Semanario Voz, edición 3003

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LA VERDAD DEL PUEBLO FUNDADO EN 1957. EDICIÓN 3003 SEMANA DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE DE 2019 - CIRCULA LOS MIÉRCOLES - $2.200

Elecciones este 27 de octubre

La hora de las decisiones

El pueblo colombiano acude nuevamente a las urnas. En todo el territorio, la población elegirá un nuevo mapa político en medio de un grave deterioro de la democracia. Las alianzas de Colombia Humana – Unión Patriótica en diferentes lugares buscan construir gobiernos comprometidos con la vida, la paz y la justicia social.

Página/ 3, 5, 10 y 11.

Senadores Gustavo Petro y Aida Avella

Chile no se rinde

La censura del Ejército Efectivos de la institución castrense dañaron un mural que se realizaba en Bogotá, en el marco de la campaña por la verdad emprendida por organizaciones de derechos humanos. Militares ocultan su responsabilidad en “falsos positivos”.

Página/ 14.

Después de la suspensión de la medida en el alza del pasaje de servicio público de transporte subterráneo, las manifestaciones en las principales ciudades del país a pesar de los toques de queda y represión, se agudizaron.

Página/ 16.

Sebastien G.Mora

VISIÓN

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Octubre 23 de 2019

Nuevo libro sobre la historia de Cenaprov

Gesta heroica por la vivienda La investigación Colonos comunistas, alarifes y fundadores: una historia de la Central Nacional Provivienda, Cenaprov (1959-2016) narra la lucha por el derecho la ciudad. Su lanzamiento será también un homenaje a las mujeres que conquistaron el derecho al territorio y a la ciudadanía.

tarios del sistema UPAC en riesgo de perder sus derechos.

Mujeres viviendistas En esta lucha ha sido fundamental el papel de las mujeres comunistas.

Gracias a su fortaleza y solidaridad, cada barrio de Provivienda buscó convertirse en un hogar de paso para alojar campesinos marchantes, tra-

tancias de riesgo permanente, debieron no solo encargarse del cuidado de los otros a la manera tradicional sino también desarrollar estrategias de supervivencia, tomar decisiones vitales y retar a las autoridades para preservar la vida de sus familias.

Las comunistas generaron en el colectivo un nivel de conciencia social que legitimó las ocupaciones de hecho y las acciones colectivas. Ampliaron la

en que las mujeres fueron valoradas, reconocidas y se reconocieron ellas mismas desafiando los poderes establecidos.

Urgidas de techo para sus familias, encontraron su fuerza principal en su voluntad de ayudarse unas a otras, cuidar a sus enfermos, alimentar a sus hijos, apagar el incendio en el rancho de sus vecinos y evitar desalojos de la policía. La maternidad se convirtió en una plataforma sobre la cual fue posible para ellas cuestionar y transgredir la estructura represiva; fue como un eje de solidaridad, de unión y de movilización contra el terror.

Hoy, después de 60 años, la mayoría de las fundadoras y los fundadores sobrevivientes se enorgullecen de su dignidad per-

María Elvira Naranjo

E

Cartas

n Colombia sucedió una gesta popular que no ha sido narrada suficientemente. En los barrios populares fundados por Provivienda –bajo la dirección del Partido Comunista– los viviendistas consolidaron un modelo de barrio de nuevo tipo, solidario y autogestionario. Enfrentando la violencia institucional de un régimen político caracterizado por la dificultad para precisar quién es dueño de la tierra, los viviendistas recuperaron ejidos, baldíos y predios municipales en cerca de 150 municipios.

Para ello crearon una organización social que hizo posible que cerca de 100 mil familias fueran propietarias de sus viviendas. Brindaba formación política y destrezas para resistir a los desalojos, asistencia técnica en el diseño de los barrios y asesoría jurídica a quienes eran víctimas de estafa de los urbanizadores piratas o adjudica-

“Cada amanecer, un nuevo barrio”, obra del maestro Calarcá. bajadores en huelga y en un refugio para los desalojados y los perseguidos políticos.

En la cotidianidad, ellas fueron consolidando sus propias maneras de participación. Viviendo en circuns-

Uribismo patológico Felicito a VOZ por tener un espíritu tan amplio, que hasta da cabida a cruzadas a favor de los uribistas “confundidos” ideada por Roberto Amorebieta, explicada en su artículo publicado el 16 de octubre de 2019, con un antetítulo algo raro: “Disputa por la hegemonía” y cuyo título: La falsa monja y el “uribismo sociológico”. Debería decir: “y el uribismo patológico”; porque si algo caracteriza al uribismo, es ese odio enfermizo que destila y que percibimos en el país. Ese odio contra otras formas de pensar, de ver el mundo, ha sido uno de los factores de mucha violencia en Colombia. El mismo autor dice que “todo en el uribismo es falso, de cartón, de pantomima”, le faltó agregar que en muchos casos se pasa de la falsedad y la calumnia al cinismo, al crimen y a la impunidad. El uribismo es una forma insana de ver el mundo. Es ingenuo creer que el uribismo malo es el de Álvaro Uribe y todos los que con él cometieron delitos antes, durante y después de su mandato y que los “otros” uribistas que le dieron su aval con su voto son solo “confundidos”. Señor Amorebieta, su

para ellas una valiosa oportunidad de realización como mujeres y como militantes.

Contrario al papel tradicional de la maternidad como una experiencia de la vida privada, que enclaustra a la mujer en las labores propias del hogar y en condiciones de subordinación, la maternidad social fue redefinida como una experiencia política que contribuyó a construir ciudadanía femenina en la medida

esfera doméstica individual con estilos de comportamiento social y político diferentes a los tradicionales, ganaron independencia personal y superaron prejuicios de la época. Su participación en esta gesta por la vivienda significó

cruzada debe aclararle a los uribistas lo imprescindible que es para Colombia que haya verdad, justicia, reparación y no repetición. Si queremos una patria decente, digna, respetada en el mundo. Atentamente Mercedes de Álvarez, vía email.

Orgulloso de VOZ Que orgulloso me ciento de haber nacido en un hogar comunista. Ya para la época del año 57 aparece la VOZ de la Democracia, nombre con el cual nació nuestra voz de esperanza.

El periódico se convirtió en una herramienta fundamental para el desarrollo de las tareas revolucionarias, pues a través de él se recibe la información, la educación, la denuncia, la agitación, la solidaridad y la orientación del quehacer diario de los comunistas; Voz, una respuesta a la dictadura militar de esa época, una respuesta a la violencia oficial. En Pandi, Cundinamarca, para esa época había un partido fuerte que trabajaba de la mano del movimiento sindical agrario, se contaba con un gran apoyo de los campesinos. Felicitaciones a todos (das) los camaradas que han hecho

sonal, valoran esta gesta como esencial en su vida y continúan soñando con una paz estable, duradera y con justicia social.

Lanzamiento del libro: Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, jueves 24 de octubre, 4:30 pm.

posible llegar con pasos firmes a la edición 3000. Honor y gloria a los camaradas hicieron posible la tarea y ya no están. Atentamente Jorge Rivera, vía email.

El Pibe y la política El Pibe Valderrama es capaz de hablar pamplinas cuando le pagan; y cuando no le pagan, también. Si le provoca, él puede criticar al candidato a la Gobernación del Magdalena Carlos Caicedo. Nadie se lo debe impedir. Pero, ¿qué es eso de lanzar indirectas contra Caicedo, mientras invita a votar por el otro candidato? ¿Acaso el Pibe no conoce el realismo trágico que han sufrido Santa Marta y los pueblos del departamento del Magdalena? Si el Pibe conoce la historia de la violencia del Departamento y de su capital, y a pesar de eso se hace el de la vista gorda, entonces él es un perverso. Y si no, peor. Le pido el favor de que antes de hablar, primero se informe; más aún: aprenda a hablar, y que estrene cerebro.

Todo no se hace con los pies, ni siquiera en el fútbol. Atentamente Fernán Medrano, vía Facebook.

DIRECTORA: Claudia Flórez Sepúlveda. CONSEJO DE REDACCIÓN: Álvaro Vásquez - Nelson Fajardo - José R. Llanos - Arlés Herrera - Alberto Acevedo - Juan Carlos Hurtado Fonseca - Hernán Camacho - Ana Elsa Rojas - Carolina Tejada - Óscar Sotelo - Renata Cabrales - Iván Posada P. COLABORADORES: Libardo Muñoz - Hernán Durango - DIAGRAMACIÓN: Rafael Carrascal V. CARICATURA: Calarcá. GERENTE: Édgar Rey Montañez.

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Octubre 23 de 2019

TEMA DE LA SEMANA

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¿A voto limpio?

Así se roban las elecciones locales La historia ha demostrado que, a la hora de disputarse el poder local, tanto en el transcurso de las campañas como en el día de las votaciones o los días después de los comicios, la ecuación victoriosa se determina gracias a la suma de clientelismo, corrupción, narcotráfico y violencia

Puesto de votación en la Plaza de Bolívar, foto Telesur

Redacción Política

L

a ciudadanía colombiana acude nuevamente a las urnas. El próximo 27 de octubre en todo el territorio nacional la población con mayoría de edad elegirá 1.101 alcaldes, 32 gobernadores, 12.063 concejales, 418 diputados y 6.814 ediles. En otras palabras, la gente votará para configurar un nuevo mapa del poder local en el país.

A diferencia de las elecciones parlamentarias y presidenciales, las elecciones de octubre de 2019 están orientadas por las dinámicas territoriales donde se disputan la gobernabilidad un indeterminado número de actores bajo un sinnúmero de estrategias electorales que están articuladas a las viejas y nuevas prácticas de la política tradicional.

La historia ha demostrado que, a la hora de disputarse el poder local, tanto en el transcurso de las campañas como en el día de las votaciones o los días después de los comicios, la ecuación victoriosa se determina gracias a la suma de clientelismo, corrupción, narcotráfico y poder. Estas son las claves para entender las elecciones locales en Colombia.

Compra de votos Las elecciones no distan de su tradicional desconfianza frente a los resultados y las formas de obtener una curul o asiento en la administración local. Las fases de riesgo se clasifican en tres principalmente: compra de votos, manipulación de votación y exceso en topes presupuestales. Esas modalidades de robo las practican las viejas estructuras políticas, las casas tradicionales que pretenden dominar la política en departamentos enteros.

La compra de votos se ha dado históricamente como un ejercicio donde se paga el voto individual o por combos. El combo más costoso es aquel que paga por la fórmula completa, es decir: Junta local, candidato a concejo, alcaldía y gobernación. Sin embargo, y debido a que el mercado de compra de votos se ha diversificado, existen combos sin candidaturas locales o solamen-

te para un candidato que, para efectos del pago, es mucho más barato para pagar. O porque candidatos tradicionales se asocian y compran en conjunto la voluntad de los electores.

“En unas comunas votamos por distintos partidos al concejo que a la asamblea, pero en otras localidades pueden cambiar la combinación de socios. Entonces el pago no es para ganarle al competidor, sino repartirse las mesas para que todos compren. O por qué cree que el Atlántico elige 12 senadores”, le dijo a VOZ una fuente que prefirió no ser identificada. ¿Quién paga? La vieja modalidad de compra de votos se da por los mochileros que ya contrataron las casas aledañas a los puestos de votación, con el fin de ubicar una sede temporal para el día de elecciones que le permita pagar el voto a puerta cerrada.

Pero también se encuentra la compra de votos vía líderes comunitarios, que obtienen una considerable suma de dinero para convencer a sus vecinos y cumplir la meta de votos exigida para el pago.

Una tercera modalidad de compra de votos, que se estrena en estas elecciones es el “paga diario”.

El también llamado “gota a gota” corresponde al pago de la gente de menos recursos a las mafias paramilitares y narcotraficantes en el país quienes juegan el rol de prestamistas. Se ha denunciado por parte de la bancada alternativa y en especial Colombia Humana UP, el pago de los “gota a gota” a cambio de votos. Se paga proporcionalmente al número de votos que el deudor de los mafiosos se compromete a conseguir para el político que contrata esos servicios. La denuncia fue hecha en el Atlántico, pero no se descarta que esa práctica se propague en muchos departamentos, en especial en el Caribe colombiano.

Software electoral Luego viene una fase más compleja y por lo tanto más costosa. Acomodar jurados de votación en mesas

predeterminadas para el político que contrata estos servicios. Esta práctica consiste en alterar los jurados de votación que en muchos casos no cumplen con los requisitos de ley para ser los veedores de la jornada. Sin embargo, son personas que se coordinan para tener la posibilidad de alterar los resultados desde la mesa, la transcripción de resultados o los escrutinios.

No se descarta que los mochileros puedan actuar con ciertos jurados para asegurar que el votante lo haga por el candidato que pagó.

El software que sistematiza los datos transmitidos por los jurados y la Registraduría es otro de los riesgos para las elecciones del domingo. Aunque ya el Consejo de Estado prendió las alarmas tras fallar a favor del partido MIRA, el cual señaló que en las elecciones del año 2014 se manipularon los resultados, el sistema electoral no corrige el error y mantiene la naturaleza del fraude.

La sistematización de los votos puede ser alterada por dos razones: 1) dicha plataforma no es del Estado, es del contratista al que la Registraduría le paga para contar los votos, y 2) puede ser alterado con una programación para el conteo de votos. Por ejemplo, el software puede programarse para que las cédulas de los sufragantes terminadas en 7 se sumen a determinados candidatos.

Violencia y política Ahora bien, a cada una de estas maniobras para cambiar la voluntad de los electores, se suman los exagerados gastos de las elecciones.

Para campañas como la de Bogotá, un distrito especial que supera los cuatro millones de electores, el tope máximo es de cuatro mil millones de pesos y para el concejo de un municipio de menor categoría es de 450 millones de pesos. La realidad indica que las candidaturas, en especial de los partidos tradicionales superan de lejos los topes. La Colombia Humana UP sería el único partido que hoy cumple los topes máximos de gastos,

incluso no se llega a ese máximo exigido por la ley.

La Colombia Humana UP ha denunciado otro de los mas grandes riesgos: la persecución a sus candidatos. Por ejemplo, uno de los casos de persecución y planes de muerte vienen desde los Llanos Orientales con el candidato avalado para llegar a la alcaldía de Villavicencio, por los partidos Colombia Humana, Polo Democrático Alternativo y Partido Verde: Felipe Harman. El presidente Iván Duque insiste en pormenorizar las denuncias y mantener la tesis que el Plan Democracia es suficiente para detener la violencia.

El pasado lunes el presidente Duque convocó a los voceros y presidentes de partidos políticos con asiento en el parlamento para compartir los resultados de su política de seguridad a unos días de la contienda electoral.

En dicha reunión, la presidenta de la Unión Patriótica y senadora de la República, Aída Avella, encaró al mandatario y le señaló las denuncias recibidas por candidatos y militantes de la Colombia Humana UP, que han sido perseguidos y amenazados por su actividad política.

Aunque el mandatario no atendió en particular las denuncias de Avella, los demás voceros de los partidos políticos respaldaron las denuncias por las que han sido víctimas, en menor medida, de amenazas del paramilitarismo que se asienta en la mayoría de las regiones del país.

Teniendo en cuenta el oscuro panorama, el campo democrático, bajo diversas y novedosas estrategias de unidad, busca reconfigurar su presencia en el territorio a partir de la disputa de Alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas de carácter prioritario. La coalición Colombia Humana – Unión Patriótica se estrena en este escenario electoral con la expectativa de recoger el acumulado alcanzado en la pasada contienda presidencial, con una recomposición político-electoral de las fuerzas progresistas en diferentes territorios. En definitiva, la última palabra la tiene la ciudadanía.

OPINIÓN

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Octubre 23 de 2019

El sonar

La bagatela

Pánico conspiracionista

Estigma y segregación

Nixon Padilla Rodríguez

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or más traída de los cabellos y alucinante que parezca la tesis de acusar a Miraflores y en particular al presidente Maduro de ser el planeador, instigador y ejecutor de los alzamientos que por estos días conmueven el sur del continente americano (algunos incluyen a Cataluña además), tiene una razón de ser y una explicación racional.

Inmediatamente después del triunfo del No en la campaña por la validación popular del Acuerdo de Paz, Juan Carlos Vélez, quien fungía como gerente de campaña del Centro Democrático, develaba en una entrevista, cómo había sido la estrategia de la utilización de prejuicios que movilizaron las emociones de los votantes para que, sin ningún raciocinio, votaran contra el acuerdo de paz. La llamada “Ideología de género” y el “Castrochavismo” fueron los señuelos que sirvieron de detonadores del pánico que movió a muchos ciudadanos a preferir votar contra el Acuerdo.

En esta ocasión, otro Vélez, esta vez un periodista adulador del poder, hace de vocero de lo que a todas luces es una historia de paranoia conspiracionista. En su columna de El Espectador, Luis Carlos Vélez, quien la dedica en un gran porcentaje a atacar al gobierno venezolano, hace un esfuerzo por ilustrar sobre los supuestos mecanismos que estaría utilizando Maduro para sus propósitos, dibujando así el perfil del gran poder del Thanos criollo, contra quien habría que juntar a todas las fuerzas del bien para derrotarlo a como dé lugar, y evitar así que destruya el paraíso neoliberal que tanto adora.

Muchos se preguntarán si al señor Luis Carlos Vélez no le preocupa que su credibilidad se cuestione ante tan desquiciada argumentación. La respuesta es no, esa no es su preocupación. El tiene claro, pues así lo ha

César Santoyo Santos expuesto en sus columnas, que maneja al dedillo el papel de la llamada posverdad en tiempos de las redes sociales y el uso global del internet, sabe su lugar en el trabajo de usar el miedo y el prejuicio como movilizador de la opinión publica. Y sabe también que en la derecha cavernaria ganará los aplausos con los que alimenta su ego.

De lo que se trata con estas historias, difundidas además por el gobierno colombiano y la gran prensa, es crear una matriz de información que culpe al gobierno bolivariano de las protestas y movilizaciones que ya han realizado los estudiantes colombianos de las que sabe muy bien resultarán una vez se inicie el proceso de imposición de las reformas laborales y pensionales que impulsará Duque por orientación del FMI, una vez acabe el periodo electoral.

La amenaza que se cierne de una nueva jornada de desestabilización contra el Gobierno venezolano en próximos meses, en la que nuevos amagos de intervención contra la soberanía del país vecino se diseñarán y llevarán a cabo con provocaciones e incidentes temerarios, será el escenario perfecto para seguir alimentando la idea de que toda protesta y movilización social en Colombia, no está asociada a las nefastas medidas neoliberales y sus dolorosas consecuencias, sino a un plan malvado del presidente venezolano.

Seguirán intentando utilizar a Venezuela como chivo expiatorio para deslegitimar la protesta social, pero esa táctica nefanda tiene un límite. Ese límite lo pone la indignación ciudadana, la claridad de las demandas populares y una dirección que comprenda plenamente que solo con la movilización podremos detener las pretensiones de las elites en el poder.

D

esde la época del Estatuto de Seguridad Nacional del gobierno de Turbay Ayala en 1978, que fue un momento de máxima agitación normativa contra todo proyecto que disputara el poder a las hegemonías políticas y económicas que dominan el país, no se ponía en cuestión la legitimidad del gobierno con tanta hostilidad y soberbia, como con este: la seguridad democrática 3.0.

Uribe, a través del gobierno de Duque y su entorno más cercano, ha desatado una poderosa estrategia combinando el negacionismo y el ataque judicial a las personas y liderazgos políticos, que denuncian y confrontan su actuar; persigue a las organizaciones que han levantado su voz por la defensa y promoción de los derechos humanos y los procesos disonantes contra el totalitarismo que niega el existencia del conflicto en Colombia, mientras agita la bandera de la guerra y la confrontación armada contra Venezuela.

Durante las últimas semanas ha puesto todo su empeño y alistado sus alfiles en contra de la fundación Comité de Solidaridad de Presos Políticos -Fcspp-, organización defensora de los derechos humanos, que desde hace cuatro décadas trabaja en su promoción, defensa y de las comunidades vulnerables. En desarrollo del litigio y la indagatoria en uno de los casos que enfrenta Uribe Vélez, y que ha logrado trascender hasta la Corte Suprema de Justicia, acusan a la FCSPP de dar y ofrecer dineros a Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar que hoy brinda testimonio en su contra y, por supuesto, se encuentra en riesgo de muerte junto a toda su familia. La Fcspp, ante la inminencia de los riesgos, gestionó unas medidas para proteger la

vida de Monsalve y su familia, hechos que datan de 2011.

La acusación, sin embargo, fue revisada por la Corte Suprema de Justicia, la cual emitió sentencia en 2018 y determinó que la Fcspp actuó con transparencia y acorde con su labor.

Una vez más, Uribe y sus círculos usan la estigmatización como arma para disuadir y presionar. Aparecen en medios señalando y minimizando y generan acciones políticas que encubren y distraen: como siempre, estigma y segregación son las tácticas del miedo para frenar investigaciones, ocultar la verdad y obstaculizar la acción de la justicia.

Mientras esto sucede con la Fcspp y, de hecho, con el movimiento de DD.HH., en el país siguen ejecutándose planes de exterminio y asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, aumentan las amenazas, confinamientos y vulneraciones a los DD.HH.; se producen atentados a la sede del Partido Comunista Colombiano, PCC y a la sede de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC. Eventos paralelos, y supuestamente “inconexos”, pero que son una muestra de la persecución a la oposición política y la falta de garantías para el ejercicio de las libertades, la movilización y la protesta social, así como un factor de incumplimiento de la implementación del Acuerdo de Paz. Posdata: es cuando menos, infame, que la producción artística realizada en un mural de Bogotá para visibilizar la tragedia de las ejecuciones extrajudiciales, en la modalidad de “falsos positivos”, el número de víctimas, así como el rostro de los comandantes en los tiempos de comisión de esos crímenes atroces, haya sido borrada por unidades de las FF.MM. y de la Policía Nacional, esto muestra el talante del gobierno: negacionista y soberbio. Solidaridad con las víctimas y con todas las organizaciones afectadas. @cesantoyo

Columnista Invitada

La caricatura de Matador Fabiola Calvo Ocampo

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a enojada reacción de hombres, mujeres y organizaciones sociales por la caricatura de Matador, en la que Jessica Meir y Christina Koch, dos mujeres astronautas, corren en busca de rebajas, abre la cortina para asomarnos al avance de un cambio de conciencia sobre el rol de las mujeres en la sociedad, pero también a todo lo que aún falta.

Dos mujeres en el espacio representan un acontecimiento histórico para las mujeres y toda la sociedad, es un mensaje que dice hasta dónde hemos llegado después de que nos fuese negada cualquier posibilidad diferente a la casa, el convento o el cuidado, con el reconocimiento de quienes optan por ello o no han tenido otra posibilidad.

Los cambios son lentos, pero el hecho de que por las diferentes redes

sociales se haya expresado una lectura en busca de una visión de igualdad en derechos, no es nada sutil pese a que para algunas personas no haya más que una simple expresión de chiste y no una ridiculización sobre el rol de las mujeres.

No menos visible fue la sorpresa, observar que un caricaturista que ha sido crítico con las manifestaciones de violación a los derechos humanos, mostrara una mirada banal frente a la conquista de dos mujeres para llegar al espacio, y que representa la lucha de las mujeres por dejar atrás el encierro en la vida privada, en lo doméstico y el despojo de todo tipo de derechos al que han sido sometidas a lo largo de la historia.

La caricatura demuestra que pese a los cambios que vamos introduciendo de una manera consciente en nuestras vidas, las actitudes excluyen-

tes y discriminatorias que cargamos en el mundo inconsciente que no logramos transformar, salen a flote en el momento menos esperado, es decir que el proceso de transformación es lento y debe ser permanente a lo largo de la vida.

Las palabras, las imágenes, los gestos, el lenguaje corporal no son simples signos o expresiones, dejan a la luz una forma de pensar, actuar y sentir, dejan que salga nuestra subjetividad y convierten en algo objetivo nuestra interioridad, de allí la importancia de que ahondemos en eso que queremos modificar en nuestras vidas y la forma de relacionarnos con los otros y las otras, con el mundo.

Es necesaria una revolución cultural que rompa todo vestigio de androcentrismo, que permita dar al ser humano su lugar de derechos, del ser

que llega a este planeta para crear sus condiciones para ser feliz.

Pero no será suficiente una revolución cultural, es preciso tener condiciones para ejercer los derechos y ello corresponde a un real Estado Social de Derecho, que proporcione empleo, salud, estudio, derecho al ocio...y que permita un espacio para la vida espiritual (no he dicho religiosa, pero también es un derecho), con el fin de que haya lugar para respirar lejos de la sacrosanta razón.

Digamos entonces, que la caricatura de Matador nos permite un breve espacio para tocar la importancia de continuar trabajando por una transformación personal y social, cada quien desde su quehacer, transformación que muestra frutos con un sector crítico de la sociedad, cada vez más amplio. Las palabras y las imágenes no se las lleva el viento.

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EDITORIAL

Vamos con la unidad y la voluntad para vencer

E

l próximo 27 de octubre se cumplen las elecciones de autoridades y cuerpos colegiados del orden local. Ocurren en circunstancias de grave deterioro de la situación política, marcadas por la conducta del poder ejecutivo, sus manejos erráticos de política exterior, su instrumentación del paramilitarismo para el derrocamiento del gobierno legítimo de Venezuela, los escarceos de ruptura de relaciones con Cuba tras la suspensión del diálogo de paz con el ELN, el crecimiento del desempleo, el boicot y el escamoteo de la implementación del Acuerdo de Paz con Farc, el abuso de autoridad frente a la Corte Suprema de Justicia en el proceso de Álvaro Uribe y la inacción ante los crímenes que ciegan la vida de compatriotas.

Todo lo anterior hace de esta campaña electoral una de las más sangrientas de la historia del país. Tratándose de un gobierno débil, que ha reducido su proyecto a “sacar la JEP de la Constitución” y “hacer trizas” el cumplimiento de sus compromisos con la paz, pareciera que esta degradación política le fuese funcional para atemorizar al electorado con el trapo anticomunista y estimular el voto por el CD como última barrera para “frenar el socialismo”. Como si fuera poco, el sistema electoral cruzado de corrupción, refuerza su carácter inequitativo y afianza las desigualdades en las que compiten candidatos(as) por los cargos administrativos territoriales.

No hablamos en vano. Según el Cuarto Informe de Violencia y Dinámica Electoral, Elecciones 2019, de Sipares, entre el 27 de octubre de 2018 y el

Octubre 23 de 2019 11 de octubre pasado (fecha de presentación del Informe), 103 candidatos(as) y 19 precandidatos(as) fueron objeto de distintas formas de violencia electoral, de un total de 230 víctimas registradas, de 177 sucesos ocurridos en el período. De hecho, hay víctimas vinculadas con los partidos de gobierno, pero en una desproporción notable: de acuerdo con el Informe, se observan como víctimas por alineación de partidos, del lado gubernamental, un 29%, en tanto que entre partidos opositores, partidos independientes y sin alineación política identificada figura el 71% restante.

“Esto hace de los aspirantes a cargos de elección popular los más victimizados y, en parte, muestra la manera en que selectivamente se busca afectar sus posibilidades de acceso a los puestos de representación política,” (Informe citado: 10).

La desigualdad – que apunta a la exclusión en el sistema, por la vía de la intromisión de las armas en la política, se complementa con otros instrumentos de maniobra. No es el menos importante el financiamiento de las campañas por fuentes privadas, que no descartan el papel de lavaderos, siempre y cuando no superen los topes legales y lleven en orden la presentación de cuentas. El Tercer Reporte de Candidatos a Gobernación y Alcaldía, de la MOE, octubre 17 de 2019, (Reporte de ingresos y gastos candidatos a gobernación y alcaldías capitales de departamento- Elecciones de Autoridades Locales 2019, período comprendido entre el 27 de julio de 2019 y el 10 de octubre de 2019), en la Tabla 6: Ranking de Partidos, Coaliciones y Grupos Significativos de Ciudadanos (GSC) con mayores reportes de ingresos de candidatos a Alcaldías, la sumatoria de los recursos privados para esta campaña para el CD, Partido Conservador, Justo y Libres, todos ellos partidos de gobierno, registran un monto de $8.934.997.569, cifra que no tiene comparación con los recursos allegados a los partidos y coaliciones de la izquierda.

Para el caso de Bogotá, la Tabla 11: Ranking de candidatos con más ingre-

OPINIÓN

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sos reportados, al sumar los ingresos de Claudia López, Carlos Fernando Galán y Miguel Uribe Turbay, la tríada peñalosista que busca asegurar el continuismo en la capital, mueven recursos por $6.477.486.139, mientras el candidato Hollman Morris solo registra una deuda de algo más de 900 millones. Los generosos “donantes” son las grandes empresas, bancos, consorcios, contratistas y empresarios del gran capital, todos ellos parte del Consejo Gremial Nacional, el mismo claustro que se opuso a la inclusión del paramilitarismo como delito en la Constitución y el que le dicta al gobierno la línea de “reglamentar la protesta social”. La pretendida “igualdad ante la ley” no opera en el sistema de partidos en Colombia. En consecuencia, el sistema electoral se comporta según el modelo de una sociedad anónima y no de una democracia. El “derecho a la igualdad” depende del monto de capital del que se disponga.

En la otra orilla, en la acera del mundo popular, que aspira a gobernar en lo local, heredero legítimo de la esperanza de los esfuerzos unitarios, no abunda el dinero pero sí la voluntad de actuar y mover la conciencia plebeya hacia un horizonte de poder. En Bogotá vamos con Hollman Morris, la lista cerrada CH-UP-MAIS, el programa de Ciudad Democrática y su contenido en pro de la igualdad y el poder del pueblo.

A nivel nacional, las alianzas de Colombia Humana - Unión Patriótica, junto con otras fuerzas de la izquierda, de FARC, incluso de sectores tradicionales que apoyan el Acuerdo de Paz y que preparan, con el movimiento sindical, agrario, étnico, regional y popular la respuesta al “paquetazo” de DuqueUribe, se inspiran en el coraje de los levantamientos en Ecuador, Honduras, Argentina y Chile, entre otros ejemplos vivos. El triunfo de Evo Morales en Bolivia reafirma que otra sociedad es posible. Confiamos que en Argentina, este 27 de octubre la historia vuelva a ponerse en marcha. Todo ello al unísono del avance por la vida, por la paz, por la justicia social, en la patria Bicentenaria que estamos recuperando.

LABORAL

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Octubre 23 de 2019

Informe de la Escuela Nacional Sindical

¿Más comercio, menores derechos laborales?

El trabajo decente y los tratados de libre comercio firmados por Colombia, entre otras cosas, no han cumplido con la promesa de hacer crecer la economía y el empleo. VOZ reproduce algunos apartes del informe país cayó 9 puestos: del 51 al 60.

Todo lo anterior lo que indica es que en el caso colombiano los acuerdos comerciales no han cumplido su promesa de crecer la economía y el empleo. Entre 2012-2018 los nuevos ocupados fueron 1.761.000,1.210.000 empleos menos que en el período 2005-2011, antes del TLC, cuando fueron 2.971.000.

Al firmar los TLC, los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y Unión Europea aceptan la regulación laboral colombiana y esperan que los bienes y servicios que reciben de nuestro país provengan de empresas que contraten trabajadores bajo las normas colombianas y están reguladas. Sin embargo, persisten prácticas de tercerización y

Juan Carlos Hurtado Fonseca

S

e cumplieron ocho años de la firma del Plan de Acción Laboral, PAL, Obama-Santos dentro del marco del TLC con Estados Unidos. Fue el primero de una serie de acuerdos de libre comercio que se firmaron después bajo la premisa de que, con más inversión extranjera y menos restricciones al comercio internacional, crecería la economía colombiana y el empleo.

Es la razón para que este XII Informe Nacional de Trabajo Decente la Escuela Nacional Sindical lo dedique a evaluar si estos acuerdos comerciales y planes laborales mejoraron o no las condiciones de trabajo decente, o sea si tuvieron impacto en los cuatro pilares que lo fundamentan: oportunidades de empleo e ingresos, protección social, inspección laboral y libertades sindicales.

Colombia es uno de los países de la región más integrado al mercado mundial mediante el fomento de la inversión extranjera y los tratados de libre comercio. Pero en el PIB la participación de las exportaciones de bienes y servicios sigue siendo inferior a la de las importaciones. En 2010 las primeras fueron el 16,3% del PIB, las segundas el 17,9%. Ya en 2018 las exportaciones representaron el 15,9% y las importaciones el 20,9%.

El PIB creció 5% en promedio anual entre 2006 y 2011 (antes de la vigencia del TLC con Estados Unidos). En los años siguientes rebajó a 3,2%, como consecuencia de la dependencia de la economía nacional a la extracción de bienes minero-energéticos. Entre 2011 y 2018 la participación del petróleo y derivados en las exportaciones fue 45% en promedio, el sector minero 15,7%, mientras sectores llamados a reactivarse en entorno de libre comercio, como la industria y la agricultura, solo participaron con el 19,3% y 15,7% respectivamente. Además la competitividad del

Trabajadores de multinacional de comunicaciones en Bogotá. Foto archivo. relaciones laborales ilegales que afectan el cumplimiento de estándares internacionales.

La informalidad laboral En 2018 Colombia tuvo 22´457.000 personas ocupadas, 14,5 millones de ellas excluidas de la seguridad social básica. La informalidad laboral, medida por afiliación a salud, pensión y riesgos laborales, en el país es de 65,7%, que si bien ha mermado respecto a 2011, permanece alta.Y el 47,1% de los ocupados no tiene contrato de trabajo.

Los Acuerdos de Formalización Laboral, AFL, es una estrategia por la cual uno o varios empleadores, con el fin de condonar multas y sanciones del Ministerio de Trabajo, se comprometen a formalizar sus trabajadores tercerizados

ilegalmente, mediante contratos directos. Esta estrategia tuvo alto despliegue mediático pero no el impacto deseado.

Entre 2012-2018 el Ministerio firmó 299 acuerdos de formalización, que solo beneficiaron a 38.121 trabajadores. Además, no todos los AFL terminan en contratación directa, muchos fueron “reubicados” mediante SAS que prestaban servicios a la empresa matriz.

Cuenta propismo e ilegalidad Al 9,7% de los ocupados en Colombia (2’184.318 personas) sus empleadores no les garantizan derechos laborales ni protección social. Lo que indica que la problemática de la tercerización ilegal persiste y lejos está de erradicarse, pese a la presión internacional y a los compromisos del país en el marco de los TLC. Asimismo, en los últimos 8 años la participación promedio anual de los cuenta-propia en el empleo del país, fue del 43%, la principal categoría de empleo. 8´735.000 personas trabajaron por cuenta propia en 2011. En 2018 ya eran 9’791.000, un incremento en más de un millón.

En virtud del Plan de Acción Laboral Colombia se comprometió a “poner en cintura” a las cooperativas de trabajo asociado y otras formas de intermediación laboral ilegal. En 2011 estas cooperativas era la forma más utilizada, en muchos casos de manera “falsa”, pues actuaban simplemente como intermediarias de mano de obra.

Tras su prohibición, en 2017 apenas se registraron 624 cooperativas, con 65.000 asociados.

Pero la intermediación laboral ilegal no desapareció. Sufrió una metamorfosis y aparecen nuevas formas de contratación para fomentar condiciones laborales precarias, como las Sociedades por Acciones Simplificadas, SAS, los contratos sindicales y los contratos de prestación de servicios. Todas formas utilizadas para minimizar costos laborales y restringir derechos a las y los trabajadores.

Entre 2011-2017 se constituyeron más de 496.000 SAS, dados los múltiples beneficios y flexibilidades que tienen en materia tributaria y laboral.

Además no requieren autorización de la SuperSociedades para disolverse y a sus accionistas apenas les obliga responder por el capital invertido, están libres de responder por incumplimiento de pagos laborales, por ejemplo.

También los contratos sindicales, que se admiten como convenios colectivos, han crecido vertiginosamente.

En 2010 existían 50 contratos sindicales, en 2011 fueron 164 y en 2018 se registraron 1.635, es decir, entre 2011 y 2018 se dio un incremento de más

del 800%. Y el 98% de estos contratos se firmaron en el sector salud. Funcionan como una forma de flexibilización, para que los empresarios tercericen actividades comerciales, porque entre los trabajadores participes del contrato sindical y el sindicato no existe ningún vínculo laboral.

Bajos salarios y desigualdad No es cierto que Colombia sea un país de ingresos medios, como reiteradavamente han querido hacerlo creer.

Esto porque la clasificación del DANE es irreal, al considerar que una persona de clase media es la que gana entre $450.000 y $2,25 millones, y que el 31% de la población del país se ubica en este rango.

La realidad es que los ingresos promedios de la población ocupada en Colombia son bajos. En 2017 sólo el 25,4% recibió más de 1,5 salarios mínimos mensuales legales, porcentaje menor al de 2010, cuando fue el 26,7%. Lo más preocupante es que el 70,2% de los ocupados tuvo como ingresos promedios menos de 1,5 salario mínimo, población que creció con respecto a 2010, cuando fue el 68% de los ocupados.

Por eso Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales de la región, con un coeficiente Gini de 0.517 en 2018. Según la OCDE, Colombia necesita 11 generaciones para salir de la pobreza, mientras que Brasil necesita 9, Chile y Argentina 6.

El estado de la inspección laboral Pese a los acuerdos internacionales, Colombia aún carece de una arquitectura institucional para fortalecer un sistema de Inspección,Vigilancia y Control del trabajo, no existen suficientes insumos y medios humanos para el funcionamiento del sistema.

Dado que Colombia ha querido venderse ante el mundo como país que cumple condiciones para ingresar a la OCDE y estándares de OIT, para su nivel de desarrollo debería tener un inspector por cada 10 mil trabajadores, o sea 2.229 inspectores. Pero según el propio Ministerio del Trabajo, en 2019 solo tiene 853. El déficit es pues de 1.376 inspectores, con el agravante de que de los 853 apenas 218 tienen funciones específicas de vigilancia y control.

Tampoco cuenta el Ministerio con un Sistema de Inspección para el sector agrícola. Las medidas implementadas en este campo se han derivado del Acuerdo de Paz, y se han tratado de concretar en un Plan de Inspección

Sigue página 7 (

www.semanariovoz.com 'Viene página 6 Móvil para sectores rurales y priorizados para el postconflicto. Pero que no es suficiente, ya que los retos generados para la construcción de paz en Colombia requieren de la presencia permanente, estructural y sistemática del Estado. En ese sentido, la situación es preocupante en Antioquia, Chocó, Cauca, Nariño y el Vaupés.

Si bien el actual gobierno hace esfuerzos para implementar la Política Pública de Inspección, Vigilancia y Control del Trabajo (2019-2030), es incoherente con la ley del Plan Nacional de Desarrollo, que establece que el Ministerio del Trabajo puede suspender o terminar por mutuo acuerdo con el empleador, un procedimiento sancionatorio por violación de normas laborales. Es una paradoja, que podría mal formar los loables esfuerzos en la transformación del sistema de inspección y control.

La protección social

Octubre 23 de 2019 autonomía. En los fondos privados, de cada cuatro personas que cumplen edad de pensión sólo una se pensiona.

En Colpensiones solo a una de cada 3 se pensiona. A los demás les devolverán sus aportes.

Riesgos laborales En 2018 el sistema de protección en riesgos laborales, (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales) afiliaba 10´487.602 trabajadores, o sea el 46,7% de la población ocupada. Entre ellos 859.863 trabajadores independientes o por cuenta propia.

Con respecto a 2011, la afiliación a este sistema se incrementó de 9,24 puntos porcentuales, y así su cobertura en trabajadores asalariados o dependientes es del 88,8%.

La mayoría de los trabajadores, que son informales o cuenta propia, están desprotegidos de riesgos de accidentes de trabajo, enfermedades de origen laboral e invalidez. Solo el 8,8% está protegido. El resto debe asumir ellos mismos los riesgos de su actividad la-

cobertura. En 2018 afilió 20´756.706 personas aportantes, beneficiarios y del régimen subsidiado, o sea el 92,4% de la población ocupada. Sin embargo, los aportantes al régimen contributivo eran apenas 9´464.959, el 42,2% de esta población, con un incremento de 4,6 puntos porcentuales en 7 años.

Pero estamos hablando de un sistema de salud en crisis, y en la base de ésta está el hecho de que el Estado le haya entregado al sector privado los enormes recursos de la salud ($37 billones en 2019). Algunas EPS han aprovechado para expandir sus negocios mientras mantienen en crisis el sistema.

Protección ante desempleo (cesantías) El régimen de cesantías cubre el 41,9% de la población ocupada: 9´403.443 personas afiliadas, el 81,3% de ellas en los fondos privados que las administran, cuyo monto en 2018 ascendía a $10.7 billones.Y el 18,7% restante lo administra el Estado mediante el Fondo Nacional del Ahorro, entidad

LABORAL

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tudio de la OCDE sobre el mercado laboral y las políticas sociales en Colombia, y el acuerdo laboral del TLC con Canadá, del año pasado.

En su conjunto, estos tratados comprometen al Estado en 5 políticas: fortalecimiento de la institucionalidad del Estado (Ministerio del Trabajo y Fiscalía); disminución de la informalidad e ilegalidad laboral; protección y garantías a la libertad sindical; superación de la violencia e impunidad, y ampliación del diálogo social.

Pero pese a estos compromisos, la tasa de sindicalización sigue siendo extremadamente baja en comparación con los estándares internacionales.

En los años 70 esta tasa promediaba el 13%, pero la acción combinada de la violencia antisindical, las reformas neoliberales que debilitaron el contrato de trabajo, y la proliferación de pactos colectivos y los contratos sindicales, han dado al traste con la afiliación sindical, que en 2017 fue solo 4,6%. (Ver cuadro).

La baja densidad sindical mengua a su vez la cobertura de la negociación

El Sistema de Seguridad Social Integral lo conforman cuatro partes: Sistema General de Pensiones; Sistema General de Seguridad Social en Salud; Sistema General de Riesgos Profesionales y Servicios Sociales Complementarios.

En 2018 este sistema pensional

Trabajadores del sector minero del carbón en el departamento del Cesar. Foto archivo. afiliaba como cotizantes a 8’978.268 personas (cobertura 40%), 6,5 puntos porcentuales más que en 2011. De ese total, a los fondos privados cotiza el 68,3%, a Colpensiones el 25,4%, al Fomag (magisterio público) el 3,7%, y el 2,6% restante pertenece a las fuerzas armadas y de policía.

La cobertura de trabajadores asalariados cotizantes es del 82,8%, lo que indica que las relaciones laborales ilegales alcanzan el 17,2% de esta población.

El hecho concreto es que de cada 100 adultos mayores, apenas 27 están pensionados, lo que significa que el 72,6% restante, si no cuenta con una renta, está condenado a vivir en la indigencia, o con ninguna o muy poca

boral, con excepción de la atención en salud, que la tienen mediante el régimen subsidiado.

Según Fasecolda, la desprotección más grave se presenta entre los trabajadores agrícolas y pesca (solo el 13,8% está cubierto). La mayor proporción de afiliados está las flores, el banano, la caña, actividades que tienen una importante presencia sindical. Le siguen las trabajadoras domésticas, con apenas el 18,8% de cobertura; comercio, hoteles y restaurantes (24,3%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (48,1%).

La protección social en salud Con todas sus deficiencias, el sistema de salud es el que ofrece mayor

que el gobierno Duque propone entregársela al sector financiero.

Respecto de los trabajadores asalariados afiliados al sistema de cesantías, la cobertura es del 91,2%, por lo que la proporción de condiciones de trabajo ilegal en esta materia es del 8,8%.

En conclusión, y contrario de lo que decían los promotores de los TLC, el acceso a la protección social universal y eficaz empeoró con estos tratados. Demuestra que la senda más eficaz para el desarrollo económico y la inclusión social es otra muy distinta a la del libre comercio en poder de las empresas transnacionales.

Libertad sindical y diálogo social Colombia suscribió compromisos de respeto a derechos laborales en tratados internacionales como el Plan de Acción Laboral Obama–Santos, la “Hoja de Ruta en derechos humanos y laborales” de la Unión Europea, la Misión de Alto Nivel de la OIT, el es-

colectiva, razón de ser de una organización sindical. Todas las convenciones colectivas vigentes en Colombia a 2018 suman 1.344, en 1.313 empresas.

Benefician a 393.723 trabajadores, el 4,6% del total.

La negociación colectiva en el sector público viene en crecimiento desde el 2013, gracias a los avances legislativos en esta materia, que en medio de grandes movilizaciones del sindicalismo estatal ha permitido la firma de 4 Acuerdos Marcos Nacionales, varios sectoriales en educación, salud, justicia, universidades, y más de 1.000 acuerdos colectivos en las entidades públicas nacionales y territoriales de todo el país. La tasa de afiliación sindical en el sector público es 42%, mientras en el sector privado es apenas 2,2%.

POLÍTICA

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TRAZOS

Por la independencia

Calarcá

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Adiós a la prima ballerina assoluta

Alicia danzará eternamente insuperable legado. Ella situó a Cuba en el altar de lo mejor de la danza mundial. Gracias, Alicia, por tu obra inmortal. Somos Cuba», comentó en

Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas; Miembro del Consejo Mundial de la Paz y Miembro de Honor, del Consejo Internacional de la Danza,

del le enviara a Alicia Alonso el 16 de octubre de 2008.

Querida Alicia: Recibí tu hermosa carta. No te imaginas cuánto admiro tu capacidad de preservar y dominar la inteligencia privilegiada que te acompaña. Nunca olvido lo que me contaste un día sobre el oído que te permite seguir el ballet, con los ojos cerrados, por las leves pi-

La máxima representante del Ballet Nacional de Cuba, Alicia Alonso, gloria de la danza universal, se ha ido dejando un enorme vacío, pero también un insuperable legado

Madeleine Sautié – Granma Cuba

Alicia Alonso.

C

omo grandes espacios desiertos –lo mismo una escena desolada que un pecho ahuecado por la pérdida– se nos antoja el ánimo con el adiós definitivo que nos diera ayer la Prima Ballerina Assoluta del Ballet Nacional de Cuba, nuestra Alicia Alonso, gloria de la danza universal, quien pusiera desde siempre, tan alto como las palmas, el nombre de su patria.

«Alicia Alonso se ha ido y nos deja un enorme vacío, pero también un

su cuenta de Twitter Miguel DíazCanel Bermúdez, presidente de la República de Cuba, como lo hicieran también otras personalidades del orbe, consternadas por la despedida de Alicia.

De esta cubana, que en su iluminada existencia asumió la postura política que señala el lado del bien y la justicia, y fue, entre muchas otras misiones, Presidenta y Miembro del Primer Congreso Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, en 1961; Miembro del Consejo

Unesco, mucho se hablará en los siglos venideros, porque la integridad de su obra y su conducta constituyen derroteros que tendrán necesariamente que seguir los artistas y los hombres, si se pretende construir un mejor mundo.

Ella, eternamente en vela, danzará por el porvenir.

Tu mérito es muy grande Por su sensibilidad y valioso mensaje, Granma reproduce la carta que Fi-

sadas de las zapatillas.Tu mérito es muy grande. Alcanzaste los más altos laureles del mundo antes del triunfo de la Revolución. Solo excepcionalmente alguien puede realizar esa proeza. Hoy el ballet y otras muchas actividades del arte y la cultura se han masificado.

Aquella fue como la mano de seda que despertó el genio dormido en el fondo del alma de nuestro pueblo. ¡Gloria imperecedera al 60 Aniversario del Ballet Nacional de Cuba!

Fidel Castro Ruz.

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POLÍTICA

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Disputa por la hegemonía

Polarización y uribismo Lo que diferencia el uribismo del pensamiento democrático no es solo su contenido, es cómo se enfrenta el debate y cómo se asume al adversario.

Para ganar no solo hay que vencer, hay que convencer

Roberto Amorebieta @amorebieta7

U

na de las palabras de moda en Colombia es “polarización”. Se dice que la opinión pública está dividida en dos bandos irreconciliables en disputa por imponer su modelo de país a toda la sociedad. Se dice también que los dos bandos, aparentemente diferentes entre sí, en el fondo se parecen mucho o incluso, son lo mismo porque ambos buscan la confrontación antes que la concordia.

Este discurso, que es casi hegemónico en los medios de comunicación y muy popular entre ciertos opinadores bienintencionados, asume que la mayoría de los colombianos no quiere ver a los políticos discutiendo ni peleando y los prefiere trabajando de la mano y poniéndose de acuerdo de buena voluntad. De ese modo, quienes defienden un discurso comprometido con una posición ideológica definida –de uno u otro bando– no serían más que minorías exacerbadas por la intolerancia, que encuentran su única razón de ser en la descalificación del adversario.

Estos biempensantes “de centro” son quienes llaman a evitar las vías de hecho, aplauden las acciones simbólicas, condenan la acción directa, defienden por encima de todo el respeto por las formas y creen –sinceramente– que en tiempos de crisis lo mejor es la “moderación”.

La política sin política La realidad es bien distinta y esa actitud expresa en el fondo un deseo infantil. Un deseo de que las cosas sean como yo quiero, no como realmente son. Lo complicado es que un deseo así supone que la “buena política” es una sin diferencias, sin contradicciones y sin debate. Es decir, la ilusión de una política sin política.

Una política vacía donde no existan

Seguidor uribista que en la pasada marcha del 20 enero se hizo celebre por la frase: “Plomo es lo que hay, plomo es lo que hay”.

los intereses encontrados, todos se abracen fraternalmente en una misma causa y “remen para el mismo lado”.

Semejante idealización revela la necesidad narcisista de que la realidad se adapte a las convicciones más íntimas de la persona, es decir, que todos los políticos piensen como yo para que no peleen entre sí.

Lo peligroso de esta forma de pensar es que un ambiente de opinión que efectivamente otorga más importancia a las buenas maneras que al debate ideológico, suele ser propio de regímenes poco democráticos donde se suprimen las opiniones disidentes. Colombia ha sido un ejemplo de ello. Por muchos años, en particular durante el Frente Nacional (1958-1974), y como herencia de nuestra tradición pastoral cristiana, se impuso en el país una forma de debate político excesivamente formal con un trato casi zalamero que ocultaba los verdaderos conflictos e impedía su escrutinio por la opinión pública.

Dicha forma de resolver los conflictos políticos es tan obsecuente en el trato público (“respetadísimo doctor…”) que impide la difusión y el debate de ideas divergentes sin que sean consideradas “radicales” o “peligrosas”. En ello radica el riesgo de lo que se ha llamado la “tibieza” política en Colombia: ha terminado por ser funcional al poder al contribuir a estigmatizar las ideas y acciones transformadoras, equiparándolas con las uribistas. “Como ambos defienden sus ideas con vehemencia, en el fondo son iguales”. Lo irónico de esta posición política “moderada” es que es un extremismo más. Un extremismo de “centro” que se presenta como ajeno a la polarización,

pero propone una nueva: moderados (buenos) vs. radicales (malos).

Diferencia y no-reciprocidad lógica No obstante, lo anterior y a pesar de la antipatía que despierta, este discurso de la moderación sí debe servirnos como recordatorio de que debemos diferenciarnos de los uribistas, no solo en las cosas que defendemos, sino en la forma de abordar el debate político. Si el uribismo sociológico se caracteriza por la intolerancia, nosotros debemos promover la pluralidad. Si ellos apelan al insulto y la descalificación, nosotros debemos apelar a la ironía, a la burla y al sarcasmo. Si ellos vociferan insultos, nosotros debemos gritar verdades. Si ellos nos consideran sus enemigos a quienes deben exterminar, nosotros los debemos considerar nuestros adversarios a quienes queremos vencer y convencer.

El magnífico ensayo “Elogio de la dificultad” de nuestro Estanislao Zuleta nos da pistas para comprender cómo asumimos el conflicto y cómo debemos diferenciarnos del uribismo sociológico.

Zuleta nos hace caer en cuenta de que en el fondo todos somos dogmáticos, todos creemos en algo que nos brinda un referente de identidad, algo que nos responde la pregunta “¿quién soy yo?”. Esa verdad es algo que nunca discutimos pero que orienta toda nuestra manera de concebir el mundo. Cuando planteamos nuestras opiniones en un debate, estamos expuestos a que sean refutadas y eso no nos gusta, nos hace cuestionarnos y nos produce angustia.

Por ello es fácil acudir a la No Reciprocidad Lógica.

La No Reciprocidad Lógica consiste en que cuando se trata de dar cuenta de un error, si se trata de nosotros usaremos el circunstancialismo (“no fue mi

culpa”,“yo quería, pero no pude”). Si se trata del otro usaremos el esencialismo (“él es así”, “es su esencia”). Cualquier prueba en nuestra contra es algo fortuito. Cualquier prueba en contra del otro es una evidencia irrefutable. Por supuesto que una forma explicativa así no es válida porque con ella se puede justificar y explicar cualquier cosa.

Nueva interpretación Estas ideas de Zuleta aplicadas a nuestra realidad actual sugieren que una de las diferencias fundamentales entre ellos y nosotros estará en la forma como nos interpretemos mutuamente. Por ello, la noción de “uribismo sociológico” es útil para despojar a los uribistas de su carácter malintencionado y comprender que el problema no son los individuos, sino el marco cultural en el que se desenvuelven. Es decir, así como no se acaba la pobreza acabando con los pobres, tampoco se vence al uribismo despreciando y menospreciando a los uribistas.

La experiencia del uribismo ha sido nefasta para el país, es algo que debe decirse sin matices. Pero también debe reconocerse que el uribismo ha interpretado el pensar y el sentir de millones de colombianos que aún le guardan fidelidad casi religiosa. Es decir, tenemos una tarea monumental por delante. Y para emprenderla debemos armarnos de argumentos, coherencia, optimismo en la voluntad y amor. Pero no el amor romántico o idealizado que nos venden los apologistas de la armonía sino el amor en su sentido más humano, el que expresa Guevara cuando dice “el verdadero revolucionario está guiado por grandes sentimientos de amor”. Ese que quiere cambiar el mundo para que todos vivamos bien, incluso los uribistas.

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POLĂ?TICA

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POLĂ?TICA

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ECONOMÍA

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Y pasó el presupuesto...

Ley de financiamiento

Carlos Fernández

E

n menos de dos días, se presentaron dos hechos que están íntimamente relacionados. Por un lado, la Corte Constitucional declaró inconstitucional la ley 1943 de 2018, llamada ley de financiamiento, consistente, en esencia, en una reforma tributaria, y, por el otro, el Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2020, antes del 20 de octubre, fecha límite para la aprobación del presupuesto anual. ¿Qué relaciona estos dos eventos?

La ley de financiamiento fue la forma legislativa de decir que, como el presupuesto para 2019 estaba desfinanciado, había que reformar el estatuto tributario para obtener los recursos faltantes. En ella se introdujeron normas que implicaban alivios fiscales para los grandes empresarios, mezcladas con medidas de aceptación popular como un impuesto a las bebidas azucaradas. Populares para los que tienen conciencia del mal que hacen estas bebidas pero inaceptables para quienes todavía hacen el almuerzo colombo-francés: una Colombiana y un pan francés.

Algunos analistas económicos señalaron que la ley de financiamiento podría generar, en vez de aumento de los ingresos fiscales, disminución de los mismos, si se tiene en cuenta que dicha ley disminuye la tasa de impuesto a la renta para las empresas y, además, el reciente comportamiento de la tasa de cambio implica aumentos en la deuda externa asumida en divisas extranjeras (euro, dólares) y en el precio de las importaciones tanto de las entidades estatales como de las empresas que

importan artículos que hacen parte del consumo popular.

Pero, hay que decirlo, la Corte Constitucional hizo algo insólito: declaró inconstitucional la ley, por vicios de forma, pero sólo a partir del primero de enero de 2020. Es decir, la ley es constitucional hasta el 31 de diciembre del presente año y, luego, se vuelve inconstitucional, para que el Gobierno nacional pueda recaudar, en 2019, los recursos que, según sus promotores, recaudaría y pueda solucionar los vicios de forma por los cuales la ley fue declarada inconstitucional. De lo que no se habla, es de que la ley de financiamiento tiene demandas por cuestiones de fondo que la Corte debe resolver. Y ojalá que lo haga antes de que se apruebe en el Congreso la misma ley sin vicios de forma.

El presupuesto aprobado, por su parte, fue elaborado sobre la base de que la ley de financiamiento estaba vigente. Como dijimos en artículo anterior, el presupuesto para 2020 también es deficitario, es decir, hay más de 16 billones de pesos sobre los que no hay claridad acerca de cómo serán financiados. Así lo denunciaron dos congresistas, Wilson Arias y Juan Castro, tal como lo habían hecho en la discusión para primer debate.

El déficit, según el Gobierno, será financiado con la venta de la participación accionaria del Estado en varias empresas (aunque les dicen que no a los congresistas, está en la mira la participación del Estado en ISA) y con «otros recursos de capital» no suficientemente esclarecidos, al punto de que los ponentes gobiernistas que presentaron la ponencia positiva para el segundo debate señalaron la necesidad de que el

Gobierno hiciera más explícito cuáles participaciones de cuáles empresas iba a enajenar y en qué consistían los llamados otros recursos de capital.

El presupuesto y la paz Los ponentes gobiernistas que presentaron ponencia favorable para que el Congreso aprobara la ley de presupuesto con las modificaciones acordadas con el ministro Carrasquilla en sesiones en el Ministerio de Hacienda –a las que no quisieron asistir los congresistas de la bancada de la oposición- afirman que «este proyecto incluye los recursos para continuar con la implementación y ejecución del Acuerdo de Paz». En realidad, lo que se incorporó para este rubro es producto de los congresistas de la oposición y no es suficiente para las necesidades que genera la implementación del Acuerdo.

La paz fuera del discurso La característica principal del proyecto de Presupuesto General de la Nación y del presupuesto aprobado no es sino la muestra de lo excluyente de la oligarquía colombiana. Por una parte, dicen haberle dado a la educación el mayor presupuesto de la historia pero

el rubro más grande del presupuesto de gastos sigue siendo el pago de la deuda.

Las entidades relacionadas con el proceso de paz, sobre todo las relacionadas con el primer punto del Acuerdo (reforma rural integral), fueron objeto de adiciones provocadas por el Congreso gracias a la presión de los congresistas de oposición. Pero el rubro de la paz sigue sin una financiación clara y suficiente.

O sea que mientras el presidente se pavonea hablando de paz en Colombia, sus metas presupuestales están lejos del Acuerdo y de lo que significa su implementación. ¿Qué hacer con el presupuesto?

Las partidas presupuestales asignadas mediante ley siguen siendo objeto de pequeñas disputas en el seno del Congreso para que queden incluidas partidas para obras locales y regionales impulsadas por los congresistas. En realidad, lo que hay que cambiar es la forma de elaborar y aprobar el presupuesto. Hacerlo participativo –sin mermelada-, orientado a los sectores socialmente estratégicos, buscando devolverle los impuestos que pagan los que deben pagarlos a los sectores más vulnerables de la población y lograr que la distribución del ingreso sea diferente antes de impuestos y después de impuestos.

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JUVENIL

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La reforma laboral de Duque

La juventud en la mira del neoliberalismo

Jóvenes trabajadores apoyan la movilización estudiantil.

Foto Arturo Larrahondo Avendaño, Escuela Nacional Sindical.

Juancarlos Gamboa Martínez - Colectivo Ceiba de la Memoria

La propuesta de reforma tendría las siguientes características: “rebajar” las horas laborales de la semana, posibilitar modalidades de contratación por horas, días o semanas, creación de un salario diferencial por edades y regiones, y la atenuación de los requisitos para facilitar despidos masivos.

Movimiento sindical juvenil se opone Kevin Siza Iglesias

L

os recientes anuncios hechos por Alicia Arango, Ministra de Trabajo del gobierno de Iván Duque, abrieron las puertas al anunciado debate en torno a las reformas laboral y pensional que, tal como se esperaba, el uribismo impulsaría hacia fines de este año y comienzos de 2020.

Múltiples y disímiles reacciones se han presentado desde los gremios empresariales, las centrales obreras y desde la academia al respecto, por lo que, pese a no existir aún un documento consolidado, desde ya se van dibujando en el horizonte del mundo del trabajo en Colombia los principales aspectos que traería este nuevo paquetazo neoliberal.

Sin trabajo formal Sobre el argumento de “defender” el derecho al descanso, al ocio y al disfrute de la familia colombiana, el

senador Álvaro Uribe radicó el 1 de octubre pasado en esa corporación un proyecto de Ley que pretende reducir de 48 a 45 las horas laborales semanales. Días después, la ministra Arango respaldó la propuesta al plantear que “se ganaría más en productividad y resultados, la gente que está más contenta produce más”1 .

Según esta lógica, menos horas laborales abren la posibilidad de que se contrate más personal. Lo anterior, podría parecer una demostración de generosidad del gobierno, pero dista mucho de ello. Uno de los problemas centrales del mercado laboral colombiano, es la inexistencia de fuentes de empleo formal producto de la debacle de la industria nacional ocasionada como efecto del libre comercio y de la poca competitividad de la agricultura, lo que ha ocasionado la pérdida de 569 mil puestos de trabajo durante el último año en estos dos sectores, derivando en un índice de desempleo del 10,8% y una tasa de informalidad de 50,8% para agosto de este año. Más que en propuestas demagógicas, el gobierno debe enfocarse en crear nuevos puestos de trabajo formales, tarea en la que ha fracasado con las exenciones tributarias a los grandes capitales.

El fantasma de la precarización Por otro lado, en el mismo proyecto de Ley presentado por Uribe, se contempla la posibilidad de ampliar las ya precarizadas modalidades de contratación laboral en Colombia y darle paso a la contratación por horas, días o semanas. El argumento central de esta propuesta, es que lo “inflexible” de las actuales modalidades se convierte en una traba para generar más empleo por cuanto los empleadores se cohíben de contratar más personal, ya que a veces sólo requieren suplir necesidades puntuales y momentáneas en sus empresas y no una actividad permanente o misional, por lo que con esta nueva modalidad, no tendrían que incurrir

en los gastos que traen aparejados los trabajadores estables y por tanto, generarían más margen para la creación de nuevos puestos de trabajo, lo que iría de la mano con el pago proporcional de las pensiones y un seguro que daría acceso a la salud.

Esta, es la principal apuesta para intensificar la precarización laboral de los jóvenes del país y condenarlos a tener que enganchar con varios empleos para completar medianamente un salario mínimo, el cual tendería a desaparecer.

Mientras las y los trabajadores pierden en derechos y dignidad, el capital sigue amasando a costa de su sudor cada vez mayores ganancias.

Salario mínimo de aprendizaje El otro componente importante dentro de la reforma laboral, tiene que ver con la atenuación de los requisitos para el despido de trabajadores, lo que tiene su antecedente más cercano en la Circular 049 de 2019 emitida por el Ministerio de Trabajo, que ataca directamente la estabilidad laboral reforzada, lo que está conectado con la pretensión de disminuir los costos que debe asumir el empleador en lo que respecta a erogaciones por despidos y liquidaciones.

Todos los elementos anteriores, han generado distintas reacciones desde diversos ámbitos. Los gremios, como la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, salieron al paso al proponer la creación de un nuevo esquema que permita un pago diferencial para los jóvenes menores de 25 años, a quienes se les pagaría sólo el 75% del salario mínimo por no más de un año, bajo la idea de que están en “etapa de formación”.

Sería la reedición, ahora generalizada, de la pérdida del carácter laboral del contrato, bajo el ropaje de “aprendizaje” que trajo aparejada la Ley 789 de 2002 y particularmente el Decreto 933 de 2003, sustentándola, nuevamente,

en las alarmantes cifras de desempleo juvenil que hoy se ubican en el 17,7%.

Esto, está relacionado con la creación de un salario por regiones o sectorizado definido con base en la productividad y competitividad de cada territorio.

Contra la propuesta neoliberal Cabe recordar que en los Estudios Económicos de la OCDE Colombia del 2015, éste organismo recomendaba a nuestro país, partiendo de la idea de que “el elevado salario mínimo reduce las posibilidades de empleo para los trabajadores con baja cualificación, los jóvenes y los residentes en regiones menos desarrolladas, así como para las minorías” se diera paso a un salario diferenciado por edad y por regiones pues “potenciaría el empleo entre los jóvenes menos cualificados”2 , lo que se traduce directamente en el elevamiento de las tasas de explotación de la juventud y en la condena a los habitantes de las regiones periféricas poco productivas a recibir salarios que no garanticen una vida digna.

En días recientes, se reunió en Bogotá el Encuentro Nacional de Emergencia de organizaciones sindicales, sociales y populares, entre cuyas conclusiones está la lucha contra este nuevo paquetazo neoliberal del gobierno de Iván Duque. Es preciso que desde el campo popular y juvenil, puedan propiciarse iniciativas que denuncien lo lesivo de estas iniciativas para los intereses de las y los trabajadores y sobre todo, que impulsen el proceso de movilización en curso, que inició con la gran marcha estudiantil del 10 de Octubre y que continuará con la del 17 de Octubre y el gran Paro Nacional el 21 de Noviembre.

1 Véase en: https://www.portafolio. co/economia/empleo/los-cambiosque-se-vendrian-con-la-reforma-laboral-534312 2 Estudios Económicos de la OCDE Colombia. 2015. Pp. 34.

DERECHOS HUMANOS

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Octubre 23 de 2019

La censura del Ejército crímenes de Estado, que estas situaciones no son de unas manzanas podridas en el Ejército, ni acciones de pequeños grupos disidentes, con una política de criminalidad en nuestro país y cuando estas denuncias se dan, ocurren los señalamientos o la persecución desde este tipo de organismos que también evidencian el no respeto de la libertad de expresión”, asegura la líder.

Hombres del Ejército Nacional censuran mural que se realizaba en el marco de la campaña por la verdad, emprendida por organizaciones de derechos humanos con el ánimo de visibilizar sus crímenes

Esclarecer la verdad

★ Carolina Tejada Sánchez

L

os hechos de censura y de autoritarismo se dieron el pasado viernes en las horas de la tarde, cuando artistas grafiteros trabajaban en el montaje del mural con motivo de la impunidad de los casos de asesinatos a jóvenes, mal llamados por el gobierno, “falsos positivos”. Allí llegaron los miembros del Ejército y, sin mediar palabra, y delante de la policía, borraron parte del mural que, además de mostrar las cifras de los asesinatos en la impunidad, también daba cuenta de los militares investigados como parte de la cadena de mando de las unidades militares en los cuales ocurrieron los crímenes.

Esta información está documentada y las hojas de vida de altos mandos militares implicados se han examinado, con información verificada. El propósito de la campaña es evidenciar los vínculos que existen entre estos casos, la relación con un modus operandi del Ejército, que hoy deja 5.763 casos y que sucedieron bajo el mando de esos militares en varios lugares del país. Algunos de estos ya se han acogido a la Justicia Especial para la Paz, JEP. Rostros de la impunidad Al parecer, a los militares no les gustó que los rostros de altos mandos

aparecieran en medio de una denuncia pública, por impunidad. Los rostros que fueron borrados del mural eran los del general Nicacio de Jesús Martínez, comandante del Ejército e investigado por la Procuraduría General de la Nación, el general Adolfo León Hernández Martínez, al mando del Comando de Transformación del Ejército del Futuro, bajo las órdenes de este militar estaba el Batallón La Popa, entre diciembre de 2007 y junio de 2009 y se cometieron 23 asesinatos a civiles. En el mural también se encontraba el actual comandante de la XIII Brigada el General Marcos Pinto Lizarazo; bajo su mando en dos unidades, ocurrieron 26 casos.

En el mural, que maquetaron unos jóvenes artistas de Bogotá, también se plasman los rostros del excomandante general del Ejército Mario Montoya Uribe, quien se acogió a la JEP; bajo su mando se cometieron 2.429 asesinatos, y del General Juan Carlos Barrera Jura-

Se cumplen 17 años de impunidad de la Operación Orión en Medellín, la cual no se esclarece del todo; una realidad que sigue latente y que la población se niega a seguir viviendo

do, con 154 casos en distintas unidades del país.

La campaña, dentro de su componente de denuncia y sistematización de casos, realiza los murales como un ejercicio de verdad y memoria, como “Un llamado a la conciencia colectiva de lo que hay que cambiar”.

Aleyda Murillo, quien hace parte de Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo, Modep, del capítulo Movice en Bogotá, comenta que: “Cuando se han hecho explícitos estos casos en donde se evidencia que hay una estructura con implicados en estas ejecuciones extrajudiciales, y al encontrarse las pruebas y al identificar que esto es sistemático, así no se haya reconocido, se muestra como en Colombia había una política de exterminar y justificar las agresiones al campo democrático y popular”.

También explica que: “El Movice, desde sus inicios, ha venido denunciando públicamente que existen

Madres víctimas a la espera de justicia.

D

urante el año 2002, la Comuna 13 fue testigo y víctima de las estrategias militares que el Estado quiso implementar en las calles de Medellín. Mes a mes se desarrollaban operaciones militares que solo causaban zozobra y temor. Acciones que dejaban como resultado hombres y mujeres de diferentes edades asesinados, heridos, y familias desplazadas. VOZ comparte el llamado que las organizaciones sociales de madres y víctimas de estos hechos, le hacen al país en el marco de los 17 años de impunidad: La Comuna 13 se convirtió así en un laboratorio de guerra. Quizás la más recordada de estas operaciones, por su impacto en la población, fue Orión, realizada entre el 16 y el 18 de octubre de ese año, que dejó a 80 civiles heridos, 17 homicidios cometidos por la Fuerza Pública, 71 personas asesinadas por los paramilitares, 12 personas torturadas, 370 detenciones arbitrarias, seis desapariciones forzadas, registradas durante la operación, y más de 100 en los días y meses posteriores. Las víctimas han detallado que la operación continuó, de manera silenciosa, hasta inicios del mes de diciembre.

Operación Orión, 17 años de impunidad Orión, fue la incursión militar urbana más grande que ha tenido Colombia. A pesar de ello y del gran asombro que pudiera causar en muchos, la impunidad para encontrar a los responsables sigue vigente.Tras 17 años seguimos esperando que altos mandos militares, como el general en retiro, Mario Montoya Uribe, responda por lo ocurrido y que cuente por qué de manera indiscriminada el Estado colombiano abría fuego a las casas, ¿por qué la alianza con paramilitares?, ¿por qué no se cumplió el papel de garante y se cometieron violaciones a derechos de los civiles en esta Comuna? Son 17 años de muchas preguntas y pocas respuestas.

A pesar del dolor, hoy también se sigue resistiendo, la población de San Javier sigue luchando para que se conozca la verdad, para que hechos como estos no vuelvan a repetirse y para que la Comuna 13 de Medellín sea un laboratorio de paz, donde la memoria esté vigente. Nos negamos a que las víctimas se conviertan en una fría cifra que llena los registros en las instituciones del Estado, nos negamos a olvidar a quienes les arrebataron la vida y nos negamos a cesar la búsqueda de aquellos y aquellas a quienes aún seguimos esperando.

Las víctimas y los ciudadanos de Medellín seguiremos exigiendo justicia, que se esclarezcan los hechos, por eso

¿Quién dio la orden? Esta es una de las preguntas que las víctimas se repiten a diario. Por ello el mural, que se enmarca en la campaña, se expresa como una necesidad de que el país conozca a los responsables, no solo los materiales, también los intelectuales.

En un comunicado de la campaña expresan que: “lo verdaderamente escandaloso es que estos crímenes sigan en la impunidad. Lo censurable es que haya miembros activos en las Fuerzas Militares implicados. Lo deshonroso es que el Ejército no se distancie de estos hechos”. Igualmente, hacen un llamado a las diferentes entidades, como la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría: “A estar atentas a este caso de censura de la libertad de expresión.

A proteger la integridad de artistas que estaban realizando el mural y a las personas integrantes de organizaciones acompañantes”.

En la opinión pública, la censura del mural ha generado, según las mismas organizaciones sociales, un gran impacto ciudadano. Pero también, ha generado una exigencia al respecto por el derecho a la expresión, a las libertades y a exigir la verdad, ya no solo desde las organizaciones, sino como un clamor social, provocado por el despertar de las acciones militares.

confiamos firmemente en el papel y la oportunidad que el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, Sivjrgnr brinda.

A la JEP, le pedimos que dicte medidas cautelares sobre el sitio conocido como La Escombrera y que se abra el macrocaso sobre desaparición forzada.

Le insistimos a la Comisión de la Verdad que escuche todas las voces y que la verdad desde las víctimas sea un agente primario en la construcción del relato sobre lo ocurrido, puesto que han sido ellas quienes han padecido los estragos de la guerra. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas es la oportunidad que se abre en este mar de impunidad de encontrar a los cientos de personas desaparecidas de la comuna, insistimos en la elaboración de planes integrales de búsqueda.

Instamos al Estado colombiano a que no siga negando el conflicto ocurrido en Comuna 13, conflicto que sigue vigente. La militarización de los barrios no puede seguir siendo la respuesta a un flagelo que pide a gritos soluciones más allá de la presencia de la Fuerza Pública, es vital que se reconozca y se desarrolle inversión social.

A los procesos organizativos que siguen resistiendo en Comuna 13 los abrazamos y respaldamos, estas son las muestras de que la paz se construye con la juntanza de voluntades, con el anhelo de la justicia social. Desde Medellín, decimos nunca más operaciones militares, ¡Operación Orión Nunca Más!

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Octubre 23 de 2019

MUJERES

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Metro elevado para Bogotá

Un asunto en disputa Un grupo de mujeres que apoya la candidatura de Morris, muestra su preocupación por la propuesta de metro elevado de las otras candidaturas y advierte sobre la corrupción que hay detrás de un proyecto sin estudios Chila Pineda Arboleda

A

lgunos investigadores señalan, con base en evidencias, que “proyecto que se contrata sin estudio, conduce al delito, a la corrupción y a los sobrecostos”. Como ejemplo: Reficar, Hidroituango y Odebrecht.

El caso del metro de Medellín es proverbial, resultó cuatro veces más costoso, convirtiéndose en uno de los más caros del mundo; hubo irregularidades, cuantiosos sobornos, es decir, la corrupción sin fondo.

Proyecto sin estudios A pesar de ese espejo, el Concejo de Bogotá aprobó, sin estudios de factibilidad, el proyecto del metro elevado para Bogotá. Se entregó el estudio un año después de dicha aprobación. Estos hechos irregulares son, a todas luces, ilegales, en el sentido de que es requisito indispensable, en cualquier contrato público, hacer estudios de factibilidad, según la ley1 y con aprobación del Concejo, según los cuales no se puede aprobar el cupo de endeudamiento y la cofinanciación del metro para Bogotá, por parte de la nación.

A pesar y en contra de ese requisito, el Gobierno nacional firmó un convenio de cofinanciación por $12.9 billones de pesos, para el metro de la capital. Con estos actos, violando la ley y los requisitos, se quiere imponer, a la fuerza, el metro elevado para Bogotá.

Quienes proponen el metro elevado Algo más, en el contexto de la demanda del Polo al proyecto del metro para Bogotá, los concejales Nieves y Sarmiento, ambos de este partido, se inclinan porque se retorne al proyecto del metro subterráneo, a diferencia

de Peñalosa, Claudia López, Carlos Fernando Galán y Miguel Uribe, que proponen el metro elevado.

Ha dicho Hollman Morris: “El mejor metro para la capital es el que tiene estudios, el que reúne todos los requisitos de ley, y ese se llama metro subterráneo”.

Como corolario, una perla: Sin comenzar la ejecución del metro para Bogotá, la entidad encargada de la estructuración técnica, legal y financiera del proyecto, la Empresa Metro de Bogotá, está ya en la mira de la Contraloría, al advertir 45 posibles irregularidades en dicha empresa.

El informe de la Contraloría “sobre el manejo administrativo, contractual y financiero de la Empresa Metro de Bogotá, en la vigencia de 2018, evidenció hallazgos administrativos, disciplinarios, penales (por posibles delitos relacionados con la contratación) y fiscales que podrían configurar un detrimento por $1.000 millones de pesos.

Además, algunos de los consorcios más poderosos de la construcción, que licitan la concesión que construirá y operará durante 20 años el metro elevado para Bogotá, están vinculadas a escándalos internacionales de corrupción2. Y, como si fuera poco, en el contexto de las políticas neoliberales, la nación, el distrito y los usuarios, financiarán la construcción del metro. Sin embargo, las multinacionales explotarán a su favor y durante 20 años, la concesión que el Estado le otorga a dichas multinacionales, sin gastar un solo peso de sus bolsillos. Al contrario, debería ser el Distrito el administrador del metro.

El jueves 17 de octubre, despertamos con la noticia de que el proyecto metro para Bogotá se adjudicó a la multinacional Apca Transmimetro, cuestionada por escándalos internacionales de corrupción. El 27 de octubre al vo-

tar por Hollman Morris podemos revertir esta burla hecha al pueblo bogotano.

Razones para apoyar a Hollman Morris Su propuesta programática se fundamenta en un nuevo modelo de ciudad, que avance en la construcción de una ciudad compacta, densa, sostenible, incluyente, que mitiga el cambio climático, defiende la cultura de la paz en lo rural y lo urbano, articulada de manera integral con la gran revolución de la educación superior en Bogotá.También le apuesta a un nuevo Plan de ordenamiento territorial (POT), sobre la base de la prevalencia del interés general sobre el particular, y la lucha contra la corrupción; defiende la implementación del Acuerdo de Paz, privilegia la inversión social, para avanzar en la disminución de la desigualdad, potencia la participación política desde los territorios y la inclusión social.

Y, por supuesto, como un asunto estratégico, se comprometió con la agenda de las mujeres, con los lineamientos, principios, instrumentos, enfoques y estrategias para garantizar los derechos de las mujeres y el LGBT, trabajará por el derecho a una vida libre de violencias y miedos para las mujeres, su propuesta programática no es solo el metro, ni ha dicho que Bogotá sea solo el metro.Veamos algunos puntos de su programa: Educación: propone garantizar 50.000 cupos nuevos cada año en la Universidad Distrital, mientras la Universidad Nacional, sede Bogotá, recibió, en el primer semestre de 2017, sólo 5.500 estudiantes de 50.000 que se presentaron a pruebas de admisión La paz: está comprometido con la paz, con la defensa de las víctimas, el reconocimiento de las y los excombatientes, la implementación del Acuerdo y con la defensa de la vida

para las y los líderes sociales, defensoras y defensores de derechos humanos.

Las mujeres: Hollman ha dicho públicamente que “estoy dispuesto a que sigamos con ustedes las mujeres, desaprendiendo el machismo y la cultura machista. Pido perdón, si en algún momento de la vida he ofendido a una mujer”. Inscrito en el espíritu del proceso de paz y la reconciliación, de superar la cultura del odio y la de hoguera, en el reconocimiento de que las mujeres son diversas y diferentes; su propuesta busca cerrar las brechas de desigualdad de género, garantizar la paridad y fortalecer la política pública de mujeres y equidad de género.

La cultura: se compromete a fondo con aquellas expresiones culturales que han sabido nutrirse de la memoria colectiva de nuestros pueblos; expresiones que han jugado un papel importante en la creación de una cultura nacional, popular y latinoamericana. Expresiones culturales que estarán al alcance de las y los capitalinos, sin sujeción a la economía naranja.

Solidaridad: Ha expresado su rechazo al vil ataque terrorista contra la sede del Partido Comunista y la Unión Patriótica (UP), que es también un atentado contra la coalición de Colombia Humana, Unión Patriótica (UP), Partido Comunista y MAIS, que impulsan su candidatura.

1 Ley 1682 de 2013. Los estudios son indispensables para adjudicar un contrato público, puesto que son los que determinan si una obra es viable o no.

Ley 310 de 1996. El gobierno nacional debería cofinanciar los sistemas de transporte masivo siempre y cuando “el proyecto respectivo tenga conceptos previos del Compes mediante un estudio de factibilidad” , 2 La corrupción en el metro elevado para Bogotá, cinco claves, ver en YouTube.

INTERNACIONAL

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Octubre 23 de 2019

Cataluña

Cuando el que delinque es el Estado La sentencia contra líderes catalanes supone un insulto a la democracia, un ataque a fondo al sistema de convivencia pacífica, inmersa en el Estado de Derecho Ricardo Arenales

N

i en la Constitución Política española ni en su régimen legal, la convocatoria a un referendo como tal, supone cometer ningún delito. Y, básicamente, lo que hicieron los dirigentes catalanes que acaban de ser condenados a penas de prisión entre nueve y trece años, bajo los cargos de sedición, es la convocatoria de un plebiscito en el que se consultó la voluntad popular en torno a un estatuto independentista, largamente acariciado en Cataluña.

Como advierten varios juristas españoles, con la condena judicial se consiguió torcer la ley, para criminalizar el derecho a la libertad de expresión y de manifestación. Además, la normatividad española establece otras vías, como las sanciones administrativas por desobediencia, y no por sedición,

Aspecto de la movilización por el rechazo popular a las penas de prisión impuestas a los dirigentes independentistas catalanes. que es el paso anterior a la rebelión, figura que no existe taxativamente en el régimen legal ibérico, pero que el ultraconservador Partido Popular ha querido introducir en una reforma constitucional.

La sentencia judicial contra la dirigencia catalana es por tanto un acto de desproporcionalidad en la aplicación de la ley, similar al del homicidio en el quantum de la pena. Es una sentencia injusta, vengativa, contra un grupo de líderes que intentaron pactar un referendo, sin que los poderes centrales escucharan sus reclamos, y después lo llevaron a cabo sin garantías.

Democracia irreal La sentencia supone un insulto a la democracia, un ataque a fondo al sistema de convivencia pacífica, inmersa en el Estado de Derecho, que ha sali-

Haití

Crisis, corrupción y pobreza

do fracturado con el fallo judicial. Un Estado liberal debe ser laxo en la contemplación de derechos fundamentales como el de opinión y de manifestación.

Los líderes de Madrid, haciendo esguinces para justificar la brutal represión vivida en estos últimos ocho días en Barcelona, dicen que en una democracia caben todas las ideas. Pero eso no es cierto. Las que intentan romper el statu quo de las élites en el poder, no caben en esa democracia.

Privilegiar el diálogo Por esta razón, además, los condenados son esencialmente presos políticos, porque defienden proyectos e ideas que no encajan en los intereses de las elites en el poder, porque representan al pueblo catalán, y el pueblo con su voto respaldó la gestión de esos líderes hoy

rrio de gente adinerada, para dar apretones de manos durante 55 segundos, y volvió a perderse en la penumbra.

La anterior aparición en público fue el 25 de septiembre, en una alocución por televisión, a las dos de la madrugada, cuando el pueblo haitiano dormía, para proponer “un gobierno de unión nacional”. En la mayoría de los barrios de la capital no había electricidad, y en el campo menos. Por eso el mensaje presidencial se perdió en la bruma. El mandatario, prefiere comunicarse por Facebook, como hace su protector, el presidente norteamericano Donald Trump.

Alza en combustibles

Aspectos de las protestas que reclaman fin de la corrupción en Haití y una política social democrática.

¿

Quién se acuerda de Haití? La nación más pobre del continente parece dar pasos hacia el abismo, hacia un Estado inviable.

El actual presidente, Juvenal Moise, parece un fantasma. Elegido por recomendación de su antecesor, Michel Martelly, fue electo en unos comi-

cios salpicados de irregularidades, con la participación de apenas el 22 por ciento del electorado.

En medio de protestas generalizadas por la denuncia creciente de hechos de corrupción, Moise apareció en público el 3 de octubre pasado, por primera vez en tres meses, en un ba-

Con semejante perfil, el mandatario, un empresario de 51 años de edad, que antes de ascender al gobierno era un perfecto desconocido en la política, hoy afronta una de las peores crisis de las últimas décadas. Desde el 16 de septiembre el país permanece semiparalizado, por las protestas de los haitianos que reclaman expulsar del poder a los corruptos y una política social que se compadezca con las necesidades de la población.

Las manifestaciones estallaron cuando el gobierno anunció un alza del 50 por ciento en los precios de los combustibles, producto de la suspensión de

tras las rejas. El delito, pues, lo ha cometido el Estado, al descargar todo el peso avasallador de su aparato de justicia para castigar el sentimiento independentista de una franja considerable de población.

Esto lo han entendido así los catalanes, y por eso se han lanzado a las calles en la última semana, a expresar con ira el rechazo a una medida judicial que, además, abre un boquete para que cualquier protesta, como la de los reclamantes de vivienda, sean castigados por sedición. El problema inmediato es que la radicalización del movimiento independentista y la dureza de la respuesta del gobierno de Madrid, no permiten ver una solución sensata al problema.

Las diferentes fuerzas catalanas representadas en el gobierno de coalición, deberán establecer una estrategia inteligente al respeto. En todo caso, la vía del diálogo es preferible a la de la confrontación.

una serie de subsidios, una situación similar a la que se vivió en Ecuador y Chile. La medida es en extremo lesiva en un país en el que, según el Programa Mundial de Alimentos, la mitad de la población sufre de insuficiencia alimentaria. Haití además padece una inflación que bordea el 20 por ciento.

La eliminación de subsidios en los combustibles, la población lo asocia a lo que allá se denomina los recursos de Petrocaribe. En tiempos del gobierno de Chávez, en Venezuela, la Revolución Bolivariana entregó petróleo a precios de saldo a Haití, que le permitieron ingresos de 2.500 millones de dólares, entre 2008 y 2016.

La intención de Venezuela era que esos recursos se invirtieran en obras sociales y humanitarias. Pero fueron a parar a los bolsillos de parlamentarios corruptos, diputados, alcaldes. Entre los defraudadores está el presidente Moise y sus empresas.

Por esta circunstancia, el país entero se alza contra la corrupción. La idea de que Moise renuncie al cargo, se disuelva el parlamento y se abra una investigación a fondo de los hechos, es apoyada por un buen número de iglesias, organizaciones sindicales, defensoras de derechos humanos, profesores universitarios, músicos, artistas, escritores y hasta asociaciones del sector empresarial.

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Octubre 23 de 2019

INTERNACIONAL

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Elegido Evo Morales en Bolivia

Se salvó la Pacha Mama

Inmediatamente se conoció el consolidado de los resultados electorales, grupos de derecha comenzaron a orquestar la idea de un fraude electoral, para justificar planes golpistas, como lo han hecho en Venezuela El presidente Evo Morales defenderá, en segunda vuelta, una colosal obra de transformaciones sociales para el pueblo boliviano.

Alberto Acevedo

C

on el 93.5 por ciento de los votos escrutados, en la madrugada del pasado martes, el presidente Evo Morales obtenía el 46.87 por ciento de los votos, frente al candidato de Comunidad Ciudadana, el expresidente Carlos Mesa, con el 36.73 por ciento. Después de que se especuló con la idea de que hubiera necesidad de una segunda vuelta, el resultado representa una contundente victoria para el proyecto social del Movimiento al Socialismo, MAS. Los comicios del pasado domingo 20 de octubre en Bolivia, desbordan el significado de una simple elección presidencial. Porque lo que se puso en juego no fue el simple relevo en el poder, sino una opción histórica, un desafío para las comunidades y el pueblo trabajador y campesino que integran el Estado Plurinacional.

Consolidados los formidables avances realizados durante la presidencia de Evo Morales, que convirtió una economía atrasada en la más dinámica de América Latina, se trataba ahora de escoger entre continuar el camino de las transformaciones socia-

les democráticas o retornar al pasado semifeudal.

Nostalgia por el pasado El reto de un segundo balotaje electoral, era saber si la sabiduría y la voluntad política permitirían seguir por la senda de las transformaciones sociales o se optaría por buscar refugio en el pasado, que la burguesía de ese país presenta como la panacea a las dificultades que aún quedan por resolver.

Esta opción sería tanto como defender la pobreza crónica que vivía la mayoría de la población, el saqueo a los recursos naturales y sacrificar la soberanía nacional, como sueñan los sectores de derecha y las empresas trasnacionales que están detrás del proyecto político del expresidente Mesa.

Ahora ha comenzado a circular la versión de que se produjo un fraude electoral. No mencionan para nada que la contienda electoral estuvo asediada por una gigantesca campaña de mentiras, guerra mediática y amenazas de golpe de Estado, si se confirmaba la victoria de Evo Morales en primera vuelta.

Hubo alineamiento de fuerzas de extrema derecha, de algunos sectores empresariales y de fuerzas extranjeras, lideradas por Washington, para cerrarle el paso al presidente Evo Morales, sin descartar la vía del golpe sangriento en caso de que su victoria, como en efecto ha sucedido. Desde luego, la campaña de fake news, incidió en los resultados finales y es de esperarse que los planes de la reacción nacional e internacional se activarán para un complot desestabilizador, si las fuerzas populares y progresistas no se activan y detienen la mano enemiga.

Defender el proyecto social Fue muy fuerte la campaña mediática para fomentar la desmemoria y ocultar los sufrimientos del pasado.

Para desvalorar la imagen de un presidente que eliminó el analfabetismo y redistribuyó la riqueza. Que hasta un periódico como el Financial Times reconoció los avances vertiginosos de la economía boliviana y las dimensiones de las reformas sociales.

En ese marco de cosas, el presidente boliviano denunció, en los días finales

de su campaña el plan de golpe militar, orquestado por Estados Unidos, con el apoyo de algunos militares y de grupos empresariales tanto nacionales como extranjeros. El pretexto es el anunciado fraude electoral.

Una fase final del plan sería la conformación de un gobierno provisional, estilo Guaidó, que tendría reconocimiento internacional. Por ejemplo, trascendió que funcionarios del Departamento de Estado acreditados en La Paz, como la ministra consejera Mariane Scott y Rolf Olson, se reunieron con diplomáticos colombianos para discutir detalles del plan. También con funcionarios de las embajadas de Argentina, España, Brasil, Paraguay, Chile, Ecuador y el Reino Unido.

Las fuerzas populares conocen los planes de la reacción internacional. Es de esperarse que tensionarán al máximo sus fuerzas para defender un proyecto progresista que es referente para América Latina, en los anhelados procesos de cambio social en el continente. 62El imperialismo quiere abrir otro frente desestabilizador en Bolivia y las fuerzas progresistas de ese país no lo van a permitir.

Tarifazo en Chile

El miedo ya no detiene la protesta

E

l aumento de 30 pesos chilenos, unos cuatro mil pesos colombianos, en las tarifas del metro de Santiago, anunciado por el presidente Sebastián Piñera el 19 de octubre pasado, fue la copa que rebozó la paciencia del pueblo chileno, que con un malestar represado por las políticas neoliberales del gobierno conservador, se lanzaron a las calles para reclamar no sólo la derogatoria del tarifazo, objetivo que consiguieron en los días siguientes a la protesta, sino una rectificación de la política económica del gobierno, que ha llevado a la ruina a miles de hogares en el campo y la ciudad.

La frustración contenida por muchos años, esta vez se desbordó con dureza, y por eso no solo se mantiene la protesta, pese a la derogatoria del alza en el transporte público, sino que, de hecho, para este lunes 21 de agosto había sido convocado un paro nacional, con el compromiso de muchos sectores populares de llevar sus recla-

maciones a una dimensión mayor.

Para entender el malestar de los chilenos, hay que entender que es la segunda vez en lo corrido del año que el gobierno de Piñera decreta un aumento de tarifas en el metro. Los chi-

lenos pagan las tarifas de transporte público más altas del mundo, según afirman economistas locales.

Hasta que se arregle la vida…

Los manifestantes reclaman el establecimiento de una “tarifa social”, accesible a sus bolsillos, y la nacionali-

Aspecto de la protesta en Chile contra el alza en el transporte.

zación del transporte público, hoy en manos de consorcios privados, que se llevan millonarias utilidades.

En la prestación de otros servicios públicos, como la salud y la educación, son los grupos económicos los que imponen la tasa de ganancias.

Chile es un país agobiado por el extractivismo y el saqueo de sus recursos naturales. Los jóvenes andan sin porvenir, tengan o no títulos universitarios, mientras los viejos temen jubilarse porque les espera la miseria de una pírrica mesada.

“Yo voy a protestar hasta que se arregle la vida”, decía esta semana un joven que golpeaba una cacerola ante la cara de un militar. El pueblo ha perdido el miedo a salir a las calles, y ahora reclama una rectificación de la política neoliberal de un gobierno que no se desprende de la herencia pinochetista y se erige como pieza clave de la geoestrategia de Washington en el continente.

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PRAXIS

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Ecofeminismos para evitar la barbarie que necesitar agua, alimentos, cuidados o vivienda, lo que necesitan es dinero. El dinero es el salvoconducto que permite obtener todo lo que se necesita para sostener la vida y, bajo esta creencia, se instaura una lógica sacrificial que defiende, como un dogma sagrado, que todo –territorio, vínculos y relaciones, libertad o dignidad– merece la pena ser sacrificado, con tal de que crezca la economía.

Pérdida de hábitat

La economía, la tecnología y, en realidad, cualquier producción humana, son subsistemas del medio natural en el que se insertan. Sin embargo, los metabolismos sociales y económicos se han configurado como si fuese al revés. Una vez superada la biocapacidad del planeta, el tamaño de la esfera material de la economía está condenado a disminuir

Siguiendo esta lógica, estamos asistiendo a la destrucción de lo que nos mantiene vivos. Una acelerada pérdida de hábitat causada por la expropiación de la tierra, el envenenamiento de suelos, del aire y del agua a causa de los extractivismos, la agricultura y la ganadería intensiva, y la violencia extrema causada por guerras formales e informales. Estos procesos se dan en el medio rural, en los territorios de pueblos cam-

suponen vivir como si existiesen varios planetas en lugar de uno parcialmente agotado. El bienestar material desigual de los países enriquecidos no se sostiene sobre la base material de su territorio, sino que se satisface acaparando otros territorios y expulsando irreversiblemente a quienes viven en ellos.

Sin transformar radicalmente el metabolismo económico, no son sólo las personas forzosamente desplazadas las que no caben, sino que, según se profundiza la crisis material y el cambio climático, y a pesar de que en su carnet de identidad diga que “son de los nuestros”, paulatinamente muchas personas quedarán también fuera.

El decrecimiento material de la economía es simplemente un dato. Los neofascismos criminalizan, estigmatizan, deshumanizan, abandonan y matan a personas “sobrantes” con un discurso y escenografía que busca legitimar socialmente el exterminio. La Unión Europea criminaliza, estigmatiza, deshumaniza, abandona y mata a personas ‘sobrantes’ dentro del discurso políticamente correcto de los derechos, a partir de la ingeniería social ‘racional’ limpia y tecnócrata del capitalista mundializado que considera que las vidas y los territorios importan solo en función del “valor añadido” que produzcan.

Yayo Herrero*

Los poderes económicos y políticos siguen confiando en superar la crisis económica por la vía del crecimiento. Algunas opciones políticas aspiran a poder superar la crisis económica y ecológica a partir de un crecimiento verde sin que en la mayor parte de los casos se hable de reducción de la huella ecológica y de la redistribución de la riqueza. En los próximos años nuestro trabajo no estará tan centrado en combatir el negacionismo, sino el capitalismo verde y las falsas soluciones.

La mirada de los ecofeminismos permite reflexionar desde otro ángulo. Permite comprender mejor las crisis complejas e interconectadas; permite entender por qué la economía real está estancada y no genera puestos de trabajo; permite comprender quién se está ocupando de sostener las vidas en la situación de empobrecimiento creciente que estamos viviendo; permite entender que los movimientos migratorios emergentes presentan diferencias con los del pasado.

Los ecofeminismos explican que la producción capitalista tiene una precondición: la producción de vida que se realiza en espacios invisibles y que sigue una lógica opuesta a la del capital. Fuera de los focos, invisibilizadas y subordinadas, están las aportaciones cíclicas que regeneran cotidiana y generacionalmente tanto la existencia humana como la del resto del mundo vivo. En esos espacios ocultos, mujeres, territorios, sujetos colonizados animales y plantas, posibilitan la satisfacción de las necesidades humanas y, a la vez, estas aportaciones hacen posible que la producción capitalista exista. Cuanto más crece esa producción, más se explotan y exprimen las bases materiales que la hacen posible.

La sacralización del dinero como motor de la vida –sustituyendo al sol, la biodiversidad, la tierra fértil, el agua o las relaciones de interdependencia– hace que una buena parte de las personas crean que más

pesinos e indígenas, pero también en las ciudades, en las que las luchas por la vivienda y contra la mercantilización de los barrios son parecidas a las luchas en defensa del territorio.

Sumado a lo anterior, el cambio climático disminuye aún más el espacio habitable. Todo ello provoca expulsiones de sujetos y comunidades de los lugares en los que habitan. Cuanto más inhabitables se tornan los territorios, más personas –también otras especies– se ven obligadas a salir de ellos.

A partir de los 80 el capitalismo mundializado ha perfeccionado los mecanismos de apropiación de tierra, agua, energía, animales, minerales, urbanización masiva, privatizaciones y explotación, de trabajo humano. Los instrumentos financieros, la deuda, las compañías aseguradoras, y toda una pléyade de leyes, tratados internacionales y acuerdos allanan el camino para que complejos entramados económicos transnacionales, apoyados en gobiernos a diferentes escalas, despojen a los pueblos, destruyan los territorios, desmantelen la red de protección pública y comunitaria que pudiese existir y criminalicen y repriman las resistencias que surjan.

En este contexto se produce un repunte significativo de opciones políticas de corte xenófobo, populistas, misóginas, antiecológicas y ultraderechistas.

Cuando los discursos xenófobos dicen “aquí no cabemos todos”, aluden a la imposibilidad de que los estándares de consumo y estilos de vida materiales, políticos y simbólicos que se habían alcanzado solo para algunas partes minoritarias de la población sean viables para todos “los nacionales”, si llegan muchas personas de fuera.

Como si existieran varios planetas La realidad incómoda es que no es posible que quepamos todos si los estándares materiales deseados

Poner las vidas en el centro Desde el ecologismo social ponemos encima de la mesa la necesaria relocalización de la economía, el ajuste a los límites físicos de los territorios y la producción y acceso, sobre todo de alimentos, energía y agua con base fundamentalmente local. Hablamos también de poner las vidas en el centro, de las asalariadas y las que trabajan sin salario. Paradójicamente, esta relocalización de la economía, aprender a vivir con los recursos cercanos es fundamental para frenar la expulsión de personas de sus territorios y garantizar su derecho a permanecer en ellos, teniendo en cuenta que una parte de los desplazamientos forzosos ya será inevitable y que tenemos la obligación de organizarnos para acoger a aquellos con los que hemos contraído una deuda ecológica y no tienen dónde volver. Adoptar principios de suficiencia, equitativos y justos, es condición necesaria para la solidaridad dentro y fuera de nuestras fronteras.

En este marco los ecofeminismos proporcionan elementos para la reflexión y la praxis absolutamente fundamentales. Contribuyen a desmantelar ese abismo que separa ficticiamente humanidad y naturaleza; establecen la importancia material de los vínculos y las relaciones; se centran en la imanencia y vulnerabilidad de los cuerpos y la vida humana; y dan vuelta a las prioridades, situando la reproducción natural y social como elementos, indisociables entre sí, y cruciales para el metabolismo social. *Ingeniera agrícola, antropóloga y una de las referentes destacadas del ecofeminismo en Europa. **Artículo publicado originalmente en el nº 100 de la Revista Ecologista y en la Revista El Viejo Topo.

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FRASE DE LA SEMANA El pueblo chileno hizo recular a Piñera. El pueblo ecuatoriano hizo recular a Lenín Moreno.

El pueblo colombiano elige y defiende al que saquea sus bolsillos para tapar corrupción y enriquecer al más rico. Cuando Dios dijo: hágase la dignidad, los colombianos estaban viendo un partido.

Gustavo Bolívar, senador de la República.

Octubre 23 de 2019

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CULTURAL

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Octubre 23 de 2019

34 FestiVoz

Escenario de arte y poesía En este festival hubo la oportunidad de admirar diferentes apuestas artísticas: la Arcadia de poesía, la caricatura de los amigos de VOZ, además de la gastronomia y la solidaridad internacional Renata Cabrales

A

menizado por el reconocido maestro de la lírica, José Luis Díaz Granados y el joven poeta Jorge Cárdenas, un grupo de escultores de la palabra, hombres y mujeres recitaron para un concurrido público, diferentes poemas producto de su admirable obra.

Un selecto grupo de poetas El joven Nicolás Peña Posada, cuando era niño jugaba fútbol la mayor parte del tiempo, “había algo en el acto de perseguir un balón que no me dejaba pensar en otra cosa: hacer una gambeta, llevarse en velocidad al defensa, anotar un gol. Después, cambié el balón por una guitarra: una Wahsburn negra que compramos en la séptima con 58, a un metalero con peircings en la ceja y camiseta de Masacre. Luego compré una pedalera Line 6 y me dediqué a aprender los solos de Jason Becker y los riffs de Metállica”. Nicolas confiesa que no leía, que los profesores de español le decían que era un vago y no sabía escribir.

Pero, según el poeta, esto era verdad, “también lo decían los profesores de matemáticas, física,…claro, excepto el de educación física. Cuando me acercaba a un libro no podía concentrarme, no entendía, tenía problemas de atención” Nicolás, luego de varios colegios, conoció a Lucho, el profesor de español, costeño, actor callejero, amante de Li-Po, y luego llegó Pessoa, Álvaro de Campos, Rimbaud, Baudelaire, Genet…” resalta.

Fue así como el joven escritor entró en el mundo de la poesía y descubrió que “el arte tenía que chocar contra el cuerpo, dañarlo, romperle los huesos; sentía que la poesía era ese gol al último minuto para ganar, pero también, ese palo al último para perder, en todo caso, no se podía empatar”.

Participantes en la Arcadia de la Poesía. dora, docente y escritora. Licenciada en Filosofía y Lengua Castellana de la Universidad Santo Tomás. Magíster en Estudios Literarios. Estudiante becada de la Universidad Autónoma Metropolitana de México.

Laura Ruíz es otra joven poeta, así se expresa: Chantal es una niña de quince años que ha quedado huérfana y ha tenido que salir de casa sin dinero ni certezas; lo único que rescató de allí fue la maleta del colegio, unos cuadernos de poemas, el gato Salvador, un par de fotos, sus labiales y unos tacones que eran de su madre. En medio de la profunda tristeza, Chantal encuentra en el burdel una nueva familia, no es una casa porque se mueve junto a su manada por una ciudad fría cada mes.

Tú que le pides deseos a las libélulas Que por ninguna razón matas una araña en casa/Que guardas con fe bolsitas de azúcar/ hurto justificable.

Ruega por favor/Para que mañana, no nos falte nadie.Que todos tus santos tiren espigas. Riega los campos con el agua bendita de la iglesia del pueblo.

Haz procesiones/ lleva a la más gorda vestida de virgen hasta la loma pa´ que se vea/ Llena de flores los altares…

Chantal (personaje del burdel poético) Laura Alejandra Ruíz Gómez es Chantal, tiene 25 años, es investiga-

Liliana Moreno Muñoz: En lengua de bruja Lililiana Moreno es poeta, danzante, guionista, Licenciada en Lingüística y Literatura de la Universidad Distrital y Magíster en Literatura del Instituto Caro y Cuervo. En su poemario En lengua de bruja muestra a la mujer desde la mitología griega y romana, y pasa por el periodo de la inquisición y la persecución a las llamadas “brujas”, hasta llegar a la mitología muisca (del altiplano cundiboyance), a la diosa Bagué.

Kemchs, de México. Además, se realizaron dos talleres de caricatura fisonómica, bajo la coordinación del maestro Arlés Herrera, Calarcá, uno para niños y niñas y otro para adultos. En el transcurso de la jornada, los caricaturistas y amigos de VOZ, Marco Pinto, Luis Eduardo León y Triana realizaron para el público asistente, caricaturas fisionómicas. Hombres, mujeres, niños y líderes políticos pasaron por el pincel de estos destacados artistas.

Espacio gastronómico Otro aspecto que del 34 FestiVoz vale la pena resaltar, por haber marcado la diferencia con los festivales anteriores, es el relacionado con la oferta gastronómica. Las y los asistentes al gran evento de la familia comunista, pudieron disfrutar de diferentes platos típicos del país, como la parrillada, la lechona tolimense, las ricuras del pacífico, el arroz endiablado, el pescado frito, el sancocho, la fritanga, los dulces y postres de la destacada representante del Departamento Nacional de Mujeres, Inesita Mujica, además de la mojarra frita ofrecida por las mujeres de este departamento, entre otras delicias.

Chantal le recuerda siempre a sus lectores que la orfandad no tiene edad y que siempre llegará a algún rincón de un bar o de una casa cultural a consolar con susurros y abrazos a quienes no alcanzaron nunca a decir adiós en el momento oportuno, a todos los huérfanos que merecen una canción de cuna, una ronda o un juego.

Poema para el fin del mundo Todo verso es caída /vértigo de alas agujereadas/en los ojos las ciudades se queman/en las palabras los huecos se pronuncian. Los pájaros vuelan al exterminio/con el canto agudo de las llamas. Mañana solo seremos el humo que se eleva/y desaparece entre los últimos rayos de sol.

Para el fin del mundo:estas cenizas.

“Cada poema de En lengua de bruja es una ráfaga de fuegos y de fugas, de fosforescentes miedos y horizontes clarososcuros, de abismos recorridos por jinetes sombríos y arengas maldicientes donde aflora la traición y el estruendo callada de su queja. El tiempo desenvuelve su travesía en reserva y el habla delicada decanta su danza y su tejido”, afirma el poeta, José Luis Diaz-Granados.

La solidaridad internacional Asómate sin miedo y serás cascada.

Espacio para la caricatura El Festival también contó con una exposición de caricatura en homenaje a la lucha de las mujeres, por la igualdad y contra el machismo: una admirable compilación del caricaturista Arturo

En el Festivoz, tambien se llevó a cabo una mesa redonda en solidaridad con Cuba, en la que también participó la embajadora de Nicaragua,Yara Peréz.

Este encuentro se convirtió en un formidable intercambio de solidaridad con los pueblos de América Latina que luchan contra el imperialismo.