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1.1 La coyuntura preelectoral
Honda tragedia de la vida republicana del Perú fue que no funcionó el vehículo destinado a conectar a la nación con el Estado: el sufragio. Obturado este conducto, surgieron, muchas veces, las sublevaciones como movimientos plebiscitarios destinados a reafirmar la voluntad pública impedida de expresarse por medios legales (Basadre 1968: tomo X, 135).
1.1 La coyuntura preelectoral
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El año 1912 fue un año particular en la vida política de la República Aristocrática (18951919). Llegaba a su fin la cuarta administración sin interrupciones del Partido Civil, y el presidente Augusto B. Leguía –de acuerdo con la ley– convocó a elecciones para los días 25 y 26 de mayo.
Si bien el gobierno saliente terminaba su período luego de superar varias situaciones difíciles –incluido un atentado golpista de parte de los seguidores de Nicolás de Piérola en 1909– y de enfrentar una creciente oposición, nada hacía presagiar que la contienda electoral se desarrollaría fuera de los márgenes previsibles: algunos enfrentamientos entre clubes1 políticos antagónicos, intentos de tomar mesas electorales, “cierra puertas” y tal vez algún muerto. Sin embargo, todo ello ocurrió bajo el control de la fuerza pública y con la relativa seguridad de que la consulta electoral finalizaría con el triunfo de la candidatura oficialista de Ántero Aspíllaga.
1. Asociación de simpatizantes que surgen en los períodos electorales para apoyar alguna candidatura y que no tiene un carácter permanente ni un ideario sistematizado. En el caso de Guillermo Billinghurst, los clubes se formaron sobre la base de centros fabriles, talleres artesanales, grupos de similar oficio, barrio de origen, y los partidos de oposición -principalmente el Demócrata.
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No obstante, los hechos fueron tomando un cariz diferente. Con el transcurrir de las semanas, el proceso electoral que se había convocado fue tornándose cada vez más confrontacional y violento hasta convertirse en el detonante de una crisis de legitimidad política que la permanencia civilista en el poder había ido gestando lentamente. En efecto, al finalizar 1911, el espectro político oficial, conformado por los Partidos Civil, Constitucional y Demócrata, estaba muy dividido. El gobierno de Leguía con su política autoritaria, estructurando el gasto público a partir del endeudamiento externo y manipulando procesos electorales, generó el alejamiento de algunos miembros tanto de su propio partido como del Partido Constitucional, que habían hecho posible la estabilidad del civilismo en el poder desde 1899.
La crisis política estalló en enero de 1912 con la escisión de algunos partidos y la polarización y beligerancia de estas fuerzas políticas. En efecto, el Partido Civil Independiente surgirá del Partido Civil, liderado por Ántero Aspíllaga, y tendrá en Enrique de la Riva Agüero, José Matías Manzanilla, Francisco Tudela y Vicente Maurtua a los miembros de su primera Junta Central Directiva. Esta proponía la apertura política y la mayor fiscalización al gobierno. Por su parte, el Partido Constitucional de Andrés A. Cáceres se dividió cuando el sector liderado por el general César Canevaro decidió apoyar la candidatura de Ántero Aspíllaga, marginando de la decisión al sector encabezado por el general Pedro E. Muñiz y David Matto, que pasaron a la oposición en alianza con los liberales de Augusto Durand. Por su parte, los demócratas de Nicolás de Piérola continuaban en su tradicional oposición al civilismo. Pero, al surgir en mayo la candidatura de Guillermo Billinghurst, el partido se abstuvo de participar y dejó en libertad política a sus miembros, a quienes encontraremos, en su mayoría, organizando clubes billinghuristas o brindando un discreto apoyo a esta candidatura.
Esta situación de polarización política partidaria se vio agravada entre febrero y abril, meses señalados por el Jurado Nacional de Elecciones para realizar la renovación de autoridades municipales. Estos comicios movilizaron a todos los partidos –ahora divididos– y a las sociedades artesanales, que unieron voluntades en un “Comité Electoral Mixto” para hacer listas comunes2. Sin embargo, la consulta municipal resultó ser una farsa. Ejemplo de ello fueron los comicios en el Callao, donde triunfó la lista oficialista encabezada por Rafael Grau. Esta derrotó a la candidatura popular del pierolista Alberto Secada. El proceso estuvo lleno de vicios: se realizó con padrones antiguos y el libro de registro de votantes estuvo extraviado varios días, lo que hizo que un gran número de electores fuera excluido de los comicios.
2. Las sociedades artesanales estaban agrupadas en dos grandes organizaciones: la Confederación de Artesanos “Unión Universal” y la Asamblea de Sociedades Unidas.
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Por su parte, el proceso electoral en la ciudad de Lima no ofrecía un panorama con mayores diferencias. La Junta de Registro sufrió el robo de importante documentación electoral, funcionó pocos días, y cuando lo hacía estaba rodeada de “capituleros”3 al mando del diputado Luis B. Castañeda, que no permitían el acceso de los sufragantes4. La situación que se daba fue descrita crudamente por el señor Alvarado Thorne, presidente de la Junta de Registro, al decir que no aseguraba la veracidad de los padrones de inscripción ya que “había visto, por ejemplo, a un negro retinto solicitar, como propio, el título del general don Miguel Echenique”5 .
Frente a la escandalosa corrupción electoral, los partidos escindidos (el Partido Civil y el Constitucional), a los que se les sumó el Liberal, realizaron una importante reunión el 18 de marzo. En ella acordaron que, ante el fracaso de una convención de partidos por la ausencia de los Partidos Civil y Demócrata, ante la falta de garantías para el proceso electoral, no presentarían candidatura alguna a las elecciones presidenciales y continuarían unidos como oposición al gobierno; es decir que se automarginaron del proceso y dejaron solo en el escenario electoral al civilismo gobernante.
De manera paralela, las sociedades artesanales, dominadas por el mutualismo, realizaban diversas asambleas para elegir a sus “candidatos obreros”. Todas ellas fueron intervenidas violentamente por grupos de la “secreta” o “soplones” encabezados por el diputado obrero Luis B. Castañeda6, y con el apoyo de la fuerza pública. El enfrentamiento de mayores consecuencias se dio el 1 de abril en la sede de la Confederación de Artesanos y tuvo como resultado varios heridos, el encarcelamiento de su presidente, Justo Gonzales; del fiscal, Manuel Rivas; y del secretario, José Arturo Salazar7; y la toma y clausura del local gremial.
3. Personaje que por un pago, en dinero o especies –“pisco y butifarra”–, se convierte en líder de una turba que por cualquier método busca controlar alguna mesa de sufragio. Este personaje pertenece a la historia electoral del siglo XIX, pero su vigencia continuó hasta fines de la década de 1920. Desaparece cuando se amplía la sociedad civil y se incrementa la base electoral. 4. Ver: El Comercio. 1 de abril de 1912. EM. p. 1. 5. Ver: El Comercio. 24 de mayo de 1912. EM. p. 1. 6. Apoyaba la candidatura de Aspíllaga. En 1907 había laborado como maestro de la sección de telares de la fábrica de tejidos Inca Cotton Mill (Ver: El Oprimido, 1907, No. 5); en 1908, sus compañeros textiles pidieron su expulsión por no acatar una huelga y mostrar una conducta pro patronal. En 1912 fue expulsado de la Confederación de Artesanos; vivía de la política, de dirigir soplones y de una Agencia de Domésticos en la calle Pileta de la Merced. Durante las elecciones que venimos estudiando, este diputado tuvo que refugiarse en el cuartel San Lázaro junto a muchos de “la secreta”, para protegerse de la ira popular de los billinghuristas. 7. De estos tres dirigentes, los dos primeros eran maestros carpinteros; y el tercero, maestro encuadernador. Los encontraremos semanas después en el club Unión Política de Jefes y Maestros de Taller que apoya a Guillermo Billinghurst.
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La “policía secreta” o “soplones” fue creada durante el gobierno de Miguel Iglesias para combatir a su opositor Andrés A. Cáceres. Pero al dimitir Iglesias en 1885, fue eliminada. Sin embargo, durante el primer gobierno de Augusto B. Leguía (1908-1912) y luego de la fracasada intentona golpista de los demócratas en 1909, la Prefectura la restableció a partir del reclutamiento de nuevos miembros en sectores populares para hacer frente a la amenaza demócrata. Los miembros de la “policía secreta” tenían origen diverso. Podían proceder del mundo sindical o de las sociedades mutualistas, como podían ser delincuentes con diversas penas cumplidas, ladrones callejeros o regentar burdeles de pobres –como eran los casos de los existentes en la calle Tajamar y el callejón Romero, en el barrio del Rímac–, o de no tan pobres –como los casos de la calle del Huevo o la calle Barranquita–. Tenían por misión informar a las autoridades sobre las organizaciones y dirigentes gremiales, mutualistas o sindicales y, durante las coyunturas electorales, trabajar en favor de las candidaturas oficiales.
Frente a la gravedad de los hechos ocasionados por la “policía secreta”, la Confederación de Artesanos nombró una directiva clandestina integrada por los dirigentes de mayor trayectoria: Celso H. Chirinos (maestro peluquero), Eulogio Otazú (anarquista y ¿artesano?), Juan de Dios Bazán (sastre), Nicasio Millán (maestro zapatero), Ricardo Avilez (maestro carpintero) y Alberto Cárdenas (sastre). Esta directiva respondió con firmeza a la conducta gubernamental: convocó a un paro general para el lunes 22 de abril. Rápidamente, la medida cobró fuerza, las adhesiones se multiplicaron y el gobierno se vio acorralado por la presión popular. Al finalizar la tarde del viernes 19, se ordenó la devolución del local y la liberación de los dirigentes. El paro, evidentemente, quedó sin efecto. Esa misma noche hubo un gran mitin popular en la biblioteca Ricardo Palma de la Asamblea de Sociedades Unidas –calle de la Buenamuerte, en los Barrios Altos– para recibir a los liberados.
Es importante anotar que, frente a la actitud manipuladora y antidemocrática del gobierno, se generaron dos conductas que ingresaron en el escenario político y que fueron decisivas en la coyuntura electoral que se avecinaba. La primera es la de los partidos políticos. Estos optaron por seguir las reglas y ajustarse a los mecanismos del sistema político que, por otro lado, se encontraba bajo control gubernamental. Al no poder enfrentar el monopolio del poder conformando planchas electorales, los partidos asumieron el rol de espectadores que les destinó el gobierno. La segunda conducta es la de las sociedades y organizaciones laborales. Estas no se dejaron amilanar por los atropellos del civilismo y propusieron una alternativa política de fuerza: el paro general, que además logró los objetivos inmediatos de liberar a sus dirigentes y recuperar el local institucional. Sin embargo, fueron los objetivos de largo plazo –como es el caso del pleno ejercicio de los derechos ciudadanos y la total vigencia del sistema democrático– los que comenzaron a movilizar a la población y a preparar el terreno de la coyuntura electoral que se avecinaba.
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