Investiga INPI destino de 100 mdp

Recurso para baños fue otorgado a Ayuntamientos de tres municipios, pero nunca los construyeron

Ante la denuncia de los beneficiarios de que no les construyeron los baños, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas investiga dónde quedaron los 100 millones de pesos destinados a estas obras, ya que transfirió el dinero a los Ayuntamientos de Hecelchakán, Tenabo y Escárcega, instancias responsables de la ejecución del programa, reveló el director del INPI en Campeche, Nehemías Chi Canché.

Explicó que como parte de los proyectos a los que le dieron seguimiento, “no lograron justificar la construcción de los baños de Pomuch y Tenabo”, e incluso en reunión con habitantes de Don Samuel (Escárcega), también se quejaron de que el programa de baños nunca lo cumplieron.

Cuestionó qué sucedió con los baños, ya que no realizaron el trabajo pese a que trasladaron el recurso al Ayuntamiento y porque los municipios justificaron la construcción de la obra.

Consideró que al justificar la aplicación del dinero, el Órgano Interno de Control de los municipios “no lo iba a dictaminar” como obra incompleta, sin embargo, pese a la queja de las personas, éstas no quisieron presentar su denuncia.

Puntualizó que la oficina central del INPI le da seguimiento a la denuncia y dio a conocer que “casualmente en este mes, hay una citatorio para ver qué pasó con esos recursos”.

Aclaró que el dinero lo entregó en ese entonces, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) a los Ayuntamientos que harían las obras en comunidades originarias, y el CDI recibió el documento de cada Ayuntamiento donde notifica de la recepción del dinero.

Agregó que firmaron un convenio con el cual trasladaban el recurso a la autoridad municipal, y explicó que el seguimiento recae en el Órgano Interno de Control de cada Ayuntamiento, por lo que preguntó: “si la gente no se quejó, pues entonces quién se va a quejar”.

Consideró que él o las personas inmiscuidas “deben regresar el dinero y cubrir los intereses a Hacienda”, aunque aclaró que desconoce si aplica “una sanción administrativa”, ya que Hacienda solicita jus- tificar el ejercicio del dinero, de no invertirlo deben regresarlo, pero si lo regresan “después de tanto tiempo tienes cargas financieras”. Responsabilizó al anterior Gobierno de incurrir en prácticas corruptas, ya que muchos proyectos llegaron a las poblaciones originarias aunque con actos ilícitos, auna- do a que quienes hacían los estudios técnicos presuntamente recibían el 40 por ciento del monto que le autorizaban para su aplicación. Recordó que al ser dinero a fondo perdido sólo se lo repartían, ya que al tener la autorización del recurso, en caso de ser apícola, iban a un apiario para tomarle las fotos para justificar el proyecto. Argumentó que ahora, si los beneficiarios o los grupos indígenas no cuentan con las evidencias fehacientes del proyecto, les advierten que presentarán las denuncias correspondientes, de no comprobar la aplicación