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Las viviendas vacías o sin em­ padronamiento ascienden a 3.759 en Barakaldo, lo que su­ pone que estén deshabitadas algo más del 8% de los 45.867 pisos que existen en la locali­ dad. »2

El año pasado se dejo de inver­ tir 160.000 euros del presu­ puesto destinado a las ayudas de emergencia social y a las ayudas económicas municipa­ les, prestaciones que en los últi­

mos años han sufrido severos recortes en cuantía y se han en­ durecido los requisitos. A cerca de un centenar de familias se le ha denegado el acceso a las mismas, la mayoría de las per­

El equipo de Gobierno ha vuelto a aplicar recortes en las ayudas de emergencia social a las que tienen derecho las familias afectadas por la crisis. En total, los responsables mu­ nicipales rebajan un 26% el dinero máximo al que puede acceder cada familia solicitante,es decir, 484 eu­ ros menos al año.

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sonas que perciben estas ayu­ das son pensionistas, sobre todo mujeres viudas; y familias trabajadoras con empleos pre­ cario.

Megapark­eko HyMren Naval ontziolaren itxieraz gain, lan gatazkak eta protestak ditugu, besteak beste, DIA supermerkatuetan, USOAn, KBUSen, etxeko langileena, eta denda txikietan.

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El gobierno municipal sigue adelante con su pretensión de que una promotora privada construya 550 viviendas en El Calero, en el barrio de Burt­ zeña. Proyecto urbanístico que ha contado con el rechazo del Consejo Asesor de Urbanismo. Además, existen informes téc­ nicos que cuestionan esta ope­ ración inmobiliaria. Sin embargo al promotor pri­ vado se le ha eximido de tener que recuperar el 20% del terre­ no: 17.300 metros cuadrados, cuyo coste que tendrá que asu­ mir el Ayuntamiento.

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El ayuntamiento ha realizado sólo en el año 2018 más de 230 contrataciones irregulares por valor de 35 millones de euros. Así lo reflejan los informes del máximo responsable técnico de las cuentas en la institución, el interventor municipal.

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POLÍTICA ANTISOCIAL DEL AYUNTAMIENTO

La mala gestión del equipo de gobierno ha dejado sin invertir el año pasado 160.000 euros del presupuesto destina­ do a las ayudas de emer­ gencia social y a las ayudas económicas mu­ nicipales, prestaciones que en los últimos años han sido recortadas sig­ nificativamente en su cuantía y endurecido los requisitos de acceso. Esto ocurre, cuando a cerca de un centenar de familias se le ha denega­ do el acceso a las mis­

mas. La mayoría de las personas que perciben estas ayudas son pensio­ nistas, sobre todo muje­ res viudas; y familias trabajadoras con em­ pleos precarios. Servicio deficiente Esta apuesta por los re­ cortes supone saturar los servicios municipales de base radicados en los di­ ferentes barrios del mu­ nicipio, se concede cita con una demora de más de 2 meses, por la falta de trabajadores sociales

La insuficiencia del presupuesto pactado por el PNV y el PSE desti­ nado a las ayudas del consistorio para el alquiler de vivienda por par­ te de las personas jóvenes del mu­ nicipio sólo llega para cubrir el 40% de las solicitudes recibidas. Siendo el dinero previsto un 70% inferior

y personal administrati­ vo. O Demoras de 6 me­ ses en el “equipo de ayudas económicas” pa­ ra la atención, tramita­ ción y resolución de las solicitudes presentadas. Estas políticas de ajus­ tes han conllevado, en la práctica, suprimir de forma definitiva el “Ser­ vicio de Urgencias So­ ciales”, el cual atendía de forma inmediata las si­ tuaciones más urgentes de las familias de la localidad.

El Consistorio continúa aplicando recortes en las ayudas de emergencia social a las que tienen derecho las familias afectadas por la crisis. En total, los respon­ sables municipales rebajan un 26% el dinero máximo al que puede acceder cada fa­ milia solicitante, es decir, 484 euros menos al año. los mayores recortes se producen en las ayudas a gastos de energía, que se ve reducido en un 61%, mobi­ liario , las ayudas para ha­ cer frente al endeudamiento caen un 67%, bajan un 46%

la reparación e instalaciones básicas de la vivienda o se recorta un 32% el subsidio para poder hacer frente a las hipotecas. Amaia del Campo ha to­ mado estas medidas por decreto, que además endu­ recen las condiciones esta­ blecidas por el Gobierno Vasco y lo que es más in­ comprensible, lo hace a pe­ sar de lo que afirmó el propio ayuntamiento, que el el pasado año 2018 el equi­ po de gobierno dejó sin gastar 160.000 euros de ayudas sociales.

30 personas sin­techo so­ breviviendo en las calles de Barakaldo, el doble que hace 2 años. Según datos facilitados por el Gobierno Vasco. El pasado 11 de noviem­ bre, falleció una persona sin hogar de 60 años en un cajero del barrio bara­ kaldés de Bagatza, esta es la tercera muerte de una persona sin hogar en las

calles de Barakaldo en los últimos 4 años. Solo se permiten 7 días de estancia en el albergue municipal; pasado este periodo de tiempo se debe abandonar este recurso para volver a malvivir du­ rante 3 meses en la calle si se quiere volver a optar a este mínimo espacio asis­ tencial.

al necesario para cubrir la totalidad de solicitudes. Además, conllevó que se recortara la cantidad a per­ cibir por lo solicitantes. No se han producido más resolu­ ciones favorables por los recortes y endurecimiento de los requisitos de acceso.

BARAKALDO USTELKARIA EDITA: Berri Otxoak

Gizarte Bazterketaren Aurka eta Gizarte Eskubideen Aldeko Plataforma Plataforma Contra la Exclusión y por los Derechos Sociales

Punto de información: berrietxea@nodo50.org / www.nodo50.org/berri_otxoak


Las trabajadoras de los super­ mercados DIA han organizado estos últimos meses diferentes jornadas de huelga para ex­ presar su rechazo a la decisión de la empresa de realizar un expediente de regulación de empleo (ERE) y el despido de 71 personas.

Diferentes concentraciones se han realizado ante el Hospital de Cruces ante la supresión de 200 puestos de trabajo y en deman­ da de una plantilla suficiente para dar una verdadera cobertura sanitaria de calidad. El Hospital de Cruces ha caído al puesto 59 ­de 100­ cuando en el 2014 ocupaba el puesto 14 en un informe sobre reputación de hospitales públicos.

Las trabajadoras de ayuda a domicilio denuncian la falta de fi­ nanciación para este servicio y las licitaciones a la baja lo que supone precariedad, subcontratación y merma de un servicio público imprescindible para atender a las personas mayores de­ pendientes. llevan 4 años sin renovar el convenio colectivo y 7 con los salarios congelados.

La plantilla de USOA lleva demandando desde hace más de un año a la alcaldesa Amaia del Campo, una solución inmediata que despeje el futuro laboral de esta entidad municipal, com­ puesta por 356 personas trabajadoras. Una de las principales fuentes de facturación es la del servicio de jardinería. Adjudicación que se encuentra en situación irre­ gular, lo que provoca una falta de garantías para dar estabilidad al proyecto social que la entidad representa; y para los trabaja­ dores y trabajadoras que de ella dependen.

Desde hace más de un año cien­ tos de personas pensionistas lle­ van movilizándose en la Herriko Plaza en defensa del sistema pú­ blico de pensiones; y exigiendo blindar por ley la revalorización de las pensiones de acuerdo a la inflación (IPC) y que el mínimo esté fijado en 1.080 euros. Y lo han hecho insistiendo en su lema "Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden".

A este respecto han expresado la insatisfacción con el incumpli­ miento y las mejoras parciales que el Gobierno de Pedro Sán­ chez ha aplicado en relación a las pensiones. Reclamando, en este sentido, la subida "inmediata" de la pensión mínima a los 900 eu­ ros ­del salario mínimo inter­ profesional­, para de este modo acercarse al objetivo de los 1.080

Decenas de protestas y manifes­ taciones en defensa de La Naval, contra su cierre y en demanda de que los Gobiernos central y vasco dieran una solución. 178 perso­ nas afectadas de forma directa por el cierre del astillero pero afecta a 3.000 empleos más de las sub­ contratas, industria auxiliar y servicios relacionados. Lo de La Naval es la crónica de una muerte anunciada. Ni Sánchez, ni su gobierno realizaron el más mínimo movimiento concreto y prác­ tico que evitara su cierre, privatizado precisamente por otro Ejecu­ tivo del PSOE en 2006, el de José Luis Rodríguez Zapatero.

El 18 de febrero bajo la persiana la tienda del H&M en Max Center dejando en la calle a 34 trabajadoras.

Trabajadores y familiares de residentes de la Fundación Miran­ da denuncian los problemas laborales y de calidad asistencial que sufre la residencia que cuenta con 232 plazas disponibles. las personas trabajadoras critican la caótica situación por la que se atraviesa: a la falta de personal, hay un solo médico para 200 residentes, se debe unir la externalización de servicios y despidos. Las familias, por otro lado, revelan deficiencias en alimenta­ ción, higiene, limpieza a los ancianos o atención nocturna.

Una tercera parte de la plantilla del Ayuntamiento ­609 perso­ nas­ se encuentra en situación de interinidad, figura que está pensada para cubrir plazas de manera temporal, pero que en muchos puestos se ha instaurado de manera perpetua. Por ello, cabe llamar la atención sobre las consecuencias de las senten­ cias del Tribunal Supremo del pasado año, que reconocen el derecho a indemnización al personal derivadas de la contrata­ ción abusiva en régimen de temporalidad.

Concentración de pensionistas en la Herriko Plaza


Argitaratu du: Bazterketaren Aurka eta Gizarte Eskubideen Aldeko Pl ataforma 22Zkb. 201 9 Udaberria www.nodo50.org/berri_otxoak

Las viviendas vacías o sin empadrona­ miento ascienden a 3.759, lo que supo­ ne que estén deshabitadas algo más del 8% de los 45.867 pisos que existen en la localidad. En concreto, 442 están vacías e Cruces; en Centro­Zaballa hay 410;

512 en la Lasesarre­Desierto; en Ronte­ gi 265; en Bagatza­Beurko 436; 372 en San Vicente; en Arteagabeitia Zuazo 357; 361 entre los barrios de Retuerto, El Regato y Kareaga; 604 en los barrios de Lutxana y Burtzeña.

2018. urtean % 33 igo ziren sexu erasoak; zehazki, 24 kasu izan ziren. Bost bortxaketa gertatu ziren; % 25 igo direla esan nahi du horrek. Sexu­askatasun eta sexu­ indemnitatearen aurkako delituak (adin txikikoen aurkako delituak), berriz, % 36 gehiago izan ziren. Espainiako Barne Ministerioaren arabera.

Udalak 2018. urtean bertan 230 kontratazio irregularretik gora egin ditu, 35 milioi euroko balioa dutenak. Udalaren kontuez arduratzen den teknikari nagusiaren arabera, hau da, udal ikuskatzailearen arabera. Udal ikuskatzaileak hilabeteetan ohartarazi du ahozko kontratu ilegalei eta nahierarako esleipenei buruz, baita kontratuen legea ez betetzeari buruz ere. Irregulartasunak ditugu, besteak beste, ikastetxeetako eta kultur etxeetako atezaintzan, nahierarako konponketa­lanetan, kirol instalazioetako mantentze­lanetan, gas­horniketan, ur araztegian, semaforo mantentze­lanetan eta kale garbiketan.

El gobierno municipal sigue adelante con su pretensión de que una promotora privada construya 550 viviendas en El Calero, en el barrio de Burtzeña. Pro­ yecto urbanístico que ha contado con el rechazo del Consejo Asesor de Urbanis­ mo.Existen informes técnicos que cues­ tionan esta operación inmobiliaria. Sin embargo al promotor privado se le ha eximido de tener que recuperar el 20% del terreno: 17.300 metros cuadra­ dos, cuyo coste que tendrá que asumir el Ayuntamiento. Plazas de garajes a 31.500 euros y pisos libres a 220.000 —sin garaje ni traste­ ro—. Son los precios que maneja el pro­ motor privado para que sea viable la operación inmobiliaria que, con el apo­ yo de PNV y PSE, se ha puesto en mar­

cha para construir 550 pisos en suelos contaminados e inundables de Burt­ zeña. Estas cifras suponen un "riesgo empresarial significativo", según el in­ forme de la propia promotora, porque son precios "notablemente elevados" respecto a los habituales en el barrio. Las viviendas de protección oficial, que se han reducido respecto a lo que las normas urbanísticas preveían, se ha pa­ sado del 35% inicialmente previsto al 20% final. Además de libres y de pro­ tección oficial, se hará pisos de precio tasado (otro 20% del total) mucho más caras que las de protección oficial, que subirán a 213.400 euros en total IVA incluido, sin tener en cuenta el trastero, que el documento de la promotora no señala cuál será el precio.

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Periódico Abril 2019. Numero 22  

-Nuevo número del periódico "Barakaldo Ustelkaria", monográfico contra los recortes en los servicios municipales o la falta de un presupuest...

Periódico Abril 2019. Numero 22  

-Nuevo número del periódico "Barakaldo Ustelkaria", monográfico contra los recortes en los servicios municipales o la falta de un presupuest...

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