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Avanza reforma contra matrimonio infantil
CIUDAD DE MÉXICO.- Las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda del Senado avalaron ayer una minuta para reformar el Código Penal Federal, a fin de establecer un tipo penal autónomo que sancione a las personas que obliguen a un menor de edad a casarse.
En el dictamen, que aprobaron estos órganos legislativos que presiden la senadora Olga Sánchez Cordero y el senador Rafael Espino de la Peña, se destacó la importancia de establecer como delito una nueva conducta que sancione la manipulación de menores “para adoptar un estilo de vida idéntico al del matrimonio, sin que se verifique una unión o formalización jurídica”.
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La minuta planteó que se comete el delito de cohabitación forzada de personas menores de 18 años, de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o que no tienen capacidad para resistirlo, quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias de estas personas a unirse informal o consuetudinariamente, con o sin su consentimiento, con alguien de su misma condición o con una persona mayor de 18 años, con el fin de convivir en forma constante y equiparable a la de un matrimonio.
Al responsable de este delito, agregó, se le impondrá pena de ocho a 15 años de prisión y una sanción económica que va de mil a dos mil 500 días de multa. Dicha pena aumentará hasta en una mitad, en su mínimo y en su máximo, si la víctima perteneciera a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana.
En el documento, los senadores expusieron que el matrimonio infantil es una violación de los derechos humanos de niñas niños y adolescentes, ya que se les obliga o manipula para adoptar un modo de vida idéntico al de un matrimonio, sin que se contraiga un vínculo jurídico formal entre ella y otra persona, frecuentemente adulta.
(El Universal)
Cabe recordar que, el pasado viernes 3 de marzo, las autoridades realizaron una visita de verificación administrativa al colegio ubicado en Rancho Estanzuela número 130, colonia Haciendas Coyoacán, en donde el día de ayer se colocaron los sellos de la suspensión.
La escuela, como establecimiento mercantil, deberá acreditar el legal funcionamiento del giro, como lo es el cumplimiento de las medidas en materia de Protección Civil, para evitar el riesgo e integridad de las personas que se encuentran en las instalaciones.
Se destacó que por disposición del Artículo 16 de la Constitución Federal, los actos realizados por el Gobierno de la alcaldía son de índole administrativa y en estricto apego a la Ley Orgánica de alcaldías; por lo cual, los actos de investigación de posibles ilícitos de carácter penal, corresponderá únicamente a las autoridades competentes.
(El Universal)