Política
Octubre 11 de 2017
/9
El Estado debe respetar el compromiso con la paz PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO
L
a masacre de campesinos cocaleros cerca de Tumaco es un crimen de Estado con graves consecuencias para el proceso de solución política que se implementa en el país. El Gobierno nacional adelanta una ambigua política de erradicación forzada de cultivos contrariando el acuerdo de paz en su punto cuarto en donde se establece la prioridad del diálogo, la concertación y la sustitución voluntaria con base en planes y proyectos que el Estado debe financiar y concretar con los agricultores. El Gobierno colombiano se doblega ante la presión de Washington, que públicamente descree del Acuerdo de Paz en su punto IV y le impone al país la erradicación forzada e incluso exige retornar a la fumigación. Los espectáculos repetidos de enfrentamiento de la policía antinarcóticos o del Esmad, con presencia de tropas del Ejército en apoyo a la erradicación forzada, expresan el fracaso del denominado Plan Victoria que condena al Ejército Nacional a acompañar una política en contravía de la paz. La
directiva 015 de abril del 2016, establece las nuevas categorizaciones de enemigos a los que se aplica la fuerza letal del Ejército como una prolongación de la guerra. Los muertos civiles y la fuerza pública ilesa contradicen cualquier versión que niegue que la policía disparó ráfagas contra los manifestantes como ellos mismos lo testimonian. Incluso, las contradicciones entre ejército y policía en circunstancias parecidas, demuestran la incoherencia del Estado entre el compromiso de cumplir el acuerdo de sustitución voluntaria y concertada y la tarea absurda de erradicar forzadamente en igual proporción. El Partido Comunista Colombiano condena esta masacre, la señala como un crimen de Estado y exige una investigación exhaustiva con participación de la comunidad internacional, con investigadores independientes e intervención de las organizaciones civiles. Reclama una revisión de fondo del Plan Victoria y simultáneamente de la directiva 015. Señala que la responsabilidad del Ministerio de Defensa en la aplicación de este tipo de políticas no
Comisión humanitaria atacada por policías en Tumaco.
admite ningún tipo de excusa. Deben parar las nuevas políticas de contrainsurgencia, los señalamientos que inventan un nuevo “enemigo interno” y que, en la práctica, revictimizan a la población civil. Este crimen gravísimo ocurre cuando existen claras demostraciones de incumplimiento en la implementación del Acuerdo por parte del gobierno, en medio de una campaña inmisericorde de los enemigos de la paz para reversar lo alcanzado e impedir los cambios y reformas que le permitan al pueblo colombiano restañar heridas y avanzar al horizonte de una apertura democrática. La sociedad colombiana debe levantarse en contra de esta nueva forma de la guerra social contra sectores del
pueblo en momentos en que la corrupción corroe las altas esferas del Estado y compromete a poderosos sectores del capital en el mantenimiento de un régimen de desigualdad que pretende prolongar la contrainsurgencia y la exclusión política ante los nuevos sectores que se reincorporan a la vida nacional. Hay que unir fuerzas por garantías plenas, para que opere la Justicia Especial de Paz, porque cesen la impunidad y la corrupción en el poder. Convoca a todas las fuerzas democráticas a apoyar el Paro Nacional del 12 de octubre como expresión de solidaridad y respaldo a las familias campesinas rudamente golpeadas, con la exigencia de no repetición de una violencia amparada en las armas de la república.
Un momento tenso se vivió en el debate. La presentación y casi aprobación de las propuestas de adición hechas desde la Fiscalía General de la Nación y acompañadas por algunos congresistas del Partido Verde como Angélica Lozano y Claudia López, que pretendían negar la participación política de la dirigencia de las FARC, mientras esta estuviera afrontando procesos en la Justicia Especial de Paz. Propuestas que han sido la bandera de batalla de la extrema derecha, por el temor que les representa las FARC en la arena política. Finalmente, el artículo debatido no se pudo modificar quedando así: “La imposición de cualquier sanción en la JEP no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política”. “Desde Voces de Paz no dejamos de insistir en que las proposiciones incluidas por la Fiscalía General de la Nación, no corresponden con el acuerdo final de La Habana y desfiguran las competencias mismas de la JEP, que le otorgarían excesivas competencias a una incompetente justicia ordinaria. Por fortuna se logró salvar el artículo 30 que le garantiza la plena participación política a las FARC. En ese sentido es un parte positiva, pero exigimos sindéresis y sensatez al ejecutivo colombiano para sacar adelante los acuerdos de paz”, señaló Francisco Toloza, de Voces de Paz. Así mismo, se aprobó el artículo 67 que trata de la responsabilidad de mando de los miembros de la Fuerza Pública, y se acogió lo dispuesto en el Capítulo VII del Acto Legislativo 01 de 2017, donde se señala: “Para la determinación de la responsabilidad del mando, la Jurisdicción Especial
para la Paz aplicará, en el caso de los miembros de la Fuerza Pública, el Código Penal colombiano, el Derecho Internacional Humanitario como ley especial, y las reglas operacionales de la Fuerza Pública en relación con el DIH siempre que ellas no sean contrarias a la normatividad legal”. En otra derrota para el Fiscal Néstor Humberto Martínez y su partido Cambio Radical, se convirtió la negativa de trasladarle a la Fiscalía los instrumentos técnicos probatorios de la JEP. En contravía a ello, el artículo 98 le entrega herramientas a la JEP mientras el Congreso de la República expide las normas procesales de la jurisdicción de la toma de decisiones sobre acciones probatorias que demanden los casos bajo su competencia. “Para efecto de la práctica de pruebas, las salas de la JEP podrán limitar derechos fundamentales, con las mismas competencias de los jueces de control de garantías, podrán ordenar y practicar pruebas, tanto de oficio como a solicitud de parte y con el fin de evitar dilaciones procesales, los magistrados de la JEP podrán limitar razonablemente el principio de oralidad y determinar los casos en que prevalece el sistema escrito, entre otras”, le explicaron a VOZ expertos en el tema. En la noche del lunes, el ejecutivo demostró que aún tiene manejo político suficiente para sacar adelante las iniciativas de paz sin que en el recinto se encuentren los partidos de extrema derecha Cambio Radical y Centro Democrático. Si se trata de voluntad política el paso siguiente es sacar adelante en plenaria la reglamentación de la JEP, sin modificaciones sustanciales y alistar el siguiente paso que son las reformas agrarias previstas en el acuerdo de paz.
Arduo debate
Un paso más para la JEP Después de haber sido aprobada en primer debate en las comisiones conjuntas la reglamentación de la JEP, esta mantiene el espíritu de lo acordado en La Habana
La bancada de Voces de Paz en el debate de la JEP el 9 de octubre de 2017. Foto Voces de Paz.
HERNЕN CAMACHO
E
l pasado lunes 9 de octubre, las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara aprobaron el articulado que regula la Justicia Especial de Paz. En una maratónica jornada, el Congreso de la República concluyó el estudio y la aprobación de los más de 120 artículos que le darán vida a la Justicia transicional aplicada a todos los actores del conflicto armado.
Aun cuando a las comisiones no asistieron las bancadas del Centro Democrático y del partido Cambio Radical, luego de presentar 19 modificaciones sustanciales que no tuvieron éxito, primó la voluntad de la bancada de la paz en la que se incluyen algunos congresistas verdes, conservadores, liberales y del Polo Democrático, para sacar adelante los artículos que en su generalidad conservan la naturaleza de la JEP.