Ministra retira proyecto sobre Ley de la Armada

Excélsior

El proyecto para validar las reformas a la Ley Orgánica de la Armada de México, que permite al personal de la Secretaría de Marina-Armada de México participar en acciones de seguridad pública y otras labores civiles, fue retirado por la ministra ponente Yasmín Esquivel Mossa.

“Toda vez que, en este asunto, en esta acción de inconstitucionalidad 173/2021, he recibido algunas observaciones de las señoras y señores ministros, yo solicitaría que se retire el asunto para efectos de analizarlas cuidadosamente”, propuso Esquivel Mossa, lo cual fue aceptado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En su proyecto original, la resolución para validar las reformas consideraba que la colaboración de los marinos en actividades civiles no implica, “‘per se’, que se les otorgue una presencia permanente a la primera en relación con las segundas y mucho menos que desempeñen en cualquier momento actividades de mandos civiles”.

Los diputados de oposición impugnaron el artículo 29 de la Ley de la Armada, en la que se le otorgan funciones de seguridad pública a la Unidad de Policía Naval, además de que los marinos adscritos a la Guardia Nacional quedan subordinados a esa unidad.

“El control administrativo del personal naval comisionado a la Guardia Nacional tampoco significa una superioridad de la Armada sobre esta, sino que solo retoma el mando de funcionarios que se encuentran orgánicamente adscritos a dicha institución, es decir, que no forman parte del personal de la Guardia Nacional”, planteó en su proyecto la ministra.

Ella consideró que la participación de la Armada como institución de la Fuerza Armada Permanente queda regulada y justificada por el presupuesto destinado por el Gobierno federal para estas tareas.

“La actuación de las autoridades castrenses, en materia de seguridad pública, deben obedecer a ciertas modulaciones y criterios de excepcionalidad que se encuentran perfectamente delimitados en el marco de regularidad constitucional en materia de derechos humanos”, se estableció en el proyecto que será discutido por el pleno de la Corte.

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