Demanda de trabajador en precario contra Lanbide.

AL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE VITORIA-GASTEIZ Letrado del Iltre. Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia actuando en nombre y en virtud de representación de K.O.C. otorgada apud acta y que acompaña el presente escrito, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo comparezco y como mejor proceda en derecho, DICE: Que por medio del presente escrito, dentro del plazo legal establecido al efecto y amparándose en lo dispuesto en los artículos 8.2 y 78.2 de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, viene a interponer RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, a tramitar por el cauce del procedimiento abreviado, contra la Resolución del Director General de LANBIDE-Servicio Vasco de Empleo de fecha 19 de julio de 2017 por la que que desestima el (tramitado como) Recurso de Reposición frente a la Resolución del Director General de LANBIDE-Servicio Vasco de Empleo de fecha 22 de agosto de 2016 (nunca notificada) ; en base a los siguientes hechos y fundamentos de derecho:

HECHOS PRIMERO.- El día 9 de agosto de 2017 el actor recibe primera y única notificación, en el presente expediente, por la cual se le hace llegar Resolución del Director General de LANBIDE-Servicio Vasco de Empleo de fecha 19 de julio de 2017 por la que que desestima el (tramitado como) Recurso de Reposición frente a la Resolución del Director General de LANBIDE-Servicio Vasco de Empleo de fecha 22 de agosto de 2016 (nunca notificada y desconocida por el actor).

Se constatan en esa Resolución los siguientes Antecedentes de Hecho:

Al respecto indicar: Al actor nunca se le notificó el inicio ni incoación de Revisión de prestaciones de fecha 14 de julio de 2016 mencionado. No se le requirió documentación alguna el día 22 de agosto de 2016.

SEGUNDO.- En marzo de 2017, cuando el actor acudió a su oficina de Lanbide para actualizar documentación, fue informado por parte de la empleada de Lanbide que desde el 1 de julio de 2016 y hasta el 30 de junio de 2021, se le estaba procediendo a la retención mensual de una cantidad de 200’35 euros. En la prestación a la que tiene derecho.

El motivo que la orientadora le esgrimió ese día, para proceder a la práctica la misma, fue el haber recibido la donación de un vehículo.

Ante esa información, el actor expone a la empleada de Lanbide que no se le ha comunicado expediente alguno, confirmándole la trabajadora que no constaba el envío de comunicación alguna al respecto.

Constituyendo por tanto esa, la primera y única comunicación de Revisión de Prestaciones, llevada a cabo de manera verbal, y vulneradora de todo lo contemplado en la Ley 39/2015, de 1 octubre, que regula el Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como la normativa reguladora de la RGI.

TERCERO.- Señalado lo anterior, reiterar que al actor nunca se le notificó incoación ni inicio de expediente de Revisión de prestaciones, abocándosele con ese proceder a un estado de Indefensión absoluto.

Y ello es reconocido implícitamente por el propio Servicio Vaco de Empleo en la Resolución ahora impuganda.

Reconocimiento, al admitir el escrito presentado por el actor a fecha 27 de marzo de 2017, y que fue tramitado como Recurso de Reposición (siete meses posterior a la fecha de la Resolución -22 de agosto de 2016-, estaría a todas luces fuera de plazo de ser cierto lo alegado por Lanbide).

Consignándose esa misma fecha como la de notificación, extremo que anticipamos, esta parte no alcanza a comprender, y que parece ser es indicativa para Lanbide del conocimiento de la Resolución por parte del actor. Volviéndose a obviar la normativa reguladora del procedimiento administrativo, incoación, tramitación, alegaciones, prueba.. abocándosele doblemente al estado de indefensión.

CUARTO.- Es en el Fundamento de Derecho Cuarto donde se informa del motivo de la Revisión de las Prestaciones. Alude al artículo 20 del Decreto 147/2010, según el cual las donaciones se consideran como ingresos atípicos, y toda vez que “tal y como reconoce el recurrente un familiar le compró un vehículo necesario para el desempaño de su pueto de trabajo” se le computa como un ingreso mas.

Indicar al respecto que el vehículo es su herramienta de trabajo en el area de producción de espectáculos, donde transporta el equipo de sonido o iluminación, como lo son los bafles, mesas (de sonido o iluminación), focos, microfonía, cableado..

Y por otro lado, imprescindible herramienta dado lo itinerante de los conciertos o espectáculos, así como los dispares e imposibles horarios para el transporte público. Y hasta en ocasiones viendose obligado a la pecnorta en el mismo (vehículo tipo furgoneta).

Y finalmente indicar, que ese vehículo viene a sustituir al que poseía anteriormente, el cual tuvo que deshechar y dar de baja por avería irreparable.

QUINTO.- Señalado lo anterior, ese vehículo herramienta de trabajo, no constituiría patrimonio del actor, por cuanto difícilmente encaja como un ingreso mas del actor, y no ha de computarse como tal. Ello al amparo del artículo 26 del señalado Decreto 147/2010:

“Artículo 26 Vehículos a motor…

1.- Los vehículos a motor, considerados de forma conjunta, quedarán exentos de la valoración del patrimonio: (…) c) … en el caso de vehículos afectos a la actividad profesional”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Jurisdicción y competencia. Resulta competente el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo al que nos dirigimos, a tenor de lo establecido en el art. 8.1., en relación con el art. 14.2.-Segunda de la Ley 29/98, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

II.- Legitimación. La recurrente resulta activamente legitimada para la interposición del presente recurso contencioso-administrativo por ser la persona titular del expediente de Renta de Garantía de Ingresos en cuyo ámbito se produce el acto administrativo impugnado.

Por su parte, resulta pasivamente legitimada la entidad demandada por ser el órgano administrativo que dictó el acto objeto del presente recurso.

III.- Postulación y defensa. Conforme a lo dispuesto en el art. 23 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, esta parte actúa representada y asistida por Letrado en ejercicio, que suscribe, tal y como se acredita mediante apoderamiento apud acta que acompaña el presente escrito de demanda.

IV.- Procedimiento y requisitos de admisibilidad. El artículo 78 de la Ley jurisdiccional establece para el presente supuesto que ha de seguirse el cauce del procedimiento abreviado.

V - IMPUGNABILIDAD DEL ACTO RECURRIDO.- Se interpone el presente Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución recurrida, (o seis meses desde la producción del silencio administrativo) procediendo por tanto, al cumplimiento de lo establecido en el art. 46 de la Ley de Jurisdicción.

VI - OBJETO DEL PRESENTE RECURSO.- La pretensión de esta parte se centra en obtener la nulidad o subsidiaria anulabilidad acto recurrido.

MOTIVOS DE FONDO La Resolución recurrida es nula de pleno derecho o subsidiariamente anulable, en virtud de los artículos 47 y 48 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Vulnera el ordenamiento jurídico:

PRIMERO.- Ley 18/2008 y Decreto 147/2010, Reguladores de la RGI. Cabe comenzar por recordar que la normativa reguladora de la RGI —Ley 18/2008 y Decreto 147/2010— establece que “Iniciado un procedimiento de modificación, suspensión o extinción del derecho a Renta de Garantía de Ingresos, cuando se trate de un procedimiento de oficio, se comunicará su incoación a la persona titular mediante envío al último domicilio declarado, con indicación de las causas que lo fundamentan y sus posibles consecuencias económicas, así como el plazo para resolver y notificar y las consecuencias derivadas de la falta de resolución expresa en el plazo establecido en el artículo 55, todo ello al efecto de que puedan formularse por parte de las personas interesadas las alegaciones que estimen pertinentes” (art. 53.2 del Decreto 147/2010). Sin embargo, lo cierto es que en este caso la modificación se produjo de facto sin que el recurrente recibiera la notificación por parte de Lanbide. Hasta la comunicación en persona en marzo de 2017 por una empleada de ese Servicio de Empleo Vasco.

Vulnerándose por tanto los procedimientos legal y reglamentariamente establecidos.

En definitiva, y como primer motivo de impugnación el actor sufrió la Revisión de prestaciones de RGI y PCV en julio de 2016; tal extremo le es comunicado verbalmente en las dependencias de Lanbide en marzo de 2017, cuando acudió al organismo público para efectuar entrega de documentación, por lo que podemos afirmar con rotundidad que Lanbide-Servicio Vasco de Empleo vulneró la obligación recogida en el art. 53.2 del Decreto 147/2010, motivo que por sí sólo debería bastar para declarar la nulidad de la Resolución contra la que se dirige el presente recurso.

SEGUNDO.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. ** Artículo 53. Derechos del interesado en el procedimiento administrativo.

1. Además del resto de derechos previstos en esta Ley, los interesados en un procedimiento administrativo, tienen los siguientes derechos: a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos. (…) b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. (…) e) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución. (…) i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.

2. Además de los derechos previstos en el apartado anterior, en el caso de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora, los presuntos responsables tendrán los siguientes derechos: a) A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia. b) A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.

** Artículo 82. Trámite de audiencia.

1. Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, para lo que se tendrán en cuenta las limitaciones previstas en su caso en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre ( RCL 2013, 1772).

La audiencia a los interesados será anterior a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, en el caso que éstos formaran parte del procedimiento.

2. Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

3. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite.

4. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.

Huelga decir que por parte de Lanbide, no se ha concedido el trámite de audiencia que se contempla este artículo.

La audiencia es un acto de instrucción previo a la redacción de la resolución siendo esencial en la instrucción de los expedientes administrativos como expresión de la garantía del derecho de defensa de las administradas.

En el presente expediente la omisión del trámite de audiencia, al igual que del resto de tramitación, ha causado un estado de indefensión real y efectivo al recurrente, una privación de derecho de defensa con el consiguiente perjuicio real y efectivo para sus intereses.

Como indicamos se materializa la indefensión de la dicente, vulnerándose el derecho de defensa, que viene a implicar la oportunidad para las partes litigantes de alegar y probar cuanto estimasen conveniente para la defensa de sus tesis en pie de igualdad. Por tanto, lo que en el artículo 24.1 “garantiza la Constitución no es la corrección jurídica de todas las actuaciones de los órganos judiciales, sino, estrictamente, la posibilidad misma de acceder al proceso, de hacer valer ante el órgano judicial los propios derechos e intereses, mediante la necesaria defensa contradictoria, y de obtener, en fin, una respuesta judicial fundada en derecho y de contenido no irrazonable sobre la propia pretensión” ( STC 41/1986, de 2 de abril).

De forma deliberada se ha puesto de manifiesto la anterior jurisprudencia constitucional, surgida en relación con actuaciones procesales o jurisdiccionales, debiendo responderse a la cuestión de si las mencionadas exigencias del artículo 24.1 CE son trasladables a toda actuación administrativa, indica el Tribunal Constitucional «que si bien la interdicción de la indefensión proclamada en el artículo 24.1 CE se refiere primariamente a los procedimientos judiciales, no puede excluirse su aplicación a determinados procedimientos administrativos, como pueden ser los de naturaleza sancionadora». ** Artículo 47 Nulidad de pleno derecho 1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.

c) Los que tengan un contenido imposible. d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

Por lo expuesto, Que conforme a lo previsto en el art. 45 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se acompañan a este escrito los documentos siguientes: -

Documento nº 1- Resolución del Director General de LANBIDE-Servicio Vasco de Empleo de fecha 19 de julio de 2017 por la que que desestima el (tramitado como) Recurso de Reposición frente a la Resolución del Director General de LANBIDE-Servicio Vasco de Empleo de fecha 22 de agosto de 2016 (nunca notificada) Por todo lo expuesto, AL JUZGADO

-

SUPLICO, que, tenga por presentado este escrito con los documentos que se acompañan y sus copias, por comparecida y parte a la Letrada que suscribe en nombre y representación de K.O.C., entendiéndose conmigo las ulteriores diligencias, por interpuesto Recurso ContenciosoAdministrativo contra el acto que se especificó, anunciándose la interposición en el Boletín que corresponda citándose a las partes para el acto de Juicio Oral y reclamándose el Expediente Administrativo dando traslado del mismo a esta parte, y en su día, tras los trámites legales de rigor, dicte Sentencia por la que estimando íntegramente la demanda, declare la nulidad de la Resolución del Director General de LANBIDE-Servicio Vasco de Empleo de fecha 19 de julio de 2017 por la que que desestima el (tramitado como) Recurso de Reposición frente a la Resolución del Director General de LANBIDE-Servicio Vasco de Empleo de fecha 22 de agosto de 2016 (nunca notificada).

OTROSÍ DIGO, que, respecto a la prueba a practicar en la vista oral, propongo la práctica de los siguientes medios de prueba: 

DOCUMENTAL.

** - Consistente en que por parte de ese Servicio Vasco de Empleo, se aporte el presente expediente íntegro, con todos los acuses de recibo de las notificaciones efectuadas a la recurrente.

- TESTIFICAL, articular en el momento procesal oportuno.

Por lo que, AL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SUPLICO que, teniendo por propuestos los indicados medios de prueba, se sirva admitirlo y, proveer lo necesario para su práctica en el acto de juicio oral, sin perjuicio de otros que puedan proponerse.

Por ser todo ello de Justicia que se pide.