrorismo de Estado se fueron transformando de manera progresiva: además de las personas asesinadas o que fueron desaparecidas con anterioridad a la dictadura militar, también fueron reconocidas oficialmente como víctimas las personas asesinadas o desaparecidas como consecuencia del accionar represivo del Estado desde 1969, cuando se produjo un movimiento de protesta contra la dictadura de Onganía (1966-1970), conocido como el “Cordobazo”. Esta frontera temporal fue de nuevo ampliada años más tarde, cuando el Estado incluyó dentro de la categoría víctima a quienes fueron asesinados o continúan desaparecidos desde 1955, como consecuencia del bombardeo militar a la Plaza de Mayo y los fusilamientos de José León Suárez (1956), en represalia por el levantamiento en defensa del destituido presidente Juan Domingo Perón. De este modo, como destaca la autora, en los fundamentos de las actuales políticas de reparación argentinas, la existencia de víctimas del terrorismo de Estado se desplazó a un período que abarca veintiocho años de extensión.

14 Consultar: http://www.jus.gob.ar/derechoshumanos/atencional-ciudadano/politicas-reparatorias.aspx

Más allá del recorte histórico que se aplique para definir las políticas reparativas, la ambigüedad de la categoría víctima del terrorismo de Estado ha quedado plasmada en diversas asociaciones semánticas, lo que puede observarse en el preámbulo inscrito en el Monumento construido a la vera del Río de la Plata, en la ciudad de Buenos Aires: “La nómina de este Monumento comprende a las víctimas del terrorismo de Estado, detenidos-desaparecidos y asesinados, y a los que murieron combatiendo por los mismos ideales de justicia y equidad”. Esta inscripción, producto de debates irresueltos dentro de las organizaciones de DD. HH. que impulsaron este proyecto público conmemorativo, muestra la tensión existente entre percepciones que entienden que habría víctimas “inocentes” y víctimas “comprometidas”, léase: los combatientes. A pesar de que la inscripción comunica que todos son víctimas del terrorismo de Estado (desaparecidos, asesinados y muertos en combate), se exhibe una distinción entre tipos de víctimas (ver la imagen 1).

Imagen 1. Nómina del Monumento a las víctimas del terrorismo de Estado – Parque de la Memoria en Buenos Aires (Argentina), 2011. Fotografía del autor.

A partir de esta forma particular de agrupar y diferenciar a las víctimas en este Monumento, en términos más amplios podríamos preguntarnos por la relación que existe entre la valoración moral y política de las clasificaciones de víctima operadas en diferentes contextos sociales y su estabilización o consagración institucional por medio de monumentos, políticas públicas de reparación y procesos judiciales. En otras palabras, volviendo a nuestra pregunta inicial, es importante cuestionarnos cuándo y en qué contexto una persona o un grupo social es clasificado como víctima o victimario, y de qué manera esta clasificación logra alcanzar un estatus diferenciado reconocido por otros actores o instituciones estatales. En este sentido, la inscripción de estas clasificaciones en obras arquitectónicas o esculturales, destinadas a recordar a las víctimas del terrorismo de Estado, sus actos y la fecha en que tuvieron lugar los eventos señalados, es una forma de consagrar El concepto de víctima en el campo de los derechos humanos | Ana Guglielmucci

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estas clasificaciones en el espacio público y alcanzar a amplios sectores de la población para que las apliquen con un determinado contenido semántico. El proceso de inscripción y consolidación institucional de la categoría víctima a través de iniciativas públicas conmemorativas puede observarse también en Bogotá (Colombia). Como ejemplo, me referiré al caso de la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985.15 Hasta la alcaldía de Gustavo Petro (2012-2016), las placas conmemorativas sólo reconocían a los muertos civiles pero no nombraban a los asesinados y desaparecidos de la guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19). En este caso se puede advertir también el proceso cambiante de marcación/desmarcación en cuanto víctima o victimario. En un principio, por más de veinte años, las Fuerzas Militares que ejecutaron la retoma del Palacio fueron consideradas oficialmente como actores heroicos, defensores de la patria y de las instituciones democráticas. Esta visión quedó plasmada en una placa colocada en el Palacio Liévano, durante la alcaldía de Andrés Pastrana (1988-1990), junto a otras veintitrés placas de granito en las que están grabados en mayúscula hechos que marcaron la historia de Colombia. En dicha placa, titulada “Holocausto del Palacio de Justicia”, se manifiesta que “Durante los días 6 y 7 de noviembre la ciudad es conmovida con el suceso más audaz que recuerde nuestra historia: el sacrifico trágico por fuerzas de la subversión de un grupo de magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, maestros del derecho, defensores de la ley. El Palacio es consumido por las llamas, así como los expedientes cuya destrucción buscaron los asaltantes”.

como víctimas. De hecho, en 2012, durante un acto con familiares de desaparecidos y un delegado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD. HH. y otro de la Alta Consejería para los DD. HH. de la Alcaldía Mayor de Bogotá, fue colocada una nueva placa en la Plaza de Bolívar, en homenaje a los desaparecidos del Palacio de Justicia, que incluye a los guerrilleros del M-19. Hoy, ambas placas coexisten, una junto a la otra, en el mismo sitio (ver las imágenes 2 y 3).

Imagen 2. Placa colocada en 1988, titulada “Holocausto del Palacio de Justicia”, Plaza de Bolívar de Bogotá (Colombia), 2015. Fotografía del autor.

En la actualidad, esta representación de los acontecimientos está siendo revisada, debido a que se han expuesto y aceptado las violaciones de los DD. HH. cometidas por las Fuerzas Militares durante la retoma del Palacio de Justicia, como es el caso de las personas que fueron sacadas con vida y permanecen desaparecidas. El procesamiento judicial del excoronel Plazas Vega, acusado de ser responsable de la desaparición de once personas, ha sido un acto que ha desmarcado al Ejército como héroe-víctima y lo ha marcado como victimario, aunque recientemente Plazas Vega haya sido absuelto de los cargos por los cuales se lo había procesado.16 Por otra parte, los guerrilleros desaparecidos han podido ser reconocidos públicamente 15 La Toma del Palacio de Justicia, también llamada Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, fue un asalto perpetrado el miércoles 6 de noviembre de 1985 por un comando del M-19 a la sede del poder judicial, ubicado en la Plaza de Bolívar, frente a la sede del Congreso y a una cuadra de la residencia presidencial. Dicha incursión fue seguida de una operación de retoma por parte de la Policía Nacional y el Ejército colombiano que dejó como saldo un gran número de personas muertas y desaparecidas y la destrucción total del edificio. 16 Véase “Las claves del fallo de Plazas Vega” (2015).

Imagen 3. Placa colocada en 2012, durante la alcaldía de Gustavo Petro, titulada “Desaparecidos del Palacio de Justicia”, Plaza de Bolívar de Bogotá (Colombia), 2015. Fotografía del autor.

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Como ha destacado Vecchioli (2013), la existencia del proceso social que media entre la muerte o desaparición de un individuo y su clasificación social como víctima, y entre el ejercicio de la violencia de Estado y la formación de grupos que denuncian colectivamente estos hechos en nombre de la justicia y/o la memoria de las víctimas, es justo lo que abre el espacio para la indagación antropológica orientada a la comprensión del universo específico de relaciones que componen el campo de los DD. HH. y la memoria del pasado reciente. En palabras de la autora: “no existen víctimas como resultado de la aplicación automática de criterios jurídicos ‘universales’ y con independencia del campo de fuerzas históricas y sociales en el cual son reivindicadas dichas muertes y desapariciones” (Vecchioli 2013, 5). Es decir, la categoría víctima es compleja, ya que se significa en un itinerario sincrónico y anacrónico, debido a que las condiciones sociales, culturales, políticas y económicas permiten una flexibilidad semántica constante de lo que puede ser comprendido o no como víctima. La ambigüedad de la categoría se estabiliza de maneras disímiles en situaciones sociales específicas. En el continuum víctima/victimario, la significación como uno u otro se marca con sentidos diversos, y ello conlleva implicancias prácticas subsecuentes. Algunas veces, víctima puede ser sinónimo de ausencia de identidad política o de no haber matado ni haber mandado matar, o puede entenderse como equivalente a no haber sido colaborador de los perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Múltiples son los sentidos contextuales que pueden ser adjudicados a estas definiciones y las cargas que pueden implicar en la vida práctica, ya sea a efecto de acceder a programas de reparación, tales como indemnizaciones económicas a las víctimas del terrorismo de Estado o del conflicto armado, ser llamado como testigo-víctima en un juicio por crímenes de lesa humanidad, ser imputado como victimario, en cuanto colaborador en la aplicación de tormentos en los CCD, o estar implicado en la desaparición de personas, ejecuciones extrajudiciales o masacres. Así también, el contenido que adquieren estas clasificaciones puede incidir en la elaboración del sentido de las propias historias de vida de los afectados por experiencias de violencia, no sólo en cuanto agentes pasivos de la represión sino como protagonistas de la historia política pasada, presente y futura. La dinámica de marcación/desmarcación en cuanto víctima o victimario es parte de un complejo proceso social, situado cultural e históricamente, donde los marcos sociales y jurídicos institucionales cumplen un rol central en la legitimación de “verdades” sobre eventos políticos violentos y, subsecuentemente, en el posicionamiento variable de ciertas personas o ciertos grupos como actores reconocidos por las políticas de gobierno humanitario que regulan una economía moral del sufrimiento.

Conclusiones Hasta aquí he destacado la importancia de analizar los procesos de victimización o clasificación en cuanto víctima/victimario, tomando en consideración los distintos campos de actividad social e institucional involucrados en su estabilización de contenido y consagración pública. Autores como Barbot y Dodier (2010) también han señalado la importancia de analizar los comportamientos dentro de las comunidades de víctimas (por ejemplo, la construcción de una democracia interna) y qué sucede cuando ellas afrontan un nuevo drama. Por ejemplo, es el caso que se da cuando los organismos de DD. HH. que se han abocado a denunciar las violaciones a los DD. HH. en Argentina o en Colombia se paran frente a otras cometidas en la actualidad. Muchos son los aspectos asociados a esta categoría en los que aún nos falta ahondar desde la antropología, sobre todo en relación con la capacidad de agencia política y con la construcción de verdades sobre eventos violentos, o los sentidos positivos y negativos asociados a la violencia, no sólo abordada como disruptiva sino también como generadora de nuevos vínculos sociales. Un interesante ejemplo de ello son los debates en torno a la justicia restaurativa o transformadora y a la creación de organizaciones comunitarias o políticas a partir de ciertos eventos críticos, como es el caso del Colectivo de Comunicaciones Montes de María en El Carmen de Bolívar (Colombia). Otro tema es la correlación entre las categorías víctima y victimario, que han tendido a ser analizadas como una relación de alteridad, estabilizada en una oposición tajante. Una perspectiva más fructífera consiste en estudiar esta relación como un continuum, cuyo contenido es ambiguo y variable históricamente, de acuerdo con las relaciones de fuerza de los actores implicados en redes interpersonales locales y transnacionales, como el campo de los DD. HH. A su vez, pensar en términos de víctima o victimario tiende a individualizar o singularizar el problema de la violencia, perdiendo de vista el contexto social y cultural en el que ellos se enmarcan. En otras palabras, pensar en términos de víctimas y victimarios puede conducirnos a sortear preguntas más insidiosas, tales como la manera en que se producen socialmente situaciones de victimización o cómo la sociedad produce victimarios. Como último punto, es importante resaltar varios interrogantes, siguiendo los cuestionamientos de Jeffery y Candea (2006) en relación con las políticas de victimización y los desafíos que enfrenta una investigación centrada en estos temas. En primer lugar, por qué las personas buscan ser reconocidas como víctimas, cómo la exposición en cuanto víctima emerge como una cultura pública contra las políticas de impunidad por parte del Estado y las acciones victimizantes de determinados grupos sociales identificados como

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victimarios. Así mismo, otro tema es cómo nos posicionamos éticamente frente a la constelación de formas de sufrimiento y la estabilización social de algunos de estos padecimientos dentro de la categoría víctima, para que sean legitimados y factibles de ser reparables por parte de las agencias estatales.

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En último lugar, es importante esbozar un interrogante sobre la manera en que la antropología, que supone un compromiso con las víctimas, plantea un desafío ético complejo y metodológico para la disciplina pues la descripción etnográfica puede quedar absorbida por las formas hegemónicas de análisis del tema en un contexto social e histórico dado en el que está envuelta la subjetividad del investigador. Pensar más allá de la dicotomía víctima/victimario puede resultar incómodo intelectual y moralmente, pero ello puede servir para debatir sobre la naturalización de ciertos marcos interpretativos consagrados. Ello no implica, por supuesto, dejar de lado una toma de posición ético-política sino ampliar la posibilidad de conocimiento sobre las relaciones sociales que se tejen en la zona gris entre víctima/victimario y que se tienden a dejar fuera por los desafíos a los que nos enfrentamos cuando tratamos de entender conflictos armados internos u otros tipos de violencia a gran escala.

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Ni víctimas, ni héroes, ni arrepentido/as. Reflexiones en torno a la categoría “víctima” desde el activismo político* Isabel Piper Shafir** – Marisela Montenegro*** Fecha de recepción: 30 de abril de 2016 · Fecha de aceptación: 21 de septiembre de 2016 · Fecha de modificación: 11 de octubre de 2016 DOI: https://dx.doi.org/10.7440/res59.2017.08

RE SUME N | En el campo de estudios de la memoria en Chile, la definición de víctima que ha devenido hegemónica es aquella que se refiere al daño ocasionado por el terrorismo de Estado. Sin embargo dicha categoría ha sido tensionada desde distintos puntos de vista, entre los cuales está el de quienes lucharon contra la dictadura militar de Pinochet. En este artículo se dialoga, por medio del método de Producciones Narrativas, con las memorias de la violencia política que construyeron protagonistas de la lucha armada durante los años ochenta. Este método permite analizar los procesos de construcción y cuestionamiento de la categoría víctima y su contraposición con la de héroe/heroína y la de arrepentido/a, contribuyendo a articular las luchas del pasado y los proyectos políticos actuales. PA L A B R A S C L AV E | Memoria colectiva, derechos humanos, víctimas, violencia política (Thesaurus).

Neither Victims, Nor Heroes, Nor Repentants: Reflections on the Category of “Victim” from Viewpoint of Political Activism ABSTRACT | In the field of memory studies in Chile, the definition of victim that has become hegemonic is the one that refers to damage caused by state terrorism. However, that category has been subjected to tension from different viewpoints, including that of those who struggled against the military dictatorship of Pinochet. By means of the Narrative Productions method, this article establishes a discussion with the memories of political violence constructed by the protagonists of armed struggle during the1980s This method makes it possible to analyze the processes of construction and questioning of the category of victim and its contraposition to that of hero/heroine and that of repentant, thus contributing to articulate the struggles of the past and the political projects of the present. K E Y W O R D S | Collective memory, human rights, victims, political violence (Thesaurus).

Nem vítimas, nem heróis nem arrependidos(as). Reflexões sobre a categoria vítima a partir do ativismo político RESUMO | No campo de estudos da memória no Chile, a definição de vítima que se tornou hegemônica é aquela que se refere ao dano ocasionado pelo terrorismo de Estado. Contudo, essa categoria tem sido tensionada de diferentes pontos de vista, entre os quais está o dos que lutaram contra a ditadura militar de Pinochet. Neste artigo, dialoga-se, por meio do método de produções narrativas, com as memórias da violência política que protagonistas da luta armada construíram durante os anos 1980. Esse método permite analisar os processos de construção e questionamento da categoria vítima e sua contraposição com a de herói(heroína) e a de arrependido(a), contribuindo para articular as lutas do passado e os projetos políticos atuais. PA L AV R A S - C H AV E | Direitos humanos, memória coletiva, violência política, vítimas (Thesaurus).

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Este artículo se elaboró en el marco del Proyecto Fondecyt Regular No 1140809 “Memorias de la Violencia Política en Chile: Narrativas Generacionales del período 1973-2013”. Financiado por CONICYT (Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica), Chile. Doctora en Psicología Social por la Universitat Autònoma de Barcelona (España). Profesora del Departamento de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, y miembro del grupo de investigación “Psicología Social de la Memoria” de la misma Universidad. Últimas publicaciones: “Memory Sites. Visiting Experiences in Santiago de Chile” (en coautoría). Memory Studies (en prensa), 2016, y “Violencia política, miedo y amenaza en lugares de memoria”. Athenea Digital. Revista de Pensamiento e Investigación Social 15 (4): 155-172, 2015. * ipiper@u.uchile.cl Doctora en Psicología Social por la Universitat Autònoma de Barcelona (España). Profesora del Departamento de Psicología Social, Facultad de Psicología, Universitat Autònoma de Barcelona, y miembro del grupo de investigación “Fractalidades en Investigación Crítica” de la misma Universidad. Últimas publicaciones: “Experiencia y materialidad en lugares de memoria colectiva” (en coautoría). Universitas Psychologica 14 (5): 1723-1724, 2015, y “Re/pensar las Producciones Narrativas como propuesta metodológica feminista” (en coautoría). Athenea Digital. Revista de Pensamiento e Investigación Social 14(4): 63-88, 2014. * marisela.montenegro@uab.cat


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Introducción No somos víctimas. Tampoco héroes, ni caudillo/as, ni loco/as. Tampoco arrepentido/as.

Estas son las palabras con las cuales resumen su posición sobre el pasado reciente algunos/as de lo/as activistas y militantes que participaron en un proceso de construcción de memorias colectivas, realizado en el marco de la investigación “Memorias de la Violencia Política en Chile: Narrativas Generacionales del período 1973-2013”.1 A partir de una serie de conversaciones sobre su activismo y vinculación con la violencia política en los años ochenta emergió una Producción Narrativa que los participantes (hombres y mujeres) titularon de la misma manera que nosotras estamos haciendo con este artículo: ni víctimas, ni héroes, ni arrepentido/as.2 Este artículo se construye a partir del diálogo con dicha Producción Narrativa. En ella se entretejen las vivencias de estas personas con ideas referentes al contexto de lucha de los años ochenta en Chile y su relación con el presente, los métodos y formas de organización política en las que se involucraron, así como las explicaciones sobre diferentes tipos de violencia y sus efectos. En este proceso de significación destacan las reflexiones que hacen lo/as participantes en torno a las diferentes formas en las que se caracterizan sus posiciones como sujetos políticos. Siguiendo a Laclau y Mouffe (1987 [1985]), diremos que estas emergen como efectos de significación y reordenación de discursos y prácticas que crean los límites de dichas posiciones. La pregunta que corresponde a esta conceptualización no sería “¿Quién soy?”, sino “¿Desde dónde estoy hablando?”, siempre tomando en cuenta que este lugar no puede ser fijado totalmente, debido al carácter dinámico de los procesos de significación (Fuss 1999 [1989]). Nuestras reflexiones, realizadas en diálogo con la Producción Narrativa, se enfocan en el proceso de construcción y cuestionamiento de la posición de víctima. Por una parte, nos preguntamos cómo dicha posición es producida, habitada, tensionada y transformada a partir de las relaciones que lo/as participantes han tenido con distintas formas de violencia política. Al mismo tiempo, pondremos en diálogo estas posiciones con los debates contemporáneos en torno a esta figura controvertida de la víctima en el campo de los estudios de memoria, acción colectiva y Derechos Humanos en el Chile contemporáneo. La investigación de la cual damos

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Proyecto Fondecyt regular Nº 1140809.

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Esta Producción Narrativa puede ser consultada en http:// psmemoria.w ixsite.com/psocialmemoriauchile/fondecyt-n-1140809-violencia-politi. De aquí en adelante, las citas textuales serán referenciadas como PN1, 2016.

cuenta se enmarca en dicho campo y al mismo tiempo busca problematizar algunas de las categorías que este ha contribuido a producir y cristalizar. A diferencia de la comodidad que autores como Gatti (2016) le atribuyen actualmente a la posición de víctima, para quienes fueron activistas en el Chile de los años ochenta y participaron en la lucha armada en contra de la dictadura militar, dicha categoría resulta un espacio incómodo y no deseable de ser habitado. Al construir una narración sobre su pasado, lo/as participantes producen y se sitúan en dicha posición de sujeto. Sin embargo, al leer su propia narración y reconocerse como víctimas surgen el rechazo y la incomodidad, no sólo frente a esa categoría, sino también ante la que podría considerarse su opuesta, la de héroe o heroína, o bien ante aquella constituida por quien se arrepiente de las opciones de lucha asumidas. Nuestra investigación explora las memorias sobre la violencia política de la historia reciente de la sociedad chilena que construyen activistas y militantes desde diferentes posiciones generacionales. Para ello se elaboraron colectivamente narraciones de actores sociales que han participado activamente en movilizaciones políticas que reivindican proyectos contrahegemónicos, siendo por tanto víctimas potenciales de violencia, amenaza y miedo. Se realizaron seis narrativas grupales, con la participación de un total de 32 personas, organizadas en seis grupos en función de su pertenencia generacional y de sus posiciones, más cercanas o distantes, respecto de la violencia como forma de acción política. Lo/as participantes fueron elegidos mediante la estrategia de la bola de nieve, cuidando que cada grupo estuviera constituido por activistas pertenecientes a diversos movimientos, o bien adscribieran a diferentes espacios de lucha. Considerando la importancia de estudiar las generaciones con relación a los acontecimientos históricos en torno a los cuales se constituyen, se distinguieron tres momentos de la historia reciente de Chile: el contexto de las movilizaciones contra la dictadura —llamadas protestas— de los años ochenta, el contexto de apertura del tema de la violencia de la dictadura y su continuidad en democracia en los noventa, motivado por la detención de Pinochet en Londres, y el contexto de auge de las movilizaciones sociales de la última década. Para este artículo se utilizó la Producción Narrativa elaborada por lo/as participantes de la generación de los ochenta que formaron parte en esa época de organizaciones políticas que utilizaron la violencia como instrumento de acción política. El grupo estuvo compuesto de cinco personas. Dos de ellas —una mujer y un hombre— fueron militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR); otras dos pertenecieron a grupos de seguridad de las Juventudes Comunistas, y colaboraron de esta manera con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, organización en la que militaba otro de los

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participantes. Tal como afirman: “Alguno/as éramos militantes de base, otro/as fuimos en alguna época dirigentes público/as y en otra época clandestino/as, o semiclandestino/as” (PN1 2016, 1). La convicción de que la construcción conjunta de narraciones sobre el pasado es una acción de memoria colectiva deriva de la idea de que esta es un proceso y producto social, político y cultural a través del cual las personas dotan de significado sus historias personales y colectivas (Bartlett 1932; Halbwachs 1992 [1950]; Middleton y Brown 2005; Middleton y Edwards 1992; Piper 2005; Vázquez 2001). La memoria se realiza en el presente y se relaciona de manera inmanente con el contexto social y político en que se produce, con el lugar social desde el cual se despliegan sus versiones, con las identidades colectivas de los actores involucrados y su pertenencia generacional (Espinoza, Piper y Fernández 2014; Piper, Fernández e Íñiguez 2013). Considerando tanto lo anterior como el hecho de que recordamos construyendo narrativas sobre el pasado, se utilizó el método de Producciones Narrativas. Más adelante explicaremos en detalle las características del método. Por ahora diremos que este implica la elaboración de relatos relativos al fenómeno investigado a partir de sesiones de trabajo en las que investigadore/as y participantes reflexionan conjuntamente sobre el tema, culminando en la construcción de un relato conjunto que constituye la memoria de los actores involucrados. En las sesiones de trabajo lo/as participantes se involucran activamente en el proceso de recordar, un proceso que genera un clima afectivo en el que la diferencia entre pasado y presente se desdibuja. Aunque es ahora que se recuerda, el dispositivo invita a volver al pasado, de manera tal que se reproducen los afectos vividos, tales como el miedo y la amenaza de ser víctimas de la violencia. Sin embargo no se trata de una mera reproducción, pues las experiencias del pasado son significadas y explicadas con categorías analíticas disponibles en la actualidad. El relato surge de esta experiencia de recuerdo colectivo en que se encuentran el pasado con el presente, lo que permite comprender —entre otras cosas— las tensiones que se producen en la experiencia pasada y presente al habitar la categoría víctima.

Producciones Narrativas como proceso de construcción de memorias colectivas Para la generación de un espacio de conversación sobre el pasado reciente se partió de los principios de la metodología de Producciones Narrativas (Balasch y Montenegro 2003; Biglia y Bonet 2009; Pujol y Montenegro 2013). Esta metodología se nutre de la noción de conocimientos situados de Donna Haraway (1995 [1991]), que postula que todo conocimiento se produce desde una mirada localizada que, lejos de ser un obstáculo a la objetividad, constituye la condición de posibilidad para

la generación de conocimiento; crítica radical tanto a la metáfora del “ojo divino” que todo lo ve de la epistemología realista como a la mirada desde “cualquier lugar” de las perspectivas relativistas. La parcialidad de la mirada implica, por una parte, la imposibilidad de generar comprensiones que puedan erigirse en verdades últimas sobre aquello estudiado, y, por otra, la necesidad de conexiones parciales con posiciones diferentes, con el fin de tensionar, transformar y cuestionar significados presentes en el cuerpo social. Se produce una articulación entre equipo investigador y participantes en el estudio, con el fin de crear un contexto para la aparición de nuevos significados que transformen los aparatos político-conceptuales dominantes (FIC 2005). El artefacto metodológico crea un espacio de diálogo orientado a la generación de un producto —una narrativa— que, en el caso de esta investigación, permite comprender la construcción conjunta de significados sobre el pasado (Clandinin y Connelly 2000). Se trata de un texto que es co-participado, dada la relación de investigación entre diferentes posiciones, y también en un sentido más amplio, en términos responsivos respecto del contexto social en el que se inserta. En este sentido, siguiendo a Bajtin (1982), se entiende el lenguaje, en términos dialógicos, como un proceso relacional, abierto y en constante mutación, de modo que quien enuncia está situado en relación con diferentes géneros de habla, participando en el flujo de diversas acciones discursivas entrelazadas e interdependientes. Cada una de las enunciaciones que se hacen sobre el mundo son entendidas como producto de esta actividad, que tiene componentes novedosos por su carácter heteroglósico y al mismo tiempo reproduce significados ya presentes en la vida social dado su carácter responsivo —referido a que las enunciaciones responden a interpelaciones hechas en la red de relaciones en las que estamos involucradas, en el flujo de actividad. Así, desde esta perspectiva el lenguaje es entendido como una actividad situada contextual y responsivamente. (Balasch y Montenegro 2003, 46)

Las Narrativas producidas emergen de dicho artefacto metodológico en el que se crean significados desde posiciones parciales y situadas, en coordenadas espacio-temporales específicas y que responden a otras voces y enunciaciones disponibles. El producto resultante es considerado una visión válida dentro del contexto discursivo en que este producto es presentado (Schöngut y Pujol 2015). No se trata de un material que busque ni representar rasgos esenciales de los sujetos que hablan, ni dar un informe exhaustivo de su posición o experiencia (Martínez y Montenegro 2010). Sino, más bien, siguiendo la metáfora de la difracción de Haraway (1999 [1992]), producir comprensiones y explicaciones sobre los fenómenos que puedan refutar, diversificar y complejizar los discursos dominantes sobre el tema estudiado.

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Cada una de las Producciones Narrativas de nuestra investigación fue construida a través de tres sesiones de conversación grupal realizadas por el equipo de investigación y lo/as participantes, en las que se trataron diferentes aristas del fenómeno estudiado. En la primera de ellas se abordaron los recuerdos de los participantes sobre sus experiencias y puntos de vista en torno a la violencia política. A partir de lo conversado en esa sesión, el equipo de investigación elaboró un primer texto que recogía la discusión, y sobre el cual se trabajó durante las otras dos sesiones. De este modo, progresivamente se pudo profundizar en aspectos considerados como relevantes por ambos grupos y se llegó a un acuerdo con relación al texto producido. Se generó para cada grupo un producto acabado —susceptible de ser público— que va más allá de la inmediatez e imprecisión de las transcripciones, así como de la presentación de las Narrativas como datos o registros. De esta manera, el procedimiento metodológico garantizó, a diferencia de otras técnicas grupales, la agencia de lo/as participantes al disponer de la posibilidad de corregir y modificar el texto, así como de reflexionar sobre sus aportes y revertir lo dicho en función de sus intereses (Pujol y Montenegro 2013). De acuerdo con la metodología utilizada, las narrativas producidas no fueron tratadas como un dato o representación de la experiencia de estos sujetos, sino como textos epistemológicamente equivalentes a otros saberes sobre el tema. De esta manera, su tratamiento respondió a un procedimiento de análisis homólogo al que se realiza con textos teóricos o informes institucionales, en el sentido de que estos, al igual que la Producción Narrativa, ofrecen determinadas visiones del mundo (Pujol y Montenegro 2013). Asumir la realización de las narrativas como un proceso interpretativo, de análisis, implica que éstas no se presentan en la investigación como unos datos a ser codificados bajo la mirada de la investigadora, sino que se entienden como productos interpretativos en los que se pone en juego cierta mirada sobre el fenómeno de estudio, susceptible de dialogar con otras narraciones de la literatura académica. (García y Montenegro 2014, 72)

Tomando en cuenta las pautas recomendadas por Heather Fraser (2004), el procedimiento de análisis consistió en la lectura exhaustiva de la Producción Narrativa, con el fin de identificar cómo se narraban las diferentes posiciones de sujeto referidas a la participación política de las personas involucradas y la manera en la que se enunciaban las tensiones entre dichas posiciones. Siguiendo la lógica de la metodología utilizada, optamos por citar los extractos del texto utilizando la nomenclatura establecida para hacer referencia a autores, y no aquella utilizada para citar material empírico como entrevistas o grupos focales. La metodología nos permitió comprender las dinámicas de construcción de sentido respecto de las experiencias

pasadas y su relación con el presente, es decir, los mecanismos de producción de la memoria colectiva. Recordando conjuntamente, lo/as participantes de nuestra investigación construyeron relaciones entre las violencias políticas del pasado y del presente, generando explicaciones encarnadas en sus experiencias de luchas colectivas. Este artículo se inserta en las discusiones actuales en torno a la figura de la víctima en el campo de estudios de las memorias colectivas en el contexto chileno. Aunque la narrativa tiene varios ejes discursivos y en ella se tratan contenidos diversos, para este artículo se utilizaron aquellos elementos relacionados con la experiencia de ser víctima y las reflexiones en torno a ella. Los argumentos esgrimidos alrededor de esta temática permiten discutir las implicaciones de habitar y a la vez tensionar la posición de víctima. Como explicamos al principio, luego de leer la narración construida a partir de dos sesiones de conversación grupal sobre violencia política en el Chile de los años ochenta, lo/as participantes reflexionaron en torno a la incomodidad de verse a sí mismo/as hablar desde una posición de víctima. Sin embargo optaron por mantener tanto la narración original como su problematización, alejándose así del mandato —propio de las políticas de la memoria— de elaborar una versión única y coherente del pasado, y reconociendo la posibilidad de que coexistan múltiples memorias, así como una metamemoria o reflexión crítica en torno a los propios recuerdos. Esto se hizo al incluir en el epílogo “las reflexiones que leernos a nosotros/as mismo/as nos suscitó” (PN1 2016, 23). A través de este ejercicio de reflexividad, lo/as participantes analizaron las posiciones desde las cuales recordaron la violencia de la dictadura y se definieron a sí mismo/as como sujetos a partir de la negación: no son víctimas, ni héroes, ni arrepentido/as. Esta formulación triádica alude a tres vértices, tres extremos en los que se podrían situar sus experiencias. Tres posiciones de sujeto imbricadas entre sí, cada una de las cuales podría servir eventualmente para explicar íntegramente estas vivencias, o incluso podrían aparecer como antagónicas entre sí. Sin embargo, el uso de los tres términos y la definición en negativo —por aquello que no se es— muestran más bien las tensiones con relación a cómo nombrarse, qué identidades adoptar y cómo responder a las definiciones institucionales, sociales e históricas que se atribuyen a quienes se involucraron en actividades de confrontación a la dictadura en esa década. Denotan el rechazo a una categorización estática e introducen complejidad en las formulaciones conceptuales que constituyen cada una de estas posiciones. Si, como afirmamos antes, las comprensiones sobre la posición de sujeto víctima —y otras posiciones de sujeto— se construyen y reconstruyen a través de diferentes prácticas sociales que no sólo están situadas en el pasado, sino que dialogan con las preocupaciones y los discursos dominantes que se van construyendo hasta el presente,

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este tipo de movimiento resulta sumamente interesante para comprender algunos de los debates actuales. Los argumentos que encontramos en el texto producido por lo/as activistas de la generación de los ochenta contribuyen a complejizar la posición de víctima, de modo que el diálogo que establecemos a partir de él busca contribuir a la construcción de herramientas teóricas para comprender el funcionamiento de dicha categoría en la actualidad. El sujeto víctima en el campo de estudios de la memoria colectiva: habitar, desplazar, cuestionar Como ya hemos adelantado, nos insertamos en la tradición de estudios de la memoria colectiva inaugurada por autores como Bartlett (1932) y Halbwachs (1992 [1950]), según la cual esta emerge como proceso y producto de las relaciones humanas, simbólica y culturalmente definida, relacionada con el lenguaje de manera inmanente. Es, en definitiva, una producción histórica (Vázquez 2001). De modo que lo que se entiende como pasado refiere a construcciones y reconstrucciones hechas desde el presente. Significados que se suman, refuerzan y contradicen en diferentes contextos, formando una amplia red de prácticas de significación. “En este sentido la memoria colectiva funge como marco interpretativo en disputa constituyéndose en la condición de posibilidad de reconocimiento, aprehensión e inteligibilidad del acontecer” (Sepúlveda et al. 2015, 97). La memoria como centro articulador de la vida social tiene entonces la habilidad de construir el pasado y explicar el presente. Así mismo, sirve como pilar para la identidad y como eje articulador de prácticas políticas y relaciones de poder (Young 1999), de modo que la fuerza simbólica de los procesos de memoria reside precisamente en esta habilidad para producir sujetos, relaciones e imaginarios sociales (Piper, Fernández e Íñiguez 2013). El campo de los estudios de memoria colectiva ha estado —en el contexto chileno— centrado en recordar las violaciones a los Derechos Humanos perpetrados durante la dictadura militar, estudiar las memorias de las víctimas y comprender los efectos que la violencia política produjo en las personas y en la sociedad (Castillo y Piper 1998; Lira y Morales 2005; Joignant 2007; Sharim et al. 2011). El período de la dictadura es entendido como una “ruptura violenta con la tradición democrática de nuestro país, que interrumpió drásticamente el proceso de cambios que se había acelerado a partir de los años sesenta” (Manzi et al. 2003, 178). Aunque los enfoques disciplinares, teóricos y metodológicos son muy diversos, sus explicaciones suelen articularse en torno a una “retórica de la marca”, según la cual la violencia de la dictadura constituye un lugar de quiebre, una cicatriz que operaría como determinación de identidades personales y sociales. Dicha retórica

construye un sujeto nacido de las experiencias traumáticas, cuyo presente estaría constituido por los legados del pasado (Piper 2005). La víctima, como categoría que abarca a aquellos sujetos que sufrieron la violencia represiva del Estado, ha sido construida como un sujeto social pleno de significados. Los discursos de la dictadura la describen o, más bien, la construyen como un sujeto constituido por el dolor y el daño, que vendría ser el núcleo de su identidad. Se configura así una esencia del ser víctima, interpelando a la sociedad y a sus instituciones a reconocer en su seno la existencia de este sujeto social, y a aceptarlo como un legado o huella de la dictadura (Piper y Montenegro 2008). Como plantea Reguillo, la víctima ha devenido en una señal que muestra la descomposición del tejido social, “proyectando un recuerdo anticipado de una ausencia de orden, de sentido, de legibilidad, y operando así como una solución de continuidad entre el pasado y el futuro, instalándose en un tiempo en el que queda fijada la tragedia” (Reguillo 2005, 1). En los discursos sobre el pasado reciente chileno, la víctima es el actor principal, y su verdad, el epicentro de la memoria. De esta manera, no es raro que cuando se invita a personas vinculadas a proyectos y sectores sociales perseguidos por la dictadura a hablar de temas como su militancia y la violencia política, ellas se posicionen en ese lugar para recordar, como ocurre con lo/as participantes de nuestra investigación. Las memorias de las víctimas del terrorismo de Estado, que en un comienzo emergieron como versiones disidentes, se convirtieron en el relato hegemónico sobre el pasado reciente (Piper 2005; Fernández 2007; Crenzel 2009). Como señala Peter Winn (2014) en su historia de los procesos de memoria colectiva del Cono Sur, la lucha contra el olvido se ganó, consolidando como memoria hegemónica el terrorismo de Estado en una versión reconciliada, factible de ser aceptada por sectores diversos —incluso opuestos— de la sociedad. La violencia política pasó a ser aceptada por todos como una tragedia compartida que nunca debe repetirse (Winn 2014). La figura central en este proceso es la víctima, el sujeto privilegiado de las políticas de memoria y reparación, que se centran en el recuerdo de las víctimas que están ausentes y en la reparación del trauma de las que permanecen con vida. Instrumentos tales como las comisiones de verdad las identifican y califican como tales, al mismo tiempo que escriben sus historias y legitiman su sufrimiento como una verdad consensuada. Las conmemoraciones las recuerdan colectivamente por medio de rituales que preservan las memorias de sus vidas y muertes; los lugares de memoria marcan el territorio ofreciéndoles a sus familiares un lugar donde recordarlas; los archivos conservan sus testimonios y, al igual que los lugares de memoria, son utilizados como

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tecnologías de transmisión a las nuevas generaciones de un mensaje contundente: la violencia política y el sufrimiento de las víctimas no deben volver a ocurrir (Piper 2015). Una de las comprensiones sobre la categoría víctima presente en la Producción Narrativa responde a la conceptualización hegemónica que se ha hecho en Chile de esta categoría, según la cual las víctimas son aquellas personas que sufrieron daños y lesiones producto de las violaciones de los Derechos Humanos y de la violencia política ocurridas durante la dictadura militar (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación 1991; Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura 2005). En el texto hay una apropiación de dicha categoría, una respuesta de asentimiento, por así decirlo, de las características de esta posición de sujeto. Se alude con fuerza y detalles a la represión militar y policial, a las detenciones, torturas y muertes. Se recuerdan las muertes de compañeros (como por ejemplo, los hermanos Vergara, Patricio Sobarzo, Carmen Gloria Quintana o Rodrigo Rojas) como imágenes asociadas a la violencia de Estado de aquel período. Una alusión a lo/as ausentes, las personas que desaparecieron, que, como dijimos antes, están presentes como huella de ese pasado acordado en el que el terrorismo de Estado y las violaciones de Derechos Humanos han sido reconocidos como parte del pasado reciente de Chile. Junto con las referencias a las prácticas de represión y muerte, en el texto también se alude a las consecuencias físicas, psíquicas y emocionales que se derivaron de estas acciones. Estas alusiones se hacen en primera persona, narrando los propios sentimientos de tristeza, de rabia y de miedo, habitando —por lo menos hasta cierto punto, como veremos más adelante— la posición de víctima de las violaciones a los Derechos Humanos. La propia experiencia de sufrimiento y miedo se articula con las vivencias de otro/as en una tragedia compartida que se describe como característica de un sujeto dañado, de “una generación que no se va a sanar” (PN1 2016, 22). Esta forma de habitar la categoría es coherente con las memorias hegemónicas en Chile y opera como una “retórica de la marca” (Piper 2005). Sin embargo, el texto también tensiona esa manera de entender el ser víctima, lo que se expresa en la negación de la categoría que encabeza la narrativa —ni víctima— poniendo en tela de juicio que su verdad sólo sea la del sufrimiento. Una vuelta de tuerca que, aun reconociendo la violencia sufrida y sus consecuencias, rechaza la categoría, debido a que sólo es un testimonio del daño infligido. De esta manera, se cuestiona la noción hegemónica que se ha ido constituyendo de la figura de la víctima a partir de las políticas que han favorecido su institucionalización. Lo que se pone en cuestión es la idea de un sujeto homogéneo que genera consenso apelando a la moral humanitaria y al sentimiento de

compasión ante un sufrimiento injusto, provocado por fuerzas fuera de su control ante las cuales necesita protección. Podría decirse, siguiendo el guiño que hacen Gatti y Martínez (2016) a Spivak —al preguntarse si “la víctima puede hablar”—, que la respuesta que se da en esta Producción Narrativa es que desde esa posición de sujeto sólo es posible hablar de derrota y sufrimiento; por lo tanto, para poder recordar las experiencias de lucha y resistencia es necesario salirse de la categoría o al menos tensionar sus límites. Como se dice en el texto: “En nuestra generación aparece a veces una suerte de confesión, de relato sobre el sufrimiento que victimiza. Hablar del sufrimiento alivia mucho, pero también es importante pensar en cómo actuamos en esa época sin trivializar, sin victimizarse y sin descartar lo que hicimos como si no hubiese sido más que un error”. (PN1 2016, 23)

Son precisamente los elementos asociados a la necesidad de compasión y protección, que han devenido en los fundamentos de las políticas de memoria y reparación, los que incomodan a militantes y activistas que, pese a haber sufrido la violencia del Estado, rechazan ser calificados como víctimas. Para lo/as participantes, dicho apelativo silencia o incluso niega sus opciones éticas y políticas, que son constituyentes de las posiciones de sujeto que quieren habitar. “No me siento una víctima. Fui protagonista en una etapa de la historia de este país, una protagonista piola, anónima, como mucho/as, y viví muchas cosas” (PN1 2016, 23). Aunque el sufrimiento o daño infligido por la violencia es lo que definiría a una víctima, la experiencia de combatirla y participar en respuestas organizadas ante esa violencia —tales como las protestas populares o la resistencia armada— pondría en tensión dicha posición desplazándose desde un sujeto meramente receptor de la violencia de Estado a un agente activo que se enfrenta a ella. Un primer desplazamiento en relación con la visión hegemónica de la víctima implica desmarcarse de las formas institucionalizadas en las que —al menos en Chile— se ha comprendido dicha figura. El argumento fuerte que sustenta dicho movimiento es que la posición de víctima es vivida y entendida de manera distinta cuando se ocupa al mismo tiempo el lugar de militante. Coincidentemente, Tamara Vidaurrázaga (2008), a partir de análisis de los relatos de vida de tres mujeres que pertenecieron al Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), afirma que las personas que resistieron a la dictadura traspasaron el rol de víctima al hacerse conscientes de las injusticias y estar dispuestas a generar un cambio en la situación. En la Producción Narrativa realizada, fue precisamente la posibilidad de organización colectiva para la autodefensa y para dañar a los organismos represivos lo que permitió combatir el miedo y salir de la pasividad de la posición de víctima. Esta convicción proviene de la vivencia de acción colectiva de lo/as participantes y es una teoría

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encarnada en la experiencia, que se expresa en el texto de la siguiente manera: “La acción colectiva servía para enfrentar el miedo, y no se trataba de una plática o una prédica de paz y de amor, sino de una prédica de violencia contra la dictadura. Eso generaba una reacción de confianza en la organización popular, o en la organización barrial, en el partido, o lo que fuera. Generaba esa confianza que ayudaba a disipar el miedo y era motivadora. Yo recuerdo que era emocionante, y la gente se emocionaba en los apagones. Era el momento álgido en el que uno sabía que le estaba produciendo miedo a los otro/as. Tener la capacidad de volar las torres del sistema interconectado central que te permitiera hacer un apagón de Puerto Montt a Iquique indicaba que había alguna posibilidad de pelear. Eso generaba cierta confianza en que sí se podía, aunque eso se mezclaba con el miedo, obviamente”. (PN1 2016, 18)

La concepción de víctima que se maneja en el texto no corresponde a un sujeto pasivo, sino a un agente que activamente se defiende contra la violencia del Estado. Una idea cercana a lo que Wieviorka (2003a, 42) denomina la “violencia como respuesta”, que implica una reacción en contra de una situación que se ha vuelto intolerable para los sujetos que ejercen dicha violencia. Este desplazamiento conceptual presente en la Producción Narrativa tensiona, por un lado, la homogeneidad de la propia categoría y, por otro, la definición de la figura como sólo receptora del daño infligido, asumiendo una mayor complejidad en el juego de posiciones, violencias y efectos. Se trata de sujetos que optan por realizar acciones riesgosas, aun sabiendo del peligro que implican y aun sintiendo miedo a ser apresado/as, torturado/as y/o asesinado/as, distinguiéndose así de aquellas otras víctimas que no ejercieron una resistencia activa. Por otro lado, el sufrimiento de la generación de los ochenta —que es llamada la “generación angustiada” (PN1 2016, 18)— no sólo es explicado en relación con la violencia del Estado sino también con los cambios políticos ocurridos en el contexto de transición a la democracia y a la desarticulación de los grupos políticos en los que participaban. De esta manera, se produce otro desplazamiento, esta vez con relación al origen del sufrimiento, que no se sitúa sólo en la violencia ejercida por el Estado, sino también en la orfandad producida por el final de la política de rebelión popular. “La angustia tiene que ver con la sensación de haber perdido la juventud por nada, con la sensación de traición, de haber sido utilizado/a. [...] todas esas cosas han ido generando una sensación de traición histórica muy fuerte y produce mucha angustia” (PN1 2016, 19). Otra tensión interesante que emerge en el texto apunta a los complejos dispositivos por los cuales se articulan, a través de las políticas públicas, los criterios

de inclusión/exclusión de quien es considerado víctima. La reparación aparece en este campo como el concepto clave que implicaría, en un primer momento, el reconocimiento de la injusticia y del daño ocasionado, y, en un segundo momento, algún tipo de compensación —en términos de atención psicosocial, financiera, entre otras— frente a dicho reconocimiento (Espinoza, Ortiz y Rojas 2002; Wieviorka 2003b). Este tipo de actuaciones han contado con un amplio consenso, ya que implican la dignificación moral y social de las personas y familias perjudicadas (Lira y Loveman 2004). Desde el punto de vista institucional, son sujetos de las políticas de reparación todo/as aquellos que fueron calificado/as como víctimas por las comisiones de verdad. Ahora bien, en la Producción Narrativa, alguno/as participantes se enfrentan a la lógica de la reparación aludiendo a la decisión personal respecto de sus acciones; esto es, al carácter activo y políticamente orientado de su militancia. Este elemento desvincularía al Estado de su responsabilidad de reparación y, a la vez, también desplazaría los significados referidos a la debilidad y la necesidad de protección que acompañan a la noción de víctima dentro del dispositivo de las políticas públicas. “Como yo lo veía, es que, a pesar de lo duro, de lo tremendo, de lo terrible de esas particulares muestras de violencia, había que seguir y no victimizarse, jamás victimizarse. Había un proceso histórico en marcha, y a mí siempre me molestó la victimización. Hasta el día de hoy, no estoy de acuerdo con que el Estado me repare por una opción que yo tomé como individuo o como colectivo. O sea, yo decidí enfrentar a la dictadura, yo me metí en esa guerra, no tengo nada que pedirle al Estado. Me pasaron hueás3 graves, pero fue por una decisión que yo tomé, la de construir violencia para enfrentar esa violencia”. (PN1 2016, 5)

Al respecto, Vinyes (2011), siguiendo la lógica de la idea de decisión personal o colectiva descrita arriba, diría que no estaríamos ante una víctima, es decir, alguien que padece un daño por causa ajena o fortuita, sino ante un sujeto que es dañado por responsabilidad propia, alguien cuyas decisiones proceden de una insurrección ética que considera necesaria para poder vivir con decencia y conforme a sus proyectos o esperanzas. Siguiendo esta definición y poniendo en cuestión los mecanismos de definición de los sujetos beneficiados por las políticas de reparación, lo/as autore/as de la Producción Narrativa se distancian de la posición de víctima quedando al margen de las políticas que los benefician. Por esta vía, el texto tensiona las definiciones institucionales del sujeto víctima rechazando una definición o relato único clausurado sobre esta noción.

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Expresión chilena de múltiples usos. En este caso se refiere a eventos o cosas.

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La implicación política de lo/as participantes entronca con otra de las tres categorías de las que ello/as se distancian: la de héroe. Podría pensarse que dicha categoría se contrapone a la de víctima, pues el héroe y la heroína se definen en relación con sus acciones, hazañas y virtudes, y no por sus sufrimientos. Sin embargo, aunque dichas categorías y la de víctima no son equivalentes, tampoco son antagónicas. Ambas forman parte de un mismo discurso que despolitiza las prácticas en el marco de las cuales se produce la persecución política (Longoni 2007). En ambos casos hay implicada una idea de sacrificio, voluntario en el primero —héroe— y forzado en el segundo —víctima—, en torno al cual se definen categorías de sujeto homogeneizantes que desdibujan las diferencias que hay entre luchadore/as e inocentes, construyendo un modelo ideal carente de contradicciones y, por tanto, de humanidad. El uso del término víctima surge, en el contexto chileno, como fruto de una serie de reivindicaciones que lograron visibilizar y denunciar las violaciones de los Derechos Humanos del gobierno militar. Como hemos señalado, llegó a convertirse en el centro de los debates académicos y políticos del campo de la memoria colectiva. Sin embargo, la noción de héroe o heroína no ha corrido con la misma suerte y es más bien marginal en las discusiones de dicho campo. No es una categoría en torno a la cual existan abundantes debates, aunque sí existen numerosas referencias a combatientes que son considerados héroes o heroínas por haber muerto luchando en contra de la dictadura.4 Lo/as participantes en la Producción Narrativa lucharon y sobrevivieron, aunque sin llegar a ganar la batalla contra la dictadura. Su heroicidad es, por lo tanto, parcial. Por un lado, está conectada con la valentía, con el ejercicio de la resistencia, con la asunción del riesgo permanente, con el uso de las armas como forma legítima de acción política y de autodefensa frente a las agresiones policiales y militares. Sin embargo, por el otro lado, el texto nos habla de una opción que no está motivada por objetivos políticos de largo alcance, como habrían sido los de figuras como el Che Guevara, sino por la urgencia de defenderse y la necesidad afectiva de actuar. Como se afirma en el texto: “Nosotro/as fuimos también violento/as, pero lo veo como una reacción a la violencia presentada desde allá. Y siento, siempre he sentido, que no teníamos otra posibilidad. Era la única opción que nos quedaba cuando crecíamos y nos convertíamos en 4

Una excepción a este vacío en el campo de los estudios de memoria en Chile la constituye el trabajo de Vidaurrázaga (2014), quien analiza los procesos de victimización y heroísmo en dos conmemoraciones: el aniversario del Golpe de Estado y del Día del Joven Combatiente. Según esta autora, víctima y héroe/heroína son figuras que, aun presentándose como posiciones diferenciadas, tienen en común la marmoración del pasado.

adolescentes o universitario/as. Cuando teníamos que hacerlo, no había otra, no teníamos otra posibilidad o sea, había que enfrentarlo, había que hacerlo”. (PN1 2016, 6)

Las opciones políticas adoptadas no son señaladas como un sacrificio (que es lo que haría un héroe) sino como el cumplimiento de un deber ético, o bien son motivadas por afectos como el miedo o la rabia. No se trata de opciones racionales sino más bien de actuar porque la ética y las emociones no dejan otra alternativa que responder a la violencia de la dictadura. No fueron ni víctimas dolientes ni héroes caídos, lo que los aleja de las reivindicaciones propias de ambos sujetos: la reparación, en el caso del primero, y el reconocimiento, en el caso del segundo. Su posición es la de luchadore/ as, la de sujetos sociales inscritos en un proyecto de transformación social (Fernández 2007). En el texto se plantea de la siguiente manera: “Yo no necesito que me reparen porque hice una opción, y eso fue precisamente lo que nos distinguía de quienes, por la plata, dejan y aceptan o prefieren no saber para poder dormir un poquito más tranquilos. Lo que nos salva es precisamente la ética. No quiero reconocimiento, sino respeto. Yo no hice un sacrificio, hice lo que tenía que hacer”. (PN1 2016, 20)

En la Producción Narrativa, la víctima y el héroe ocuparían posiciones antagónicas con relación al miedo. Mientras que este paraliza a la primera, el segundo no llegaría a sentirlo. El reconocimiento de haber sentido mucho miedo, y haber sido capaces de actuar a pesar de él, opera como un argumento que aleja a los participantes de ambas posiciones, pues “a pesar del miedo había que estar ahí, en las acciones. Yo era bien responsable y acataba todas las órdenes. No discutíamos las indicaciones que nos llegaban sino que empezábamos inmediatamente a organizar lo que había que hacer, pero lo hacíamos siempre con miedo” (PN1 2016, 15). La militancia no requiere heroicidad sino compromiso y articulación con otras personas u organizaciones, en un formato en el que no se destaca cada cual como héroe o heroína sino que toma forma el colectivo. En la siguiente cita, incluso la propia experiencia de violencia es usada como argumento para distanciarse de la posición de héroe. “Antes de ser detenida, una tenía la imagen de el o la militante como un héroe, que no era como una, que se moría de susto. Pero después empecé a sentir que si una había sido capaz de aguantar, entonces cualquiera podría, que no había que ser nada especial, que reconocer el miedo no te hacía ni mejor ni peor, ni más ni menos comprometida”. (PN1 2016, 14)

Así, los autores del texto no se ven identificados ni de un lado ni del otro. Ni totalmente víctimas por las implicaciones de pasividad, despolitización o, incluso, desprotección o debilidad que puede acarrear; ni totalmente

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héroes, figura excesivamente fuerte, que no siente miedo, que muere por sus ideales y que es individualizada en entornos políticos militantes. Esta posición coincide con la afirmación de Longoni (2007), para quien la figura heroica comparte con la de la víctima un efecto de despolitización: o bien por la imposibilidad de sortear las fisuras del héroe, o bien por la invisibilización de la condición política de la militancia de la víctima. También guarda relación con la conclusión a la que llega Vidaurrázaga (2014), para quien tanto la victimización como el heroísmo coinciden en apuntar hacia el pasado y quedarse en él, cerrando las posibilidades de proyectar el futuro. Ambas posiciones de sujeto dificultan un examen exhaustivo, en términos de opciones políticas, de las decisiones y actuaciones llevadas a cabo. Aunque lo/as participantes debaten y plantean diferentes comprensiones sobre la heroicidad, reivindican con vehemencia sus acciones al negarse también a situarse en la posición de arrepentimiento. Esto es, validan su participación política —realizada a través de la lucha armada— apelando, por un lado, a la legitimidad de las opciones tomadas y, por otro, a la vigencia de la necesidad de tomar partido en los asuntos públicos, apelando finalmente a la herencia o memoria que queda en los movimientos del presente. “No somos víctimas. Tampoco héroes, ni caudillos, ni loco/as. Tampoco arrepentido/as. Las razones por las que luchamos todavía existen, y no podemos irnos a la casa a dormir tranquilo/as. Nuestra lucha está vigente, nosotros estamos vigentes. La tarea está inconclusa, y cuando uno abjura de la base de esa tarea es cuando se pierde la idea y todo lo que conlleva. Lo peor que nos puede pasar es sentirnos derrotado/as o plantearnos colectivamente la derrota”. (PN1 2016, 24) “Eso que está pasando ahora responde a una acumulación de experiencias, y nosotros/as aportamos a eso, en un contexto más agudo que fue el de la dictadura. Desechar esa experiencia o decir que nos ganaron, que nos sacaron la cresta5 y que nada de lo que hicimos sirvió, no sólo es un error sino que es una traición a todo un proceso acumulativo de luchas”. (PN1 2016, 25)

Conclusiones Las luchas por la construcción de memorias colectivas vinculadas a la dictadura chilena se han centrado en la denuncia de las violaciones a los Derechos Humanos perpetradas por el Gobierno Militar, en la reivindicación de la experiencia de las víctimas y en la demanda de justicia y reparación. En este proceso, las víctimas (o al

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Sacar la cresta: expresión chilena que quiere decir dañar.

menos algunos sectores de ellas) no sólo tuvieron éxito en alzar la voz, sino que su discurso devino hegemónico. Su voz llegó a ser considerada la más legítima para hablar de la experiencia de sufrir la violencia y del daño que ello implica. Pero la víctima ha sido autorizada para hablar y hacer memoria no de cualquier cosa, sino de aquello que la define como sujeto, es decir, de las violaciones a los Derechos Humanos de las que fue objeto, de sus traumas y de sus dolores. Su voz no ha sido legitimada para elaborar explicaciones sobre el tema ni para hablar de teoría social. Para eso estaríamos lo/as científico/as sociales que trabajamos con las víctimas, y que hacemos teoría a partir de sus recuerdos y de su dolor. En este artículo buscamos tensionar ese límite y dialogar con sujetos de memoria en cuanto constructores de teorías, “teorías corpóreas” (Haraway 1999 [1992]), en la que se reflexiona sobre la experiencia y se generan comprensiones que discuten los significados hegemónicos presentes en el contexto chileno. Así, en la Narrativa se produce un juego de posiciones, expresadas a través de elementos aparentemente contradictorios, pero que en su articulación operan como problematización de la existencia de posiciones de sujeto fijas y homogéneas, y que ponen en relación y a la vez tensionan cada una de las tres categorías: víctimas, héroes, arrepentido/as. Al habitar y al mismo tiempo cuestionar cada una de estas posiciones se señala la necesidad de complejizar las definiciones cerradas y acabadas que se han venido construyendo en el ámbito de los estudios de memoria y Derechos Humanos en Chile. Como hemos dicho, la figura de la víctima surge, en el contexto chileno, como fruto de una serie de reivindicaciones que buscan visibilizar y denunciar las violaciones de los Derechos Humanos. Mientras que el Gobierno Militar y sus partidario/as justifican su violencia por el carácter criminal de lo/as disidentes políticos, el uso de la denominación víctima tiene como objetivo la reivindicación de su inocencia y la denuncia de la arbitrariedad del régimen (Crenzel 2009). Aunque esta designación busca constituirse en una defensa contra las persecuciones y acusaciones injustificadas, tiene el efecto de dejar fuera de la categoría a todo/as aquello/ as que sí fueron disidentes y a quienes ejercieron resistencias violentas. La definición de la víctima emerge de toda una serie de prácticas y discursos que delimitan la propia categoría y definen a las personas que serían incluidas en tal definición. Como afirman Montenegro y Piper (2009), esta configuración sigue una lógica en la que la víctima se define como un sujeto dañado por la experiencia de violación de sus Derechos Humanos perpetrada por el Gobierno Militar. Esta definición, que produce un sujeto marcado por la violencia, obliga a las instituciones del Estado a revelar la verdad de los acontecimientos y a reparar —de manera justa y digna— a aquellos sujetos a quienes el mismo Estado dañó.

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Aunque el reconocimiento del daño infligido y las políticas de memoria que se derivaron de este fueron producto de un proceso de reivindicación y politización de la memoria colectiva, paradójicamente, el componente político de las posiciones implicadas fue excluido. Crenzel (2009), al analizar las experiencias de las comisiones de la verdad de Chile y Argentina, sostiene que la denuncia de la violencia de Estado y su relación con los grupos de poder fue sustituida por la descripción realista y en detalle de las diferentes formas de violencia perpetradas. Operación que permitió que la trama política se fuese entendiendo como el enfrentamiento entre víctimas y victimarios, desplazando así la discusión en torno a “la matriz de la lucha de clases o la de raíz populista basada en la antinomia entre el pueblo y la oligarquía predominantes entre la militancia radicalizada de la región antes del golpe” (Crenzel 2009, 359). En esta misma línea, Lefranc (2003) afirma que en los relatos incluidos, por ejemplo, en la Comisión de Verdad y Reconciliación en Chile se enfatizó en el dolor moral y físico sufrido, en detrimento de la identidad particular y política de la víctima. De modo que, según esta misma autora, la retórica de reparación digna haría alusión a una víctima moral, y no a un protagonista político. En este sentido, definir las víctimas a partir de los daños y el sufrimiento que padecieron trae consigo dos movimientos de despolitización: en primer lugar, invisibiliza las opciones políticas que tomaron algunas de las personas que fueron objeto de represión y violencia, a través de un mecanismo de homogeneización; y, en segundo lugar, invisibiliza las relaciones de poder que subyacen a los actos de violencia realizados, excluyendo del debate los mecanismos a través de los cuales se pudieron materializar violentamente dichas relaciones de poder. Esta delimitación de la noción de víctima es habitada y a la vez rechazada y puesta en cuestión por lo/as participantes que produjeron la Narrativa con la que dialoga este artículo. Acudir a la posición de héroe/heroína para generar comprensiones sobre su participación en la lucha durante el Gobierno Militar remite, precisamente, a la imposibilidad de dar cuenta de estos proyectos políticos desde la definición actual de la víctima. Este movimiento desplaza el foco de atención, de manera que, en lugar de iluminar el daño y el dolor, vierte luz sobre las posiciones políticas defendidas. Sin embargo, aunque la posición de héroe/heroína permite tensionar la categoría víctima, tampoco es habitada cómodamente por lo/as participantes. La identidad de luchador/a no es la de un inocente que padece un daño por causa ajena o fortuita, pero tampoco es la de un héroe que se sacrifica por una causa. Ellos y ellas prefieren ser recordados por sus acciones, y no por el daño sufrido ni por un supuesto sacrificio realizado. De esta manera, emergen aquí reflexiones sobre las formas de organización popular, nociones de autodefensa comunitaria, comprensiones sobre la legitimación del uso de la violencia por parte

de los movimientos armados o el carácter ético de la implicación personal y colectiva, como puntos claves en los procesos de memoria colectiva. Apartar el foco de la lógica del daño y abrir el debate hacia las posiciones y las formas de política implicadas también posibilitan tender puentes entre ese pasado que construyen las memorias colectivas y las luchas políticas del presente. En la Narrativa, la posición del no arrepentimiento remite a las opciones políticas tomadas, en términos de ofrecer una explicación sobre el pasado y, a la vez, elaborar una mirada que se dirige al presente y al futuro. Una mirada que reivindica tanto la vigencia de las relaciones de poder como la necesidad de acción política en la actualidad. El diálogo que hemos establecido con la Narrativa de militantes y activistas permite abrir la discusión sobre qué significa la noción de víctima y de otras posiciones de sujeto —como por ejemplo, la de héroe o arrepentido— implicadas en la constitución de la memoria colectiva en el contexto chileno. Una discusión no clausurada, abierta a debate público, y que se interesa por las maneras en las que dicha posición se produce y sus implicaciones políticas en el presente. Apartar la mirada de la lógica del daño y la reparación propia de los estudios y políticas de la memoria y Derechos Humanos en Chile permitiría preguntarnos, por ejemplo, qué políticas de memoria emergerían si focalizamos en los proyectos políticos olvidados o en las relaciones de poder que, aún hoy, justifican la violencia de Estado. Un debate todavía incipiente en este campo en la actualidad.

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Ni víctimas, ni héroes, ni arrepentido/as | Isabel Piper Shafir · Marisela Montenegro

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Cultura del automóvil y subjetividades en Colombia (1950-1968) • 111-123

Óscar Iván Salazar Arenas – Universidad Nacional de Colombia


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Cultura del automóvil y subjetividades en Colombia (1950-1968)* Óscar Iván Salazar Arenas** Fecha de recepción: 01 de mayo de 2016 · Fecha de aceptación: 11 de octubre de 2016 · Fecha de modificación: 17 de octubre de 2016 DOI: https://dx.doi.org/10.7440/res59.2017.09

R E S U M E N | Este artículo describe elementos de la cultura del automóvil, un tema poco estudiado en las investigaciones sobre transporte y cultura urbana. Con base en casos colombianos se busca sustentar cómo prácticas, creencias, valores y emociones asociados al automóvil trascendieron el universo de los autos, a tal punto que buena parte de los cambios culturales de las ciudades estuvieron asociados a las automovilidades. El argumento se desarrolla por medio de la discusión del papel de la autonomía, la noción de personalidad conductora y las jerarquías sociomateriales propias del sistema de automovilidad. El trabajo está basado en revisión y análisis de prensa y boletines estadísticos del período 1950-1968, referentes a los casos de Bogotá y Barranquilla. PA L A B R A S C L AV E | Transporte (Thesaurus); automovilidades, cultura urbana, subjetividades (Autor).

Automobile Culture and Subjectivities in Colombia (1950-1968) A B S T R AC T | This paper describes elements of automobile culture, a topic that has hardly been studied at all in research on transport and urban culture. Based on Colombian cases, the paper shows how the practices, beliefs, values and emotions associated with automobiles have transcended the universe of cars, to the point that many of the cultural changes in cities were related to automobilities. The argument is developed through a discussion of the role of autonomy, the notion of the driver personality and the automobility system’s own socio-material hierarchies. The research is based on the review and analysis of press items and statistical bulletins from the period of 1950-1968 referring to the cases of Bogota and Barranquilla. K E Y W O R D S | Automobilities, transport, urban culture, subjectivities (Author).

Cultura do automóvel e subjetividades na Colômbia (1950-1968) R E S U M O | Este artigo descreve elementos da cultura do automóvel, um tema pouco estudado nas pesquisas sobre transporte e cultura urbana. Com base em casos colombianos, busca-se sustentar como práticas, crenças, valores e emoções associados ao automóvel transcenderam o universo dos automóveis a tal ponto que boa parte das mudanças culturais das cidades esteve relacionada com as automobilidades. O argumento desenvolve-se por meio da discussão do papel da autonomia, a noção de personalidade condutora e as hierarquias sociomateriais próprias do sistema de automobilidade. Este trabalho está baseado em revisão e análise de imprensa e boletins estatísticos do período 1950-1968, referentes aos casos de Bogotá e Barranquilla (Colômbia). PA L AV R A S - C H AV E | Transporte (Thesaurus); automobilidades, cultura urbana, subjetividades (Autor).

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Este artículo se deriva de la investigación doctoral “Hacer circular y dejar pasar. Los ensamblajes de la movilidades urbanas en Bogotá y Barranquilla a mediados del siglo XX”. Para su realización conté con una comisión de estudios concedida por la Universidad Nacional de Colombia (2010-2014), y una pasantía en el Departamento de Lenguas Romances y Literatura de Harvard University (2013-1014).

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Doctor en Ciencias Humanas y Sociales por la Universidad Nacional de Colombia. Profesor asociado del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Últimas publicaciones: “Fervor y marginalidad de las ciclomovilidades en Colombia (1950-1970)”. Revista Colombiana de Sociología 39 (2): 49-67, 2016, y “De liebres, tortugas y otros engendros: Movilidades urbanas y experiencias del espacio público en la Bogotá contemporánea”. Revista Colombiana de Antropología Volumen 49 (2): 15-40, 2013. * oisalazara@unal.edu.co


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Introducción Hasta hace poco tiempo los automóviles y las prácticas asociadas a ellos habían sido asuntos de indagación fragmentaria en las ciencias sociales, usualmente vinculados a los estudios de transporte. Aun si reconocemos la importancia de algunas reflexiones sobre el significado del automóvil en Francia (Barthes 2006; Baudrillard 2004), las preguntas por la dimensión cultural del auto han comenzado a ser investigadas de manera sistemática desde hace relativamente poco (Miller 2001). De la mano de los estudios de las movilidades, en el siglo XXI los carros han sido repensados como parte de sistemas complejos (Featherstone 2004; Urry 2004 y 2007), objetos de deseo, movilización de las emociones, clave para comprender prácticas urbanas contemporáneas (Salazar 2013; Sheller 2004; Sheller y Urry 2000 y 2003; Thrift 2004), factor decisivo para entender diferencias e inequidades sociales o la construcción de ciudadanía, principalmente en casos norteamericanos y europeos (Cresswell 2006; Seiler 2008). La dimensión cultural del auto en algunos países de América Latina en las primeras tres décadas del siglo XX ha sido estudiada por Giucci (2007), pero, aparte de algunas reflexiones recientes sobre los automóviles a comienzos del siglo pasado en Bogotá (Castro-Gómez 2009), el tema ha recibido escasa atención en las ciencias sociales colombianas. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el siglo XX el mundo occidental vivió un importante período de expansión de la industria del automóvil y otros transportes impulsados por combustión de gasolina. En Colombia, el aumento en las importaciones de vehículos y autopartes se dio en medio de grandes transformaciones de las vías urbanas y las carreteras, sobre todo en las cuatro principales ciudades y sus regiones de influencia (Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla). Además del proceso industrial o los cambios urbanísticos, las transformaciones tenían que ver con aspectos culturales vinculados a las prácticas de movilidad de la población. El significado de los carros, las controversias o la recepción del público no han sido analizados sistemáticamente por las ciencias sociales en Colombia. Muchas de las críticas que se les hacen a los automóviles reproducen ideas y conclusiones foráneas, y es ya hora de revisar con bases empíricas propias cuáles han sido los efectos de las automovilidades en nuestras ciudades. No pretendo aquí agotar este asunto, aunque sí sumar esfuerzos para esta revisión, centrado en una dimensión que resulta marginal en los estudios técnicos de transporte: la cultura del automóvil. Mi pregunta central apunta a responder ¿cómo se convirtieron en hegemónicas las automovilidades en nuestras ciudades sin la masificación en el uso del automóvil particular? El argumento que presento para responder a esta pregunta es que los cambios culturales asociados al auto fueron decisivos en este proceso. Así, mi objetivo es presentar elementos claves de la cultura del

automóvil en Colombia durante las décadas de 1950 y 1960, centrado en dos ciudades que para ese entonces representaban experiencias urbanas distintas, pero que fueron impactadas por la expansión del sistema de automovilidad. Por una parte, Bogotá, como capital y ciudad más grande del país, atravesó transformaciones urbanas sin precedentes. Por otro lado, Barranquilla había sido la ciudad puerto más importante hasta la mitad del siglo XX, y en los años cincuenta todavía era puerta de entrada y salida de mercancías, pasajeros, punto de contacto con el exterior y paso obligado para entrar o salir de Colombia por vía aérea. Prestar atención a lo que ocurrió en ambas ciudades permite describir diversos aspectos de un proceso que no fue sólo bogotano ni de las ciudades andinas más grandes. Luego de una breve descripción general de nuestras automovilidades en relación con las automovilidades masificadas de Estados Unidos, me concentraré en describir la manera como se producían subjetividades vinculadas al uso del carro y algunos de sus efectos en otros campos de la experiencia urbana. Hablaré de dispositivo de automovilidad para referirme a un complejo de fuerzas, objetos, instituciones, agentes relacionados con los automóviles que operan conjuntamente, aunque muchas veces de formas contradictorias, y que tienen como uno de sus principales efectos la producción de subjetividades automovilizadas.1 De acuerdo con Giucci, se trataría de subjetividades propias de una modernidad cinética que aspira al movimiento constante, o al “puro ser-que-genera-movimiento” (Giucci 2007, 18). Así, los conductores y pasajeros, pero también las autoridades de tránsito o los expertos en transporte, hacen parte y son resultado del dispositivo. También me referiré al “sistema de automovilidad” siguiendo a Urry (2004 y 2007), para aludir a la multiplicidad de objetos, tecnologías, técnicas, saberes, prácticas o materialidades que se ensamblan en el universo de los automóviles. Las fuentes de este trabajo son principalmente prensa, magazines y boletines estadísticos del período comprendido entre 1950 y 1968. La indagación incluyó el análisis de contenido de las publicaciones, interpretación de significados, comparación de casos y construcción de algunos indicadores estadísticos.

Automovilidades foráneas y propias De acuerdo con Urry (2007), el sistema de automovilidad implica una serie de componentes que en su combi1

Sigo aquí la concepción de dispositivo de Foucault, que tiene como uno de sus principales efectos la subjetivación de los individuos y sus cuerpos, al inscribirlos en complejas redes de saber-poder. Más que en el sujeto, el énfasis es en los procesos de subjetivación; es decir, en los medios y procesos que generan, como uno de sus principales resultados, formas de ser, actuar y pensar particulares que no existen independientemente de los dispositivos que los producen. Al respecto, ver García (2011).

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nación generan y reproducen su carácter específico de dominación sobre los demás sistemas de movilidad. De las características enumeradas por Urry, me interesa resaltar aquí sólo algunas de ellas. En los países donde se ha masificado su uso, el carro constituye uno de los objetos de mayor consumo individual, es signo de adultez, marcador de la ciudadanía y base de la sociabilidad y las redes de contactos. La automovilidad es un complejo sistema de conexiones técnicas, sociales, institucionales e industriales. En muchos casos ha llegado a constituirse en una forma de movilidad predominante que reorganiza el tiempo, el espacio y la experiencia de los sujetos. La cultura del automóvil constituye un discurso dominante sobre el bienestar y sobre lo que resulta indispensable para ser un ciudadano móvil moderno. La combinación de estos aspectos ha estabilizado el sistema como un modo de movilidad que constituye un camino de dependencia para el orden urbano y las prácticas cotidianas de desplazamientos. Aunque no utilicemos el automóvil, es indispensable moverse en la ciudad en función de los vehículos, ya que los demás sistemas dependen irreversiblemente de la automovilidad (Urry 2007, 115-119). A pesar de que muchas de estas circunstancias se repiten en nuestro medio, su ensamblaje particular difiere de lo acontecido en Estados Unidos y Europa. En este texto me concentraré en la emergencia y consolidación de subjetividades automovilizadas que se ensamblan con el espacio urbano, como parte de la cultura de lo “auto”. Aunque compartamos las voces críticas al modelo de ciudad basado en el automóvil particular, es necesario comprender a los conductores en relación con el sistema de movilidad del que hacen parte, y no sólo como individuos que conducen una máquina. Argumento entonces que los conductores de vehículos deben ser analizados como subjetividades móviles que suponen formas de pensar y actuar, o formas de ser, estar y percibir el mundo. Conducir un automóvil supone incorporarse a un tecno-paisaje compuesto de objetos, símbolos, lugares, cuerpos fijos o en movimiento; implica que para habitar ese universo se incorporen unas formas de conducta que moldean al “buen conductor”. Al estudiar las automovilidades en distintos momentos del siglo XX en Estados Unidos, Seiler (2008) señala que el dispositivo de automovilidad que produce a esos conductores —en cuanto aparato, matriz de inteligibilidad o formación— está constituido por una red coordinada y multifacética de poderes y saberes. La automovilidad implica un ensamblaje múltiple de mercancías, instituciones, escenarios, nodos de capital, sensibilidades y modos de percepción, así como la producción de sus propios sujetos (Seiler 2008, 6). Sin embargo, hay diferencias notables entre nuestra automovilidad y la de Estados Unidos, el primer país en donde el uso del carro particular llegó a masificarse. En nuestro caso, a mediados del siglo XX el

acceso al automóvil no era masivo. En 1952 se hablaba de una relación de 35 habitantes por automóvil en Bogotá, con 20 mil vehículos para una población de 600 mil habitantes, mientras que en Los Ángeles (EE. UU.) la relación era de 2,5 habitantes por automóvil (“Urbanismo. Espacio vial” 1952). Veinte años después se reportaban 30 habitantes por automóvil, y sólo el 13% de las familias en la ciudad tenían un carro (Llewelyn-Davies et al. 1973). En el plano nacional, las cifras regionales y de Bogotá, calculadas incluyendo todos los tipos de vehículos automotores, mostraban una concentración de autos mucho más alta en la capital que en el resto del país (ver la tabla 1). El departamento del Atlántico tenía la segunda concentración más alta en relación con su población, debido a una alta automovilización en Barranquilla, capital del departamento. Tabla 1. Número de habitantes por vehículo automotor en Bogotá y departamentos de las ciudades principales 1951

1961

1967

Bogotá

33,3

22,5

29,9

Atlántico

71,5

42,5

44,0

Valle del Cauca

119,5

61,7

58,0

Antioquia

152,0

78,3

89,9

Colombia

163,6

72,4

72,1

Fuente: elaboración propia con base en el Anuario General de Estadística (DANE 1952, 1962a, 1967a, 1967b), el Anuario Municipal de Estadística (Contraloría Municipal 1951) y el Anuario Estadístico de Bogotá, D. E. (1962b y 1974a).

A pesar de que no había masificación del uso del automóvil, su influencia era evidente en las reformas propuestas por el urbanismo moderno desde finales de la década de 1940 en Colombia y en las obras viales efectivamente adelantadas desde los años cincuenta. Ante los recurrentes problemas de tráfico en sectores específicos del centro y el norte de Bogotá, y en las calles aledañas al Paseo Bolívar en Barranquilla, prácticamente no hubo resistencia o voces críticas que plantearan una alternativa distinta a ensanchar las calles y construir avenidas para facilitar la circulación. Tras la desaparición del tranvía de Bogotá en 1951, después de la mitad del siglo XX los automóviles y autobuses ganaron cada vez más terreno, sin que existiera otro sistema de movilidad urbano motorizado que les hiciera contrapeso o les planteara competencia. Se generó entonces una coproducción urbana paradójica: con la expansión de las vías, la construcción de avenidas y autopistas, el tecno-paisaje de las ciudades estaba reestructurándose de acuerdo con las automovilidades; el incremento de vehículos en las calles era notorio, pero la masificación en el uso del carro particular estaba lejos de producirse. Aun sin masificación, el sistema de automovilidad se expandió para darles cabida no sólo a los

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vehículos particulares, sino también a taxis y autobuses, y reconfiguró las demás movilidades urbanas. Si bien el proceso comenzó décadas atrás, los años cincuenta y sesenta fueron decisivos para la consolidación y estabilización del sistema (ver los gráficos 1 y 2). Gráfico 1. Vehículos motorizados con matrícula vigente en Bogotá, 1946-1966 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000

Cultura del automóvil y de lo “auto” Como parte de los cambios urbanos se instauró progresivamente una cultura del automóvil que tuvo amplios efectos en diferentes campos. Una de las características del sistema de automovilidad es su capacidad autopoiética y de expansión constante, que continuamente produce nuevos lugares, nuevas prácticas, nuevos tipos de conductores (Urry 2007, 112). Así, a lo largo del siglo XX se remodelaron los lugares específicos donde se instauraba la influencia del carro, y las prácticas de las personas se debieron amoldar a esas condiciones. En Estados Unidos, desde las primeras décadas del siglo XX, conducir se convirtió en un medio fundamental para hacer parte de la nación y ser ciudadano:

15.000

Para los hombres blancos de clases medias y obreras, conducir se mostró capaz de potenciar una analogía de la soberanía del yo atenuada por la taylorización y el régimen burocrático y, de forma más general, de masculinizar la identidad del consumidor. Para mujeres, inmigrantes y gente de color, grupos cuya automovilidad fue cuestionada tanto como su adecuación para la ciudadanía, el asiento del conductor fue la señal del molde para esa adecuación así como de las ventajas de ser un americano pleno. (Seiler 2008, 42)

10.000

0

1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966

5.000

Automóviles, taxis y camperos Autobuses y camionetas de transporte de pasajeros Camiones y otros vehículos de carga o trabajo

Fuente: elaboración propia con base en el Anuario Municipal de Estadística (Contraloría Municipal 1950; 1951; DANE 1956b; Dirección Nacional de Estadística 1953), el Anuario Estadístico de Bogotá (DANE 1957, 1958b, 1959b, 1961a, 1961b, 1962b, 1963b, 1964, 1965b, 1966, 1967c, 1974a, 1974b) y el Anuario General de Estadística (DANE 1952, 1955, 1956a, 1958a, 1959a, 1962a, 1963a, 1965a, 1967a, 1967b, Dirección Nacional de Estadística 1952). Gráfico 2. Vehículos motorizados con matrícula vigente en el Atlántico, 1949-1967 12.000 10.000

En este sentido, conducir se convertía en una práctica de sí, en la medida en que implicaba autogobernar el propio cuerpo, los pensamientos y los afectos a través de la incorporación de técnicas específicas para manejar un vehículo, así como la incorporación de sí mismo al automóvil.2 De forma extendida, saber conducir empezó a volverse norma generalizada, la licencia de conducción comenzó a utilizarse como documento de identificación ante las autoridades, usar un auto se volvió medio de acceso al mercado, símbolo de éxito personal, de pertenencia a la nación y del “estilo de vida americano”. A su vez, el saber conducir proveía libertad y suponía asumir riesgos antes inexistentes. Así, Como en la sexualidad, los placeres emancipatorios de la automovilidad y su potencial destructivo demandaron de la construcción de un aparato, consistente en elementos legislativos, técnicos, médicos, culturales, económicos, políticos, éticos y arquitectónico/espaciales que simultáneamente podrían habilitarla y constreñirla, cultivarla y regularla, gobernarla y permitirla. Y, como la sexualidad, la automovilidad proveyó un medio crucial para el despliegue de una subjetividad de la libertad normalizada y moderna. (Seiler 2008, 61)

8.000 6.000 4.000 2.000 0 19 4 19 9 50 19 5 19 1 52 19 5 19 3 54 19 5 19 5 56 19 5 19 7 58 19 5 19 9 60 19 6 19 1 62 19 63 19 64 19 6 19 5 66 19 67

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Automóviles, taxis y camperos Autobuses y camionetas de transporte de pasajeros Camiones y otros vehículos de carga y trabajo

Fuente: elaboración propia con base en cifras del Anuario General de Estadística (1950-1967). No hay datos de los años 1956, 1957, 1959, 1960, 1962 y 1964. En esos casos, el gráfico muestra la tendencia inferida entre la cifra anterior y la posterior.

2

De acuerdo con Foucault (1999), las técnicas de sí (que luego rebautizaría como “prácticas de sí”) son entendidas como prácticas que “permiten a los individuos efectuar, solos o con la ayuda de otros, algunas operaciones sobre su cuerpo y su alma, sus pensamientos, sus conductas y su modo de ser, así como transformarse, a fin de alcanzar cierto estado de felicidad, de fuerza, de sabiduría, de perfección o de inmortalidad” (Foucault 1999, 445).

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En los años cincuenta, la automovilidad norteamericana se vio potenciada aún más por el proyecto del Sistema Interestatal de Autopistas Nacionales y de Defensa iniciado en 1956, y la profusión de nuevos lugares estrechamente vinculados a los automóviles, tales como las estaciones de servicio, los “restaurantes para motoristas” (“Así son los Estados Unidos…” 1960) o los moteles, que eran pequeños hoteles ubicados a la orilla de las carreteras (“Los moteles…” 1966), y que definitivamente consolidaron la influencia de la automovilidad dentro y fuera de las ciudades. El eco mediático permanente en Colombia de las diferentes prácticas automovilizadas en Estados Unidos y Europa hacía parte fundamental del universo de representaciones y construcción de nuestras automovilidades. Y aunque en nuestro caso no habría una influencia tan evidente del automóvil en la identidad nacional, sí existía un deseo de transformación física y cultural a través del carro. Calibán, editor del periódico El Tiempo, decía: Poseer un auto es el ideal de millones de familias. Si se les permitiera a los grandes productores de automóviles, General Motors, Ford, Fiat, Simca y demás montar aquí sus fábricas y no se les abrumara de impuestos, el colombiano podría comprar un auto barato o caro. […] El jefe de familia, además de sus hijos jóvenes, se convertiría en ser superior. Le nacerían alas o ruedas, que para el caso es lo mismo. Tendría más aliciente para trabajar y para imponerse a los predicadores de desorden. El auto es factor de estabilidad y satisfacciones. Se acabarían las charlas de café y el ocio, madre de todos los vicios. Podría aprovechar los fines de semana. Y sobre todo, no tendría que servirse de los inmundos buses. (Calibán 1963)

Al igual que lo ocurrido en Estados Unidos a comienzos del siglo, el automóvil prometía libertad y transformación en medio de un proceso de urbanización acelerada. Era visto además como medio de ascenso y de prestigio, factor de orden social y moral, sinónimo de autonomía, y era además un objeto masculinizado. El valor de la autonomía se encarnaba perfectamente en el automóvil, tanto en Estados Unidos como en Colombia, pero en sentidos distintos. En el primer caso, Rose (1999) señala un importante giro en la racionalidad política de los años cincuenta y sesenta del siglo pasado, en el cual se resaltaban los límites de los poderes públicos del Estado y se veía como indeseable la interferencia del poder coercitivo de la Policía en el reino privado. La opinión pública, las presiones de la sociedad civil y la conciencia personal fueron erigidas en principios reguladores de las preferencias personales. Para que esto fuera posible debían producirse sujetos autónomos, capaces de autogobierno y autocontrol. En este proceso fue central estimular las competencias de

elección individual y el desarrollo de las tecnologías del consumo, con el objeto de brindarles a los individuos herramientas y recursos para la autonomía (Rose 1999, 271). El automóvil fue fundamental en ese proceso. En nuestro caso, la autonomía que prometía el automóvil implicaba una transformación cultural —simbólica y material— y era signo de progreso. Si seguimos a Calibán, suponía dejar de usar “los inmundos buses” y olvidarse de prácticas ociosas para aprovechar el tiempo y trabajar. El autocontrol tenía entre nosotros el peso de un proceso civilizatorio desigual, en el que el automóvil servía más para la distinción y la movilidad social que para la integración a una comunidad imaginada o una ciudadanía universal. Este sentido de las automovilidades se revela en historias de éxito personal de individuos que por medio del automóvil, o valiéndose de él en algún momento de su vida, lograban progresar y sobresalir. Tal fue el caso de Fernando Mazuera Villegas, quien llegaría a ser alcalde de Bogotá, y que en sus inicios como empresario logró conseguir buena cantidad de dinero gracias a sus negocios con una empresa de taxis (Mazuera 1972, 44-46). En la historia de vida de otro empresario, dueño de una cadena de restaurantes, el esfuerzo y el autosacrificio personal en sus años de juventud trabajando dieciocho horas diarias como conductor de una empresa y taxista, finalmente lo llevaron al éxito (“De chofer a millonario” 1965). En estos casos, la autonomía y una forma particular de automovilidad, como el ser taxista, se traducían en capital económico y éxito personal. Por otro lado, la nota de Calibán opone el automóvil al desorden urbano reiterado constantemente por la prensa. Las décadas del cincuenta y el sesenta, en muchas ciudades colombianas, fueron años de profundos cambios físicos de las calles, y al final de la década del cincuenta hubo crisis permanentes en el sistema de transporte público basado en autobuses, especialmente en Barranquilla y Bogotá, debido al costo de los pasajes. La representación del automóvil particular apostaba por erigir al carro en una necesidad y en solución al caos urbano, pero desconocía que aquello que se veía como desorden era en gran medida producto de la expansión del sistema de automovilidad.3 La fascinación con el automóvil impulsada constantemente por la publicidad, la aparición de nuevos lugares que hacían parte del sistema y el impulso del discurso modernista de los nuevos arquitectos hacían difícil ver las posibles consecuencias de la automovilidad y sus tecno-paisajes. Además de los automóviles, el comercio fue uno de los primeros campos en los que se expresó y concretó

3

Dentro de los análisis críticos pioneros sobre los problemas urbanísticos de la automovilización pueden verse los trabajos de Mumford (1966) y Jacobs (1993), publicados originalmente en 1963 y 1961, respectivamente, justo en la época en que Estados Unidos estaba expandiendo su sistema de carreteras.

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la naciente cultura de lo “auto”. Los antecedentes del autoservicio y la autonomía en la decisión de compra en Colombia se encuentran en los almacenes Ley de Barranquilla, Cali, Bogotá y Medellín, que desde los años cuarenta ya dejaban la vitrina abierta y sin vidrios para el acceso directo del público a los productos (“Comercio. Mostrador abierto” 1951). También, almacenes tradicionales como el Tía inauguraron en 1958 en Barranquilla el autoservicio para compra de dulces (“El ‘Auto-servicio’ en el Tía” 1958). Antes de esta disposición espacial, la norma en los almacenes eran las vitrinas cerradas con puertas de vidrio que exhibían la mercancía pero impedían su manipulación por el comprador, y sólo podían ser abiertas por los vendedores.

a la que hoy ya estamos acostumbrados, era novedosa porque implicaba cierto secuestro temporal de los visitantes en un mismo sitio, a diferencia de los locales ubicados en las zonas comerciales de la ciudad, donde era posible visitar varios almacenes, comparar precios, y era indispensable la interacción con los vendedores. La vieja forma de consumo implicaba ser un peatón, mientras que la nueva imponía una inserción en las automovilidades, o al menos en las prácticas de lo “auto”. La experiencia de compra era autónoma, estaba centrada en las decisiones del comprador, con una distribución espacial de góndolas y productos que eliminaban o reducían las intermediaciones humanas para acceder a los productos.

Pero el rediseño completo en las formas de comprar centradas en la autonomía y el autoservicio en Colombia lo realizó por primera vez Sears en Barranquilla, en 1953, con su almacén por departamentos (“Sears abre su primer almacén en el país”, 1953). El ensamblaje completo incluía la arquitectura y sus condiciones de conexión con la ciudad por medio de vías para automóviles, equipamientos para los vehículos como estaciones de servicio (“Estación de servicio Sears” 1958); la distribución de las mercancías dentro del almacén, con pleno acceso al público; y la redefinición de las interacciones comprador-vendedor (“14 años tienen de funcionar…” 1967).4 El Sears de Barranquilla condensaba la multiplicidad de sentidos de la cultura de lo “auto” como síntesis del valor cultural de la autonomía y la automovilidad como dispositivo de coproducción de subjetividades.

En un análisis sobre los supermercados y las plazas de mercado en los años 1970, Martín-Barbero (1981) señalaba las diferencias entre supermercados como Carulla y las plazas de mercado, en términos del tipo de intercambio que allí se daba. En las plazas de mercado, el intercambio era tanto económico como simbólico, en el sentido en que se entiende el intercambio en los trabajos de Marcel Mauss, e implicaba necesariamente la interacción y la comunicación entre las personas. En los supermercados, el énfasis se hacía ante todo en el intercambio económico centrado en el valor de cambio, y se reducían o minimizaban las interacciones o las fricciones entre vendedores y compradores, del mismo modo como ocurría en los almacenes Sears. Precisamente, la individualización de la compra y la disminución en la interacción humana llevarían a pensar que lo único que contaba era el intercambio económico. Sin embargo, también estaban en juego la instauración de una cultura de la autonomía y la potenciación de sujetos capaces de autogobernarse y autodirigirse de manera libre, aunque regulada, en relación estrecha con el dispositivo de automovilidad.

Sears construyó en Barranquilla un edificio propio que incluía cuatrocientos parqueaderos gratuitos para clientes en un sector cercano a una zona residencial. Este tipo de construcción era novedoso en Colombia pero hacía parte de la estrategia que el almacén había implementado con éxito en Estados Unidos. A diferencia de la mayoría de almacenes, establecidos en las zonas comerciales y congestionadas del centro de las ciudades, Sears fue pionero en la creación de un tipo de almacén plenamente automovilizado: “La mayoría de los almacenes Sears se encuentran […] fuera del perímetro comercial, pero accesibles al público, y además cuentan con espaciosos estacionamientos para automóviles” (“Sears en la América Latina” 1953). La ubicación en la ciudad era además óptima para su acceso por la avenida Olaya Herrera y por calles pavimentadas que conectaban con los barrios de las clases alta y media de Barranquilla, especialmente con los barrios El Prado y Boston. El inmenso local comercial concentraba la atención de los compradores al ofrecer gran cantidad de productos en un solo sitio. Esta configuración espacial del lugar, 4

En 1967, Sears tenía almacenes en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Guaduas y Pereira. Sin embargo, no todos tenían las características de las instalaciones de Barranquilla.

La cultura de lo “auto” supone entonces dos dimensiones que se condensan en el automóvil como objeto y en las automovilidades como sistema de prácticas. La automovilidad “involucra la fusión del yo humano autodirigido como en la noción de autobiografía, y de objetos o máquinas que poseen la capacidad de movimiento como algo que es automático o autómata” (Urry 2007, 119). En cuanto a la experiencia urbana, la cultura de lo “auto” se refiere ante todo a la manera como los individuos adquieren progresivamente una autonomía que antes no tenían para moverse y actuar en el espacio y relacionarse con la ciudad. Supone un ejercicio de reflexividad y autocontrol de tal tipo que lleva a los sujetos a interactuar ante todo con objetos y materialidades de la ciudad, y a reducir la intervención o la mediación humana. Esta experiencia es coproducida y mediada, en el sentido de Latour (2008), por los equipamientos urbanos para las movilidades, desde el pavimento hasta las señales de tránsito, pero también por lugares antes inexistentes como el almacén Sears o las innovaciones en las formas de compra y circulación por el almacén.

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Pero la “automatización” en el funcionamiento de la ciudad, antes que el desplazamiento de la agencia humana, supone la incorporación de unos códigos de conducta, unos hábitos y unos saberes que nos permiten interactuar con una población de personas, objetos y vehículos cada vez más densa. Aparentemente, en el funcionamiento cotidiano del dispositivo de automovilidad, los individuos reducen su intervención a un papel de supervisión o al de agentes que accionan el mecanismo y esperan sus resultados. Sin embargo, los objetos no actúan solos, sino que actuamos a través de ellos al convertirlos en mediadores de las prácticas. Hay que evaluar entonces lo que se elimina pero también lo que se añade de interacción humana, material y tecnológica.

Personalidad conductora y emociones automovilizadas Una contraparte de la automatización del funcionamiento urbano era la incorporación de códigos de conducta que demandaban un ejercicio reflexivo de los sujetos para saber cómo y cuándo actuar; suponían también adquirir experticias como el “saber conducir”, que integraban la conducta, la personalidad, el saber técnico y el ejercicio reflexivo del autocontrol y el monitoreo de sí mismo. Autocontrol era también saber controlar el propio cuerpo para conducir el automóvil; el autocontrol entonces no era sólo la vigilancia de la propia conducta, sino también la traducción de las propias capacidades en una práctica corporal orientada a las movilidades. La presencia de los automóviles reforzaba e impulsaba ciertas dimensiones de un proceso civilizatorio con énfasis en la individualización (Elias 1989), a la vez que introducía nuevas formas de relación con la materialidad urbana que suponían incorporar un saber-hacer, un saber-moverse por la ciudad. Pasada la mitad del siglo XX, el tratamiento del tema de los conductores por parte de la prensa era muy afín al lenguaje de la psicología o el psicoanálisis y aludía constantemente a la noción de personalidad. En tal sentido, el conjunto de representaciones mediáticas de las conductas y emociones de los conductores de la época puede describirse en función de lo que podemos denominar personalidad conductora. Los textos se centran en las características que adquiere, posee o puede incorporar el sujeto como efecto de su condición de ser conductor de automóvil; describen ese conjunto como algo que se adquiere y que puede ser moldeado. Así, la personalidad conductora alude a unas formas de comportamiento, emotividad y racionalidad encarnadas en la persona, antes que como efectos de su ensamblaje con un sistema de movilidad y el universo de las relaciones sociales en las que estaría inmerso todo conductor. La personalidad conductora centraba la atención en los aspectos puramente humanos de la condición de conductor resaltando su agencia y

responsabilidad plena, aunque esta hiciera parte de un ensamblaje más amplio, que iba desde el sistema de automovilidad hasta sus relaciones con los demás sistemas y sujetos, tales como peatones o ciclistas y otros tipos de actores. En tal sentido, la personalidad conductora hacía parte de la subjetividad móvil de los conductores, pero no la agotaba. La personalidad conductora de mediados del siglo XX puede describirse a través de tres aspectos: el saber conducir, que suponía la incorporación de conocimientos y habilidades para poder guiar un vehículo; la buena conducta como condición para salir a la calle y relacionarse en público con otros conductores, con peatones y con la autoridad policial; y el control de las emociones derivadas de la práctica de conducción o de otras experiencias incorporadas por parte de quien manejaba. Los tres aspectos suponían una puesta en escena pública, pero mientras que la buena conducta y el saber conducir eran condiciones por desplegar y habilidades para utilizar, la emotividad era aquello que se debía aprender a controlar para alcanzar un desempeño eficaz, seguro y adecuado como conductor. Saber conducir suponía pasar por un entrenamiento del cuerpo y la percepción, y desde los primeros códigos de tránsito se reglamentaron los procedimientos y conocimientos necesarios para obtener una licencia. Dentro de los requisitos siempre habían existido medidas tendientes a evaluar la habilidad del conductor por medio de un examen o el paso por una escuela de conducción. Pero más allá de la obtención del pase, el afán por mejorar las habilidades de los conductores era objeto de atención constante en la prensa. La preocupación estaba motivada en los riesgos de accidentes de tránsito y sus fatales consecuencias para la vida humana, ante lo cual era necesario persuadir del peligro y sus consecuencias. De este modo, se publicaban permanentemente diversos artículos que incluían recuentos de accidentes de tráfico, con detalles de las víctimas y fotografías, recomendaciones para manejar en la noche, consejos para la utilización de las luces (“Todos somos posibles asesinos” 1950), llamados de atención sobre el peligro de los niños en las vías (“¡Cuidado con los niños!” 1956), consejos para no dormirse en las carreteras y autopistas (“Trece sugestiones…” 1965) y recomendaciones sobre el uso de cinturones de seguridad (J.R.B. 1966b). Además de las habilidades para conducir y la capacidad para monitorearse a sí mismo, tanto en serio como en broma se insistía en la relación entre el saber conducir y el buen comportamiento. Este vínculo fue permanente desde los primeros códigos de tránsito de Bogotá (Concejo Municipal de Bogotá 1912) y Barranquilla (Asamblea Departamental del Atlántico 1931), comenzando por la exigencia de presentar un certificado de buena conducta para obtener el pase, pasando por los estudios psicológicos y criminalísticos sobre las relaciones entre delincuencia y contravenciones de

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tránsito, hasta las caricaturas y los test de personalidad para autoaplicárselos, publicados en los años sesenta en la revista Cromos. La buena conducta de los automovilistas a mitad del siglo XX tenía dos caras: una, la de los antecedentes disciplinarios y de policía alusivos a eventuales delitos y contravenciones, que se referían directamente al cumplimiento de las normas de policía y los reglamentos de tránsito. Y la otra, la del comportamiento cortés y educado frente a los demás conductores, los peatones, los pasajeros y la autoridad policial. Ambas caras estaban íntimamente ligadas, en la medida en que se complementaban como discursos para moldear al buen ciudadano.

valuaciones de su conducta, sino de uno que lo hace en relación estrecha con una máquina que debe maniobrar. La prensa de los años sesenta hablaba de la capacidad o incapacidad del conductor para controlar sus emociones o lo que se derivaba de ellas. Algunas eran la sensación de libertad, el gusto por la velocidad, la aventura y el riesgo, la frustración o el enojo ante los atascos de tráfico, la furia frente a la manera de conducir de los demás, las emociones de la conquista amorosa o la autoafirmación y el ascenso social. Se trata de emociones con sentidos ambivalentes, que pueden describirse esquemáticamente de acuerdo con los placeres y los riesgos de conducir.

Pero era en el cruce entre la buena conducta y el saber conducir, y sobre todo en los modos de conducir, donde se expresaba la personalidad conductora. A pesar de las normas de tránsito y los manuales de urbanidad, las prácticas de conducción adquirían formas particulares, que en algunos casos llegaban a asimilarse a las identidades nacionales. Así, una cronista colombiana que describía la expedición de un nuevo reglamento de tránsito en Inglaterra afirmaba que, “comparados con la velocidad francesa, la impulsividad italiana o la imprudencia suicida de mis compatriotas, estos conductores londinenses parecen un modelo de prudencia y lentitud” (Echegoyen 1961, 3). Al ponerse en escena y ensamblarse con un sistema de automovilidad particular, la personalidad conductora adquiría características concretas, unos modos de conducir vinculados a las circunstancias y que progresivamente se iban naturalizando como la manera colectivamente aceptada de hacerlo. Era la experiencia de haber observado a otros conductores con modos de conducir distintos la que le permitía a la periodista ver la velocidad, la imprudencia suicida o la lentitud como características de distintos modos de conducir.

Del lado de las narrativas sobre los riesgos, en un artículo publicado en Cromos se decía que “La mala disposición para conducir vehículos parece un nuevo pecado original […] Los autos modernos están construidos como una invitación a la agresividad y al desfogue de impulsos primitivos […] Lo que en automovilismo se llama deporte, es sinónimo de agresión y de vorágine” (J.R.B. 1966a, 12). En las narrativas de estas emociones automovilizadas, el discurso de la psicología cumplía el papel de otorgarles sustento científico a las recomendaciones y los consejos, a la vez que se reforzaba la asociación entre buena conducta y buen conductor. Pero tratándose fundamentalmente de una adaptación de un texto publicado en otro medio, probablemente en inglés, llama la atención también el recurso de apelar a nuestra emotividad religiosa católica con la alusión al pecado original y el sentimiento de culpa implícito que este acarrea. En esta misma línea, había frecuentes llamados de atención sobre el potencial asesino que había tras el volante, descritos en la publicidad e historias morales sobre las consecuencias de los accidentes (Robins y Robins 1961, 24).

Podría decirse que la pretensión normalizadora de los reglamentos y las reglas de cortesía generaba una expectativa que nunca se realizaba tal como el discurso la imaginaba. Pero la representación del conductor ideal como un tipo monolítico de conductor unificado por las normas y los códigos de interacción de la cortesía funcionaba en doble sentido. Operaba como horizonte ideal para una subjetividad móvil deseada, pero también como una descripción que nombraba y visibilizaba únicamente lo que el Estado podía controlar. De este modo, las campañas de policía buscaban traducir el reglamento en práctica, combinando los códigos de policía y de tránsito con el discurso de la cortesía (Salazar 2016a, 126-159). Inevitablemente se produjeron zonas grises que empezaron a dejar en el olvido o en una situación de sospecha constante otras movilidades no motorizadas como las de los ciclistas o los zorreros (Salazar 2016b).

De este modo, uno de los riesgos percibidos en la automovilidad era el riesgo moral, que permitía hablar de lo que en el lenguaje técnico sobre los accidentes de tránsito se denominaban “errores humanos”, pero por vía de la urbanidad y la cortesía:

La tensión relacionada con las emociones en la generación de la personalidad conductora nos remite de nuevo al problema del autocontrol, pero ya no sólo de un sujeto centrado en las reflexiones y autoe-

Gentes corteses, sosegadas, de exquisita cultura en cualquier sitio que no sea el del volante de su automóvil, que están siempre listas a auxiliar a sus semejantes, cuando andan sobre cuatro ruedas se tornan en una especie de demonios intolerantes dominados repentinamente por el prurito de imponer su voluntad, de pasar primero, de atropellar, de considerar que la vía les pertenece por encima de cualquier consideración de orden legal, de instinto de conservación o de simple urbanidad. (Restrepo 1967, 37)

Se percibe el riesgo de la transformación de la personalidad de un sujeto civilizado a uno primitivo que se deja llevar por sus instintos. Es incapaz de autocontrol, aunque maneje el automóvil: “Se trata evidentemente de un acto de debilidad de una fuga de su propia perso-

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nalidad que busca respaldo en la fuerza del motor, como si el número de caballos de que éste dispone, mitigara los complejos y aliviara las amarguras que se van acumulando en el corazón, a las cuales sólo se les puede dar desahogo con el respaldo de la fuerza mecánica” (Restrepo 1967, 37). Pero había otro tipo de respuesta ante los riesgos de las automovilidades. Ante los potenciales fallos humanos por impericia, autoconfianza excesiva o falla en la estimación de las propias capacidades, adquirían importancia las innovaciones tecnológicas para la seguridad. En las décadas de 1950 y 1960 se produjeron y comenzaron a utilizar ampliamente varios dispositivos tecnológicos novedosos dentro del automóvil o en las vías, como la iluminación y señalización con pintura reflectiva, y se experimentó simulando accidentes para evaluar las reacciones de los automovilistas en carreteras reales, o en laboratorios para mejorar las condiciones de seguridad de los vehículos. Estas innovaciones también tuvieron efectos en las emotividades automovilizadas y fueron objeto de debate o resistencia, como en el caso de los cinturones de seguridad, que se veían como una amenaza a la libertad individual (Baudrillard 2004, 77; J.R.B. 1966b, 12). Estos casos hacían parte del desarrollo de tecnologías que facilitaban la incorporación del conductor al cuerpo del automóvil, y que prefiguraban desarrollos posteriores de la ergonomía o el software para mejorar el control y facilitar la comunicación o las percepciones del exterior que se veían atenuadas o dificultadas por el vehículo mismo (Thrift 2004, 48-52). Hacen evidente el hecho de que quienes están vinculados a culturas automovilizadas no sólo sienten el carro, sino que además sienten a través del carro y con el carro (Sheller 2004, 228). El lado de las emociones placenteras estaba representado por excelencia en la participación en competencias deportivas. La dificultad para explicar o narrar la emoción de ganar una carrera revelaba la distancia entre los discursos normativos que buscaban moldear la personalidad automovilizada y lo que impulsaba a muchas personas a conducir en una carrera. El título de una nota sobre la primera carrera de velocidad en la Costa, entre Barranquilla y Cartagena, realizada en 1953, muestra la ambivalencia entre razón y emoción: “Razón del triunfo. Nos apasiona el automovilismo”. El periodista conversaba con los ganadores, un hombre y una mujer casados —él piloto, ella copiloto—, y le preguntaba a la mujer por lo que quiso hacer cuando fueron declarados ganadores. Ella respondió: “muchas cosas pero más que todo me dieron ganas de llorar de alegría…!”, y sobre si pensaba que ganarían: “En absoluto. No tenía esas aspiraciones porque me encantan, me emocionan las carreras únicamente…!”. Y cuando le preguntaron al esposo por qué le gustaban las carreras, este afirmó: “Porque soy un rabioso aficionado del automovilismo, sencillamente!” (“Razón del triunfo…” 1953, 6). Las

respuestas evidencian la dificultad, incluso la imposibilidad, de explicar lo que están sintiendo. Aparentemente no hay más razón que una sinrazón para el gusto por las carreras: la pasión por el automovilismo. Pero además de las emociones, que aparentemente no pueden ser explicadas, hay evidentes efectos de ellas. En 1963, la corredora paisa Lucy de Rojas afirmaba: “la velocidad me aleja de los problemas” (“Doña Lucy de Rojas…” 1965), y sobre lo que ocurría cuando comenzaba una carrera, decía: Se siente un poco de complejo, de temor en los instantes mismos que preceden a la arrancada, y en los primeros kilómetros. Luego poco a poco las manos se le pegan al timón, los ojos se le clavan en la carretera, y la pierna derecha se le endurece sobre el acelerador. De ahí en adelante todo se mecaniza. Sobreviene el vértigo de la velocidad, pero como que al mismo tiempo se hace imperceptible. Ya no se piensa ni en la vida ni en la muerte, sencillamente correr al máximo y estar pendiente de las curvas. (“La primera volante colombiana” 1963, 43-44)

A partir de este relato podría decirse que hay un cierto “olvido de sí” cuando se da el ensamblaje del cuerpo y la máquina, por cuanto la práctica de conducir se mecaniza. El discurso normativo y de la prevención pareciera hablar de lo contrario: es necesario controlar los propios impulsos y las emociones para ser un buen conductor. Pero si entendemos el autocontrol en su acepción de controlar el automóvil, entonces el autocontrol cobra otro sentido y se muestra la doble incorporación de la que hablamos: la de adquirir unas habilidades específicas, un saber hacer, por medio del entrenamiento y la práctica —autocontrol del cuerpo—; y la de unirse al automóvil por medio de una conexión que es tanto física como emocional: hay que sentir el automóvil para controlarlo, y ello implica un movimiento que va más allá de las normas de tránsito o de la personalidad conductora ideal. Si es posible cierto “olvido de sí” en la práctica de conducir, es porque se han incorporado un esquema de conducta, una serie de habilidades y disposiciones que en gran medida automatizan el control del automóvil. De acuerdo con Sheller, las emociones son un tipo de conocimiento no-cognitivo, que comportan la ambigüedad de ser aparentemente instintivas y a la vez ser resultado de un moldeamiento cultural. “Las emociones se sienten en y a través del cuerpo, pero están constituidas por marcos de relaciones y culturas afectivas […] Las emociones, en esta perspectiva, no son simplemente ‘sentidas’ o ‘expresadas’, sino más bien provocadas, invocadas, reguladas y manejadas a través de expectativas, patrones y anticipaciones”. Hay además una relación estrecha “[…] entre moción y emoción, movimiento y sentimiento, autos y motivos” (Sheller 2004, 225-226). De esta forma, las emociones automovilizadas de los conductores descritas arriba están insertas

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en marcos regulatorios y prácticas colectivas como las carreras; también hacen parte del universo de las personalidades conductoras; y además son potentes productoras de sentido, prácticas y efectos en la vida diaria.

Jerarquías y fricciones automovilizadas En los códigos de tránsito existían dos tipos de conductores de vehículos automotores: los aficionados, correspondientes a quienes manejaban carro particular, y los profesionales, quienes trabajaban como choferes, ya fuera de transporte público o como conductores de autos institucionales. Esta separación normativa se traducía en un sistema de jerarquías materiales y simbólicas entre tipos de conductores y vehículos. Además de este factor, las diferencias generacionales y de género resultaban decisivas. Veamos un ejemplo de las maneras como se coproducían estas jerarquías sociomateriales y algunas de sus fricciones, en los casos de los vehículos conducidos por choferes de transporte público. En un estudio sobre taxistas de Bogotá en 1960, la descripción del gremio era la siguiente: Todos estos hombres tienen una característica común: han recibido muy poca educación escolar y no han aprendido un oficio distinto al de chofer. De allí proviene toda su actitud ante el transporte. No tienen la noción de la responsabilidad moral ni civil. No tienen los conocimientos técnicos básicos para saber cómo manejar eficientemente un carro. No tienen la disciplina mental para cumplir estrictamente las reglas de tráfico y no cometer imprudencias. Son individuos fácilmente influenciables en sus opiniones ya que carecen de una capacidad de raciocinio desarrollada. Ni siquiera son capaces de reflexionar sobre su propio estado de chofer para darse cuenta de que su profesión es menos remunerada que muchas otras que no exigen especialización de trabajo y que podrían desempeñar. (Funk 1960, 24)

Los taxistas de Bogotá eran primitivos e ignorantes, según esta descripción, que hacía parte de un estudio sobre el funcionamiento de las condiciones del servicio de taxis en la ciudad, especialmente centrado en los aspectos económicos e institucionales. Como una explicación alternativa e hipotética de la aparente inconsciencia sobre lo mal remunerados que estaban, podría decirse que los aspectos no económicos, tales como los valores incorporados en el automóvil, sus ventajas frente a otros vehículos y las emociones automovilizadas, podrían explicar mejor aquello que Funk percibía como ignorancia y falta de “disciplina mental”. En la época, tener un automóvil era un importante signo de estatus, mucho más que en la actualidad. El costo de los vehículos era muy alto, y durante varios años fueron objetos de difícil adquisición por el cierre o

la limitación de las importaciones de vehículos al país. En esas condiciones, ser taxista significaba una oportunidad de ascender socialmente, de vivir de un modo directo la cultura de lo “auto” y sus emociones, además de la expectativa del posible enriquecimiento, reforzada por historias de éxito como la del taxista millonario y la del exalcalde Mazuera. La percepción de Funk era consecuente con la manera en que taxistas y conductores de transporte público eran vistos por sectores académicamente formados y de un estatus social medio y alto. En contraste, una polémica sobre el uso de uniforme como exigencia para los taxistas nos muestra la contraparte dentro del sistema de jerarquías sociomateriales de la cultura del automóvil. Una norma de 1953 que modificaba el funcionamiento del servicio de taxis en Bogotá incluyó la exigencia para los conductores de utilizar uniforme. La medida generó resistencia entre los taxistas, que dijeron sentirse discriminados y afirmaron no tener dinero para pagar el uniforme. Un periodista interpretaba el sentir de varios de ellos diciendo que “no es justo que un conductor de taxi use obligatoriamente un uniforme, en tanto que el ‘doptor’ que maneja su propio automóvil pueda vestir camisa de cuello, corbata y vestido de paño inglés” (“Los choferes de taxi deberán trabajar usando un uniforme” 1953). Incluso, uno de los taxistas hablaba del uniforme como un “distintivo de policía” que limitaba la libertad en el vestir (“Los choferes de taxi hablan sobre la obligación de vestir uniformes” 1953). En cuanto a los estilos de conducción, los choferes de transporte público también se veían cuestionados. Sin duda, la informalidad en las condiciones de trabajo de conductores de taxis y buses tuvo efectos decisivos en los estilos de conducción y las tácticas que se impusieron en el gremio para maximizar las ganancias. Del lado de los buses, en la década de 1950, en Barranquilla no existía una empresa pública de transporte urbano de pasajeros, y en Bogotá se dio un giro definitivo de la primacía del sistema público basado en tranvías (que funcionó hasta 1951), trolebuses y buses diésel, a la hegemonía del sistema privado semiformal de las empresas particulares (Alvear 2007; Castañeda 1995; Corredor 1981). La flexibilidad de este sistema motivaba prácticas de competencia agresivas que eran toleradas por las autoridades viales y sufridas por los pasajeros. Entre las décadas del sesenta y el setenta se acuñó el término “la guerra del centavo” para aludir a este tipo de prácticas. En el caso de estos conductores, puede afirmarse que el tipo de transporte público que se consolidó en Colombia desde mediados del siglo XX ayudó a redefinir el valor de la autonomía que encarnaban las automovilidades, hasta el punto de invertir su sentido. Ni el taxista ni el conductor de bus, aun si eran dueños de su vehículo, tenían la autonomía plena del conductor de carro particular. Tanto buses como taxis tenían la flexibilidad del automóvil, y contaban con la ausencia de un jefe o de

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un sistema de trabajo formalizado y burocratizado, pero para ello debían arrendar o vender su autonomía al volverse conductores de otros. Además, la autonomía del conductor se veía limitada por la definición de rutas y horarios previamente asignados. En estos casos, el valor de la autonomía encarnada en el automóvil revela consecuencias perversas como la informalidad y la precariedad laborales.

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Conclusiones

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La personalidad conductora como una representación ideal e individualizada de la síntesis de la buena conducta y el saber conducir, en realidad se diluye en estilos de conducción asociados a grupos, y en emotividades referidas a tipos de vehículos conducidos, preferencias y tipos de conductores. Estamos frente a un sistema de jerarquías sociomateriales y simbólicas, y no sólo frente a sujetos que incorporan individualmente sus habilidades de conducción. Los modos de conducir hacen parte de la práctica cotidiana, de las artes de hacer y de una experiencia incorporada que cambia de manera constante y que también transforma a quien conduce. En los modos de conducir se cruzan además las representaciones estereotípicas, los discursos que buscan civilizar al conductor, las máquinas que se conducen y los tipos de relaciones que el vehículo conducido establece con otros vehículos y cuerpos cuando circula por la calle. Los estilos de conducción hacen parte de la construcción de subjetividades automovilizadas que están sociomaterialmente jerarquizadas porque son jerarquías del automóvil-conducido o del conductor-de-automóvil, y no sólo de las personas o de un “orden social” abstracto. Más allá de un ámbito aislado de la vida urbana, las prácticas cotidianas de movilidad y los valores de autonomía, libertad, independencia y flexibilidad asociados al mundo de los carros tuvieron una innegable influencia en las formas de vida urbanas de la época. Las ciudades no sólo cambiaron materialmente con nuevas vías, diseños de calles, especificaciones técnicas y vehículos, sino que hubo también un alto impacto simbólico y práctico en las relaciones sociales y la interacción cotidiana de personas y objetos en las calles. Por ello es necesario hablar de una “cultura de lo ‘auto’”, dado que las prácticas, las formas de pensar y sentir, también se reensamblaron en torno a los automóviles.

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Sheller, Mimi. 2004. “Automotive Emotions: Feeling the Car”. Theory, Culture & Society 21 (4/5): 221-242. http://dx.doi.org/10.1177/0263276404046068 Sheller, Mimi y John Urry. 2000. The City and the Car. International Journal of Urban and Regional Research 24 (4): 737-757. http://dx.doi.org/10.1111/1468-2427.00276 Sheller, Mimi y John Urry. 2003. Mobile Transformations of ‘Public’ and ‘Private’ Life. Theory, Culture & Society 20 (3): 107-125. http://dx.doi. org/10.1177/02632764030203007 Thrift, Nigel. 2004. Driving in the City. Theory, Culture and Society 21 (4/5): 41-59. http://dx.doi. org/10.1177/0263276404046060 “Todos somos posibles asesinos”. 1950. Leones, marzo, 45. “Trece sugestiones que pueden salvarle la vida”. 1965. Cromos, 8 de febrero, 26-27. “Urbanismo. Espacio vial”. 1952. Semana, 25 de octubre, 17-20. Urry, John. 2004. “The ‘System’ of Automobility”. Theory, Culture & Society 21 (4/5): 25-39. http://dx.doi. org/10.1177/0263276404046059 Urry, John. 2007. Mobilities. Cambridge: Polity Press.

Cultura del automóvil y subjetividades en Colombia (1950-1968) | Óscar Iván Salazar Arenas

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Semánticas históricas de la vulnerabilidad • 125-133

Danilo Martuccelli – Université Paris Descartes, Francia

Víctimas del miedo en la gubernamentalidad neoliberal • 134-138

Pilar Calveiro – Universidad Autónoma de la Ciudad de México


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Semánticas históricas de la vulnerabilidad Danilo Martuccelli* DOI: https://dx.doi.org/10.7440/res59.2017.10

R E S U M E N | La vulnerabilidad es uno de los grandes términos que participan en el advenimiento de una nueva sensibilidad colectiva, más compasiva, frente a los fenómenos sociales. El artículo distingue, movilizando la noción de tipo-ideal, y bajo la forma de un análisis heurístico comparativo, cuatro grandes semánticas históricas de la vulnerabilidad (excluyente, moral, voluntarista y performativa). Cada una de ellas se estructura en la intersección de dos grandes factores: según el sentido ético o moral que se le otorga (o no) a la vulnerabilidad, por un lado, y, por el otro, según la función política que se le atribuye (o no). El texto argumenta adicionalmente que las razones y las formas del primado de una u otra de estas semánticas, en distintos períodos o sociedades, permiten una comprensión ampliada de la temática de la vulnerabilidad en el mundo de hoy. PA L A B R A S C L AV E | Víctimas, semánticas (Thesaurus); vulnerabilidad, tipo-ideal (Autor).

Historical Semantics of Vulnerability A B S T R AC T | Vulnerability is one of the major terms involved in the advent of a new, more compassionate, collective sensibility towards social phenomena. Mobilizing the notion of ideal type, this paper analyzes using a comparative heuristic perspective, four major historical semantics of vulnerability (excluded, moral, proactive and performative). Each one of them might be understood as the result of the intersection of two major factors: the ethical or moral sense that is given (or not) to vulnerability, and the political function assigned (or not) to it. Additionally, this article argues that grasping the reasons of the primacy of one or another of these semantics and the forms they take in different periods or societies, allows a different understanding of the issue of vulnerability in contemporary world. K E Y W O R D S | Semantics (Thesaurus); vulnerability, victims, ideal type (Author).

Semânticas históricas da vulnerabilidade R E S U M O | A vulnerabilidade é uma das principais termos envolvidos no advento de uma nova sensibilidade coletiva, mais compassivo, contra os fenómenos sociais. Artigo distingue, a partir do tipo ideal e sob a forma de uma análise heurística comparativa, quatro grandes semânticas históricas da vulnerabilidades (excluindo, moral, voluntarista e performativa). Cada um está estruturado na intersecção de dois factores principais: de acordo com o sentido ético ou moral que é dada (ou não) a vulnerabilidade, por um lado, e, por outro, com a função de política ligado a ele (ou não). O texto afirma ainda que as razões e as formas de a primazia de um ou outro destes semântica, em diferentes períodos e sociedades, permitem uma compreensão ampliada da questão da vulnerabilidade no mundo de hoje. PA L AV R A S - C H AV E | Vítimas, semântica (Thesaurus), vulnerabilidade, tipo ideal (Autor).

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Doctor en Ciencias Sociales, Sociología, por la École des Hautes Études en Sciences Sociales (Francia). Profesor de la Université Paris Descartes (Francia), USPC, miembro del IUF, CERLIS-CNRS. * danilo.martuccelli@parisdescartes.fr


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En las últimas décadas, un conjunto de términos se ha impuesto para caracterizar una “nueva” sensibilidad frente a la cuestión social. Aunque sus diferencias son mayúsculas —tanto en lo que respecta a sus orígenes disciplinarios como a sus campos de aplicación—, algo les es sin embargo común: los aspectos “emocionales” y “compasivos” han ganado peso. Por supuesto, las emociones nunca fueron desconocidas en los análisis de la vida social —como lo demuestran los sentimientos de injusticia, la simpatía, el espectador imparcial, la solidaridad, las pasiones de las muchedumbres—, pero no es menos cierto que los nuevos términos imponen otro horizonte de significación. Tomando en cuenta este cambio, no resulta pues difícil considerar la hipótesis de que términos como compasión, care, precariedad, riesgo, victimización, víctimas, reconocimiento, memoria, perdón, por vías muy distintas, le otorgan a la vulnerabilidad una significación social y política inédita. Pero ¿cómo entender la vulnerabilidad? En su sentido más amplio, la noción designa un rasgo común a todo actor humano (y por extensión, a toda sociedad): “la experiencia de estar expuesto a”. Desde su primera caracterización, se hace así evidente que la toma en consideración de una cierta fragilidad humana es consustancial al término (Martuccelli 2014a), un aspecto muy presente en muchas de las lecturas propuestas desde la biología, la psicología o la filosofía de la existencia y los feminismos. Sin embargo, este rasgo “antropológico” común ha conocido expresiones históricas y societales radicalmente divergentes. Si se descuidan estas especificidades, la vulnerabilidad se vuelve un equivalente de la finitud humana o de la precariedad existencial, incluso de la exclusión o de la pobreza, lo que se presta a una inflación incontrolada del término (Le Blanc 2007). Por universal que sea como dimensión de la existencia humana (Martuccelli 2011), la vulnerabilidad es siempre una experiencia relacional y contextual. No sólo no concierne por igual a todos los humanos en función de las sociedades, los períodos históricos, posiciones sociales o variantes identitarias, sino que ha sido objeto de muy distintas representaciones. La creciente importancia de la noción de víctima, y la diversidad de sus usos éticos y políticos, nos servirán como un indicador, en aras de este trabajo de recomposición conceptual. En este artículo propondremos un análisis sociohistórico de distintas semánticas de la vulnerabilidad con el fin, sobre todo, de comprender, desde una perspectiva diacrónica y comparativa, las especificidades de la semántica propia de las sociedades actuales. Para establecer los perfiles de estas semánticas, movilizaremos la noción de tipo-ideal weberiano (Weber 1992 [1922]). Las cuatro semánticas, históricamente no exhaustivas, pero significativas, designan las maneras como sociedades y períodos distintos han lidiado con el tema de la vulnerabilidad. Cada una de ellas, como se

verá, se construye por la intersección de dos grandes factores: según el sentido ético o moral que se le otorga (o no), por un lado, a la vulnerabilidad y, por el otro, según la función política que se le atribuye.

La semántica excluyente La primera semántica, que denominaremos excluyente, bien visible en la Antigüedad occidental, no otorgó ninguna significación mayor a la vulnerabilidad. Si se trata de una dimensión insuperable de la condición humana que hay a la vez que aceptar y combatir —es probablemente la gran tensión de este tipo-ideal—, no posee empero per se ni valor político ni sentido moral. Pocas sociedades, en todo caso, se han construido políticamente contra la “debilidad” como Esparta; y la sombra de este modelo, muchas veces asociado a la virilidad o a los valores guerreros como virtudes ciudadanas, no se ha desvanecido desde entonces. En esta semántica, lo que se valora es el coraje, no el sufrimiento. Sin embargo, nada sería más falso que concluir, entonces, acerca de la existencia en la cultura griega clásica de una insensibilidad hacia el sufrimiento, propio o ajeno, o incluso un desinterés por la crueldad. Por ello es importante comprender la forma precisa que la humanidad toma entre los griegos, y luego en los romanos. No sólo existe una sensibilidad hacia la naturaleza y los placeres de la vida (Dupont 2013); también existe, de manera explícita, una sensibilidad hacia la finitud humana. El último canto de la Ilíada (XXIV), aquel en el que el anciano-rey Príamo va a buscar con la ayuda de los dioses el cadáver de su hijo Héctor en la carpa de Aquiles, es probablemente uno de los testimonios más conmovedores que la literatura clásica ha dado al respecto. Frente al cuerpo yacente de Héctor, los dos hombres, el anciano-padre y el homicida del hijo del anciano-padre, se libran, sin que ello aplaque la cólera de Aquiles, a reflexiones cruzadas sobre la vida, los horrores de la guerra, el dolor, pero sobre todo sobre la gloria y la posteridad. Las palabras son conmovedoras; la sabiduría existencial profunda (Romilly 2011 [1979]). En el marco de esta viva conciencia de la vulnerabilidad humana, sobre todo como finitud, la vulnerabilidad no tiene empero ni función política ni sentido ético. Los antiguos tienen, repitámoslo, la más viva conciencia de la vulnerabilidad de la condición humana, y la asunción de esta realidad está en la raíz de la conciencia de los estragos de la desmesura humana (hibris), y en la base de un conjunto explícito de ejercicios espirituales (Hadot 2002; Pavie 2012). Pero en sí misma, la vulnerabilidad no posee ningún valor; no es un ideal en torno al cual se construyen las Ciudades-Estados o los imperios, ni tampoco un horizonte propiamente ético o moral. A la muerte, que en muchas tradiciones sólo abre el camino del Hades y sus sufrimientos eternos, hay que oponerle la Gloria: la proeza en las Olimpiadas, en las artes, en

rev.estud.soc. No. 59 • enero-marzo • Pp. 125-133 • ISSN 0123-885X • e-ISSN 1900-5180 · DOI: https://dx.doi.org/10.7440/res59.2017.10


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la guerra, como da fe la Oración Fúnebre que Tucídides pone en labios de Pericles, en donde no se conmemoran los muertos y sus sufrimientos sino que se erige un himno a la gloria de la Polis (Loraux 1993 [1981]). El no-sentido ético y la no-función política de la vulnerabilidad son claramente visibles en el gran arte político que es la tragedia griega. En ella, bajo distintas modalidades, tarde o temprano, es el combate entre la libertad y el destino lo que sella el sino de los héroes (Barel 1987); una “libertad” que puede en todo momento transmutarse en hibris. Pero, y a pesar de ello, en ningún caso existe un elogio de la vulnerabilidad o una valorización intrínseca de las víctimas, a lo sumo los espectadores pueden efectuar un trabajo de catarsis frente al horror de la tragedia. La distancia insalvable entre esta semántica excluyente y la época moderna ha sido subrayada muchas veces. La tendencia de los modernos a valorizar la vida y lo cotidiano se contrapondría fuertemente a este universo de Grandeza y de Heroísmo. Los modernos amarían demasiado la vida como para poder hacer política en el sentido fuerte del término (Arendt 1995 [19501958]). No es un tema menor. El meollo de una de las grandes críticas de la modernidad —de De Tocqueville a Ortega y Gasset, pasando por Carlyle, Nietzsche y tantos otros— toma este camino. En el fondo, siempre es cuestión del fin de la Grandeza en manos de ese filisteo histórico que es el “pequeñoburgués”. Hegel, en el amanecer de las sociedades modernas, trazó ya esta oposición entre el gusto de la vida del Esclavo y el deseo de libertad del Amo. La Gloria “pública”, en verdad, militar y política, se opone a los “pequeños” bonheurs de la vida privada. Pierre Manent resume bien este contraste entre los “antiguos” y los “modernos”: si los primeros estaban dispuestos a morir voluntariamente, la respuesta contemporánea “no es más la de arriesgar la vida por la gloria, sino de prolongarla por la medicina” (Manent 2012 [2010], 215 y 336). Difícil resumir mejor la diferencia de actitud entre dos épicas frente a la común vulnerabilidad humana. Retengamos lo esencial: la vulnerabilidad, dimensión intrínseca de la condición humana, no tiene verdaderamente en esta semántica ni función política, ni sentido ético. Por extensión, no existe ninguna filosofía de la víctima.

La semántica moral La segunda semántica, que denominaremos moral, es indisociable del cristianismo y de su período de hegemonía cultural e institucional. La vulnerabilidad humana, tanto en su origen —el pecado original— como en sus sufrimientos ordinarios —el “valle de lágrimas”—, se dota de una significación moral inédita. La vulnerabilidad no sólo se abre entre los cristianos a la cuestión

propiamente moral del bien y del mal, en detrimento relativo de la cuestión propiamente ética predominante entre los griegos (Foucault 1984), sino que se instituye como una realidad humana fundamental, pero distanciada de la política. Por supuesto, la Edad Media produce —en parte reinventa— nuevas figuras del heroísmo: los caballeros andantes, los cruzados, la santidad. Pero, en todos estos casos se trata de un heroísmo ambivalente. No sólo porque la fuerza personal conlleva siempre el reconocimiento de la vulnerabilidad humana —y del estigma del pecado—, sino también porque el renombre que se asocia con la heroicidad está en tensión con el espíritu cristiano de la humildad —esa virtud que, como escribió Agustín de Hipona, se pierde en el momento mismo en que se piensa en poseer—. El escollo de la humildad se volverá una prueba tan difícil para el cristiano como lo fue antes la tentación de la hibris entre los griegos. Pero partamos desde el comienzo. En la semántica moral, la vulnerabilidad humana es insuperable. No hay respuesta desde la ciudad terrestre al problema de la evicción de la ciudad celeste. La vulnerabilidad intrínseca a los hombres —aquella que concierne al alma— no puede tener paliativo alguno en el orden de la política; en última instancia, cualesquiera que sean los compromisos entre los dos mundos, el objetivo final del cristiano es la salvación del alma, y, ante ello, la política —la ciudad terrestre— es irrelevante. Desprovista de toda función propiamente política, la vulnerabilidad humana se dota de una pluralidad de sentidos morales: en su origen —el pecado original—, así como en sus manifestaciones ordinarias (pobreza, humildad, dolor, sacrificio). En clara divergencia con la semántica excluyente, en el universo cristiano la vulnerabilidad es, así, omnipresente en las representaciones artísticas (pictóricas o musicales), en las ceremonias religiosas y en los rituales. Nada lo expresa mejor que la Pasión de Cristo y su muerte en la Cruz para redención de la humanidad. La civilización cristiana le da un sentido moral inequívoco a la vulnerabilidad. Los humildes, los olvidados, los pobres, los últimos (lo que hoy en día se denomina las “víctimas”): es hacia ellos que se dirige, antes que nada, el amor de Dios. Este es el corazón del cambio entre las dos semánticas. El sufrimiento humano se dota en este universo de un sentido moral. En este punto, Nietzsche no se equivocó: es la valorización del sufrimiento lo que subyace al paso de la “moral de los señores” (la Antigüedad) a la “moral de los esclavos” (la era cristiana). Por supuesto, esta actitud ni extirpó la crueldad ni evitó las guerras entre reinos cristianos. Pero dotó al sufrimiento de un sentido moral, sin otorgarle función política. La piedad, la compasión, el perdón, el arrepentimiento, la penitencia, el castigo, otra vez la humildad, se dotan de significaciones morales. Detrás de esta valorización Semánticas históricas de la vulnerabilidad | Danilo Martuccelli

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del sufrimiento se impone la idea, de índole moral y no política, de una común humanidad de las almas, en claro contraste con lo que más tarde enunciará la igualdad ciudadana moderna (Rosanvallon 2011). La semántica moral de la vulnerabilidad produce una figura particular y ambivalente del heroísmo y de la víctima, la del testimonio. Como señala Daniélou (1985 [1963]) en su interpretación de los primeros mártires, lo excepcional es que siendo individuos ordinarios, la fe les haya dado la fuerza de encarar con serenidad la muerte y el sacrificio. Difícil expresar mejor el carácter moral y trascendente de la vulnerabilidad de los cristianos y su orientación en última instancia hacia otro mundo. El castigo, la punición, la contrición, sobre todo el combate —permanente— contra la tentación del pecado, signan la vida del cristiano y su particular concepción moral de la vulnerabilidad, como lo muestran cabalmente las hagiografías de los santos (Gourevitch 1997). La vulnerabilidad humana, inseparable del pecado original, lleva, así, a una valorización, plena de ambivalencia, del sufrimiento de las víctimas. El dolor y las penas ordinarias de la vida son el fruto del castigo divino al pecado humano, y al mismo tiempo son el camino, el único camino, hacia la redención. La vulnerabilidad es consecuencia y expiación del pecado. Por supuesto, si el término en sí mismo —vulnerabilidad— no es empleado casi en este período, su sentido es evocado plenamente. Pero, y aquí está lo esencial, en esta semántica la fragilidad humana tiene un fuerte sentido moral, pero una muy escasa función política.

La semántica voluntarista Con el advenimiento de los tiempos modernos, la vulnerabilidad será objeto de otra semántica. En la raíz de esta nueva visión se encuentran la sensibilidad del Renacimiento, tanto hacia la naturaleza como hacia el hombre (Burckhardt 2012 [1860]), y una exaltación inédita, luego de siglos de cristianismo, de la vida y sus placeres terrenales. Esta nueva actitud dará lugar en el siglo XVII a un nuevo modo de conocimiento, la ciencia moderna, capaz de desentrañar las leyes del universo, y que estimulará una voluntad prometeica, gracias a la técnica, de dominio de la naturaleza (Toulmin 1992 [1990]). A esta primera gran transformación se añade la entronización de una nueva concepción de la política —en gran parte a través de las revoluciones de los siglos XVII y XVIII—, en cuanto ámbito por excelencia de ejercicio de la soberanía y voluntad humanas (Arendt 1985 [1963]). Detengámonos un instante en estos dos procesos. Empecemos por la segunda modificación. En la raíz de la política moderna se encuentra una valorización política inédita de la vida humana. El nacimiento del individualismo y del liberalismo moderno es inseparable de la

voluntad de preservar la vida humana en cuanto objetivo central del Estado (Strauss 1986 [1954]). Hobbes, en 1651, lo enuncia claramente en el Leviatán (2005): es el miedo a una muerte violenta a manos de otros hombres, por la avidez de los bienes, lo que funda el pacto político moderno. O sea, en este universo, la vulnerabilidad humana y el peligro a la que esta se ve sometida en la vida social —“el hombre es un lobo para el hombre”— tienen una función política, al mismo tiempo que pierden sentido moral. El sufrimiento, el dolor, la muerte, pierden progresivamente todo valor ético, al punto que el objetivo central de la biopolítica en las sociedades modernas devendrá en “hacer vivir y dejar morir” (Foucault 2004). Una actitud bien reflejada en el predominio creciente de la economía en los tiempos modernos. Esta transformación de los fines de la política, y del voluntarismo que la sostiene, se prolonga y se imbrica con el proyecto de la técnica moderna. El crecimiento exponencial de la capacidad para yugular los fenómenos naturales produce un orgullo prometeico inédito en el siglo XIX y buena parte del siglo XX. Por supuesto, salvo en versiones extremas, nunca se pensó en realidad en lograr eliminar la vulnerabilidad intrínseca de los humanos. Sin embargo, bajo la impronta del Progreso se pensó en poder erradicar las enfermedades o las epidemias, poner las sociedades globalmente al abrigo de las catástrofes naturales, explayar —sin límites— el control humano sobre el mundo. El hombre se representó, como nunca antes, como el amo y el señor de la naturaleza. Esta creencia en el poder de la técnica fue tal, que terminó, incluso, por apoderarse de las mentes más atormentadas: Freud (1992 [1929]) y, en su estela, Elias (1993 [1983]) evocarán, así, la realidad de una sociedad en donde el miedo ya no proviene más de los fenómenos naturales sino, esencialmente, de las ansiedades producidas en la vida social. Los vínculos entre estas realidades son decisivos: ambos trazan un programa de dominio extensivo tanto de la naturaleza como de la sociedad. Sin las posibilidades que permitió la técnica —en relación con las revoluciones industriales—, jamás se habría entronizado el ideal de una modernidad conquistadora. Es esta asociación lo que permitió el advenimiento de una nueva semántica, en la cual la vulnerabilidad humana tiene una inequívoca función política —la protección de la vida está en el origen mismo del pacto político—, pero está radicalmente desprovista de todo significado moral. El sufrimiento no tiene más razón de ser; el objetivo civilizatorio central de los tiempos modernos será, por el contrario, superarlo. En esta semántica, el sufrimiento, indisociable de la vulnerabilidad humana, es simplemente “inútil”. Lo que se afirma con esta nueva semántica voluntarista es la creencia inusitada en la capacidad humana de hacer conscientemente la historia, de plegar los hechos —sociales y naturales— a la voluntad colectiva. O sea, en

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el momento álgido de la modernidad conquistadora se impone una semántica voluntarista que pone en cuestión la fatalidad de la vulnerabilidad. Nada lo muestra mejor que las denuncias de injusticia —la existencia de sufrimientos diferenciales entre unos y otros era la prueba misma de la capacidad de un colectivo, si la voluntad se imponía, de poder extirparlos para todos—. La vulnerabilidad humana se vuelve así, en este período, una cuestión de desigualdad social: algo bien reflejado y medido por las tasas diferenciales de mortalidad, morbilidad, seguridad, pobreza. En esta semántica, la vulnerabilidad humana es pues aquello que puede —y debe— ser yugulado, gracias a la acción conjunta. En aras de la consecución final de este ideal —la superación de la vulnerabilidad— fue posible aceptar y justificar los sufrimientos e incluso los crímenes (muchos revolucionarios, desde Condorcet hasta Trotsky, lo hicieron al precio de sus propias vidas). La razón es que, a diferencia de la semántica moral precedente, en donde el dolor es concebido como capaz de generar una virtud e incluso una sabiduría, en esta semántica el sufrimiento no tiene ningún sentido ético y no es objeto de ninguna valoración colectiva. La sociedad moderna se erige contra el sufrimiento y en favor del bienestar. Desprovistas de sentido moral, la vulnerabilidad y su expresión vía el sufrimiento se dotan de una función política inequívoca: puesto que la creencia prometeica supone la posibilidad de vencer la vulnerabilidad, el sufrimiento, todo sufrimiento, tarde o temprano —a menos que se justifique en pro del advenimiento de una sociedad “mejor”—, es juzgado como “gratuito” e “innecesario”. La vulnerabilidad, que en sí misma no tiene ningún sentido moral, posee una incuestionable función política. Es desde ella que se evalúa el interés o no del sufrimiento. La vulnerabilidad se vuelve, en el fondo, “inaceptable” a ojos del Progreso. Cierto, la intrínseca vulnerabilidad humana no se desconoce, pero los sufrimientos son denunciados por lo que conllevan de inaceptable frente al ideal de la modernidad conquistadora. En la semántica voluntarista lo esencial es la instrucción política de la vulnerabilidad humana como una dimensión que es preciso regular, e incluso extirpar.

La semántica performativa En este apartado, al que dedicaremos más espacio, desarrollaremos la hipótesis de una progresiva transición hacia una cuarta semántica. Como veremos, su constitución es el resultado de una profunda transformación de las representaciones a nivel de las capacidades colectivas de control de los fenómenos sociales y naturales, lo que entraña consecuencias mayores en la relación que se establece con las víctimas. Se elabora una semántica performativa que intenta otorgarle simultáneamente un sentido ético y una función política a la vulnerabilidad.

Una modernidad inquieta y vulnerable Las percepciones contemporáneas de la vulnerabilidad son indisociables de la crisis del proyecto de la modernidad conquistadora. Aquello que se pensó que podía ser, si no necesariamente superado, por lo menos ampliamente regulado “regresa” con fuerza. Desde el informe del Club de Roma (Meadows et al. 1972), un rol inédito le toca a la ecología en esta inflexión. El entorno natural se representa como un ámbito que se sustrae a las capacidades de control humano. Cierto, muchos desafíos ecológicos son percibidos como una consecuencia de las acciones humanas (como el recalentamiento climático, el pillaje de recursos no renovables o, en parte, la proliferación de bacterias resistentes). Pero no por ello el cambio es menos profundo, como ejemplifica la fuerza que el imaginario de la catástrofe ecológica ha tomado en las últimas décadas (Diamond 2006 [2005]; Dupuy 2002; Martuccelli 2014b). Afirmaciones como las citadas unas líneas antes de Freud y Elias se han vuelto extemporáneas. Un proceso análogo es observable del lado de los fenómenos sociales. En todas partes, incluidas las denominadas sociedades “centrales”, que habían terminado autorrepresentándose como más o menos inmunes a ciertos problemas o, en todo caso, que los representaron como estando en declive (guerras, desregulaciones económicas y cracs bursátiles, inseguridad urbana y violencia, miseria, fin de la tortura y de la crueldad, violación de los derechos…) tienden cada vez más a percibir todos estos fenómenos como inamovibles e incluso inevitables. Por supuesto, las representaciones de estos fenómenos son muy diferentes, pero, en todos los casos, lo que se deshace es la visión de una modernidad conquistadora, y tras ella, la formación de otra semántica de la vulnerabilidad. En este proceso de reconstrucción, otras nociones afines tienen un rol importante, como el principio de responsabilidad (Jonas 2009 [1979]) o las nociones de sociedad del riesgo (Beck 2001 [1986]) y de la vida precaria (Butler 2005 [2004]). Por vías distintas se impone una concepción infinitamente más relativa y humilde de las capacidades de control del entorno natural y social. En todos los casos, para poder actuar (en verdad, reaccionar) hubo antes que haber sido “herido” o por lo menos ser consciente de poder serlo. El imaginario moderno del poder se trastoca: el control se convierte en una cuestión de reactividad. O sea, existe primero una experiencia de vulnerabilidad, y luego, sólo luego, una respuesta posible. Incluso cuando la reactividad permite controlar los fenómenos, la representación de esta forma de poder no presupone más la posibilidad de eliminar la vulnerabilidad. Una nueva era se instala, así, en el núcleo de nuestros dispositivos de representación colectivos a medida que se imponen la evaluación de los riesgos, el lenguaje de las probabilidades y el imaginario de la reactividad (Martuccelli 2010). Esta toma de conciencia se acompaña de una Semánticas históricas de la vulnerabilidad | Danilo Martuccelli

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representación paradójica del poder y de las capacidades de acción de los grandes actores sociales (Naím 2014 [2013]): nunca el poder se extendió tanto por el mundo; nunca ha sido percibido como tan impotente frente a ciertos desafíos. Sobre esta toma de conciencia de las limitaciones humanas se impone un nuevo imaginario colectivo que subraya la necesidad de “cuidar”, “acompañar”, “reparar” los daños. La reconceptualización del Estado-providencia, desde una lógica de gestión de riesgos (Ewald 1986) a una concepción en torno al care social, es emblemática de este proceso (Tronto 2009 [1993]). Al “viejo” ideal de una sociedad justa se le añade el ideal de una sociedad decente, o sea, una sociedad que, sin menoscabo de las desigualdades, intenta evitar la humillación innecesaria de los individuos (Margalit 1996). Más allá de la cuestión —casi imposible de dirimir— de saber si hay o no un incremento “objetivo” de las vulnerabilidades, lo importante reside pues en la transformación de la conciencia histórica. Más que un mundo gobernado por la pura impotencia —o el capricho de las entidades invisibles—, lo que se impone es la representación de una exposición permanente al horror (Cavarero 2007). Este sentimiento multiforme de exposición tiende a convertirse en el común denominador del imaginario de la época actual. Por supuesto, en la toma de conciencia de esta vulnerabilidad, las diferencias son mayúsculas entre los países y los grupos sociales (clases, género, edades). Pero más allá de estas diferencias se impone progresivamente una nueva concepción. La toma de conciencia de las interdependencias globalizadas entre los fenómenos hace que la vulnerabilidad se represente como insuperable y recurrente.

El rostro plural de las víctimas Este cambio a nivel de la conciencia histórica, en lo que concierne a la vulnerabilidad, conlleva una profunda transformación en la relación que se entabla con las víctimas. Por supuesto, esta varía en profundidad según los países (y las víctimas); sin embargo, es posible indicar tendencias comunes. a. El primer cambio se registra a nivel de la condición de víctima. El estatus de víctima se convierte, como nunca antes, en objeto de un trabajo colectivo. En el fondo, no se “es” una víctima; el convertirse o no en una víctima es el resultado de una estrategia social. Detrás de la explosión de los testimonios (memorias, juicios, obras de arte) o de las prácticas de victimización, lo importante es aprehender los nuevos usos sociales y políticos que se otorgan a la “condición de víctima” (Fassin y Rechtman 2007). Si el actor es por lo general juzgado como inocente, ser una víctima no implica ninguna “etiqueta pasiva”. Por el contrario, se insiste en el hecho de que se trata de

una dimensión que los actores tienen o tienden a apropiarse de múltiples maneras. Esto es lo esencial: si las “causas” de su condición de víctima le son muchas veces ajenas, las “consecuencias” dependen ampliamente del actor. La panoplia de respuestas es muy amplia. Incluye, por ejemplo, el trabajo de la memoria, la presencia en el espacio público, demandas de reparación, reconocimiento o indemnización —estrategias que involucran por lo general a actores colectivos, ONG, movimientos ciudadanos y de DD. HH.—. Pero también incluye estrategias por las que ciertos actores-víctimas rechazan el apelativo —como es el caso de ciertas mujeres violadas en el marco de conflictos armados, que prefieren no denunciar los crímenes sufridos porque piensan que ello facilitará su reinserción futura en sus comunidades de origen (Agier 2009)—. Otras veces, por razones de autoestima o de vergüenza colectiva de una comunidad (Robin 2016), los actores deciden enfrentarse, vía un silencio estratégico, al daño sufrido. Otras veces, con el fin de obtener un derecho —o una ayuda—, los actores deben constituir un expediente pero deben, también, producir una justificación de sus reclamos a través de un relato en el cual, muchas veces, los infortunios de la vida y los sufrimientos corporales tienen una función mayor (Fassin 2004). La demanda —a veces la “súplica”— interpela, en nombre de los sufrimientos padecidos, a la compasión. Cuando el proyecto de regulación de la vulnerabilidad, propio de la modernidad conquistadora, cesa de ser un horizonte y se impone la necesidad, ética y política, de reparar y acompañar a las víctimas, esto exige poder reconocerlas, precisamente, en cuanto víctimas. Esta necesidad performativa se convierte en el centro de esta nueva semántica: potencialmente, todos los individuos, en cuanto sujetos, son vulnerables. Lo esencial se juega entonces en la manera en que son —o no— reconocidos y se hacen —o no— reconocer como víctimas. Es porque todos somos conscientes de poder ser potencialmente víctimas de un destino maléfico, que se imponen la identificación, la compasión, el temor o el reconocimiento. En todo caso, la semántica performativa considera posible construir un sentido ético y una función política en torno a la visibilidad de la vulnerabilidad. b. La transformación del régimen de historicidad actual (Hartog 2003; Koselleck 1990 [1979]) también permite entender la modificación de la capacidad de escucha de los colectivos. Si el carácter falaz de la afirmación de Pollak (2000) sobre el silencio de las víctimas de los campos de concentración es hoy reconocido, había en este análisis, empero, algo de justo: lo importante no residió en la imposibilidad del testimonio —lo indecible del horror de los campos— sino en la voluntad de las sociedades, tras la Segunda Guerra

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Mundial, de no escuchar a las víctimas. La situación contemporánea, no sin ambigüedades, es distinta. O sea, para comprender el proceso de construcción de la víctima es preciso interesarse no sólo en las estrategias de los actores, sino también en las actitudes de recepción de las sociedades (Gatti 2008). Mientras más se reduce la confianza en la capacidad de hacer y cambiar el curso de la historia futura, más se incrementan la valoración de las víctimas y la preocupación por la historia pasada. Es porque la vulnerabilidad se representa como inextirpable y recurrente que es preciso repararla, reconocerla, indemnizarla. Es porque se impone la idea de la imposible erradicación de la miseria, del crimen, del abuso, que se vuelve imperioso, como una manera de paliar esta injusticia constitutiva de la vulnerabilidad humana, publicitar el destino de las víctimas. Esta es la razón profunda por la que el tema de la visibilidad de las “víctimas”, en sentido estricto o amplio del término (minorías, dominados, explotados, refugiados…), se impone por doquier: en los medios de comunicación de masas (Macé 2006), en los análisis de la sociología (Bourdieu 1993) o en las políticas de la memoria (Hartog 2013). La vulnerabilidad deja de ser un mero objeto de discusión política o moral; se “humaniza”, se la percibe desde la experiencia y a escala de las víctimas. La vulnerabilidad, sobre todo, se representa a la vez como irreductible e inaceptable. Nada de extraño, por ello, que la cuestión de los sufrimientos de las víctimas desplace a la antigua temática de la denuncia política. Si las raíces civilizatorias de origen cristiano tienen un rol plausible en este proceso, lo esencial empero es que en las sociedades contemporáneas (y no en las pasadas), la vulnerabilidad —y el sufrimiento— se dota de un sentido moral inédito. La vulnerabilidad, vía el sufrimiento, se percibe como una prueba ética y un camino de conocimiento de sí mismo. Es bajo esta modalidad que la víctima —el que sufre, el vulnerable— es depositaria de una valoración colectiva. Ser una víctima pudo ser antaño una tragedia personal, tal vez incluso una injusticia colectiva, pero, en el marco de la modernidad conquistadora, esta condición no tenía en sí misma ningún “sentido” propiamente ético. Es esto lo que cambia. La condición de víctima da a veces derechos, otras veces un reconocimiento, en todos los casos, un aura específica de humanidad e incluso de heroísmo, la sospecha de un acceso —vía el sufrimiento o el agravio— a una forma encarnada de la verdad. La frase se ha vuelto un elemento de sentido común: frente a los infortunios de sus vidas, muchos individuos dicen haber ganado humanidad y profundidad existencial. Las sociedades deben escuchar el testimonio de las víctimas porque expresan uno de los rostros actuales de la capacidad

de resiliencia de los individuos ordinarios frente a los horrores de la historia. c. La articulación de estos procesos da forma a una semántica propiamente performativa y a un conjunto de efectos perversos. Si toda semántica es indisociable de un modo de representación, sólo en la semántica actual la vulnerabilidad se conjura y enfrenta desde un trabajo propiamente performativo. En la base de esta perspectiva se encuentra la convicción, propia de una sociedad globalizada interdependiente, fuertemente marcada por el individualismo igualitario moderno, de que la vida de cualquier otro puede ser la propia. Si la tragedia griega fue un arte político que puso en escena la Polis y sus dilemas, la ficción contemporánea y los medios de comunicación de masas exponen masivamente las vicisitudes ordinarias de las vidas ajenas (Bodei 2013; Glevarec 2012). No es un asunto menor. Se constituye una estética en la que, mientras más visibles se hacen las vulnerabilidades ajenas, más se refuerza la conciencia de la propia vulnerabilidad. Sin embargo, esta construcción performativa de la condición de víctima se encuentra en la base de una de las grandes dificultades de la semántica actual de la vulnerabilidad. En efecto, la identificación con la víctima nunca es inmediata: la reacción moral no se produce ante la mera visión de imágenes de sufrimiento (Boltanski 1993; Sontag 2003). En medio de una intensa cohabitación cotidiana con la vulnerabilidad, en la cual se mezclan entre sí todas las vulnerabilidades (ecológicas, políticas, económicas, sociales…), y en ausencia de un horizonte de superación colectiva, la semántica performativa produce, en un solo y mismo movimiento, formas específicas de acción y de abulia. Por supuesto, las imágenes del horror siguen suscitando, al menos en un primer momento, una reacción política o moral (cómo no evocar la foto, en el 2015, del cuerpo inerte del pequeño Aylan en una playa europea). Se consolida así en las sociedades actuales una indiferencia de un nuevo cuño frente al sufrimiento ajeno. Las últimas décadas del siglo XX fueron el teatro de una metástasis de imágenes y discursos sobre el sufrimiento humano ante la cual es preciso rendirse a la evidencia. La opinión pública está cada vez más informada y es cada vez más, sino indiferente, por lo menos insensible al dolor ajeno. La consolidación de una semántica performativa de la vulnerabilidad coincide, en este sentido, con el advenimiento de un mundo en donde el conocimiento alimenta una impotencia voluntaria (Sloterdijk 1987 [1983]). El conocimiento no desencadena necesariamente la acción, por vía de la indignación o de la condena moral; por el contrario, muchas veces es movilizado como una manera de autopersuadirse colectivamente acerca de la imposibilidad de hacer algo —dada Semánticas históricas de la vulnerabilidad | Danilo Martuccelli

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la talla de los desafíos de la miseria, los refugiados o las catástrofes— o, más cínicamente, del interés de no hacer nada, dados los costos que ello supondría (Bauman 1993; Martuccelli 2002). Uno de los principales dilemas de la semántica performativa es cómo hacer para que el sufrimiento ajeno nos “toque”, en un mundo en donde los ciudadanos están expuestos a tres mil mensajes comerciales por día. ¿Cómo hacer para evitar la “competencia de las víctimas” entre sí (Chaumont 1997)? Es dentro de este marco como hay que entender el sentido último de la pregunta de Butler (2005 [2004]): ¿Qué muertes podemos hoy llorar y cuáles no? Es casi inútil decirlo: la “regresión” moral con respecto al diálogo, ante el cadáver de Héctor, entre Aquiles y Príamo es flagrante.

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Si la desesperanza y la tragedia nos chocan, la desnuda humanidad es insuficiente para producir un compromiso moral y social. Para que la vulnerabilidad suscite una forma de acción es preciso que el impacto comprensivo establezca una similitud social (y no sólo humanitaria) entre los individuos. El mejor ejemplo de esta perspectiva se encuentra en el feminismo que ha sabido, tanto a nivel nacional como internacional, entre mujeres próximas o distantes, construir una representación capaz de establecer resonancias entre situaciones plurales y diferentes. A pesar de las diferencias entre experiencias de vida o de intereses, el feminismo —como antes el movimiento obrero— ha sabido construir un horizonte de significación capaz de dar un sentido ético y una función política a las “víctimas”, en verdad, a la dominación y a la explotación. La lección es evidente: la estética de la victimización (o de la injusticia) sólo obtiene sentido en el marco de una gramática política que no puede forjarse desde la pura exposición del sufrimiento humano per se.

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En resumen: a medida que se debilitó el proyecto voluntarista de hacer la historia se consolidó una semántica performativa que impone el desasosiego humano como gran horizonte de percepción de la vulnerabilidad. Al concebirse como inextirpable y recurrente, al mismo tiempo que se dotaba de sentido ético y función política, la vulnerabilidad parece no tener otro destino que el de su reconocimiento. Tratar de expiarla, individual y colectivamente, gracias al trabajo de la memoria y la reparación. Algo que muchas veces, dada la impotencia colectiva, degenera en obscenidad visual.

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Víctimas del miedo en la gubernamentalidad neoliberal

Pilar Calveiro* DOI: https://dx.doi.org/10.7440/res59.2017.11

Diferentes autores registran con sorpresa, y algunos con cierta molestia, la multiplicación de la figura de la víctima, asociada a las más variadas circunstancias de causa, tiempo y lugar (Gatti 2016, 118). En la mayor parte de las sociedades del mundo global emerge una enorme diversidad de víctimas de diferentes catástrofes, que hacen sus reclamos por todas partes. Esto se puede pensar como una suerte de búsqueda de legitimidad a partir de la identificación de la persona como víctima de algo, una victimización generalizada —a falta de otro recurso— que mezcla y enreda cuestiones de muy diverso orden: políticas, mafiosas, de género, ambientales, étnicas, generacionales. Pero también se puede considerar a partir de la ampliación de las violencias en campos muy variados, cada una de las cuales genera sus propios desastres. El entremezclamiento de víctimas de fenómenos muy distintos se puede entender como producto de la difuminación de las fronteras entre centro y periferia, público y privado, legal e ilegal, que se verifican en el momento actual. Sin embargo, para entender procesos indudablemente conectados, pero también diversos, es necesario precisar, poner nombre y apellido —es decir, coordenadas espaciales y temporales— cada vez que hablamos de “la víctima”, si es que queremos entender algo. Por el contrario, referirnos a “la víctima” o “las víctimas”, en sentido genérico, es tan vano como hablar de “la violencia” o “el miedo”, sin más. Por ejemplo, las víctimas de desaparición forzada en el México actual son muy distintas y reclaman una atención diferenciada de las víctimas de desaparición forzada en los años setenta en el mismo país, o de las del reciente sismo en Ecuador. Es preciso, entonces, empezar por hablar de las víctimas, en plural, para situarlas en las coordenadas específicas —víctimas de qué, cuándo y dónde— que nos permitan hacer las distinciones necesarias para comprender.

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Doctora en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. * pilarcal2008@gmail.com

El problema del agrupamiento arbitrario de fenómenos diferentes dentro de una misma categoría no es nuevo. Tales generalizaciones entremezclan y confunden problemáticas complejas creando figuras difusas —como ocurrió con la de subversivo en los setenta y, más recientemente, con la de terrorista—, en las que casi todo cabe. La homologación de asuntos muy diversos ha sido una de las estrategias privilegiadas para la trivialización y normalización de cuestiones complejas que interpelan a las redes del poder político y económico (Calveiro 1998 y 2012). Así, por ejemplo, en México se entremezclan artificiosamente, bajo la categoría de la “desaparición”


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—sin más—, víctimas de las redes criminales o del Estado, pero también personas con paradero desconocido, o extraviadas. Todo ello encubre la decisión política de no especificar ni señalar la gravedad de la desaparición forzada como tal, con la consecuente responsabilidad directa o indirecta del Estado. De manera semejante, las reflexiones sobre “las víctimas” en general no permiten identificar, visibilizar y distinguir las grandes violencias de nuestro tiempo y las masas específicas de población sobre las que estas impactan. Pensar desde la proliferación de “las víctimas” puede llevar a confundirlas entre sí bajo el inexistente “la víctima”, trazando un recorrido ambiguo que, tras evidenciar la multiplicación de quienes se reconocen como tales —en algún sentido—, nos impida apreciar el crecimiento, de hecho, de la población que está sujeta a violencias precisas y crecientes, que ejercen actores perfectamente identificables, como ocurre en los casos de la migración forzada por miseria o por guerra, o del desplazamiento forzado de comunidades enteras en los procesos de apropiación por desposesión de vastos territorios. Es decir, propongo aquí que lo que prolifera no es el discurso sobre las víctimas o cierta “necesidad” maníaca de construirse como víctima para encontrar reconocimiento, sino las víctimas efectivas de violencias radicales y proliferantes que tienen nombre y apellido: víctimas del desplazamiento por la ocupación militar de territorios, víctimas del desplazamiento por la ocupación de territorios por parte del crimen políticamente organizado, víctimas de acciones militares en el contexto de la guerra antiterrorista y de la guerra contra el crimen organizado, víctimas de ejecuciones extrajudiciales por Estados específicos, y así sucesivamente. Baste decir que, según Acnur (2016), el número de refugiados, desplazados internos y solicitantes de asilo en el mundo alcanzó en 2015 la cifra récord de 65.300.000.

Nuevo orden: violencias y víctimas El mundo actual reúne un sinnúmero de amenazas —ecológicas, nucleares, bélicas, mafiosas, sociales— en expansión, cada una con sus respectivas violencias. En efecto, la amenaza se percibe como tal, y es capaz de atemorizar, cuando se ha probado de manera directa o indirecta su capacidad destructiva. Por lo tanto, la sensación de peligro y el temor a convertirse en víctima de alguna de estas violencias no se pueden explicar simplemente desde un registro subjetivo y algo paranoico, sino que comportan también un sentido de realidad bastante desarrollado. Es posible afirmar que existe una ampliación de ciertas amenazas —a la vez que la sobreexposición de otras—, lo que da lugar a la sensación de peligro que conlleva también una ampliación del miedo social. Amenazas, sensación de peligro, miedo, son producto de violencias específicas del mundo global, que contradicen el discurso pacificador, flexible y tolerante que ostentan incluso los Estados más abiertamente represivos.

Es posible afirmar —con Bauman (2007), Lechner (1999), Reguillo (2006) y otros— que nos encontramos en una época “umbral”, frente a un cambio civilizatorio de grandes dimensiones que no ha concluido. Desde la teoría política, este cambio se puede pensar como una reorganización hegemónica gigantesca, de carácter global, que conecta lo internacional, lo nacional y lo local de maneras novedosas. Quiero decir, por ejemplo, que lo local puede impactar y conectar con lo global sin pasar previamente por lo nacional, y que fenómenos “menores” pueden incidir de manera significativa sobre los de mayor escala, como ocurre, por ejemplo, con los procesos autonómicos. Al hablar de reorganización hegemónica me refiero a la articulación de diferentes actores —locales, nacionales y supranacionales— en torno a un proyecto económico, político, intelectual y de construcción de subjetividades —la globalización neoliberal— capaz de imponerse y, simultáneamente, de encontrar y construir consensos. Implica la combinación de fuerza y consenso, así como la construcción de discursos que buscan la adhesión social a un determinado sistema de valores, a una concepción del mundo creíble, aceptable y congruente con el proyecto general. Sigo, por lo tanto, la idea propuesta por Antonio Gramsci, según la cual la hegemonía no es simple dominio ni puro consenso (1975, 165), sino que organiza ambas dimensiones del poder político. Por ello, su ejercicio no involucra sólo a las instancias organizadoras del poder social, sino que penetra profundamente en las visiones del mundo aceptadas por amplios sectores de la sociedad (Calveiro 2012, 12-13). Si pensamos el cambio civilizatorio actual como una reorganización de la hegemonía —ya no a nivel nacional sino en un rango planetario—, esta se revela como proyecto del capitalismo tardío, corporativo, fuertemente financiarizado, de orden supranacional, neoliberal en sus prácticas y sus valores, formalmente democrático y acompañado de fuertes transformaciones en la construcción de las subjetividades y en las representaciones del tiempo y el espacio. Como toda instauración hegemónica, el nuevo orden recurre al uso de la violencia para imponer las condiciones de posibilidad efectiva de su proyecto, a la par que construye nuevos imaginarios. Y lo hace a través de dos tipos de violencia: 1) La creación de escenarios bélicos que, en cuanto tales, habilitan un uso de la fuerza excepcional por parte de las instancias estatales supranacionales,1 así como por parte de los Estados alineados

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Me refiero a los organismos supranacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que desempeñan las funciones propias del Estado-nación (establecimiento de políticas de carácter obligatorio, monopolio del uso de la fuerza militar, control de la seguridad, etcétera) pero con un rango de acción global. Víctimas del miedo en la gubernamentalidad neoliberal | Pilar Calveiro

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con el nuevo orden global, principalmente a través de dos “guerras”: la antiterrorista y la guerra o lucha en contra del “crimen organizado”. 2) La profundización de diferentes violencias estructurales, tan directas y letales como las “guerras”. Ambas modalidades crean millones de víctimas de violencias directamente estatales en todas las regiones del planeta. La “guerra antiterrorista” permite plantear un escenario bélico que da curso, en primer lugar, a la ocupación de territorios sobre los cuales existen ambiciones de control o disciplinamiento —político o económico— por parte de las potencias centrales. Esta “guerra” no ha hecho más que potenciar el problema, incrementando el número de sus víctimas, principalmente civiles, tanto en los países invadidos o bombardeados por Occidente como en los que sufren atentados de esos grupos criminales, cuya inmensa mayoría han ocurrido como represalia de la “guerra”. Por su parte, la llamada guerra o lucha en contra del crimen organizado presupone, como la antiterrorista, la existencia de dos campos enemigos; en este caso, las redes delictivas y el Estado. Muy por el contrario, en los países donde esta lucha es más violenta, como México o Colombia, existen claras evidencias de la asociación de las redes criminales con fracciones del aparato estatal, así como con políticos y empresarios, sin cuyo recurso serían imposibles su proliferación y la impunidad de la que gozan. Como en la lucha antiterrorista, la declaración bélica no ha hecho más que profundizar el problema. No obstante, la “guerra” ha tenido claras utilidades políticas. Dada la enorme violencia que genera, así como su manejo mediático, ha propiciado una fuerte demanda poblacional de seguridad, ha colocado este rubro como prioridad política y ha habilitado una ampliación de las atribuciones violentas del Estado, con la consecuente restricción de derechos y garantías. Ambas “guerras” son una construcción de los mismos poderes que las declaran, principalmente por tres motivos: 1) dichos poderes, estatales y privados, han estado y siguen estando involucrados con los grupos “enemigos” por fuertes redes de interés —Estados Unidos con Arabia Saudita, que financia buena parte de los grupos terroristas, así como los Estados mafiosos con las redes criminales que dicen combatir, por señalar un par de casos—; 2) problemas inicialmente secundarios, que podrían haber sido afrontados de diferente manera, se presentan y se abordan bajo una lógica bélica; 3) la guerra permite crear estados de excepción y, así, “legitimar” el uso creciente de la violencia estatal a nivel nacional e internacional y generar políticas de miedo, útiles para el control poblacional. Estas “guerras” generan una enorme cantidad de víctimas de distintos tipos: víctimas civiles de las ocupaciones, víctimas civiles de los atentados terroristas o mafiosos, víctimas civiles de los abusos de los ejércitos

y fuerzas de seguridad. Es decir, una enorme cantidad de afectados, principalmente ajenos a los grupos armados —públicos o privados—, cuyas características sociales, étnicas y numéricas es necesario diferenciar para entender los fenómenos que las ocasionan. Por otra parte, la violencia estructural de nuestras sociedades no es menor. En la fase actual, el capitalismo realiza una acumulación y concentración enorme de recursos, mediante la incorporación de flujos provenientes de actividades ilegales —como el tráfico de armas, drogas, personas, órganos— a los circuitos de la economía legal. Los recursos que se generan por estas actividades se integran por distintas vías a la economía formal, una de las cuales es el blanqueo de capitales a través de las “guaridas” fiscales, alimentando los circuitos de acumulación. Esos recursos, que se reintegran a la economía legal como parte de las firmas “respetables”, provienen de enormes violencias. De allí que algunos autores definan esta fase de acumulación como “capitalismo criminal” (Estrada 2008). Asesinatos, secuestros, esclavización de personas, desplazamiento forzado de poblaciones que habitan territorios codiciados por sus recursos, y todas las formas de acumulación por desposesión, son otras modalidades de violencia, con alta responsabilidad de los Estados nacionales. Sus víctimas, principalmente indígenas y migrantes, son grandes segmentos de la población que han sido abandonados a su suerte, sin que autoridad o derecho alguno responda por ellos, en un verdadero estado de excepción. De hecho o de derecho, no se les reconoce ciudadanía alguna, no se los considera parte del cuerpo político del “pueblo”. Orillados a la condición de nuda vida, de puro cuerpo biológico, reclaman, en cuanto víctimas, su derecho básico a la vida, frente a un Derecho que no los reconoce como sujetos jurídicos. La negativa de facto de la condición ciudadana los convierte en víctimas del Estado y de otros poderes protegidos por él. Así, este nuevo orden genera, en los hechos, una gran cantidad de víctimas de distintas violencias, víctimas que no desearían ser víctimas, ni sienten ningún encanto de serlo.

Micropolítica del miedo El nuevo orden global se gestiona a través de una gubernamentalidad oligárquico-neoliberal, que sólo formalmente se presenta como democrática, ya que, en los hechos, constituye el gobierno de los ricos. Como ya lo señaló Michel Foucault, la gubernamentalidad neoliberal, en particular la proveniente de la Escuela de Chicago, implica nuevas formas de abordar “los problemas específicos de la vida y la población” (Foucault 2008, 366). Por un lado, se basa en extender la racionalidad de mercado, y más propiamente la empresarial, a ámbitos no prioritaria ni exclusivamente económicos como la familia, la natalidad, la delincuencia y la política penal (Foucault 2008, 365). Todos ellos, así como las

rev.estud.soc. No. 59 • enero-marzo • Pp. 134-138 • ISSN 0123-885X • e-ISSN 1900-5180 · DOI: https://dx.doi.org/10.7440/res59.2017.11


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esferas política y cultural, han ido quedando sujetos a la racionalidad económico-empresarial (y principalmente corporativa) que retrae lo público al espacio privado, a la lógica de acumulación, y restringe toda clase de garantías. Por otra parte, esta gubernamentalidad enlaza economía, población y seguridad con “técnicas y procedimientos destinados a dirigir la conducta de los hombres” (Foucault 2008, 365). En este sentido, propicia individualidades aisladas, anestesiadas y temerosas. Aisladas, porque impone el individualismo a ultranza desmantelando lo colectivo; anestesiadas, porque naturaliza diferentes prácticas de crueldad estatal y no estatal; temerosas, porque propicia la autopreservación a partir del miedo y la sospecha respecto a los otros. Se puede decir, entonces, que la reorganización de la que hablamos enlaza transformaciones de distinto orden, que forman “un conjunto inseparable productivo-económico-subjetivo” (Guattari 1996, 43) en constante y veloz transformación. Esta metamorfosis general comprende procesos de reorganización y desorganización simultáneos, que alcanzan al Estado. Por una parte, las atribuciones de la antigua soberanía estatal escalan al rango global, concentrando el poder militar y las decisiones económicas, jurídicas y sociales —incluso la política monetaria— en organismos supranacionales cada vez más poderosos, a la vez que los gobiernos se convierten en el “ejecutivo” de dichos organismos, y rara vez en representantes de sus respectivas sociedades. Por otra, los Estados-nación pierden autonomía y se fragmentan por las presiones supranacionales pero también por diferentes poderes locales que adquieren autonomía, a veces desafiándolos y a veces negociando o pactando con ellos. Se crean así espacios territoriales soberanos, dentro del Estado, gestionados en ocasiones, por autonomías comunitarias y, en otras, como bien lo señala Segato (2016), por poderes de carácter “señorial”, que administran la vida y la muerte con altas dosis de arbitrariedad y crueldad, como ocurre en los territorios controlados por las redes político-mafiosas. A pesar de las pretensiones de totalización del sistema global, él mismo crea fragmentaciones que dan lugar a numerosas fisuras por las cuales se filtra lo local, que adquiere ahora una relevancia imprevista. Al respecto, Veena Das advierte que es importante considerar las manifestaciones del Estado en el ámbito local —y habría que agregar, también, de lo local en lo estatal—, no como desviación o distorsión sino como constitutivas del Estado liberal moderno. El desorden y la pertenencia parcial que se pueden observar en los márgenes del Estado son condición necesaria de su subsistencia (Das y Poole 2008, 6-7). De manera que no desaparece en los bordes, ni tampoco su responsabilidad. Más bien admite, tolera, pacta, autonomías por mutua conveniencia. Podríamos decir que algo semejante ocurre con las violencias locales, que, aunque

relativamente autónomas, se articulan de distintas formas con las estatales. A su vez, el Estado-nación se vuelve titubeante ante la vigilancia del mercado y restringe sus funciones a las áreas administrativa y represiva, enarbolando el discurso de la seguridad que le imponen las potencias centrales y los mercados. Gilles Deleuze sostenía que la macropolítica de la seguridad se corresponde con la micropolítica del miedo y el terror, que se practica sobre todo en ámbitos locales y periféricos. “La administración de una gran seguridad molar organizada tiene como correlato toda una microgestión de pequeños miedos, toda una inseguridad molecular permanente, hasta el punto de que la fórmula de los ministerios del interior podría ser: una macropolítica de la sociedad para y por una micropolítica de la inseguridad” (Deleuze 1988, 220). Miedo y terror se expanden, afectando tanto lo local como lo nacional y lo regional, aunque en cada espacio lo hacen de distintas maneras. Al respecto, es posible considerar que ambos, miedo y terror, son tecnologías propias de la reorganización en curso. Le resultan funcionales pero, sobre todo, le resultan necesarias como instrumento de control. Por ello se los alienta y utiliza políticamente, se los administra. El miedo a violencias de una crueldad espectacular y muchas veces incomprensible —como la terrorista y la mafiosa—, cuya articulación con los propios aparatos estatales se encubre, alienta los reclamos de seguridad, que rápidamente retoman las políticas securitarias para instaurar prácticas de excepción, que restringen los derechos civiles y amplían las atribuciones violentas del Estado. Aunque de distintas maneras, todos somos blanco —y víctimas— de las políticas del miedo. Esto no nos convierte, de ninguna forma, en sujetos pasivos. Somos objeto de estrategias políticas que alientan en nosotros el miedo pero, al mismo tiempo, tenemos la capacidad de comprenderlas, deconstruirlas y actuar. Así como hay evidencia de las políticas de amedrentamiento, también hay evidencia de la capacidad social de resistirse a ellas, ya que “siempre fluye o huye algo que escapa a las organizaciones binarias” (Deleuze 1988, 220), como las autoritarias y, en especial, las bélicas. Distintas resistencias aprovechan los márgenes y las fisuras del fragmentario Estado neoliberal para configurar poderes alternativos, en especial desde lo local y lo comunitario, como está ocurriendo en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca o en Michoacán, para el caso de México. Las violencias que enfrentan las comunidades indígenas son algunas de las más radicales de nuestro tiempo: presencia de redes mafiosas, protegidas por las autoridades, que las hacen blanco de desaparición de personas, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, robos, sobornos de todo tipo, apropiación de los recursos comunitarios, Víctimas del miedo en la gubernamentalidad neoliberal | Pilar Calveiro

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violaciones. Son prácticas de amedrentamiento y desposesión. Sin embargo, muchas comunidades han sido capaces de responder y pasar a través del miedo recurriendo a diferentes formas de resistencia y acción (Calveiro 2015), sin dejar por ello de ser víctimas. Algunas de las estrategias que utilizan —como la construcción de fuertes vínculos de comunicación e interacción social, la creación de formas de organización autonómicas y la memoria de antiguas resistencias— muestran que la vulnerabilidad —y su reconocimiento— no necesariamente frena las resistencias sino que puede movilizarlas; señalan la capacidad de agencia de las víctimas de estas violencias y convocan a la acción en nosotros mismos. Dice Javier Muguerza que “una ética de la memoria ha de concluir en la ‘mala conciencia’ [ya que] [a]un si éticamente hay que tomar partido por las víctimas, ello no nos autoriza a identificarnos con las víctimas como si sólo fuéramos capaces de padecer la violencia histórica y no también de ejercitarla” (Muguerza 2003, 24). En efecto, es necesario considerar nuestra propia responsabilidad en estas violencias del mundo global pero también es importante salir de la lógica binaria del poder por la cual, al tiempo que clasifica y trata de convalidar quiénes son las victimas verdaderas —las víctimas “inocentes”—, y quiénes no, intenta colocar a las propias víctimas en la posición de victimarios, y a la sociedad en su conjunto —nosotros—, en la de cómplices, para desdibujar su propia responsabilidad. Más que la identificación falsa o la empatía fácil, las víctimas de las violencias estatal-criminales reclaman de nosotros una escucha atenta para permitir que su demanda nos interrogue —acerca de nuestras propias responsabilidades y de nuestra posible solidaridad— y nos vulnere. Convocan en nosotros una atención que no se finca en el “deber” ni en la obligación, sino en el reconocimiento de nuestra mutua proximidad (Rabinovich 2003, 69). Los otros, nosotros, víctimas de distintas violencias y acaso victimarios de más de una, nos enlazamos interminablemente. Y es nuestra posibilidad de responder, en primer lugar, por los otros, y también por nosotros, lo que nos constituye en sujetos éticos y en sujetos políticos, capaces de acción y resistencia.

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La venganza de las víctimas • 140-144

Sandrine Lefranc – Institut des Sciences Sociales du Politique, Francia

Las policromías del terror: mediaciones entre la tecnología, la confesión y la experiencia de la víctima en la Colombia de justicia y paz • 145-149 Alejandro Castillejo – Universidad de los Andes, Colombia


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La venganza de las víctimas* Sandrine Lefranc** DOI: https://dx.doi.org/10.7440/res59.2017.12

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Traducción de Vicente Torres, Doctor en Littérature et Civilisation Françaises por la Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 (Francia), profesor asociado de la Universidad de los Andes (Colombia).

** Doctora en Ciencia Política por el Institut d’Études Politiques de Paris (Francia). Investigadora científica del Institut des Sciences Sociales du Politique, CNRS/ Université de Paris Ouest/École Normale Supérieure de Cachan. * sandrinelefranccnrs@gmail.com

Las víctimas de violencia política sueñan con la venganza. ¿Quién lo imaginaría? ¿Qué más puede desearse después de haber sido envilecido, aterrorizado, desposeído de cuanto se tenía y de lo que se era, después de saber que sus parientes fueron torturados, asesinados y sus cuerpos “desaparecidos”, o después de haber padecido uno mismo la tortura y la degradación? Vengarse de quien nos ha hecho sufrir se revela como una pulsión universal del individuo. “Revenge […] is a universal phenomenon […] much revenge behavior is impulsive, conceived and executed in the rage of the moment” (Elster 1990, 862). En contextos donde siguen conviviendo quienes han ejecutado y padecido una violencia extrema —como suele ocurrir después de represiones, guerras civiles o genocidios—, este apetito de venganza puede parecer legítimo para algunos, mientras que para otros aparece como una amenaza que se debe encauzar. Quienes en particular intervienen en el seno de organizaciones internacionales cuando un conflicto llega a su fin piensan a menudo que es necesario luchar contra la voluntad de venganza de las víctimas. Temen las consecuencias que puedan tener tales represalias —que se presumen desestabilizadoras— en el nuevo marco político.1 Y, sin embargo, sería difícil afirmar que las víctimas de la violencia política en realidad llevan a cabo actos de venganza. Muy a menudo esta es evocada pero de manera puramente teórica. Claro que algunos hombres que cometieron u ordenaron crímenes políticos fueron asesinados. Tal fue el caso de Jaime Guzmán Errázuriz, actor importante del Gobierno chileno de Pinochet, asesinado en 1991, o de algunos ejecutantes del genocidio judío cometido bajo el Tercer Reich. Pero no son muchos, a fortiori, si se tiene en cuenta el número de sus víctimas. Los pocos casos que han sido identificados como represalias contra criminales políticos tienen además poco que ver con una pulsión vengativa de las víctimas. Rara vez la venganza es el hecho de una víctima contra quien le ha causado daño. Hay quienes lo hacen en su propio nombre —grupos militantes o militares, como es el caso del grupo Berih’ah d’Abba Kovner, que se unió además al Ejército israelita— (Segev 1993, 140-152). No lo hacen de una manera impulsiva sino más bien colectiva y 1 Dos ejemplos, entre otros posibles: una conferencia organizada en Bogotá por la revista Semana, y la cual reunió a altos responsables con motivo de la negociación de los acuerdos de paz en Colombia http://colombia-kaf. ictj.org/role-truth-peacebuilding-complexities-contributions-and-myths, y el informe 2011 del Centro Internacional para la Justicia Transicional (respecto a Túnez, https:// www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Annual-Report-2011-English_0.pdf


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organizada, y por una causa que sin duda va más allá del pago de una deuda de sangre. Se trata de actos políticos. En cuanto a las grandes figuras de “vengadores” (como Simon Wiesenthal o la pareja Klarsfeld), acorralan a los criminales de guerra para llevarlos ante los tribunales de justicia. Y la justicia de Estado no es la venganza. Por un lado, la certeza de una pulsión irresistible de venganza; por el otro, la escasa frecuencia con la que se constatan los hechos de venganza. ¿Qué le sucede a la víctima para que no desahogue su sed de venganza? Este problema llama la atención sobre un malentendido de los usos contemporáneos del apelativo de víctima, en el marco de las políticas posteriores a la violencia, como suele ocurrir en la universidad… Muchos social scientists —en ocasiones agobiados por disposiciones, clases y categorías sociales, y preocupados por humanizar su profesión— se interesan en las víctimas, con la esperanza de descubrir en ellas a personas singulares y abatidas. Para ellos, las víctimas aparecen como seres traumatizados, vulnerables, con identidades perturbadas, susceptibles de cuestionar los referentes identitarios, políticos y científicos existentes. Los expertos en políticas del posconflicto también expresan su deseo de querer estar lo más cerca posible de la verdad “subjetiva” de las víctimas, a las que sitúan en el centro de la experiencia de las comisiones de la verdad. Desde esta perspectiva, la venganza de las víctimas es, en parte, un fantasma de universitarios y expertos. Las víctimas de violencias políticas son omnipresentes, pero de hecho, ausentes como personas. Son, ante todo, figuras producidas por un trabajo político. La víctima es una figura política y jurídica cuya importancia es reciente. Durante mucho tiempo, las víctimas no fueron consideradas centrales en las políticas relativas a las violencias masivas. Sacrificadas en el altar de los “héroes” (el militante sionista en Israel, el vencedor de la guerra en Estados Unidos, el militante de la resistencia en Francia, etcétera), las víctimas de la Segunda Guerra Mundial tuvieron que permanecer en silencio. Los procesos penales nacionales apenas comienzan a considerarlas como actores legítimos, mientras que la Corte Penal Internacional se propone, desde 2002, hacerles desempeñar un papel que ya no sea solamente el de testigos. Sería erróneo, por lo demás, creer que esta víctima que ahora ocupa el centro es el legado, o más bien, el residuo único de las violencias políticas masivas. Su invención ha sido alimentada por procesos propios del derecho y movilizaciones en otros sectores sociales. Las movilizaciones feministas, así como las de otras minorías, han contribuido ampliamente. De índole política contestataria, la víctima se ha convertido con rapidez en una categoría académica, política, administrativa; y ha sido utilizada por expertos “multiposicionados” (es decir, que desempeñan papeles en sectores sociales diversificados) que hablan un lenguaje híbrido. Los dispositivos

internacionales posteriores a los conflictos —la justicia llamada transicional o los programas de peacebuilding— se han inspirado así, en parte, en prácticas psicoterapéuticas —incluida su forma de inspiración religiosa, como en las técnicas de Alcohólicos Anónimos— o en otros métodos de resolución de conflictos. Dichas políticas de posconflicto se encuentran asimismo articuladas a movilizaciones que buscan reformar las prácticas jurídicas en países donde la paz está más arraigada. De este modo, la víctima se convierte en el actor central de una justicia restauradora, de manera paradójica cuando la crítica del derecho penal estadunidense, juzgado demasiado represivo, alimenta la atenuación de la justicia —por lo general poco represiva— contra los perpetradores de violencias masivas. Sin embargo, trátese ya de una causa política subversiva o de un estatus administrativo, la víctima siempre es percibida a través de su sufrimiento —por estar herida, traumatizada o enlutada—. Un sufrimiento que, para algunos autores como Butler (2010) y otros filósofos anglosajones, se trata de reconocer en su afirmación singular —al precio tal vez de cierto aislamiento—, y para otros, especialmente historiadores y sociólogos franceses como Todorov (1998), se trata de denunciar cuando ese sufrimiento no se abre al de los demás, convirtiéndose en el caballo de Troya del comunitarismo, en una brecha en la ciudadanía y en una amenaza para la unidad nacional. ¡Las ciencias humanas y sociales muy a menudo se apresuran al volver a tomar esa libertad que habían cuidado en dar a las víctimas —ya sea que velen por ellas o las protejan— para que escribieran su historia, incluso la Historia! Cuando las víctimas escriben su Historia, los universitarios aplauden el fin de la dominación del relato del verdugo. Pero velan también por defender su monopolio sobre la escritura de una Historia objetiva y común. Ese buen testigo, convertido en teoría por las ciencias sociales, aparece bajo los rasgos de la víctima razonable a quien protegen las políticas de paz y memoria contemporáneas. Comisiones de la verdad u otras modalidades que buscan establecer una “verdad” sobre el pasado violento, reparaciones simbólicas y materiales para las víctimas, justicia llamada transicional que da lugar a persecuciones penales pero solamente “en la medida de lo posible”: estas políticas de factura contemporánea han puesto a las víctimas en el centro de la escena, invitándolas a tomar la palabra para narrar la manera en que vivieron los crímenes perpetrados contra ellas o sus parientes, “con sus propias palabras” (cito aquí a los miembros de la Truth and Reconciliation Commission de Sudáfrica). Pero ese derecho a la palabra está estrictamente regulado. De hecho, el objetivo de dichas políticas no es sólo el reconocimiento de la víctima. Deben también contribuir a la consolidación de la paz y estabilización del nuevo orden político, al igual que las leyes de La venganza de las víctimas | Sandrine Lefranc

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amnistía o los acuerdos establecidos entre gobiernos nuevos y “salientes”. La búsqueda de lo que se denomina reconciliación implica a menudo, por ejemplo, la participación de “todas las víctimas”, puesto que su estatus emana de una violencia física padecida. Los soldados y policías que conducen una política represiva parcialmente ilegal podrían pretender ese estatus, así como los antiguos “subversivos”. Tal fue el caso en Chile y Sudáfrica. Además, se sugiere a las víctimas que no formulen denuncias políticas ni revelen el nombre de los verdugos. Deben mantener sobre todo —volveré sobre esto— un lenguaje de lamentación y sufrimiento que acentúe el traumatismo y la dificultad para “elaborar el duelo”. Científicos y expertos han querido expresar su interés por la persona de la víctima, incitada a decir lo que ha vivido en su propio nombre, en su lenguaje y a través de sus emociones. Pero en su lugar hacen hablar a las figuras, reguladas además por fuertes restricciones políticas. Ese malentendido pone al descubierto una tercera encarnación de las víctimas de violencia política: las víctimas son figuras políticas y personas; pero esas personas singulares desempeñan papeles, diversos papeles. Si las víctimas recurren poco a la venganza, o no lo hacen, es tal vez porque no lo desean. Así como probablemente tampoco deseen a menudo “reconciliarse”, contrario a lo que nos quieren hacer creer algunos actores de las políticas de paz cuando insisten en su magnanimidad (Tutu 1999). Cuando las ciencias sociales deciden dar cuenta de las expectativas y los actos de las víctimas, se ven muy a menudo tentadas a reducirlas a personas simples y sinceras —petrificadas en el traumatismo o movidas por un deseo vengador— o a rebajarlas al nivel de figuras que pueden ser tanto subversivas como razonables. Ahora bien, las víctimas son tan plurales como otros individuos que han sido menos golpeados por la violencia política. Ellas viven —como todos nosotros— vidas múltiples, sectorizadas, lo que es normal sobre todo en sociedades diferenciadas. Las víctimas viven varias vidas de forma sucesiva y paralela.2 No quisiera solamente recordar que el nombre de víctima es una etiqueta que se otorga durante un proceso social y político, a la vez complejo y competitivo, en el cual intervienen autoridades y numerosos expertos, las víctimas, sus representantes, otras víctimas concurrentes (Hacking 1991; Lefranc y Mathieu 2009). Por otro lado, no conocemos a ciencia cierta el punto de partida. ¿Estamos seguros de que tan sólo es la experiencia de la violencia, y nada más que esta, la que hace a la víctima?

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“La producción de habitus homogéneos en todas las esferas de la vida es un sueño de profesor: Lahire (2001) —citando a Roger Benoliel y Roger Establet—: la unicidad del yo es una ilusión ordinaria puesto que vivimos y somos socializados en una pluralidad de mundos sociales” (Lahire 2001, 31 y 50). Ver también Veyne (2014 [1983]).

Antes de ella, empero, algunos podrán destacar que las condiciones en que se padece la violencia determinan su capacidad para convertir a un niño en víctima (Peschanski y Cyrulnik 2012). Un bombardeo traumatiza porque la madre está ausente, y al niño le parece un juego cuando ella está ahí para tranquilizarlo. ¿La víctima nace de la reacción traumática a esa violencia? ¿O de su percepción como víctima que tienen de ella los otros? ¿O aun de un proceso de consagración oficial? ¿Y qué decir entonces de las víctimas indirectas y de los descendientes de las víctimas? Por otro lado, sabido es que las fronteras entre víctimas y verdugos no son impermeables. Cabría también mencionar que las instituciones del posconflicto autorizan un uso de estas categorías que en ocasiones tiene poco que ver con los actos objetivos y las pretensiones legítimas en el plano moral o político. El culpable puede así verse estimulado y pretenderse como víctima, al igual que Jeffrey Benzien, policía sudafricano convertido bajo el apartheid en verdugo de los opositores, quien ante el comité de amnistía de la Truth and Reconciliation Commission, y con la ayuda de la terapeuta que trataba su depresión, se presentó como víctima de una situación política y presa a la vez de recuerdos traumáticos. Frente a él, las víctimas —que él mismo había torturado— se rehusaban en cambio a asumir el papel de víctimas. Esos antiguos militantes del Congreso Nacional Africano preferían, de hecho, presentarse como los vencedores de una guerra justa y evocar que eran responsables políticos importantes, para finalmente gozar del estatus de superiores jerárquicos directos y ser así candidatos a la amnistía (Lefranc 2014b). Lo mismo aconteció en el Comité de Violaciones de los Derechos Humanos de la Comisión, delegado en 1995 y 1996 para escuchar a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos —cometidas entre 1960 y 1994— y poder reconocerlas integrando sus relatos en un informe y recomendando a la vez el otorgamiento de reparaciones. Las audiciones organizadas por el Comité a lo largo del país fueron el centro de un dispositivo considerado como un éxito a escala internacional. De hecho, se le concedió el poder de tratar a las víctimas y dar al mismo tiempo al país una unidad de la que jamás había gozado. Las víctimas —unas 2.000 personas— eran calurosamente invitadas a narrar durante las audiciones lo que les había sucedido y daban libre curso a todas las emociones que nacían del desbloqueo del traumatismo que había sido enterrado después del suceso violento. Lloraban, eran presa de convulsiones y finalmente eran consoladas por psicólogas profesionales puestas a su servicio. Esas emociones, expresadas de manera “libre” y “espontánea”, debían ser comunicadas a los ofensores —en un diálogo que, de hecho, ha tenido lugar muy pocas veces—, al público y, a través de los medios de comunicación, a toda la nación. La hipótesis de un contagio de individuos liberados de sus traumas a una sociedad aún obsesionada por prejuicios etnorraciales está mal

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fundada (Lefranc 2014a). Pero lo que se omite en este escenario —y me interesa más aquí— es la capacidad que tienen las víctimas para experimentar, como todos los demás, emociones variadas y para alimentar expectativas diversas. ¿Por qué las víctimas deberían sentir y expresar emociones menos profusas que otras personas? ¿Por qué deberían ser privadas de la posibilidad de desempeñar papeles tan variados según los espacios sociales que frecuentan? ¿Por qué tendrían que aparecer ante las instituciones de pacificación sólo como personas francamente afectadas por recuerdos traumáticos o por un duelo inconcluso, o, de manera simétrica y en escenarios más políticos, ser tan sólo percibidas como llevadas por la cólera? Toda una multiplicidad de actitudes fue expresada ante la Truth and Reconciliation Commission: desde la militante ansiosa por denunciar a los criminales y evocar la causa, al leer sus notas, hasta la mujer preocupada, sobre todo, por el presente de una situación social muy difícil, pasando por aquella viuda encerrada en el recuerdo traumático y hacia la cual iba la preferencia de los miembros de la Comisión. Esas mujeres y esos hombres acogidos como víctimas no solamente tienen formas diferentes de construir y presentar su experiencia, sino que todos, ya lo hemos dicho, no se perciben como víctimas. Pueden ser militantes, sobrevivientes, hombres que se enfrentan a dificultades cotidianas, etcétera. Las instituciones —y con ellas, a menudo, las ciencias sociales— intentan la mayoría de las veces minimizar esta diversidad, para quedarse sólo con el lamento de una víctima que sufre las consecuencias de la violencia física. Orientación bien pensada: la expresión del sufrimiento puede adaptarse a los imperativos de una situación política marcada —ya lo hemos visto— por el compromiso entre antiguos enemigos y por el hecho de apaciguar al mismo tiempo a una víctima percibida como si estuviera animada por una pulsión vengadora. Por eso es que los miembros de la Comisión sudafricana privilegiaron un registro terapéutico, llevando a las víctimas a evocar más sus pesadillas que sus acusaciones3 o compensaciones materiales. Privilegiar el dolor moral y psicológico permite, de hecho, individualizar su expresión, desalentar las reivindicaciones colectivas y, para usar una palabra fuerte, domesticar mejor las cóleras, los sufrimientos, las exigencias, etcétera. La inquietud de las víctimas expresada por las instituciones de justicia transicional —que las incitan a decir su sufrimiento— es un arte de la domesticación, así como las persuasiones

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En Ladybrand, el 26 de junio de 1997, un miembro de la Comisión evocaba así a una víctima-testigo: “You should not make personal insults against people. We have given notice to him about allegations that have been made against him, and it’s not the correct place now to trade insults with somebody”. Ver: http://www.justice.gov.za/trc/hrvtrans/index.htm

al silencio acatadas por los sobrevivientes de la Shoah después de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos en el espacio público (Diner 2009). En efecto, las emociones son convenciones sociales. Son el producto de coacciones e interacciones —con los representantes de la institución, el público, los parientes, los otros…—, y no la emanación directa de estados psicológicos solitarios, internos. Traducen el papel que desempeña una víctima en un entorno determinado, como el contexto inmediato donde le son enviadas órdenes para que se apacigüe —o, por el contrario, aunque es poco común, para que se encolerice—, o en un entorno más amplio que no exhorte a la venganza. La pulsión vengativa que se sigue prestando a las víctimas y, en un sentido más amplio, a los sufrientes ha sido, de hecho, elaborada durante largo tiempo por numerosas instituciones, en primer lugar por las religiones y los Estados, a través de su dispositivo de justicia (Verdier 2004). Si damos fe a la psicología social experimental, esas prohibiciones han sido incorporadas muy eficazmente. Sólo una minoría de individuos, sin duda más desconfiados y competitivos que otros (Eisenberg et al. 2004; Zdaniuk y Bobocel 2012, 641), experimentarían una necesidad de reparación a través de la venganza, y la venganza no logra sosegarlos (Bushman 2002; Carlsmith, Wilson y Gilbert 2008). La mayoría ha acogido la interdicción de la venganza y delega claramente al Estado el poder para sancionar (Dray 2004). Si este no responde a las expectativas —por falta de seguimiento a las infracciones de derecho común o falta de procedimientos penales contra los crímenes políticos—, las víctimas de tales hechos tampoco manifiestan una pulsión de venganza, que se supone es universal en términos de actos. La venganza de las víctimas de violencias políticas atemoriza casi en todo lugar. Y sin embargo no tiene lugar. Esta paradoja pone en evidencia un malentendido común en las ciencias sociales y los expertos en posconflictos. Dan por hecho que sitúan a las víctimas en el centro de los procesos y relatos, pero muy a menudo sólo quieren escucharlas si ellas se ciñen al reparto esperado: Erinias o Euménides, héroes vengadores o sabios que trabajan por la paz. No se escucha tanto a las personas; más bien se representa a las figuras llamadas a mantener el papel político que se les ha prescrito. En el marco de las políticas contemporáneas de justicia transicional, las víctimas de violencias políticas son exhortadas sobre todo a llorar, a decir su sufrimiento moral, a liberarse de las emociones traumáticas, más que a denunciar, expresar su cólera o reclamar una compensación material. Ese malentendido nos impele a estar más atentos a lo que dicen las víctimas en los escenarios públicos donde se evocan los pasados violentos. Y ante todo, a tener en cuenta su capacidad para mantener diferentes discursos, desempeñar papeles diversos, por la simple y llana razón de que ellas son, como todos nosotros, individuos plurales que habitan diferentes La venganza de las víctimas | Sandrine Lefranc

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mundos sociales. Lo que una sociología banal se propone examinar para gente del común, en circunstancias normales, a eso debemos seguir prestando atención, si el desafío nos sensibiliza y despierta en nosotros la inquietud moral o la cólera política. El erigir a las víctimas en figura central de las políticas de paz y memoria puede tener un resultado paradójico: fuera del hecho de que todas las víctimas no aceptan entrar en el espacio público, las víctimas se vengan… rehusando llorar, rehusando aparecer públicamente para recordar mejor su causa política, su exigencia de justicia o incluso su resignación. Y, no obstante, sin vengarse.

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rev.estud.soc. No. 59 • enero-marzo • Pp. 140-144 • ISSN 0123-885X • e-ISSN 1900-5180 · DOI: https://dx.doi.org/10.7440/res59.2017.12


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Las policromías del terror: mediaciones entre la tecnología, la confesión y la experiencia de la víctima en la Colombia de justicia y paz Alejandro Castillejo* DOI: https://dx.doi.org/10.7440/res59.2017.13

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PhD. en Antropología por la New School For Social Research (Estados Unidos). Profesor asociado y director del Programa de Estudios Críticos de las Transiciones Políticas (PECT) de la Universidad de los Andes (Colombia). * acastill@uniandes.edu.co

Se dice que sólo los locos escuchan voces, que ese delirio es constitutivo de su locura. Uso la metáfora de las voces qua hablan entre ellas o que interpelan al sujeto para describir un escenario donde las relaciones entre lo fantasmal y la violencia se articulan con mayor elocuencia. El argumento: las sociedades escuchan voces, inventan mecanismos para oírlas o desplazarlas, sobre todo cuando son producto de la violencia humana, una violencia que desestructura el mundo de la vida, no que lo articula: la muerte puede también restablecer el orden de las cosas. En las audiencias de versión libre —un ejercicio caleidoscópico de búsqueda de verdades con cuentagotas—, el carácter espectral de la víctima, encarnada en una voz sin cuerpo y sin rostro, se condensa. ¿Qué nos dicen las audiencias de la sociedad que las permitió? ¿Cómo entonces convivir con estos fantasmas? En Colombia se escucha con frecuencia la frase las voces de las víctimas (y ramificaciones como “las víctimas han hablado” o “hay que escuchar a las víctimas”) para hacer referencia al reconocimiento de una experiencia cataclismica en el contexto del conflicto armado o de la guerra. Es una frase trillada sin duda, pero no menos compleja cuando se logra entrever su densidad semántica, cuando se historiza. Se escucha en reuniones oficiales, en reuniones de organizaciones de víctimas, en los medios de comunicación masivos, en juntas de académicos, y además es parte incluso de la retórica política, al punto que en ocasiones ha sido puesta al servicio de agendas opuestas. En otras palabras, es un término común en el discurso humanitario en Colombia. Y resulta curioso, cuando se compara con otros escenarios de conflicto, que es el término víctima, y no sobreviviente, el que tiene mayor ascendencia en este contexto. En este sentido, la voz es una especie de certificado de existencia de la condición de victimización; como si fuera en la palabra, paradójicamente, donde se certifica lo traumático. La obsesión por la voz toma unos matices peculiares: la sociedad colombiana parece escuchar voces en todas partes, fragmentarias, a pedazos, literalmente. Rastros y despojos que deja la violencia; algunas son reconocidas como voces, otras no son reconocidas o, lo que es peor, son inaudibles. ¿Cuáles han sido entonces las condiciones de audibilidad que han permitido esta aparente polifonía?


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DEBATE

El escenario de la versión es en realidad un conjunto de escenarios interconectados: dos salones u oficinas debidamente acondicionados y conectados por un sistema de comunicación de audio y video administrado por auxiliares de la Fiscalía. En el primero de ellos se encuentran los versionados: un grupo de varios hombres, usualmente el comandante de frente y sus subalternos. Es difícil imaginar la cantidad de crímenes cometidos por algunos de ellos: en una ocasión había uno —no mayor de 30 años— que era acusado de haber asesinado a más de cincuenta personas con sus propias manos: a bala, descuartizadas a macheta, a golpes. En otros casos, la suma de crímenes puede ascender a miles: el paramilitarismo era una gran red militar y clientelar, al punto en que la línea divisoria entre el orden institucional y el no institucional parece más la excepción que la regla. Hay otra sala, la que los funcionarios llaman Sala de Víctimas, que está acondicionada con asientos frente a una pantalla de televisión. A ella asisten víctimas certificadas o por certificar. También se acercan víctimas que, habiéndose enterado de la versión por algún conducto, a través de alguno de los edictos publicados en medios, deciden ir independientemente a preguntar por sus muertos. A seguirles el rastro. La audiencia usualmente comienza a media mañana. Luego de identificar cada uno de los asistentes a la sala de versionados y certificar la presencia de víctimas en la otra (que en ocasiones puede estar localizada en otra ciudad o región del país) se da comienzo a ese destilado que se ha denominado, no sin mucho debate, verdad jurídica e histórica. El fiscal retoma la diligencia, que en ocasiones también puede extenderse semanas enteras a lo largo incluso de años, como ha sucedido con comandantes de frente del Bloque Norte. El individuo continúa una narración de eventos: en este ejercicio, lo que hace es relatar y a la vez declarar lo que él considera los crímenes realizados por él o el frente bajo su mando. El fiscal recibe incluso una lista con anticipación. El peso de la verdad y, en el fondo, la autoinculpación que estimula el proceso recaen en el propio paramilitar, no en la versión del doliente. Esto se realiza estructuradamente. Al principio, el fiscal busca definir la organización jerárquica del frente durante el período de operación, desde su nacimiento hasta su desmovilización, para luego localizar geográficamente los lugares donde operaron. El cruce entre tiempo y espacio permitiría potencialmente establecer la autoría de crímenes realizados pero no reconocidos por los victimarios; crímenes que son llevados a la Fiscalía por parientes de la víctima pero que ningún frente ha reconocido. Es en este punto, en este encuentro —cuando nadie reconoce la muerte de una persona pero hay una víctima en la sala que la busca—, donde se crea un espacio fantasmal que se encarna en la voz de la víctima, en la voz de un pariente cercano que la reclama. Este espacio fantasmal se da fundamentalmente debido al cruce entre el procedimiento judicial que lo posibilita y el aparataje tecnológico que lo permite.

La sala de versionados tiene una o dos cámaras de video. La sesión se filma en su totalidad. Una de las cámaras registra de manera usual desde alguna esquina superior frente al grupo. La otra hace una especie de panorámica a la altura de las personas, horizontal a sus rostros, pero distante. Las cámaras no son operadas por nadie, y esencialmente lo que hacen es crear una imagen digital del proceso sin otro tipo de intervención técnica: no hay en ningún momento diferentes tipos de tomas, close-ups a los rostros, como en una telenovela o un documental. Las cámaras son estáticas, y aparentemente no presentan distorsión o manipulación de la realidad, de lo que acontece. En este uso tecnológico hay una intención objetivista y documental. No obstante, hay en este mirar desde allá una modalidad de consignación, en la medida que relaciona la historia como visualidad. La historia es aquello registrado por la cámara. Sin embargo, son instrumentos de captación audio-visual que también establecen un punto de vista. La audiencia se desarrolla en este contexto de vigilancia permanente. Y no es para menos: los cuerpos presentes representan el mal, el crimen, sus redes, sus lazos: el paramilitarismo es una iniciativa tanto militar como clientelar. Las cámaras son una prótesis del gran sistema de vigilancia que estructura la vida cotidiana de las ciudades contemporáneas, donde el combate al mal permite a una autoridad abstracta (la comunidad, el bien, la ley, la patria) una mirada invasiva, obligatoria, sobre el sujeto en cualquier escala. La cámara, la foto, son elementos sustanciales para pensar nuestra relación con el poder en el mundo contemporáneo. Una mirada incluso intimista: durante las audiencias, la mirada de la ley se mantiene impávida, inmutable, permanente, registrando, hasta donde sea posible, los comentarios, las actitudes, las manías de los hablantes, sus desatinos, dubitaciones, desconcentraciones y evasiones. Es una mirada que penetra en la intimidad de la matanza, en la intimidad del asesino, que relata con cierta trivialidad la manera como picaban a las personas para desaparecer el cuerpo, poniendo en duda hasta la propia realidad del dolor, del trabajo del duelo. La sala de versiones está sellada del “exterior” en un sentido espacial, inmediato: el proceso produce relaciones de exterioridad e interioridad. Todo lo importante, lo que la gente espera —luego de años de silenciamiento—, se da en el marco de ese espacio semiclausurado: el destino de los cuerpos, de sus pedazos, las razones de los asesinatos, el trabajo del duelo: respuestas a preguntas que anidan en las pesadillas de quienes las viven. Todo sucede adentro. Sin embargo, la narrativa de los crímenes nos habla también de un más allá, de un allá, de un otro lugar, de un espacio que está a la vez por fuera del orden de la ley, habitando una especie de confín, de periferia normalizada y concebida como el orden del mundo. La narrativa del crimen, que a la vez es justificado por los propios agresores, plantea diferentes modalidades del afuera y del adentro.

rev.estud.soc. No. 59 • enero-marzo • Pp. 145-149 • ISSN 0123-885X • e-ISSN 1900-5180 · DOI: https://dx.doi.org/10.7440/res59.2017.13


DEBATE

En el espacio de la versión, sin embargo, la verdad se destila en un escenario circunscrito, vigilado por un circuito cerrado de televisión. En este escenario, de manera usual —antes de comenzar propiamente—, quienes la rinden están casi siempre en silencio: se sabe que son escuchados, que sus movimientos son observados, si bien con discreción; que sus palabras pueden desatar tormentas, que se pueden inculpar o traicionar. El arte de versionar radica en el control y la administración de la palabra, incluso cuando el objeto es dejarla libre en una turbulenta emanación de hechos. Es un ambiente lúgubre, tenso hasta cierto punto, donde el ámbito de lo privado se desdibuja, donde el tono de la voz se disminuye, donde las conversaciones son murmullos de multitud o chasquidos semisecretos. Ellos mismos, incluso en el momento de declarar, vigilan sus propias palabras: lo que dicen o cómo lo dicen, en una rítmica que adquiere cadencia conforme el versionado se apersona de su propia verdad. En muchos casos se plantean verdaderas confrontaciones íntimas con las maneras de hablar, de referirse al otro, eufemismos legales: “el hecho en cuestión”, “lo que hicimos”, “los eventos”, “las circunstancias de aquel día”. Los coloquialismos y los regionalismos son mutilados conscientemente: versionados que al hablar se equivocan usando alguno se corrigen al instante disculpándose con el fiscal o advirtiendo con anticipación: “[…] el día que hicimos la vuelta [el asesinato], como se dice vulgarmente, doctor […]”. Con esto se evidencian sus actos fallidos, el miedo a no parecer arrepentidos, a ofender incluso a las víctimas trivializando lo realizado, a ser malinterpretados o incluso a ser descubiertos en la banalidad del propio acto de hablar: hay, en todo caso, una condena por ser proferida y un perdón por ser solicitado frente a un público escéptico. Afuera, por otro lado, se suscita una dinámica distinta, aunque conectada con la anterior. Las víctimas van llegando poco a poco durante la mañana. La sala se adecúa con asientos plásticos mientras un ayudante de la Fiscalía toma los nombres de los asistentes, quienes quedan registrados dentro de una hoja de asistencia. En general, a estas audiencias sólo ingresan víctimas y personal autorizado. En uno de los costados se encuentra una televisión en cuya pantalla aparecen las imágenes de la audiencia y los enlaces satelitales con cualquiera de las salas de víctimas que hayan sido arregladas para la diligencia. En ocasiones, un Video Beam y una pantalla de proyección reemplazan la televisión. Alguna de estas se pueden dar donde la masa crítica de víctimas sea mayor, en los pueblos o cabezas municipales cercanos a los escenarios de la muerte. Por un rato, se sientan también en silencio, intercambiando aquí y allá comentarios sueltos con el vecino de asiento. No son escenarios muy concurridos, y en ocasiones, quienes asisten son en realidad los abogados defensores en busca de acontecimientos y hechos delictivos que intentan clarificar los casos asignados, particularmente los abogados de oficio de la Defensoría del Pueblo.

Los intercambios verbales entre las personas se dan en función de la experiencia vivida de la violencia: “Vengo por mi esposo, que fue asesinado” o “Vine a que me den razón de mi hijo, que se lo llevaron en noviembre de 1998”, haciendo clara alusión a los detenidos sentados al otro lado de la pantalla. Como lo ha establecido una serie de investigaciones sobre las relaciones entre el testimonio y lo traumático, víctimas de violencia en general transforman información que puede ser fragmentaria en un relato cargado de detalles específicos que se repiten. Con frecuencia estos relatos se congregan en patrones colectivos o núcleos semánticos compartidos por varios testimonios en un contexto cultural particular. Las madres y hermanas, porque la mayoría de los acudientes son mujeres, recuerdan con relativa precisión circunstancias relativas a la muerte de sus seres queridos: detalles de contexto que sitúan a la persona en una red de relaciones espaciales y temporales. En otros contextos sociales, como el de sobrevivientes del régimen racista del apartheid en Sudáfrica, esta información contextual se estructura o se ordena inconscientemente en historias que con el tiempo tienden a estandarizarse a fuerza, o bien de repetición en contextos de entrevistas e investigaciones sociales o jurídicas (cuando la víctima se convierte en informante profesional), o bien a fuerza de trasegar preguntas sin respuestas. Con frecuencia estas historias constituyen itinerarios de sentido en donde macroprocesos históricos se entrecruzan con microprocesos personales. Así, narrativas de mujeres sobre eventos traumáticos suelen diferir de las de los hombres, en la medida en que cada cual localiza su testimonio en un lugar de enunciación diferente. Ante años de silenciamiento forzado, sobrevivientes del terror y la guerra localizan la violencia exactamente en el cuerpo de su ser querido o en el cuerpo de la comunidad dañada, porque es un cuerpo, en realidad, el que ha sido desmembrado con la muerte y el desplazamiento forzado. Así, dentro de la audiencia circula información: nombres de personas, fechas y lugares específicos. Es un intento por unir piezas, por armar la imagen. El silencio se va transformando en conversaciones y discusiones de diverso tipo. Los rastros de los muertos y exhumados van dando paso a un torbellino de emociones. Algunas madres guardan estoico silencio, absolutamente aterrorizadas por el hecho de estar sentadas ahí. Otras comienzan a hablar duro, afirmando su sorpresa ante lo que pasaría en los siguientes momentos. La atmósfera sigue siendo densa, y en ella el silencio crónico y el miedo instalado conviven de forma contradictoria con el reclamo a voz en cuello: la madre que llora desconsolada, incapaz de articular palabra, se sienta al lado de otra madre, de una hermana o de un padre que de manera abierta hablan al público asistente, enfrentando en su imaginación al paramilitar, a su rendición de cuentas. Los ánimos se caldean por momentos hasta que, al fin, la audiencia comienza. Las policromías del terror | Alejandro Castillejo

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DEBATE

El versionado continúa desarrollando los detalles de la “conformación del grupo armado ilegal”, como reza la terminología oficial. El fiscal, por otro lado, es responsable por el desarrollo de la audiencia, en la medida en que interpela de un modo directo en busca de aclaraciones. Luego de pasar por detalles operativos o financieros del grupo, el paramilitar hace un listado donde referencia los crímenes o delitos en los que reconoce participación por acción directa o por línea de mando (porque era el responsable final de las actuaciones de sus subalternos en un momento dado). Aparece en el escenario una macabra lista de nombres, junto a los crímenes de los que fueron objeto. Durante la versión se dan mayores detalles, con frecuencia atrozmente exactos, pese al tiempo que ha pasado. Se sabe que en las cárceles circula información, al punto de ser casi oficinas de atención al público. El listado de nombres es en sí reminiscente de la manera como operaban. Con lista en mano, y acusaciones de supuesto colaboracionismo con la guerrilla, unidades de hombres armados llegaban a las cabeceras de los pueblos, a las fincas o a los barrios y, luego de agrupar la gente, identificaban las personas para posteriormente ejecutarlas, a veces en la espesura del monte, a veces en la misma plaza, a veces frente a la familia. En la lógica de la matanza y el paramilitarismo, la idea es culpar a la víctima de su propia miseria y muerte, en el marco de una violencia que se cree restaurativa del orden social. En Colombia se han asesinado activistas y políticos de izquierda bajo esta lógica. Y hoy día no sobran quienes sin armas pero con palabras realizan el mismo ejercicio de profilaxis. Esta enunciación de crímenes serviría a la Fiscalía para localizar los parientes del muerto. Son ellos quienes finalmente asisten a las versiones, cuando las casi siempre difíciles condiciones económicas y de transporte lo permiten. A través de abogados representantes, los investigadores y asistentes del fiscal realizan una lista de los “casos que serán tratados durante la siguiente diligencia de versión, de tal manera que los interesados puedan asistir”. Es bajo esta expectativa que se da el encuentro judicial e histórico de la versión libre. Judicial, porque se enmarca en un proceso de esta índole, e histórico, porque a través de este encuentro se instaura una serie de concepciones del pasado. La realidad de la declaración permite a otras víctimas acudir. Algunas, relacionadas con eventos directamente realizados y confesados por el versionado. Otras, urgidas por la necesidad de encontrar o reincorporar al muerto al mundo de los vivos. En todo caso, la versión del paramilitar encuentra resistencia, al menos, en dos niveles: en cuanto a la veracidad y la justificación de sus actos (cuando hay un manto de duda en los detalles y las explicaciones que ofrece para autojustificarse luego de reconocer lo que hizo), y, en cierto sentido, en cuanto a la existencia del acto mismo. Extraigo un fragmento donde se ilustra la segunda posibilidad, dado que es en

ese instante cuando tanto la tecnología como la metodología de la audiencia instauran el espacio espectral de la víctima descorporizada. Ante la eventualidad que una víctima requiera información de alguien y crea que la persona que declara puede tener conocimiento de dicha información, la dinámica es la siguiente: un asistente funge como mediador entre las dos salas. La víctima, durante una sesión de audiencia, puede interpelar al victimario, aunque de manera indirecta, sin tener acceso a un rostro. Esto es parte de un protocolo de anonimato u ocultamiento del rostro, que se estableció por razones de seguridad. Sin embargo, este anonimato es relativo, ya que indicios de identidad son desplegados de manera permanente. Lo puede hacer a través de un formato estandarizado de preguntas que se distribuye al comienzo de la sesión. Este es un procedimiento rutinario. El formato llenado es pasado al fiscal, quien lo lee en voz alta, punto por punto. El paramilitar responde. La segunda posibilidad se da cuando el asistente en la sala de víctimas intermedia: toma la información que la víctima le da in situ y la traduce, por decirlo así, a través del micrófono a la sala de audiencias. Allá escuchan y los paramilitares responden. En este procedimiento, la interacción y conversación son muy complejas, y la traducción es una especie de formalización impromptu que en ocasiones tiene una carga interpretativa significativa. El asistente toma la información que le da la persona y extrae los datos jurídicamente relevantes. Esta mediación está conformada por un circuito lingüístico y performativo sectorizado. Los versionados escuchan pero no pueden ver a quien les habla. Las víctimas pueden ver y oír la respuesta que dan y que se refleja en los recuadros de la pantalla, usualmente poco nítidos y con pocas posibilidades de atender a detalles faciales expresivos. En realidad, el rostro desaparece de la pantalla en el fuerte granulado de una definición de baja calidad. Lo importante en este contexto es la voz, lo que se dice, no necesariamente lo que se ve. En medio de esta voz flotante, sin rostros, que viene transportada por un eco, como si fuera de ultratumba, se da lo que podría llamarse una verdad caleidoscópica, construida a partir de fragmentos que, conectados a través de un principio rector, configuran una imagen . El escenario de las versiones es fundamentalmente acústico —sin que con esto no se considere su dimensión visual inseparable—, en donde los días pasan con hombres autoinculpándose y culpando a otros en medio de voces descorporizadas, una detrás de la otra, día tras día, caso tras caso. Un escenario polifónico de múltiples voces estructuradas por un formato de relaciones que las posibilita, definidas por unas condiciones de enunciación y una serie de reglas de interacción, de temporalidades que las ordenan. Pero las voces no poseen cuerpos en la inmediatez: no existe un cara a cara, que, de hecho, es vetado por los protocolos de seguridad. De nuevo, eso no quiere decir que esos protocolos no se rompan en

rev.estud.soc. No. 59 • enero-marzo • Pp. 145-149 • ISSN 0123-885X • e-ISSN 1900-5180 · DOI: https://dx.doi.org/10.7440/res59.2017.13


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condiciones específicas. La fenomenología que se gesta en este encuentro se concentra en un voz-a-voz donde incluso en ocasiones se negocia, en un ejercicio similar al del caleidoscopio, la posibilidad de la existencia de nuevos hechos jurídicos, en últimas, nuevos cuerpos de nuevas víctimas. La dinámica de las intervenciones parece devenir en transacciones que buscan las coordenadas espaciales del hecho, de la muerte. Las referencias de la víctima, un viejo mayor y visiblemente nervioso, son comunicadas al asistente en largos intervalos de tiempo. El anciano habla muy bajito, y aunque el asistente tiene disposición para entender, parece costarle trabajo. La interacción es fragmentaria, lenta, incluso angustiosa. Pasan los minutos, la audiencia se extiende de manera inesperada. Con frecuencia el proceso es más escueto: saben o no saben, luego de un corto ejercicio caleidoscópico. El asistente toma una hoja de papel, ante el desconocimiento del versionado, y dibuja —interpretando las palabras de la víctima— una especie de mapa de la zona: una representación a mano alzada: “para arriba queda la finca El Morichal”, dice el viejo. El asistente interpreta ese arriba, no en un sentido fluvial, río arriba, sino geométrico: dibuja un recuadro que llama la finca, encima, en la parte posterior de la hoja de papel. El viejo mira y repite insistentemente, “El Floral, ahí queda”, señalando la hoja en general. Aquí emerge una mediación adicional,

una visualidad adicional, un modelo de representación adicional. El procedimiento busca localizar un lugar basado en fragmentos de experiencia. Luego de 25 minutos, el fiscal no logra establecer nada. Una mezcla de nombres y una serie de cartografías se entrecruzan. Había una finca, una tienda, una zona con el mismo nombre, al parecer. El asistente remite verbalmente la información de un proceso visual. Se genera una confusión. El caleidoscopio gira de un lado al otro. Los fragmentos no se consolidan. Nada sucede. La imagen completa es imposible, y la sensación de totalidad es un juego de espejos discursivos. La verdad es incompleta. La completitud es un abstracto, un artefacto. El muerto no existe pero ahí está. El lugar no existe, de cara al proceso judicial, que produce lugares, hechos y tiempos. El viejo se va con su fantasma. El paramilitar dice no conocer, no obstante conocer. La fuerza de la verdad recae, a la larga, sobre lo que él quiera reconocer. La voz se retira. Hay una fila de personas esperando hablar de su caso. Mientras esto sucedía, los otros asistentes a la sala de víctimas hacían sus charlas, sin poner mayor atención. Murmuraban, hablaban duro. El fiscal está cansado. Cierra la sesión y la convoca para la tarde, a fin de continuar la agenda. Más voces vendrán. A la salida, el viejo habla, lo cojo en su decepción: “Machete es un mentiroso”, contesta. El viejo campesino se fue con su versión libre, con el muerto desvanecido, y con él, las indemnizaciones y demás reparaciones establecidas por la ley de reconciliación nacional.

Las policromías del terror | Alejandro Castillejo

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Lecturas

“Corazón, canta y no llores, no llores que los dolores hay que espantarlos bailando” • 151-161 Daniela Fazio Vargas – Universidad de los Andes, Colombia

Juan Pablo Aranguren Romero. 2016. Cuerpos al límite: tortura, subjetividad y memoria en Colombia (1977-1982) • 162-163 Gabriel Gatti – Universidad del País Vasco, España


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“Corazón, canta y no llores, no llores que los dolores hay que espantarlos bailando”* Daniela Fazio Vargas** DOI: https://dx.doi.org/10.7440/res59.2017.14

Ellas danzan con los desaparecidos Danzan con los muertos Danzan con amores invisibles Con silenciosa angustia Danzan con sus padres Con sus hijos Con sus esposos Ellas danzan solas Danzan solas. (Sting 1988)

Inicio este ensayo recordando una interesante reflexión de Nancy Nicholls, cuando advierte que en ciertos campos el arte puede dar cuenta de fenómenos que difícilmente son reproducibles por las ciencias sociales. Así ocurre, por ejemplo, con experiencias como la detención, la desaparición forzada, la tortura y la muerte. Para Nicholls, las ciencias sociales, y en particular la historiografía, enuncian lo ocurrido como un registro fáctico y en algunas ocasiones estadístico, evitando entrar en la zona oscura y subjetiva del ser humano donde confluyen emociones y significados. El arte, por el contrario, con su articulación de imágenes, textos, sentidos, emociones e imaginarios, está en mejores condiciones para dar cuenta de este tipo de situaciones “sombra”. Su reproductibilidad, empero, no es total porque, al igual que las ciencias sociales, las obras de arte están ancladas a un presente desde donde se rememora, a la luz de sus propias problemáticas, interrogantes y expectativas (Nicholls 2013, 32). En particular, en este escrito mostraré la relación entre arte, resistencia y memoria, para lo cual tomaré como eje central la canción comprometida (Bravo y González 2014, 24) y la danza en la figura de la “cueca sola”, importantes mecanismos de politización de los jóvenes en un contexto de dictadura. *

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Título tomado de una canción de Isabel Parra. Este ensayo fue resultado de la investigación que realicé en el verano de 2016 en Cornell University con el profesor Raymond Craib, gracias al apoyo de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de los Andes. Una primera versión de este trabajo fue redactada en el curso “Desapariciones e (Im) posibilidades para la vida tras la catástrofe”, a cargo del profesor Gabriel Gatti, en el verano de 2015. Estudiante de Filosofía e Historia de la Universidad de los Andes (Colombia). Últimas publicaciones: Rusia de los Zares a Putin (1880-2015) (en coautoría). Bogotá: Ediciones Uniandes, 2015, y El mundo de los ochenta: ¿universalismo vs. globalidad? (en coautoría). Bogotá: Ediciones Uniandes, 2015. * d.fazio10@uniandes.edu.co

Chile: “acorralado por símbolos de invierno” (Silvio Rodríguez) El 11 de septiembre de 1973, en horas de la mañana, la Junta Militar, encabezada por el general Augusto Pinochet, emitió una proclama en la que cuestionaba la capacidad del Gobierno para frenar el supuesto caos que imperaba en el país. Tanto las Fuerzas Armadas como los Carabineros exigieron la renuncia inmediata del Presidente, con el objetivo de erradicar el “cáncer marxista” y restaurar el orden perdido. La violencia se desencadenó inmediatamente por todo el país, y los principales medios de comunicación fueron silenciados.


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LECTURAS

La emisora Radio Magallanes logró mantener sus transmisiones durante esa fatídica mañana, y fue el medio que transmitió la alocución del presidente Salvador Allende desde “La Moneda”, en momentos en que el palacio presidencial estaba cercado y siendo bombardeado por las fuerzas golpistas: [Yo no voy a renunciar] colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza de que la semilla que entregaremos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser segada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos […] Tengo fe en Chile y en su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano, tengo la certeza de que, por lo menos, será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. (Allende 1973)

Salvador Allende había subido al poder en 1970, al ganar la contienda presidencial con el apoyo de una mayoría relativa de poco más de un tercio del electorado. Durante su presidencia intentó hacer realidad el proyecto político de la Unidad Popular (UP), que buscaba, por vía democrática, emprender la construcción de una sociedad socialista. Desde antes que tomara posesión como mandatario de todos los chilenos, la oposición buscó impedir que llegara al poder, y, al no lograrlo, en los tres años siguientes buscó permanentemente debilitarlo y derrocarlo, para lo cual contó con la connivencia del Gobierno de Estados Unidos, que financió y patrocinó diversas acciones encaminadas a desestabilizar el país. Hacia 1973 la situación era compleja para las fuerzas de oposición, porque el soporte de los sectores populares a la Unidad Popular iba en aumento, tal como quedó consignado en el apoyo ciudadano a los partidos de gobierno en las elecciones de marzo de 1973. Así pues, no les quedaba más estrategia que la de sembrar el terror, declarar huelgas en sectores estratégicos y propiciar el desabastecimiento, lo que empujó al país al borde del desastre: “Largamente anunciado y largamente prefigurado, aunque el golpe se veía venir, nadie vio el golpe” (Stern 2013, 66). El día anterior al fatídico golpe militar, Allende había considerado la posibilidad de celebrar un plebiscito para superar el difícil momento. La posibilidad quedó truncada porque al día siguiente se produjo el temido golpe militar. En un inicio, muchos pensaron que los militares restablecerían prestamente el orden (un golpe blando), eliminarían a los violentos, desarticularían las

facciones de extrema izquierda y luego se retirarían a sus cuarteles y devolverían el poder a la Democracia Cristiana. Así pensaba el presidente que precedió a Allende, Eduardo Frei Montalva, líder del partido de la Democracia Cristiana, cuando sostuvo: “Yo estoy convencido de que vienen los militares. Le van a dar un golpe de Estado pero también estoy convencido de que los militares no van a gobernar mucho tiempo. Tú los conoces. Son capaces de poner orden, pero no de gobernar. Nos van a llamar. Nos van a llamar a los pocos meses y van a devolver el poder a la democracia”. (citado en Stern 2013, 64). Los hechos, sin embargo, se desarrollaron de un modo muy diferente. ¿Cuáles fueron las primeras reacciones de millares de chilenos ante este nuevo poder? Cuando la Junta Militar tomó el poder, no fueron pocos los militantes de izquierda que renunciaron a sus puestos, y tampoco faltaron los que voluntariamente se entregaron a las nuevas autoridades. Nadie imaginaba el destino que les esperaba; como sostuvo Stern, Después del secuestro, la persona se desvanecía en una nube de secreto, negación y desinformación por parte del Estado. Muchos chilenos creían que ese tipo de violencia del Estado —al otro lado de la frontera establecida por el procedimiento legal y la decencia humana— era un imposible. Fundamentalmente, su sociedad era demasiado civilizada, demasiado obediente de la ley, demasiado democrática para eso. En 1973, muchas de las víctimas se entregaron voluntariamente cuando aparecieron en las listas de las personas buscadas por el gobierno. (Stern 2013, 24)

De hecho, muchos se entregaron sin saber que terminarían siendo ejecutados sin algún juicio o simplemente desaparecidos. ¿No era de esperarse una feroz resistencia, como lo sugiere la imagen del pueblo heroico, capaz de desestabilizar e incluso derrocar a los militares? A todos, el golpe los tomó por sorpresa y les llevó meses y años procesar la magnitud del Armagedón que se avecinaba. El régimen nunca derivó en un golpe blando; los militares se aferraron al poder, para lo cual recurrieron a la represión y la intimidación, además de contar con una amplia base de apoyo. Marisa T. testifica que, antes de experimentar en carne viva la represión, siempre había transmitido a sus hijos el orgullo por los militares, pero la violencia de los allanamientos y de las desapariciones la obligó a reflexionar: “No es que no lo creyera sino que en mí no cabía, o sea, yo solo lo creía pero no me cabía a mí en mi cabeza ni en mi corazón” (citado en Stern 2013, 66). ¿Cómo palpitaba el Chile de la dictadura?, ¿cómo se expresaba lo que se estaba viviendo, lo que se había perdido, lo que la dictadura se había llevado? “Allí amé a una mujer terrible,/ llorando por el humo siempre eterno/ de aquella ciudad acorralada/

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LECTURAS por símbolos de invierno./ […] Eso no está muerto,/ no me lo mataron/ ni con la distancia/ ni con el vil soldado./ […] Allí nuestra canción se hizo pequeña/ entre la multitud desesperada:/ un poderoso canto de la tierra/ era quien más cantaba./ […] Allí yo tuve un odio, una vergüenza,/ niños mendigos de la madrugada,/ y el deseo de cambiar cada cuerda/ por un saco de balas”. (Rodríguez 1973)

Como menciona el cantautor cubano Silvio Rodríguez, en una entrevista de la revista La Bicicleta, (Godoy 1984), “la canción se hizo pequeña” ante la agitación que produjo el golpe y los días que le siguieron, pues quien realmente cantaba era la tierra, la multitud conmocionada, la multitud trastocada por el golpe que borró los sueños. La dictadura militar demonizaba la imagen de la izquierda, de todos los opositores, a quienes consideraba traidores, con lo cual pretendía constituir una justificación suficiente para desencadenar todo tipo de violencia: “—el combate contra la subversión— no era más que un aspecto de la reconstrucción de un Chile en ruinas” (Stern 2013, 97). En este punto me gustaría retomar una imagen que sugiere Zygmunt Bauman, para quien, en el momento en que se imponen las culturas de jardín,1 considerando en este caso a la dictadura como una cultura de jardín, eliminar todas las “malezas” que alteran el orden se convierte en un imperativo. Las culturas de jardín necesitan de supervisión, de vigilancia, y, en este caso, esta función era asumida por la Junta Militar, y más concretamente, por la Policía Secreta, que se encargaba de eliminar todo lo que atentara contra el diseño ideal (Bauman 1997, 77-79). Así pues, la Junta necesitaba, en primer lugar, de apoyo y, en segundo lugar, de una imagen positiva del nuevo gobierno que sacara al país del caos, restaurara el orden y eliminara la “maleza”. Lo anterior debía manifestarse en: 1) la apariencia de justicia y apego a la ley; 2) la utilización de la mujer como protagonista y beneficiaria simbólica de la nación redimida; 3) las ceremonias simbólicas. De estos componentes, me centraré principalmente en el segundo. “El silencio y el grito son las metas de este canto” (Víctor Jara) Desde antes de septiembre de 1973, la mujer chilena fue representada como un ícono y una imagen de salvación. Mujeres de diferentes clases sociales ejercieron un rol simbólico en la oposición a Allende: “El silencio 1

Bauman hace alusión a las culturas de jardín destacando la sensación de artificialidad y vigilancia que hay en ellas. Los jardines precisan de atención constante por parte jardinero, quien debe cuidar el diseño, supervisar que no emerjan “malezas”, las plantas no invitadas que desafían el orden impuesto. Los jardineros, a diferencia de los guardabosques, tienen la intención de transformar el territorio para acercarlo a un “estado ideal fabricado” (Bauman 1997, 77-78).

instaurado en el ámbito público permitiría reforzar la imagen de unidad nacional y de sentido de justicia del gobierno, incitando a los partidarios del régimen a hacer caso omiso de los rumores incómodos y reconocer los aciertos de su gobierno” (Stern 2013, 102). De hecho, ya en 1971, en Santiago, cientos de mujeres se reunieron en sendas marchas golpeando cacerolas vacías como desagravio por la visita de Fidel Castro a Chile, como lo relata Joan Jara: Como símbolo del hambre a que el gobierno socialista supuestamente las sometía, las mujeres llevaban cacerolas vacías que golpeaban con cucharas de madera como si se tratara de tambores. La marcha estuvo perfectamente organizada. Las ociosas señoras jugadoras de canasta e invitadas permanentes de los cócteles del barrio alto habían encontrado por fin una distracción. (Jara 2013, 181)

Asimismo, las mujeres se convirtieron en una imagen de descontento, debido a la escasez de alimentos y a las largas filas para adquirir los productos básicos de la canasta familiar. La mujer encarnó el coraje, la valentía de iniciar una resistencia ante el desastre que se avizoraba. Ellas representaban la necesidad de la acción política para poder defender los valores amenazados por el gobierno de Allende, entre ellos la familia. Como señala Elena Larraín, dirigente de la agrupación de derecha Poder Femenino: “[Las mujeres se organizaron para] recuperar los valores perdidos, la vida del hogar y la tranquilidad; para extinguir las tensiones que destruyen las familias; para que la lucha por la subsistencia no sea tan áspera y amarga” (Stern 2013, 104). La Junta aprovechó ese simbolismo de mujeres respetables que representaban el corazón de la cultura chilena, siendo leales a su familia y a la nación. La mujer chilena de “familia” soportaba el peso del sistema marxista y reaccionó ante la UP, depositando su plena confianza en la Junta, de ahí que Pinochet afirmara: “Rindo homenaje a las madres chilenas, mujeres inspiradas con esa claridad divina que Dios alberga en su corazón. Ellas lucharon por el futuro de sus hijos, lo que cuando se estudien las páginas tristes de este pasado, la Historia les reconocerá” (Stern 2013, 104). Empero, la mujer no siempre fue la figura que representaba la conservación del statu quo, como pretendían los ideólogos del régimen. Poco a poco fue apareciendo desde las entrañas mismas de Chile otra mujer, más combativa y resuelta, que luchaba por un nuevo orden de las cosas: las mujeres familiares de los detenidos desaparecidos y de socialistas y comunistas recientemente apresados; ellas tenían una visión contrastante respecto del gobierno instaurado con el golpe militar. Fueron estas mujeres, junto con otros familiares, quienes buscaron impedir que triunfara el silenciamiento; la única forma de salvar a sus familiares era exponiendo y des-silenciando la existencia de los detenidos desaparecidos. El tema debía ser llevado al

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dominio público. ¿Cómo? Con acciones callejeras, con huelgas de hambre, con peticiones a la Corte Suprema, con apoyo de la Iglesia —la Vicaría de la Solidaridad, por ejemplo— e, incluso, con manifestaciones artísticas. Los familiares exigían claridad, exigían verdad, querían saber el destino de sus allegados. Asimismo, interpelaron a la Corte para que retomara las funciones que la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y la posterior Central Nacional de Informaciones (CNI) le habían arrebatado. De acuerdo con una carta enviada a Pinochet por los familiares de los detenidos desaparecidos en 1977, se estaba llevando a cabo un genocidio contra todos los que, de acuerdo con el Gobierno, atentaban contra la seguridad. Artistas, cantantes y músicos alzaron sus voces de protesta, se unieron a los familiares de los detenidos desaparecidos, hablaron por los que no podían hablar, con lo cual ayudaron a romper el silencio y frenar el olvido. Quilapayún fue uno de los grupos que en el exilio se convirtió en una voz de todos aquellos a los que el golpe les había arrebatado la palabra, o la capacidad de encontrar las palabras adecuadas para manifestar aquello que estaban sintiendo, para hablar de lo que no se podía hablar, de lo que estaba siendo silenciado. De hecho, este grupo compuso en 1979 una canción, “Ronda del ausente”, en la cual interpretan la voz de un niño que canta a su padre ausente, mientras espera su llegada, pero, “¿Volverá a jugar con él?”. “El niño pidió una estrella/ adentro de un cascabel/ la quiere para su padre/ si vuelve a jugar con él./ El padre mirando al cielo/ ve a su niño florecer/ la noche es jardín al vuelo/ y el viento es un carrusel./ Por muros se sube el humo/ por llanos se va el corcel/ galopa el agua del río/ no la pueden detener./ La nube que emprende el vuelo/ una rosa va a encender/el niño encontró la huella/ y en el sol su redondel./ […] La casa alumbra el camino/ lucerito de papel/ la puerta se abre despacio/ a la sombra de un laurel/ soñando que el sueño pasa/ la vida empieza a correr/ que juntos están de nuevo/ y el mundo va a amanecer./ El niño y la madre saben/ que el fuego se va a encender/ las penas se acaban padre/ se acaba el anochecer./ La nube pidió una estrella/ adentro de un cascabel/ la quiere para su padre./ ¿Volverá a jugar con él?”. (Quilapayún 1979)

La música llegaba a través de medios alternativos a los grandes circuitos de comunicación, los cuales, en los primeros tiempos, tenían una existencia clandestina o discontinuamente tolerada (Bravo y González 2014, 67). A su vez, podía llegar mediante el contacto que mantenían los artistas que se encontraban tanto dentro como fuera de Chile, y además de ello, a través del uso de la parodia o la metáfora, pues eran recursos que permitían transmitir los contenidos sin expresarlos abiertamente.

En Chile, los familiares de los detenidos desaparecidos y las comunidades de derechos humanos rompieron el silencio. Mujeres con carteles y fotografías en sus manos, con consignas ante la Corte, buscaban salvar a sus familiares del olvido; querían conocer el paradero de sus seres queridos y de todos a quienes el Gobierno había desaparecido, aunque este negara sistemáticamente haber tenido participación en dichas desapariciones (Stern 2013, 177). ¿Qué les había sucedido? ¿Volverían a verlos? La música se convirtió en un poderoso medio de expresión, pues permitía protestar, denunciar y forjar un sentimiento de unidad; las personas no se enfrentaban a un dolor individual, había otros que sufrían, otros que querían respuestas, otros que también querían rescatar a sus allegados del olvido. “¿Dónde están?/ Los bravos compañeros ¿dónde están?/ Caídos en mazmorras, sepultados,/ torturados por las garras de los traidores./ ¿Dónde están?/ La mano del verdugo está en la sombra/ golpea al pueblo y mata oscuramente/ la vida de los héroes de Chile/ se escribe en el peligro clandestino./ Alerta, que vienen los cuervos de muerte./ ¿Dónde están?/ No serán lágrimas por Exequiel Ponce/ será la confraternidad del pueblo herido/ […] ¿Dónde están?/ Los bravos compañeros ¿dónde están?/ Endurecidos a golpe y a suplicio/ levantando la bandera y la palabra./ ¿Dónde están?/ El hambre de odio y muerte de estas hienas/ se sacia con los mártires del pueblo/ su sangre en el camino del futuro/ será puñal el día justiciero./ […] ¿Dónde están?/ La sombra del sepulcro y la tortura/ se cierne sobre nuestros capitanes/ libertad para el patriota y el valiente/ que se abran las cárceles ocultas/”. (Quilapayún 1976)

Asimismo, la Vicaría, Radio Santiago y Radio Cooperativa transmitieron reportajes de dolor y esperanza de los familiares de los detenidos desaparecidos que habían suscrito la carta. Prendieron la alarma pública, ¿dónde están?, ¿qué les sucedió? ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde está la tumba de tu padre? ¿Dónde puedo dejar estas flores? ¿Dónde me puedo arrodillar a rezar? Los muertos estaban en un lugar sin nombre donde yace gente sin rostro. Nos preguntaban: ¿Cómo pueden vivir en apatía? ¿Cómo pueden ser testigos y quedarse en silencio? ¿Cómo pueden vivir en tal indiferencia? ¿Cómo podemos despertar sus corazones dormidos? […] Fuimos testigos. Silenciados por el miedo. (Rojas y Rojas 2014, 107)

La Policía, en secreto, reinició las visitas intimidatorias a todos quienes firmaron la carta y a los familiares de los detenidos desaparecidos, ¿pero cómo era posible para la DINA imponer de nuevo el silencio? Los familiares se negaron a aceptar el olvido en silencio, seguían con la firme decisión de continuar inquiriendo y mantener sus huelgas como medios para irrumpir en lo público:

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“abrigamos el anhelo y la esperanza de volver a abrazar a nuestros seres queridos” (Stern 2013, 177). Los familiares de los detenidos desaparecidos, los huelguistas, eran quienes elaboraban memorias de ruptura, persecución y despertar, tenían miedo, pero no debían permitir que ganara el silenciamiento: “otras personas y otros nudos de memoria2 vendrían inexorablemente a reemplazar a los que fueran silenciados” (Stern 2013, 178). Fue común en las dictaduras militares latinoamericanas, y la chilena no fue ninguna excepción, la desaparición sistemática de los opositores; se les secuestraba, se les aislaba y torturaba para romper su mundo anterior. Los familiares, la Vicaría y los defensores de los derechos humanos tenían que probar la realidad de las desapariciones, pero el Gobierno se anticipó y desenterró, destruyó y dispersó cualquier prueba física que pudiera ser descubierta. Un nuevo velo de silencio se impuso sobre los desaparecidos. Ahora bien, ¿cómo des-silenciar lo que ha sido silenciado?, ¿cómo acabar con los temores de los familiares? “[Ellos temían que existiese] el deliberado propósito de cubrir con un manto de olvido una realidad dramática” (Stern 2013, 177). Lo anterior puede verse en la obra de Alfredo Jaar Geometría de la conciencia,3 la cual constituye un ejemplo del doble vacío implicado en la detención-desaparición: 1) La muerte sin cuerpo, sin sepultura, sin certezas ni despedida y 2) su posible olvido (Nicholls 2013). A finales de la década de los setenta, un nuevo contexto surgió a partir del develamiento de los detenidos desaparecidos y el desenmascaramiento de las atrocidades cometidas por la dictadura. Se dio inicio a una guerra de memoria, con bandos de disidentes y sostenedores del régimen que desembocaron en la franja del No y del Sí antes del plebiscito de 1988.4 Símbolos de memoria irrumpieron en el espacio público, a través de manifestaciones, huelgas de hambre como signo de desesperación y de determinación de no olvidar, de des-silenciar. Uno de los hechos emblemáticos surgido a finales de los setenta fue el descubrimiento de los hornos

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Los nudos de memoria que estudia Stern son configuraciones sociales, espaciales o temporales; son sujetos colectivos e individuales, huellas de los relatos de memoria, eventos que reactivan el debate de cómo se da forma y se proyectan en el espacio público los modos de recordar (Stern 2013, 41).

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La obra está compuesta por 500 siluetas que aparecen y desaparecen. Ahora bien, una gran parte de las siluetas son de los detenidos desaparecidos pero otra parte son personas vivas. Jaar incorpora siluetas de los vivos, siguiendo a Nicholls, tal vez para vincular la memoria y el presente, los chilenos que murieron y desaparecieron y los que permanecen vivos. La obra está situada en un recinto oscuro y cerrado; allí, una vez entran los espectadores, se desprende una luz desde las siluetas, que se reproducen infinitamente por el efecto de los espejos que están al costado del reciento (Nicholls 2013, 56).

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Plebiscito celebrado en 1988, en el que la población tuvo que expresarse sobre la continuidad o no del régimen.

de Lonquén,5 en los que se encontraron varios cuerpos de personas detenidas y desaparecidas desde 1973. Lonquén impulsó la solidaridad, demostró la verdad de las desapariciones, despertó a millares de ciudadanos y rompió el silencio y la tranquilidad impuestos: El triunfo de la institucionalización tuvo un correlato: el silencio. Su dimensión más secreta fue el esfuerzo por impedir otro Lonquén, para lo cual se ubicaron los restos humanos de los detenidos desaparecidos enterrados en forma negligente en el pasado y se trató de eliminar todo rastro de ellos, no pocas veces lanzándolos desde helicópteros al océano Pacífico […] El nuevo Chile en vías de modernización no daba cabida a cierto tipo de gente y cierto tipo de recuerdos. (Stern 2013, 235)

Por esos años, en Chile, en la guerra de memoria había dos enfoques: 1) el marco de memoria como salvación, el cual exaltaba la labor de la Junta pues, de acuerdo con ellos, había sido fructífera; Chile había cambiado y estaba en vías de un futuro espléndido, moderno y ordenado; 2) el marco de memoria del cierre de la caja, de la caja que guardaba aspectos oscuros del pasado; la Ley de la Amnistía permitía dejar atrás aspectos de la guerra sucia, donde olvidar sería un acto unificador y patriótico. Pero, ¿era posible dejar atrás esos dramas?, ¿olvidar a esas personas acalladas por el régimen?, ¿a los cinco mil de Víctor Jara? “Somos cinco mil aquí./ En esta pequeña parte de la ciudad./ Somos cinco mil./ ¿Cuántos somos en total en las ciudades y en todo el país?/ Somos aquí diez mil manos que siembran y hacen andar las fábricas./ ¡Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura!/ Seis de los nuestros se perdieron en el espacio de las estrellas./ Un muerto, un golpeado como jamás creí se podría golpear a un ser humano./ […] Llevan a cabo sus planes con precisión artera sin importarles nada./ La sangre para ellos son medallas./ La matanza es acto de heroísmo./ […] La sangre del Compañero Presidente golpea más fuerte que bombas y metrallas./ Así golpeará nuestro puño nuevamente./ Canto, que mal me sales cuando tengo que cantar espanto./ Espanto como el que vivo, como el que muero, espanto./ De verme entre tantos y tantos momentos del infinito en que el silencio y el grito son las metas de este canto./ Lo que nunca vi, lo que he sentido y lo que siento hará brotar el momento.../”. (“Somos cinco mil” citado en Plata 1976, 53-55)

El poema de Víctor Jara contrasta, a mi parecer, con la propuesta de Luis Camnitzer, según la cual los actos pueden ser divididos entre los que tomamos como dato 5

En la isla de Maipo, cerca de Santiago, se encuentran los hornos de Lonquén, donde, en la década de los setenta, fueron encontrados varios restos de detenidos desaparecidos.

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estadístico,6 que posibilitan únicamente una identificación genérica, y los actos que permiten establecer empatía. En la mayoría de los actos contra otros se busca borrar la posibilidad de empatía, invisibilizando la biografía7 y reificando al ser humano: “Se trata de despersonalizar a la víctima, de ignorar o borrar la historia que la define como un individuo, y en ese sentido, deshonrarla” (Camnitzer 2013, 23). A pesar de que Víctor Jara hable de grandes números y no de individualidades, logra generar empatía remitiendo a los sentimientos y emociones que los detenidos estaban vivenciando. Lo anterior puede constituir una arista para pensar que, quizá, el poema de Víctor Jara es un ejemplo de una simbiosis entre los dos actos que Camnitzer percibía como separados. ¿Cómo fue posible sobrevivir al Chile de la dictadura en esos diecisiete años?, ¿cómo fue posible convivir con los dramas cotidianos? Uno de los recursos utilizados para liberarse de esos efectos fue la música. Por aquellos años se popularizaron las peñas, muchas con fines solidarios, pero más importante fue que la música permitía encontrar un sentido de identidad, una voz propia: La música traía nuevamente a la vida a los artistas, los valores y las inspiraciones que habían configurado la identidad de cada cual y el paso a la edad adulta. La música evocaba sentimientos de esperanza, justicia, solidaridad o belleza que los transportaban a un mundo de anhelos y posibilidades. (Stern 2013, 180)

Gran importancia tuvo el Canto Nuevo, surgido en estos años, en el que los nuevos intérpretes, con nuevos medios alegóricos, manifestaban el descontento existente con el cual el pueblo se sentía identificado. El canto no solamente creaba identidad, también presentaba un punto de vista, daba a conocer lo que sucedía, para evitar el silencio y el olvido: También, el objetivo del canto popular no es el de crear identidad o cultura en primer término, sino que tiene un objetivo político, debido a que lo que se hace es presentar un punto de vista, dar a conocer los problemas de un grupo determinado, hacer valer su voz y esforzarse en no ser ignorados, es un camino a cambiar la realidad en la cual se está inmerso, llevando un mensaje de miseria y esperanza. (Carrasco 2009, 23)

El canto permitía ser escuchados, pues los cantantes no silenciaban su malestar y descontento frente a lo que se estaba viviendo. En la década de los ochenta, la banda Los

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“La estadística es ese lugar donde el anonimato rige las decisiones y las biografías, la empatía, son imposibles” (Camnitzer 2013, 26).

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“La eliminación de todos los datos que puedan individualizar y separar a la víctima del anonimato” (Camnitzer 2013, 23).

Prisioneros hizo su entrada, con temas que representaban a una generación que protestaba, a las multitudes descontentas, sin denunciar de forma directa, sino con parodias como “La estamos pasando muy bien” (1986). Ellos debían cuidar sus palabras, y para ello usaron diferentes recursos para transmitir su crítica: “el propio nombre daba a entender que Chile era una prisión” (Stern 2013, 352). Una de las canciones que, a mi parecer, resalta las dificultades de vivir en un país que no proporcionaba las mismas oportunidades para todos, en el que no todos están incluidos, sino que algunos se encuentran por fuera, es “El baile de los que sobran” (1986). En los años ochenta, el régimen comenzó a perder el control sobre el espacio público. Las manifestaciones callejeras operaron como nudos de memoria que quebrantaban el flujo de control. Los nudos de memoria se volvieron agresivos y se multiplicaron redefiniendo el espacio público: “la escaramuza ocasional de la memoria había dado paso a un clima de guerra de la memoria” (Stern 2013, 316). El país, como menciona la periodista Patricia Verdugo, estaba conectado, los cacerolazos —ahora contra la dictadura—, las barricadas acompañadas de cantos —la Nueva Canción como Quilapayún o el Canto Nuevo— y celebraciones casi carnavalescas (Stern 2013, 318). ¿La memoria disidente podría destruir el muro de temor del régimen?, ¿cómo controlar las calles si los actos en los que se celebra con símbolos prohibidos —como la consigna de la UP, “el pueblo unido jamás será vencido”— tienen tal resonancia en los espacios públicos? Las calles y las manifestaciones callejeras se volvieron lugares de des-silencienciamiento: “Para el Chile contraoficial, en particular para la juventud, las quemaduras de Quintana y Rojas8 simbolizaron un régimen que estaba dispuesto a matar y torturar a quienquiera se interpusiese en su camino. Ser joven, soñar con un destino mejor y oponerse a la dictadura era una mezcla peligrosa” (Stern 2013, 335). ¿Cómo despertar al país? A través de actividades discretas, discursos, actos simbólicos o de desobediencia civil. Por ejemplo, las mujeres pertenecientes a la Agrupación de Detenidos Desaparecidos (ADD) —fundada en 1976— representan un símbolo de la

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En una protesta organizada en julio de 1986, la estudiante Carmen Gloria Quintana se unió a un grupo que levantaba una barricada, mientras Rodrigo Rojas, un prometedor fotógrafo, se proponía fotografiar las protestas. Un grupo de soldados detuvo a Rojas y Quintana, los golpeó, los empapó de gasolina y les prendió fuego; después de dejar que ardieran e intentaran extinguir las llamas, los envolvieron en frazadas y los abandonaron en un sitio remoto. Rojas murió en los días siguientes, y Quintana se salvó gracias a un tratamiento médico efectuado en el extranjero, asistido por fondos solidarios, y por filas de personas que ofrecían su sangre y piel para los implantes. Ambos jóvenes se convirtieron en un recordatorio del hecho, Quintana siendo un testimonio viviente, y también mediante la constitución de un santuario: las flores, las notas y los poemas dejados en el sitio del horror (Stern 2013, 335).

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memoria como ruptura, que se puede percibir en una de las danzas más emblemáticas de la resistencia: la cueca sola. “[Yo brindo por la verdad, la justicia y la razón, porque no exista opresión ni tanta desigualdad, con coraje y dignidad, de este mal hay que salir, vamos a reconstruir, y con cimientos bien firmes, para que jamás en Chile, esto se vuelva a vivir]/ Mi vida en un tiempo fui dichosa/ Mi vida apacibles eran mis días/ Mi vida mas llegó la desventura/ Mi vida perdí lo que más quería./ Me pregunto constante,/ ¿dónde te tienen?/ Y nadie me responde,/ y tú no vienes./ Y tú no vienes, mi alma,/ larga es la ausencia,/ y por toda la tierra/ pido conciencia./ Sin ti, prenda querida,/ triste es la vida/”. (Cueca sola s. d.)

El régimen realzó la importancia de la cueca como símbolo nacional, una danza que simbolizaba etapas de un interludio romántico, en la que, mientras la guitarra entona la melodía, se aplaude, el hombre levanta su cabeza y, sonriendo, eleva su pañuelo sin apartar la vista de su pareja (Agosín 2008, 297). Era una música campesina, que había sido despreciada pues se la identificaba mayormente con las clases populares, pero la Junta, interesada en crear emblemas de “chilenidad”, la convirtió en la música y la danza del nuevo régimen. En respuesta, las mujeres de la ADD crearon una forma particular de hacer cueca: la cueca sola, resultado del Conjunto Folclórico de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos (CFADD). A la canción la acompañaba el baile pero, a diferencia de la cueca tradicional, la danza no se efectuaba en parejas, sino que era el baile solitario de la mujer, de la mujer que baila con el ausente. La danza pasó de ser una experiencia galante y agradable, a ser una experiencia de dolor y recuerdo; el pañuelo, ahora lo levanta la mujer, que danza sola en un espacio vacío: Through the cueca sola, the dancers tell a story with their solitary feet, the story of the mutilated body of the loved one. Through their movements and the guitar music, the women also recreate the pleasure of dancing with the missing person. When the women step onto the dance floor, they invoke the dead and perform a dance of life for them. (Agosín 2008, 299)

La cueca, como lo expresa Marjorie Agosín, se convirtió en metáfora para las mujeres chilenas que se enfrentaban a las violaciones de derechos humanos. La cueca sola se transformó en un símbolo de una lucha, en una denuncia contra una sociedad que desaparece los cuerpos, privándolos de un funeral adecuado (Agosín 2008, 299). Como menciona Gala, una de las mujeres de la agrupación: Lo organizamos [el grupo] pensando en la cueca sola. La cueca sola para demostrar de que aquí falta el compañero, para bailarla y como la cueca es nuestra

danza nacional, es una danza de pareja es amorosa, nosotras pensamos que vamos a bailar la cueca sola para demostrar de que falta, de que el compañero ya no está, pensando siempre en nuestro desaparecido. (Shaffer 1989, minuto 18)

Se evidencia un cambio también en los trajes pues, a diferencia de la cueca tradicional, estos dejaron de ser de colores. Las mujeres se vestían ahora con un pañuelo blanco, una falda negra, una camisa blanca, a la que adherían la foto del desaparecido. El baile se convirtió en un verdadero ícono, tanto en Chile como en el exterior, para mostrar que las mujeres no estaban solas. De hecho, el cantante británico Sting participó en estas denuncias de las desapariciones, y en apoyo a las mujeres, tal como se evidencia en su canción “Ellas danzan solas”: “¿Por qué están aquí, danzando solas?/ ¿Por qué hay tristeza en sus miradas?/ Hay soldados también/ Ignoran su dolor/ Porque desprecian el amor/ Danzan con los muertos/ Los que ya no están/ Amores invisibles/ No dejan de danzar/ Danzan con sus padres/ Sus niños también/ Y con sus esposos/ En soledad, en soledad/ Yo las vi, en silencio gritar/ No hay otra manera de protestar/ Si dijeran algo más/ Solo un poco mas/ Otra mujer seria torturada/ Con seguridad/ Danzan con los muertos/ Los que ya no están/ Amores invisibles/ No dejan de danzar/ Danzan con sus padres/ Sus niños también/ Y con sus esposos/ En soledad, en soledad/ […] Hey Mr. Pinochet/ Su siembra huele mal/ Y ese dinero que recibe/ Pronto se terminara/ No podrá comprar más armas/ Ni a sus verdugos pagar/ Imagine a su madre/ Danzando siempre en soledad/ […]”. (Sting 1988)

En este punto, me gustaría traer a colación al artista Jochen Gerz,9 quien, a través de sus obras, busca alejarse de la monumentalidad, que por su misma visibilidad se torna invisible. Gerz opta por las ausencias, alusiones a referencias no concretas, que instan a los espectadores a buscar los propios caminos de rememoración para mantener viva la memoria y no caer en el silencio y el olvido: “Nos comprometemos a permaneces vigilantes”, reza la placa, “[…] Frente al vacío, a la ausencia, a la desaparición, sólo quedamos nosotros” (Nicholls 2013, 53). De modo análogo, puede decirse que esto sucede en la cueca sola, en la que está presente un juego de ausencias y referencias no concretas, que invitan al público a hacerse partícipe de

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En el monumento contra el racismo de Sarrebrück, Gerz trabajó con los adoquines de una calle que va desde el centro de la ciudad hasta el Parlamento regional. En cada uno de los adoquines inscribió el nombre de los 2.146 cementerios judíos —conocidos y secretos—, colocándolos hacia abajo. Lo anterior, porque la obra en un principio no fue legal, y sólo más tarde fue aprobada por el Gobierno, y la plaza donde está ubicado el monumento fue rebautizada “La plaza del monumento invisible” (Nicholls 2013, 51-52).

“Corazón, canta y no llores, no llores que los dolores hay que espantarlos bailando” | Daniela Fazio Vargas

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los sentimientos y a no olvidar, manteniendo viva la memoria que pretende ser acallada. Imagen 1. La cueca sola

cumplir los compromisos adquiridos, para que respondieran con la verdad acerca del paradero de los detenidos desaparecidos; 2) denunciar la amnistía como beneficiaria de los agentes de los servicios de seguridad del Gobierno: “Amnistía pasaría a significar ocultar […] ‘nuestros familiares no pueden perderse en el olvido’” (Stern 2013, 205) 3); llamar a los chilenos a la solidaridad para que conozcan la verdad de los detenidos desaparecidos, de modo que hechos tan atroces no se vuelvan a repetir. La verdad se sabía y no podía acallarse más, ¿realmente podía olvidarse?, ¿podía cerrarse la caja de la memoria?, ¿podía silenciarse así, sin dar más? La lucha entre los campos de memoria llegó al punto más alto durante la campaña publicitaria del plebiscito de 1988. La franja del No luchaba por denunciar lo oculto, buscaba des-silenciar, tenían que denunciar. De acuerdo con lo que he venido mencionando, me gustaría resaltar uno de los anuncios publicitarios de esta franja, en el que estaban las mujeres del CFADD, exponiendo sus pérdidas, la desaparición de sus familiares, al tiempo que bailaban la cueca sola. ¿Realmente se votaría Sí para que Pinochet tuviera ocho años más de gobierno? Se imponía hablar, denunciar, tal como lo muestra la canción del grupo Santiago del Nuevo Extremo, “Simplemente”:

Fuente: Rojas y Rojas (2014).

“Si pudiera explicar todo aquello que me inquieta y entre todos construir nuevamente esta historia” (Santiago del Nuevo Extremo) Con la Ley de la Amnistía (1978), el Gobierno buscó cerrar algunas de las heridas abiertas; las disposiciones eran extrañas, pues: Los crímenes más serios asociados a la represión política —homicidio, secuestro y tortura— caían dentro de la esfera de la amnistía; otros crímenes violentos pero sin un móvil político claro —parricidio, secuestro de menores y robo con asalto— quedaban fuera […] amparaba en sus crímenes no solo a los autores directos, sino también a los cómplices y encubridores, servía de excusa legal a los tribunales para sobreseer casos de personas desaparecidas. (Stern 2013, 202)

De ahí que en 1978, varias mujeres iniciaran una huelga de hambre buscando: 1) presionar a las autoridades para

“La verdad/ es que no quiero mantener mi nombre atado/ a los días y a los hombres que me vieron derrotado,/ simplemente/ y con la soltura suficiente/ perderle el miedo a todo/ y a los que son diferentes./ Despacito,/ lo que tengo que decir es delicado/ y en verdad me duele más a mí que al que yo acuso,/ enderézate/ y préstale atención a lo que digo/ porque yo estoy cantando por la voz de mis amigos./ Simplemente que estas cosas/ son de todo el que las sienta/ y es mi voz la que las dice/ mas es de todos la conciencia./ Simplemente las verdades/ se van haciendo una sola/ y es valiente quien las dice,/ más valiente en estas horas./ Si pudiera/ explicar todo aquello que me inquieta/ y entre todos construir nuevamente esta historia,/ faltarían/ más palabras, sobrarían sentimientos,/ venga ahora el gran abrazo/ para todos los que quiero…”. (Santiago del Nuevo Extremo s. d.)

Asimismo, es diciente una de las manifestaciones antes del plebiscito, realizada en agosto del mismo año. Varias mujeres se organizaron en grupos, se desplazaron en varios puntos de Santiago, desplegando siluetas negras con el nombre de la persona desaparecida y con un letrero que decía ¿Me olvidaste? Sí o no; la silueta tenía el espacio para marcar de modo análogo a como se hace en los plebiscitos: “Soy una víctima de la dictadura. Me torturaron, me asesinaron, me desaparecieron. ¿Me olvidaste?” (Stern 2013, 454). Eran figuras de ausentes-presentes que se transformaron en nudos de memoria. De hecho, durante los años de la dictadura, lo que hizo el Gobierno fue sofocar la exigencia de la memoria reprimiendo la memoria de los disidentes.

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LECTURAS

¿Había que olvidar? En las guerras de memoria, en las guerras por definir el pasado y el presente del país, las memorias disidentes se enfrentan contra un muro levantado por los gobiernos: “con demasiada frecuencia, las revelaciones sobre el desastre de los derechos humanos, parecían caer en oídos sordos. Un nuevo marco de memoria, formalizado en la promulgación de la Ley de Amnistía de 1978, incitaba a los chilenos a cerrar la caja con respecto a un pasado ‘sucio’ pero necesario” (Stern 2013, 190). La memoria se construye y se moldea según intereses y significados actuales. De hecho, la construcción de la memoria forma parte de las luchas políticas, luchas que moldean la memoria, memorias que se enfrentan pero de las cuales se puede encontrar un sentido colectivo. De acuerdo con Elizabeth Jelin, la producción de memoria se sitúa en campos de disputas, cuando son memorias que involucran a la sociedad y que se refieren a hechos controvertidos y traumáticos de los que no es posible construir una única e inequívoca memoria, y que las diversas vivencias han llevado a un disenso poco asumido (citado en Nicholls 2013, 15). “El escenario en consecuencia, oscila entre el silenciamiento, los brotes constantes de memoria y como señalamos, una disputa por situar y resituar las diversas memorias colectivas en el plano público” (Nicholls 2013, 15).

no, nos orienta respecto al uso que hacemos del pasado. De lo anterior resultan dos formas de relatos del pasado que, más que disociarse, deberían complementarse: la memoria y la historia. La primera es una experiencia subjetiva, individual o colectiva, de un individuo o un grupo que ha vivido un acontecimiento y reconstituye sus recuerdos; la segunda es una reconstrucción intersubjetiva, mas no objetiva, que busca aprehender el relato subjetivo, confrontándolo y sopesando la información, intentando indagar las condiciones que hicieron posible el acontecimiento y sus posibles efectos (Todorov 2013, 25).

La construcción de la memoria es “de todo el que la sienta y es mi voz la que las dice mas es de todos la conciencia” (Santiago del Nuevo Extremo)

Podría hablarse, quizá, del deber de una memoria social y reconciliada que incluya los recuerdos de otros y que dé lugar, también, a una acogida empático-solidaria: “tu memoria es la mía”, objetivando así las memorias subjetivas de lo vivido (Etxeberria 2013, 18). La memoria social constituye una articulación entre la memoria colectiva, el marco de sentido ya asentado e interiorizado, y la memoria individual que se puede compartir. De ahí que la memoria esté sujeta a un trabajo sobre los hechos, un trabajo memorial de ordenaciones, selecciones, reinterpretaciones y reconfiguraciones. Por lo tanto, construir la memoria social supone enfrentarse a la ciega voluntad de olvido, al olvido total, y también implica luchar contra las deformaciones producto de intereses particulares:

El pasado no se inscribe mecánicamente en el presente, se recolectan datos, se seleccionan y se dotan de sentido. Decidimos retener ciertas huellas, las inmortalizamos, iluminando algunos rasgos y apartando otros a la periferia. Así pues, los recuerdos no son los hechos mismos sino que son el resultado de una construcción inconsciente o consciente, son la combinación de rastros materiales y de sentidos; a medida que los hechos se van constituyendo se van encadenando en relatos que dan paso a interpretaciones, relaciones, graduaciones y oposiciones (Todorov 2013, 21-22). El ser humano está inscrito en el tiempo, y la consciencia del tiempo transcurrido es lo que, siguiendo a Tzvetan Todorov, llamamos memoria: [El ser humano] sabe que es mortal, que su vida tendrá algún día un final, sabe también que hubo un principio y un transcurso que vincula ese momento inicial con el presente. Esta continuidad se presenta en su conciencia bajo la forma de relato que se reescribe a lo largo de su existencia. (Todorov 2013, 17)

La memoria no debe oponerse al olvido, sino que es un olvido parcial y orientado, un olvido indispensable, debido a que siempre implica selección de ciertos sucesos. Así pues, la memoria, de manera consciente o

Ahora bien, ¿qué entender por memoria? La capacidad de integrar una serie de eventos con un significado; no son los hechos pasados que se recuerdan, sino los significados que se les atribuyen a esos hechos; de ahí que cobren importancia las luchas de memoria. Los significados son colectivos, son una memoria que se comparte; la comunidad construye la memoria, y el campo de la memoria se forma con símbolos, narrativas, valores que la comunidad reconoce como propios. La memoria es hechos, emociones, respuestas, imágenes, confusiones y certezas dotados de un significado. En la época de la dictadura, Chile fue una sociedad con experiencias y memorias divididas que se enfrentaban.

[La memoria social] se expresa como un conjunto estructurado de recuerdos socialmente compartidos y sostenidos suficientemente en el tiempo por entidades colectivas con autoidentidad […] que son más que la suma de recuerdos individuales, hasta el punto que podemos hablar de comunidades de memoria donde son relevantes los recuerdos de los triunfos, logros y traumas. (Etxeberria 2013, 18)

Este deber de memoria puede concretarse al sintetizar las diversas fuentes de memoria social: 1) las huellas materiales de la agresión o las ausencias de ellas, como en el caso de los desaparecidos, pero que aun así certifican la violencia al destruir sus rastros, 2) el testimonio —memorias subjetivas— de sobrevivientes, allegados y victimarios pues la palabra acompaña a la huella física, se interpreta y se dota de sentido, 3) la memoria judicial,

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que persigue un hacer de la verdad, que desde la mirada de un juez imparcial reasume los testimonios y busca asignar responsabilidad, 4) el saber de la historia, el relato de los hechos que alimentan el recuerdo y que, desde la distancia del historiador, pretenden alcanzar una comprensión objetiva, global y crítica en función de un hacer verdad, 5) las creaciones artísticas, estrategias que intentan ser fieles a la realidad pero articulan ficciones que relatan con radicalidad lo sucedido y que se dirigen a las dimensiones de personalidad de muchos ciudadanos incitándolos a que hagan suya la memoria (Etxeberria 2013, 29-30). Las múltiples fuentes, y sus diversos relatos, guiados por la intención de verdad y de justicia, rechazan la pretensión de un relato unívoco y simplificado y apoyan, más bien, una polifonía de relatos que se enriquecen armoniosamente y cuyas disonancias tensionan la melodía haciéndola más expresiva: “El relato compartido será precisamente esa compleja polifonía en la que las variedades dejan traslucir una melodía que resulta clave y que expresa la unidad de fondo en la diversidad” (Etxeberria 2013, 43). Es menester recordar que el contexto que subyacía a la dictadura era la Guerra Fría. De ahí que se demonizara y se viera a los que se oponían al régimen, los llamados subversivos, como marxistas, comunistas y traidores. De acuerdo con Stern, en la década de los setenta se forjaron cuatro marcos de disputa para la elaboración de la memoria: 1) la memoria como salvación, 2) como ruptura irresuelta, 3) como persecución y el despertar, 4) como caja cerrada. Los primeros concebían la toma del poder por parte de la Junta como la salvación para una sociedad que estaba en el caos; los segundos eran las víctimas y los opositores que querían destacar la brutalidad, el tormento, la incertidumbre y angustia producidos por la dictadura; los terceros son los de la persecución y el despertar de la oposición, eran todos aquellos que, motivados por la solidaridad, buscaban la instalación de los derechos humanos y la denuncia de todos aquellos que habían sido afectados por las muertes, las desapariciones y el exilio; los cuartos buscan cerrar la caja del pasado, borrar parte de la memoria, la parte de la guerra sucia, puesto que, de acuerdo con ellos, el rememorar no permitirá ninguna unidad: “Perdón, olvido, unidad […] el olvido significaba generosidad: un gobierno no interesado en el castigo gratuito de los disidentes y dispuesto a la reconciliación” (Stern 2013, 20). ¿Cómo es posible construir memoria a partir de algo que ha sido silenciado? Hay que des-silenciar pero, ¿cuál es la mejor forma para hacerlo? ¿En huelgas de hambre? ¿Gritando? ¿Cantando? ¿Danzando? Estas representaciones, estos actos simbólicos que intentaron ser silenciados durante la década de los setenta, tuvieron tanta magnitud en los ochenta como para soportar el olvido, resistieron, y ahora constituyen memoria, y ella es una forma de resistencia al olvido:

Cuando el Chile oficialista comenzó a poner el énfasis en las virtudes del olvido, y la promoción del olvido parecía tener aún mayor valor estratégico para seguir adelante con el régimen militar y su injusticia […] a partir de mediados de los años ochenta, el rememorar pasaría a ser sagrado; la memoria sería una idea moral clave en el discurso que esgrimieron los opositores de la dictadura para hacer avanzar su causa. (Stern 2013, 235)

Las diversas manifestaciones artísticas exponen, a través de diferentes métodos y de reinvenciones, la necesidad de des-silenciar. Hay múltiples maneras que se resisten a ser calladas y que se constituyen como fragmentos en esas luchas por la memoria, fragmentos que alimentan una identidad. No se cerró la caja de la memoria, hay olvidos que pueden aún des-silenciarse, la memoria no es fija, es móvil y se va construyendo, se deshace y se reinventa. La música sigue manteniendo vivas las tensiones latentes, el Chile de hoy se sigue aferrado a aquellos cánones y símbolos musicales de denuncia de un pasado que quieren y al mismo tiempo no quieren silenciar: “Yo pisaré las calles nuevamente/ de lo que fue Santiago ensangrentada,/ y en una hermosa plaza liberada/ me detendré a llorar por los ausentes./ […] Retornarán los libros, las canciones/ que quemaron las manos asesinas./ Renacerá mi pueblo de su ruina/ y pagarán su culpa los traidores./ Un niño jugará en una alameda/ y cantará con sus amigos nuevos,/ y ese canto será el canto del suelo/ a una vida segada en La Moneda…”. (Milanés 1976)

Referencias 1.

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3. 4.

5. 6.

Agosín, Marjorie. 2008. “The Dance of Life. Women and Human Rights in Chile”. En Dance, Human Rights, and Social Justice, editado por Naomi Jackson y Toni Shapiro-Phim, 296-303. Lanham: Scarecrow Press. Allende, Salvador. 1973. Último discurso, 11 de septiembre. https://www.marxists.org/espanol/ allende/1973/11-09-73.htm Bauman, Zygmunt. 1997. Legisladores e intérpretes. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes. Bravo, Gabriela y Cristian González. 2014. Ecos del tiempo subterráneo. Las peñas en Santiago durante el régimen militar (1973-1983). Santiago de Chile: Lom Ediciones. Camnitzer, Luis. 2013. Arte y deshonra. Santiago de Chile: Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Carrasco, Eduardo. 2009. “Canción popular y política”. En La música popular como símbolo de protesta durante las dictaduras de Chile y Argentina. Cecilia Flores y Giorgio Cossio Lamilla. Cátedra Virtual para la Integración Latinoamericana. http://myslide. es/documents/la-musica-popular-como-simbolo-de-protesta-durante-las-dictaduras.html

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LECTURAS Conjunto Folclórico de la AFDD. S. d. La Cueca sola, “Canto a la esperanza”. 8. Etxeberria, Xabier. 2013. La construcción de la memoria social: el lugar de las víctimas. Santiago de Chile: Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. 9. Godoy, Álvaro. 1984. Entrevista en tres partes a Silvio Rodríguez. Chile. http://zurrondelaprendiz. com/entrevistas/entrevista-en-tres-partes-publicada-en-la-bicicleta-0 10. Jara, Joan. 2013. Víctor, un canto inconcluso. Santiago de Chile: Lom Ediciones. 11. Milanés, Pablo. 1976. Yo pisaré las calles nuevamente. “La vida no vale nada”. 12. Nicholls, Nancy. 2013. Memoria, arte y derechos humanos: la representación de lo imposible. Santiago de Chile: Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. 13. Parra Isabel. S. d. Corazón, canta y no llores, “Acerca de quién soy y no soy”. 7.

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

22. 23.

Plata, Galvarino. 1976. Víctor Jara. Madrid: Ediciones Júcar. Quilapayún, 1976. ¿Dónde están?, “La marche et le drapeau”. Quilapayún. 1979. Ronda del ausente, “Umbral”. Rodríguez, Silvio. 1973. Santiago de Chile. Rojas, Lizana Ariel y Sol Rojas Lizana. 2014. Historias clandestinas. Santiago de Chile: Lom Ediciones. Santiago del Nuevo Extremo, Simplemente, N/D. Shaffer, Deborah, dir. 1989. Dance of Hope. Estados Unidos. Stern, Steve. 2013. Luchando por mentes y corazones. Las batallas de la memoria en el Chile de Pinochet. Libro dos de la trilogía “La caja de la memoria del Chile de Pinochet”. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales. Sting. 1988. Ellas danzan solas, “Nothing Like the Sun”. Todorov, Tzvetan. 2013. Los usos de la memoria. Santiago de Chile: Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

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Aranguren Romero, Juan Pablo. 2016. Cuerpos al límite: tortura, subjetividad y memoria en Colombia (1977-1982). Bogotá: Ediciones Uniandes [322 pp.]. Gabriel Gatti* DOI: https://dx.doi.org/10.7440/res59.2017.15

El cuerpo sostiene la vida a todos los niveles y en todas las dimensiones. La psicología lo ha sabido ver desde hace tiempo, y no hace tanto que la historiografía y la sociología lo vienen tratando como uno de los soportes ineludibles de sus respectivos objetos, tan ineludibles que a veces parece que el cuerpo, sin adjetivos, el cuerpo, es un universal antropológico. Probablemente no lo sea, pero así lo creemos, y con arreglo a eso pensamos y actuamos. Por eso, cuando al cuerpo se le toca, se le violenta, en cualquiera de sus niveles, todo peligra. Si se tortura o se desaparece el cuerpo de un individuo, si se fragmentan, machacan o suprimen los lazos que anudan a una comunidad, si se rompen las cadenas filiatorias que engranan cuerpos en el tiempo de la sucesión, se desmorona el edificio sobre el que se sostienen la identidad, el sentido, la vida, en fin. O al menos lo hace nuestro sentido, el occidental y moderno, de la vida. Así ha sido en conformaciones históricas —las llamamos sociedades, esto es, cuerpos sociales, sí, hechos de cuerpos individuales trenzados en formas sui generis— atravesadas por genocidios, exterminios, holocaustos o violencias continuadas. Las de América Latina no son las únicas, pero sí han sido recurrentemente afectadas por todo eso. Colombia no es, tampoco, el único ejemplo pero sí proporciona muchas ilustraciones de estas violencias que afectan a la vida y a sus soportes. De lo que hablo es de un viejo tema en la literatura científico-social al que desde hace ya años lo llamamos biopolítica. Para ella, como para casi todo lo que leemos ahora con gusto, en el meritorio panteón de los descubridores, debe consignarse el nombre de Michel Foucault: la política moderna, nos dijo, se ejerce sobre objetos (la población, el individuo) pensados desde el siglo XVII como cuerpos organizados, vida gestionable, esto es, curable, pensable, administrable, diseñable, reprimible. Y ello tanto en momentos de destrozo, cuando interviene la racionalidad propia de las apisonadoras y las desbrozadoras, como en momentos de orden, cuidado y belleza. A esto último, a ese proyecto bello de jardinería social, lo hemos llamado civilización. No es, en realidad, muy distinto del otro, el del destrozo: los dos trabajan igual, imponiendo.

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Doctor en Sociología por la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea (España) y profesor titular de la misma institución. * g.gatti@ehu.eus

Desde que hemos sabido de esto, hemos podido leer excelentes textos, que abordaban fragmentos de ese destrozo o de esa belleza: el cuerpo destrozado del


LECTURAS

individuo torturado en las buenas miradas psi; el cuerpo social descompuesto, por ejemplo, por la desaparición de algunos de sus miembros, en las buenas lecturas socioantropológicas; los análisis de la continuidad del daño de generación en generación entre historiadores que en sus bibliotecas consultan no sólo libros de su disciplina; también miradas lúdicas, que ven en esos cuerpos hinchados de poder lugares de resistencias; o el ojo crítico de los que pensaron las nuestras como sociedades letradas, resultados de la razón, productos del “principio de planning”. Sin embargo, en la biblioteca no hay tantos textos (apenas vienen a la cabeza dos o tres, y son de lejos y en otras lenguas) que miran cómo se concentran en solo un lugar y en una sola historia todos esos niveles y dimensiones del cuerpo. Quizás para eso hacía falta formarse en más de una de esas disciplinas, saber algo de historia, de psicología, de antropología y de sociología. Es el caso de Juan Pablo Aranguren y de su Cuerpos al límite, recién publicado, en una cuidada edición, por la editorial Uniandes: una mirada múltiple, de trazo largo en el tiempo histórico, de ancho espectro en el espacio de las disciplinas y bien aterrizada, concreta, en el territorio, no siempre bien tratado, de lo empírico. A partir de un estudio de caso —las políticas represivas desplegadas en los años setenta/ochenta del siglo XX contra el M-19 en Colombia, y sus efectos en el presente—, Aranguren aborda las consecuencias sobre el cuerpo, mejor dicho, sobre los cuerpos, de esas políticas: sobre la sociedad, en conjunto, tratada como cuerpo por armonizar (capítulos 2 y 3); sobre los cuerpos de los pensados como subversivos, tratados como residuos por eliminar o materia desviada por enderezar (capítulos 6 y 7); sobre los cuerpos que vehiculan esas políticas de la vida, los militares, conductores de eso tan moderno como homogeneizante, destructivo como armonioso, que llamamos civilización (capítulos 4 y 5). Reconocer todo eso cuesta: cuestiona nuestras bases morales. Aranguren, en Cuerpos al límite, lo hace con la valentía de los que entienden el oficio de científico social como un ejercicio necesariamente crítico. Son muchos los asuntos que aborda el texto. A partir del trazo de la compleja historia de “violencia ordenada” de Colombia, de su excepción permanente, ese oxímoron en el que se ha instalado hasta hace poco, quizás ya en el pasado, ese país recorre la marcada presencia de las políticas inmunitarias en el proyecto civilizatorio latinoamericano e interpreta desde ahí la “lucha contra la subversión” en los setenta/ochenta. Una época tensa: el proyecto civilizatorio lanzó sus defensas contra sí mismo; eliminó, desapareció y torturó ciudadanos, su más bello producto. Gestionó las piezas que lo integran, los cuerpos individuales, como si fueran cuerpos ajenos, extraños, enemigos. El efecto no podría ser otro que la catástrofe,

la devastación de la subjetividad de los que sufrieron en su carne el destrozo, pero también del cuerpo social, que operó contra sí mismo. El caso del M-19, su perfil urbano, producto de las clases medias, pura civilización pues, ejemplifica muy bien esas tensiones. Inmunidad y contagio, norma y riesgo. El proyecto civilizatorio latinoamericano es, realmente, un lugar fantástico para entender la moderna política de la vida: razón aplicada al cuerpo, social o individual. Y es un sueño bello, sin duda, ese de la razón, aunque esté repleto de monstruos, monstruos que se inscriben en la experiencia corporal y subjetiva de los que sufren su variante destructiva en sus cuerpos. Ahora bien, ¿es tan poderoso el ejercicio de esas apisonadoras de racionalidad que hacen y modulan y desbrozan cuerpos colectivos y subjetividades individuales, que nos hemos de limitar a levantar acta del desastre y, a lo sumo, inventar maneras de tratar el daño, de curar las heridas? El texto de Aranguren no se limita a esa mirada. Entre las que trabaja, destaco dos. Una es la de la fascinación analítica por los lenguajes que se conforman cuando el lenguaje es imposible, esto es, la mirada que va más allá de la constatación del drama ético que comporta representar ese horror y que piensa el problema metodológico y de escritura que supone categorizar lo que supera todo eso, que va mucho más allá de los límites de lo categorizable. La segunda mirada se orienta a las resistencias que ponen en marcha esos sujetos que pensamos, teorías heredadas en mano, como desagenciados: torturados, sujetos rotos, en general, las víctimas. Siempre las creemos pasivas, inermes, inocentes. Pero no, ni de lejos: son agentes de un trabajo de (re)construcción de subjetividad creativo, que está lejos de merecer (sólo) una mirada piadosa. Los vulnerables hacen, piensan, construyen sentido con su vulnerabilidad. A mi juicio, por ese lugar es por donde hoy pasan las rutas por las que hay que caminar para repensar las nuevas formas del cuerpo político y del cuerpo social. Cuerpos al límite es un texto novedoso, quizás no tanto por las piezas que lo integran sino por cómo Juan Pablo Aranguren las reúne, y por cómo problematiza teóricamente esa reunión. Somete a la mirada crítica cuestiones de máximo interés social, académico y político: la subjetividad llevada al límite, las consecuencias no intencionadas del proceso civilizatorio, particularmente en su modalidad latinoamericana, la lógica que subyace (excepción, soberanía, inmunización) a las prácticas represivas derivadas de la aplicación por todo el continente de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional en los años setenta del siglo XX… En un campo, el de los estudios sociales de la memoria, cada vez más instalado en los lugares serios y secos y poco creativos del pensamiento dominante, este libro es un soplo de aire fresco, es decir, de aire crítico.

Aranguren Romero, Juan Pablo. 2016. Cuerpos al límite: tortura, subjetividad y memoria en Colombia (1977-1982) | Gabriel Gatti

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164 La Revista de Estudios Sociales agradece a los siguientes académicos su colaboración especial como árbitros de este número: Juan Pablo Aranguren Romero – Universidad de los Andes, Colombia Elsa Blair – Universidad de Antioquia, Colombia Camille Boutron – Universidad de los Andes, Colombia David Casado Neira – Universidad de Vigo, España Lina María Céspedes Báez – Universidad del Rosario, Colombia Gustavo Chirolla – Pontificia Universidad Javeriana, Colombia María Angélica Cruz Contreras – Universidad de Valparaíso, Chile Manuel Delgado Ruiz – Universitat de Barcelona, España Carlos Arturo Duarte Torres – Pontificia Universidad Javeriana, Colombia Mónica Hurtado – Universidad de La Sabana, Colombia Ignacio Irazuzta – Tecnológico de Monterrey, México Alfredo Joignant – Universidad Diego Portales, Chile Carolina Kobelinsky – Centre National de la Recherche Scientifique, Francia Antonio Madrid Pérez – Universitat de Barcelona, España Paolla Magioni Santini – Universidade Metodista de Piracicaba, Brasil Begoña Marugán Pintos – Universidad Carlos III de Madrid, España Catalina Montoya Londoño – Liverpool Hope University, Reino Unido Anna Perraudin – Centre National de la Recherche Scientifique, Francia María Clemencia Ramírez – Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Colombia Ricardo Rodríguez Luna – Universidad de Guanajuato, México Silvia Rodríguez Maeso – Universidade de Coimbra, Portugal Andrés Salcedo – Universidad Nacional de Colombia María José Sarrabayrouse Oliveira – Universidad de Buenos Aires, Argentina Ana Carina Stelko Pereira – Universidade Estadual do Ceará, Brasil Nadia Tahir – Université de Caen Normandie, Francia José Luis Tejeda González – Universidad Autónoma Metropolitana, México Cristina Vega – Flacso, Ecuador Juan Pablo Vera Lugo – The State University of New Jersey, Estados Unidos Antonino Vidal Ortega – Universidad del Norte, Colombia Adriana María Villalón – Universidade Estadual de Campinas, Brasil


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La Revista de Estudios Sociales (RES) tiene como objetivo contribuir a la difusión de las investigaciones, los análisis y las opiniones que sobre los problemas sociales elabora la comunidad académica nacional e internacional, además de otros sectores de la sociedad que merecen ser conocidos por la opinión pública. De esta manera, la Revista busca ampliar el campo del conocimiento en materias que contribuyan a entender mej