Informe de la Comisión de Verificación sobre la situación de niñas y niños en Arauca (2004)

INFORME COMISIÓN DE VERIFICACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS EN ARAUCA

CONVOCATORIA DE LA COMISIÓN DE VERIFICACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN ARAUCA: Coalición Contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia: Colectivo de Objetores de Conciencia, Creciendo Unidos, Comité Andino de Servicios, Defensa de los Niños Internacional-Colombia, Fundación Dos Mundos, Justapaz, FEDES, Taller de Vida, terre des Hommes-Alemania Mesa de Trabajo Por Arauca: Asociación Minga, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Red de Comunidades en Ruptura y Resistencia-RECORRE, Asociación Campesina de Arauca-ACA, Comité de DDHH Joel Sierra, Banco de Datos del CINEP, Red Europea de Hermandad y Solidaridad, Coordinador Nacional Agrario, Comité de Solidaridad con Presos Políticos, Sintrabancol, UNEB

PARTICIPACIÓN

EN LA

COMISIÓN:

Por la Mesa: Humanidad Vigente, ACA y Minga.

Por la Coalición: Defensa de los Niños y las Niñas Internacional, Comité Andino de Servicios, Taller de Vida y Secretaría Técnica de la Coalición Mesa de trabajo Mujer y Conflicto Armado, ASOJER, Comité Regional de Derechos Humanos Joel Sierra, Brigadas Internacionales de Paz.

ELABORACIÓN DEL INFORME: Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado

coalico@elsitio.net.co

Defensa de los Niños y las Niñas Internacional

coldni89@impsat.net.co

Comité Andino de Servicios

comiteandino@cable.net.co

Taller de Vida

info@tallerdevida.org

Humanidad Vigente

humanidadvigent@etb.net.co

Minga

minga@andinet.com

COORDINACIÓN GENERAL: Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia.

Septiembre de 2004 - Bogotá, Colombia

DISEÑO

GRÁFICO

Rocío Paola Neme - roshypaola@hotmail.com

ESTE

INFORME ESTÁ DISPONIBLE, EN INGLÉS Y ESPAÑOL EN

www.coalico.org

“De todas maneras uno como padre pues si en algo uno sufre es por eso, por velar por los niños, uno a la final como tiene suerte, uno como par de viejos, ya a uno de alguna manera lo dejan, pero los niños… todo lo hacemos por la familia y por los niños, sacarlos adelante, así pues; no queremos que los niños se metan a la guerra ni al conflicto, sino vamos a sacarlos adelante, que sean algo.”

CONTENIDO

PRESENTACIÓN EL MAR CO TEÓRIC O MARC TEÓRICO Protección de niños y niñas Protección de las mujeres

CONTEXTO GENERAL LOS DEREC HOS DE NIÑOS Y NIÑAS EN EL DERECHOS OMBIA CONFLICT O ARMADO EN COL OLOMBIA ONFLICTO

LA

SITU ACIÓN DE DEREC HOS HUMAN SITUA DERECHOS HUMANOS OS DEL DEP AR O DE ARA UC A DEPAR ARTTAMENT AMENTO ARAUC UCA

9 10 11 15

19 19

Arauca “laboratorio” de la seguridad democrática

23 25

La zona de rehabilitación y consolidación

26

La intervención del gobierno de EU, inversión militar y seguridad democrática

28

Criminalización de la organización social y la defensa de los derechos humanos

30

LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE 34 NIÑOS Y NIÑAS EN ARAUCA TERROR COTIDIANO Y MILITARIZACIÓN DE LA VIDA CIVIL 34 EL DERECHO A LA EDUCACIÓN 44 Maestros y maestras: una lucha solitaria

44

Utilización de las escuelas

48

VINCULACIÓN Y DESVINCULACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN ARAUCA La vinculación de niños y niñas al conflicto armado Desvinculación de niños y niñas del conflicto armado

52 52 60

VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS

64

INFRACCIONES AL DERECHOINTERNACIONAL HUMANITARIO

69

POLÍTICA ESTATAL EN MATERIA DE NIÑEZ

72

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO EN ARAUCA

77

La persecución contra las mujeres Violencia sexual La situación de las mujeres indígenas

80 81 84

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

87

ANEXOS

95

PRESENTACIÓN

l presente informe surge de la preocupación de la Coalición Contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Con1 flicto Armado en Colombia y la Mesa de Trabajo Por Arauca por la situación que sobrellevan los niños y las niñas en medio del conflicto social, político y armado que vive el departamento de Arauca, en especial en los municipios de Saravena, Fortul, Tame, Arauquita y Arauca.

Entre los hechos que ilustraban esta angustiante situación, se consideraron de especial gravedad, entre otros, la utilización de niños y niñas, por parte del Ejército en campañas psicológicas, como el programa de “Soldados por un día”; la violación y el posterior asesinato, en el resguardo de Parreros, de una joven indígena Guahiba en estado de embarazo y la agresión sexual a otras tres niñas indígenas de 11, 12 y 15 años; la utilización de niños y niñas en allanamientos y detenciones masivas y/o arbitrarias; la vinculación de niños y niñas en grupos subversivos y paramilitares; la persecución y asesinato de niños y niñas por parte de los grupos armados, y la ocupación de escuelas, internados y colegios, por parte de estos grupos, entre otros.

La Comisión de verificación sobre la situación de niños y niñas en Arauca –en adelante, la Comisión- estuvo compuesta por organizaciones miembro de la Coalición (Defensa de los Niños y las Niñas Internacional, Comité Andino de Servicios, Taller de Vida y Secretaría Técnica de la Coalición) y de la Mesa de Trabajo

por Arauca (Humanidad Vigente y Minga), la Mesa Mujer y Conflicto Armado, tres organizaciones sociales de la región (ACA, ASOJER y Comité Regional de Derechos Humanos Joel Sierra) y dos miembros de Brigadas Internacionales de Paz.

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La Comisión se desplazó a Arauca a mediados de julio de 2004, para documentar, con mayor rigurosidad y profundidad, la real situación de niños y niñas en el marco del conflicto en esta región. Durante su visita se entrevistó con docentes, líderes campesinos, sindicales y sociales, indígenas, niños, niñas y jóvenes de los municipios de Pueblo Nuevo, Flor Amarillo, Botalón, Puerto Nidia, Puerto Miranda, Fortul y Arauquita, y del resguardo de Betoyes. También hizo lo mismo con funcionarios de la Gobernación de Arauca y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Arauca y Saravena.

10

Este informe tiene como marco teórico la normativa internacional sobre DIH, Derechos Humanos y derechos específicos de niños, niñas y mujeres y se desarrolla en cuatro secciones. La primera, muestra un contexto general de la niñez en Colombia y la situación de Derechos Humanos en el departamento de Arauca; la segunda analiza las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario con respecto a niños y niñas en el departamento; la tercera examina las políticas estatales para la niñez en el departamento de Arauca y la cuarta analiza la violencia contra las mujeres.

EL

MARCO TEÓRICO

El Estado Colombiano ha ratificado, entre otros, el Pacto In2 ternacional de Derechos Civiles y Políticos , el Pacto Interna3 cional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales , La

4

Convención Americana de Derechos Humanos , los Conve5 nios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales , el Estatuto 6 de la Corte Penal Internacional , el Protocolo Facultativo al 7 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos , el segundo Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Dere8 chos Civiles y Políticos , Convención contra la Tortura y otros 9 tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes .

De acuerdo con la Constitución colombiana, los tratados y convenios internacionales ratificados, que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación en estados de excepción, prevalecen en el orden interno.

Protección de niños y niñas10

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El Derecho Internacional Humanitario consagra una especial protección de los derechos de los niños y niñas en los conflictos armados de carácter internacional e internos, particularmente, el artículo 24 del Convenio IV sobre Protección de Personas Civiles en tiempos de guerra, el artículo tercero común a los cuatro Convenios de Ginebra y los Protocolos Adicionales I y II. Sin embargo, los niños tienen derecho a que les sean aplicables las demás normas que se establezcan a favor de combatientes y víctimas de los conflictos.

Los Protocolos Adicionales prohíben la participación de niños y niñas menores de 15 años en los conflictos armados; la protección es mayor con relación a los conflictos armados de carácter no internacional, por cuanto se prohíbe no solamente la participación directa, sino también la participación indirecta de los niños en las hostilidades.

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Al ratificar la Convención sobre Derechos del Niño , introdujo una reserva en el artículo 38, numerales 2 y 3, estableciendo en 18 años la edad mínima para el reclutamiento militar y la participación en hostilidades.

11

Las escuelas hacen parte de la categoría bienes protegidos, que se encuentran determinados en el artículo 14 del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II), que prohíbe a cualquier actor del conflicto atentar contra ésta o usarla como trinchera.

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Colombia ratificó e introdujo a la legislación interna los Instrumentos base del Derecho de Ginebra, de ahí que esté obligada a respetar y aplicar estas normas. Eso no significa que ésta obligación esté solo en cabeza del Estado, porque el DIH obliga a las partes del conflicto, sin importar si son de origen estatal o no.

12

El Protocolo Facultativo de la Convención sobre Derechos del niño Relativo a la Participación de Niños en Conflictos Armados, en proceso de ratificación por el Estado colom12 biano , prohíbe el reclutamiento obligatorio de niños y niñas en las fuerzas armadas estatales, la utilización de niños y niñas por grupos no estatales y compromete al Estado a impedir el reclutamiento y utilización de niños y niñas, y a garantizar la reintegración de aquellos que hayan sido utilizados.

El artículo 8 del Estatuto de Roma, por su parte, tipifica como crimen de guerra: “xxvi) Reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades;” Igualmente, diferentes órganos de Naciones Unidas se han ocupado del tema. Al respecto, cabe destacar “las resoluciones 1265 de 1999, 1314 de 2000, 1379 de 2001 y 1460 de 2003 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas referente a los niños en los conflictos armados, donde se condenan fuertemente las acciones en contra de la niñez en situaciones de conflicto armado incluyendo: la muerte y

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La creación indiscriminada de dependencias estatales, que surgen sin definición y objetivos, ha sido cuestionada, particularmente, en las recomendaciones hechas por el Comité de Derechos del Niño, según las cuales: “Siguen preocupando al Comité las limitadas medidas que se han tomado para velar por una coordinación eficaz entre las instituciones existentes encargadas de la aplica15 ción de la Convención.”

Para el caso de la niñez vinculada al conflicto armado, las normas vigentes más relevantes son la ley 782 de 2002, “por medio de la cual se prorroga la vigencia de la ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la ley 548 de 1999, y se modifican algunas de sus disposiciones” y su decreto reglamentario 128 de 2003.

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La Constitución Política reconoce los derechos prevalentes 14 de niños y niñas . Sin embargo, la legislación interna no posee las herramientas adecuadas que puedan ser verdaderos soportes para la implementación de políticas públicas dirigidas a la protección integral de la niñez. El limitante no solo es responsabilidad del Poder Legislativo, sino también de los órganos que tienen a cargo la aplicación de la normatividad. Además, el trabajo estatal se ha caracterizado por su descoordinación y falta de armonía institucional, que se refleja al momento de asignar funciones, que en muchas ocasiones generan duplicidad y en otras, ausencia.

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los actos contra la integridad física, la violencia sexual, el secuestro, y la desaparición forzada, el uso de los niños en los conflictos. Igualmente los ataques a lugares donde hay niños, como hospitales y escuelas y urge a todos los actores del conflicto a que pongan fin a tales prácticas y 13 cumplan con el DIH.” Más recientemente, el Consejo de Seguridad expidió la 1539 de 2004 en el mismo sentido.

13

La ley 782 prohíbe el reclutamiento de niños y niñas por parte de grupos insurgentes y paramilitares, introduce la figura de víctimas en la que se incluye a “toda persona menor de edad que tome parte en las hostilidades”, y otorga facultades al ICBF para implementar programas de protección y atención a niños y niñas que hayan participado en el conflicto armado. Por su parte, el decreto 128 de 2003, incluye, en lo relativo a niños y niñas desvinculados, el concepto más amplio 16 de organizaciones al margen de la ley.

La legislación de orden público vigente adolece de varios vacíos normativos que dejan a los niños y niñas desvinculados del conflicto armado en una situación indefinida; sin embargo, contiene algunos puntos positivos para abordar el tema:

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Está prohibida “cualquier forma de utilización de menores en actividades de inteligencia”.

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Niños y niñas vinculados al conflicto armado son considerados como víctimas, en congruencia con el artículo 162 del Código Penal colombiano, que tipificó el delito de reclutamiento ilícito. En consecuencia, aquellos que se desvinculen no pueden ser sometidos a procesos penales, sino al programa de reintegración establecido para niños víctimas del conflicto armado.

Los niños y niñas desvinculados deben ser entregados al ICBF a más tardar dentro de las 36 horas siguientes a su desvinculación En todo caso, la inclusión de normas referentes a niños y niñas dentro de la ley 782 de 2002, y su decreto reglamentario, es insuficiente para atender el problema de la vinculación de niños y niñas al conflicto armado. Es urgente que el

Estado defina una política pública clara, coherente e inmediata para atender a la niñez y a la adolescencia en general y el tema de los niños y niñas que se desvinculan del conflicto armado, en particular, en concordancia con las normas internacionales atrás mencionadas.

Protección de las mujeres17

En cuanto al sistema interamericano de protección, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar

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El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional es la primera herramienta internacional en la que se aborda de manera explicita la violencia sexual como elemento de crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio. Cabe resaltar que, durante la transición entre la administración del presidente Andrés Pastrana y la de Álvaro Uribe, se una salvedad de 7 años para crímenes de guerra, ateniéndose a la posibilidad que daba el artículo 124 del Estatuto sobre crímenes de guerra.

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Además de los tratados internacionales de protección general, de los que hace parte el Estado colombiano y que se mencionaron anteriormente, existen herramientas específicas como la Convención para la eliminación de todas las formes de discriminación contra la Mujer (que entró en vigor en Colombia en 1982). La ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención para la eliminación de todas las formes de discriminación contra la Mujer se encuentra en trámite en el Congreso.

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El sistema jurídico colombiano ha hecho progresos normativos en el campo de la garantía y protección de los derechos de las mujeres. Sin embargo, las mujeres continúan siendo victimas de discriminación y violencia al tiempo que los compromisos en la materia, adquiridos nacional e internacionales se desatienden.

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la violencia contra la mujer, más conocida como “Convención Belem do Pará” aborda las diversas formas de violencia contra las mujeres y establece las obligaciones de los Estados frente al tema.

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Dentro del Marco jurídico nacional podrían destacarse algunos avances logrados en la Constitución Política de Colombia de 1991 que, entre otros reafirma los principios de igual18 dad y no discriminación , señala que las mujeres no po19 drán ser sometidas a ninguna clase de discriminación , obliga al Estado a apoyar de manera especial a las mujeres cabeza de familia y estipula el derecho a la no discriminación en el ámbito laboral.

16

Frente a la normativa que aborda la violencia contra las mujeres, la Ley 294 de 1996 tomaba medida en contra de la violencia intrafamiliar, tipificaba como delitos la violencia, el maltrato, la restricción a la libertad y la violencia sexual entre los miembros del grupo familiar. La ley tuvo un impacto positivo para las mujeres y, sin embargo, fue reformada por la Ley 575 de 200 que trasladaba la competencia sobre los casos de solicitud de medidas de protección de los jueces a los comisarios de familia (funcionarios administrativos), aduciendo que dicho traslado favorecería la descongestión de los despachos judiciales.

Frente a la violación sexual y el abuso sexual llama la atención que, si bien se encuentran sancionados por el Código Penal colombiano, son considerados delitos querellables y conciliables según el Código de Procedimiento Penal.

2

Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el día 16 de diciembre de 1996, firmado por Colombia el día 21 de diciembre de 1966, aprobado internamente mediante ley 74 de 1968, ratificado el día 28 de Octubre de 1969, y en vigor el día 23 de marzo de 1976, tiene como finalidad “promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos”.

3

Aprobado en la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 16 de diciembre de 1966, vigente desde el 02 de enero de 1976, firmado por Colombia el día 21 de diciembre del mismo año de su adopción, aprobado mediante la misma ley que aprobó el pacto relativo a los Derechos Civiles y Políticos, y en vigor en desde igual fecha, busca garantizar condiciones sociales, económicas y culturales mínimas que permitan el desarrollo del ser humano conforme lo ordena la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

4

Adoptada el 22 de septiembre de 1969, vigente desde el 18 de julio de 1978, aprobada en Colombia mediante ley 16 de 1972, ratificada el 31 de julio de 1973, y en vigor interno desde el 18 de julio de 1978, busca establecer los derechos mínimos de los habitantes del continente americano, desarrollando los principios emanados de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

5

Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas Armadas en campaña, 2. Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar, 4. Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, 5. Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, 6.

Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de as víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional.

6

Adoptado el 17 de julio de 1998, vigente desde el 04 de julio de 2002, firmado por Colombia el 05 de julio de 2002, aprobado mediante ley 742 de 2002, ratificado el 05 de agosto de 2002, y en vigor desde el 01 de noviembre del mismo año, es de especial atención su artículo 8.

7

Adoptado, firmado, aprobado y vigente las mismas fechas que el Pacto antes mencionado, su finalidad es el logro de los propósitos del mismo, y la aplicación de sus disposiciones mediante facultar al Comité de Derechos Humanos establecido en aquel para recibir y considerar comunicaciones de individuos que aleguen ser víctimas de violaciones de cualquiera de los derechos enunciados.

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Por la Coalición Contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia: Colectivo de Objetores de Conciencia, Creciendo Unidos, Comité Andino de Servicios, Defensa de los Niños Internacional-Colombia, Fundación Dos Mundos, Justapaz, FEDES, Taller de Vida, Terre des Hommes-Alemania; y, por la Mesa de Trabajo Por Arauca: Asociación Minga, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Red de Comunidades en Ruptura y Resistencia-RECORRE, Asociación Campesina de Arauca-ACA, Comité de DDHH Joel Sierra, Banco de Datos del CINEP, Red Europea de Hermandad y Solidaridad, Coordinador Nacional Agrario, Comité de Solidaridad con Presos Políticos, Sintrabancol, UNEB.

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NOTAS

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Adoptado el día 15 de diciembre de 1989, vigente desde el 11 de julio de 1991, aprobado por Colombia mediante ley 297 de 1996, ratificado el 05 de agosto del año posterior, vigente desde el 04 de noviembre del mismo año, considerando que la abolición de la pena de muerte contribuye a elevar la dignidad humana y desarrollar progresivamente los derechos humanos, busca abolirla sin más reserva alguna que la aplicación de la misma en tiempo de guerra y por la comisión de un delito de suma gravedad dentro de este tiempo

9

Adoptada el 10 de diciembre de 1984, vigente desde el 26 de junio de 1987, firmada por nuestro país el día 10 de abril de 1985, aprobada mediante ley 70 de 1986, ratificada el día 08 de diciembre de 1987, y vigente desde el 01 de agosto de 1998, busca en su articulado prohibir cualquier acto que infrinja intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero confesión o información, o de castigarla por un hecho que haya cometido o se sospeche, o de intimidar a una persona o a un grupo de personas, o por cualquier razón basada en condiciones sociales, raciales, o étnicas, etc, en todo caso, realizado por un funcionario público o particular que ejerza funciones públicas.

10

Para un completo análisis de la legislación internacional y nacional con respecto a niñez, ver, Coalición contra la vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia, Análisis Jurídico de Legislación Internacional y Colombiana, Bogotá, diciembre de 2002.

11

Ley 12 de 1991, en la cual son de especial relevancia los artículos 38, 39 y 40.

12

Incorporado al derecho interno por ley 833 del 2003, y declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-172 de 2004. Está pendiente el depósito del instrumento por parte del Gobierno Nacional.

13

Coalición contra la vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia. “Legislación para niños, niñas y jóvenes desvinculados en el contexto anti-terrorista”, Boletín Pútchipu No. 7, Mayo 2003, Bogotá, Colombia.

14

Constitución Política de Colombia, Artículo 44

15

Colombia. 16/10/2000. (CRC/C/15/Add.137)

16

Coalición contra la vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia. “Legislación para niños, niñas y jóvenes desvinculados en el contexto anti-terrorista”, Op Cit

17

Una referencia detallada al marco jurídico nacional e internacional de los derechos de las mujeres en Colombia, consultar: Mesa de trabajo «Mujer y conflicto armado»: Segundo informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres y niñas en Colombia. Bogotá, 2002.

18

Constitución Política de Colombia, Artículo 13.

19

Constitución Política de Colombia, Artículo 43.

CONTEXTO GENERAL

LOS

DERECHOS DE NIÑOS Y NIÑAS EN EL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA

n el marco de la crítica situación de derechos humanos, ausencia de políticas sociales y graves infracciones al DIH en Colombia, niños y niñas son víctimas constantes e invisibles. Según la Contraloría General de la Nación, 6 millones de niños viven en la pobreza y un millón en situación de indigencia; el conflicto armado, además, hace que niños y niñas sufran graves efectos psicosociales, vean disminuidos o destruidos sus espacios vitales como la escuela, y se coarten sus posibilidades de recreación y socialización. El Estado no ha ratificado el Protocolo Facultativo de la CDN relativo a la participación de niños en los conflictos armados, ni ha implementado la Convención sobre los Derechos del Niño, al igual que el Convenio 182 de la OIT sobre la prohibición de peores formas de trabajo infan20 til y acción inmediata para eliminación.

En Colombia, tanto los grupos insurgentes como las fuerzas armadas estatales y los grupos paramilitares, han cometido innumerables actos de violencia en contra de niños, niñas y adolescentes. Dichos actos constituyen violaciones al Derecho Internacional Humanitario y a los derechos humanos y sin em21 bargo, en la mayoría de los casos, quedan en la impunidad .

Los siguientes son sólo algunos de los casos más ilustrativos 22 de los últimos dos años :

-

En febrero de 2003, una niña de 13 años murió en un 23 retén de la Armada Nacional en San Andrés, y una niña de 8 años murió por los disparos de tropas conjuntas de la Fuerza Aérea y de la Fuerza de Desplie24 gue Rápido, en El Carmen (Norte de Santander) .

A comienzos del 2003, tres niñas fueron asesinadas por las FARC en Corinto, Cauca, por haberse negado a obtener información estableciendo re25 laciones sentimentales con algunos policías .

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Los niños y niñas han sido víctimas de violencia sexual, asesinatos, secuestros, desapariciones, detenciones arbitrarias y torturas; han sido señalados como blancos por todos los grupos armados y expulsados de sus hogares.

En marzo de 2003, paramilitares desaparecieron a

20

cuatro jóvenes, incluyendo a una niña de 14 años, 26 en Viotá, Cundinamarca .

En febrero de 2004, 15 niños resultaron heridos luego de que milicianos del frente 28 de las FARC arrojaran un artefacto explosivo en el municipio de Sácama, 33 Casanare, mientras se celebraba un reinado popular .

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En agosto de 2003, se reportó que las FARC minaron los alrededores de la escuela rural Potreritos, a la cual asisten niños de las veredas Los Medios, San Antonio, Pascote y Brasil, departamento de Cundinamarca; la tienda de la escuela era usada por el Batallón Contraguerrilla Número 67 para 32 comprar provisiones .

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El 4 de agosto del 2003, tres niños, entre los 13 y los 16 años, fueron asesinados por siete hombres encapuchados, en la comuna 4 de Soacha (medio 28 Cazucá) y el 19 de agosto de 2004, cuatro jóvenes, entre los 14 y los 20 años, fueron asesinados 29 en similares circunstancias . En esta zona, entre 2001 y 2004 han sido asesinadas 437 personas, de 30 las cuales por lo menos 244 eran jóvenes ; las Autodefensas Unidas de Colombia tienen presencia en el área y lo demuestran abiertamente, entre otras, con graffitis como el siguiente: «Los niños buenos se duermen a las 7, a los malos los manda31 mos a dormir a las 8...AUC» .

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En abril de 2003, en el municipio de Fortul, Arauca, murió un niño de 11 años al estallar cinco kilos de explosivos instalados en la bicicleta que manejaba; las FARC le habrían pagado mil pesos para lle27 var la cicla hasta un puesto de Policía .

21

En el municipio de La Gabarra, Norte de Santander el 15 de junio de 2004, las FARC asesinaron a 46 34 raspachines, entre ellos dos niños .

En zonas de control paramilitar, como Barrancabermeja y Cazuca, se han emitido lo que dichos grupos denominan “normas de convivencia”, que incluyen limitaciones a aspectos cotidianos de las vidas de niños y niñas: su manera de vestir, sus horarios de salida, su rendimiento académico. Su incumplimiento se castiga con reclusiones forzadas, cortes en el ombligo o cadera, rapadas de cabeza y 35 cejas, amarres, azotes y ejecuciones .

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Niños y niñas han sido igualmente vinculados a guerrillas y paramilitares y utilizados por las fuerzas armadas estatales, para obtener información, o en actividades de propaganda contrainsurgente.

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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos calcula que 14.000 niños están en los grupos 36 armados y sus milicias y Human Rights Watch estima que 37 son aproximadamente 11.000 . Las adolescentes son frecuentemente víctimas de acoso y abuso sexual, y forzadas a utilizar métodos de planificación, incluyendo dispositivos intrauterinos y abortos.

Si bien el Estado Colombiano no los recluta formalmente en sus fuerzas armadas, utiliza niños y niñas como informantes y en actividades de propaganda contrainsurgente, poniendo en peligro sus vidas, las de sus familias y comunida38 des. Durante el 2002 se registraron casos de niñas y niños usados como informantes por el Ejército en Meta, Putumayo 39 y Medellín y durante el 2003, se reportaron casos en Boyacá , 40 Chocó y otras zonas, pagándoles algunas veces en efectivo o en especie y otras veces simplemente amenazándolos.

En su Informe sobre la zona especial de Rehabilitación de Arauca, el Procurador General de la Nación solicitó la suspensión del programa “Soldados por un día”, enfocado a integrar a los niñas y niños con las fuerzas armadas y con participación del grupo de operaciones sicológicas del Ejér41 cito ; sin embargo, el Ejército Nacional continúa desarrollan42 do dicho programa en varias zonas del país .

DE

Arauca es un departamento de 23.393 Km2, ubicado al nororiente colombiano en la frontera con Venezuela, con aproximadamente 264.888 habitantes en 7 municipios: Arauca, Saravena, Arauquita, Fortul, Tame, Cravo Norte y Puerto Rondón; según estimaciones, del año 2002, 76.614 de sus habitantes son niños y niñas. Cuenta con un importante potencial en recursos naturales, siendo el más estratégico el

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LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DEPARTAMENTO ARAUCA45

INFORME

El Ejército, el ICBF y el Ministerio de Defensa manejan cifras diferentes sobre niñas y niños desmovilizados, que van de 784 hasta 1700. A pesar de las diferencias estadísticas, puede decirse que en cinco años, tan sólo se ha atendido un poco más del 10% del total de niños y niñas que, según los cálculos, se encuentran en los grupos armados.

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Por último, la desvinculación de estos niños y niñas es un proceso bastante complejo. Según el PNUD, se enmarca en una estrategia de guerra y no en la restitución de sus dere43 chos ; adicionalmente, varios niños y niñas permanecen 44 más de 36 horas en batallones militares y, según testimonios recogidos por la Coalición, han recibido ofrecimientos para trabajar con el Ejército.

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petróleo, que constituye una de las más importantes reservas nacionales y de América, con el pozo Caño Limón que produce 100.000 barriles de crudo al día, dicha producción significa el 8% del total de las exportaciones colombianas.

Adicionalmente cuenta con una gran reserva hídrica, que se proyecta tan estratégica como el petróleo; cuenta con una posición geográfica favorable para la instalación de tecnologías de comunicación, así como una ubicación esencial para el desarrollo del megaproyecto vial conocido como “ruta de los libertadores”, que pretende conectar a Caracas con Quito, pasando por Bogotá.

En el proceso de colonización la presencia estatal fue prácticamente inexistente, pasando a fortalecerse como resultado de la explotación petrolera, preponderantemente a través de la presencia militar para proteger la infraestructura del petróleo, pero sin dar respuesta a las expectativas de satisfacción de la integralidad de los derechos humanos.

Coincidiendo con dicha explotación, incursionan las guerri-

La política de seguridad democrática esta dirigida al fortalecimiento del poder coercitivo del Estado a través del fortalecimiento a su vez de la fuerza pública y la estructura puniti47 va del sistema judicial , en el entendido de que por esta vía se alcanza el reforzamiento y garantía del Estado de Dere-

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Arauca “laboratorio” de la seguridad democrática

INFORME

La presencia de las fuerzas militares es la más intensa del país en relación con el número de habitantes. En la región hay presencia de la Brigada XVIII y el Puesto Fluvial Avanzado 74 en Arauca capital; la Base militar adscrita al grupo mecanizado Reveis Pizarro No 18, el Batallón 46 de Contraguerrilla “Héroes de Saraguro” en Arauquita; el Grupo mecanizado No 18 General Reveis Pizarro y el Batallón Contraguerrillas 54 de la Brigada Móvil No 3 en Saravena; la Fuerza de Despliegue Rápido –FUDRA-, que ha sido reemplazada por el Brigada Móvil Nº 5, con sede en el Batallón Navas Pardo en Tame, y dos batallones más en Cravo Norte y Puerto Rondón; además, se ha fortalecido la Brigada XVIII con dos Batallones de la Brigada Móvil No 3 y la agrupación de Fuerzas Especiales urbanas del ejército y se ha implementado el programa de “soldados campesinos” en Saravena, Tame, Cravo Norte y Puerto Rondón. Así mismo, en el marco de la implementación de la Zona de rehabilitación y consolidación, el pie de fuerza policial que hace presencia en los siete municipios, pasó de 480 a 800 hombres.

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llas Ejercito de Liberación Nacional ELN y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, que reúnen entre 2000 y 3000 guerrilleros. Esta fuerte presencia guerrillera en el departamento ha acarreado para sus habitantes 46 estigmatización por parte de las autoridades estatales .

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cho. Sin embargo, en el fondo persiste el interés de garantizar las condiciones para abrir paso a proyectos y medidas económicas promovidas por empresas multinacionales y organizaciones multilaterales, y no de avanzar hacia la vigencia de la integralidad de los derechos humanos.

La zona de rehabilitación y consolidación

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Creadas mediante decreto 2002/2002, las Zonas de Rehabilitación entraron en vigencia el 21 de septiembre de 2003 cuando se delimitaron las dos primeras: una que abarcó 23 municipios de los departamentos de Sucre y Bolívar y la segunda que abarcó los municipios de Arauca, Arauquita y Saravena.

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En los municipios que fueron parte de la Zona de Rehabilitación y Consolidación, junto con el de Tame, el nivel de violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario fue ostensiblemente mayor en relación con los demás municipios del departamento. Durante el año 2002 en el departamento de Arauca se conocieron 67 casos de violaciones a derechos humanos, de las cuales se cometieron 15 en Arauca, 12 en Arauquita, 22 en Saravena, 14 en Tame, 1 en Fortul, 1 en Puerto Rondón, 2 en Cravo Norte, y del total de 97 acciones atentatorias del derecho internacional humanitario conocidas en el todo el departamento 2 fueron perpetradas en el municipio de Fortul, 4 en 49 Cravo Norte y 1 en Puerto Rondón , las demás en los municipios señalados.

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Al respecto la Procuraduría General de la Nación puso de relieve que, a pesar de las actividades de recrudecimiento del accionar militar y policial, no se lograron las metas fijadas por el gobierno:

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A pesar de que la figura formal de zonas de consolidación y rehabilitación dejó de existir, en los municipios de Arauca, Saravena y Arauquita, las prácticas que con ellas se iniciaron han tenido continuidad; entre ellas las detenciones masivas de personas, muchas de ellas miembros de organizaciones sociales, los allanamientos sin orden judicial, el aumento del pie de fuerza, y, en general, la militarización excesiva de la vida. Continúan siendo muy frecuentes las requisas en lugares públicos, los retenes y requisas en las carreteras, los patrullajes de grupos de aproximadamente 10 efectivos que se desplazan apuntando a los transeúntes, la instalación de

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La Corte Constitucional mediante sentencia C –1024 de noviembre 26 de 2002, declaró inconstitucional algunos artículos del decreto 2002 de septiembre 9 de 2002, que permitían las detenciones, los registros o allanamientos sin orden judicial, los censos y registros de población y las que conferían funciones de policía judicial a las fuerzas militares.

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“La amenaza a los mandatarios locales continúa y ahora se extiende a los funcionarios públicos municipales, la inversión señalada para la fuerza pública ha sido cuestionada por la Contraloría General de la República y la vigencia de los derechos – especialmente el derecho a la vida – no muestra en dicha zona, ninguna recuperación.... esas y otras razones permiten afirmar, que la experiencia de la zona de rehabilitación y consolidación de Arauca es un experimento fallido en términos cuantitativos y cualitativos, máxime si es puesto en perspectiva de derechos humanos. Ni el aumento del pie de fuerza, ni la estrategia de los informantes, ni la de soldados campesinos, han dado los resultados previstos y en cambio si han generado otras dificultades adicionales, que van desde el tema xposición de la población civil a presupuestal hasta la e exposición un ma iesgo del q ue ha vvenido enido padeciendo. ” mayy or rriesgo que (Negrillas fuera del texto)

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trincheras en las calles, prácticas que generan un ambiente de terror y han afectado el comercio, la recreación y en general el desarrollo normal de la vida social.

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La intervención del gobierno de EU, inversión militar y seguridad democrática

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En febrero del 2002, la embajadora de los Estados Unidos, 51 Ann Patterson y el subsecretario de Estado, Marc Grossman anunciaron que su gobierno estaba decidido a proteger y salvaguardar sus intereses en Arauca, en especial los de la compañía estadounidense OXY y el oleoducto Caño Limón – Coveñas (que en el 2001 había sido volado 170 veces), para lo cual se estaba solicitando autorización para que entregar ayuda por US98 millones a la Brigada XVIII y “Fuerzas especiales que se encargaran de entrenar soldados colombianos en tácticas contrainsurgentes. Se trata de un programa propuesto por la administración Bush a comienzos de este año que busca dotar y entrenar a la brigada 17 (sic) con sede en Arauca, para defender el oleoducto Caño Limón – Coveñas, de los ataques de los grupos irregulares que ope52 ran en el zona.”

La embajadora estadounidense, en visita a Arauca, manifestó que “la inversión extranjera no se verá reflejada en Arauca si no existe seguridad”, en consecuencia, el gobierno adoptó de medidas de seguridad, al amparo del estado de conmoción interior, en los puntos de extracción y salida del país del petróleo. La Zona de Rehabilitación y Consolidación de Arauca abarcaba el nacimiento del oleoducto Caño Limón Coveñas, y la de Sucre y Bolívar, la desembocadura de dicho oleoducto.

Durante los últimos años, Arauca ha sido golpeada por una multiplicidad de violaciones de derechos humanos que van desde la devastación del medio ambiente, hasta la expulsión de sus territorios de la comunidad indígena guahiba, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones y 56 masacres atribuidas a las fuerzas militares . Entre los he-

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Adicionalmente, en la región se cuenta con dos aviones Sky Master, de propiedad de las empresas petroleras y adjudicados mediante convenio a la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), dotados de equipos de interceptación de comunicaciones, visualizan movimientos por calor y coordinación de operaciones militares.. La utilización de estos aviones permite el control de las personas que residen o se desplazan en cercanías al oleoducto.

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A finales de septiembre de 2002, arribaron a Arauca los primeros cuatro instructores de las Fuerzas Especiales de EEUU, en diciembre, dos docenas de boinas verdes llegaron a la Brigada XVIII y se anunció que para comienzos del 2003 se esperaba la presencia de por los menos 60 54 boinas verdes más añ batallón contraguerrilla No. 30, que sería convertido en la Unidad de Reacción Inmediata, encargado de la seguridad del oleoducto y de la infra55 estructura petrolera.

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Organizaciones sociales araucanas informaron que las fincas aledañas al oleoducto fueron empadronadas y censadas. El empadronamiento estuvo a cargo del batallón contraguerrilla No. 46, que registró a las 166 familias (1530 personas) ubicadas en los primeros 75 kilómetros del oleoducto, en Arauca, Arauquita y Saravena: «Sabemos los nombres de todos los propietarios e integrantes de cada una de las familias, incluyendo la edad de niños y adultos. Trabajamos también para que las comunidades fortalezcan el sen53 tido de pertenencia del oleoducto»

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chos más graves, se destacan los bombardeos contra la población de Santo Domingo, el 13 de diciembre de 1998, que acabaron con la vida de 17 personas, 7 de ellas niños, y dejaron gravemente heridas a otras 25, 9 de ellas niños.

Criminalización de la organización social y la defensa de los derechos humanos

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Los araucanos han logrado construir, en medio de las dificultades, un gran tejido social que les ha permitido, durante más de 30 años, implementar sus propios proyectos para la satisfacción integral de sus derechos; es de resaltar el Plan de Equilibrio Regional, que lleva 10 años de ejecución a través de empresas comunitarias, cooperativas y diversas or57 ganizaciones sociales.

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Las organizaciones sociales araucanas han sido objeto de una ofensiva contra sus legítimas actividades y contra la vida e integridad de sus asociados y líderes, quienes han recibido amenazas que les han valido el decreto de medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ochenta y seis líderes sociales han sido puestos en prisión luego de detenciones masivas, y son procesados por el presunto delito de rebelión, en investigaciones que se basan en testimonios ofrecidos a cambio de beneficios para los deponentes.

La criminalización de los líderes sociales ha generado un grave deterioro en el tejido social araucano y un ambiente se zozobra entre los pobladores. El terror ha aumentado con la aparición de letreros con amenazas de las AUC, por ejemplo, en el edificio de la Asociación departamental de Usuarios Campesinos donde funciona también el Comité de Derechos Humanos “Joel Sierra” y la sede de ECAAS, ubica-

das en cercanías de un puesto de vigilancia de la Policía y en medio de la gran militarización de la ciudad.

Incorporado al derecho interno por ley 704 de 2001, y declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-535 de 2002. Está pendiente el depósito del instrumento por parte del Gobierno Nacional.

21

Watchlist on children and armed conflict: Colombia, la guerra en los niños y las niñas, febrero de 2004.

22

Tomados de: Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, informes al Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños en los conflictos armados, junio de 2003 y junio de 2004.

23

El Tiempo, 10 de Febrero, 2003, “Muere niña de 13 anos en reten de la Armada Nacional en San Andres”

24

El Tiempo, 25 de Febrero, 2003, “Muere niña de 8 años al ser alcanzada por disparos de tropas conjuntas de la Fuerza Aérea y de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra)”, El Tiempo, 25 de Febrero, 2003, “Así murió niña víctima de bombardeo de la Fuerza Aérea en Norte de Santander” y Carta Abierta de ASOBOBALÍ. Marzo 15 de 2.003

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NOTAS

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Agrava aún más este panorama la impunidad con la cual actúan los victimarios. Las denuncias, entregadas a los organismos de control y judiciales, tanto a nivel regional como nacional, no se traducen en condenas para los autores intelectuales o materiales. Los conocidos mecanismos de impunidad, como el traslado de agentes estatales victimarios, la desviación de las investigaciones hacía presuntos “grupos de civiles” armados desconocidos, la competencia que se otorga a la jurisdicción penal militar, la intimidación o eliminación física de víctimas y testigos, garantizan la ausencia de castigo para los responsables.

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Noticiero Caracol TV, 19 de febrero de 2003.

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Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos “Informe de la situación real de los derechos humanos en el municipio de Viota y zonas aledañas”, 25 de junio de 2003.

27

Defensoría del Pueblo, Resolución No. 017, 5/12/03

28

Fedes, Corporación Infancia y Desarrollo, Asociación Shimana, Fundación Apoyar, Fundación Dos Mundos, Visión Mundial, Red Dolmen (Asoda, Aldeas Infantiles S.O.S. Colombia y DNI- Colombia), “Denuncia a la Opinión Pública, Vuelve la Limpieza Social Contra los Jóvenes en Cazuca (Soacha)”. Bogotá, 25 de Agosto de 2003

29

Mesa de trabajo de ONGS y organizaciones sociales de Altos de Cazucá, Mesa de interlocución, gestión y desarrollo de Soacha y Cundinamarca, FIDHAP; comunicado por el asesinato de cuatro jóvenes en el sector de Altos de Cazucá, Comuna 4 del Municipio de Soacha, (Cundinamarca), agosto 20 de 2004

30

Hechos de violencia contra la población civil del sector de Altos de Cazuca, Comuna Cuatro Soacha, Cundinamarca. Aldeas Infantiles SOS -Centro Social Cazucá-, Unión Temporal ASODA -SHIMANA, Proyecto Justicia y Vida, MENCOLDES y FEDES, mayo 2004.

31

Información suministrada por una organización internacional, agosto de 2003.

32

El Tiempo, “Ejército desactivó tres campos minados de las FARC alrededor de escuela en Gutiérrez (Cundinamarca)”, Agosto 28 de 2003.

33

Fuerza Aérea Colombiana evacuó a menores heridos por Farc en Sacama, Casanare, Bogotá, 16 de febrero de 2004 (SIDEN)

34

Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Condena por masacre en La Gabarra, junio 16 de 2004

35

Ver, por ejemplo, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos “Informe de la situación real de los derechos humanos en el municipio de Viota y zonas aledañas”, 25 de junio de 2003; Constanza Vieira, De víctimas a corajudas, marzo 9 de 2004, en www.ipsnoticias.net y Hechos de violencia contra la población civil del sector de Altos de Cazuca, Comuna Cuatro Soacha, Cundinamarca. Aldeas Infantiles SOS -Centro Social Cazucá-, Unión Temporal ASODA -SHIMANA, Proyecto Justicia y Vida, MENCOLDES y FEDES, mayo 2004

36

Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 2002.

37

HRW, “You´ll learn nto to cry, child combatants in Colombia”, septiembre de 2003.

38

Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 2002.

39

Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, Cinep & Justicia y Paz, Boletín No. 6, diciembre 19 de 2003 a 10 de febrero de 2003

40

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Informe Ejecutivos 23, de Mayo 21 de 2003, 24, de Mayo 27 de 2003, 28, de agosto 25 de 2003, Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, Cinep & Justicia y Paz, Boletín No. 10, mayo 21 a agosto 10 de 2003

41

Procuraduría General de la Nación, “La Zona de rehabilitación y consolidación de Arauca, Informe Especial”, Bogotá, mayo de 2003.

El Tiempo, “Estrategia de desmovilización de Álvaro Uribe: ¿política de paz o arma de guerra?”, Mayo 17 de 2003

44

Reunión de funcionarios de la Coalición Internacional con funcionario del Ministerio de Defensa, el 7 de noviembre de 2003, en la Embajada de Colombia en el Reino Unido

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Para mayor información sobre la situación del departamento de Arauca, ver, entre otros: “Arauca: Laboratorio de Guerra y Represión”, Amnistía Internacional, Colombia, 2004; “Informe de la comisión de Verificación sobre la masacre realizada en mayo en el municipio de Tame”, Mesa de Trabajo por Arauca, Bogotá, Colombia, Julio de 2004; “La Zona de Rehabilitación y Consolidación de Arauca: Informe Especial”, Procuraduría General de la Nación, Bogotá, Colombia, 2003; “Informe de la misión de verificación sobre las fumigaciones en el departamento de Arauca”, Organizaciones sociales, septiembre de 2003.

46

El Fiscal General de la Nación Luis Camilo Osorio, en intervención ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, justificando las medidas de las fuerzas militares adoptadas en Arauca señaló “...en Arauca solo impera la guerrilla”

47

A pesar de que se ha presentado como uno de los objetivos de esta política, el fortalecimiento del sistema judicial, concretamente las acciones estatales han estado dirigidos al fortalecimiento de la Fiscalía General de la Nación y no al sistema judicial en su conjunto.

48

Política de Defensa y Seguridad Democrática, Presidencia de la República – Ministerio de Defensa , junio 2003.

49

Informe Derechos Humanos Arauca 2002 “Jose Rusbel Lara”, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, Bogotá, abril de 2003.

50

Procuraduría Delegada para la prevención en materia de derechos humanos y asuntos étnicos, “ La Zona de Rehabilitación y consolidación de Arauca - informe especial”. pg. 4.

51

Acción Urgente de las organizaciones sociales de Arauca, marzo 04 de 2002.

52

El Tiempo, 1-15, octubre 5 de 2002.

53

Declaraciones del mayor Alejandro Cortes a la cadena Caracol diciembre 07 de 2002.

54

Boinas Verdes de Estados Unidos en Arauca Colombia. El Nuevo Herald Miami 8 de diciembre.

55

El Espectador. Colombia: Los Estados Unidos Detrás del Oleoducto. Nov. 17 de 2002.

56

Masacres de la Cachama y San Ignacio donde se estableció la participación de , la masacre de 6 sujetos en Saravena a manos del Ejército Nacional , la fiscalía seccional de Arauca vinculó a miembros de la Policía y el DAS por su participación en los crímenes cometidos mediante una Cooperativa de Seguridad Convivir falsa, entre otros.

57

Informe de Derechos Humanos Arauca 2002 José Rusbel Lara, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, 2003, pg.23.

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Respuesta del Segundo Comandante del Ejército a derecho de petición de la Coalición, con número de radicado 27212, el 28 de enero de 2004

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LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE NIÑOS Y NIÑAS EN ARAUCA

ste capítulo describe la situación de la niñez en el departamento, teniendo como referente los testimonios recolectados en la Comisión de Verificación y el análisis de los derechos vulnerados, así como situaciones traumáticas –entre las que se destacan la militarización de la vida civil y el terror cotidiano de la población.

TERROR

COTIDIANO Y MILITARIZACIÓN DE LA VIDA CIVIL

“...entonces que dejen tantas amenazas, uno esta aquí como las cucarachas en baile de gallinas”

La represión, la guerra, la militarización y los abusos de autoridad, colocan a la población civil de Arauca en una situación límite que los lleva a un estado permanente de miedo, desconfianza y desasosiego.

Las Detenciones Arbitrarias, analizadas ampliamente en varios informes sobre la situación de Derechos Humanos de la 58 Región continúan siendo una práctica frecuente. Una madre contó como su hijo, de 24 años, había sido detenido en diciembre de 2003, porque llevaba una libra de cloro para su finca; los militares argumentaron que el cloro es usado por los grupos insurgentes, y el joven continúa detenido.

“A la gente que se la llevan de las casas, estando sentadas en el andén de las casa llegan y un carrito que anda andando,

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Esta percepción, por parte de la fuerza pública, ha generado graves y sistemáticos abusos contra la población civil.

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¿la va a dar información a la guerrilla?, ¿qué va a ir a hacer, a enterrar una mina? y uno no se puede mover”

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La Comisión pudo verificar como, en el marco de la implementación de la política contrainsurgente, se ha venido estigmatizando a la población de la región, como aliada de la guerrilla: “si uste se va a mover: ¿pa’ donde va usted?,

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azul, llega y por estar en el andén de la casa llegan y lo señalan y dicen, vea, éste, échelo, y allá lo llevan, y de una vez.”

La población continúa, igualmente, siendo víctima de allanamientos ilegales, que se dan en dos modalidades; la primera es entrar a una propiedad sin ninguna orden judicial y amedrentar a sus ocupantes; la segunda es solicitar la realización del registro domiciliario de manera volunta59 ria : “le dicen a usted: ¿me permite hacer un registro a su

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casa? obviamente usted no va a decir que no. Si uno dice que no, me imagino que no lo harán, pero entonces y como que la gente no quiere entrar en el cuento de volverse objetivo para nadie”.

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En otros testimonios se cuenta como los militares llegan a las viviendas solicitando hacer un registro, y obligan a los ocupantes a firmar un documento señalando que se da el consentimiento para ello. En casos en los cuales los ocupantes se negaron al registro voluntario, los militares les comunicaron que no tomarán ninguna represalia, pero que, cuando lleguen los paramilitares, estos tomarán las acciones pertinentes para castigar dicha negativa.

El clima de represión es tal que las acciones policiales llegan al nivel de tortura, como en el siguiente caso: el 27 de marzo de 2003, en la población de Arauquita, miembros de la Policía Nacional, en asocio con el Ejército, detuvieron a un joven cuando se dirigía de su trabajo a su casa, en una motocicleta que no tenia ningún problema legal. Durante esta detención, realizada sin orden judicial, los miembros de la fuerza pública lo acusaron de haber asesinado a un policía minutos antes y lo llevaron a la parte interna del hospital, donde lo sumergieron varias veces en un tanque de agua contaminada, buscando, según ellos, que confesara su participación en la muerte del agente. Ante la negativa del joven, los implicados acudieron a otras técnicas

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Como consecuencia de las arbitrariedades de la fuerza pública y de los volantes y propaganda que circulan permanentemente, en los cuales no se identifica con claridad a quien van dirigidos, toda la población se siente aludida y amenazada, creando un ambiente generalizado de incertidumbre. La sensación es de vigilancia permanente y cual-

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En el desarrollo de la Comisión se conocieron varios casos que denotan una sistemática violación a los derechos de propiedad, libertad de locomoción, de residencia, a trabajar, y a la subsistencia. En un caso, la Infantería de Marina situó su centro de operaciones en cercanías a un puente que comunica tres veredas, prohibiendo el tránsito hacia ellas; los habitantes del sector con propiedades en la zona bloqueada, acudieron a los comandantes para solicitar que los dejaran pasar para sus fincas, pero los militares contestaron que era imposible, pues como la infantería se encontraba realizando operaciones militares en ese terreno, por seguridad era mejor que ellos no regresaran.

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de tortura, como ponerle una bolsa plástica con jabón en polvo en su interior, de manera que el plástico le impedía respirar, pero, si intentaba hacerlo, sus pulmones se llenarían del detergente. También le propinaron múltiples golpes, hasta el punto de dejarlo cerca de la inconciencia. Posteriormente, el Ejército lo trasladó a la SIJIN –Seccional de Policía Judicial- de Arauca, afirmando que había sido capturado en flagrancia por la muerte del policía, no sin antes haberle hecho firmar un documento donde aseguraba que las heridas habían sido causadas por la dinámica propia del combate, y que, mientras estuvo en manos de ellos, se le procuraron buenos tratos. La Fiscalía de Arauca decidió, cuatro meses después, que no existía prueba alguna que lo inculpara en el hecho. No obstante, cada vez que el joven tiene contacto con militares, es amenazado y recibe malos tratos verbales.

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quier acción pública o privada puede ser tomada como sospechosa, lo cual produce sentimientos de vulnerabilidad, desprotección, impotencia individual y colectiva.

Las actividades de grupo, que las personas podrían tener como espacio en el cual comentar y organizarse para hacer frente a la situación, están mediadas por la ansiedad y la angustia, porque es probable la llegada de la fuerza pública, que interpreta este tipo de reuniones como algo peligroso en el marco de la seguridad: “nadie quiere incluso ir a

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una asamblea de acción comunal, por qué?, porque va uno en eso y de pronto llega la fuerza publica, de una vez dicen esta es asamblea de guerrilleros”.

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De los relatos de las diferentes comunidades con las cuales se entrevistó la Comisión se pudo percibir una predilección, en los actores armados, por la comisión de actos que no tienen que ver con el control territorial o con la implementación de una política de lucha contra la insurgencia, sino con la necesidad de ejercer poder y mostrar su fuerza frente a la población, afectando todas las actividades cotidianas de hombres, mujeres, niños y ancianos.

El 8 de diciembre de 2003, un grupo de militares llegó a la discoteca de Pueblo Nuevo: “estábamos en la discoteca y ellos llegaron a apagar, dijeron que ellos no iban a dar permiso, que por que no se que más y entonces los muchachos empezaron a salir y pasó un muchacho en una moto y venía un poquito rápido e iba frenando y antes de que el muchacho frenara, un soldado le metió un culatazo en el pecho y lo bajó de la moto y lo puso en el piso y le puso el pie en la espalda y le dijo que por que no se había parado”

Este tipo de acciones han afectado especialmente a los y las jóvenes, convirtiendo sus espacios de recreación en momentos de terror. Un joven relató el siguiente hecho, suce-

dido semanas antes de la Comisión: “nos íbamos a tomar una gaseosa y mas o menos a los diez minutos, llegaron tres soldados a hacer requisa, levantaron los muchachos, les hicieron quitar la camisa, les pusieron el fusil en la cabeza; una muchacha, en el momento de ver que a los muchachos les estaban haciendo eso, pues de los nervios sonrió y el soldado le puso el fusil en la frente y le dijo que por que se estaba riendo; a otra muchacha (le dijo) que tenía que poner un corrido y obviamente la muchacha con el fusil al frente se azaró y no lo encontraba y se demoraron como diez minutos y nosotros rogando para que lo pusiera, hasta que por fin lo encontró”.

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Generalmente, estos hechos vienen acompañados de medidas complementarias, para garantizar que no habrá acciones judiciales o disciplinarias al respecto. Una campesina contó como era constantemente hostigada por el Ejército Nacional, el cual la acusaba de pertenecer a gru-

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registraron la casa, se llevaron unas cosas...y como el lunes ya volvió otra tropa, cuando yo llegué a la casa me habían roto los candados; estaban metidos en la cocina cuando yo llegué, eso estaban los equipos y todo adentro en la casa, me rompieron fotos, la ropa la habían sacado, le habían botado un poconón de agua, registros civiles, papeles de la alcaldía, botaron una tinada de agua y se dañó todo, y ahí pues yo vine ahí y hablé con ellos, como había más ejército en el caserío yo le dije a un teniente que había ahí y él fue habló con ellos… que para qué habían echo eso y el otro dijo que pagaran… pues me dieron cincuenta mil pesos y me hicieron firmar un papel“.

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En el marco de allanamientos ilegales o registros voluntarios, se han cometido acciones desproporcionadas que, si bien no han puesto en riesgo la vida de las personas, si logran desequilibrarlas emocionalmente, quitarles su identidad, su memoria: “El veinte de Mayo vino una tropa y me

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pos guerrilleros. Esta mujer tuvo que enfrentarse con un comandante, pues sus subalternos habían saqueado varias veces sus víveres, y constantemente la hacían víctima de amenazas y hostigamientos; los soldados implicados fueron trasladados, pero haciéndole la salvedad a la campesina que no debía denunciar los hechos, pues los hechos cometidos por la fuerza pública debían solucionarse internamente.

Otra práctica común en la región es la invasión, por parte de miembros del Ejército, de las fincas de los campesinos y la sustracción de sus sembrados y crías: “si ven cualquier vaina, puede ser una gallina toca entregársela y así sucesivamente, comida, la yuquita la arrancan, la matica de plátano la agarran”.

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Como consecuencia de lo anterior, la población tiene miedo al encuentro con el ejército, y en un contexto totalmente militarizado, se afecta a las personas con una sensación permanente de desprotección y de haber perdido el control de sus vidas.

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La palabra miedo fue constante en casi la totalidad de las personas entrevistadas. En efecto, las acciones de los grupos armados en la región tienen claramente el objetivo de intimidar a la población.

Las estrategias que se han usado para sembrar el terror entre los habitantes de Arauca son variadas. En las zonas de control paramilitar, se han conocido amenazas a las instalaciones civiles de las poblaciones, con miras a impedir la movilidad de los pobladores “a los hospitales, llamaron al banco agrario, llamaron a la Alcaldía, al colegio, a todas las instituciones llamaron, que no querían ver ese día a partir de las ocho de la noche a nadie en la calle”.

La amenaza de la llegada de los paramilitares a la región es utilizada frecuentemente por los miembros del Ejército, bien sea en contra de personas que se opusieron a que se

Resultó impactante comprobar como, en el marco de las acciones tendientes a generar terror entre la población, los niños y niñas se ven seriamente afectados. En algunos casos, parecería que hay una indiferencia frente a la existencia de niños y niñas entre el grupo considerado como objetivo de una acción: “yo iba con mi familia a hacer una llamada por que aquí no servía el teléfono, cuando llega-

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“Para que se compusiera esto tenemos que trabajar con ellos y si no, que esta joda se putearía mas, o sea, querían que toda la gente se vinculara con ellos y si no que de pronto se volvía un Urabá y salían los paracos.”

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“Los cortacabezas vienen para acá a apoderarse de estas tierras, ellos vienen para acá, y ellos vienen a hacer limpieza, ellos vienen a limpiar”.

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llevaran sus víveres o a que entraran a su casa, o bien, para invitar a la población a colaborar con ellos:

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mos allá, llegó el helicóptero y no, que los vamos a llevar y esos niños aguantando hambre, todos niños, mujeres, hombres y esa gente aguante el sol ahí arrodillados, que éramos un montón de guerrilleros, todo el mundo para ellos son guerrilleros; duramos ese día y al otro día nos soltaron a las 11; esa manera de tratar a la gente a los hijueputazos.”

Sin embargo, en otros casos se devela que hay una intencionalidad clara de utilizar a niños y niñas para generar un mayor impacto entre los involucrados: “lo sacaron de la casa a las 4:20 de la mañana, le hicieron parar los niños para que vieran”.

encañonaban a los niños, un niño en un coche, niños por ahí y en el hospital llegaban y encañonaban a todos, mejor dicho, sembrando terror.”

Los efectos de esta situación afectan de manera considerable a los niños y las niñas, causando un impacto, muchas veces irreversible, en la niñez.

Con mucha frecuencia, el impacto se visibiliza en que niños y niñas están convirtiendo a los actores armados en referentes de vida, de manera que sus proyectos de futuro se guían por la rabia o la empatía que sientan hacia alguno de los grupos en contienda.

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Las circunstancias han llevado a algunos, directamente afectados o simplemente testigos de los atropellos, a un total rechazo a los actores armados: ven los uniformados y dicen: ese es el que mata a la gente”.

INFORME

COMISIÓN DE VERIFICACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS EN ARAUCA

Los hijos, las hijas, los niños y las niñas, son fundamentales para los habitantes de la región, por lo cual tan sólo la posibilidad de que sufran algún daño logra efectivamente afectar a la población. En una incursión paramilitar:

En otros y otras, el impacto se nota en una mentalidad que

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simpatiza con la violencia y que ve en las armas el camino más fácil para obtener reconocimiento y poder: “Está de moda ser amigo de los paras: ser amigo del duro, aprender a manejar la pistola” Otros, simplemente, se acostumbran a la violencia “oyen un disparo y lo primero que dicen, yo tengo una niña de 5 años, y dice: papá mataron a uno por ahí”

La realidad de la región les ha negado a niños y niñas el derecho a la alegría, y se expresa en el permanente temor y la recurrente zozobra con la que tienen que convivir: “Los niños

“El Comité reitera su recomendación de que el Estado Parte siga tomando medidas eficaces para proteger a los niños contra los efectos negativos del conflicto armado.”

Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño: Colombia. 16/10/2000. (CRC/C/15/Add.137)

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“El niño veía un helicóptero, así fuera en el papel y eso virgen santísima, no hallaba donde meterse”

INFORME

En toda la región, los niveles de degradación del conflicto han afectado la cotidianidad de los niños y las niñas, convirtiéndolos en uno de los sectores mas vulnerados de la sociedad, donde el abuso sexual, la explotación infantil, la vinculación al conflicto armado y la constante y sistemática violación de los derechos de los niños y las niñas hacen más dura su realidad y el pleno desarrollo de sus vidas, en las peores condiciones de degradación del ser humano.

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de la escuela ya están entrenados para tirarse al suelo”.

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EL

DERECHO A LA EDUCACIÓN

El derecho a la educación de niños y niñas en Arauca se ha visto seriamente afectado por la situación misma de las y los maestros, y por la utilización de las escuelas y, otros espacios educativos, como los internados, por parte de actores armados.

Maestros y maestras: una lucha solitaria

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“Claro que para muchos enseñar a leer y escribir y enseñar a pensar es un delito”

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Los educadores de la región son víctimas principales del conflicto armado, particularmente en Tame: “aquí la situación es bien complicada, nos estaban matando casi que todos los viernes un educador, más que todo en el municipio de Tame… ese municipio ha sido el más golpeado por todos los ámbitos, situaciones difíciles y particulares, los docentes están como presos porque los que están en el sector urbano no pueden ir al sector… en el casco urbano influencia paramilitar y en el rural influencia de la guerrilla, ni los unos para allá, ni los otros para acá”

Los y las maestras vienen siendo constantemente víctimas de amenazas; el presidente actual de ASEDAR ya ha recibido más de 30 comunicaciones amenazando su vida y su familia, al igual que las recibieron el presidente anterior y el secretario actual y anterior; la Fiscalía del municipio de Arauca no ha recibido las ampliaciones de las denuncias hechas, aduciendo que con la simple denuncia basta.

En el municipio de Saravena, en el 2003, un maestro fue sacado violentamente del salón de clase, para ser asesinado una cuadra más adelante. En la masacre de Tame, perpe60 trada en mayo de 2004 , los paramilitares dejaron dos muertos al frente de una escuela, como una clara advertencia que la educación también hace parte de su estrategia de guerra. Según un maestro de la zona: “nosotros decíamos: esto es un mensaje a los niños y las niñas, ellos llegaron al otro día temprano y ahí los dos cadáveres.”

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Según nos informó uno de los educadores entrevistados, él mismo había sido trasladado del municipio de Arauca a una escuela del área rural del municipio de Tame, lo cual, segu-

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Adicionalmente, los maestros y las maestras son constantemente trasladados, sin tener en cuenta razones de seguridad o de unidad familiar. La realidad de los maestros es más compleja, pues muchos de los traslados realizados no tienen en cuenta que el departamento, en los últimos años, ha sufrido una división ideológica ficticia, según la cual los habitantes de las zonas urbanas de algunos de los municipios, entre los que se destaca Tame, son señalados de cómplices de las autoridades y de los grupos paramilitares, y, paralelamente, los habitantes de zonas rurales son señalados de colaboradores de los grupos subversivos. Lo anterior tiene como consecuencia que el maestro que es trasladado de una zona a la otra, sea, en lo mejor de los casos, amenazado o, como sucede en muchas ocasiones, asesinado.

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Si bien es difícil establecer cuál es el mensaje que se quiere dejar en los niños y las niñas, se pueden establecer algunas hipótesis: primera, se logra acostumbrar a niños y niñas a la muerte violenta; segunda si se quiere generar terror en la población, los niños son los más fácilmente afectables; tercera, el acostumbramiento a la violencia puede facilitar, igualmente, su vinculación con los actores del conflicto.

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ramente, le causaría la muerte, pues la zona a donde debería dirigirse es “tierra de nadie.. para allá no van ni la patrulla de la policía siquiera”. El maestro había solicitado al Ministerio del Interior y de Justicia que le concedan algunas medidas de seguridad, pero al momento del desarrollo de la misión, no había recibido respuesta alguna.

“La Relatora Especial no puede imaginarse la realización del derecho a la educación sin la protección de los derechos humanos, profesionales, sindicales y académicos de los educadores. La Relatora Especial recomienda medidas inmediatas para remediar su desprotección en Colombia.”

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El Derecho a la Educación. Informe de la Relatora Especial, Misión a Colombia, /CN.4/2004/45/Add.2, 17 de febrero de 2004

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Para agravar la situación, muchos maestros han sido sometidos a procesos disciplinarios por no aceptar los traslados.

Muchas veces la Procuraduría ha terminado por destituirlos, y la Contraloría los ha sancionado por no estar laborando activamente. El temor a este tipo de sanciones, y la misma necesidad de subsistencia, ha causado que muchos maestros hayan tenido que aceptar las condiciones impuestas, y dejar sus familias en zonas de control de un grupo específico, marchándose para otras donde el control es ejercido por el enemigo del primero. Como efecto obvio, tanto la vida de la familia como la de la o el maestro se ve en un constante peligro: “no estamos de acuerdo con que nos obliguen que nos pongan procesos disciplinarios, porque hasta el gobierno nacional ha llegado a la destitución si no se van, algunos han aceptado por la presión, por la necesidad.”

Lo anterior lleva a que se genere un círculo vicioso, pues el recrudecimiento del conflicto armado y la militarización de la región han llevado a que muchos niños y niñas dejen de asistir a los establecimientos educativos, lo cual tiene como

consecuencia que los maestros que se encuentran en las escuelas objeto de deserción escolar sean puestos a disposición del gobierno para ser reubicados; la falta de docentes, a su vez, genera mayor deserción de niños y niñas: “si no tenemos tanta cantidad de niños en las aulas, ya no están decretando disponibles y al ser disponibles nos mandan para cualquier sitio.”

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El ejercicio del derecho a la educación en el departamento resulta bastante difícil bajo las condiciones mencionadas de terror, estigmatización y política pública. Las preocupaciones por generar una mejor calidad educativa, que deberían ser parte del trabajo cotidiano de cada uno de los maestros, han terminado por quedar en un segundo plano, dando paso a las preocupaciones, claramente comprensibles, por ejercer su derecho al trabajo y garantizar su derecho a la vida, entre otros.

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En otros casos, frente a la crítica tensión entre la obligación de impartir enseñanza y la protección al propio derecho a la vida, las comunidades han optado por contratar maestros propios. Este es el caso de la vereda Las Acacias, municipio de Tame, donde sus habitantes han pagado un profesor particular, buscando que sus hijos e hijas no prescindan del derecho a la educación.

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Las comunidades han reaccionado de diferentes maneras a la falta de maestros y maestras que garanticen la educación para sus hijos. Algunas, como las familias de los estudiantes del Instituto Agropecuario Parmenio Rodríguez, del municipio de Pueblo Nuevo, han instaurado acciones de tutela para que le fueran asignados maestros a la escuela; la tutela les fue concedida, sin embargo, la Secretaría de Educación no ha cumplido con la sentencia, argumentando que dada la situación de orden público, los maestros no han podido desplazarse al lugar.

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Las condiciones de los y las maestras en la región afectan necesariamente el proceso de formación de niños y niñas, pues el sentimiento de zozobra, terror y estrés tiende a contagiar a los niños y niñas con los cuales trabajan diariamente y a reflejarse en los modelos de relacionamiento entre el docente y sus alumnos.

Utilización de las escuelas

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Como se mencionó anteriormente, el Derecho Internacional Humanitario, señala que las Escuelas son bienes protegidos, de los cuales los actores armados no pueden hacer uso para guerra. Sin embargo, la Comisión pudo verificar que los establecimientos educativos están siendo utilizados sistemáticamente como trincheras y alojamientos, en la totalidad de los casos documentados, por parte del Ejército Nacional.

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Lo anterior se ha presentado en un sinnúmero de instituciones en el departamento, entre las que se destacan Liceo el llano, en Arauquita; el Colegio Gabriel García Márquez, en Saravena; el Internado de Betoyes, en Flor Amarillo; el Internado de Puerto Nidia; el Instituto Parmenio Rodríguez, en Pueblo Nuevo; la Escuela de la vereda de Panamá; la Escuela de Columpios, en Arauquita; la Escuela de Brisas del Caranal y la Escuela de la vereda de Filipinas.

La escuela de Brisas del Caranal fue ocupada por un tiempo prolongado por parte del Ejército Nacional. Según testigos, las familias dejaron de enviar a sus hijos e hijas a la misma, pues ésta se convirtió en objetivo militar de la guerrilla. Lo más grave es que dicha ocupación parecía tener como objetivo usar a los niños y niñas como escudo humano ante un posible ataque subversivo. Según un educador: “En brisas el Caranal se ocupó por harto tiempo la escuela, obvia-

La Escuela del municipio de Puerto Nidia, para el momento de la visita, todavía se encontraba invadida por miem-

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ron como ocho días.”

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El Instituto Parmenio Rodríguez fue también objeto de la ocupación militar por parte del Ejército Nacional. Esta fuerza se alojó en sus instalaciones por más de ocho días, a mediados del mes de junio de 2004. Lo anterior causó que las familias no enviaran a los niños y niñas a la escuela, temiendo que en un eventual enfrentamiento entre la fuerza pública y la guerrilla, ellos resultasen afectados, y también buscando proteger a sus hijos e hijas, pues los militares han estigmatizado a la población de dicho municipio, generando un ambiente constante de amenazas, que también afectaban a los estudiantes. En palabras propias de uno de los habitantes: “en esos días no hubo clase, porque ahí acampa-

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mente se convirtieron en objetivo militar, son reiteradas las quejas que muchas veces los soldados llegan acampar dentro de la escuela o cerquita de ella para en caso tal de que la guerrilla los ataque, ayudarse de los niños”

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bros del Ejército Nacional, que, desde que llegaron al municipio, han estado hospedándose en la escuela y el puesto de salud. Según uno de los docentes entrevistados: “desde que llegó el ejército, o desde que se empezó el operativo, se han quedado en el centro de Salud, otro grupo de ellos ha hecho alojamiento en los predios del internado. Ahí se alojan 30 jóvenes, entre niños y niñas de los 10 a los 16 años… ellos han estado allí y se está quedando un grupo… cocinan ahí alrededor.”

El riesgo al cual son sometidos los y las estudiantes de las escuelas, en el marco de la degradación del conflicto armado colombiano, es obvio; sobre una de las escuelas, un líder contó que la guerrilla “ya le ha mandado unas ramplas y

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le ha tirado granadas”

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Muchos maestros han reaccionado frente al grave peligro al cual son sometidos los niños y las niñas, transmitiendo su inquietud a las autoridades militares o civiles de la región. El Gobernador del departamento respondió lo siguiente a un docente, que le solicitó que tomara medidas para evitar que el Ejército Nacional siguiera invadiendo los establecimientos educativos: “no me va a sacar el ejército de aquí, ojo acuérdese que ellos son soldaditos, hijos de campesinos y usted como va a sacar un soldado cuando está lloviendo, usted también es Estado, usted también es institución, no me va a sacarlos…”. En varias ocasiones, las autoridades han sub-

estimado el temor ante un ataque subversivo, aduciendo que su presencia tiene como finalidad impedirlo.

Otro docente relató lo siguiente: “les pido al ejército que se salgan, entonces el ejército después decomisa la gasolina y entonces fue una profesora a que le regalaran y le dijeron: a los profes no les damos por que ellos fijo nos sacan del pueblo….Entonces uno se va dando cuenta que queda en el

imaginario de ellos que, como que uno no es persona de confiar, si entonces son vainas que quedan; que pase más adelante, no sabremos”.

Desafortunadamente, en muchas ocasiones es previsible lo que pueda pasar más adelante: en una de las escuelas de la región fueron amenazados 9 docentes, 6 de los cuales se vieron obligados a dejar su trabajo.

Por esta situación, puede comprenderse que muchos maestros, padres y madres de familia, hayan tenido temor de exigirle al Ejército que salga de los establecimientos educativos y prefieran callar, a pesar del riesgo que corren ellos, los niños y las niñas: “la verdad es que nosotros nos da miedo,

La Relatora Especial recomienda la desvinculación de la escuela del conflicto y su definición y protección como «espacio de paz» y para la reconstrucción de un proyecto de vida para la niñez y juventud víctimizada por violencia.

El Derecho a la Educación. Informe de la Relatora Especial, Katarina Tomasevski, E/CN.4/2004/45/Add.2, 17 de febrero de 2004

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Los casos anteriores son, entre muchos otros, no sólo evidencia del grado de militarización al cual ha llegado la región de Arauca, sino ejemplo claro del irrespeto de los actores armados del Derecho Internacional Humanitario.

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Finalmente, se tuvo conocimiento de la entrada de policías vestidos de civil en una escuela del departamento y de un caso en el cual, mientras la Defensoría del Pueblo realizaba un taller de Derechos Humanos, miembros del Ejército trataron de entrar a la escuela.

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porque es que ya en este momento no sabe uno ni en qué pensar, la situación de nosotros, estamos en medio del conflicto, que no sabemos a que atenernos…”

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VINCULACIÓN

Y DESVINCULACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN ARAUCA

Uno de los principales objetivos de la Comisión de Verificación consistió en documentar la situación de vinculación de niños y niñas al conflicto armado en la región de Arauca, así como la política y prácticas de desvinculación en esta región.

La vinculación de niños y niñas al conflicto armado

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“Los y las niñas, pues claro que ahoritica ya quieren ser soldados”

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La Comisión encontró tres formas de vinculación de la niñez al conflicto armado en Arauca: la primera es la vinculación directa de niños y niñas por parte de los grupos subversivos y paramilitares; la segunda es la vinculación hecha por las fuerza militares mediante el despliegue de operaciones psicológicas, y la tercera es la vinculación por parte de las fuerzas armadas estatales, en la forma de uso de niños como informantes o mensajeros.

En cuanto a la vinculación directa de niños y niñas, la Comisión confirmó que la vulneración de sus derechos de niños y niñas constituye una de las principales causas por las cuales resultan involucrándose con alguno de los grupos en conflicto. Según funcionarios del ICBF, una de las razones para que los niños y niñas se vinculen a los grupos armados es: “que prácticamente están abandonados, que no pertenecen a ninguna familia, no tienen familia, ven como una necesidad de escape, un apoyo y como que el camino más rápido meterse a

la guerrilla, allá en esos distritos por donde andan pues se adaptan fácilmente por que sienten que tienen una hogar, que tienen su cama, su comida, son poquitos, pero se presenta.”

van convenciendo, los convencen y los ponen a trabajar para ellos y después de trabajitos realizados los ponen a hacer más cosas, venta, por ejemplo que traigan información, de pronto irse, o van ascendiendo en la escala en ese grupo”.

Las guerrillas presentes en la zona también continúan con su práctica de vincular niños y niñas, a pesar de los esfuerzos de miembros de la comunidad por mantenerlos por fuera del conflicto: “…si, cuando yo estaba trabajando en ( …) sa-

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Los paramilitares les ofrecen pequeños trabajos de inteligencia para, posteriormente, ofrecerles, como premio o recompensa, el uso de armas. En palabras de un educador: “los

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En algunos casos, los niños y las niñas simplemente aceptan las invitaciones que reciben para vincularse. Algunos profesores informaron que miembros del Ejército Nacional les dicen a los niños y niñas que se vinculen a la lucha contrainsurgente, y ya que no pueden hacerlo en las fuerzas oficiales, lo hagan con los grupos paramilitares.

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La información recogida en Arauca llama nuevamente a poner en tela de juicio el carácter “voluntario” de la vinculación de 61 niños y niñas . En efecto, para que pueda hablarse de voluntariedad debe existir la posibilidad de escoger entre diferentes opciones, así como la posibilidad de renunciar a esta decisión cuando el niño o la niña lo estime necesario. Teniendo en cuenta que, dada la ausencia estatal y el no reconocimiento de sus derechos prevalentes, muchos niños y niñas no tienen más alternativas que ingresar a un grupo armado, y que ellos y ellas no pueden salir del respectivo grupo con la misma facilidad con que son vinculados a él, es claro que en Arauca, y en toda Colombia, no existe tal cosa como vinculación voluntaria.

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qué muchos, que no se llevaran a los muchachos, pero sin embargo de 15, 16 años, los muchachos, las muchachas, se iban para el monte”.

Durante las visitas realizadas por la comisión, también se recibieron denuncias de niños que han sido reclutados forzosamente por parte de los grupos paramilitares, particularmente, en los municipios de Tame y Puerto Jordán. Según comunicaron pobladores de la zona: “aquí hay personas que se les han llevado sus hijos y está en manos de los paramilitares”.

En cuanto a la vinculación por medio de estrategias psicológicas, el Ejército Nacional venía desarrollando en Arauca el programa Soldados por un día: “El caso de Saravena era que eran

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soldados por un día, entonces llevaban los niños, los invitaban a la base del ejército, sean soldados por un día, sean soldados por un día, entonces los entrenaban, les hacían juegos y les daban cosas, pero sin embargo les hacían la invitación a contar de las personas, de los padres de familia, de los conocidos”

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Este programa se desarrollaba mediante la movilización de niños y niñas a instalaciones militares, en las cuales eran vestidos como miembros del Ejército, realizaban actividades de recreación y formación y se les instaba a que denunciaran a sus familiares o allegados que hicieran parte de los grupos subversivos. El programa fue sujeto de múltiples críticas, hasta que la Procuraduría General de la Nación solicitó su suspensión, en mayo de 2003.

“Hay por lo menos tres reflexiones que obligan a pensar en revisar e incluso suspender dicho programa: (i) la vinculación de los niños con el ánimo de hacer que se cuestionen consciente o inconscientemente respecto de situaciones sociales e incluso políticas -como «el hecho de pertenecer sus padres a la insurgencia»-, parece ir en contravía con el grado de desarrollo

psíquico de los niños y con su propia suerte y vulnerabilidad; (ii) es notorio el riesgo que corren los menores al estar en un sitio que podría ser claramente determinado por los actores armados al margen de la ley, como objetivo militar, de ahí la absoluta inconveniencia de que el ejército intente ganar la voluntad de los niños poniéndolos en riesgo, y (iii) la principal misión del ejército no es precisamente la de educar a los niños, lo cual no quiere decir que no sea indispensable la presencia de otras instituciones estatales especializadas en la construcción de valores desde la niñez y en una instrucción cívica que subraye la importancia de las instituciones estatales y las ventajas morales del compromiso personal con las mismas.”

unos tubos así llenos de azúcar con leche y eso dizque le dan a los niños, se ponen a hacer sus payasadas en la calle y se arrejuntan grupos de niños”

Según pudo evidenciar la Comisión, los miembros del Ejército han ampliado notablemente sus servicios de recreación para niños y niñas: “tienen su circo con unos aros y como unos cinco payasos, aparte de los equilibristas y de los maromistas”. Resulta desconsolador comprobar que esta

estrategia psicológica implementada por el Ejército, es el

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En la actualidad, los niños y niñas no van a las instalaciones militares, sino que los soldados acuden a las escuelas, o simplemente los reúnen en las calles: “En ocasiones les traen

INFORME

El programa Soldados por un día fue, en consecuencia, suspendido en la región de Arauca, aunque continúa vigente en varios departamentos más del país. Sin embargo, la Comisión documentó la existencia, en varios municipios de Arauca, de un programa, sin nombre oficial, que las mismas comunidades conocen como “Soldados payasos”.

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Procuraduría General de la Nación, La Zona de Rehabilitación y Consolidación de Arauca, Informe Especial

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mayor esfuerzo del Estado para realizar el derecho a la recreación de los niños del departamento.

El Ejército ha acudido a diversas escuelas de la región para realizar sus presentaciones circenses, la mayoría de las veces, con el rechazo de los maestros, los padres y las madres de los estudiantes. En un colegio de Saravena, el Ejército llegó con varios de sus miembros vestidos de payasos, buscando participar de la celebración del día del profesor: “el

La información que se recolectó señala, adicionalmente, que durante el desarrollo de este tipo de actividades, en Saravena y Arauquita, los miembros del Ejército Nacional han ofrecido dinero a los niños y niñas para que denuncien a quienes creyeran hacen parte de la guerrilla.

La Comisión considera que, si bien el Ejército cambió el nombre del programa y algunos aspectos formales, sigue siendo una forma de vinculación de niños y niñas al conflicto armado, y continúa generando en la región los riesgos señalados por la Procuraduría General de la Nación más de un año atrás.

La tercera forma de vinculación es el uso de niños y niñas para labores de inteligencia o actividades de colaboración no voluntaria en tareas cotidianas de los grupos armados, particularmente, el Ejército Nacional.

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coordinador dijo no, es que los alumnos, yo no tengo autorización de los padres de familia para que ellos participen, entonces no los dejó entrar, entonces quien estaba a cargo de eso, el militar lo hizo firmar un papel, trajeron la cámara y que filmarlo, dio el numero de cedula, o sea para intimidarlo por no aceptar ese sistema de payasos”.

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En dicho sentido, se recibieron múltiples denuncias sobre el hostigamiento del cual son parte los niños y niñas habitan-

tes de zonas rurales, donde en ocasiones se les ofrece dinero, dulces, galletas o latas de leche condensada, para que denuncien a familiares o conocidos de los cuales se sepa hacen parte de los grupos subversivos: “a comprarlos con dulces”, como señaló un padre entrevistado. Preguntas como “quien es quien, en que trabaja su papá, en que trabaja su mamá, si hablan con la guerrilla”, son parte de este tipo de

ejercicios de vinculación.

En diferentes entrevistas, la Comisión pudo documentar cómo comprar niños y niñas con dulces y golosinas, se ha vuelto una constante dentro de su realidad rural. Los militares, que en ocasiones han sido cuestionados por las comunidades sobre esta actividad, se han justificado en que “los que dicen la verdad son los borrachos y los niños”

dice cuáles son los comandantes guerrilleros de la región, de las FARC o el ELN; en el Liceo … el año pasado, entraron a entregar los volantes”

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Dentro de este tipo de actividades militares, se conocieron casos en los cuales los soldados han entrado a los establecimientos educativos repartiendo volantes y pegando propaganda antisubversiva, que insta a los niños y niñas a que denuncien a familiares o allegados que participen de los grupos guerrilleros: “pegaban unas hojas y afiches, donde

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por allá de una vereda lejísimos, lejísimos, y el menor fue a la personería con su mamá, a denunciar de que lo habían encapuchado y lo habían metido en un río. Pero ese niño no sabía nada, no informó nada, por que era un niño, lo que pasa es que aparentaba que era como grande, de pronto ellos creyeron que era mayor y cuando se dieron cuenta que era menor se lo entregaron a la mamá”

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Un funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, relató que alguna vez el Ejército había torturado a un niño, buscando información sobre la guerrilla. Según el funcionario “El otro día vinieron a poner un caso de un menor

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Finalmente, niños y niñas también están siendo utilizados simplemente para labores de mensajería, a título personal o institucional, para miembros del Ejército. En tal sentido, un padre de familia relató que “el año pasado, un soldado 62

que tenia un cuatro se lo dio a mi hijo para que lo trajiera a la casa de la cultura, para que lo arreglaran y le cambiara las cuerdas… para mi es un caso duro, porque imagínese… un cuatro tiene donde meter vainas, que es un cajón, por dentro cualquier grupo de la subversión va y le quita el cuatro al chinito, de pronto lo llena por dentro y se lo da al soldado, quién es el que va a llevar del bulto, mi pobre chino”.

La niña Heidy Liceth Bernal Pique fue fotografiada por miembros del Ejército, en el marco de una actividad cívico militar el 31 de octubre de 2002; en la fotografía, la niña a aparece con un soldado. En el 2003 el Ejército instaló la valla que aparece en la foto, de aproximadamente 2metros por 1.50mts. en la entrada del Aeropuerto Los Colonizadores de Saravena, acompañada del siguiente texto: «Amigo saraveño, nosotros: no asaltamos poblaciones, no realizamos secues-

tros, no torturamos, no extorsionamos, solo defendemos a COLOMBIA ¡trabajemos en equipo! Denuncie a los tels.

8892035 8892031 8892045...»

“El Consejo de Seguridad…invita a todas las partes en conflicto armado, que están reclutando o usando niños en violación de las obligaciones internacionales que les sean aplicables, a detener inmediatamente dicho reclutamiento o uso de niños”.

Consejo de Seguridad, Resolución 1460 de 2003

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La Comisión considera que este tipo de actividades, invitaciones y campañas además de, obviamente, convertir a niños y niñas en objetivo militar de los actores opuestos, generan una disonancia cognitiva que distorsiona sus posibilidades de comprender los efectos reales de la guerra y adoptar proyectos de futuro diferentes a aquellos relacionados con el conflicto armado.

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El Comité Regional de Derechos Humanos «Joel Sierra», promovió la presentación de una acción de tutela para solicitar la protección de los derechos de la niña; el Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca, en junio de 2004, concedió la tutela de los derechos constitucionales fundamentales a la intimidad y a la propia imagen de la niña y, como consecuencia, ordenó el retiro de la valla, así como la salida de circulación del volante y todos los materiales que utilicen la fotografía de la niña. Adicionalmente, el Tribunal señaló que, encontrándose en una zona de alto conflicto, y de abundante presencia de grupos guerrilleros, es previsible que la utilización de la fotografía como lo ha hecho el Ejército, tenga efectos muy negativos contra la integridad de la niña y de su familia.

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La foto de la niña y el texto citado también fueron utilizados en un volante, en cuya parte posterior se invita a los guerrilleros a entregarse al Ejército.

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Desvinculación de niños y niñas del conflicto armado

“En el fondo son muy fáciles de resociabilizar, muy diferente al infractor, estos muchachos son muy diferentes, nobles”

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La desvinculación de los niños y niñas de los grupos armados, además de representar un inminente riesgo para sus vidas, es un proceso difícil y doloroso.

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En la región de Arauca, en ocasiones, los niños o niñas han podido salir a través de conversaciones con el respectivo grupo armado, que ha otorgado su autorización. La Comisión recibió el testimonio de una niña de 14 años que había ingresado al ELN; seis meses después, sintiéndose agotada y desalentada, solicitó permiso para marcharse y, aunque no todos los integrantes del grupo aprobaron o siquiera conocieron la petición, logró hacerlo.

Hasta el momento, no ha recibido ningún tipo de represalias; sin embargo, su familia teme por su vida; su temor radica en que por un lado, puede ocurrir que algún miembro del grupo al que pertenecía, en estado de ira o de embriaguez, tome represalias contra ella por haber desertado; por el otro, dado que la zona donde se encuentra tiene presencia de diferentes fuerzas, los enemigos del grupo al cual perteneció pueden enterarse de su militancia y asesinarla u obligarla a desplazarse.

La niña señaló que una de las razones que facilitaron su salida segura de la guerrilla fue que dejó el armamento y

demás equipo. Este caso pone de manifiesto un nuevo problema práctico al tema de la desvinculación, pues, si bien dejar el armamento puede servir para facilitar la seguridad del niño o niña que se desvincula, muchas veces la única manera que tienen para demostrar que se están desvinculando de un grupo armado, es entregar el armamento a las autoridades militares.

De las entrevistas sostenidas con diversos funcionarios del ICBF en municipios del departamento de Arauca, se pudo evidenciar la falta de claridad sobre las funciones legales que el Instituto debe desarrollar, así como sobre el procedimiento que debe darse para los niños y niñas desvinculados del conflicto armado, con independencia de si la desvinculación fue voluntaria o se dio en el marco de una captura.

Así mismo se encontró, sorprendentemente, que los niños y niñas desvinculados de las guerrillas están siendo procesados por delitos contra el régimen constitucional y legal, en

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La Comisión pudo, igualmente, conocer cómo se desarrolla, en la práctica, el proceso de desvinculación de niños y niñas en Arauca.

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rra, nos sirve para montar guardia; si no nos sirve para montar guardia, nos sirve para cocinar; si no nos sirve para cocinar, nos sirve para pelar papa.”

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En otros casos, la salida del grupo armado no es factible, ni aún con la intervención de miembros de la familia o la comunidad a la cual pertenece el niño o la niña. En el 2001, una niña de 14 años se unió al ELN. A pesar de los esfuerzos continuos de su familia por lograr que fuera devuelta y de la misma niña, que ha manifestado su deseo de salir, los comandantes del frente al que pertenece se niegan a dejarla ir. Un mando de la organización le comunicó a la familia que: “A ella no la vamos a soltar. Si no nos sirve para la gue-

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contravía con la actual legislación, particularmente, la ley 782 de 2002, según la cual la niñez desvinculada debe ser entendida como víctima del conflicto armado y, en ningún caso estos niños y niñas pueden ser criminalizados: “Estos autos del juez deciden si sí cometieron el delito o no, si es culpable o no es culpable, por que si no es, se lo entregan a la mamá.”

“Los de rebelión están todos en Bogotá”

INFORME

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“Hay muchos en que se los entregan a la familia por que no prosperan, no todo proceso falla a favor de terrorismo, a veces son procesos que se quedan en libertad condicional”

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La Convención sobre los Derechos del Niño establece que, en toda circunstancia, los niños y niñas deben estar separados de los adultos, si son privados de la libertad y la normativa nacional establece un plazo máximo de 36 horas para que los niños desvinculados sean entregados al Bienestar Familiar. Sin embargo, los niños y niñas desvinculados del conflicto armado en Arauca están siendo retenidos en instalaciones del Ejército y la Policía, en periodos que pueden ir entre dos días, hasta varias semanas.

Los funcionarios justificaron este grave hecho en la inexistencia de un hogar de paso en la región y a la supuesta necesidad de garantizar la seguridad de estos niños y niñas: “por ejemplo aquí no hay hogar de paso o un establecimiento que permita la seguridad del menor, y estas personitas para garantizar su seguridad tienen que estar en la policía o en el batallón”.

Ahora bien, las condiciones en las cuales estos niños y niñas permanecen en estos centros de reclusión para adultos son, según los funcionarios, variadas: “En la policía al comienzo no

estuvieron tan bien. Ellos están en una parte amplia hacia atrás y están bien. Pero el último menor no quiso estarse allá, le dijeron que estuviera atrás donde no está revuelto con los otros delincuentes mayores, ni en calabozos, sino atrás en la parte amplia y el chino no quiso irse para allá, dijo no, no, no a mi déjeme en el calabozo, con estos mayores, aquí estoy bien, yo no voy para allá. El que estuvo mejor tratado y estuvo en parte buena y estuvo fascinado de que lo tenían como un rey.”

Para cerrar este inquietante panorama, los funcionarios mencionaron conocer algunos casos en que niños y niñas habían señalado ser víctimas de tratos crueles, que, sin embargo, no están siendo investigados o procesados seriamente.

Con respecto a las denuncias efectuadas por una niña desvinculada, de haber sido torturada en una estación de policía, una funcionaria señaló: “dijo que le habían pegado

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Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia Informe sobre la situación de Derechos Humanos en el 2001

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“La Alta Comisionada reitera a las autoridades la necesidad de adoptar medidas urgentes para atender de manera integral a los menores desvinculados del conflicto armado, sin discriminar entre los que se entreguen voluntariamente y los que sean capturados. En este sentido, exige a los actores armados ilegales el cese del reclutamiento de niños y la desvinculación inmediata de aquellos que estén en sus filas.”

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pero no se le veía nada y decía cosas como tan... que no se le daba credibilidad a lo que ella decía”.

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VIOLENCIA

CONTRA LAS NIÑAS

“Porque ellos les hablaban mucho, y por la noche llegan asustadas por que ellos tratan como si, como a intimidarlas, las niñas ya estaban como traumatizadas ya tenían miedo, las chinas ya no salían de la pieza...”

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Las niñas y las jóvenes en Arauca son víctimas de ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y violación sexual.

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Entre los más graves hechos en contra de las niñas de la región están los sucedidos en Betoyes entre el 1 y el 7 de mayo de 2003, cuando soldados de la XVIII Brigada, según los informes, con brazaletes de las AUC, entraron, en las comunidades indígenas de Julieros, Velasqueros, Roqueros, Genareros y Parreros, en Betoyes, Tame, Arauca. En Parreros, el 5 de mayo, Omaira Fernández, una muchacha embarazada de 16 años, fue violada y asesinada. Sus atacantes le abrieron el vientre y sacaron el feto, y luego introdujeron el cadáver de la joven en una bolsa que, según los informes, después arrojaron al río Cravo. En Velasqueros, tres niñas indígenas de 11, 12 y 15 años 63 fueron también violadas, según indican los informes .

Estos y otros ataques del ejército y los paramilitares, así como los combates entre los paramilitares y la guerrilla, obligaron a centenares de personas a huir a localidades cercanas como Saravena. Los paramilitares, según los informes, amenazaron a miembros de estas comunidades desplazadas dicien64 do que los matarían si regresaban .

Las niñas también son víctimas de intimidaciones constantes, que pueden llegar al acoso sexual, como lo constata

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Un tercer caso de violencia y agresión sexual contra las niñas es el documentado en el resguardo indígena de Betoyes, en donde el Ejército Nacional ocupó cierta parte de la escuela que se encuentra al interior del mismo. Y es de especial atención porque, sumado a la grave violación que causa de la invasión de los espacios educativos por parte de un actor del conflicto, dentro de las aulas de dicha institución y algunas de sus habitaciones, miembros de la Brigada contraguerrilla No. 5, hicieron dibujos de carácter sexual vulnerando la figura femenina.

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“Pues resulta que hay una habitación de niños y una de niñas, los días que recién llegaron (los soldados) yo hablé con todo el mundo, aparecieron unos huequitos en las paredes de la piezas de las chinas, fui y hablé con el sargento pues me preocupaban que estos huequitos, esta mañana no estaban y que acaban de aparecer, así como tiros, pero obviamente no eran tiros, era un soldado con su navajita; entonces el miró y le dio como risa, “no esos no son tiros”, le dije a mi me preocupa que lleguen a ser tiros, porque aquí hay niños y esta la integralidad de los niños y yo tengo que responder por ellos y dijo, no profesor, esos no son tiros, son los soldados que le están haciendo huequitos de la pared y en la pieza de las niñas”.

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el testimonio de los docentes de una institución de la región, en la cual una brigada del ejército ha ocupado parte de las instalaciones del Internado. Los profesores tuvieron que afrontar una grave situación, cuando las niñas del internado se quejaron de haber visto a los soldados observándolas mientras ellas se bañaban a través de unas ranuras que tenía la pared. Ante este hecho, las directivas hablaron con las autoridades militares que tienen ocupadas las instalaciones del Internado, planteando que los huecos podrían ser tiros de armas de fuego, a lo cual éstas respondieron irónicamente que no.

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Los miembros del resguardo indígena de Betoyes, ya han sido objeto de agresiones sexuales por parte de paramilitares que, posteriormente, fueron identificados por habitantes de la zona como parte de la Brigada No. 5. La misma que ocupó el recinto por largo tiempo el año pasado y dejó este tipo de agresiones plasmadas en las paredes.

Las agresiones sexuales de este tipo no sólo buscan causar terror entre la población, así como mostrar la superioridad de los actores armados sobre la misma, sino que tienen, como finalidades la utilización del cuerpo de las mujeres como un territorio de agresión cultural. Este tipo de violencias ejercido por los actores armados contra la comunidad y contra el cuerpo de las mujeres indígenas conlleva además agresión y violencia contra la cosmovisión cultural y la significación de lo sexual en los pueblos indígenas.

Resulta impactante comprobar que la abertura de vientre de mujeres embarazadas fue también utilizada en contra de las comunidades indígenas en Guatemala. Al respecto,

nes tienen, preferimos llevarlas a otro lugar...”.

Las niñas acosadas corren un grave riesgo, pues si rechazan a los actores armados, pueden ser amenazadas, hostigadas o asesinadas.

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Diferentes testimonios y entrevistas realizadas por la Comisión de Verificación dan cuenta del temor, que tienen las comunidades, especialmente las mujeres, por lo que puede ocurrir a sus hijas. Los actores llegan, buscan y acosan a las niñas, “esto nos da miedo pues no sabemos que intencio-

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“constituyeron no sólo un acto de extrema crueldad sobre las víctimas, sino, además, un desquiciamiento que degradó moralmente a los victimarios y a quienes inspiraron, ordena65 ron o toleraron estas acciones” .

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la Comisión para el Esclarecimiento Histórico señaló que

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“Un soldado que le mandaba cartas a la hija de 14 años que estudia en el Liceo y le mandó una carta, la niña llego llorando a la casa, ni siquiera la leyó y llego muy asustada, la niña llego llorando, que ahora yo que hago, que me van a matar, que no se que mas”

Si aceptan establecer una relación con un miembro de alguno de los grupos en contienda, igualmente pueden ser víctimas de los enemigos del respectivo grupo: “Antes a las jóvenes que se metían con los soldados, la guerrilla las ajusticiaba, ahora las hacen ir del pueblo”

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En el marco de los acosos a las niñas de Arauca, sus amigos o novios también corren riesgos, pues pueden ser atacados u hostigados por los armados, si están interesados en su pareja:

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“Vea a mi me pasó que, yo tengo novia, no?, (ellos) estaban molestando a la novia, un motorizado, mi novia de diecisiete años, y el caso fue que, el man la estaba molestando … cuando yo siempre venía por ahí en cicla...cuando una vez yo andaba en la cicla, me agarró por allá en el parque, y de una vez sabe qué, usted qué hace, quién es, tal cosa, no, yo soy estudiante, sabe qué acompáñeme, más adelantico me dijo, me llevo la cicla y yo le dije por qué, y dijo no, me la llevo..”

“Un amigo, tenía una novia, iba con la novia, lo agarraron lo metieron allá, allá, le dan pata, puño todo lo que quieran hacer, y así es siempre, o sea si uno está saliendo con una vieja, uno tiene su novia, a uno lo agarran”.

“Todas las partes en el conflicto deben adoptar medidas para proteger a la mujer y a las niñas contra la violación y otras formas de violencia basada en el género, entre otras cosas impartiendo instrucciones a los combatientes de

todas las partes para que respeten el derecho internacional humanitario. La violación, la anticoncepción forzosa y la esterilización, la prostitución forzosa, la esclavitud sexual y otras formas de violencia basada en el género constituyen graves violaciones del derecho internacional humanitario. La Relatora Especial insta a las facciones armadas a que declaren públicamente que la violación en condiciones de conflicto armado constituye un crimen de guerra y puede constituir un crimen de lesa humanidad en determinadas circunstancias, y que todo aquel que viole a una mujer tendrá que comparecer ante la justicia.”

Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y sus consecuencias, Misión a Colombia, E/CN.4/2002/ 83/Add.3

En el municipio de Pueblo Nuevo, la Comisión recibió la denuncia de un hecho en el cual miembros de las FARC lanza-

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Varias de las personas entrevistadas señalaron su preocupación por la existencia de minas antipersonales en diversos sectores de la región. En el cordón del corredor de Arauquita sobre la vía Arauca-Tame, las FARC han sembrado gran cantidad de minas antipersonales; se pudo documentar un caso en el cual una niña se desplazaba en un caballo que pisó uno de estos artefactos, con lo cual la niña perdió parte de sus pies.

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La Comisión recibió denuncias de casos en los cuales los grupos subversivos han desconocido los principios del Derecho Internacional Humanitario, victimizando de una manera grave a la población civil.

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INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

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ron una granada en contra de una tienda del lugar, en la cual dos militares habían tomado un refrigerio. La explosión causó la muerte del dueño del establecimiento y heridas de gravedad a su hijo de 9 meses de edad. Actualmente, el niño se ha recuperado, pero las secuelas psicológicas y económicas de dicha acción han marcado a su familia, pues su madre quedó viuda, el seguro funerario no le ha reconocido ningún pago, y tiene otros cuatro hijos, el menor tiene un año y el mayor doce.

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En el marco de ataques indiscriminados, se tuvo conocimiento de la muerte de una niña de 12 años y un adolescente de 17, como consecuencia del intercambio de disparos durante combates entre el Ejército y la guerrilla en Fortul, en noviembre de 2003.

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Finalmente, se reportó que en diciembre de 2003, hombres armados pertenecientes a las FARC, llegaron a la casa de un concejal de Tame. Al no encontrar al concejal, asesinaron a su esposa, su madre y su hija, de tan sólo diez meses.

“El Consejo de Seguridad…invita a todas las partes en conflicto armado a respetar las disposiciones pertinentes del derecho internacional relativo a los derechos y protección de los niños en conflicto armado, incluyendo el Convenio de Ottawa”.

Consejo de Seguridad, Resolución 1379 de 2001

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«Los llamados «registros voluntarios» son una figura de común aplicación en la zona, cuyo sustento jurídico y consecuencias procesales penales, dejan planteados serios interrogantes”. Procuraduría General de la Nación, La Zona de Rehabilitación y Consolidación de Arauca, Informe Especial

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Mesa de Trabajo por Arauca. “Informe de la comisión de Verificación sobre la masacre realizada en mayo en el municipio de Tame”, Bogotá, Colombia, Julio de 2004

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PNUD, “El Conflicto, Callejón con salida”, Informe Nacional de Desarrollo Humano, Colombia, 2003.

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Instrumento musical de cuerda.

63

Amnistía Internacional, AMR 23/043/2003

64

Amnistía Internacional. Colombia: un laboratorio de guerra. Represión y violencia en Arauca. AMR 23/004/2004. http://web.amnesty.org/library/Index/ ESLAMR230042004

65

“Guatemala, Memoria del Silencio”, Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.

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Ver, por ejemplo, Procuraduría General de la Nación, “La Zona de Rehabilitación y Consolidación de Arauca: Informe Especial”. Bogotá, Colombia, 2003. O, Amnistía Internacional, “Arauca: Un laboratorio de guerra y represión”. Colombia, 2004.

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NOTAS

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POLÍTICA ESTATAL EN MATERIA DE NIÑEZ

“La solución si la tiene el estado, escuchar las comunidades”.

a Comisión trató de encontrar las respuestas estatales con respecto a la efectividad de los derechos de niños y niñas en Arauca. Los resultados pueden caracterizarse en dos temas principales: las acciones específicas con respecto a la niñez, y la inversión social en la región, con claras implicaciones para la población infantil.

En cuanto a las acciones directas por parte de las instituciones estatales con respecto a los niños y niñas de Arauca, que esperaríamos contribuyan a la vigencia de los derechos de la niñez, y a la realización del interés superior del niño, se encontró que los programas de la Gobernación son, cuando menos, limitados.

Los funcionarios y funcionarias entrevistados plantearon que su principal actividad a favor de niños y niñas consiste en la celebración del Día del Niño, en colaboración con el despacho de la primera dama: “Por ejemplo, el año pasado aquí se

manejo el día del niño y de la niña, que es un programa a nivel nacional, entonces es el que más manejamos.”

Los representantes de la gobernación señalaron que en la actualidad tenían un programa en desarrollo, consistente en la carnetización de los y las estudiantes de primaria y la entrega de cartillas sobre Derechos Humanos: “al niño se le va a entregar un carné y unas cartillas que nos mandó la ONU de derechos humanos para niños, entonces se va a implementar eso”.

Frente a la evidente desarticulación de las diferentes instancias que, desde el departamento, podrían actuar a favor de los niños y niñas de Arauca, existen, al menos, buenas intenciones: “Aquí por lo menos la secretaría de educación

Resulta importante destacar, en medio de esta situación, el estado en que se encuentran los funcionarios del estado, en quienes se aprecia una sensación de impotencia, frente a la tramitología y trabas, resultado de la política anticorrupción, para ejecutar los recursos dirigidos a la población afectada por el conflicto armado, convirtiendo este

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que nació entre la Occidental y Bienestar Familiar y era hacer atención, no tanto nutricional ni asistencial, sino más bien psicosocial en las zonas donde nosotros no llegáramos, entonces se tomó toda la zona de Caño Limón y sus veredas y hay como tres profesionales que van de vereda en vereda”.

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En cuanto al ICBF, está desarrollando un programa de atención psicosocial para niños y niñas, con el apoyo, paradójicamente, de la Compañía Occidental: “un proyecto nuestro

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maneja lo de juventud, el bienestar familiar, la misma comisaría, entonces todo es como en forma desarticulada, entonces la idea es ir otra vez reactivando el comité de política social, es volver a unificar y plantear una buena política”.

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hecho en una tensión mas y resultando, en diversas ocasiones, en la imposibilidad de dar respuesta a situaciones de carácter humanitario de emergencia.

En lo que respecta a inversión social, la situación resulta, nuevamente, preocupante. La percepción general entre la población es de un importante crecimiento del gasto militar, frente a una grave disminución de la inversión social y en infraestructura: “hay muchos policías, la brigada y la base de la marina, el puesto fluvial está también, hay demasiado, pero no vemos carretera, educación, no vemos el mejoramiento de la malla vial, la llamamos trocha y en invierno se ponen demasiado impasables”

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La relación entre inversión social, amenazas de la guerrilla y política contra insurgente fue ampliamente documentada a través de las entrevistas con docentes, lideres sociales y, en general, campesinos de la zona.

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Un primer aspecto de esta relación se da en que la falta de condiciones de seguridad en la zona, y las posibilidades de ataques por parte de la guerrilla, justificaría la no inversión por parte del Estado. Según algunos funcionarios estatales, el Alcalde del municipio de Arauca ha congelado algunos rubros de inversión social, debido a los riesgos de que la guerrilla realice algún tipo de operativo en contra de la infraestructura: “el Alcalde decía que él no había iniciado las obras del puesto de salud ni de las escuela pensando en que viniera otra vez la guerrilla a volar…”

Un segundo aspecto, consiste en que el Estado no invierte, con la justificación de que la inversión social terminaría beneficiando a la insurgencia: “la versión de los administradores públicos es que esta es una zona de guerrilla y que no invierten, en ese entonces a todos nos inculpan que pertenecemos a la guerrilla y es que no lo hacemos, vivimos en esta

región en la que hay guerrilla; guerrilla la hay en todo el país, no es aquí no mas”.

La relación entre inversión y conflicto se manifiesta también en la capacidad de gestión de las mismas comunidades: “tenemos aproximadamente 4 años que no conocemos ni lo que es un solo ladrillo por parte del Departamento o del municipio, por que desde que empezó la problemática con el paramilitarismo, la verdad es que de ahí para acá la gente empezó a recortar las salidas a la cabecera municipal y al Departamento y debido a eso no se ha podido gestionar”.

nosotros mismos hacer bazares entre los mismos, recoger fondos; actualmente para arreglar las vías, entonces nosotros recogemos plata, y sabiendo que no es nada lo que vale la mano de obra, no es como el gasto de los insumos, que nos vienen muy caros”

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Frente a esta situación, algunas poblaciones han tenido que acudir a la autogestión para solucionar sus necesidades más inmediatas: “si hemos arreglado una vía, nos ha tocado a

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dido, para poder de que salga una partida en beneficio de una comunidad, los delegados que vayan a solicitarlas tienen que hacer un compromiso con el gobierno de suministrar información sobre el actuar y las movilizaciones que hagan los grupos insurgentes en el área, cosa de que compromete a la gente, por que si la persona se compromete a hacer ese tipo de cosas, pues la guerrilla los va a matar; entonces pues sino se comprometen no va a haber tampoco inversión, no hay proyecto que se le apruebe, no hay construcción de vías, no hay construcción de puentes, no hay construcción de escuelas.”

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La más grave denuncia recogida por la Comisión en este respecto, consiste en casos en los cuales la administración municipal y/o departamental ha supeditado la entrega de recursos a la información que, sobre la guerrilla, le brinde los pobladores. Según un testimonio: “Hasta donde se tiene enten-

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Las consecuencias de esta falta de inversión social en los niños y niñas de Arauca, aunque evidentes, pueden resumirse en los siguientes testimonios: “tenemos mas de 2500 habitantes y aquí ni siquiera podemos contar con un proyecto de acueducto y alcantarillado, todos tenemos que tomar el agua sacada de un pozo, ni siquiera porque, tan de malas que el agua no sale clara, tenemos que hacer un puntillo y hacer todo el esfuerzo para colocar un pequeño filtro de agua para que el agua salga clarita y poderla consumir”

El sentimiento de desesperanza de la población, y el recelo frente a la combinación de abandono y represión, por parte de los diferentes estamentos estatales, se recoge claramente en las palabras de uno de los habitantes de la región: “Si

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el gobierno no quiere prestar atención y quiere mantenerse olvidando este sector de los colombianos, que lo haga, que no nos preste atención, que se olvide de que nosotros somos colombianos, pero que nos deje quietos y nos deje trabajar; eso es lo que nosotros solicitamos, que se nos deje trabajar, que se nos deje vivir en paz” «La persistencia de la alteración del orden público aún en zonas altamente militarizadas como la zona de rehabilitación y consolidación de Arauca, amerita explorar por parte del gobierno otras vías distintas a la militar, a fin de generar una mayor confianza de la población en sus instituciones y, especialmente, garantizar la convivencia ciudadana y los derechos civiles, políticos y económicos de todos los ciudadanos”.

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“uno llega a una escuelita de esas y de pronto ve uno a dos o tres chinitos por ahí de buen color pero la mayoría los va a mirar de color papaya biche, entonces, como que no representan esa salud que deben tener ellos”.

Procuraduría General de la Nación, La Zona de Rehabilitación y Consolidación de Arauca, Informe Especial

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LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO EN ARAUCA

“Todo el que sea armado es malo, les digo yo. Si yo fuerauna mujer armada y usted un civil ¡imagínese lo que estaría pensando usted de mi!”

l objetivo de este apartado es evaluar qué ha sucedido en materia de derechos humanos de las mujeres, en el marco del incremento sostenido de la militarización del Departamento durante la implementación de la zona de Rehabilitación y Consolidación, y después de que fue declarada la inconstitucionalidad del Decreto 2002 de 2002.

En lo concerniente a los efectos de la militarización en la vida de las comunidades, es importante recordar que se ha constatado que en el marco de los conflictos armados, en especial durante los periodos en que se agudiza la confrontación y la población civil debe soportar el incremento de la presencia militar, los derechos humanos de las mujeres suelen sufrir un notable deterioro.

Los efectos negativos de la militarización en la vida de las mujeres, jóvenes y niñas están estrechamente relacionados

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con la violencia y discriminación que existen antes del conflicto armado. La situación de desconocimiento de derechos y falta de autonomía de las mujeres se ve agravada por la dinámica del conflicto armado. Es frecuente que en contextos de militarización no solo aumente la violencia generalizada contra las mujeres como parte de la población civil, sino además la violencia basada en el género (violencia dirigida contra las mujeres por el hecho de ser mujeres) y la violencia intrafamiliar.

En Arauca las mujeres describen que con frecuencia son ellas las que tienen que tratar a las tropas del ejército que se dirigen a las veredas y llegan a las casas, porque los compañeros están en las labores agrícolas. Las estrategias de intimidación a las mujeres son frecuentes, además existen quejas sobre intentos de abuso sexual.

“Vino la tropa y me registraron la casa. Se perdieron cosas, se iban a llevar una ropa. Cuando yo llegué a la casa estaban registrando adentro.”

Así, se crea una atmósfera de inseguridad en la que las mujeres se sienten vulnerables porque las tareas agrícolas, los trayectos a pie, ir a buscar leña, ir al río, se convierten en escenarios de riesgo: “Yo tengo una sobrina política, que llegó la tropa a la finca, llegó el soldado a acosarla para tener relaciones con él, menos mal que venía la abuela y a lo que lo miró, se abrió. Pero él era diciéndole que el marido no se iba a dar cuenta...”

“Nos da miedo. El temor es que ellos estén ahí porque en estos caseríos por ejemplo hay niñas estudiando, ellas hacen sus tareas y ellos acostumbran estar donde ellas estén haciendo sus tareas. A uno le da miedo que las niñas puedan correr algún peligro. Ellos, pues sí que busquen su sitio, su distancia, donde ellos deben de estar. Porque siempre a la población civil es a la que nos atacan.”

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“siempre están en plan de conquista… que cómo te llamas, cuántos años tienes, tienes novio, no tienes?”

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La presencia de actores armados en la vida cotidiana “regula la subjetividad de las personas mediante el control del cuerpo y la sexualidad femeninos, y el mantenimiento de límites muy tradicionales en las identidades de hombres y mujeres. (…) Los actores armados son capaces de ejercer 66 altos niveles de presión y terror” :

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“Dijeron que si les podía prestar a mi hermano para que fuera a comprar unos cigarrillos… mi hermano no tiene por que salir a comprarle cigarrillos a nadie. Si ustedes quieren fumar pues vayan y compren. Ellos dijeron que yo era muy altanera y yo les dije que no creyeran que por el hecho de yo vivir en un pueblo como estos no sé cuales son los derechos de la mujer”

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Para las mujeres que se involucran sentimentalmente con los combatientes, en estos contextos de coacción y vulnerabilidad, sobreviene el problema de los señalamientos y amenazas por parte de los grupos contrarios.

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Dada la situación por la que está atravesando el Departamento: los altos índices de homicidios, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, las mujeres -madres, hermanas y compañeras de los muertos, desaparecidos o detenidos- tienen que afrontar los trámites y las diligencias de los procesos de denuncia y judicialización sin asistencia de ningún tipo. En ocasiones, esta circunstancia las expone a su vez a amenazas y violencia por parte de los agresores. Cuando una mujer es económicamente dependiente de su hijo o de su compañero, resulta especialmente difícil volver a encontrar estabilidad cuando este desaparece. En general la titulación de bienes, tierras y ganados le corresponde a los hombres y la gestión de su traspaso a las mujeres es difícil y demorada.

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“algunas viudas se han ido, hacia Arauca, hacia Tame, a donde sea, a Saravena, se han ido para Venezuela, han perdido su patria; y otras personas están en la vereda, donde la comunidad las ha acogido y donde es claro que la presencia del estado en la atención social es nula”.

La persecución contra las mujeres En el departamento de Arauca, los sindicatos de sectores en los que la mayoría de trabajadores son mujeres han sido especialmente golpeados, como es el caso del sindicato de los trabajadores hospitalarios y el de los maestros.

Como parte de una estrategia de detenciones masivas contra líderes sociales, sindicales y defensores de derechos hu-

Con enorme preocupación se registra un aumento en las denuncias de violencia sexual en el departamento de Arauca durante y después de la vigencia de las Zonas de Rehabilitación. Durante la visita de la Comisión se pudieron recoger testimonios de las presiones de los combatientes de diferentes grupos armados ejercida sobre las mujeres. Las jóvenes especialmente, encuentran difícil escapar a la intimidación y a las presiones. Frente a esta situación, muchas familias optan por sacar a las jóvenes de las regiones más críticas.

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Violencia sexual

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Elizabeth Toledo, una maestra de Tame, fue asesinada por el grupo paramilitar que hace presencia en la región, por negarse a pagar una boleteo.

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manos, realizadas en agosto y octubre de 2003, y febrero de 2004, varias mujeres han sido detenidas.

Entre las detenidas se encuentran Elida Parra, funcionaria de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Saravena; Gloria Dilva Medina, licenciada en ciencias sociales, ex alcaldesa y ex secretaria de educación, directora de la casa de la cultura de Saravena; Margot Betancourt, funcionaria del Instituto Departamental de Salud, miembro del sindicato de empleados de la salud ANTHOC, delegada de la seccional de la FCRDH Joel Sierra; Blanca Segura, tecnóloga en administración financiera, miembro de la junta administradora de la empresa ECAAS, directora del sindicato de empleados del ministerio de educación nacional SINTRENAL; Elionor Ávila, diputada a la asamblea de Arauca y Luz Perly Córdoba, dirigente de la Asociación de Campesinos de Arauca, de la Federación Campesina FENSUAGRO, que para el momento de la detención, era beneficiaria de Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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Existen dificultades insalvables para llevar un registro exhaustivo de los casos de violencia sexual contra mujeres por parte de actores armados. Resulta significativo que los casos denunciados públicamente en Arauca son más numerosos que en otras regiones del país. A continuación, algunos casos, recogidos por diversas organizaciones:

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El 2 de octubre de 2002, un miembro del Batallón Héroes de Saraguro, adscrito a la XVIII Brigada, entró por la fuerza en la casa de Inocencia Pineda Pabón, en la comunidad de Las Blancas, municipio de Arauquita, y, según los informes, disparó contra su esposo, Francisco Guerrero Guerrero, y la violó.

Aunque se dijo que la Fiscalía General había iniciado investigaciones judiciales sobre el caso, Amnistía Internacional fue informada, en marzo de 2003 que el soldado en cuestión había escapado dos veces mientras estaba bajo custodia de la XVIII Brigada, lo que hacía temer que las autoridades militares no estuvieran cooperando plenamente con el sis67 tema de justicia.

El 16 de diciembre de 2002, dos hombres armados y encapuchados, con chaquetas negras y pantalones de camuflaje, pararon a un campesino que viajaba en su camión, junto con su mujer y sus hijos, en Playas de Bojaba, hacia la carretera de Saravena. Obligaron a todos los miembros de la familia a bajarse del vehículo, los registraron y dieron patadas al esposo. Luego los obligaron a todos a tumbarse en el suelo. Se llevaron a la esposa a los matorrales y, al parecer, la violaron tras amenazarla con matar a sus hijos. Luego se marcharon, llevándose muchas de las pertenencias de las víctimas. Esa

zona está fuertemente militarizada, ya que que68 da cerca del oleoducto.

El 16 de agosto de 2003, en un barrio de Saravena, una mujer y un joven fueron interceptados por un encapuchado que portaba un arma. La pareja fue llevada a una pieza, en la cual el encapuchado vio69 ló a la mujer.

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A pesar de las denuncias, la posibilidad de que la violencia sexual esté siendo sistemáticamente utilizada como una de las estrategias de los actores armados no parece preocupar a las autoridades. Los casos que se han hecho públicos provienen de contextos urbanos en los que las mujeres encuentran apoyo en la red de organizaciones y alguna garantía para su seguridad. Por lo mismo, resulta inquietante la situación de las mujeres en zonas apartadas, expuestas a la arbitrariedad de los actores armados, sin apoyos, ni garantías de ningún tipo.

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En un caso de acoso sexual a una joven por parte de un efectivo del Ejército Nacional del que tuvimos conocimiento, a pesar de la voluntad de la víctima y su familia para procesar al agresor, la respuesta de las autoridades militares se limitó a un traslado del inculpado a otra región, sin ningún tipo de investigación para establecer la verdad de los hechos y administrar justicia.

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A pesar de que no es posible reunir información estadística sobre la incidencia de la violencia sexual como una estrategia de los grupos armados en la región, los indicios apuntan a estimar que existe una situación extrema de vulnerabilidad y violación a los derechos humanos de las mujeres que está invisibilizada.

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En contextos de militarización y control social, tiende a haber un incremento de la prostitución infantil y esto coincide con las denuncias que expone la comunidad: “Hay un descontrol muy grande con lo de la prostitución. Uno mira niñas desde doce años en adelante embarazadas. Los actores armados, unos y otros, se aprovechan de eso para convidarse a las niñas y llevárselas. Tristemente después de que ya están embarazadas, si las niñas están con el Ejército o la Policía, la 70 guerrilla las mata y si están con el contrario también.”

“A las mujeres de la zona de tolerancia las están matando, 71 cuando no son unos actores armados, son los otros.”

INFORME

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La situación de las mujeres indígenas

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Los territorios de pueblos indígenas de Arauca son escenario de confrontación. Las comunidades han visto no solamente sus territorios invadidos, sino su autonomía amenazada por grupos armados que ejercen la violencia cultural como una estrategia de confrontación. En los últimos años, se han registrado numerosas situaciones de violación colectiva de los derechos de los pueblos indígenas y de claro desconocimiento del Derecho Internacional Humanitario, que incluyen asesinatos selectivos, masacres, desapariciones forzadas, violencia sexual, tortura y malos tratos. Los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en sus territorios, son evidencia de la agresión cultural que caracteriza la intersección de discriminación y violencia en el conflicto colombiano.

Las mujeres indígenas deben enfrentar la amenaza de la violencia sexual y vivir en un ambiente que no favorece el libre ejercicio de la autonomía sobre sus cuerpos. Las mujeres y niñas de las comunidades indígenas han sido víctimas de vio-

lencia sexual por parte de los actores armados y reportan que, con frecuencia, hombres armados circulan por los territorios indígenas buscando “pollonas”: mujeres jóvenes.

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Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y sus consecuencias, Misión a Colombia, E/CN.4/2002/ 83/Add.3

INFORME

“La violencia contra la mujer es generalizada y sistemática. La Relatora Especial expresa suma preocupación por el actual grado de impunidad por violaciones de los derechos de la mujer, sobre todo las que ocurren debido al conflicto armado en Colombia o se ven agravadas como resultado de éste. Expresa preocupación además por el trato que recibe la mujer en el sistema de justicia penal y por el bajo porcentaje de condenas impuestas en casos de violación u otras formas de violencia basada en el género.

El hecho de que no se investiga, enjuicia y castiga a los responsables de violaciones y otras formas de violencia basada en el género ha contribuido a un entorno de impunidad que perpetúa la violencia contra la mujer, incluso la violación y la violencia intrafamiliar. Es fundamental que los casos de violencia basada en el género se investiguen y que los perpetradores comparezcan ante la justicia.”

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Como consecuencia de una campaña de terror impuesta por grupos paramilitares que operan en el Departamento, las comunidades indígenas han enfrentado bloqueos de movilidad y de alimentos. La situación de las comunidades indígenas en lo referente a la seguridad alimentaria y condiciones de salud son deplorables. Sitiadas y amenazadas, las comunidades denuncian estar agobiadas “por el hambre y por el miedo”.

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INFORME

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NOTAS

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66

Mesa de trabajo “Mujer y conflicto armado”. Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia. Bogotá: 2002, pp. 59-60

67

Amnistía Internacional. Colombia: un laboratorio de guerra. Represión y violencia en Arauca. AMR 23/004/2004. http://web.amnesty.org/library/Index/ ESLAMR230042004

68

Amnistía Internacional. Colombia: un laboratorio de guerra. Represión y violencia en Arauca. AMR 23/004/2004. http://web.amnesty.org/library/Index/ ESLAMR230042004

69

Humanidad Vigente, Corporación Jurídica

70

Testimonio de una mujer de Arauca, recogido por la Mesa de trabajo «Mujer y conflicto armado». Bogotá, 2003.

71

Testimonio de una mujer de Arauca, recogido por la Mesa de trabajo «Mujer y conflicto armado». Bogotá, 2003.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las prácticas de señalamientos y hostigamientos sistemáticos en contra de la población civil, la vulneración al principio de distinción, las amenazas sobre la llegada de los paramilitares, las limitaciones a la movilidad de las comunidades, las detenciones masivas, los allanamientos ilegales y los registros voluntarios, realizados por la fuerza pública en el departamento, lejos de devolver a los Araucanos su seguridad individual y colectiva, han victimizado a la población civil, generando un temor generalizado y un sentimiento de mayor abandono estatal.

Las Fuerzas Armadas Estatales deben dar pleno cumplimiento al Derecho Internacional Humanitario, abstenerse de realizar acciones violatorias de los derechos humanos y suspender inmediatamente el apoyo o tolerancia a unidades paramilitares, incluyendo el cese de todo el apoyo logístico y técnico. Los organismos de control deben investigar y sancionar a los funcionarios responsables de violaciones a los derechos de los pobladores de Arauca.

Los y las maestros de Arauca han sido señala-

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INFORME

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dos, amenazados y asesinados sistemáticamente. A la falta de garantías para la integridad y la vida de los maestros, se suma la apertura de procesos disciplinarios, en casos en los cuales los maestros no han podido trabajar por fundamentados riesgos para sus vidas. Como consecuencia de la situación de los maestros, el derecho a la educación de niños y niñas en Arauca se ha visto seriamente afectado, por un lado, debido a la falta de personal en las instituciones educativas, y por el otro, porque los sentimientos de temor y angustia en los maestros, tienden a transmitirse a sus alumnos.

El Estado debe dar a los y las maestras las garantías suficientes para su vida e integridad que les permitan cumplir con su labor docente y en consecuencia, lograr que, la niñez de Arauca la región pueda estar un poco más cerca del ejercicio real de su derecho a la educación. Igualmente, debe desarrollar un proceso de formación, para docentes y alumnos, tendiente a ofrecer a los niños y sus maestros herramientas para la superación de los traumas y el manejo del estrés producido hechos derivados del conflicto.

La militarización de las escuelas y su uso para actividades militares, muestra una falta de compromiso por parte del Estado colombiano, en desarrollar una política de seguridad acorde con el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Huma-

INFORME

En Junio de 1999, las FARC se comprometieron con el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para Niños y Conflicto Armado, a no reclutar niños menores de 15 años. En 1998, como parte de los Acuerdos de Puerta del Cielo, el ELN se comprometió a no reclutar menores de 16 años. En noviembre de 2002, las AUC se comprometieron, a través de la “La declaración por la paz de Colombia” a entregar los niños y niñas que permanecían en sus filas. Sin embargo, niños y niñas de Arauca continúan siendo reclutados, en diversas modalidades, en grupos insurgentes y paramilitares.

Los grupos armados insurgentes y paramilitares deben cesar la vinculación y utilización de niños y niñas y desmovilizar inmediatamente a aque-

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nos. La lucha contrainsurgente no puede justificar el uso de establecimientos educativos, así sean bienes del Estado, pues ante todo se debe considerar la garantía para los derechos a la vida y la educación de niños y niñas.

El Estado Colombiano debe cumplir con los compromisos adquiridos bajo el amparo del Derecho Internacional Humanitario y respetar incondicionalmente todas las estructuras sociales de apoyo a los niños y niñas tales como escuelas, clínicas, hospitales y centros culturales y recreativos, dejando de utilizar dichas estructuras como bases militares, alojamientos o centros de abastecimiento.

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INFORME

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llos que ya se encuentran en sus filas, ya sea participando directamente en las hostilidades o realizando labores de apoyo.

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Las fuerzas armadas estatales, por su parte, utilizan a niños y niñas en labores de inteligencia o mensajería y en campañas cívico militares, lo cual vulnera la Convención sobre los Derechos del Niño, su Protocolo Facultativo y el Derecho Internacional Humanitario. Más aún, en un contexto de degradación del conflicto armado, pone en grave riesgo sus vidas y afecta el principio de distinción.

Las Fuerzas Armadas Estatales deben abstenerse de utilizar a niños y niñas, y los organismos de control del Estado deben investigar y sancionar a los responsables por estos hechos.

El programa de “Soldados por un día” en Arauca, fue suspendido por solicitud de la Procuraduría General de la Nación, al señalar que va en contravía con el grado de desarrollo y la vulnerabilidad de niños y niñas; que los pone en riesgo y que la misión de educar a niños y niñas no le compete al Ejército. El programa fue transformado en otro, conocido por las comunidades como “Soldados Payasos”. La Comisión considera que los argumentos expuestos por la Procuraduría so-

INFORME

Las actividades desarrolladas por el Estado colombiano en el departamento de Arauca, para niños y niñas desvinculados es abiertamente contraria a las obligaciones contraídas por el Estado colombiano en virtud de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, así como de la misma legislación interna.

Reviste especial gravedad el que los niños desvinculados están siendo juzgados por delitos de rebelión y terrorismo, que permanezcan en batallones militares y estaciones de policía y el que se estén desestimando con sorprendente facilidad las denuncias realizadas por niños y niñas en torno a los tratos que han recibido en estas instalaciones.

El Estado Colombiano debe dar pleno cumplimiento a la legislación nacional e internacional sobre niños y niñas desvinculados; depositar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en los conflictos armados e in-

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bre el programa “Soldados por un Día” en Arauca son aplicables, tanto para ese programa en otras zonas del país, como para el programa modificado de “Soldados Payasos” en Arauca.

El Estado debe suspender inmediatamente el programa de “Soldados por un día”, el programa “Soldados Payasos” y otros programas similares que involucren a niños y niñas en campañas o actividades militares.

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INFORME

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vestigar y sancionar a los responsables de los casos de reclusión de niños en Batallones o estaciones de Policía. Solicitamos al CICR visitar estos lugares, para verificar que en ellos no estén recluidos niños y niñas, o evaluar las condiciones en las cuales se encuentran.

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Las niñas y adolescentes de Arauca son víctimas de ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, intimidaciones, acoso y violación sexual por parte de los actores armados de la región y se encuentran en constante riesgo de ser agredidas o asesinadas por rechazar o aceptar las propuestas de dichos actores, con lo cual se les está negando sus posibilidades de elección e, incluso, de vivir normalmente su vida cotidiana.

Los actores armados deben cesar inmediatamente toda forma de violencia, violencia sexual, relaciones forzadas y hostigamientos en contra de las niñas.

En el marco de graves vulneraciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de los grupos insurgentes de Arauca, niños y niñas en Arauca han sido víctimas de mutilaciones producto de minas antipersonal, muertes por asesinatos o ataques indiscriminados, y lesiones por explosiones de artefac-

INFORME

La protección y promoción de los derechos de los niños y niñas, que es la más eficaz estrategia de prevención a la vinculación, es ausente en el departamento de Arauca..

El Estado debe incrementar la presencia estatal –de carácter civilen el departamento, comprometerse a realizar inversión social, y a desarrollar políticas públicas a favor de la efectiva garantía de los derechos de niños y niñas.

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tos bélicos.

Los grupos armados no estatales deben respetar todos los estándares internacionales humanitarios relacionados con la protección de niños y niñas en un conflicto armado, terminar con el asesinato y la mutilación de niños y todos los civiles; poner fin a las amenazas de muerte, la intimidación y el uso indiscriminado de armas.

93

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INFORME

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ANEXO

DATOS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y AL D.I.H. CONTRA NIÑOS Y NIÑAS EN ARAUCA 2003 - 2004 Fuente: Humanidad Vigente y Comité Regional de Derechos Humanos Joel Sierra

96

21-Feb-03

25-Feb-03

30-Mar-03

Saravena

Tame

FECHA

Ejército Nacional

Luis David Muñoz Ramírez (2años).

Una patrulla del Ejército, hirió de gravedad a varias personas, entre las que se encontraba un niño de dos años de edad.

Paramilitares

Andrey Mora Quintero y Otro niño sin identificar.

Asesinados dos jóvenes en zona rural.

Paramilitares

RESPONSABLES

Josue Quiroga Granados y Miguel Angel Mantilla Muñoz.

VÍCTIMAS

Asesinados dos estudiantes de colegio de 15 y 17 años respectivamente, por sujetos que se movilizaban en bicicleta.

HECHOS

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LUGAR

-

Saravena

INFORME

97

-

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Fue dejada una bicicleta bomba, la cual estalló y produjo la muerte de un niño , además de heridas a 4 siguientes personas.

17-Abr-03

FORTUL

INFORME

Entraron tropas pertenecientes al batallón 27, a la finca del señor Genaro Popayán, llevándose sin orden judicial a dos jóvenes, que fueron golpeados.

También asesinaron otros pobladores del caserío.

HECHOS

10-Abr-03

FECHA

Tame

LUGAR

Edwin Orlando Ropero.

Carlos Julio Galindo Linares y Gerardo Popayán.

VÍCTIMAS

FARC

Ejercito Nacional

RESPONSABLES

98

Fernando José Guerrero Cárdona (14 años)

Mauricio Rua García

La Policía nacional retuvo, acusando de guerrilleros a dos jóvenes, entre los que se encontraba un niño, dejándolos un tiempo prolongado en la estación.

30-Jul-03

Tame

VÍCTIMAS

Un joven y otro grupo de personas fueron retenidos por presuntos paramilitares, quienes los amenazaron, agredieron y además tildaron de guerrilleros.

HECHOS

27-Abr-03

FECHA

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LUGAR

-

Tame

INFORME

Policía Nacional

Ejercito Nacional Paramilitares

RESPONSABLES

99

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Fueron retenidos 100 jóvenes, dentro de los que habían niños, quienes se encontraban en un congreso de la organización ASOJER, quienes fueron golpeados y maltratados durante la detención.

22-Sep-03

Saravena

-

La Policía Nacional, retuvo si ninguna orden judicial a un niño, acusándolo de ser auxiliador de a guerrilla y prolongando su estadía en la estacón de dicha institución por un largo tiempo.

13-Sep-03

Saravena

INFORME

HECHOS

FECHA

LUGAR

Policía Nacional

Policía Nacional

100 Jóvenes, entre mayores y niños

RESPONSABLES

Angelmiro Maldonado Cruz

VÍCTIMAS

100

Yoleida Aristizabal, (11 Años)

Ana Lisseth Bonilla Gomez (12 Años) y Nelson Pinilla Moreno (17 Años)

Miembros del ejército nacional secuestraron a una niña, hasta que su padre hiciera presencia ante ellos; 10 horas después fue dejada en libertad.

En la vereda Puerto Nidia del Municipio de Fortúl, se presentó un intercambio de disparos entre dos actores armados, dejando como resultado la trágica muerte de un niña y un joven.

05-Nov-03

19-Nov-03

Arauquita

Fortúl

VÍCTIMAS

HECHOS

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LUGAR

-

FECHA

INFORME

Guerrilla Ejército

Ejército Nacional

RESPONSABLES

101

-

En enfrentamiento entre el Ejército y la guerrilla, el primero lanzó un artefacto explosivo causando la muerte de varios civiles, así como heridas a otros.

26-Nov-03

Tame

INFORME

Varios niños fueron secuestrados por más de 60 horas en la vía Tame por un grupo paramilitar.

26-Abr-03

Tame

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Fue accionado un artefacto explosivo tipo carro bomba, dejando herida a una niña.

24-Nov-03

Tame (corregimiento Pueblo Nuevo)

HECHOS

FECHA

LUGAR

Kevin José Angarita

Varios Niños

Niña

VÍCTIMAS

Ejército Nacional

Paramilitares

Guerrilla

RESPONSABLES

102

En el caserío de Pueblo Nuevo jurisdicción del municipio de Tame, exploto un artefacto explosivo, hecho en el que se produjo la muerte a dos personas civiles, entre ellos a un niño y dejando heridas a cuatro (4) personas más.

Miembros del Ejército Nacional, hostigaron a toda una familia,

17-Dic-03

Tame

HECHOS

27-Nov-03

FECHA

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LUGAR

-

Tame

INFORME

Guerrilla

Ejército Nacional

Vladimir Pérez Díaz

RESPONSABLES

Cinco heridos, dentro de los cuales hay un niño

VÍCTIMAS

103

INFORME

-

28-Dic-03

FECHA

En el Barrio Balcón del Llano del municipio de Tame, fueron asesinadas la madre, hermana e hija del señor Angel Demetrio Casas, presidente del concejo municipal de Tame.

reteniendo dos de sus hijos para verificar sus antecedentes, todo esto, sin ningún tipo de orden judicial.

HECHOS

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Tame

LUGAR

Rosa Adelina Parales (62 Años), Rosa Casas Parales (30 Años) y niña de 10 meses.

VÍCTIMAS

Guerrilla

RESPONSABLES

104

7-Feb-04

17-Abr-04

Saravena

FECHA

Ejército Nacional

Ejército Nacional

Niña

Bajo la presentación de un Fiscal falso, el Ejército Nacional entró a allanar una

RESPONSABLES

Hermanos Fernando, Diego, Carolina y Adriana Cáceres, Hermanos Meyerli y Yeferson Carrascal, Hermanos Jhon Y Luiison Sánchez Torres

VÍCTIMAS

Miembros del Ejército Nacional, retuvieron y obligaron a acompañar a sus misiones a 8 niños, para que sirvieran como escudo humano dentro de las mismas.

HECHOS

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LUGAR

-

Tame

INFORME

105

INFORME

-

FECHA casa de familia, donde interrogaron y hostigaron a una niña, aduciendo que ella debía decir la verdad sobre la guerrilla que se encuentra en la zona y que, supuestamente, habitaba la casa en cuestión.

HECHOS

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LUGAR

VÍCTIMAS

RESPONSABLES