Conmemoran a mujeres, con “Plan B” les cierran

CARINA GARCÍA/EXPANSIÓN POLÍTICA

El “Plan B” de reforma electoral pegó también a las mujeres, no sólo a las que hacen política y aspiran a un cargo de elección, sino al derecho de toda mexicana a estar debidamente representada.

Por ejemplo, derivado de las reformas vigentes desde el 2 de marzo pasado, se invalidó el instrumento “3 de 3” el cual se había aplicado para intentar frenar la violencia política y sexual contra las mujeres; se redujo la posibilidad de candidaturas femeninas en distritos con posibilidades de triunfo y se eliminó la paridad en las acciones afirmativas.

En tanto, cambios legales que son presentados como un gran avance en materia de paridad, o son enunciativos, o bien, al quitarle facultades reglamentarias en la materia al Instituto Nacional Electoral (INE) y no prever medidas que los hagan exigibles, ahora se avizora que serán nugatorios.

Además los legisladores “olvidaron” incluir entre las reformas legales avances que ya eran vigentes vía lineamientos, pero ahora quedarán desactivados al prohibir al Instituto más regulaciones que las que ya quedaron en el “Plan B”.

Así lo consideró Karolina Mónika Gilas, politóloga, académica e investigadora de la UNAM, quien ve un escenario de posible regresión en los derechos políticos conquistados por las mujeres.

Los cambios implican, advirtió, “un posible retroceso para la paridad en dos sentidos fundamentalmente. El primero sobre representación transversal (o interseccionalidad), es decir, la paridad acompañada de otras características. En los últimos años se instrumentaron medidas como cuotas para diferentes poblaciones, por ejemplo indígena, diversidad, afromexicana y siempre se ha exigido que en esas postulaciones también haya paridad”.

En la reforma sí se reconocen las acciones afirmativas, “pero a la hora de los registros de las candidaturas se reducen los espacios de las mujeres a la mitad, pues no se establece que debe existir paridad en las postulaciones para cada una de estas poblaciones en vulnerabilidad”, explicó la politóloga.

El segundo impacto es que “se dará un debilitamiento de las capacidades institucionales tanto del INE como de la Sala Superior del TEPJF instancias que, compelidas por mujeres de organizaciones civiles y legisladoras, hasta ahora habían emitido acuerdos y resoluciones para abrir espacios a las mujeres, mismos que los partidos tradicionalmente han buscado cerrar”, advirtió Gilas.

Pero el “Plan B” les quitó a ambas instancias las atribuciones para hacerlo, detalla.

Ahora –de acuerdo con el decreto–, los consejeros del INE quedarán imposibilitados a ejercer facultades de interpretación, emitir nuevos lineamientos o resolver por urgencia sobre candidaturas, recordó Gilas, quien fuera investigadora del Centro de Capacitación Judicial Electoral del TEPJF.

DESAPARECE “3 DE 3 CONTRA LA VIOLENCIA”

La reforma electoral, de acuerdo con la consejera del INE Dania Ravel Cuevas, podría imposibilitar que el Instituto solicite la “3 de 3 contra la violencia” en próximos procesos electorales, pues no se incluyó en la ley y, además, se ordenó no establecer requisitos adicionales a los ya previstos en la nueva legislación.

En las elecciones federales de 2021 se incorporó por primera vez esa “3 de 3 contra la violencia”, que obligó a los partidos o coaliciones a solicitar a las personas aspirantes a una candidatura que firmaran una declaración de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde señalaran que no estaban condenadas mediante sentencia o resolución firme por violencia familiar o doméstica.

Igualmente, debían firmar no haber sido condenados tampoco por cualquier tipo de agresión de género en el ámbito privado o público; por delitos sexuales, contra libertad sexual o a la intimidad corporal, y que tampoco eran personas deudoras alimentarias morosas (que no aportan para la manutención de sus hijos).

Pero conforme a lo aprobado en el “Plan B”, las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales “no podrán condicionar el ejercicio de derechos o prerrogativas político-electorales de la ciudadanía solicitando mayores requisitos que los que determina expresamente la Constitución y