Un salvavidas para la cultura

La cultura se manifiesta en todos los ámbitos. En el lenguaje. En la gastronomía. En las artes. En la infraestructura. En el folklor. Es el ADN de un pueblo, es el sello que nos distingue como nación del resto de los países. Nunca como ahora podría estimarse (y valorarse) el peso que carga una persona, una familia, una sociedad o un país inculto. El peso que se destina para el apoyo del sector cultural –en todas sus manifestaciones– vale su peso en oro. No es un gasto, es una inversión.

Interesante el planteamiento del expresidente Leonel Fernández en una entrevista que publica hoy País Político. Opina, con conocimiento de causa, que no es suficiente designar a un intelectual al frente del Ministerio de Cultura, se necesita a la cabeza de ese aparato tan complejo, a un gerente, un buen administrador, una persona que conozca, que viva y que sienta la cultura. Un ministro que pueda articular acciones que beneficien el desarrollo de la gente y las instituciones, porque sin eso muere la cultura.

El presidente de la Fuerza del Pueblo, probablemente quien más recursos, energía y apoyo asignó a este sector en sus tres períodos, en el primero del 1996-2000 y luego del 2004 al 2012, reconoce el desarrollo que experimentó República Dominicana en los gobiernos de Joaquín Balaguer, períodos en que se construyeron infraestructuras de primer orden como el Teatro Nacional, la Plaza de la Cultura, la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña o el Gran Teatro del Cibao. Fernández sostiene que con esas edificaciones se cumple un primer desafío, dotar a la nación de escenarios idóneos para que puedan luego desarrollar una agenda «viva», dinámica y rica en contenidos.

Es el contenido que vitaliza esos espacios fríos, esos cuartos con dimensiones inmensas que para nada sirven si no se dotan de, por ejemplo, una feria del libro, un festival de cine, de teatro; la Bienal de Artes Plásticas, conciertos de las orquestas sinfónica y filarmónica. Esto tan solo una muestra del movimiento cultural que abarcó cada rincón del territorio nacional. Ley de Cine y Ley del Libro que sustentan, sobre todo la primera, una industria que mueve millones de dólares al año, y que posibilitó el desarrollo de un sector de primer orden.

Apostar a la cultura y a aquello que los especialistas denominaron hace unos años como la «industria naranja» servirá para que el pueblo, la gente, pueda apreciar, valorar, crecer y desarrollarse intelectualmente a un ritmo y niveles comparables al que ha experimentado el país en el renglón de las infraestructuras. Tiene razón Leonel cuando reconoce que en los gobiernos de Balaguer se construyeron obras importantes y que siguen en pie, y no exagera cuando dice que ni antes ni después de sus gestiones se importantizó tanto el sector cultural. ¿Por qué esa indiferencia de sus predecesores y quienes le sucedieron? Se le preguntó: «Eso tiene que ver con el Presidente mismo y a quién se designe al frente del ministerio. Hay que vivir la cultura para entender su importancia».

ESTRATÉGIKA ROSARIO MEDINA GÓMEZ » @ROSARIOMEDINAG

¿En RD importa la buena reputación?

Eso me preguntaba luego de leer en los medios nacionales los recientes casos vinculados con la corrupción, en los que sobresalen nombres que en diferentes momentos estuvieron enlazados, aunque no fueran sentenciados, a casos ventilados en los tribunales de la República Dominicana.

Recientemente, el Ministerio Público ha llevado a cabo apresamientos de funcionarios del gobierno pasado, empresarios, políticos y ciudadanos, todos agrupados en uno de sus casos más emblemáticos, que como todos los que maneja esta gestión de la Procuraduría, lleva un nombre relativo al mundo marino para diferenciarlo ante sus públicos clave.

Se trata del caso Calamar, que ha manchado con su tinta a tres importantes exministros, pero que trae como las olas del mar, nombres que han sonado en otros expedientes judiciales, y que podría evidenciar que hay comportamientos que los integrantes de la sociedad pasan por alto al momento de involucrarse, hacer negocios o atraer a gente a ciertos «proyectos».

Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó, según recoge el periódico Diario Libre, que a través de Calamar, «bajo las instrucciones del Ministro de Hacienda se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario público la cantidad de RD$19,653,871,513.80, por concepto de acuerdos transaccionales».

Por un lado, se involucra a miembros del pasado gobierno, como Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, que venían del ecosistema empresarial; así como Ramón Emilio «Mimilo» Jiménez, principal delator del caso Calamar y según el periódico Listín Diario, «mencionado en los Panama Papers; Ángel Lockward, político, abogado, quien fue relacionado a un desfalco al programa Bonos gas, subsidio del Gas Licuado de Petróleo, en el gobierno de Hipólito Mejía, posteriormente fue descargado del expediente.

Y aparentemente, confirmando mi tesis de que a muchos de los integrantes de la sociedad no les importa el daño reputacional o las conductas corruptas, el mismo período gubernamental en el que enjuciaron a Lockward, lo nombran embajador en Colombia. Siguiendo en el escenario judicial, en el año 2009, es sentenciado a indeminzar al juez José Alejandro Vargas, por difamación e injuria. Mi hipótesis sigue afianzándose.

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Una situación de crisis es esa que arriesga la estructura institucional, la actividad cotidiana, el cumplimiento de responsabilidades y los procesos operativos de la organización, amenazando su existencia misma y sus valores fundamentales, así como su imagen interna y externa.

Sorpresa, falta de información, escalada de efectos secundarios, sensación de pérdida de control, establecimiento de foco de atención, percepción de persecución y ansiedad caracterizan las crisis. Las mismas están clasificadas en: crisis evitables (gracias a las actuaciones cotidianas de forma correcta y oportuna, como informar constantemente, atender la imagen corporativa, etc.), y las inevitables (por ser originadas por accidentes en las instalaciones, desastres naturales y otras situaciones imprevisibles).

A nivel gubernamental:

Cualquier ministerio o institución de Gobierno, incluyendo las locales a nivel de las provincias y municipios, es susceptible de ser impactada, en su imagen corporativa, por diversas situaciones, tales como: información viciada sobre sus iniciativas y prácticas; manejo inadecuado del erario;, daños a las plataformas tecnológicas que lleguen a afectar los servicios ciudadanos que ofrece, quejas de ciudadanos-usuarios por una mala asistencia y datos falsos o incompletos. De igual manera, una vinculación de la persona que dirige con alguna crisis gubernamental, política u organizacional, una denuncia pública de una determinada irregularidad en los procesos que debe seguir, así como un trascendente accidente de riesgo laboral, entre otras.

Cada organización que responde a funciones públicas, al servicio del pueblo, en mayor o menor grado, tiene la obligación de responder acertadamente a cada caso, minimizando los efectos en la crisis y protegiendo los intereses tanto de los ciudadanos –sobre todo de los más vulnerables– como del Gobierno, sin que ambos objetivos choquen entre sí.

Es fundamental un manejo cuidadoso de la comunicación, que avale la difusión, regulación, monitoreo y control del impacto de la situación de crisis, conservando una imagen segura, coherente, creíble, confiable y veraz.

La implementación de un manual de crisis permite a quienes integran el Comité de Gestión de la Comunicación en Situaciones de Crisis (formado con anticipación y con claridad de funciones y responsables) cumplir su rol ante el momento que apremie. Como herramienta, este necesitará ser actualizado de forma periódica, pero a partir de él, se podrá prever y administrar, con altos estándares, los retos que le generen posibles complicaciones, dadas a conocer, o reforzadas en su divulgación, por los medios digitales también. En dicho manual deben estar definidos los actores en un escenario de crisis, por ejemplo: la dirección institucional, departamentos de administración, recursos humanos, jurídico, atención al cliente, etc. De cada uno de ellos, es necesario tener claro: nombre, cargo y dependencia, contactos (email, teléfono móvil y fijo, así como otras formas digitales, como Skype), perfiles de redes sociales que usa, suplente del mismo, en caso de vacaciones o por enfermedad. Las prioridades a atender:

1. Ser transparente, si se cometió un error, admitirlo y disculparse, dar la propia versión de lo ocurrido y explicar cómo se solucionará.

2. Mantener al día a la ciudadanía. Según pasa el tiempo, ir actualizando los datos y detalles.

3. Monitorear en todo momento le evolución informativa.

4. Si se va extendiendo la crisis, en vez de controlarse y disminuir, continuar produciendo contenidos completos (información, fotos, videos), de acuerdo a lo que vaya demandando la ciudadanía, los medios de comunicación masiva, líderes de opinión, otros estamentos gubernamentales, etc.

5. Evitar descontrol del mensaje, determinando maneras de contrarrestar las opiniones negativas.

Salir airoso de una crisis es una labor que requiere de una permanente protección de inesperadas situaciones que puedan poner en riesgo la gestión de cualquier buen funcionario, incluso. Estas recomendaciones plantean las acciones básicas para administrar estratégicamente cualquier eventualidad, amén de que cada caso que pueda presentarse es único, espontáneo y demandante de gestiones particulares.