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EL PREGONERO DE FONTIBON La impunidad no es garantía de paz Estamos ante un Estado que renuncia a proteger a la sociedad de quienes claramente la han atacado y genera un nuevo precedente de impunidad frente a futuros criminales. La delegación de la Corte Penal Internacional que llegó a Colombia para definir si el país debe mantener su condición de observado por ese organismo se encontrará, como sus predecesoras, con grandes dificultades en la aplicación de justicia a los responsables por delitos de lesa humanidad, contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. También encontrará un ambiente pugnaz en el ámbito jurídico, desatado por la pretensión de las FARC, al amparo del Marco para la Paz, de ser premiadas con impunidad disfrazada de justicia transicional y la falta de información sobre lo que el Estado está dispuesto a entregar a las FARC en la mesa de La Habana. El debate ha sido planteado por los dos más altos funcionarios responsables de garantizar el respeto a los derechos humanos y el castigo a los responsables de crímenes de lesa humanidad: el fiscal y el procurador general de la Nación. El fiscal Eduardo Montealegre ha destacado la inexistencia de condenas por crímenes de lesa humanidad contra los jefes de las FARC, abriendo así las puertas a que no sean condenados a prisión y puedan participar en política. Cuando presentó su concepto sobre la inconstitucionalidad de algunos apartes del Marco Jurídico para la Paz, el procurador Alejandro Ordoñez enfatizó en que “no debe perderse de vista que jurídicamente no es legítimo ningún proceso que, so pretexto de la paz, favorezca la impunidad”. El concepto del doctor Montealegre recoge la interpretación de expertos que lamentan que los jueces hayan omitido calificar hechos que son delitos de lesa humanidad como tales, pues con esa calificación es más posible evitar la impunidad. Para los expertos, esa falla es subsanable por declaración de autoridad competente, incluido el Fiscal General. Otros analistas, sin embargo, conceptúan que si la sentencia caracteriza el delito siguiendo las calificaciones contempladas en el Estatuto de Roma, aunque no lo identifique como tal, es posible inferir la existencia del crimen de lesa humanidad. En sentencias contra el secretariado de las FARC, algunos tribunales y jueces han calificado los crímenes como violaciones sistemáticas al derecho internacional humanitario o a los derechos humanos. La situación presentada demuestra que es preciso instruir a fiscales y jueces para que hagan las declaraciones precisas sobre los crímenes cometidos por narcoterroristas de extrema izquierda y extrema derecha, a fin de crear talanqueras a su pretensión de impunidad. En la discusión, la voz de las víctimas ha emergido y alerta sobre el riesgo que la negociación con las FARC permita llegar a una situación en que los miembros del secretariado general no solo gocen de los beneficios de la justicia transicional, acordados para facilitar su desmovilización, sino que logren que se les deje de reconocer como los victimarios que son y aun intenten ser reconocidos como héroes o víctimas. Es uno de los mayores riesgos que corre el país si permite la más laxa de las interpretaciones posibles para el Marco Jurídico para la Paz. En este caso, estaríamos ante un Estado que renuncia a proteger a la sociedad de quienes claramente la han atacado y genera un nuevo precedente de impunidad frente a futuros criminales que solo tendrán que invocar intención de “desmovilizarse” para recibir toda clase de dádivas jurídicas. En el pasado fue posible consolidar procesos de paz sin que los victimarios se hicieran responsables por sus crímenes. El mundo contemporáneo no tendría consideración con un país y unos delincuentes que pactaran tal cosa. Las víctimas, por su parte, no serían justamente reparadas por el victimario y resarcidas por la sociedad. Sus heridas abiertas serían la marca negra de un proceso que se acepta como posibilidad de que Colombia pueda tener una situación de seguridad acorde con su carácter de sociedad democrática y país moderno. El país merece la paz pero no tiene por qué entregarse a las demandas absurdas de una organización terrorista que pretende obtener por la debilidad de unos negociadores, lo que no pudo conquistar en el campo de batalla.
Director : J. Milton Téllez Sanmiguel Editor General: Fundación El Pregonero de Fontibón Editor electrónico: Jairo Amézquita Soler Impresión : William Farfán Sandoval Tiraje edición manual 12.500 ejemplares
Registro ISSN 2216-121X 35 Años Circulando por las Arterias de la Opinión
Edición 1675 Abril 20 de 2013 Correo electrónico: pregonerodefontibon@hotmail.com Consúltelo directamente en GOOGLE Diagonal 16ABis 100-34 Interior 4 Teléfono 415-5215 Celular 321 4961241
Señor Director: Como lo predijo el Director del Semanario EL PREGONERO en la edición 1.674, en Venezuela ganaba Capriles pero Maduro seria el presidente elegido y, así, sucedió. Nuestro presidente y todos su aliados de la Unidad Nacional se apresuraron a `reconocer el aplastante triunfo´ de Maduro. Quedó claro la clase de democracia y los derechos que respetan y reconocen los aliados de la causa bolivariana, en donde en Colombia, tenemos un presidente copietas, plagista y mentiroso; ejecutando una política al mejor estilo del desaparecido San Hugo Chávez. Guillermo González G Señor Director : Las investiduras y las dignidades no son para refrescárselas a nadie, sino saberlas sustentar. Que viva el debate, bienvenido el mismo, pero que se haga bajo las premisas del máximo respeto. Mal queda el presidente Santos de tildar de enemigos de la paz a quienes legalmente ostentan la oposición. Manos agresividad y más argumentos. La paz es un objetivo, pero no a cualquier precio. Rubén Darío Angarita J Señor Director : Ya no se que creer, si de verdad los bogotanos quieren sacar de la alcaldía a Petro, tienen que estar alerta, porque todos sabemos que el presidente Santos, al parecer, dio orden a la Registraduría para demorar la revisión de las firmas y envolatar el proceso, si eso es cierto, nos fregamos, pues la Registraduría y el Consejo Electoral están al servicio del Gobierno, además los guerrilleros e izquierdistas son intocables y reconocidos como padres de la patria. Ricardo Naranjo L Señor Director: Las liquidaciones por valorización en Bogotá estuvieron viciadas, las del predial no se quedaron atrás y, ahora el agua que se le regala a los estratos 1 y 2, están siendo subsidiadas con el aumento de las tarifas en los estratos 3,4,5y 6. Esa es la nueva política social del gobierno. Marina Castillo D
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