Jueves 9 de junio de 2022
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Reiteran condena a pena capital Leo Hernández
Los obispos Thomas J. Olmsted, de Phoenix; Eduardo A. Nevares, también de Phoenix; James S. Wall, de Gallup; y Edward J.Weisenburger, de Tucson, integrantes de la Conferencia de Obispos Católicos Arizona (ACC, por sus siglas en inglés), volvieron a condenar la pena de muerte que este año se renundó en Arizona desde que se suspen- Frank Atwood fue condenado violar y matar a dió en Arizona en 2014. una niña de Tucson en Los obispos Olmsted y Neva- septiembre de 1984. res realizaron una Hora Santa y Vigilia de Oración en la Basílica Santa María con las Hermanas del Plan de Dios, para pedir por Frank Awood en la víspera de su ejecución el miércoles 8. “Estamos hoy aquí para unirnos al Santo Padre para que sea abolida la pena de muerte como una medida de prevención de muertes violentas y para pedir que las autoridades (de Arizona) reflexionen”, expresó el Obispo titular. Atwood fue condenado por secuestrar, violar y matar a una niña de Tucson en septiembre de 1984. Vicki Lynne Hoskinson, de 8 años, iba en bicicleta para enviarle una tarjeta de cumpleaños a su tía cuando Atwood la interceptó. Los restos de la menor fueron encontrados al noroeste de Tucson en abril de 1985. El sospechoso fue arrestado en Texas y un jurado del condado de Pima lo declaró culpable de asesinato en primer grado en 1987. A mediados de mayo, Clarence Dixon fue ejecutado mediante inyección letal, lo que la convierte en la primera ejecución en Arizona desde la ejecución “fallida” de Joseph Rudolph Wood III en julio de 2014. Dixon fue sentenciado a la pena capital por la violación y asesinato en 1978 de Deana Bowdoin, una estudiante de la Universidad Estatal de Arizona. En el estado casi 115 presos se encuentran en el pabellón de la muerte, de los cuales 110 son hombres y 3 mujeres; de ellos 62 blancos, 23 hispanos, 18 afroamericanos, 5 indios nativos, 3 asiáticos y 2 de otras razas no especificadas.
Firme oposición
En su nueva declaración conjunta los obispos del suroeste de los Estados Unidos senalaron: “Como dijimos anteriormente, los obispos de la Conferencia Católica de Arizona (ACC) nos mantenemos firmes en nuestra oposición a la pena de muerte, especialmente en esta era moderna. Al hacerlo, nos unimos al Papa Francisco, quien ha abogado por el fin de la pena capital en el mundo”.
Pendiente situación de Las Casitas Temen maniobras legales y piden a familias afectada no bajar la guardia Leo Hernández
E
l potencial comprador del terreno donde se localiza el complejo “Las Casitas Mobile Home Park”, en la 18 avenida y Buckeye, solicitó un aplazamiento hasta agosto para decidir si hará la adquisición o no, petición que le fue concedida por el Concilio de la Ciudad de Phoenix. El futuro de las familias que ahí viven estará en el limbo, es decir, no saben qué pasará con ellos, por lo que impera entre ellos un clima de incertidumbre, aunque sus representantes políticos se mantienen firmes en su de defensa y les garantizan que no permitirán que sean víctimas de un desalojo injusto. En tanto su líder moral Salvador Reza, de los Comités de Defensa de los Barrios, les aconseja no bajar la guardia y mantenerse firmes en la lucha, ya que el empresario que quiere adquirir el terreno para convertir esa área residencial en zona industrial para ampliar sus negocios parece estar decidido a todo y utilizar su dinero e influencias para quedarse con la propiedad. Sus representantes políticos Marcelino Quiñonez, diputado estatal por el distrito 27 y, Carlos García, concejal del distrito 8 en la Ciudad de Phoenix están al tanto de la situación y aseguran que no dejarán solas a estas familias de escasos recursos. Cabe recordar que los habitantes de ese lugar son integrantes de unas 50 familias en su mayoría inmigrantes mexicanos de La Piedad, Michoacán, algunas con casi 30 años viviendo ahí. Hace unos meses estas familias recurrieron a Salvador Reza en busca de apoyo, pues se enteraron que este activista ha salido en defensa de otras familias en situaciones similares. Prensa Arizona visitó a estas familias, y de viva voz algunas personas expusieron su situación, asegurando
En el limbo, siguen los residentes de Las Casitas Mobile Home Park.
vivir momentos de angustia por el simple hecho de pensar en la posibilidad que sean desalojados de un momento a otro. “Es lo que hemos sabido, nos enteramos que el nuevo dueño nos va a correr de aquí, es el dueño de la subasta de aquí atrás, dicen que tiene pensado quitar todas nuestras trailas porque quiere extender su negocio hasta aquí donde están nuestras trailas”, expuso Eduardo Ramírez. Por su parte María Barbosa, quien tiene 21 años en ese lote de casas móviles, denunció: “Parece que a este señor no les importan nuestras familias ni nuestros niños; mis hijos no se quieren ir de aquí, dicen que aquí está su casa y su barrio, no se quieren ir para otro lado”. Cabe mencionar que la mayoría de estas familias son humildes y trabajadoras; en ellas hay niños pequeños, ancianos y algunas personas con discapacidades. Todas muy unidas entre sí y decididas a luchar para evitar ser desalojadas, por lo cual acudieron en busca del apoyo del activista Salvador Reza y los Comités de Defensa del Barrio.
“Supimos que Salvador ha ayudado a muchas personas que pasaban por este mismo problema; mire, aquí está con nosotros, nos está escuchando y va a ver qué es lo que puede hacer”, externó Silvino Ramírez, con 16 años de residencia en Las Casitas Mobile Home Park. En entrevistas por separado con Prensa Arizona Marcelino Quiñonez y Carlos García aseguraron tener el firme compromiso de evitar que esas familias sean desalojadas. “Mientras esté yo aquí (en Ayuntamiento Municipal) estas familias no serán desalojadas, al menos no nomas asi tan fácil y menos de manera injusta en estos tiempos tan difíciles luego de la pandemia”, afirmó García, en cuyo distrito se localizan Las Casitas y por tanto es su representante en el Concilio de la Ciudad de Phoenix; aseguró que nunca votó ni votaría para permitir que el nuevo comprador del terreno donde están Las Casitas, lo convierta en zona residencial para ampliar su negocio de reparacion y venta de autos usados. Por su parte el diputado Quiñonez afirmó categórico: “Aquí lo importante es que ya se está tomando acción primeramente por los mismos residentes de Las Casitas, y yo como su representante en la Casa de Representantes estoy hablando con diferentes funcionarios para pedirles que protejan y apoyen a esas familias”. Indicó que una de las dependencias están al tanto del asunto es el Departamento de Calidad Ambiental, que deberá vigilar que las zonas residenciales no sean invadidas por compañías que se instalan en esas áreas en ocasiones quizás violando la ley. El diputado Quiñonez aclaró que los denunciantes reconocen que el nuevo comprador que supuestamente planearía desaparecer ese tradicional vecindario para convertirlo en negocio de talleres y subasta de vehículos, no les ha mandado ninguna notificación de desalojo. Sin embargo, el político subrayó el interés de esas familias por ponerse al tanto de las leyes para poder defender sus derechos y su determinación para continuar su lucha al que él ya se unió.
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