Laboral
Febrero 6 de 2019
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Negocian pliego en Cerro Matoso Trabajadores por un lado y empresa por otro, se mueven en función de sus intereses. Los obreros solo buscan mejores condiciones laborales, entre las que está la declaratoria de esta actividad minera como de alto riesgo
Otra puja por la dignidad
JUAN CARLOS HURTADO FONSECA
L
os dirigentes sindicales de Sintracerromatoso expresan que de no lograr votar por una huelga, ante la negativa a negociar por parte de Cerro Matoso, prefieren retirar el petitorio y volverlo a presentar, antes de ir a un tribunal de arbitramento; mecanismo en el que no confían porque dicen: “En ese tribunal el que define es el Gobierno, que siempre ha sido sesgado en favor de las empresas”. Y es que las negociaciones aunque ya se encuentran en su segunda etapa, la de prórroga, no han dejado acuerdos sobre los temas de mayor importancia puestos en la mesa por parte de la organización de los obreros. Las conversaciones iniciaron el pasado mes de enero, luego de que en diciembre se presentó el pliego de peticiones y las negociaciones avanzan, aunque con pocas esperanzas por las distancias que hay en los temas clave, como el nuevo régimen de contratación creado por la empresa en el año 2010, que ha afectado el poder adquisitivo de los nuevos obreros: “Lo principal es cerrar la brecha salarial que hay entre ellos y nosotros, eso a largo plazo apunta a acabar con la convención colectiva, porque cuando queden solo
Planta de Cerro Matoso.
nuevos se van dejando de aplicar los derechos convencionales. Ya son como 220 quienes están así, y ese punto debe discutirse en la mesa”, explicó a VOZ el negociador y fiscal de la organización, Néstor Fabio Montañez Oviedo. Por su parte, la empresa ha rechazado las peticiones, argumentando que para ella no es viable retroceder en el modelo en cuestión. La puja Cerro Matoso es una empresa del grupo australiano South32, con un complejo minero-industrial que transforma mineral de níquel, a partir de un proceso intensivo en energía, para producir ferroníquel. La planta está ubicada en el departamento de Córdoba, a 20 kilómetros del municipio de Montelíbano, y su operación lleva 32 años. Según su presidente, Ricardo
Gaviria, en 2018 produjeron 39 mil toneladas de níquel. Cuenta con 874 trabajadores directos y 700 contratistas, encargados del acarreo y procesamiento de metal, hasta la refinación y empaque. La convención se aplica solo a los directos, de los cuales son 600 convencionados. El resto son directivos. En Sintracerromatoso hay 380 afiliados: “Lo que pasa es que con apoyo de la Central General del Trabajo, CGT, se creó otro sindicato que dividió la base. Ese es de carácter patronal llamado Sintramineros”, explicó Néstor Fabio Montañez, al hablar de la baja sindicalización. El otro tema grueso es la exposición a un metal de alto riesgo: “Ya está comprobado que el níquel y sus compuestos son cancerígenos; entonces, estamos exigiendo que nos coticen el alto riesgo por estar expuestos y la
empresa ha dicho que no. Si no conseguimos eso, nos va a tocar iniciar procesos de demandas individuales”, comenta el fiscal del sindicato. Los otros temas como salarios, se convierten en secundarios frente a la importancia de los temas mencionados. Ante la negativa por parte de los representantes de la empresa y al no tener la mayoría de trabajadores afiliados, no pueden votar por una huelga. Negocian y afilian a más trabajadores para conseguir la cantidad necesaria, sin embargo, la empresa hace lo propio y también ha vinculado a más trabajadores con contratos cortos, con el objetivo de aumentar el número de obreros, que a su vez suben el umbral requerido por el sindicato para poder votar por un cese de actividades. “Estamos viendo cómo conseguimos la mitad más uno para sentarnos a negociar con un poquito más de fuerza”, expresó Néstor Fabio Montañez.
Unidad sindical y popular para enfrentar a Duque
Reunión de organizaciones sociales y sindicales. Foto archivo.
F
rente a la difícil y compleja coyuntura política en el plano nacional e internacional la Coordinación de Organizaciones Sociales, COS; la Central Unitaria de Trabajadores, CUT; y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, Cacep; reunidas el viernes 25 de enero de 2019, plantearon la necesidad de
seguir avanzando en la coordinación y articulación del escenario de la protesta social a partir de la construcción de una agenda común de movilización que confronte la política económica y social del Gobierno de Iván Duque. Al final del año pasado el gobierno aprobó la reforma tributaria que gravó con más impuestos a los colombianos,
mientras rebajó sustancialmente el impuesto a las empresas; así mismo impuso el miserable aumento del 6% del nuevo salario mínimo el cual va en contravía de la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y desmejora sus condiciones de vida. A partir de febrero inicia el trámite en el Congreso de la República del Plan Nacional de Desarrollo, cuyas bases están orientadas a flexibilizar aún más las condiciones laborales, acabar con los pisos mínimos de protección social y no incluye el tema del trabajo decente. Disminuir el presupuesto del componente social para favorecer al sector privado y aumentar recursos al Ministerio de Defensa en “tiempos de paz”, además de introducir normas que van en la vía de entregar mucho más la economía y la riqueza de la nación a las grandes multinacionales y el capital financiero. También presentar los pliegos de peticiones de los trabajadores estatales y de Fecode, en procura de mejores condiciones laborales y mayor financiación para la educación pública, y aproximadamente 300 petitorios de carácter territorial.
Así mismo se deberá modificar y aumentar el sistema general de participaciones (SGP) en los recursos para educación, salud, saneamiento básico y agua potable. Está al orden del día exigir el cumplimiento de todos los acuerdos que el gobierno ha adelantado con los distintos sectores sociales, agrarios, indígenas, campesinos, transportadores, comunidades urbanas y rurales. Es de suma importancia la exigencia del cumplimiento de los acuerdos firmados entre el gobierno y los estudiantes universitarios de un mayor presupuesto para la universidad pública que garantice gratuidad, calidad y cobertura. Exigimos que se mantenga el principio de la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos, sin intervención extranjera de ningún tipo en Venezuela o cualquier país del mundo. Por lo anteriormente expuesto, acordamos trabajar conjuntamente para la realización del Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas, por la defensa de la soberanía, la democracia, la vida, los territorios, los derechos laborales, la paz y la producción nacional los próximos 9 y 10 de febrero en Bogotá.