Derechos Humanos y Lucha contra la impunidad
BOLETÍN #13 Abril - Junio de 2019
Colombia se raja en derechos humanos, - Organizaciones de Derechos Humanossociales presentaran concluyen 500 organizaciones
informe ante la JEP, sobre Ejecuciones Extrajudiciales en Antioquia.
Solidaridad con la defensora de DD.HH. - Organizaciones de Derechos Humanos presentaron María Ruth Sanabria Rueda, víctimasolicitud de ante la UBP por Desaparecidas, víctimas de Ejecuciones undadas atentado contra susobre vida en Arauca Extrajudiciales en Antioquia.
Tierra y Territorio Humanidad Vigente Corporación Jurídica es una organización no gubernamental de derechos humanos, sin ánimo de lucro, fundada en 1996, conformada por un equipo interdisciplinario de profesionales de distintas áreas del conocimiento, con alto compromiso social que trabaja por la defensa y protección de los derechos humanos integrales, con énfasis en los derechos de mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y víctimas del conflicto en Colombia.
-¡No jodan el Campo! La sociedad civil se manifiesta ante proyecto de ley que busca acabar con el campesinado del país - Organizaciones de la sociedad civil piden a la CIDH revisar el cumplimiento de la política de restitución de tierras en Colombia Construcción de paz y Memoria - Masacre 16 de mayo, 21 años resistiendo ante el olvido - La población araucana no sólo debe soportar los rigores del conflicto armado sino la agresión directa del Estado, a través de su fuerza pública.
Niñas, Niños, Jóvenes y Mujeres - Continúa la revictimización en el caso de Nicolás Neira
- La COALICO rechaza el asesinato de Diana Tatiana Rodríguez en Buenaventura y se solidariza con la familia. Hacemos un llamado a la protección de las niñas, niños y adolescentes de Colombia
DERECHOS HUMANOS Y LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD
Organizaciones de Derechos Humanos presentaran informe ante la JEP, sobre Ejecuciones Extrajudiciales en Antioquia. Escrito por : Organizaciones sociales y de DDHH
El próximo 27 de mayo en la ciudad de Medellín, las organizaciones defensoras de Derechos Humanos Corporación Jurídica Yira Castro – CJYC, Corporación Jurídica Libertad –CJL y Humanidad Vigente Corporación Jurídica – HVCJ, Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia PsicosocialEQUITAS presentaremos ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de hechos y conductas, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el informe titulado “Ni Descuidos, Ni Manzanas Podridas: Ejecuciones Extrajudiciales en Antioquía, una política de Estado” Con el fin de contribuir al esclarecimiento de la verdad y aportar a la justicia restaurativa, el informe recoge información de más de 112 casos y 154 víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales o los mal llamados “falsos positivos” ocurridas entre los años 2002 y 2008, (periodo de implementación de la política de seguridad democrática) en tres subregiones del departamento de Antioquia; Oriente, Nordeste y Magdalena Medio antioqueño, cometidas presuntamente por agentes del Estado miembros de la Fuerza Pública, pertenecientes a las Brigadas IV y XIV, adscritas para entonces a la Primera y Séptima División del Ejército Nacional, respectivamente. Se agruparon en un sólo informe las Ejecuciones Extrajudiciales de las tres subregiones mencionadas dado que el Coronel retirado, Juan Carlos Barrera Jurado, estuvo a cargo entre el año 2003 y 2004 del Batallón de Artillería N4 Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez BAJES y fungió como Comandante de la Brigada XIV entre el 2007 y 2008. Otros militares posiblemente implicados en crímenes de lesa humanidad y mencionados en el informe son: Óscar Enrique González Peña, Luís Roberto Pico Hernández y Mario Montoya Uribe, quienes ocuparon altos cargos militares y fueron decisivos en la implementación de la política de defensa y seguridad democrática.
De acuerdo al cruce de información recolectada se pudo determinar, que la práctica de las Ejecuciones Extrajudiciales se dio bajo una dinámica de funcionamiento caracterizada en tres etapas, a saber: 1.) Planeación; ii) Ejecución; y iii) Encubrimiento. Estas fases fueron desplegadas por una organización criminal al interior de las distintas unidades militares del Ejército, para lo cual se contó con una organización criminal para llevar a cabo su práctica al interior de las Unidades Militares del Ejército Nacional. A pesar de lo anterior, el Coronel ®Juan Carlos Barrera Jurado, quien fue llamado a calificar servicios en 2008 por su probable responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos, permaneció vinculado como contratista de las fuerzas militares, como asesor de la dirección de modernización del Comando de Transformación Ejército del Futuro, en el diseño e implementación de la nueva doctrina militar del Ejército Nacional. Barrera adicionalmente se ha desempeñado en reiteradas ocasiones como docente en el Centro de Educación Militar. Adicionalmente, las organizaciones que elaboramos este informe emprenderemos otras acciones complementarias en la búsqueda del esclarecimiento de la verdad y la justicia, juzgamiento de máximos responsables, averiguación, identificación y entrega de personas dadas por desaparecidas inhumadas como NN a los familiares. Así mismo, elevaremos solicitudes concretas de medidas de reparación integral para las víctimas con el propósito de mitigar las afectaciones causadas en razón a la vulneración de los derechos humanos. Para la presentación de este informe se convoca a Rueda de Prensa el 27 de Mayo a las 9:30 a.m. en el Hotel Nutibara y posterior a ella se realizará la entrega por parte de las organizaciones y las víctimas a la JEP en el Museo Casa de la Memoria a la 1:00p.m 2
DERECHOS HUMANOS Y LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD Organizaciones de Derechos Humanos presentaron solicitud ante la UBPD, sobre víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales en Antioquia. Escrito por : Organizaciones sociales y de DDHH
Luz Marina Monzón directora de la UBPD, recibiendo informe de ejecuciones extrajudiciales en Antioquia
El pasado 19 de junio en la ciudad de Bogotá, las organizaciones defensoras de Derechos Humanos Corporación Jurídica Yira Castro – CJYC, Corporación Jurídica Libertad –CJL, Humanidad Vigente Corporación Jurídica – HVCJ y el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial- EQUITAS, presentaron ante la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, una solicitud para la búsqueda, localización, identificación y entrega digna de cuerpos a familiares de víctimas presentadas como personas no identificadas (PNI) en el marco de la información presentada en el informe “Ni Descuidos, Ni Manzanas Podridas: Ejecuciones Extrajudiciales en Antioquía, una política de Estado” ante a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de hechos y conductas, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el pasado 27 de mayo en la ciudad de Medellín. En esta solicitud se presentó información de 229 registros, en donde se relacionan 86 personas con presunta identidad y 143 PNI. Entre el periodo 2002 a 2010, se registraron 125 casos de ejecuciones atribuidos a la Brigada XIV que opera principalmente en el Nordeste Antioqueño y en parte del Magdalena medio; mientras que en el periodo que va del 2003 a 2004, se registraron 18 casos atribuidos al Batallón BAJES. Es importante destacar que todas son víctimas de ejecuciones extrajudiciales, presentadas como bajas en combate por la Fuerza Pública en el marco del conflicto armado, en el departamento de Antioquia.
Teniendo en cuenta la cantidad de PNI registradas como bajas en combate en el departamento de Antioquia, las organizaciones CJYC, CJL, HVCJ y EQUITAS solicitamos a la UBPD la implementación de una estrategia integral para la identificación de estas personas, que cumpla con la naturaleza humana y extrajudicial de la institución, para poder dar con la debida ubicación, exhumación, individualización, identificación y entrega de los cuerpos a sus familiares. Por otro lado, citar a los miembros del Ejército Nacional involucrados en los hechos y como presuntos responsables de las ejecuciones extrajudiciales, para ampliar la información respecto a los contextos de concentración de víctimas para presentarlos como bajas en combate en dicho departamento.
Pedimos al presidente Duque la declaración de competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas Escrito por : Organizaciones sociales y de DDHH
Ante el preocupante incremento de las desapariciones forzadas en Colombia y la impunidad que la rodea, las organizaciones abajo firmantes, insistimos en que el Estado colombiano acepte la competencia del Comité, como uno de los caminos para brindar garantías al reconocimiento de los derechos de las Leerdel másdelito de la víctimas y las familias y la prevención desaparición forzada. En la Semana Internacional del detenido-desaparecido las organizaciones de víctimas, de derechos humanos y atención psicosocial que hacemos parte de la Mesa de Trabajo Sobre Desaparición Forzada (MDTDF), exigimos al Estado colombiano, en la cabeza del Presidente Iván Duque, que reconozca la competencia del Comité contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas para conocer de casos de desapariciones forzadas en Colombia como garantía del respeto de los derechos de las víctimas de Desaparición Forzada y del cumplimiento de los compromisos internacionales y derivados del Acuerdo de Paz, y teniendo en cuenta que en Colombia siguen presentándose desapariciones forzadas en el conflicto armado y en ejercicio de la violencia estatal y que hay más de 80 mil desapariciones forzadas que están en la más completa impunidad. Leer más
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TIERRA Y TERRITORIO ¡No jodan el Campo! La sociedad civil se manifiesta ante proyecto de ley que busca acabar con el campesinado del país Escrito por : Organizaciones sociales y de DDHH
Luego de hacer las revisiones a los cambios planteados en ponencia presentada por el senador José David Name, más de 180 organizaciones y comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, víctimas y distintos sectores de la sociedad civil colombiana, solicitamos a él, a la Comisión V del Senado de la República y al Ministerio de Agricultura retirar del trámite legislativo el proyecto de Ley 003 de 2018 “por medio del cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones”. Vemos con preocupación que en este proyecto se mantienen disposiciones que, junto con sectores de la academia y personalidades políticas expertas en temas de tierras, hemos criticado insistentemente desde el año 2017 cuando fue publicada la primera versión de este proyecto de ley. Su adopción traería graves efectos, ya que es una norma altamente regresiva en cuanto a los derechos que el Estado Colombiano debe garantizar a las comunidades rurales para acceder a las tierras en condiciones de dignidad, de acuerdo con los mandatos constitucionales. Las modificaciones propuestas demuestran el continuismo entre el gobierno de Iván Duque y el de Juan Manuel Santos en lo que tiene que ver con las políticas para el sector agropecuario. Mantienen diferentes medidas que enfatizan el modelo acaparador de tierras con lo que agravará la ya extrema concentración de la propiedad rural. Buscan legalizar la prescripción de baldíos -prohibida constitucionalmenteavalando por completo la apropiación, venta y cesión ilegal de estos terrenos, haciendo imposible para el Estado su recuperación, y afectando los derechos, actividad y cultura del campesinado favoreciendo las actividades minero energéticas, de infraestructura, agroindustriales y de mercantilización de la biodiversidad. Este proyecto desnaturaliza el propósito de la Reforma Rural Integral de promover la democratización de
la tierra, permitiendo que los predios que hagan parte del Fondo de Tierras pactado en el Acuerdo de Paz puedan destinarse a las Zidres y a otros proyectos agroindustriales. No contiene ninguna medida para solucionar el problema de comunidades que habitan en zonas de protección ambiental, a quienes hoy se criminaliza y se pretende expulsar, desconociendo su ocupación tradicional y su capacidad y deseo de permanecer allí protegiendo el ambiente, y no establece ninguna medida para resolver las inequidades de género en materia de acceso a tierras, a crédito, a incentivos y en general las situaciones inequitativas en las que están las mujeres rurales. Este proyecto se radicó sin culminar satisfactoriamente el proceso de Consulta Previa con comunidades indígenas y afrocolombianas, con las que no hubo acuerdo alguno, y por lo cual la Mesa Permanente de Concertación – MPC, interpuso una acción de tutela solicitando la suspensión del trámite del proyecto y su retiro del Congreso. En su elaboración, desde el inicio, se han incumplido los acuerdos suscritos con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular – CACEP, de establecer una ruta concertada para trabajar en la reforma de la Ley 160 de 1994, de manera participativa y consultada; y el logrado en las discusiones del Plan Nacional de Desarrollo, según el cual se debe conformar una Comisión en el Congreso que, mediante un proceso amplio y participativo, estudie temas como la formalización de tierras y posibles modificaciones al régimen de baldíos. Por las anteriores consideraciones, las organizaciones firmantes llamamos la atención de los congresistas, especialmente de quienes integran la Comisión V del Senado, así como del Ministerio de Agricultura, para que actúen en defensa del Campo. Solicitamos también al pueblo colombiano que acompañe y se sume activamente a esta solicitud para evitar que se haga efectivo este proyecto de ley que pretende joder el campo. 4
TIERRA Y TERRITORIO Organizaciones de la sociedad civil piden a la CIDH revisar el cumplimiento de la política de restitución de tierras en Colombia Escrito por : Organizaciones sociales y de DDHH
Ante el incumplimiento generalizado del Estado colombiano en la garantía del acceso al proceso judicial especial y el desacato de las sentencias de restitución de tierras, 12 organizaciones de la sociedad civil colombiana solicitaron una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- que se celebrará en el período #172 de sesiones en Kingston, Jamaica el día 9 de mayo del 2019. Las organizaciones presentarán ante la CIDH un informe que muestra un panorama general de las principales inobservancias del Estado colombiano a la obligación de reparar integralmente a las víctimas de despojo y abandono forzado de tierras, y cómo este proceso dista mucho de alcanzar los estándares internacionales de reparación integral. También se busca alertar sobre el fin de la vigencia de la Ley 1448 de 2011 (Ley de víctimas y de restitución de tierras) el próximo 10 de junio de 2021, pues a tan sólo dos años de terminarse, es pobre el avance de la política de restitución de tierras despojadas por el conflicto. Se han logrado sentencias de restitución en menos de 350 mil hectáreas cuando el problema del despojo se calculaba inicialmente en 6 millones, y la Unidad de Restitución ha negado a más del 63% de las víctimas el acceso al procedimiento judicial. Se advierte que los derechos de las víctimas estarían en peligro si no hay una prórroga de la Ley. Además, las personas reclamantes de tierras enfrentan obstáculos como la negación, por directriz del Gobierno Nacional, al derecho de restitución de tierras si fueron desplazadas forzosamente y despojadas de tierras al interior de áreas protegidas como Parques Nacionales Naturales y zonas de reserva forestal. Otro obstáculo es el direccionamiento institucional a favor de la industria minera desde la Unidad de Restitución de Tierras, a través de las circulares del grupo de Asuntos Ambientales, Minero Energéticos e Infraestructura (AMEI) que orienta las demandas de restitución para que no afecten los derechos mineros de las empresas, aún en perjuicio de víctimas y comunidades étnicas. Leer más
Radiografía de la restitución de tierra en Colombia. Escrito por : Organizaciones sociales y de DDHH
Doce organizaciones de la sociedad civil sometimos la política de restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado en Colombia a un examen riguroso para verificar su nivel de cumplimiento y la satisfacción de los derechos de las víctimas faltando dos años para el vencimiento de la Ley 1448 de 2011. Concluimos que el Estado colombiano no ha cumplido con la garantía del derecho a la restitución de comunidades campesinas y étnicas y que debe prontamente hacer ajustes en su implementación para corregir lo que está fallando, y de manera urgente prorrogar la vigencia de la ley. El presente documento recoge el informe que elaboramos para ser presentado el 9 de mayo de 2019 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 172° período de sesiones, relativo a las denuncias de incumplimiento de reparación a las víctimas de despojo y abandono forzado de tierras en Colombia, el cual constituye una Radiografía de la restitución de tierras, útil para que entidades públicas, juzgados y tribunales, órganos de control, academia, organizaciones sociales y víctimas puedan tener un panorama del estado actual de la política, sus dificultades y las recomendaciones que hemos sugerido. A dos años del vencimiento de la vigencia de la Ley 1448 de 2011 siguen siendo bastantes los reclamos de las víctimas por una reparación integral: los esfuerzos del Estado parecen haberse quedado cortos ante la magnitud de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del conflicto armado, especialmente en el caso del despojo y el abandono forzado de tierras. Con el Decreto 1167 de 2018, el Presidente de la República y el Ministro de Agricultura dieron por terminada la etapa administrativa del proceso de restitución de tierras.
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CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y MEMORIA Masacre 16 de mayo, 21 años resistiendo ante el olvido Escrito por : Humanidad Vigente
Debido a ello, la Fiscalía 34 de derechos humanos en el 2014 profirió resolución de acusación en contra de 4 militares, por coautoría en homicidio agravado y desaparición forzada. Después de 21 años, solo se han podido recuperar los restos de 10 de los 25 desaparecidos. Las víctimas hoy continúan resistiendo ante el olvido, siguen trabajando por la re dignificación de sus familiares y en busca de una reparación integral, que contribuya a la reconstrucción del tejido social.
Hace 21 años en la ciudad de Barrancabermeja, paramilitares de las Autodefensas de Santander y el Sur del Cesar (AUSAC), en colaboración con miembros de la Fuerza Pública llegaron al sur oriente de la ciudad, donde asesinaron a 7 personas y 25 fueron desaparecidas. En esta oportunidad, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en conmemoración a estos hechos, realizó el conversatorio ¿Por qué pasó lo que pasó el 16 de Mayo de 1998?, en el cual se hizo un análisis respecto a la situación de contexto que se vivía en ese momento en la región, y cuáles eran los intereses de los grupos armados y terceros en su momento, que llevaron a que se cometieran estos hechos. Se ha podido determinar que la masacre del 16 de mayo fue ordenada por el paramilitar, Guillermo Cristancho alias ‘Camilo Morantes’, en complicidad con agentes de la Fuerza Pública, funcionarios de Ecopetrol y algunos comerciantes de la región. Hasta el momento 22 miembros del grupo paramilitar, de 70 que participaron en la masacre, han sido judicializados. El ex jefe paramilitar, Mario Mejía, alias ‘El Panadero’ también se encuentra condenado por estos hechos. En el 2010 alias ‘El Panadero’, en versión libre ante Justicia y Paz, relato como había coordinado con la Fuerza Pública para perpetrar la masacre: “Previo me comuniqué con varios integrantes de la Policía, el Ejército y el DAS para desarrollar la masacre”.
En Colombia hay persecución y un genocidio contralíderes y lideresas sociales
Escrito por : Refugio Humanitario
Cerca de 3.000 líderes, lideresas y defensores de Derechos Humanos del Cauca, Nariño, Chocó, Catatumbo (Norte de Santander), Bajo Cauca (Antioquia), el sur de Bolívar y Arauca, entre otras regiones llegarán a Bogotá el próximo 28 de abril para instalar el denominado “Refugio Humanitario por la vida de líderes sociales”, quienes exigirán medidas de protección efectivas al Estado y acciones por parte de la comunidad internacional. Con la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP en 2016 y los avances de la mesa de diálogos con el ELN se generó en el país una alta expectativa de avanzar en una reducción de la violencia en el territorio nacional. Si bien disminuyeron las muertes ocasionadas por el conflicto armado, paradójicamente hay un incremento inusitado de agresiones contra líderes sociales en todo el país. Estas agresiones son de distinto tipo, por un lado amenazas, atentados, detenciones y robos de información, que generan zozobra tanto en las organizaciones sociales como en los territorios donde hay
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CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y MEMORIA ausencia de institucionalidad que contrasta con una fuerte conflictividad social debido al fortalecimiento de los grupos armados ilegales que tienen como blanco a las comunidades y personas que ejercen liderazgo en defensa de sus territorios.
La población araucana no sólo debe soportar los rigores del conflicto armado sino la agresión directa del Estado, a través de su fuerza pública.
Otra preocupación por la que miles de líderes viajarán a Bogotá es por las altas cifras de asesinatos, según el último informe del programa Somos Defensores, el año 2018 fue uno de los años más violentos en este tema pues se registran cerca de 155 personas asesinadas, un 43.7% más que el 2017. Otros informes tienen registros de cerca de 600 personas asesinadas desde 2016 hasta la fecha, incluyendo líderes sociales y excombatientes de las FARC y sus familias.
Escrito por : Fundación Joel Sierra
Recientemente, Dimar Torres excombatiente de las FARC, fue asesinado en vereda Campo Alegre del departamento de Norte de Santander, quien sin justificación alguna recibió disparos por parte del ejército nacional y posteriormente los victimarios intentaron esconder el cuerpo, gracias a la presión de la comunidad que de inmediato llegó al lugar de los hechos, se logró poner en evidencia lo que sería el primer caso de falso positivo o ejecución extrajudicial del gobierno de Iván Duque. Así mismo, el Refugio Humanitario denunciará desde Bogotá lo que desde algunas organizaciones sociales han denominado una campaña de persecución al movimiento social. Pues los señalamientos a regiones enteras como el Catatumbo (Norte de Santader) y a organizaciones sociales, por parte de altos funcionarios del Gobierno Nacional, de ser inflitradas por la insurgencia, el narcotráfico y las bandas delincuenciales, han puesto en riesgo a quienes habitan estas regiones y los miembros de organizaciones sociales que defienden el territorio y los derechos humanos. Por todo esto, el Refugio Humanitario por la Vida desplegará una ardua jornada de trabajo desde el 28 de abril hasta el 2 de mayo que espera tener como resultados compromisos por parte del Estado para poner en marcha mecanismos eficaces e integrales para la protección de la vida, la dignidad y la libertad de las personas defensoras de Derechos Humanos en los territorios y también trazar agendas de trabajo con países y organizamos multilaterales de la comunidad internacional.
A los doce (12) homicidios contra miembros de la población civil en el departamento de Arauca, ocurridos en el mes de abril, se suman cuatro (4) casos de tortura, amenazas y violaciones ocurridos al interior de instituciones policiales y/o en zonas altamente militarizadas en el departamento de Arauca. Estos no son hechos aislados, corresponden a una estrategia criminal de agresión que el Estado ha implementado sistemáticamente a nivel nacional, con la que se pretende generar zozobra y terror en la población, con el fin de doblegarlas a los designios del capital nacional y extranjero, dejando sus territorios libres a la continuidad del despojo y saqueo por parte de las empresas minero energéticas. Así mismo, pretende implementar el miedo como arma de guerra, acallar las voces que denuncian la crisis social, humanitaria, económica y ambiental que afrontan las comunidades, y con ello, desarticular el histórico tejido social que se atreve a proponer un proyecto de vida colectivo contrario a la explotación y opresión que el modelo económico ha implementado en el país. Como Fundación de Derechos Humanos, alertamos a las autoridades competentes para que tomen las acciones pertinentes de manera oportuna a fin de parar este tipo de prácticas perversas por parte de la fuerza pública, evitando con ello que volvamos a experiencias del pasado reciente donde se realizaron Crímenes de Lesa Humanidad por parte del Estado, a través de sus fuerzas militares y sus estructuras paramilitares. Exigimos la investigación seria y responsable de los hechos aquí denunciados, garantizando con ello el derecho a la verdad, justicia, reparación integral y garantía de no repetición, a las víctimas y la comunidad en general. Leer más 37
NIÑAS, NIÑOS, JÓVENES Y MUJERES La COALICO rechaza el asesinato de Diana Tatiana Rodríguez en Buenaventura y se solidariza con la familia. Hacemos un llamado a la protección de las niñas, niños y adolescentes de Colombia
Escrito por : COALICO
La Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO),[1] rechaza las violaciones de los derechos de la niñez y la adolescencia que se vienen presentando en todo el país y en particular, los hechos acaecidos en Buenaventura (Valle del Cauca), donde históricamente persiste la violencia letal en contra de sus habitantes, en especial de los niños, niñas y adolescentes. El caso de la niña Diana Tatiana Rodríguez, de 10 años de edad, quien fue encontrada sin vida y con signos de violencia en su cuerpo el pasado domingo 2 de junio en el Barrio San Francisco, comuna 7 de Buenaventura, es ejemplo de cómo la violencia se materializa en el sufrimiento y la muerte de las niñas y los niños en el país. Con profundo dolor e impotencia la COALICO expresa a sus familiares su solidaridad y espera como expresión de la sociedad civil que el Estado colombiano y sus instituciones dispongan de los recursos necesarios para hacer justicia en este caso y fortalecer las medidas de prevención que eviten la ocurrencia de este tipo de situaciones que nos enlutan y avergüenzan como nación. En lo corrido de 2019, en Buenaventura se vienen presentado hechos de violencia que pasan por el enfrentamiento con y entre grupos armados que operan en la zona, el riesgo de uso y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por estas estructuras, violencia sexual, desplazamiento intra e interurbano, desapariciones forzadas, recientes amenazas y restricciones a la movilidad en algunas comunas y confinamiento de comunidades indígenas y afro por la presencia y actuación de actores armados, situaciones que afectan indiscriminadamente a la niñez y adolescencia. De acuerdo con las cifras preliminares entregadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) en sus Boletines Estadísticos Mensuales,[2] se han registrado hasta el momento
3.637 víctimas por homicidio en el país durante los primeros cuatro meses de este año, de las cuales, 459 de las víctimas fueron niños, niñas y adolescentes entre los 0 y los 19 años de edad. En este contexto, otros graves hechos dan cuenta de la compleja situación de vulneración de derechos por la que atraviesan las niñas y los niños en el país. Casos recientes como el de la niña indígena Yuliana Chirismuscay Velasco de la etnia misak, de 15 años de edad, quien fue encontrada sin vida, desnuda y con signos de abuso sexual en el municipio de Silvia, en el departamento del Cauca; así como el crimen de la niña de nacionalidad venezolana Angy Carolina Pineda, de 14 años de edad, quien habría sido reclutada por el EPL –al parecer por un grupo denominado los Pelusos-, quien fue posteriormente rescatada en medio de combates registrados con el Ejército Nacional y luego encontrada sin vida tras escaparse de la custodia de un defensor de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el departamento de Norte de Santander. En este sentido, la COALICO reitera la necesidad de emprender medidas efectivas de prevención y protección desde el Estado, para evitar que los niños, niñas y adolescentes del país continúen siendo víctimas de violaciones de sus derechos humanos y de infracciones de Derecho Internacional Humanitario. Asimismo, la COALICO alienta y confía en la respuesta y acompañamiento que reciban estas comunidades de parte de las organizaciones defensoras de derechos humanos locales, nacionales e internacionales, así como de las Agencias del Sistema de las Naciones Unidas y en general de la comunidad internacional, para que se sumen y/o se mantengan en el trabajo por la defensa, promoción y protección de los derechos de la niñez y la adolescencia en Colombia especialmente de aquellas zonas de especial vulnerabilidad, exclusión y violencia.
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NIÑAS, NIÑOS, JÓVENES Y MUJERES Continúa la revictimización en el caso de Nicolás Neira Escrito por : Humanidad Vigente y MOVICE
El día 5 de junio de 2019 se citó, en los juzgados de Paloquemao de Bogotá, la audiencia de verificación de pre-acuerdo que buscaba llegar a un consenso sobre los puntos pactados por las partes en el caso de Nicolás Neira. El encuentro resultó, como en la mayoría de los casos, desfavorable para las víctimas.
Rodríguez Rua pedir perdón público. Petición que fue aceptada por la funcionaria sin ningún reparo.
En ese sentido, la defensa de la víctima expresó que al retirar esta cláusula se vulneraban los derechos de las víctimas a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. El funcionario de la Procuraduría apoyó la A la izquierda el patrullero Néstor Julio Rodríguez Rúa y en la derecha el padre de Nicolás Neira, intervención y sustentó que Yury Neira ese “cambio inoportuno y de última hora dejaba un mal sabor en términos de justicia restaurativa”. Yuri Neira, padre de Nicolás, quien vive exiliado en España hace siete años a causa de las amenazas que Por ende, Yuri Neira y el grupo del Movimiento de ha recibido, llegó a Colombia para asistir a la cita en la Víctimas de Crímenes de Estado decidimos retirarnos que se esperaba que Néstor Julio Rodríguez Rua, de la audiencia, al considerarla un espacio ausente de quien ya había reconocido ser el asesino del joven, garantías, que desconoce esta lucha de 14 años en pidiera perdón público y reconociera su busca justicia, e inclinado a seguir ocultando al responsabilidad en los hechos. pueblo colombiano la responsabilidad del Estado en las violaciones a los derechos humanos. RECOMEDADOS LEER: Al poco tiempo de iniciar la audiencia, Juan Carlos Molina Oliveros, funcionario de la fiscalía, solicitó a la ¡Por nuestr@s muert@s ni un minuto de silencio, toda jueza retirar el artículo que indicaba a Néstor Julio una vida de lucha!
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BOLETÍN #13
Abril - Junio de 2019
Equipo de redacción: Erika Gómez Oscar Pardo Cesar Quinche Santiago Briceño
Equipo Editorial: Olga Silva Eugenio Guerrero
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