Filtran nuevas imágenes del ataque al Capitolio

Redacción

Los principales demócratas de Washington protestaron después de que Kevin McCarthy, el nuevo presidente republicano de la Cámara de Representantes, entregó más de 40 mil horas de grabaciones de seguridad del ataque del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos a Tucker Carlson, el presentador de extrema derecha de la cadena Fox News, que siempre ha restado importancia al mortal disturbio.

En las primeras imágenes que mostraron al público, se ve cómo policías del Capitolio escoltan al llamado “Chamán” de QAnon, el arizonense Jake Angeli en su recorrido por el Capitolio y llevándolo al piso del Senado, lo que ha despertado una nueva ola de críticas y teorías sobre el sangriento incidente; desde el principio se especuló que algunos policías eran seguidores de Trump y permitieron el acceso a los manifestantes, pero los teóricos de la conspiración señalan que todo fue “montado”.

El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, dijo a sus colegas que la decisión de McCarthy “supone graves riesgos para la seguridad” y “expone de forma innecesaria el complejo del Capitolio a uno de los peores… riesgos desde el 11 de septiembre”.

Sin embargo, McCarthy comentó al periódico The New York Times que había “prometido” divulgar las imágenes, al parecer como parte del acuerdo con el que logró obtener la presidencia de la Cámara de Representantes, después de que los rebeldes de extrema derecha lo obligaran a pasar por 15 votaciones de nominación.

“Me preguntaron en la prensa sobre estas cintas”, añadió McCarthy, “y dije que sí, pertenecen al público estadounidense. Creo que deja que cada uno se forme su propio juicio”.

McCarthy señaló que quería darle a Carlson acceso “exclusivo” a las imágenes, pero que podría divulgarlas a otros medios.

Carlson, figura destacada en los medios de comunicación de extrema derecha, afirmó que la insurrección fue un ataque de “bandera falsa” y, en general, intentó restarle importan- cia sin proporcionar pruebas. Comentó al Times que tomaba “muy en serio” las imágenes divulgadas por McCarthy y que contaba con un gran equipo para revisarlas.

Nueve muertes, entre ellas suicidios de agentes de policía, fueron vinculadas al ataque contra el Congreso perpetrado por partidarios de Trump que buscaban bloquear la certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020, impulsados por mentiras sobre un fraude electoral generalizado.

Trump fue sometido a un juicio político por incitar al ataque, pero quedó absuelto cuando un número suficiente de republicanos del Senado se mantuvieron leales a él. Trump sigue aspirando a la candidatura presidencial republicana para 2024.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando los hechos ocurridos el 6 de enero, pero aún no ha actuado en relación con las denuncias penales contra Trump formuladas el año pasado por un comité de la Cámara de Representantes. Se espera que un posible aspirante rival republicano de Trump, su exvicepresidente, Mike Pence, luche contra una citación del gran jurado como parte de la investigación del Departamento de Justicia sobre el asalto al Capitolio.

Pence sería un testigo clave, que podría ofrecer una visión única sobre las conversaciones con Trump y los esfuerzos realizados para detener la certificación de las elecciones presidenciales de 2020, un proceso que Pence presidió en última instancia.

Pence estuvo en una reunión en la Casa Blanca en diciembre de 2020 con legisladores republicanos que discutieron el tema de cómo objetar la victoria de Biden.

Pence también habló con Trump a solas el 6 de enero, cuando Trump le imploraba que rechazara ilegalmente los votos del colegio electoral a favor de Biden en la sesión conjunta del Congreso y esas dos interacciones son de particular interés de investigación para el abogado especial designado por el Departamento de Justicia, Jack Smith, ya que su oficina analiza si Trump intentó obstruir ilegalmente la certificación y defraudó a los Estados Unidos al tratar de anular las elecciones de 2020.

Sin embargo, expertos en derecho constitucional indicaron esta semana a The Guardian que Pence tenía muchas posibilidades de prosperar en su intento de evitar tener que testificar alegando la cláusula de discurso o debate, la disposición constitucional que protege a los funcionarios del Congreso de procesos judiciales relacionados con su trabajo.

Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, se sumó a la protesta.

“La aparente transferencia de las imágenes de video representa una atroz vulneración de la seguridad que pone en peligro a las trabajadoras y trabajadores de la policía del Capitolio de Estados Unidos, que defendieron con valentía nuestra democracia poniendo en peligro sus vidas aquel fatídico día”, señaló el congresista neoyorquino.

Jeffries destacó que el comité de la Cámara de Representantes que investigaba el 6 de enero, un panel compuesto por siete demócratas y dos republicanos antiTrump que operó en el último Congreso, pero se disolvió cuando los republicanos tomaron el control de la cámara, tuvo acceso a las imágenes que McCarthy ya divulgó.

El comité del 6 de enero, explicó Jeffries, fue “capaz de revisar diligentemente (las imágenes)… con numerosos protocolos en vigor para proteger la seguridad de los miembros, los agentes de policía y el personal que fueron atacados durante la violenta insurrección”.

“Lamentablemente, la aparente divulgación del material de video sensible es un ejemplo más de la grave amenaza que representa para la seguridad del pueblo la mayoría republicana de extrema MAGA”, afirmó.

En su carta dirigida a sus colegas, Schumer señaló que las imágenes mostraban dónde están ubicadas las cámaras en el Capitolio y otros detalles de los dispositivos de seguridad.

El senador neoyorquino añadió: “Darle a alguien tan hipócrita como Tucker Carlson acceso exclusivo a este tipo de información sensible es un grave error del presidente McCarthy que solo animará a los partidarios de la gran mentira y debilitará la fe en nuestra democracia”.

Una vergüenza: Rubén Gallego

En respuesta al orador de la casa de Kevin McCarthy, la decisión de filtrar imágenes seguras de la Insurrección del 6 de enero a Tucker Carlson y Fox News, Ruben Gallego emitió la siguiente declaración:

“Si Tucker Carlson hubiera estado en el Capitolio el 6 de enero, no tengo dudas de que habría estado asustado y rogando ayuda, al igual que Kevin McCarthy.

“En cambio, ambos hombres están coludiendo para difundir la gran mentira de Trump y que los terroristas que amenazaron nuestra democracia ese día fueron” turistas “y” turistas “que” no significaban ningún daño.

“Dígale a los 140 oficiales que resultaron heridos o asesinados. El 6 de enero fue una de las horas más oscuras en la historia de nuestra nación, y publicar esta imagen prolongue y lo exacerba. Diría que McCarthy y Carlson deberían estar avergonzados, pero sabemos que ambos son conchas vacías de seres humanos sin ninguna vergüenza”, finalizó.

Buscan justicia para nativos

Crean grupo de trabajo para investigar asesinatos y desapariciones

Oscar Ramos

Atendiendo un largo reclamo de justicia, la gobernadora Katie Hobbs, junto con la fiscal general Kris Mayes, la senadora Theresa Hatathlie, la vicegobernadora de la comunidad indígena de Gila River, Monica Antone, y otros líderes tribales, firmaron una orden ejecutiva que establece el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas Desaparecidos y Asesinados.

“Durante demasiado tiempo, nuestro estado ha ignorado los pedidos de ayuda de los líderes tribales para abordar la crisis de los pueblos indígenas desaparecidos y asesinados”, dijo el gobernador Hobbs.

El grupo de trabajo colaborará con agencias estatales, federales y tribales para abordar las recomendaciones del Comité de Estudio de Pueblos Indígenas Desaparecidos y Asesinados, cuyo objetivo es reducir y terminar con la violencia contra los Pueblos Indígenas en Arizona.

El grupo de trabajo también consultará y trabajará con la Oficina del Fis

Veto a reducción de impuestos para arrendadores de vivienda

El proyecto de ley no proporciona un alivio real a los inquilinos, señala Gobernadora

Oscar Ramos

La gobernadora Katie Hobbs vetó la SB1184, y señaló que el proyecto de ley no garantiza que los inquilinos reciban ayuda.

“Aprecio el interés de la legislatura en abordar el aumento de los costos de vivienda, particularmente para los inquilinos”, dijo el Gobernador en una carta.

“Reducir los costos para las familias de Arizona es una prioridad de mi administración. Desafortunadamente, este proyecto de ley tien dos defectos importantes en este momento.

Sabías que...

de diciembre o antes de cada año desde 2023-2023, el grupo de trabajo preparará y presentará a la gobernadora Hobbs recomendaciones.

cal General, los gobiernos tribales y las fuerzas del orden público para continuar recopilando datos sobre la violencia contra los pueblos indígenas, incluidos datos sobre pueblos indígenas desaparecidos y asesinados.

“Estamos tomando el primero de muchos pasos para detener el abuso, la explotación y la violencia contra los Pueblos Indígenas. Quiero agradecer al Caucus de los Pueblos Indígenas en la legislatura estatal, junto con los líderes tribales en todo el estado, que han sido fundamentales para crear conciencia sobre esta epidemia y sentar las bases para este grupo de trabajo”, agregó.

El grupo de trabajo preparará y presentará al gobernador Hobbs recomendaciones para la acción el 1 de diciembre o antes de cada año desde 2023-2026.

“Primero, este proyecto de ley carece de cualquier mecanismo exigible para garantizar que se proporcione alivio a los inquilinos. Como señaló el propio abogado de la legislatura, las disposiciones del proyecto de ley que pretenden exigir que los ahorros fiscales se transfieran a los inquilinos enfrentan desafíos tanto en la constitución estatal como federal.

“Si vamos a prometer alivio a los inquilinos, es importante que podamos asegurarnos de que realmente lo reciban. Para las familias trabajadoras que se enfrentan a precios de alquiler cada vez mayores, esta propuesta simplemente no cumple los requisitos”, señaló Hobbs.

Múltiples ciudades y pueblos también se han manifestado en contra del proyecto de ley.

John Lewis, presidente y director ejecutivo de PHX East Valley Partnership Board, dijo sobre el proyecto de ley: “Le instamos respetuosamente a vetar la SB 1184, ya que no brindará un alivio significativo a los inquilinos. En cambio, obligará a los gobiernos locales a considerar aumentar otros impuestos locales o reducir los servicios, poniendo en riesgo la vitalidad de nuestra floreciente región”.

Douglas Nicholls, presidente de la Liga de Ciudades y Pueblos y alcalde de Yuma, dijo: “Le instamos a que vete la SB 1184, la preferencia propuesta sobre el impuesto de alquiler residencial. La supuesta intención es ayudar a los arizonenses que luchan contra la inflación y los aumentos sustanciales en el alquiler que se observan en todo el estado”.

“Sin embargo, este proyecto de ley no brinda un alivio significativo, es probable que perjudique a aquellos a los que se supone que ayuda y probablemente solo logre proporcionar una exención fiscal para los propietarios”, afirmó.