Diciembre 2023
No. 26 ISSN: 2215-9436
Colombia, protagonista en la COP 28
El gobierno colombiano tuvo una destacada participación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en Dubái. Pág. 3
Con cinco juzgados y una sala de magistrados, inicia la Jurisdicción Agraria
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Paraíso Escondido: la primera Zona de Reserva Campesina de Boyacá
Palestina: un pueblo campesino despojado de su tierra
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Álvaro Villarraga: historia de una identidad por la paz
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EDITORIAL
Periódico Tierra No. 26
Diciembre 2023
ISSN 2215-9436
Director: René Ayala
Comité editorial: Jorge Acuña
René Ayala
Amanda Jara
Marcelo Molano
David Moreno
Hernán Rodríguez
Camilo Rueda , Angela Sánchez
Edición: Camilo Rueda
Colaboran en este número:
Eder Maylor Caicedo Centro Nacional de Memoria Histórica
David Moreno
Maykol Quintero
Aiden Salgado Cassiani
Jessica Santacruz
Vía Campesina
Contenido: Editorial Nación Regionales Internacional Memoria Opinión Cultura
Portada: Foto Presidencia
Contraportada: Ilustración Andrés Pedroza
Administrador: Hernán Dario Rodríguez
Diagramación: Leonardo Pinzón
Impresión: Eleven Market www.elevenmarket.co
Tiraje: 10.000 ejemplares de distribución gratuita
Producido por:
Prensa Rural Producciones SAS
Contacto: prensarural@gmail.com www.prensarural.org
Tierra: por un 2024 con la verdad luchando por los cambios
Termina un año que es histórico por lo que representa la apuesta transformadora del gobierno del cambio presidido por Gustavo Petro. Las banderas de la Paz Total, la reforma agraria, laboral y pensional, de la salud, de la educación y de la justicia, la transición energética y la búsqueda de la integración basada en la independencia y la autodeterminación de los pueblos, en tanto procesos que incorporan una potente carga transformadora para la sociedad colombiana, son factores innovadores en la política nacional que trazan el rumbo de un proyecto de ruptura con el viejo régimen de antidemocracia, guerra y exclusión.
Desde Prensa Rural, hemos registrado los avances y dificultades de esta apuesta de cambio social y político, enfrentada a una feroz oposición que hace gala de su carácter reaccionario, antidemocrático y retardatario, y que hace uso de todas las estratagemas, como noticias falsas, campañas mediáticas de manipulación, y el señalamiento rabioso y estigmatizante del presidente y del partido de gobierno, buscando frenar el proyecto político de cambio.
Hacemos énfasis en los avances, porque le corresponde al movimiento popular desactivar la ofensiva de los sectores que representan el viejo régimen y los timoratos que no asumen una posición consecuente y se mueven de manera vacilante entre el pasado y la posibilidad de cambio. Confrontamos el discurso de odio y mentira de quienes no quieren que nada cambie, que gobernaron desde la irrupción de la República, representando los intereses mezquinos de los poderosos, hundiendo al país en la pobreza y la guerra.
Usando sus descomunales recursos, obtenidos por vía de la explotación de los trabajadores, la corrupción y las economías ilícitas, buscan defender sus odiosos privilegios e impedir que se logre concretar la postergada reforma agraria, o que los trabajadores recuperen sus vulnerados derechos laborales, conquistados hace años en la lucha obrera y
arrebatados por el neoliberalismo. Niegan el cambio climático, que destruye nuestras selvas y bosques, y se oponen a la Paz Total, porque el modelo de la guerra eterna les ha permitido mantener el “statu quo”.
Su ofensiva mediática busca invisibilizar la importancia de los aspectos e iniciativas centrales del gobierno. Niegan que avance la reforma agraria, les parece inocuo decir que es el primer gobierno que pone en el centro al campesinado, reconociéndole como sujeto de derechos y dándole relevancia como ciudadano en la Constitución, donde ni siquiera aparecía mencionado. No revelan en sus emisiones y en sus páginas que en este gobierno se han entregado más de 640.555 hectáreas, entre actos administrativos, títulos registrados y títulos de propiedad entregados. Es decir, el aspecto fundamental de la reforma agraria, que es al acceso a la propiedad de la tierra, es una realidad tangible que refleja la profundización de la política del gobierno del presidente Petro.
Omiten el hecho de que en este gobierno las propiedades incautadas a las mafias fueron retornados a las víctimas o cumplen, por fin, una función social. Es así como la Sociedad de Activos Especiales ha entregado predios a las comunidades para proyectos productivos y ambientales, a firmantes de paz para impulsar sus iniciativas de reincorporación económica, a organizaciones campesinas para desplegar procesos productivos, rompiendo la lógica perversa de entregar los predios y bienes por vía de argucias políticas y corruptas a sus socios y amigos, sin procedimientos claros y transparentes, y mucho menos con la perspectiva de que por esta vía se repare a las victimas y se potencie la reforma agraria.
Impulsan una campaña perversa para construir una opinión favorable al perverso modelo de salud de la Ley 100, que ha impuesto los paseos de la muerte, que ha dejado a miles de pacientes crónicos sin atención especializada, las citas que nunca llegan, y lo
más grave, la desfinanciación de la salud, usando indebidamente los recursos que entrega el Estado, dejando sin pago a hospitales, proveedores y profesionales.
De la misma forma, se oponen a las reformas laboral y pensional, que buscan recuperar para los trabajadores sus derechos adquiridos, que fueron usurpados con el discurso de la productividad y la creación de puestos de trabajo, sin generar ni lo uno ni lo otro, sólo pauperizar las condiciones del empleo. No quieren que miles de ancianos que deambulan por las calles en condición de miseria puedan acceder a un recurso mínimo para aliviar su condición de penuria. Construyen entonces la falsa narrativa de que las reformas no buscan generar trabajo y que golpean a los empresarios. Sin ruborizarse, basan sus tesis en que el progreso económico de unos se debe basar en la miseria de quien genera la riqueza: el trabajador.
Y así, reproducen en sus espacios televisivos y radiales, en las redes sociales, y en cadenas de WhatsApp el discurso de que las reformas destruyen, y lo acompasan con el sonsonete de que nada ha cambiado, buscando desprestigiar la moral del nuevo gobierno. Es una ofensiva a todo nivel, pues bloquean con sus bancadas en el Congreso las iniciativas de reforma, impulsan en los medios la idea de que hay un vacío de poder, de que el presidente no tiene capacidad de gobernar y de que su proyecto político es un fracaso.
Por todo ello, el periódico Tierra se erige en una tribuna para demandar la verdad, para aportar desde el debate a difundir los aspectos más relevantes de las transformaciones, especialmente en la ruralidad, en la construcción de la justicia climática y en la búsqueda de la paz. Reivindicamos, entonces, el rol de los medios alternativos, populares y comunitarios como expresiones que deben fortalecerse para contrarrestar la máquina ideológica de desinformación que representan los medios tradicionales.
Por René Ayala
DColombia, líder de la lucha por la vida, la justicia climática y la paz
El gobierno colombiano tuvo una destacada participación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobe el Cambio Climático, celebrada en Dubái.
el 30 de noviembre al 12 de diciembre sesionó en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, la vigesimoctava Conferencia de las Naciones Unidas sobe el Cambio Climático, conocida también como la COP 28. Esta reunión tiene lugar cada año desde la Cumbre de la Tierra, realizada en Río de Janeiro en 1992 y que estableció la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que señaló la urgencia de comprometer a los Estados y a la comunidad mundial en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global.
Líderes mundiales de 190 naciones arribaron a la capital del país petrolero para participar en las actividades de debate de la COP y buscar acuerdos sólidos para evitar la preocupante perspectiva de aumento de la temperatura del planeta en 1.5 grados centígrados, como estableció el acuerdo de Paris en la COP 21, celebrada en dicha ciudad europea en el 2015, ratificado como acuerdo vinculante por 196 países en el 2016. Un acuerdo urgente, pues ya la comunidad científica alerta que se podría llegar a 3 grados centígrados de aumento, lo que pondría en riesgo la existencia de la humanidad.
Esta importante reunión inició en medio de polémicas y controversias por la paradoja de realizar la conferencia en un país que depende principalmente de la explotación petrolera; de que quien la presidiera fuera un alto ejecutivo de la Abu Dhabi National Old Company, una de las compañías petroleras más poderosas del mundo; y por las dudas referentes a los compromisos reales de los países desarrollados con respecto a la realidad del impacto de la quema de combustibles fósiles, en las que está basada su economía.
En la instalación de la COP 28 sobresalieron voces que alertaron con evidencia científica los posibles eventos imprevistos de cambios drásticos que podrían llevar a una catástrofe climática. Una de esas voces contundentes, que evidenció su liderazgo en la lucha inquebrantable frente al modelo económico basado en la explotación de combustibles fósiles (como petróleo, gas y carbón) fue el presidente Gustavo Petro.
En su intervención ante la plenaria central, el mandatario de los colombianos puso los puntos sobre la íes. Sin matices, sostuvo que la mayor responsabilidad frente a los impactos del cambio climático recae en los países del centro económico y político. “El consumo de la parte de la humanidad más rica del planeta, al basarse en carbono, es un consumo basado en la muerte de los demás”, dijo. Y señaló con firmeza que “hoy se emite un 12 por ciento más de CO2 en el mundo que en el 2010, es decir que los sectores más ricos de la humanidad han expandido su consumo de carbono y por tanto las emisiones de CO2, llevando a la humanidad a la crisis actual, lo que lleva al borde de la extinción de la vida en el planeta”. En una intervención sólida y llena de datos científicos, Petro ad-
virtió que los objetivos de la COP de París han fracasado, lo que se evidencia en la desigualdad social e inequidad que genera el exceso de emisiones de CO2 en el mundo, afectando especialmente a las economías más pobres, es decir, a quienes menos producen dióxido de carbono. En ese sentido, el presidente colombiano criticó el hecho de no asignar los suficientes recursos para la financiación del fondo del clima, el cual era un compromiso de los países industrializados en dirección de proteger a las poblaciones no emisoras de CO2, que son las comunidades más pobres y por tanto más vulnerables. Insistió en el tema llamando la atención de que sin transferencias de riqueza del norte al sur, se potenciará el éxodo de millones de personas, una situación que ha tenido como respuesta la xenofobia y la acción antimigratoria de países donde crece un fenómeno que reproduce la perversa historia del nazismo en Europa.
En una fuerte advertencia que evidencia esta dramática proyección y que caracteriza el modelo que se impone en Europa y los Estados Unidos, Petro indicó: “Hitler está golpeando las puertas de los hogares de la clase media europea y norteamericana, y muchos ya lo han dejado entrar”.
El mandatario fue más alá y asoció la crisis climática con el genocidio palestino. Petro fue el único líder, junto al presidente de Cuba, que en este escenario denunció la barbarie que el mundo sigue en vivo y directo contra el pueblo palestino. “En Gaza hay un ensayo de futuro de este modelo frente al cual el mundo se debe oponer. Los países consumidores de carbono permiten el genocidio de niños en Gaza. Es la barbarie desatada sobre los pueblos pobres, y la lucha de la humanidad debe evitarlo”, exhortó. La potente posición del presidente colombiano lo puso en el centro del debate mundial sobre la justicia climática y la paz. La presencia de Colombia en esta COP difiere radicalmente de las anteriores, donde Colombia fue un convidado de piedra, con un gobierno partidario de los designios de los poderosos. Este liderazgo se demostró al firmar el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles junto a pequeños países insulares, al respaldar estas comunidades, insignificantes para el capital, que podrían desaparecer bajo el agua por el calentamiento global. Expresa el talante de este gobierno, su solidaridad y su lucha por la vida y la paz en el planeta.
Fotografía Presidencia
NACIÓN
Con cinco juzgados y una sala de magistrados, inicia la Jurisdicción Agraria
Los juzgados estarán ubicados en Cartagena, Pasto, Popayán, Quibdó y Tunja, mientras que la primera sala de magistrados funcionará en la capital de Boyacá.
La Jurisdicción Agraria y Rural inició su labor en Colombia con la apertura de cinco juzgados del circuito y una sala de magistrados, lo que marca un hito significativo en la implementación de la reforma agraria que impulsa el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Los primeros cinco juzgados estarán ubicados estratégicamente en las ciudades de Cartagena, Pasto, Popayán, Quibdó y Tunja. La primera sala nacional de magistrados, por su parte, empezará a operar en la capital de Boyacá. Esta distribución geográfica de la Jurisdicción Agraria está planificada para abordar los desafíos
que en la materia se presentan en diferentes regiones del país.
Aurelio Rodríguez, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, destacó que la ubicación de los juzgados se determinó considerando los volúmenes demográficos y rurales, así como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que abarcan los municipios más afectados por la pobreza, el conflicto armado y las economías ilícitas.
La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, expresó que esta jurisdicción es una parte esencial de la reforma agraria, que tiene como meta la compra y distri-
bución de un millón y medio de hectáreas de tierras fértiles, junto con un plan de formalización de la propiedad rural.
El enfoque de la política gubernamental se orienta a atender los problemas de tenencia de tierras para garantizar la seguridad alimentaria, lograr la paz y avanzar en la sostenibilidad ambiental. La reforma agraria avanza así con logros como la creación de esta nueva jurisdicción y el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos con especial protección.
Otro propósito del gobierno es que la Jurisdicción Agraria aborde de
manera efectiva las dificultades sociales y políticas en los territorios. Se busca que las comunidades rurales se sientan líderes en el proceso de su construcción, tomando decisiones que brinden seguridad y certeza jurídica.
Con el apoyo del gobierno, el Consejo Superior de la Judicatura trabajará ahora en conformar los 65 despachos restantes y su planta de personal. Para este tribunal, la Jurisdicción Agraria permitirá garantizar el acceso efectivo a la justicia del campesinado y resolver conflictos relacionados con la propiedad de la tierra para asegurar la sostenibilidad de la reforma agraria en el tiempo.
Con la paz total se ha desescalado el conflicto
Un informe de la JEP establece que ha habido una mejora en los indicadores de seguridad en el último año.
Un revelador informe de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) indica que ha ocurrido un desescalamiento del conflicto armado en el país, según la comparación de cifras entre los primeros 10 meses del 2023 y el mismo período del 2022. Esta es la principal conclusión del estudio, llevado a cabo por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.
El informe, publicado el 24 de noviembre pasado, analiza las cifras de seguridad y la situación de los derechos humanos en Colombia, evaluando el impacto de la política de Paz Total que impulsa el gobierno del presidente Gustavo Petro. Según los datos, los ceses al fuego logrados por el gobierno con diferentes grupos armados sí se han cumplido y han significado una mejora de la seguridad del país. La metodología utilizada incluyó el análisis de 192 medios de comunicación, datos de orga-
nizaciones sociales, cifras de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y datos policiales. Sus principales hallazgos son los siguientes:
Hubo una reducción de ataques armados contra la fuerza pública: Entre enero y octubre de 2023, se registró una disminución del 47 por ciento en los ataques contra las Fuerzas Militares y de Policía.
Hubo menos enfrentamientos armados: se registra una disminución del 32 % en los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y grupos armados.
Se estancaron los enfrentamientos entre grupos armados: Hubo una ligera disminución del 2 % entre choques entre grupos armados ilegales. Se destaca que
el ELN y el Clan del Golfo encabezaron la mayoría de los combates.
Se cumplió el cese al fuego de las disidencias: El 77 % de los frentes del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC han cumplido los ceses al fuego.
Se cumplió el cese al fuego del ELN: Durante el cese al fuego entre el gobierno y el ELN, solo se registró una operación ofensiva de esa guerrilla contra la fuerza pública.
Hubo una reducción de desplazamientos y confinamientos: Los desplazamientos forzados masivos disminuyeron un 46 % en el 2023, y los confinamientos a las comunidades se redujeron en un 51 %, totalizando 90 mil víctimas menos que el año anterior.
Nuevos riesgos
Sin embargo, el informe de la JEP identificó nuevos riesgos en el mar-
co del conflicto armado. El principal de ellos es el asesinato de líderes sociales de Juntas de Acción Comunal, por el interés de grupos como el ELN, el EMC y el Clan del Golfo de cooptar esos espacios.
Otro factor es la posibilidad de que estos grupos armados capten rentas públicas debido a la contratación directa con las juntas, una posibilidad abierta por el gobierno. Además, se produjo un aumento de secuestros y extorsiones, aunque no está clara la autoría de estos crímenes, pues en los municipios donde se registran no son de injerencia del ELN o del EMC.
Paraíso escondido: La primera zona de Reserva Campesina de Boyacá
Con siete mil hectáreas, en el municipio de Togüí se constituye la duodécima Zona de Reserva Campesina del país.
Maykol Quintero
En Togüí, uno de los municipios del enclave panelero de la hoya del río Saravita o Suárez, se acaba de constituir la Zona de Reserva Campesina de Paraíso Escondido, la número 12 del país. Con cerca de siete mil hectáreas y algo más de dos mil personas, Togüí dejó de ser
Eun anónimo municipio ubicado junto a Moniquirá, para convertirse en el protagonista de esta estrategia de ordenamiento social, ambiental y productivo que ya ha llamado la atención de la institucionalidad agraria, así como de amigos y contradictores de las Zonas de Reserva Campesina. La alta informalidad en la tenen-
cia de la tierra y la apuesta estratégica de protección ambiental de una zona denominada Las Alturas fueron determinantes para que la comunidad y las organizaciones sociales promotoras de la figura de Zona de Reserva Campesina decidieran emprender el proceso para su delimitación y constitución.
El primer elemento fue recogido en el Plan de Desarrollo Sostenible, bajo los programas de dinamización de la economía campesina y de ordenamiento de la territorialidad campesina, reconociendo así la importancia del ordenamiento, titulación y saneamiento de la propiedad rural para favorecer la inversión y producción de las economías campesinas. En materia ambiental, que fue otra de las motivaciones para la constitución de la reserva campesina de Paraíso Escondido, se destaca un programa específico para promover los acuerdos comunitarios ambientales como estrategia de gobernanza y protección de un gran ecosistema de bosque altoandino. Éste funciona como zona de recarga hídrica de los tres ríos que bañan el municipio y que cuenta con un colibrí endémico, así como uno de los robledales mejor conservados de Boyacá.
Este proceso de búsqueda por una herramienta que entregara el protagonismo al campesinado de este municipio predominantemente rural cumple ya más de diez años de trabajo del Comité de Impulso de la Zona de Reserva Campesina y de las comunidades comprometidas con la figura. En esta labor, afrontaron amenazas, la displicencia de funcionarios de otros gobiernos y una tremenda estigmatización. Sin embargo, lograron posicionar a Togüí como un referente para el campesinado que, aunque no habite baldíos o en zonas sensibles de conflicto armado, decidió planificar su territorio.
Hoy esta comunidad campesina se encuentra en diálogo constante con el gobierno nacional para planificar la implementación de su Plan de Desarrollo Sostenible y la armonización de este instrumento con los de planeación territorial y municipal, así como con las apuestas del Plan Nacional de Desarrollo, teniendo claro que solamente la organización hará posible la construcción y consolidación de esta territorialidad en este y otros contextos que se le presenten a las Zonas de Reserva Campesina del país.
Apoyo financiero a familias cafeteras del cauca
Se invertirán más de seis mil millones de pesos para beneficiar a 800 familias campesinas de nueve municipios.
l Ministerio de Agricultura, a través de la Agencia de Desarrollo Rural, otorgó un respaldo a la cadena de café de los municipios de Cajibío, Caldono, El Tambo, Morales, Patía, Piendamó, Rosas, Silvia y Timbío, en el departamento del Cauca, con una inversión de 6.121 millones de pesos.
Esta iniciativa beneficiará a cerca de 800 familias campesinas vinculadas a la Asociación Nacional de Campesinos de Colombia (ANUC), consolidando así el compromiso del gobierno nacional con la reforma agraria.
La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, reconoció la importancia de las asociaciones campesinas como impulsoras fundamentales de la reforma agraria. Dijo que esta inversión es “una deuda del Esta-
do con una población que ha enfrentado los desafíos de la guerra”.
El proyecto tiene como objetivo fortalecer la agroindustria y el sector rural colombiano mediante el impulso de la producción de café. Se contempla la dotación de nueve centros de acopio, la implementación de un plan de asistencia técnica productiva y ambiental, y el fortalecimiento asociativo. La apuesta es mejorar las habilidades y capacidades de los productores, contribuyendo así al desarrollo sostenible de la región.
Luis Higuera, presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, pidió perdón a los campesinos por los crímenes cometidos en su contra en el marco del conflicto armado. Y destacó que el apoyo que viene brindando el actual
gobierno es una manera de reparar el daño causado y de reconocer a estas comunidades como la base de la reforma agraria.
La implementación de esta iniciativa cobijará varias localidades caucanas donde el café ha sido por años un motor económico y un dinamizador de la economía
campesina. Se espera beneficiar directamente a 234 familias y de manera indirecta a otras 565. Las entidades del gobierno expresaron su compromiso con el apoyo a proyectos integrales de desarrollo agropecuario de alto impacto para fortalecer la economía campesina, familiar y comunitaria.
Fotografía Togüi Fotografía
INTERNACIONAL Palestina: un pueblo campesino despojado de su tierra
Por David Moreno
Desde el 7 de octubre, el mundo presencia aterrado el cruel genocidio perpetrado por el Estado de Israel contra la Franja de Gaza, un pequeño territorio donde se aglomeraban cerca de dos millones de palestinos.
Esta tragedia es la continuación de un proceso de más de 75 años, en el que la ocupación violenta por parte de colonos israelíes ha ido desplazando al pueblo palestino y apoderándose de su tierra. Se trata de un genocidio porque no solo se asesina y se tortura sin contemplación a decenas de miles de personas, sino que se expulsa de su tierra a las comunidades, destruyéndolas junto con sus valores y sus tradiciones. El pueblo palestino ha sido históricamente agricultor, y resiste también a través de la organización de los campesinos en defensa de la tierra, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola (UWAC, por su sigla en inglés).
Por esta razón, el movimiento de liberación palestino reconoce al campesinado como un baluarte
de la sociedad y un pilar de la economía. No es casualidad que uno de los símbolos más representativos del pueblo palestino sea el pañuelo conocido como kufiya o hatta, una prenda típica de los trabajadores del campo. La política de Israel roba los recursos naturales, impone un bloqueo estricto y controla todo lo que se exporta o importa en las zonas donde aún existe población palestina. Además, constantemente arranca los árboles frutales y los olivares, que son la base de la economía agraria palestina, que además sufre por la escasez de agua, monopolizada por Israel. Los ocupantes, para acabar con los
campesinos de Palestina, también se apropian de la tierra para usos militares. De hecho, el treinta por ciento de las tierras más fértiles para el cultivo tienen uso militar. Igualmente se hacen expropiaciones de tierras de los palestinos para construir cualquier infraestructura que beneficie a los israelíes.
Los palestinos deben importar todo lo necesario para la producción agrícola, e Israel cobra impuestos muy altos por esos productos. Las importaciones suelen ser de productos israelíes de escasa calidad y altos precios, como los abonos. Como remate, Israel introduce sus propios pro-
ductos, cultivados en tierras ocupadas, muchísimo más baratos. Los campesinos que resisten y que todavía tienen tierras se exponen a los ataques del ejército israelí o de los mismos colonos, que tienen autorización para usar y disparar sus armas de guerra contra los palestinos sin ningún problema. La agricultura urbana se ha ganado un lugar como posibilidad de garantizar algunos alimentos a la población. Incluso entre los escombros de los bombardeos, se siembran y cuidan huertas caseras.
El movimiento campesino, en medio de enormes dificultades, ha logrado a través de los años fomentar la producción familiar, los mercados y el comercio locales, con cooperativas de pollos, miel y hortalizas, y articulándose con otros movimientos de resistencia campesina a nivel regional e internacional, fundamentalmente a través de La Vía Campesina.
Hay que alimentar la solidaridad con el pueblo palestino. Conozcamos y difundamos su realidad, y apoyemos sus luchas desde nuestros propios escenarios.
Milei: un desafío para la democracia argentina
A cuarenta años del fin de la última dictadura militar, un negacionista de las violaciones a los derechos humanos arriba a la presidencia.
Este 10 de diciembre se configura como un día trascendental para la democracia argentina, marcado por un hito histórico y la incertidumbre que plantea el ascenso de Javier Milei a la presidencia del país. El acontecimiento histórico se remonta al 10 de diciembre de 1983, cuando Raúl Alfonsín asumió la presidencia, poniendo fin a una dictadura militar que dejó un doloroso legado de violaciones a los derechos humanos, con miles de desaparecidos, torturados y asesinados desde su inicio en 1976.
Desde entonces, Argentina ha experimentado diversos gobiernos democráticamente elegidos, aun-
que algunos se vieron truncados por crisis económicas y sociales, como el adelanto del mandato de Alfonsín en 1989 y la renuncia de Fernando de la Rúa en el 2001 ante masivas protestas ciudadanas.
En una entrevista para la cadena BBC, la politóloga Victoria Murillo destacó como principal logro de estos 40 años de democracia el hecho de que, a pesar de los múltiples desafíos, los problemas se han resuelto por la vía institucional. Sin embargo, este diciembre marca un quiebre con la posesión de Javier Milei, un economista de extrema derecha que se autodenomina “libertario”, quien asume la presidencia con un 56,6 por
ciento de los votos obtenidos en la segunda vuelta y con un discurso abierto de confrontación con la institucionalidad democrática.
La llegada al gobierno de Milei plantea interrogantes sobre el rumbo que tomará el país, especialmente en lo que respecta a valores fundamentales y consensos históricos. Su posicionamiento como el primer presidente argentino que cuestiona el consenso contra los crímenes de la dictadura genera inquietudes sobre el respeto a los derechos humanos y la memoria histórica. La politóloga Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Co-
lumbia, reflexiona sobre el papel que puede desempeñar Milei en el futuro de la democracia argentina. Plantea la posibilidad de que su presidencia represente un desafío para las instituciones democráticas. La retórica antisistema y su enfoque económico “libertario”, que aboga por la reducción del tamaño del Estado y la apertura económica, podrían generar tensiones en un país acostumbrado a políticas más intervencionistas.
El ascenso de Milei también suscita preocupaciones sobre la estabilidad política y social. Argentina enfrenta desafíos económicos, una alta inflación y una deuda externa significativa.
Fotografía Cetim
INTERNACIONAL
Construimos soberanía alimentaria para garantizar un futuro para la humanidad
Declaración de la Octava Conferencia de la Vía Campesina. Bogotá, 8 de diciembre de 2023.
Más de 400 delegados de La Vía Campesina, en representación de 182 organizaciones y movimientos en 81 países, junto con aliados, se reunieron en Bogotá, Colombia para celebrar nuestra VIII Conferencia Internacional del 1 al 8 de diciembre de 2023.
Nosotros, los campesinos, trabajadores rurales, sin tierra, pueblos indígenas, pastores, pescadores artesanales, habitantes de los bosques, mujeres rurales, jóvenes y diversidades y otros pueblos que trabajan en el campo alrededor del mundo y unidos dentro de La Vía Campesina, declaramos que “Ante las crisis globales, construimos la soberanía alimentaria para garantizar un futuro para la humanidad”. Hacia un sistema alimentario justo y decente para todos, reconociendo las necesidades de los pueblos, respetando la naturaleza, anteponiendo las personas a las ganancias y resistiendo la captura corporativa.
La VIII Conferencia se produce en un momento en que los movimientos sociales colombianos celebran una gran victoria política, la creación de una jurisdicción agraria y el reconocimiento constitucional de los campesinos como sujetos políticos con derechos. Nuestra participación en el monitoreo y seguimiento del acuerdo de paz en Colombia nos inspira como campesinos a seguir construyendo la paz en el mundo.
Durante las últimas tres décadas, hemos luchado sin descanso contra la mercantilización de los alimentos y la naturaleza, y por la justicia social, la dignidad y el reconocimiento de nuestros derechos. Colectivamente, junto con nuestros aliados, hemos avanzado en la construcción de la soberanía alimentaria, impulsamos reformas del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial para que nuestras voces campesinas fueran escuchadas, asumimos el feminismo campesino popular como herramienta de lucha contra el patriarcado y popularizamos la agroecología
campesina como respuesta al calentamiento global y como forma de producir alimentos saludables en armonía con la naturaleza. Un logro fundamental de estos años fue la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales y la aprobación de un mecanismo especial en la ONU para fortalecer su implementación y seguimiento. En todos estos años, nuestra consigna rectora y unificadora ha sido globalizar la lucha, globalizar la esperanza.
Hoy vivimos en medio de crisis simultáneas, intensas y prolongadas. La crisis estructural del sistema capitalista, la crisis climática, ambiental y sanitaria han llevado al planeta a un estado de emergencia que amenaza la vida de la humanidad y otras formas de vida en la Tierra. La crisis sanitaria de la COVID-19 generó una desorganización masiva y un aumento de las desigualdades en todo el mundo. Así, la barbarie emerge en forma de odio, violencia, represión y fascismo: las élites dominantes convencen a las clases populares mediante la desinformación, la manipulación y el odio.
Aquellos que nos explotan a nosotros y a los pobres y se apropian de todos nuestros recursos, están financiando la limpieza étnica, los genocidios y los asesinatos mediante guerras en Yemen, Palestina, Haití, Chiapas, Siria, Libia, Sudán, Ucrania y muchos otros países y regiones. Millones de habitantes del campo se ven obligados a migrar, muchos pierden la vida y otros viven sin dignidad como refugiados.
Hemos fortalecido la solidaridad como piedra angular de la justicia social y los derechos humanos. Nos solidarizamos con el pueblo de Palestina y su lucha por la autodeterminación contra la ocupación ilegal israelí. ¡Condenamos la guerra genocida en curso en Palestina y pedimos un alto el fuego inmediato! Así, La Vía Campesina se suma al boicot a la COP28 en curso
en Dubái, destacando también la hipocresía del gobierno anfitrión.
Nos solidarizamos con nuestras organizaciones miembros en Haití, Níger, Sudán y con todos los pueblos afectados por conflictos en Irak, Chiapas, Myanmar, Ucrania, Libia, Siria, Eritrea y muchos otros países en situaciones similares.
Denunciamos la continuación del criminal bloqueo impuesto a Cuba por Estados Unidos. También apoyamos plenamente al pueblo venezolano en su exigencia de que se levante el bloqueo y en su defensa de la Revolución Bolivariana.
Afirmamos nuestro apoyo y solidaridad con las víctimas de la crisis climática y de los desastres naturales que afectaron a Turquía, Marruecos, Nepal, Libia y muchos otros países. Ante múltiples crisis globales, estamos construyendo la soberanía alimentaria para garantizar un futuro para la humanidad.
Hoy más que nunca sabemos que la soberanía alimentaria, la agroecología campesina y el feminismo campesino y popular son las soluciones para fortalecer los sistemas alimentarios locales, esenciales en la lucha contra el hambre, la crisis climática, el capitalismo verde y sus falsas soluciones y a favor de la salud, la alimentación, la preservación de la biodiversidad, el respeto a los derechos de campesinos y trabajadores, y la construcción de un mundo de justicia, igualdad y paz.
Seguiremos defendiendo los sistemas de semillas campesinos e indígenas y confrontando la implementación de tratados multilaterales para el acceso a las semillas, abogando contra la biopiratería y el patentamiento de semillas.
Reafirmamos nuestro compromiso con la causa de los trabajadores rurales en la defensa de los derechos laborales y sociales, la lucha contra el modelo agroindustrial y la criminalización, así como por políticas globales de derechos campesinos que prevengan la mi-
gración forzada y garanticen derechos a quienes deciden emigrar.
La Vía Campesina es un movimiento único arraigado en la diversidad y la fuerza de sus organizaciones miembros en todo el mundo. Seguimos construyendo un movimiento más fuerte y más grande: en esta conferencia celebramos la incorporación de la décima región: Región Árabe y Norte de África.
En nuestro movimiento estamos convencidos de que el feminismo campesino y popular es nuestro camino de lucha contra el patriarcado y por la igualdad, y que la diversidad está en el centro de la soberanía alimentaria en todos los territorios. Anunciamos la creación de nuestra Articulación Internacional de las Diversidades, hombro con hombro a la lucha feminista. En la lucha contra el patriarcado, los hombres de La Vía Campesina seguiremos construyendo un espacio de estudio y autorreflexión asumiendo compromiso y responsabilidad.
Centraremos nuestras acciones en los jóvenes, ya que ellos son nuestra esperanza de un presente y un futuro mejores. Por lo tanto, aumentaremos la participación y representación de los jóvenes en los espacios de toma de decisiones.
Nos comprometimos a construir solidaridad en todos los niveles. Es por eso que estamos comprometidos a seguir fortaleciendo y ampliando nuestras alianzas.
Después de 30 años, avanzamos en la construcción de soberanía alimentaria y esperanza. Junto con el creciente reconocimiento del campesino como sujeto político, saludamos la recampesinización, que guía la voluntad de muchos de regresar a la tierra. Celebramos las victorias de los movimientos campesinos en todo el mundo. Unidos en la diversidad, continuamos organizándonos, movilizándonos y avanzando para garantizar un futuro para la humanidad.
MEMORIA
Álvaro Villarraga: Historia de una identidad por la paz
El hombre que ha conseguido instalar una narrativa por la memoria y por las víctimas de la violencia sociopolítica.
Los procesos de construcción de memoria histórica han tenido un nuevo aire en el 2023, lo que permite hablar de avances importantes en procesos de esclarecimiento de la verdad y de reparación simbólica a las víctimas. Un balance presentado recientemente en un evento de la Dirección de Construcción de Memoria Histórica (DCMH) del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) muestra que se completaron ciento veinte experiencias de acción colectiva de memoria histórica y aportes al esclarecimiento con participación de las víctimas.
Se suma el hecho de que se recuperó la capacidad de elaboración de informes de esclarecimiento de la verdad en el último año, hay un nuevo desarrollo en la política de investigación sobre memoria histórica y se realizaron doce nuevas investigaciones.
De igual forma, la estrategia «Iniciativas de Memoria Histórica» realizó 69 procesos de acompañamientos a víctimas y comunidades afectadas, además de víctimas nacionales en el exilio. En la «Estrategia de reparaciones», se apoyaron 33 ejercicios con colectivos de víctimas en cum-
plimiento de fallos judiciales o de planes integrales de reparación colectiva. Y la estrategia de «Lugares de Memoria» acompañó seis procesos regionales.
Todos estos logros tienen un nombre en común, Álvaro Villarraga Sarmiento, el director de la DCMH, quien tiene un largo recorrido en el mundo de la memoria histórica y los procesos de paz, además del estudio juicioso de fenómenos como el paramilitarismo, las guerrillas y la situación política y social de Colombia. Decir que Villarraga es de las personas con más conocimiento y análisis sobre el conflicto armado colombiano y sobre los procesos de paz es quedarse corto en la apreciación.
Álvaro es, por mucho, quien más ha pensado estos procesos desde las instituciones públicas, desde las investigaciones y desde la ejecución de políticas públicas que le permiten al país contar con él como un referente intelectual y, también, como un ser humano excepcional. Hablar sobre Álvaro es soñar con un país en un contexto de paz y democracia. Él mismo es un protagonista de la paz, cuando pudo más su capacidad crítica, que le condujo a dejar las armas del Ejército Po-
pular de Liberación (EPL) para forjar los albores de los puntos que se recogieron en la nueva constitución política de 1991, que emergía producto de la Asamblea Nacional Constituyente, de la que él fue protagonista también.
Fue integrante de la Comisión Especial Legislativa de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Posteriormente, asesor de entes estatales como la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Defensoría del Pueblo. Directivo de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y actualmente del Centro Nacional de Memoria Histórica. Delegado ante el Consejo Nacional de Paz e integrante de diversas misiones y comisiones humanitarias y de paz.
Se enfrentó a un reto enorme al ser miembro de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación entre el 2006 y el 2011, donde estuvo como director del área de Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR) en un momento clave para el país. En el 2012, se le encargó la tarea de diseñar e implementar, nada más y nada menos, que el Mecanismo No Judicial de Contribución a la Verdad que desde el Centro Nacional de Memoria Histórica tenía como objetivo la escucha para la investigación y el esclarecimiento de la verdad de más de doce mil personas desmovilizadas de grupos paramilitares y, a partir de allí, analizar la información para convertirla en publicaciones para el esclarecimiento de la verdad y contribuir a la memoria histórica.
Ahora, dada la nueva situación del país, se le encargó la misión de reconstruir la memoria histórica y de divulgarla, de nuevo desde el CNMH y ahora desde la Dirección de Construcción de la Memoria Histórica, que ha tenido un giro importante a partir de su trabajo en la elaboración de investigaciones e informes de esclarecimiento, en el fortalecimiento de las iniciativas de memoria histórica que acompañan a innumerables
víctimas y comunidades afectadas en muchos departamentos y en el exilio, en publicaciones sobre historias locales, y en su trabajo de fortalecer una estrategia de reparaciones que acompaña a colectivos de víctimas en cumplimiento de fallos judiciales.
Entre un año y otro, Álvaro Villarraga ha conseguido instalar una narrativa por la memoria y por las víctimas de la violencia sociopolítica; reputación que lo ha convertido en uno de los «hombres de la paz y por la paz». Formado como politólogo, hace más de veinte años creó la importante Fundación Cultura Democrática, que aporta a la defensa de los derechos humanos, la paz, la resolución pacífica de los conflictos y el respeto del medio ambiente.
Hablar de Álvaro Villarraga es reconocer a un ser humano especial en sus cualidades. Hablar de él como investigador es no dejar de reconocer que por sus manos han pasado innumerables investigaciones y que ha sido autor o compilador de más de veinte artículos de análisis y libros como “Para reconstruir los sueños: Una historia del EPL”; “Experiencias históricas recientes de reintegración de excombatientes en Colombia”; “Derecho internacional humanitario en Colombia”; y “Biblioteca de la paz”.
Álvaro Villarraga piensa antes de hablar, es como si hablara editando. No es un hombre silencioso. Por el contrario, cuando inicia una conversación, ella se vuelve una clase de economía, de ciencias políticas, de derecho internacional humanitario, y un poco, también, de la vida. Pero no hay que equivocarse con él, su espíritu conversador, su capacidad de buen negociador en procesos de paz y su alma noble no lo detienen en su propósito por alcanzar la justicia de las víctimas en particular, y de todas las personas en diferentes ámbitos laborales y personales, en general. Lo único que él no tranza es la justicia.
Fotografía CNMH
MEMORIA
La estigmatización, el arma de guerra de los Paramilitares contra las comunidades del sur del Cesar y la provincia de Ocaña
El Centro Nacional de Memoria Histórica presenta el informe de esclarecimiento de la verdad sobre el Frente Héctor Julio Peinado Becerra del Bloque Norte de las AUC: “Violencia y estigmatización social en el sur del Cesar y en la provincia de Ocaña”.
Una huella de violencia y estigmatización contra las comunidades en el sur del Cesar y en la provincia de Ocaña fue uno de los mayores impactos del accionar del Frente Héctor Julio Peinado Becerra, grupo paramilitar desmovilizado en 2006 en San Martín, Cesar.
Se trata de uno de los aspectos registrados por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en el informe de esclarecimiento de la verdad, “Violencia y estigmati-
zación social en el sur del Cesar y en la provincia de Ocaña”, un revelador documento que arroja luz sobre los contextos y circunstancias relacionados con el accionar de este frente en la región.
Contexto y trayectoria
La investigación detalla la génesis del Frente Héctor Julio Peinado Becerra desde mediados de la década de los ochenta, vinculándolo al surgimiento de grupos paramilitares operados por familias locales.
Organizaciones como el Grupo de los Prada y el Grupo 20 de Julio surgieron en respuesta a las nuevas organizaciones sociales y alternativas políticas, estigmatizándolas como amenazas al orden local. Este contexto se ofrece como parte de los procesos de apertura democrática del país, así como de las movilizaciones sociales, especialmente la del Paro de Nororiente de 1987. El informe también detalla cómo estas estructuras colaboraron con otras como el Bloque Central Bolívar y el Bloque Norte con el fin de mantener el dominio territorial de algunos municipios del Sur del Cesar y de la provincia ocañera.
Violencia dirigida a la población civil
El informe evidencia que este frente dirigía su violencia principalmente hacia la población civil estigmatizada como insurgente. Esto se refleja en la desarticulación de organizaciones sociales, en las persecuciones y los asesinatos de líderes políticos en las décadas de los ochenta y noventa, accionar que afectó negativamente la participación democrática de los ciudadanos, creando un ambiente de miedo que persiste en la región.
El despojo de tierras, especialmente en áreas de proyectos de agroindustria, particularmente de la palma de aceite y la gana-
dería, generó desplazamiento forzado, masacres y torturas, destacando casos como las masacres de Puerto Patiño y las ocurridas en Barrancabermeja.
El informe señala que este frente recurrió a la inclusión de “Vinculados con fines de desmovilización”, es decir, que personas ingresaron al grupo para aumentar la cifra de excombatientes, sugiriendo una intención de ocultar acciones al reemplazar paramilitares experimentados con reclutas recientes.
Resistencias y memoria
A pesar de la violencia sufrida por las comunidades víctimas, el informe destaca las iniciativas de memoria y resistencias de sus organizaciones. Estas han operado como elementos articuladores de intereses e identidades, permitiendo a las comunidades ejercer agencia sobre el dolor sufrido.
El informe “Violencia y estigmatización social en el sur del Cesar y en la provincia de Ocaña” es producto del trabajo de la aplicación del Mecanismo No Judicial de Contribución a la Verdad, por parte de la Dirección de Acuerdos de la Verdad, con base en 75 entrevistas de excombatientes y 95 testimonios de víctimas recopilados entre 2013 y 2021, con el fin de contribuir al esclarecimiento de un capítulo doloroso de la historia colombiana.
Fotografía CNMH
Fotografía Olla Comunitaria en un parque de Ocaña
MEMORIA
Se cumplen 75 años de la declaración Universal de los derechos humanos
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por las Naciones Unidas en 1948, es considerada el acuerdo internacional más importantesobre la materia.
El 10 de diciembre de 1948 marcó un momento histórico, pues se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un tratado que transformó el panorama de los derechos humanos tras la barbarie que significó el nazifascismo y la Segunda Guerra Mundial. En el 75 aniversario de esta declaración, es pertinente valorar su significado y vigencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por las Naciones Unidas, es considerada el acuerdo internacional más importante sobre la materia. En un mundo marcado por los estragos de la Segunda Guerra Mundial, este documento sentó las bases de las normas esenciales de derechos humanos, proclamando que todos nacemos iguales y poseemos derechos universales e indiscutibles.
Hugh Williamson, directivo de Human Rights Watch, destaca la esencia de la declaración: la igualdad inherente y los derechos desde el nacimiento de todo ser humano. Este tratado ha sido el cimiento para numerosos acuerdos y tratados que abordan diversas cuestiones, desde los derechos del niño hasta la discriminación por género.
Cuando la declaración fue adoptada, en 1948, sólo 58 miembros de las Naciones Unidas estaban presentes, de los cuales 48 votaron a favor. Hoy, son más de 190 países los que la han suscrito, y muchos han ratificado tratados vinculantes basados en sus principios. Sin embargo, sigue siendo un reto su materialización.
A pesar de los avances, persisten desafíos significativos en materia de derechos humanos. Hugh Williamson advierte que principios fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de reunión y el derecho a la manifestación están siendo violados en todo el mundo. En Europa, por ejem-
plo, la situación de los refugiados y la discriminación son cuestiones que requieren atención.
Cecilia Marcela Bailliet, experta en derechos humanos, subraya que la Unión Europea no es un ejemplo perfecto en cuanto al respeto de los principios de la declaración. La restricción de la circulación de personas en Europa ha llevado a violaciones procesales y, en algunos casos, a tratos inhumanos que equivalen a tortura.
Jean-Claude Samouiller, de Amnistía Internacional, destaca situaciones alarmantes en todo el mundo, desde retrocesos en el derecho al aborto hasta violaciones sistemáticas de los derechos humanos en zonas como los territorios palestinos ocupados.
A pesar de los desafíos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un proceso de emancipación vigente y relevante. En un mundo donde la guerra y la destrucción siguen latentes, la educación en derechos humanos, incluyendo la enseñanza de la declaración, es clave para el respeto de los derechos.
Sin embargo, hay que resaltar que hoy, 75 años después, hay más respeto por los derechos humanos que el que había en 1948. Este proceso incluye la vinculación de nuevos derechos, como el reco-
nocimiento del derecho a un medio ambiente limpio y sostenible.
En el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es fundamental reflexionar sobre los logros y los desafíos. El derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, sigue siendo crucial. La defensa de este derecho permite reivindicar todos los demás y protege a aquellos que luchan por los derechos en entornos autoritarios.
Aunque la declaración fue creada en un momento específico, sus principios perduran en un mundo cambiante. Es un faro de esperanza en medio de los desafíos contemporáneos. Para construir un futuro donde la paz y la dignidad humana prevalezcan, la educación en derechos humanos y su defensa permanente son esenciales.
¿Qué incluye la declaración?
La Declaración Universal de los Derechos Humanos surgió como respuesta a los horrores de la guerra y del Holocausto, así como a la necesidad de establecer principios que protegieran la dignidad humana. Consta de 30 artículos que abordan una amplia gama de derechos y libertades. Estos derechos se dividen en categorías, como derechos civiles y políticos; y los derechos económicos, sociales y culturales.
Entre los derechos y principios fundamentales, se encuentran el derecho a la vida, la libertad y seguridad personal, la prohibición de la tortura y la esclavitud, el derecho a un juicio justo, la libertad de expresión, el derecho al trabajo, la educación y la participación en el gobierno.
Estos derechos son aplicables a todas las personas, en todas partes, sin discriminación alguna. Además, los derechos civiles y políticos están interrelacionados y son indivisibles de los derechos económicos, sociales y culturales. La idea es que todos los derechos son igualmente importantes y deben ser tratados como un conjunto coherente.
La Declaración ha servido de base e inspiración para numerosos tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos. Muchos países han adoptado constituciones y legislaciones nacionales que reflejan sus principios.
El 10 de diciembre de cada año se celebra el Día de los Derechos Humanos, conmemorando la adopción de la declaración. Este día brinda la oportunidad de reflexionar sobre los avances logrados en materia de derechos humanos y los desafíos que aún persisten, como la discriminación, la violencia, la pobreza y la falta de acceso a la educación y a la salud.
Fotografía ONU
MEMORIA
Memoria de un periodismo valiente
El legado de Guillermo Cano convoca a honrar un ejercicio periodístico comprometido con la verdad. Su determinación y coraje contra los poderosos son faro para la búsqueda de un mejor país.
El 17 de diciembre de 1986, Bogotá se sumió en la oscuridad de la tragedia. Guillermo Cano Isaza, director del diario El Espectador, fue asesinado, marcando un hito lúgubre en la historia del periodismo colombiano. Una fecha que no sólo nos recuerda la pérdida de un destacado periodista sino que también plantea la necesidad de honrar su legado de valentía, compromiso con la verdad y lucha incansable por la justicia.
Han pasado tantos años desde aquel fatídico día, pero la memoria de Guillermo Cano persiste, inalterada por el tiempo. Su vida dedicada al periodismo lo convirtió en testigo de la historia de Colombia durante sus más de treinta años como director de El Espectador. En un país atrapado por conflictos, Cano y su periódico se erigieron como defensores de las voces olvidadas, desafiando a la impunidad y abogando por la justicia.
Desde sus primeros años como periodista, Cano destacó por su compromiso con la libertad de prensa. En 1958, durante la oscura era del Estado de sitio, reflexionó sobre su dualidad como ciudadano y periodista: “Si como ciudadano me ha correspondido pertenecer a la generación del Estado de sitio, como periodista me ha tocado formar en las filas de la generación del periodismo sitiado”. Este compromiso temprano sentó las bases de su carrera, marcada por desafíos como la censura de prensa, la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla y el cierre del periódico en 1956.
La década de 1970 fue testigo del auge del periodismo investigativo en El Espectador. Cano, imbuido del espíritu del Watergate en Estados Unidos, enfrentó los desafíos del Frente Nacional y de la contrarreforma agraria signada en el Pacto de Chicoral. También cubrió el primer Paro Cívico Nacional, ocurrido en septiembre de 1977 y que evidenció el desencanto popular con la gestión del gobierno.
Su capacidad para abordar cuestiones tanto políticas como de-
portivas o judiciales demostró su versatilidad y su compromiso con la verdad en todos sus ámbitos. Se recuerda que uno de sus pasatiempos preferidos fue el fútbol. Disfrutaba tanto verlo, como practicarlo y escribir sobre él. Se le reconoció como un furibundo hincha del Club Independiente Santa Fe.
Su periodo como director también se destacó por la constante formación de periodistas y editores, guiándolos en una época de cambios en la comunicación, con una profunda influencia del Watergate, el famoso escándalo de espionaje ilegal encubierto por el gobierno estadounidense, revelado por una investigación periodística que se convirtió en paradigma del oficio.
La década de 1980 presentó nuevos desafíos con el auge del narcotráfico. Cano, siempre firme en su posición, denunció la burla a la justicia y la impuni-
dad que rodeaba a figuras como Pablo Escobar. El compromiso de Cano con la verdad lo llevó a enfrentarse a los poderes establecidos, incluso a los grupos económicos y al narcotráfico.
Encabezó una investigación titulada “Emporio de cocaína, muerte y dólares”, publicada el 5 de diciembre de 1986, y que develó la estructura y funcionamiento del Cartel de Medellín, la nefasta mafia que ordenó su muerte, concretada cuando, la noche del 17 de diciembre de 1986, disparó contra su humanidad a las afueras de la sede de su periódico. Sin embargo, su voz perdura en su último editorial, “Navidades negras”, donde expresó su convicción por la alegría de la Nochebuena a pesar del dolor que la violencia infligía al país.
El asesinato de Guillermo Cano no solo marcó una tragedia personal, sino que inauguró una
oscura época de violencia e impunidad contra los medios de comunicación, especialmente El Espectador. La lucha de este periódico por mantenerse en pie fue un acto de valentía, que lo llevó a enfrentarse a amenazas, asesinatos y exilios. La memoria de Cano se convierte así en un faro contra el olvido, la desesperanza y la impunidad que se intentaron imponer en esos aciagos años.
En la antesala de cada Navidad, el 17 de diciembre se erige como un recordatorio de su sacrificio. Guillermo Cano, con su determinación y coraje, se convierte en un faro que ilumina el camino hacia la justicia y la verdad, invitándonos a resistir contra la impunidad y a honrar su legado en la lucha por un periodismo libre y una sociedad justa.
Fotografía El Espectador
OPINIÓN Reformas
sociales y campesinado
Por Eder Maylor Caicedo
Con la aprobación de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes, se avanza en la propuesta de crear los Centros de Atención Primaria en Salud, entidades que constituirán la puerta de entrada al sistema de salud. La implementación de este modelo beneficiaría, principalmente, a la población que se encuentra en zonas rurales donde es precaria la presencia estatal, pues primarán los criterios de cercanía y accesibilidad geográfica con el establecimiento de equipos de salud territorial, que prestarían un servicio directo a las comunidades. Se acabaría, de esta forma, el reinado de las empresas promotoras de salud (EPS) que atienden -a medias- en las ciudades y limitan el servicio en los campos colombianos.
La reforma a la educación -que va viento en popa en el Congreso- favorecerá, especialmente, a los campesinos colombianos, al
“Este es un momento crucial para mejorar la calidad de vida de los campesinos. No podemos permitir que por embelecos jurídicos e intereses que benefician a la oligarquía se tranque el futuro de Colombia. Decididamente, debemos apoyar las reformas sociales emprendidas por el gobierno del cambio”.
garantizar la educación gratuita en todos los niveles oficiales. Para nadie es un secreto que la población urbana es la que mayormente accede al sistema educativo. Por mencionar un ejemplo: en el Litoral Pacífico sólo el 24 por ciento de los jóvenes acceden al sistema de educación superior, es decir, casi el 80 % no pasa a estudiar una carrera técnica o profesional. Con la propuesta del gobierno, se busca la universalidad en el acce-
so, sin ningún tipo de discriminación y rompiendo las brechas de desigualdad en los territorios.
La reforma laboral, por su parte, permitirá instaurar un régimen especial para el campo, que incluye la creación de contratos agropecuarios de vinculación para la realización de “actividades permanentes, transitorias, estacionales en virtud de los ciclos productivos o de tempora-
De la paz total a la paz territorial
da, continuas o discontinuas en labores propias de la actividad”. Otro punto crucial es el establecimiento del “jornal agropecuario”, que busca establecer prestaciones sociales, beneficios legales y estandarizar el pago por su trabajo a los campesinos, que en la actualidad no tiene una base sobre la cual establecerse. Esta reforma es uno de los avances más merecidos para el campesinado colombiano, pues la inestabilidad laboral y la vulneración a los derechos laborales de los trabajadores del campo son el pan de cada día.
Este es un momento crucial para mejorar la calidad de vida de los campesinos. No podemos permitir que por embelecos jurídicos e intereses que benefician a la oligarquía se tranque el futuro de Colombia. Decididamente, debemos apoyar las reformas sociales emprendidas por el gobierno del cambio, que traerán una transformación estructural en la perspectiva de país.
Por Aiden Salgado Cassiani
La propuesta del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez de lograr una Paz Total tiene un sólido respaldo jurídico en el artículo 22 de la Constitución Nacional: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Implementar este principio significa cumplir verdaderamente con la Carta Magna, a la cual ambos, presidente y vicepresidenta, juraron obedecer el 7 de agosto del 2022 al asumir sus roles como mandatarios y jurar defender la Constitución.
Para llevar a cabo este postulado constitucional, es esencial tener en cuenta las condiciones específicas de los territorios rurales, donde el conflicto se intensifica. En este contexto, el gobierno nacional y su equipo de negociación para la Paz Total deben priorizar los acuerdos y las negociaciones en estos territorios, involucran-
do a las autoridades locales y a la comunidad. Para lograrlo, es necesario activar los Consejos Locales o Territoriales de Paz para la reconciliación y la convivencia, no como meras entidades decorativas o burocráticas, tampoco como un órgano desarticulado del gobierno nacional.
Los Consejos Territoriales de Paz para la Reconciliación y la Convivencia cuentan con respaldo jurídico en la Directiva Presidencial 1 del 2 de febrero del 2018, que establece que la política de paz, reconciliación, convivencia y no estigmatización es una política de Estado, permanente y participativa. Deben colaborar de manera coordinada y armónica todos los órganos del Estado y las formas de organización, acción y expresión de la sociedad civil. Esto garantizará que la política trascienda los periodos gubernamentales y refleje la complejidad nacional.
En estos elementos jurídicos, se encuentran las funciones y responsabilidades de estos consejos para lograr, a través de negociaciones o procesos de paz, la conciliación y convivencia a nivel nacional y territorial. Utilizar estos fundamentos legales permitirá poner en marcha los Consejos Territoriales de Paz para la reconciliación y la convivencia, impulsando la “locomotora de la paz” como principal estrategia del gobierno y generando beneficios reales en los territorios.
La dinámica del conflicto colombiano indica que las negociaciones de paz no deben limitarse a los altos mandos de los grupos armados, sino que también es crucial involucrar a las bases y mandos medios. Ejemplos como la negociación con las FARC-EP muestran que resolver los problemas locales es fundamental, ya que la firma de un acuerdo de paz
por sí sola no garantiza la solución de problemas arraigados. La falta de resolución de cuestiones como el tráfico de drogas, armas, economías ilegales, desempleo y falta de oportunidades en los territorios donde las FARC dejaron las armas condujo a la persistencia del conflicto con la intervención de otros actores armados.
Es imperativo que el presidente Petro y la vicepresidenta Francia reconozcan que la paz requiere un esfuerzo significativo, que implica la innovación creativa. Deben contar con las autoridades locales, quienes enfrentan diariamente los problemas del conflicto en sus territorios y son quienes viven y conviven con esa realidad. En palabras del refrán del carnaval de Barranquilla, “quien lo vive es quien lo goza”.
CULTURA ¡Luces, cámara, paz!
Se realizó exitosamente el primer Festival Cine Paz, que reunió una selección cinematográfica que da cuenta de la nueva Colombia que construye reconciliación.
Desde diversas latitudes del país y del mundo, el Festival Cine Paz congregó a más de 30 trabajos audiovisuales, documentales, ficciones, animaciones, cortometrajes y películas que contienen la voz e imagen de la lucha por la paz y la construcción de memoria histórica, con una identidad propia del cine alternativo, comunitario y popular.
En su primera versión, realizada del 24 de noviembre al 8 de diciembre, convocó a organizaciones sociales, productores y agrupaciones audiovisuales en un encuentro alrededor de los contenidos multimedia del cine y el audiovisual. Incluyó rostros y manos de firmantes de paz, campesinos, obreros, comunidades rurales y organizaciones que levantan la claqueta desde veredas y barriadas para narrar sus historias de memoria, paz, resistencia y transformación.
El festival reunió una selección cinematográfica que da cuenta de la nueva Colombia que se levanta tras la firma del acuerdo de paz con las extintas FARC-EP, así como de la disputa cultural por una nueva narrativa del conflicto, la paz y las raíces echadas como semillas desde el cine para la construcción de memoria, la búsqueda de la reconciliación y la no repetición. También como un medio para divulgar las causas y reivindicaciones históricas que han
dado paso a la construcción de paz. La programación tuvo más de diez días de proyecciones gratuitas, que además contó con espacios de formación, talleres, foros, diálogos y espacios de realización y exhibición, que buscaron afianzar a las comunidades narradoras de sus propias historias, con la toma simbólica del territorio con epicentro en Bogotá, en diferentes espacios culturales y sociales icónicos, nacidos de las luchas y reivindicaciones sociales históricas por la paz y la justicia social.
“Sabemos de los esfuerzos inconmensurables para contar historias de resistencia en las que la gente se reconozca y encuentre ahí esperanza. Por eso, quisimos crear las condiciones para coincidir en esta intención de traer este encuentro, que ayude a entender un pedazo de la historia y genere un impacto reflexivo sobre las transformaciones que se han liderado en torno a la paz”, dijo Jessica Santacruz, organizadora del Festival Cine Paz. Esta iniciativa busca plasmar en las pantallas de cine comunitario la esperanza y las trasformaciones que permiten la paz, pero también los retos de la misma; proyectar desde el arte y la cultura popular que el cine es también una trinchera en defensa de la paz. Un laboratorio de creación audiovisual dio inicio al festival, en el marco del cual Jennifer Castañeda y Natalia Monroy presentaron
“16 de mayo”, un cortometraje documental que narra los sucesos ocurridos el 16 de mayo de 1984 en la Universidad Nacional de Colombia. El filme se levanta a partir del testimonio de Elizabeth Díaz y Luis Higuera, que hablan del desalojo de las residencias estudiantiles realizado por organismos del Estado, hecho que fracturó al movimiento estudiantil colombiano y que afectó al sistema público de educación superior del país.
Las directoras resaltaron que “estos espacios de encuentro y divulgación son vitales para el ejercicio de producción audiovisual de memoria histórica del conflicto, trabajar en proyectos que trascienden más allá de las redes sociales, que cada vez que proyectamos en escenarios como estos, nos muestran perspectivas distintas del público, que nos hacen reflexionar en momentos distintos de la historia”.
“Ser realizadores no es trabajo sencillo, pero se busca la manera en que la historia salga a la luz. En nuestro caso, el trabajo de dirección colectiva trajo esos frutos, reconocer en cada uno su experticia y respetar la libertad artística para luego encauzarla en una obra”, agregaron.
Por otro lado, William Ospina, director de La Promesa y Las Siete Puertas, participó con estas obras que cuentan la problemática de
la estigmatización que profiere un sector del país interesado en perpetuar la guerra, así como el difícil camino de narrar una versión diferente de la historia.
Estas películas hacen parte de las secuencias de 24 fotogramas por segundo, de historias que, entre emociones, alegrías y dramas, nos cuentan con la magia que solo el cine posee y que es capaz de llevarnos al pasado, despertarnos en el presente y aterrizarnos en el futuro.
En el marco del festival, y con motivo del Día por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se desarrolló el cine debate “Mujer, cine y resistencia palestina”, que contó con la participación especial de Isabel Rikkers, integrante del colectivo Tadamun Antimili, y quien habló de la importancia de crear más espacios de pedagogía y activismo en torno al genocidio que padece el pueblo de Palestina.
“Hay una negación del conflicto, como lo que ha ocurrido en Colombia, donde no podemos permitir que la mitad de la gente esté odiando a la otra mitad”, dijo Rikkers sobre el tema.
El Festival Cine Paz se proyecta como uno de los escenarios culturales más representativos del cine por la paz, del cine alternativo y comunitario. Busca fortalecer la causa colectiva de los festivales que a lo largo y ancho del territorio colombiano le apuestan a la vida, a la defensa de los derechos humanos y a la justicia social.
Este proyecto fue posible gracias al apoyo de la Secretaria de Cultura de Bogotá y el proceso Transformaciones Culturales para la Paz, la Casa Cultural Alternativa, el Partido Comunes y el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.
Fotografía: Cortesia Festival
