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2016: Año de la paz

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LA VERDAD DEL PUEBLO EDICIÓN 2834 SEMANA DEL 4 AL 10 DE MAYO DE 2016 - CIRCULA LOS MIÉRCOLES - LICENCIA Nº 002367 DEL MINISTERIO DE GOBIERNO www.semanariovoz.com

En venta la joya de la corona El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, puso en consideración del Concejo Distrital el remate de las acciones de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB; una entidad que le ha entregado a la ciudad 228 mil millones de pesos en promedio, en los últimos cinco años. En diálogos con periodistas, el presidente Jorge Castellanos intenta justificar la transacción.

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Manifestación contra la venta de la ETB frente a su sede en Bogotá. Foto J.C.H.

Maquillaje neoliberal Siete nuevos ministros del Gobierno Santos no significan un cambio radical en sus políticas, tampoco es un gabinete para superar las contradicciones entre los acuerdos de La Habana y la política nacional.

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Con esta edición circula la separata Ideológica *Paz y territorios por Sergio de Zubiría *Justicia restaurativa por Rubiel Vargas *Paz con hegemonía popular por Horacio Duque *La guerra y la paz por Alfonso Conde

Columna trabajadores afiliados a la Federación Sindical Mundial, en Bogotá, el Primero de Mayo. Foto J.C.H.

Más problemas laborales Las marchas del Primero de Mayo pusieron en evidencia la creciente problemática laboral, que según manifestantes, no tiene solución en este modelo económico.

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VISIÓN

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Bolívar a caballo en París MANUEL SALAMANCA HUERTAS

P

Cartas

arís es un verdadero museo al aire libre, un caminante puede encontrar en sus calles, plazoletas, parques y jardines públicos, unas mil estatuas, obra de más de 400 escultores entre ellos los más célebres de los últimos tres siglos.

El Cours La Reina, esa avenida sembrada de olmos rigurosamente alineados que bordea la orilla derecha del río Sena de la plaza de La Concordia a Los Inválidos, acoge las estatuas ecuestres de Albert 1 de Bélgica, del Marqués de La Fayette, y en el lugar donde se cruza con el puente Alejandro III, la del Libertador Simón Bolívar.

La estatua de Bolívar es una de las tres réplicas que las naciones bolivarianas: Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Panamá ofrecieran en 1930 a la ciudad de París en conmemoración del centenario de la muerte del Libertador.

La obra original ejecutada en 1909 por el escultor francés Emmanuel Frémiet (1824 - 1910) se levanta en Bogotá, en el monumento a Los Héroes, en el Paseo de los Libertadores al norte de la capital colombiana. Las otras dos réplicas se ubican en las ciudades de Barranquilla, en el Paseo de Bolívar y de La Paz, Bolivia, en el Paseo del Prado.

La escultura en bronce encomendada a Emmanuel Frémiet por la ciudad de Bogotá con motivo del primer centenario del grito de independencia, muestra a un Bolívar en uniforme militar montado en su caballo teniendo en la mano izquierda las riendas y en

El monumento de Simón Bolívar se encuentra desde 1979 en Cours La Reina de París.

la derecha con el brazo levantado formando un ángulo de 45 grados la espada apuntando al horizonte, el caballo aparece sólidamente parado en sus cuatro patas. La estatua se levanta sobre un sócalo de granito rectangular a dos niveles alrededor una franja decorativa y en letras doradas grabados el nombre del Bolívar, su fecha de nacimiento y los nombres de los países bolivarianos.

Las estatuas han conocido, como suele ocurrir en la historia, mudanzas y momentos agitados. La estatua ecuestre de Bolívar en París fue instalada en 1933 en la Porte de Champerret, en la Plaza de América Latina. Durante la Segunda Guerra Mundial, bajo la ocupación nazi en el año 1941 un decreto

Chiquinquirá muere de sed Chiquinquirá se muere de sed. Sí, doctor Lozano. Llevamos varias décadas de desidia gubernamental con respecto a la recuperación y protección de la laguna de Fúquene. Está totalmente seca y es la única fuente hídrica de Chiquinquirá. Es una emergencia absoluta y hay oídos sordos; hoy día (27 de abril) vamos por más de 20 días sin agua. Ayúdenos por favor.

Usted es la única VOZ. Si es pertinente nos comunicamos. Cordial abrazo. Ricardo Velásquez Parra (vía Internet).

Unas observaciones Estimados Camaradas: En el Facebook de VOZ, la foto del artículo “Carta abierta de Aída Avella...”, me ha resultado sorprendente. También, he leído en días pasados una nota, que en el momento no tengo a la mano, en donde se refieren a alguien con el “alias...” Comprendo la muy buena voluntad de los colaboradores de VOZ y la premura para publicitar los artículos no les permite ser más meticulosos en la edición, pero hay que hacer el esfuerzo. Me ofrezco para participar en algún tipo de conversatorio para exponer mis ideas. Carlos, aprovecho la oportunidad para desearte, total mejoría. Y larga vida para todos.

del régimen de Vichy ordenaba la fundición de monumentos de carácter republicano y de esta manera poder recuperar el metal, la estatua fue retirada y destinada a la fundición de la cual por suerte se salvó. Después de la liberación de París queda un tiempo guardada en los depósitos de obras de arte de la ciudad.

En 1946 la estatua vuelve a encontrar su lugar inicial en la Puerta de Champerret. Finalmente en diciembre de 1979 por decisión del alcalde de Paris de la época, Jacques Chirac, la estatua es desplazada al Cours La Reina. Hoy en día este lugar es punto de encuentro de los latinoamericanos, franceses y gentes provenientes de todo el mundo que manifiestan su

Éxitos, cordialmente. Enrique Achury.

Ingeniero de Sistemas. Consultor en Reingeniería y Sistemas de Información (vía Internet).

Capitalismo decadente La teoría marxista del Estado sigue vigente, y el imperialismo como categoría económica y política está más vivo que nunca; es más, nunca antes había llegado a tal grado de terrorismo y corrupción como se está viendo hoy en día.

O si no veamos lo que está pasando con los famosos “Paraísos Fiscales”; lo que estamos viendo con “Los Papeles de Panamá”, la olla podrida de los Estados mediante los cuales la clase dominante lava sus grandes capitales del narcotráfico y de los carruseles de los contratos estatales para legalizarlos y evadir impuestos, comprobándose así hasta la saciedad y en forma irrefutable, que los “señores” del gran capital imponen a su antojo la “Libertad” y el “Orden” que les conviene, para asegurar sus privilegios por encima de los “Estados nacionales”. Con los impuestos de los 100.000 millones de dólares que algunos colombianos millonarios han girado a Panamá, se podría cubrir el déficit fiscal de este Gobierno, haciendo una reforma tributaria progresiva y justa,

simpatía y reconocimiento al prócer latinoamericano.

El Bolívar ecuestre de Frémiet en Bogotá que hacía parte del conjunto escultórico del Centenario del Natalicio del Libertador en el Parque de la Independencia fue inaugurado en 1910 siendo desplazado para dar lugar a la construcción de la calle 26 en 1958.

La escultura fue desmontada y guardada hasta 1963 año de la inauguración del monumento a los Héroes por el nada glorioso presidente de Colombia de la época Guillermo León Valencia, el mismo que ordenara la invasión de las regiones de Marquetalia, El Pato, Riochiquito y Guayabero en el marco del plan Lasso elaborado por los Estados Unidos.

en vez de descargar el peso de la crisis en los hombros de los trabajadores subiendo el IVA y extendiéndolo al pan y la leche.

De tal manera que la “democracia” no es ninguna cenicienta. Ella siempre tiene su sello de clase. Tiberio Gutiérrez (vía Internet).

Clara, ministra No entiendo por qué la doctora Clara López Obregón aceptó el Ministerio de Trabajo del gobierno de Juan Manuel Santos como cualquier Lucho Garzón. No veo punto de comparación entre la izquierda y el gobierno de turno. Nos une el propósito de paz y lo elegimos por segunda vez. Nos lo debe, pero se ha portado mal. Su agenda es neoliberal y procapitalista, nada con el pueblo.

No podemos hacernos ilusiones de ninguna índole, dentro del gobierno será difícil lograr decisiones conforme a los intereses populares. Un buen arranque de la doctora sería ponerle freno a la tercerización autorizada por Lucho o una política real de empleo o más respeto de los patronos por los sindicatos y los trabajadores. Pero la tercera vía socialdemócrata, a la derecha, no es capaz de avalar ese tipo de reformas fundamentales y estructurales. Gabriel Orjuela (vía Internet).

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TEMA DE LA SEMANA

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Cambios en el gabinete

No comprometen a la izquierda

Presidente Juan Manuel Santos: Maquillaje en el gabinete, no se avizoran cambios en políticas neoliberales.

Clara López Obregón, nueva Mintrabajo.

HERNANDO LюPEZ

E

staba cantado, el Polo y los Verdes serían llamados a participar en el nuevo gabinete ministerial del presidente Juan Manuel Santos, tras los cambios que se habían anunciado. El gabinete del cual salieron siete de sus integrantes, más el retiro por renuncia irrevocable de la “súper ministra” de la Presidencia, María Lorena Gutiérrez, quien así lo decidió después de ser revelada la terna para la Fiscalía General de la Nación, que no le fue consultada e incluyó a Néstor Humberto Martínez, quien no goza de sus afectos, tuvo resultados bastante mediocres. Así lo reflejan las encuestas y el balance de los expertos, que le asignan baja calificación.

Sin embargo, la inclusión de Clara López Obregón, presidenta del Polo Democrático Alternativo y ex candidata presidencial, nueva ministra de Trabajo, y de Jorge Londoño, fundador

y ex senador del Partido Verde, nuevo ministro de Justicia, alborotó el avispero en sus propios partidos y originó el debate en la izquierda por la inconveniencia de participar en un gobierno de corte neoliberal y antipopular, más allá de los diálogos de La Habana y con el ELN, apoyados por ambas colectividades y la izquierda.

El Partido Comunista (ver comunicado) aseguró que los cambios son cosméticos; mientras el Comité Ejecutivo del PDA (su mayoría), al respaldar de forma tácita a López Obregón, dice que apoyan los diálogos de La Habana y la apertura de la mesa pública con el ELN y concluye: “En estas condiciones el CEN del Polo Democrático acepta la renuncia del cargo de presidenta de la doctora Clara López Obregón y señala que su decisión de aceptar el Ministerio no compromete la oposición de este partido de izquierda al gobierno”.

Entre tanto, otro grupo de dirigentes del Polo, encabezados por el senador

Jorge Enrique Robledo, no ocultaron el disgusto que les produjo la decisión de Clara López de aceptar el Ministerio de Trabajo, expresaron su desacuerdo y ratificaron la oposición al gobierno.

El concejal Antonio Sanguino, presidente de los Verdes, así como varios congresistas, señaló que Londoño no los representa, aunque después modificó la posición de respaldo a Londoño.

Ningún viraje en el gobierno Por lo demás los nuevos siete ministros no significan un viraje radical en las políticas gubernamentales. Ni siquiera superan la debilidad frente a los diálogos de paz de La Habana, como se lo reclamó hace pocos días Timoleón Jiménez, comandante de las FARC-EP, al presidente Santos. “Su exigencia de pronto acuerdo definitivo no se expresa con la actitud de sus voceros en la mesa”, dijo el jefe guerrillero. Una periodista colombiana desde La Habana le

Comunicado del PCC

Nuevo gabinete: maniobra cosmética

N

o hay evidencia ninguna de que el nuevo gabinete ministerial implique un replanteamiento de la orientación política, económica y social del gobierno Santos, que facilite la implementación de los acuerdos a concluir con las insurgencias.

Lo que está en disputa es el alcance democrático del proceso de paz, la voluntad política de acompañarlo con cambios impostergables de justicia social que el gobierno y la clase dominante niegan. En 2014 la izquierda votó la reelección sin pedir pagos, zanjando su postura en favor de la paz y en contra de la política agresiva hacia los derechos de las mayorías. Una cosa fue apoyar a Santos en segunda vuelta, para cerrarle el paso al uribismo y garantizar la continuidad de los diálogos y otra participar de manera directa en el gobierno nacional, lo que supone

identidad con su programa. Entre otros proyectos están en camino la reforma tributaria y la de pensiones, la implementación de las Zidres, nuevas privatizaciones y alzas de tarifas, mayor carestía y desempleo, locomotora minero energética que sigue poniendo en riesgo nuestro patrimonio ambiental y cultural además mayor tercerización laboral con el Decreto 583/16, “regalo” del ex ministro de trabajo Luis Eduardo Garzón.

Como lo ha demostrado la historia de los ministros “obreros” que han desfilado por la cartera del Trabajo, su labor ha consistido en ejecutar la política neoliberal y en contener la acción del movimiento de trabajadores. Y esta ocasión, no va a ser la excepción, por más que consideremos las calidades humanas y políticas de la nueva funcionaria ministerial.

Este gabinete anunciado no es un pacto de transición para la paz, pues no se basa en acuerdos programáticos mínimos, con colectividades políticas y sociales, que implique un cambio real de la orientación, sino más bien un maquillaje para remozar un gobierno que intenta descargar en el pueblo el costo de sus dificultades en el terreno económico, social y político. El proceso de paz con las FARC-EP, ahora ampliado al ELN no es un regalo de Santos sino una profunda necesidad del país.

Su conclusión, implementación, refrendación, verificación requiere mucho más que apariencias cosméticas que ocultan la realidad de un poder excluyente, ventajista que no termina de deprenderse de su estrategia paramilitar ni renuncia a su feroz corrupción ni a las directrices de explotación territorial y laboral de los organismos

envió el siguiente mensaje al Director de VOZ, el pasado martes 26 de abril: “Estoy en Cuba. ¿Qué sabes? Esto no avanza. ¿Por qué?”

Las negritudes también tienen cuota en el nuevo gabinete. Se trata de Luis Gilberto Murillo, de Cambio Radical, exgobernador del Chocó, obligado a renunciar por sanción de la Procuraduría General de la Nación, nuevo ministro del Medio Ambiente. Murillo es un hombre muy ligado a los Estados Unidos, cuyos intereses chocan con la causa ambiental porque estorban la explotación de los recursos naturales por las transnacionales.

El resto de los ministros recién designados son cuotas de Cambio Radical, el más beneficiado, de la U y los conservadores. Los liberales protestaron con su acostumbrado apetito burocrático. De los ratificados no se hace uno, no hay logros sustanciales y demostraron bastante mediocridad. Todo seguirá igual, ni fu ni fa.

multilaterales. La izquierda que lucha por la paz es la oposición y la alternativa al régimen. Su unidad es fundamental alrededor del programa democrático de cambios para que la paz no se reduzca al fin de los tiros y al continuismo de la desigualdad y de los privilegios.

Hay que salvar la paz de las garras de un régimen que la quiere vaciar de todo contenido de justicia social. La unidad de las fuerzas democráticas y populares exige oponerse a la gula minero-energética, a la tercerización laboral, a la mercantilización de la educación, a la corrupción desbordante, entre tantos males que representa el gobierno Santos. La unidad de los/as que luchan por la paz se recoge en la voz de la legítima inconformidad popular que crece, en sus encuentros unitarios, en la protesta agraria, indígena y sindical en preparación y en la masiva movilización del 1 de mayo por la justicia social para la paz.

Partido Comunista Colombiano Comité Ejecutivo Bogotá, abril 25 de 2016

CAMPO

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Afros del Cauca exigen sus derechos Incumplimiento del Gobierno y brutalidad policial contra el movimiento social

C

ientos de personas bloquearon desde el lunes 25 de abril la carretera Panamericana, en el sitio conocido como Quinamayo, en Santander de Quilichao (Cauca).

El representante de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, Víctor Hugo Moreno, explicó que las principales exigencias se relacionan con la compra de tierras, titulación colectiva, consulta previa libre e informada en las áreas de influencia de los consejos comunitarios, con proyectos como la doble calzada Popayán – Santander de Quilichao.

“No estamos conformes ciento por ciento porque hay una expectativa muy fuerte de las comunidades y se estaban exigiendo puntualmente 60 mil hectáreas de tierras para la titulación colectiva y el reconocimiento de la comunidad negra. No se logró, pero esperamos que en la mesa de concertación se empiecen a trabajar los temas”, agregó.

Las comunidades también piden reparación colectiva, restitución de derechos territoriales, además de enfoque diferencial en los procesos de negociación de paz y un programa para el mejoramiento y construcción de vivienda.

Las comunidades negras denuncian que el Ministerio del Interior y su dirección de Consulta Previa

niegan la presencia de la población negra al norte del Cauca sin tener en cuenta que esas comunidades son ancestrales y habitan sus territorios desde 1636. Por otra parte, se denuncia que con la Ley Páez se creó una zona franca que solo terminó beneficiando a las empresas privadas.

También el gobierno incumplió algunos acuerdos pactados, como el de La Salvajina por parte del ya extinto Incoder. En él se comprometió, entre otros, a entregar territorios a estas comunidades.

Represión y diálogo Las protestas se tornaron violentas tras la llegada del Esmad. El 26 de abril, la policía agredió a varias personas, hiriendo con arma de fuego a una y dejando lesionadas a seis más, debido al uso de artefactos explosivos. Tres de las personas afectadas resultaron ser niños y sus madres, residentes de Quinamayo.

Dos personas fueron heridas presuntamente por arma de fuego, y tres menores de edad, una de ellas con una semana de nacida, resultaron gravemente afectadas por un gas lacrimógeno que cayó en una vivienda.

Por el momento se desconoce el estado de salud de la pequeña quien fue llevada a un centro hospitalario y además se pudo establecer que otra menor de edad salió herida y 14 personas fueron detenidas.

La Policía castigó brutalmente la protesta cívica. Foto Cumbre Agraria.

Pese al trato represivo a la protesta, luego de tres días de movilización con las comunidades, el gobierno se sentó a revisar los incumplimientos en terreno; por parte del gobierno estuvieron los viceministros de Minas, Interior y Agricultura, el Gobernador del Cauca y el alcalde de Santander de Quilichao, y por las comunidades, los voceros de Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca.

Las partes firmaron un acta con la que las comunidades decidieron suspender la ocupación de la carretera.

Los diálogos serán instalados en la segunda semana de mayo de 2016. Allí se revisarán los acuerdos que según las comunidades fueron incumplidos por el Gobierno Nacional y que fueron consignados en las actas de La Salvajina 1986, Incoder San Rafael 2013 y la movilización de mujeres en diciembre del 2014.

Piden preservar laguna de Fúquene debería y por eso se han visto afectados los municipios.

“Al día de hoy Chiquinquirá, con más de 75 mil habitantes, tiene escasez de agua. Hemos tenido que buscar la posibilidad de comprar agua o que nos regalen en carrotanques, porque no tenemos para más de cuatro meses.

La laguna de Fúquene nos suministra agua a 17 municipios entre Boyacá y Cundinamarca”.

Mala gestión

Algunos de los manifestantes ambientalistas.

E

l viernes 22 de abril partió desde Chiquinquirá (Boyacá) un grupo de diez personas encadenadas, con destino a Bogotá, para pedirle al Gobierno Nacional y a las autoridades ambientales mayores compromisos con la preservación de la laguna de Fúquene y que les garanticen el suministro de agua potable en la región.

La laguna de Fúquene presenta un descuido bastante avanzado por parte de las autoridades, al punto que este cuerpo líquido se está secando y está cambiando el ecosistema que la rodea.

Según Mauricio Arévalo, coordinador del Movimiento Cívico en defensa de la laguna de Fúquene, la CAR Cundinamarca no ha actuado como

“Hace diez años había una profundidad de más de 50 metros en la Laguna y hoy no hay una profundidad de más de un metro y medio, debido a los buchones que le han quitado navegabilidad y a los sedimentos que la llenaron de lodo”, dijo.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca permitió que los terratenientes construyeran canales para utilizar el líquido, paralelamente comenzaron a adueñarse de predios y los llenaron de tierra.

Indicó que “las malas gestiones administrativas y ambientales de la CAR con sus planes ineficientes son los que han ocasionado esto. Nos piden unos impuestos anuales que se pagan y luego dicen que no hay recursos para recuperar la laguna”.

Arévalo indicó que sólo hace un par de meses, la CAR inició las labores de limpieza del afluente, luego de las emergencias por falta de agua.

“Llevan más de 70 años y no se ha venido quitando el sedimento que ha caído en la laguna y hasta ahora, luego de cuatro meses sin agua, es que empiezan a trabajar ante las calamidades”, señaló.

El ambientalista advirtió que a pesar de que el Gobierno expidió un Conpes para salvar desde hace más de un año la laguna de Fúquene, aún no se ha hecho efectivo el plan de cuatro años para la recuperación del afluente.

El director de la CAR Cundinamarca, Néstor Franco, explicó que por una serie de incumplimientos de los gobiernos desde la época de Álvaro Uribe hasta ahora, los daños en la laguna han avanzado tanto que hoy en día se necesitan 200 millones de dólares para poderla recuperar.

“Ahora bien, el asunto es de que la única fuente de la cual se ha podido aprovisionar recursos es la CAR, nosotros no hemos tenido aplicación de recursos ni de los gobiernos departamentales, ni del Gobierno Nacional”, agregó.

Ante tal panorama el Congreso decidió crear una comisión con el objetivo de investigar lo sucedido y proponer medidas.

EDITORIAL

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Paz y lucha social

L

as multitudinarias marchas del Primero de Mayo en todo el país, demostraron la inconformidad de los trabajadores y los sectores populares con la política social del gobierno de Juan Manuel Santos y el respaldo a los diálogos de La Habana. El centro de la movilización fue la defensa del patrimonio público, en particular de la ETB, cuya venta fue anunciada por el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, el rechazo a las reformas tributaria y pensional, por la protección del medio ambiente, amenazado por la locomotora minero-energética y las concesiones onerosas a las transnacionales, la protección del salario de los trabajadores, menguado por las alzas y la carestía, entre otras de las medidas neoliberales del programa gubernamental. También los manifestantes se pronunciaron por la paz con democracia y justicia social, en respaldo a los diálogos de La Habana con las FARC-EP y por el inicio de los mismos con el ELN en Ecuador como fue anunciado hace varios días.

Fue un Primero de Mayo esplendoroso,

colmado de alegría y lleno de entusiasmo y combatividad de las masas populares. El respaldo a los procesos de paz no hipoteca la autonomía sindical ni obstruye la lucha social por las mejores aspiraciones sociales, con mayor razón cuando se profundiza la crisis del país y se acentúan los procesos de concentración de la riqueza y de mayor brecha entre los ricos y los pobres que son la mayoría en el campo y en la ciudad.

El fracaso del gobierno de Santos es, a la vez, el fracaso de la política neoliberal, de la dependencia de Washington y de la política favorable al capital financiero, a los monopolios, a los grupos económicos y a las transnacionales que saquean la riqueza nacional y deterioran el medio ambiente; de las recetas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la OCDE a la cual aspira a ingresar Colombia de la mano del gobierno entreguista y plutocrático.

Otra cosa es la paz que avanza, al menos en La Habana, en medio de las vacilaciones del Gobierno Nacional y de las concesiones al militarismo y a la extrema derecha, enemigos de la salida política y de la reconciliación nacional. Aspiran a una paz exprés, eludiendo erradicar las causas políticas, sociales y económicas, entre ellas la violencia desde el poder, agenciada por el terrorismo de Estado y por la violencia de la clase dominante.

El llamado del Primero de Mayo es a construir la paz, a fortalecer la democracia y las condiciones sociales del pueblo colombiano. A ponerle punto final a las complicidades con el paramilitarismo, cuya existencia niega el Gobierno, pero que es el responsable de las muertes de dirigentes y militantes de la izquierda, sindicalistas, campesinos y defensores de derechos humanos.

Si algo salta de bulto en este momento histórico es que el mejor aporte a la paz es dándole prioridad a la movilización social, al paro nacional promovido por la Cumbre Agraria y Popular, a la realización de la Cumbre Minero-Energética y ambiental propuesta por la USO y a la iniciativa de un Encuentro Popular representativo, que analice el papel de las movilizaciones y luchas reivindicativas, el paro agrario y la viabilidad del paro cívico nacional; las reformas políticas de apertura democrática necesarias para emprender la construcción de la paz con justicia social; y la movilización por la paz, sus objetivos y la unidad, el posacuerdo, la refrendación y el cumplimiento de los acuerdos.

Como nunca antes se pone al orden del día la Asamblea Nacional Constituyente y la unidad de la izquierda con los sectores sociales y democráticos en la perspectiva de conquistar un nuevo poder popular para las transformaciones avanzadas que el país requiere a favor de la mayoría del pueblo colombiano.

Mirador

Palabra itinerante

Colombia sin salud

Sorpasso

CARLOS A. LOZANO GUILLШN

A

hora que se habla tanto del posconflicto, mejor del posacuerdo, es necesario aterrizar en el debate sobre las reformas políticas, sociales y económicas, más allá de los acuerdos que se deriven de la firma de la paz estable y duradera en La Habana.

Está claro que estos últimos se refieren a las causas del conflicto y a la necesidad de pactar el fin de la confrontación armada de casi seis décadas. ¿Pero qué hacer con la grave crisis política y social que afecta al régimen colombiano? La oligarquía ha sido mezquina con la necesidad de una real apertura política y social, que supere serias ataduras en las libertades, los derechos humanos y en las condiciones de vida del pueblo, sometido a la explotación despiadada de una clase dominante egoísta y que no cede un ápice del poder político y económico. Se requieren cambios democráticos de fondo.

El pasado viernes 29 de abril, los representantes de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) que se lucran de la salud pública del pueblo colombiano, comparecieron por la televisión estatal para pedir perdón a los cotizantes y beneficiarios por las carencias del servicio. Así lo ordenó en un fallo de una tutela la Corte Constitucional. ¡Pero qué espectáculo tan grotesco!

Solo comparecieron unas pocas EPS (como 36), cuyos representantes no ofrecieron el perdón al que estaban obligados sino que justificaron los abusos y la negación a prestar un servicio

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JAIME CEDANO ROLDЕN

fundamental. Ninguno aludió a la necesidad de mejorar. Hablaron con cinismo, se burlaron de los dolientes y de la Corte Constitucional. Como se dice de manera coloquial: “¡Les salimos a deber!” ¡Descarados!

Si algo se requiere en materia de salud pública es un revolcón total.

Acabar de raíz y sin tapujos el negocio de los mercaderes de la salud.

Hasta ahora las reformas a la nefasta ley 100, aprobada en la efervescencia neoliberal de los años noventa, después de la Constitución de 1991 que institucionalizó el modelo a favor del capital privado y de las transnacionales, han sido superficiales, inclusive la han hecho más perjudicial y cerrada a un cambio real.

Son reformas cosméticas de la ley 100, pero su estructura se conserva intacta, la misma que diseñó el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, ponente del entuerto. Ninguna ha ido al meollo del problema, porque se requiere es derogarla y establecer una disposición que rescate el carácter público de la salud. Los abusos son muchos.

Hay nuevas modalidades del paseo de la muerte.

Las EPS hacen lo que se les da la gana y no hay autoridad que las ponga en cintura. Se burlan de las autoridades, incluyendo de los fallos de tutela. Un real poder de corrupción y de vulneración a la dignidad de las personas. Así será difícil preservar la paz. carloslozanogui@outlook.es

S

iendo el castellano tan hermosamente generoso se recurre estos días en España a esta palabra de origen italiano importada por Julio Anguita para expresar hipotéticos cambios en resultados electorales.

Para el ex coordinador de Izquierda Unida se trataba de ganarle el voto de izquierda al Partido Socialista y adelantarlo electoralmente. Esto nunca se produjo y por el contrario IU, por lo menos parte de sus dirigencias, han vivido a la sombra del PSOE y hasta hace muy poco con la idea estratégica de que la vía para romper el bipartidismo era obteniendo un buen resultado electoral que obligara a los socialistas a un pacto con IU para desalojar del gobierno al Partido Popular. La fracasada vía andaluza de cogobierno de izquierdas que llegara a despertar demasiadas ilusiones y también ambiciones y acomodamientos burocráticos.

Con no pocas dificultades IU ha avanzado, con el empuje del PCE que a su vez ha sido empujado por las bases, hacia la tesis de la “ruptura democrática” que implica romper con la ilusión de una regeneración aún borbónica para superar el creciente disenso sociopolítico y confrontar abiertamente con las dos formaciones políticas que sustentan el régimen y trabajar por un proceso popular constituyente en el marco de una nueva Europa y con salida del euro, propuesta justa y necesaria pero hasta ahora no suficientemente explicada y que provoca cierto

temor a que se convierta en fraseología ultra revolucionaria. Ante el escenario de la repetición de las elecciones generales ha vuelto a sonar la italiana palabreja. Las encuestas últimas indican que una hipotética alianza de IU y Podemos podría sobrepasar al PSOE y quedar a escasos puntos del PP, quien a pesar de los diarios escándalos de corrupción ganaría las elecciones gracias a la fidelidad extrema de un electorado mayoritariamente ubicado en la franja de los votantes de la tercera edad. Militantes y simpatizantes de Izquierda Unida resolverán esta semana mediante consulta si aprueban o no una andadura electoral conjunta con Podemos. Seguramente esto será aprobado pese a las heridas no cicatrizadas por el desprecio con que los dirigentes de Podemos han tratado a IU hasta hace muy pocos días, pese a las críticas por el desmoronamiento político, ideológico y programático de Podemos y a la resistencia que provoca la vulgar arrogancia que caracteriza a Pablo Iglesias. La gente que en el estado español sueña con una alternativa al bipartidismo ve con optimismo esta posible alianza electoral, que tiene en ello, que hasta ahora sería solo una fría alianza electoral llena de desconfianzas, el talón de Aquiles que impida construir de verdad una fuerte y cohesionada alternativa transformadora al bipartidismo monárquico y neo liberal. Pero ya lo decía el sevillano Antonio Machado, se hace camino al andar. Votamos un si cargado de dudas y con optimismo moderado.

POLÍTICA

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Objetores de conciencia presentan informe sobre reclutamiento forzado de las fuerzas militares en 2015 REDACCIюN POLйTICA

L

a Acooc, Acción Colectiva de Objetores de Conciencia, presentó el informe anual que muestra los comportamientos ilegales de los operativos militares para reclutamiento y las maneras como estos violan los derechos de los bogotanos. De acuerdo con el movimiento de objetores de conciencia, el servicio militar tiene un alto grado de ilegitimidad por sus acciones contra la población joven que no quiere ir a la guerra. Sin embargo, los militares continúan realizando reclutamientos forzados y algunas veces claramente agresivos.

Las denominadas popularmente “batidas”, son operativos de reclutamiento realizados por el Ejército Nacional en los que se violan las garantías y derechos constitucionales de los jóvenes. Este tipo de reclutamiento forzado se realiza en todo el país, pero Bogotá registra un número significativo de denuncias por violaciones a los derechos humanos por parte de patrullas militares que agreden a los jóvenes pretextando que no tienen libreta militar.

Antecedentes jurídicos Dos antecedentes jurisprudenciales reconocen que la práctica de reclutamiento es violatoria de los derechos fundamentales de los jóvenes. Tras analizar el caso de Santiago Holguín, joven reclutado ilegalmente en una batida, y Reinaldo Aguirre, objetor de conciencia del programa Hacedores de Paz, de Justapaz, la Corte Constitucional manifestó, mediante sentencia de tutela 455 del año 2014, que las autoridades militares están habilitadas jurídicamente para requerir la identificación de los obligados y proceder a inscribirlos de inmediato y sin lugar a ningún tipo de detención temporal, y menos la posibilidad de conducir a quienes no comprueben tener resuelta su situación militar.

De ahí se deduce que llevarse a los jóvenes en camiones militares y desaparecerlos temporalmente, para luego presentarlos como soldados en guarniciones militares en departamentos distintos al sitio de residencia del joven, es violatorio de los derechos humanos.

Y añadió el alto tribunal: “Las redadas o batidas, procedimientos que de manera general responden al patrón antes explicado, están prohibidas por la Constitución, al tratarse de medidas restrictivas de la libertad personal que carecen de autorización judicial y que tampoco se encuentran dentro de las taxativas excepciones descritas en el artículo 28 C.P”.

A este respecto, la Corte es enfática al indicar que las “autoridades militares no tienen competencia para hacer

Se realizan batidas hasta en plazas de mercado.

Juventud objeta la guerra

Batidas militares son reclutamiento forzado redadas o batidas indiscriminadas, con el propósito de identificar a quienes no han resuelto la situación militar, para conducirlos a instalaciones militares y proceder a incorporarlos. Estas acciones contravienen la Constitución y la ley, al desconocer la reserva judicial sobre la libertad personal, en tanto derecho inalienable de todos los habitantes”, señaló Luis Ernesto Vargas, magistrado ponente.

El otro antecedente judicial que le hace reparos a las batidas fue hecho por la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2015. La Sala Penal de ese tribunal se pronunció, a través de una acción de Hábeas Corpus, sobre la capacidad legal del Ejército de reclutar a un joven remiso a través de una batida: “la breve verificación de si el ciudadano ha definido su situación militar y de no ser así el diligenciamiento de una planilla en la cual se inscriba para tal fin y consigne sus datos para una posterior citación con el propósito de agotar las posteriores etapas señaladas en la ley, sin que pueda ser conducido a cuarteles o distritos militares, ni pueda ser retenido por más tiempo del que demande un procedimiento de esta naturaleza”.

Incumplimiento Para los voceros de Acooc, a pesar de haber una decisión directa de la Corte Constitucional que ordena el cese de esta práctica, el Gobierno nacional y su Fuerza Pública desacatan mandatos constitucionales lo cual resulta preocupante, con el agravante que la cúpula militar encargada de los reclutamientos entregan a medios de comunicación

declaraciones contradictorias justificando la continuidad de estas prácticas en las calles de las principales ciudades del país.

“Después de más de 10 meses de emitida la Sentencia T-455, las organizaciones no han tenido conocimiento sobre el cumplimiento de protocolos, sanciones disciplinarias representativas o avances por parte del Ejército en materia de reclutamiento ilegal por parte de sus competencias militares”, explicaron los voceros de Acooc en la presentación del informe.

Ejército para la guerra En declaraciones entregadas a El Colombiano, Aníbal Fernández, viceministro de Defensa señalaba que la fuerza pública cambiará de estrategias e implementará siete nuevas líneas de trabajo con tres énfasis: Espada de Honor, Transición hacia la paz y la Transformación con la creación del Comando de Transformación del Ejército. “Hoy tenemos un Ejército que está en pie de guerra, que sigue luchando por conseguir la paz, pero al mismo tiempo tiene la capacidad para transformarse, no solo en modernización y recursos, sino que es una transformación basada en lo cultural, de la mente y soportada en la educación militar”.

Y sin embargo, se calcula que para el primer semestre de 2015 el Ejército reclute a 87 mil jóvenes para convertirse en soldados.

La Acooc, señala que es urgente que el gobierno nacional tome decisiones al más alto nivel para detener el reclutamiento ilegal por parte de la Fuerza Pública. Pero también

investigar y sancionar la sistematicidad del procedimiento mil veces repetido del reclutamiento ilegal de las fuerzas militares, lo cual demuestra su talente arbitrario.

Doctrina de paz “Este año hemos constatado la práctica ilegal de reclutar jóvenes y se aumentan los puntos de la ciudad en que se hace esta práctica. Lo que nos preocupa es que ya los militares están casi a las puertas de los colegios distritales y en algunos casos cercan los barrios populares para detener y llevarse a los jóvenes a la fuerza”, señaló Juan Valbuena, Secretario de la Juventud Comunista, JUCO, en Bogotá. El dirigente juvenil expresó que la JUCO rechaza el ejercicio criminal de las batidas porque alienta la máquina de guerra.

“Es que los militares se pasan por encima las orientaciones constitucionales del poder judicial que ha decretado ilegal esa práctica de reclutamiento.

Los jóvenes tienen derecho a decirle no a la guerra”, señaló Valbuena.

Concluye el informe con un llamado a transformar la doctrina de seguridad nacional que obliga a los jóvenes a engrosar las filas castrenses: “La construcción de paz, necesariamente implica una revisión del modelo de reclutamiento. Es apremiante la construcción de una sociedad civil que privilegie el fortalecimiento de los lazos e instituciones sociales civiles, por encima del mantenimiento de un modelo de reclutamiento militar que tiende a crecer a través del desconocimiento del orden legal y constitucional”.

POLÍTICA

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Beneficios para pensionados La Cámara de Representantes aprueba proyecto de ley que reduce el aporte de los pensionados en salud del 12 al 4%

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on 102 votos fue aprobado en plenaria de la Cámara de Representantes en segundo debate el proyecto de Ley 008 de 2015, por medio del cual se reduce el aporte de los pensionados al sistema de seguridad social en salud, del 12% al 4%, después de cerca de un año desde su radicación.

Esta es la segunda estación del proyecto, le restarían dos en Senado y la correspondiente sanción presidencial para convertirse en Ley de la República. El deseo de sus autores, como el de la población pensionada del país, es que avance y no se hunda, como iniciativas anteriores, por falta de trámite en el Congreso.

La iniciativa legal, autoría de congresistas del Polo Democrático Alternativo, el partido MIRA y el partido Alianza Verde, pretende modificar la Ley 100 de 1993, y disminuir este aporte de los pensionados, lo cual para sus autores y ponentes es un acto de justicia distributiva: “no es justo que los pensionados después de contribuir como trabajadores durante 25 o 30 años, y hayan alcanzado difícilmente la pensión, tengan luego que pagar por empleador y trabajador sin ser ninguna de las dos categorías sociales, sino una persona mayor de edad y sujeto de especial protección”, afirmó el congresista Alirio Uribe Muñoz, representante a la Cámara por Bogotá.

El proyecto beneficiaría a por lo menos dos millones de personas que tienen derecho a una pensión en Colombia, siendo en su gran mayoría de escasos recursos, pues como lo afirma el mismo representante Uribe

Muñoz, “de acuerdo con información oficial, el 80% de los pensionados del país perciben una pensión equivalente a un salario mínimo, y solo un 5% del total de jubilados recibe mesadas superiores a cuatro salarios mínimos legales”.

Esta es una reforma legal, que el propio presidente Juan Manuel Santos avaló en su candidatura a la reelección, sin embargo, ha recibido conceptos contradictorios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, afirmando que su costo (cercano a los tres billones de pesos) se sale de las cuentas del gobierno nacional, y que no existiría forma de llenar ese vacío presupuestal.

Al respecto, el mismo representante Uribe Muñoz afirma que el proyecto incluyó en su sustento fuentes alternativas para financiar este faltante en el sistema de salud, como la eliminación de beneficios tributarios a grandes empresarios o la reducción del presupuesto militar.

“Estamos pensando en construir paz en Colombia, y eso se logra dando bienestar a la gente, en este caso es intentando mejorar el ingreso disponible de nuestros adultos mayores. Esta y otras políticas, se pueden financiar incluso sin reformas tributarias; hemos expuesto opciones, y cada vez surgen más alternativas, como cobrar a los evasores que tienen rentas en paraísos fiscales, por ejemplo. ¿Se imagina usted cuánta plata podría tener el fisco colombiano si el listado de “Panamá Papers” pagara lo que corresponde?”, aseveró el representante del Polo.

Agradecimiento

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arlos A. Lozano Guillén, director de VOZ, agradece a las organizaciones, instituciones, camaradas, amigos y amigas, que apoyaron la campaña para que Coomeva EPS autorizara el medicamento que me aplicaron en la Liga contra el Cáncer el pasado lunes 2 de mayo. En especial a Marcha Patriótica que realizó una eficaz campaña por las redes sociales, al Colectivo “José Alvear Restrepo”, a Piedad Córdoba, Aída Avella, Maureén Maya y Nicolás Garzón Lozano, porque su generosa solidaridad y acciones presionaron para la solución del problema. Reconozco las gestiones del Ministerio de Salud, de la Liga Colombiana contra el Cáncer, entidad humanista y sin ánimo de lucro y de la doctora Natalia Tovar, abogada de Coomeva.

Entre todos fue posible doblegar la indiferencia de la EPS que puso en peligro mi vida de no haber recibido la quimioterapia ordenada y que está dando buen resultado en el tratamiento médico oncológico.

“La solidaridad ayuda a vencer”.

Pacientes atendidos en precarias condiciones. Foto ubaldoanayaflorez.blogspot.com.co

Audiencia de salud

Las EPS: un cartel REDACCIюN POLйTICA

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n diciembre de 2015 el Ministerio de Salud, en cabeza de la Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud Riesgos Laborales y Pensiones, convocó a las EPS con el fin de verificar el diligenciamiento de las Resoluciones 744 de 2012 y 1683 de 2015. Dichas resoluciones versan sobre prestación de los servicios del Plan Obligatorio de Salud.

Ante las deficiencias acumuladas, la cartera de Salud decidió oficiar al Defensor del Pueblo, la Superintendencia de Salud y a la Corte Constitucional para que investigaran la razón por la cual las EPS, no entregaban eficientemente los servicios de salud solicitados por los usuarios. Dijo el Ministerio en su momento que se debía tener claridad de cuáles son las fallas que en el cumplimiento del servicio llevaron a las EPS a incurrir en la no autorización de la prestación de servicios POS “ya sea por asuntos de pertinencia, asuntos administrativos o simplemente por deficiencias en el cumplimiento de sus responsabilidades”.

En diciembre de 2015 se solicitó a las entidades explicaran cuáles eran los motivos para dejar de atender los reportes de los servicios POS solicitados correspondientes a los periodos mayo de 2012 a septiembre de 2015. Dicha información le serviría a los entes de control para verificar la existencia del incumplimiento y las sanciones que por ello asumirían las EPS. La Corte Constitucional, después de escuchar a los representantes de las EPS, mediante auto de fecha 4 de abril, fijando el 30 de abril de 2016 como fecha límite para la creación del nuevo registro de negaciones y el control de las irregularidades. El Ministerio llamó a las EPS, agrupadas en Acemi, Asocajas y Gestrsalud, para comunicar la metodología de la audiencia pública

televisada en donde tendrían las EPS que responder por la falencia del servicio y por desacatar las órdenes constitucionales de generar un sistema de atención más eficiente.

En la audiencia pública el pasado 29 de abril se escuchó a los pacientes quienes plantearon todo tipo de quejas, además se sumaron a las deficiencias en áreas de atención a pacientes de alto riesgo, atención de especialistas, entrega de medicamentos y autorizaciones de procedimientos. Los compromisos suscritos por las 38 EPS convocadas no parece ser la solución de fondo del sistema y menos sinceras las disculpas presentadas por la falla en el servicio que ha costado, en un número significativo de casos, la muerte a los pacientes. La deuda que tienen estas EPS con los hospitales públicos acumula el suficiente capital para dejar en liquidación la mitad de la red hospitaliza en Colombia.

Solamente en Bogotá la deuda de las EPS con los hospitales del distrito llegó por el orden de 850 mil millones de pesos. En el caso de la ciudad no solo la falla en el servicio es la preocupación de los pacientes. La apertura a la privatización con la implementación del modelo de salud del gobierno de Enrique Peñalosa, podría dejar a los hospitales sin el manejo del presupuesto destinado a los hospitales públicos.

La estrategia en salud de la capital abre la puerta para que EPS como Cafesalud o SaludCoop reciban esos presupuestos para sanear sus finanzas y dejar ilíquidos los únicos hospitales que a nivel nacional tienen saneamiento fiscal al día afectando los servicios de salud que hoy entregan a los ciudadanos.

La crisis es del tamaño de las ganancias que acumulan las EPS por recobros al sistema de salud, Fosyga y por la no autorización de procedimientos médicos que finalmente terminan cobrándose. Todo un cartel de recobros que no parece tener sanción por parte de las autoridades.

Visite las páginas web: Partido Comunista Colombiano www.pacocol.org Semanario VOZ: www.semanariovoz.com

LABORAL

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Desempleo, tercerización y bajos s Miles de trabajadores colombianos marcharon para rechazar el modelo neoliberal y la destrucción medioambiental que genera la minería, entre otras cosas. Pero también mostraron disgusto con las medidas tomadas por el exministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, y con el nombramiento de la nueva responsable de esa cartera, Clara López JUAN CARLOS HURTADO FONSECA

S

eguramente los mártires de Chicago no imaginaron que 130 años después de sus luchas la instauración de las ocho horas laborales no se respete en la mayoría de países del mundo. Tampoco imaginaron las formas de sobreexplotación laboral del capital en tiempos del neoliberalismo.

Mucho menos que en países tercermundistas algunos de quienes decían ser defensores de los trabajadores funjan como ministros de Trabajo en pro de los intereses de los grandes capitales.

En ese contexto, se conmemoró el Primero de Mayo en las principales ciudades de Colombia, con la participación de miles de trabajadores que colmaron las calles para expresar su re-

nacional.

Sergio Castillo es trabajador de la Aeronáutica Civil, controlador de tránsito aéreo. Marchó con alrededor de 50 compañeros para pedir del Gobierno nacional y de esa entidad que se reclame la administración del espacio aéreo de Colombia en el Caribe, que por extensión territorial y de aguas marinas y submarinas le corresponde. “Desde 1947 no se ha hecho algo para recuperar ese espacio. Si actualmente un avión de la Fuerza Aérea necesita movilizarse por ahí le debe pedir permiso al Gobierno panameño. Las aerolíneas de todo el mundo que cruzan por ese espacio, en cambio de pagarnos a los colombianos le pagan a Panamá y en 2014 eso generó más de 14 millones de dólares”.

Entre los conflictos laborales al interior de esa entidad denunció que el

La Unión Sindical Obrera marchó por las calles de Barrancabermeja.

chazo al modelo económico, protestar por los bajos salarios, oponerse a la creciente tercerización, el alto costo de la canasta familiar, denunciar la depredación medioambiental con las políticas extractivitas y respaldar los procesos de paz con las insurgencias armadas.

Con arengas, comunicados y comparsas, fue evidente la indignación de muchos marchantes por el decreto 583 del pasado mes de abril en el que el exministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, le dio más posibilidades a los empresarios para contratar de manera tercerizada; y por la aceptación de Clara López para dirigir esa cartera en un gobierno neoliberal.

67% de sus trabajadores son provisionales y que hay una planta paralela de asesores que puede llegar al 50% de la planta real, con salarios muy altos en comparación a quienes le han entregado su vida a la Aeronáutica.

Actualmente cuenta con 2.890 trabajadores, de los cuales sólo el 37% son directos.

Félix Sendales marchó con un grupo de más de 120 trabajadores de la industria de la cerveza y las gaseosas, denunciando la tercerización laboral como el problema principal en

Un paneo necesario Los bogotanos también se manifestaron contra la decisión del alcalde Enrique Peñalosa de vender la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, y desde sindicatos de diferentes empresas se opusieron a la medida que es estudiada por el Concejo de la ciudad.

VOZ habló con algunos de los marchantes de la capital quienes denunciaron problemas laborales en sus empresas, pero que dan cuenta del estado de las relaciones laborales en el territorio

Columna de la CUT en Bogotá. Foto J.C.H.

estas empresas y multinacionales. “Es un problema que ha crecido con el beneplácito de los gobiernos y especialmente del último ministro de Trabajo, Lucho Garzón. Hay un 80% tercerizados lo que conlleva a la violación de los derechos laborales, la no liquidación de primas, la ausencia de aportes a seguridad social, de recargos nocturnos, de entrega de dotación, y no responden por enfermedades laborales”.

Maestros Henry Suárez, presidente del Sindicato de la British American Tobaco, organización que afilia trabajadores de todas las áreas de este sector: agroindustria, producción y comercialización, explicó que salieron a protestar porque quieren acabar con la parte agropecuaria, ya que la British American compró y acabó con la empresa Protabaco y a los campesinos ya no les compra las cosechas.

“También hay sobreexplotación en el área de comercialización porque deben trabajar hasta 14 horas diarias y buscan acabar con la convención colectiva que por ahora no se cumple en su totalidad. La producción de tabaco está siendo comprada a los productores chilenos, aunque es de menor calidad, además que cuando adquirieron a Protabaco se comprometieron con la Superintendencia de Supersociedades a seguir comprando la producción colombiana”.

Una gran columna recorrió la carrera séptima de Bogotá, era la Federación Sindical Mundial, FSM. Carlos Gómez, su responsable de organización capítulo Colombia, dijo que la fecha es clave para protestar contra las políticas neoliberales. “La organización trabaja una constituyente sobre estatuto del trabajo y otra sobre los

Militantes del Partido Comunista en Pasto.

recursos naturales. Lo hacen llamando al movimiento sindical para que se sume a la redacción de los documentos que serán presentados al Congreso de la República. Trabajamos con el sector agrario que ha sido muy golpeado por la importación de alimentos, la falta de créditos y vías de comunicación para que los campesinos saquen sus productos al mercado”.

Los maestros también participaron de manera masiva. William Agudelo, presidente de la Asociación Distrital de Educadores, ADE, explicó que el magisterio salió a la movilización presionando solución al pliego de peticiones radicado en febrero, del que hasta ahora no se ha obtenido una respuesta positiva. “Lo único que ha dicho la administración es que de los 30 colegios que va a construir 15 van a ser entregados en concesión y que la jornada única seguirá implementándose sin las condiciones adecuadas en infraestructura ni de bienestar para estudiantes y maestros”. Finalmente, invitaron a todos los bogotanos a entrar en paro de actividades laborales en oposición a la venta de la ETB. Despidos en bancos

Columna del Partido Comunista en Manizales.

Enrique Hernández, de la Unión Nacional de Empleados Bancarios, UNEB, comentó que hay 10 mil despidos en la mayoría de los bancos, sin importar la forma de contratación que tengan los empleados, aunque la mayoría a término fijo como lo han hecho en el Banco Popular donde han sacado a cerca de mil. “Los despidos también afectan a los que siguen laborando porque deben asumir las responsabilidades

LABORAL

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salarios, los principales problemas de quienes salen, produciendo recargo laboral y enfermedades. Todo mientras el sector bancario obtuvo utilidades por 15 billones de pesos en el año 2015”.

Omar Gómez, presidente del Sindicato Nacional de Profesionales de la Seguridad, Sinproseg Bogotá, comentó que marchan porque se oponen a la tercerización que identifican como su principal problema, porque hace 12 años laboran con contratos de prestación de servicios. “Denunciamos la perla que nos deja Lucho Garzón con el Decreto 583 que da tercerización ilimitada. La medida nos afecta porque habíamos logrado algunos avances pero le da el aval a los empresarios que ganan licitaciones jugosas con la Unidad Nacional de Protección, UNP, pero no tienen en cuenta el tipo de contrato si-

no que nos tienen en obra-labor, lo que no se ajusta a nuestra misión funcional”. Son 3.500 escoltas en el ámbito nacional de los cuales hay 1.800 en el sindicato.

Plaza de Bolívar En el acto político en la tarima de la Plaza de Bolívar hubo discursos de los dirigentes de las centrales obreras y de representantes de otras organizaciones del ámbito nacional. A su turno, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Luis Alejandro Pedraza, entre otras cosas criticó el modelo de desarrollo por estar en beneficio del capital transnacional y de la usura financiera, y porque ha dejado a millones de campesinos desplazados hacia las áreas rurales. “Vamos a ver si pasa esa política de privatización de la educación pública, vamos a ver si continúa la privatización de lo poco que le queda

al Estado colombiano como la ETB, estamos en contra de la privatización de la salud. Por parte del Gobierno no hay concertación ni diálogo sino hipocresía.

Maneja un lenguaje en las mesas de negociación con la insurgencia armada en donde ofrece un nuevo país, pero en la práctica hace leyes y decretos que empobrecen y entregan el patrimonio y la soberanía nacional”.

Asimismo, el presidente de la Confederación General del Trabajo, CGT, Julio Roberto Gómez, recordó que el 14 de marzo pasado las organizaciones sociales le entregaron un pliego al Gobierno nacional y que el 17 hubo un paro en todo el país, pero que no ha habido respuesta.

“Si no responde preparemos el paro cívico nacional para el segundo semestre del presente año. La clase trabajadora está en contra de una reforma tributaria que empobrece más a las mayorías y enriquece a los privilegiados del país. El Gobierno no puede continuar siendo luz de afuera y sombra de adentro, ya que las organizaciones sociales y populares le han dado el visto bueno al proceso de paz, pero también debe responder por los problemas de desempleo, informalidad y pobreza que sufren las mayorías”. Invitó a las organizaciones a retomar los trabajos para hacerse respetar: “Si no se responde el pliego de peticiones de manera satisfactoria, se realizará el paro cívico nacional”.

Miguel Morantes, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, rememoró los orígenes del Primero de Mayo y saludó a las demás centrales obreras. “Apoyamos el proceso de paz, pero las medidas que el Gobierno toma contra el pueblo colombiano son contrarias a la paz, son medidas de guerra, como la que le quita la tierra a los campesinos con la Zidres. También están el IVA y los demás impuestos, y la reforma pensional”. Finalmente pidió unidad de acción para defender el petitorio que se pasó en marzo al Gobierno nacional.

El representante de la FSM, organización con más de 92 millones de afiliados de todos los continentes, Valentín Pacho, rindió homenaje a los mártires colombianos: “Hoy es un día de reflexión para la clase trabajadora, de crítica y autocrítica, de ver avances y retrocesos, de ver aciertos y errores, en la lucha contra el capitalismo y el imperialismo”.

Criticó a los sectores sindicales que permeados por el oportunismo y el neoliberalismo evitan hablar de la lucha de clases y reivindicó los principios de la Federación como la búsqueda del socialismo.

La organización social y política Marcha Patriótica participó de las manifestaciones en Bogotá. Foto J.C.H.

Sede principal de la ETB en Bogotá. Foto J.C.H.

En venta la ETB

Alejandra Wilches.

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egún la Asociación Nacional de Técnicos en Telefonía y Comunicaciones y Afines, Atelca, cuando el alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa presentó su Plan de Desarrollo no incluyó la venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB; pero ahora ante el Concejo Distrital incluyó la enajenación de acciones. “Esto es un engaño a la ciudad”.

La táctica para la venta de la empresa inició este año cuando el alcalde y el presidente de la Empresa Jorge Castellanos, iniciaron un proceso de desacreditación de la empresa con el objetivo de justificar su venta.

Según Alejandra Wilches, presidenta de Atelca, Jorge Castellanos dice en los medios de comunicación que en 2014 la empresa presentó pérdidas recurrentes de 38 mil millones de pesos, pero la Superfinanciera dijo que según el informe que se entregó ese año, obtuvo 370 mil millones en utilidades.

“Hasta septiembre de 2015 había utilidades de 100 mil millones, pero no aparecen, ni tampoco el informe sobre utilidades en el último

trimestre. El señor Castellanos ha hecho un manejo de presentación de la información financiera a través de las NIIF y también nos dice que la fibra óptica tiene una vida útil entre siete y 10 años, cuando la hoja técnica de la fibra dice que es superior a 20 años. Por eso él habla de esas pérdidas que no existen en realidad”, contraargumenta la presidenta de Atelca.

Otro de los argumentos del presidente de ETB es que la entidad está tan mal que no entregó dividendos en 2015, “pero no ha dicho que en septiembre de ese mes hizo una repartición de dividendos por 388 mil millones para el Distrito y el restante para los socios minoritarios, que sumaron 403 mil millones. Él hace un manejo inadecuado de la información para tratar de mostrar que la empresa no es rentable, no es competitiva, pero ETB tiene la tecnología adecuada para tener posicionado el mercado en los servicios que entrega: tiene la segunda antena más potente de Latinoamérica después de la de Brasil, para servicios satelitales; es una de las empresas que ofrece velocidades más alta de subida y bajada de información en los países en vía de desarrollo; ha hecho el despliegue de fibra óptica más importante de Latinoamérica, el que hizo en Bogotá, y sólo falta que vendan servicios para recuperar la inversión”, explica Alejandra Wilches.

La empresa genera ingresos permanentes para la ciudad que se han ido invirtiendo en obras sociales, en colegios e infraestructura. “De 2002 a 2014 le ha entregado a la Universidad Distrital 13,8 millones de dólares”.

Es una empresa atractiva para el capital foráneo porque ha generado en promedio 228 mil millones de pesos en los últimos cinco años.

BOGOTÁ

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Peñalosa no respetó tutelas A pesar de que los vendedores estacionarios ganaron tutelas a su favor, el Gobierno distrital les niega derechos y continúa los desalojos

la pronta ubicación de los más de 180 vendedores que aún no han sido reubicados.

Una indignación argumentada VOZ dialogó con John Rivera, presidente de la Asociación de Trabajadores Informales, ATI: “De los 230 vendedores desalojados en el mes de enero, a 180 de ellos no les han dado soluciones, las cuales consistían en el compromiso de reubicarlos en módulos donde tengan la posibilidad de vender sus productos”. Sin embargo menciona este líder, que hasta el momento no les han brindado ninguna garantía de ubicación, y cuestiones como la alimentación y demás necesidades, de las familias que dependen de estas ventas, cada día se ven más afectadas.

Pero esa no es la única inconformidad, Rivera igualmente comenta: “Existen varios ganadores de las tutelas que interpusimos para garantizar el derecho al trabajo, y la resolución de las tutelas dice que a 48 horas del fallo, el distrito debe hacer efectiva la solución. Pero los vendedores se han acercado a la administración para hacer efectivo este derecho y van más de diez días y nadie les responde. Lo que sabemos es que le han pasado documentos a los jueces donde aseguran que los derechos ya se garantizaron, lo cual no es cierto”.

IPES niega derechos

CAROLINA TEJADA

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on un acto simbólico desarrollado el pasado 28 de abril, sobre la calle 72 con carrera 11, vendedores estacionarios del distrito llamaron la atención a las autopridades exigiendo el cumplimiento de las tutelas ganadas en favor del derecho al trabajo y

El Instituto Para la Economía Social, IPES, institución que debe adelantar los trámites para garantizar estas demandas, les ha dicho a los vendedores, ganadores de las tutelas, que deben ingresar a un concurso junto con otras personas de la venta informal, para que la suerte les defina este derecho. Rivera menciona: “Es incoherente que la administración quiera garantizar un derecho, que por medio de tutelas se defendió,

Por un logo incluyente RENATA CABRALES

E

n el comunicado de Alerta Mujeres, donde convocan a las mujeres habitantes de Bogotá a movilizarse por el cumplimiento de políticas públicas que las defienda, se expone que “la política pública para las mujeres y la equidad de género, es un compromiso de Estado en Bogotá que no se puede suprimir en un gobierno. El reconocimiento nacional e internacional ha logrado en Bogotá comprometer al distrito a mantener los procesos.

De esta forma se plantean los logros conseguidos por el movimiento de mujeres en Bogotá, como el hecho de que se les reconozca cada vez más como sujetos de políticas públicas “que no se subsumen en otras figuras o colectivos como la familia o la infancia. Como sujetos de las políticas públicas del Distrito hemos participado en su formulación, implementación y evaluación y exigimos que esto siga siendo así”.

Es por eso que según Alerta Mujeres, la discriminación, la violencia o la desigualdad no son asuntos de percepción: “son afectaciones cotidianas que impiden a las mujeres gozar de libertad, autonomía e igualdad.

Lo comprueban las estadísticas pero lo evidencian las vivencias cotidianas de las mujeres en el territorio rural y urbano de Bogotá. Se requiere seguir trabajando en la transformación de las condiciones que las perpetúan”.

Por otro lado, a propósito de la convocatoria de Alerta Mujeres a un cacerolazo por la exigencia de los derechos de las mujeres, la Colectiva Agitación Feminista en cabeza de la abogada Yasnaia Cuéllar aprovechó el espacio para presentar en calidad de mujeres y ciudadanas residentes en la ciudad, con fundamento en la ley 393 de 1997, la solicitud de cumplimiento del Acuerdo 381 de 2009 expedido por el Concejo de Bogotá y el Decreto 166 de 2010 con base

Protesta de vendedora ambulante.

Actividad simbólica por el derecho al trabajo.

a través de una rifa. Exigimos que la administración cumpla su responsabilidad” Los personas dedicadas a las ventas estacionarias, reconocen que deben existir compromisos para armonizar su empleo en relación al disfrute del espacio público, por eso llaman a la administración de Enrique Peñalosa a una mesa de concertación donde se puedan construir unos acuerdos donde gane la ciudad y ganen quienes se dedican a la venta informal para garantizar el mínimo vital a sus familias.

Rivera como presidente de ATI, argumenta que “el decreto 098 que armoniza el goce y el disfrute del espacio público, en el numeral ocho define en 15 pasos como recuperar el espacio público, estas acciones deben ser de alta motivación, es decir no es porque al alcalde se le dé por desalojar a la gente, ellos deben respetar esas motivaciones, porque dentro de ellas está la garantía de que a los que trabajamos por medio

de la venta ambulante, se nos responda por el derecho al trabajo”.

en los siguientes hechos, según manifiesta la abogada: 1. Que el concejo de Bogotá mediante el acuerdo 381 de 2009 promovió el lenguaje incluyente y por eso en su Artículo 1 indica de manera imperativa la obligacion de utilizar el lenguaje incluyente, textualmente: “uso del lenguaje incluyente en documentos oficiales. Todas las entidades públicas de carácter distrital, deberán hacer uso del lenguaje incluyente en los documentos oficiales que sean elaborados y difundidos, entre otros: acuerdos, decretos resoluciones, conceptos, oficios, periódicos, folletos, afiches, pancartas, página web y blogs”. Uso del lenguaje incluyente en eventos públicos. En todos los eventos públicos y medios de comunicación de las entidades distritales, se deberá hacer uso del lenguaje con perspectiva de género en todas las intervenciones y alocuciones que se realicen. Artículo 3. Lenguaje incluyente. Entiéndase por lenguaje incluyente, el uso de expresiones lingüísticas que incluyan tanto al género femenino como al masculino, cuando

se requiera hacer referencia a ambos y no el uso exclusivo del género masculino. Artículo 4. El presente acuerdo rige a partir de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias”.

2.

Que el logo de la actual alcaldía es “Bogota Mejor para Todos”, en lenguaje no incluyente. Es decir en lenguaje masculino.

3. Así mismo las imágenes presentadas en el proyecto de plan de desarrollo dan cuenta de imaginarios sexistas, contrarias a lo que cita de violencia institucional con imaginarios sexistas, cuando las imágenes que presenta son totalmente sexistas.

Finalmente, afirman las mujeres en su manifestación, que lo mínimo que exigen para su cumplimiento es: “La no violencia, participación y representación, salud plena, trabajo en condiciones de igualdad y dignidad, educación con equidad, vivienda y hábitat, y paz”. De igual forma el uso de un lenguaje incluyente, lo que constituye los derechos que han compuesto las herramientas de política en las últimas décadas en Bogotá.

La solidaridad ciudadana La jornada que contó con una socialización a los transeúntes acerca de la vulneración al derecho al trabajo y el compromiso que como ciudadanos tiene este sector social, fue acogida por la comunidad. Muchas personas acudieron a las fotografías con los y las vendedoras e hicieron un llamado desde las redes sociales, para que la administración de Bogotá de cumplimiento, tanto a las tutelas ganadas, como al derecho al trabajo.

“Somos trabajadores honrados, que nos dedicamos a la venta informal porque no encontramos otras oportunidades laborales, solo queremos trabajar y que el gobierno distrital nos respete los derechos. Por eso llamamos a la solidaridad de la ciudad y a una mesa de concertación distrital”, afirma Rivera.

DERECHOS HUMANOS

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Un trofeo de narcos y multinacionales

Silencio acaba con Buenaventura (II) Megaproyectos de infraestructura agudizan crisis humanitaria en el principal puerto del país CAROLINA TEJADA

A

demás de ubicar el Puerto de Buenaventura como el principal del país, existe un estudio realizado por la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, que afirma: “Buenaventura es buscada como un trofeo para los narcotraficantes: mientras más contenedores pasen por el puerto, más oportunidades habrá para la circulación de cocaína (…)”.

También mencionan que este es “un punto de movimiento de capitales ilegales y de armas, desde y hacia Centroamérica y Asia”.

Alrededor de estos intereses, están otros, relacionados con los grandes mega proyectos de infraestructura que están en los planes de los gobiernos regional y nacional, que so pretexto del desarrollo económico del municipio y del país, están agudizando la crisis humanitaria, entre otras, generada por los desalojos legales que se han venido desarrollando desde hace varios años, con el ánimo de viabilizar la ejecución de los mismos.

Entre estos proyectos existen dos que han generado indignación en las comunidades; el Puerto de Aguadulce y el Malecón Bahía de la Cruz, los cuales requieren de la intervención en el territorio donde han habitado varias generaciones, pero que hoy se les da la denominación de baldío por parte del gobierno como medida para facilitar dicha intervención.

El Puerto Aguadulce Este proyecto está ubicado dentro de la Reserva Forestal del Pacífico y viene proyectándose desde hace 30 años. Dos son las principales firmas socias que tienen intereses sobre esta iniciativa; el grupo filipino International Container Terminal Services Inc y el operador portuario de Singapur PSA International, quienes construirían y ejecutarían el puerto denominado: Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A. Spia. Estas firmas son propietarias del 91.28% del capital emitido y en circulación de Spia.

Según el informe de la comisión de Justicia por Colombia, Spia obtuvo los permisos ambientales para la ejecución de las obras y para la construcción de una vía de acceso de 21.5 km. que comunicará el terminal portuario con la carretera Cali-Buenaventura. En esta misma área se encuentra el Consejo Comunitario Bajo Calima, quienes desde antes del año 2000 estuvieron reclamando una titulación colectiva.

La titulación les fue denegada, pero estos mismos terrenos fueron vendidos posteriormente a esta empresa y

Buenaventura entre la pobreza y los megaproyectos de infraestructura. La web.

coincidencialmente se ubican en la zona del Proyecto de Aguadulce.

Este puerto contempla una extensión total de 900 metros de muelle para una capacidad de operación de 1.200.000 contenedores al año. La actividad será operada por tres empresas.

Argos a través de la firma Boscoal, es una de las que se vería beneficiada.

En estos momentos desde el programa bianual de inversiones 2015-2016 la Agencia Nacional de Infraestructura ANI aprobó un monto de USD $172 millones que serán destinados a la construcción de un nuevo muelle de 150 metros lineales, y la adquisición de maquinaria.

Para el año 2007, cuando Álvaro Uribe era presidente, este proyecto se le entregó en concesión por 30 años a la Sociedad Portuaria Aguadulce. Para el 2011 se aprobó su declaratoria como Zona Franca Permanente Especial para el puerto multipropósito. La extensión de este proyecto es de 48.60 hectáreas de área privada y 84.49 hectáreas para el uso público. Este plan también menciona la reubicación de 184 viviendas.

Dentro de este proyecto macro esta el Malecón, que tiene prevista un área de 180.000 m2, y contará con áreas comerciales, de recreación etc. Su extensa área abarca el Parque Néstor Urbano Tenorio y bordeará toda la isla hasta el puente de El Piñal. Detrás de este proyecto está el Grupo Empresarial Internacional Esteyco formado por, al menos, cinco empresas. Aún se discute quién gestionará dicho muelle turístico.

Intervención sin consulta previa y desalojos Estos macroproyectos se desarrollan sin una consulta previa a las comunidades, necesaria cada vez que, su territorio, su cotidianeidad, la económica y relaciones sociales se vean afectados. Como población afrodescendiente la constitución colombiana así lo reconoce, como también lo reconoce la Organización Internacional del Trabajo OIT. Esta imposición ha generado un descontento en la misma población, pues se han dado desalojos por la administración local y las empresas que adelantan dichos proyectos. Además se les ha prohibido a las comunidades el uso ancestral del territorio, la pesca, la extracción de la madera, la caza, etc.

Tampoco se responde por los daños ambientales, y contrario a un

control sobre la intervención de los territorios por parte del gobierno, la administración por medio del Plan de Ordenamiento Territorial 2001 priorizó la construcción del proyecto, violando los derechos de las comunidades a quienes se les obliga a un desplazamiento de sus lugares comunes con la quema de sus viviendas. Luego son reubicados en zonas apartadas del mar, de toda infraestructura como escuelas, puestos de salud, todo lo que les puede generar una convivencia bajo sus tradiciones y la posibilidad de una economía por medio de la pesca que garantice un mínimo vital.

Según menciona el informe de Justicia por Colombia, “en el 2009 la fuerza pública y la seguridad privada de la empresa Sociedad Puerto Industrial Aguadulce incendió y derribó varios de estos ranchos. Prácticas que se mantuvieron durante 2010 y 2011. Desde el año 2003 hasta el día de hoy grupos paramilitares ejercen el control territorial en la zona”.

Esta iniciativa de desocupar los territorios que serán intervenidos por estas empresas privadas lleva 15 años, pero según menciona este mismo informe, “en diferentes épocas se han adelantado acciones encaminadas en el sentido de “desocupar” esa zona, coincidiendo con los picos de violencia que han padecido durante todos estos años las poblaciones autóctonas”.

“Desocupe” Las comunidades que se resisten a dejar sus territorios, también han denunciado que en los últimos años han sido víctimas de una violencia generalizada, “causando desapariciones que

terminan en muchas ocasiones siendo asesinatos con cuerpos descuartizados. El terror que siembran estos crímenes entre la población provocan los desplazamientos esperados para que la población “desocupe” el territorio”.

Menciona el informe que una primera fase de esta violencia inició entre los años 2000-2008, donde se presentaron los más altos índices de violencia y acciones criminales por parte de grupos paramilitares bajo la justificación de enfrentar a las guerrillas. Cuando se da la desmovilización de estos grupos se reconfiguran las denominadas Bacrim, hoy con un control territorial que coincide con la aceleración de las obras de infraestructura y las operaciones comerciales.

“Tenemos derecho a vivir en paz” Por medio de diferentes acciones las comunidades más afectadas por la expansión portuaria han manifestado su descontento con la arbitrariedad de estos proyectos y han exigido su derecho a vivir en paz. Los desplazamientos forzosos y la reubicación en zonas apartadas, han puesto a las comunidades en mayores niveles de vulnerabilidad, la ausencia de agua potable y otros servicios, han generado diferentes enfermedades.

Las comunidades además de poner en evidencia el andamiaje criminal, los abusos y violaciones de los derechos por parte del gobierno, también denuncian el silencio de la institucionalidad, cada vez que varios políticos de la región se han visto vinculados a estos proyectos económicos y a la financiación de los grupos paramilitares.

INTERNACIONAL

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Entrevista a la dama del Frente Popular para la Liberación de Palestina

Leyla Khaled y la lucha palestina

Leyla Khaled con uniforme de guerrillera y en la actualidad.

SARAY LюPEZ SALINAS

E

sta guerrillera palestina nació el 9 de abril de 1944 en Haifa.

Hace parte del Frente Popular para la liberación de Palestina (FPLP), también integra el Consejo Nacional Palestino. El mundo supo de ella en 1969 por su participación en el secuestro de un avión de la empresa TWA en la ruta Roma- Atenas.

El año siguiente integró uno de los grupos del llamado Septiembre Negro que secuestró simultáneamente cuatro aviones, en una operación de resonante impacto mediático en esa época. La acción fue muy útil como medio de visibilizar la lucha del pueblo palestino en contra del gobierno de Israel, ocupante de los ancestrales territorios palestinos.

El 6 de septiembre de 1970 Leyla Khaled y el nicaragüense Patricio Arguello en el intento de secuestro de un avión que hacía el itinerario Amsterdam –Nueva York, la seguridad israelí detectó el plan, eliminó al nicaragüense y desvió el aeroplano hacia el aeropuerto londinense Heatrow donde fue capturada Leyla Khaled. El primero de octubre el gobierno inglés la liberó en un intercambio de prisioneros. Actualmente vive en Jordania, con su esposo el médico Fayez Rashid Hilal y sus dos hijos. La siguiente entrevista fue tomada del periódico comunista Mundo Obrero.

Atraviesa el umbral de la sede de Izquierda Unida una mujer que se me antoja árabe; es una señora con la apariencia de matriarca de un clan familiar, como cualquier mujer de 71 años que puedas ver cada día en tu bloque de viviendas o encontrar en la cola del súper. Sin embargo cuando cruzas la

mirada con ella, enseguida te das cuenta que Leyla Khaled, de penetrantes ojos castaños no es precisamente una mujer corriente.

–Mundo Obrero: Como líder y heroína del FPLP, ¿cómo ve la situación actual del conflicto Palestino-Israelí en la zona?

–Leyla Khaled: Ahora mismo es un asunto casi exclusivo de los palestinos puesto que los regímenes del mundo árabe están inmersos en sus propias crisis (Siria, Iraq, Egipto…) de modo que no tenemos apoyo suficiente y esto nos dificulta muchísimo. El pueblo palestino lucha en una nueva Intifada, las elecciones en Israel han demostrado que la sociedad judía se posiciona cada vez más a la derecha y el extremismo tiene como máxima humillar al pueblo de Palestina utilizando a los colonos para hacer aún más daño. Vivimos un estado de Apartheid.

–M.O.: ¿Cómo simultaneaba la maternidad y el activismo en la lucha armada?

–L.K.: Actualmente no estoy en la lucha armada puesto que vivo en Jordania, pero por supuesto somos mujeres y madres que activamente participamos en la Intifada a la que evidentemente no sólo son los hombres los que están llamados. Participamos mujeres, desde estudiantes a veteranas, acuden al frente porque comprenden desde la maternidad lo que el valor de la vida humana significa, y no sólo por motivos de Estado e identidad, sino también por proteger la vida de sus hijos. Las mujeres sufrimos más porque amén de la causa política somos víctimas de las antiguas tradiciones culturales que están muy arraigadas en nuestra sociedad.

–M.O.: ¿Puede hablarnos del problema de los recursos hídricos en

Palestina y en qué medida afectan a la población?

–L.K.: Déjeme contarle que mientras que los Palestinos sólo podemos disfrutar de un litro de agua diario por persona los israelíes utilizan 25. Mi pueblo tiene muy presente en su cultura el cultivo de olivos y su explotación de la que dependemos en gran medida; nos talan los olivos y tampoco podemos efectuar el correcto regadío por las restricciones que nos imponen.

–M.O.: ¿Qué opinión le merece la firma del acuerdo por parte del Vaticano a favor de crear un marco de dos estados independientes IsraelPalestina?

–L.K.: Dos estados independientes suponen la aceptación de la ocupación y el reconocimiento del derecho de Israel a usurpar nuestra tierra. Hacen cada vez más asentamientos, no podemos renunciar a Jerusalén como capital ni a nuestros derechos. El Judaísmo es una religión, no es una nacionalidad, de manera que no se puede dar el estatus de ciudadanos sólo por ser fieles a una religión puesto que los ciudadanos son los moradores de un país. Es que es una situación anómala de todo punto, Israel es el único estado creado por una resolución internacional de Naciones Unidas tras la segunda guerra mundial a expensas de los palestinos. El objetivo es cambiar la correlación de fuerzas que actualmente cae a favor de Israel, y por supuesto la unión de la izquierda a nivel mundial.

Debo transmitirle que nos dolió profundamente el resultado de las elecciones en España por la injusticia que suponen en su país las leyes electorales, sentimos su pesar como nuestro.

–M.O.: Se agradecen las muestras de apoyo, Leyla. Por último preguntarle si ve usted “luz al final del

larguísimo túnel” que parece ser este conflicto para las generaciones venideras en favor de la paz. ¿Tiene algún atisbo de esperanza?

–L.K.: Siempre tendré esperanza porque es una causa justa y los buenos al final ganan siempre. Hacemos un llamamiento a las Naciones Unidas para que se organice una conferencia en la que no sólo dicte EE.UU. y se nos reconozca al pueblo palestino los derechos violados tales como la restitución del territorio, propiedades, identidad… derechos que nos fueron arrebatados en 1948. Se siguen destruyendo domicilios de ciudadanos palestinos, cercando aún más la franja de Gaza desde hace nueve años, se siguen arrancando olivares y judaizando Jerusalén. La política del Estado israelí es la de matar impunemente. Los tres diputados del Frente están en la cárcel y ni si quiera la presión internacional surte efecto. Entre tres y 20 años de prisión es la pena imputable a cualquier niño o adulto que lance una piedra. Ni Al-Fatah ni Hamas tienen voluntad para unirse a la política del Frente lo cual también debilita a la izquierda palestina; la Autoridad Nacional Palestina sigue pensando que la única solución pasa por las negociaciones. Tras el fracaso de Oslo, la colonización ha aumentado casi un 50%. Cada día una colonia nueva, antes de los acuerdos de Oslo teníamos 150.000 colonos y posteriormente 600.000. Esto es muy serio. En el plano internacional EE.UU. pretende crear un marco nuevo con respecto al mundo árabe, ésta vez el plan es a través de las sectas como ISIS o Daesh. Nadie nos someterá ¿sabe?

Reconocimiento y restitución, porque de lo contrario nuestro conflicto se perpetuará a la eternidad.

INTERNACIONAL Los documentos fundamentales del pasado congreso del Partido Comunista de Cuba serán sometidos a examen de toda la sociedad y las organizaciones que la representan, para “enriquecerlos y perfeccionarlos”, de acuerdo con la invitación de Raúl Castro

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Tras el congreso del PC cubano

Los principios sí se discuten

ALBERTO ACEVEDO

A

unque los documentos centrales aprobados por el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba no se conocen de manera íntegra, y sus contenidos han sido revelados de manera parcial por los órganos de la prensa cubanos, del evento partidario se pueden deducir algunas conclusiones.

La primera, es que la vieja generación de líderes de la revolución intentará un recambio generacional, rejuveneciendo la dirección del partido y del Estado. De hecho, el presidente de la República y líder histórico de la Revolución, Raúl Castro, había dicho ya que no se postulará para ser reelegido a un nuevo período en la jefatura del Estado, y en las conclusiones del VII Congreso se acordó establecer la edad de 60 años como tope límite para ser elegido miembro del Comité Central de la organización, y de 70 años para ocupar cargos de dirección en el partido y el gobierno. En el caso de Raúl y Fidel Castro, ambos son mayores de 80.

La segunda cuestión es que la línea del partido es de defensa del socialismo, en las condiciones de la realidad cubana, renunciando a copiar modelos como el soviético, pero tampoco de acercamiento al capitalismo, como en el caso de China.

Un tercer aspecto es la confirmación del carácter de vanguardia del partido, que lidera los procesos de reformas económicas, sociales y políticas, pero consultando con el pueblo el carácter de esas reformas y el camino a seguir, trazando una estrategia para los próximos dos o tres lustros. El partido

Aspecto de la plenaria de la sesión de clausura del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba.

en esas condiciones plantea avanzar en la construcción de las bases del socialismo, en condiciones de democracia plena, autogestión y solidaridad en la lucha por alcanzar objetivos comunes para toda la sociedad.

Cerrarle el paso a la corrupción Otro aspecto tiene que ver con alcanzar la transparencia en la gestión del Estado y del partido. Al parecer, el principio de que todo militante no debe conocer más de lo necesario, ocultó errores y privilegios en manos de unos pocos dirigentes, y tales prácticas comenzaron a minar la credibilidad y el prestigio del partido. Alrededor de esa discusión, se propone la idea de crear organismos de prensa creíbles, sin censuras, que contribuyan a esa transparencia.

El evento caracteriza la fase actual de desarrollo de la sociedad cubana como de defensa de la soberanía nacional, no de un socialismo todavía inexistente, de acuerdo a las palabras de Raúl Castro, pues es un proyecto en construcción, que hay que defender pero que no está acabado.

El momento actual se caracteriza por ser una fase de extensión de la democracia, de valoración y estímulo a las

capacidades creativas y políticas de la gente, una época de resistencia a las tentativas de penetración del imperialismo.

Definir los rasgos principales de la sociedad de esa manera, presupone a su vez la incorporación a la lucha por la defensa de la patria a una gran cantidad de jóvenes, a quienes no les tocó vivir bajo el capitalismo y que en algunos sectores dan muestras de apatía, de desconfianza hacia el socialismo y pueden ser atraídos por la reacción internacional. Por ejemplo, a través del turismo en masa, con su enorme flujo de dólares y con su ideología individualista y hedonista.

Principios irrenunciables No hay socialismo sin democracia y sin libre discusión en un partido que quiere construir el socialismo, señalan los documentos hasta ahora conocidos, producto de las discusiones del congreso partidario, al que asistieron unos mil delegados de todo el país y casi 300 invitados especiales.

De acuerdo a estos postulados, el congreso del partido, que sesionó entre los días 16 a 19 de abril pasado, adoptó la determinación de poner en discusión todos los documentos salidos del

congreso, especialmente los denominados ‘Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista’ y el ‘Programa de desarrollo social hasta 2030’.

Un examen semejante de los documentos de los comunistas cubanos, es algo novedoso en la vida política de ese país. Lo usual, es que los documentos del partido se discutan antes del congreso y sus delegados adopten un conjunto de conclusiones que se convierten en guía para el desarrollo del país. Esta vez ha sido al contrario. La sociedad ha sido llamada a discutir las tesis aprobadas por el partido, para comprobar su justeza, el grado de interpretación de la realidad del país y su identidad con los anhelos de la población. Es un ejercicio para “enriquecerlos y perfeccionarlos”, dijo Raúl Castro.

El congreso ha confirmado los principios irrenunciables de la revolución socialista, unas propuestas para continuar adelante, ha corroborado lo esencial del socialismo cubano. Pero en la actualización de esos principios, ha planteado la necesidad de que la gente los discuta, los estudie, los actualice, antes de que se conviertan en programa de acción para el gobierno y el partido cubanos.

Visiones del Congreso

Recuperar liderazgos

E

n las propuestas de reformas aprobadas, se busca potenciar la inversión extranjera en la introducción de tecnología avanzada, parques tecnológicos y crear una política de desarrollo del cine cubano, más audaz, que lo ponga a tono con la industria cinematográfica mundial.

De hecho, por estos días comenzó en las calles de La Habana el rodaje de la última versión de la popular serie ‘Rápido y furioso’, y su estrella central, Vin Diesel, el carismático actor norteamericano, se ha convertido en atractivo para cubanos y extranjeros.

De otra parte, el partido se ha planteado la tarea de ‘recuperar ciertos liderazgos’ en las tareas del desarrollo económico y en la vida social de la isla. La

tasa promedio de crecimiento, de 2011 a 2015, fue del 2.8 por ciento, que para la dirección del Estado no fue lo deseable. El anterior programa de reformas, los “Lineamientos de la política económica y social del partido y de la Revolución”, se cumplieron en un 21 por ciento. Un 77 por ciento restante, en proceso de implementación. Y un 2 por ciento nunca se ejecutaron.

En 2011, el Partido tenía 800.000 militantes activos. Hoy registra una militancia de 671.000 afiliados. El congreso eligió un Comité Central de 142 miembros, de los cuales 55 ingresan por primera vez a la dirección, y todo ellos menores de 60 años. En la dirección partidaria se fortaleció la participación femenina.

Vin Diesel, antagonista en la película ‘Rápido y furioso’, por estos días en La Habana.

ECONOMÍA

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Entre la cultura militar y la gestión socialista RAFAEL ENCISO, ECONOMISTA INVESTIGADOR RAFAENCISO2055@YAHOO.ES

E

xiste una contradicción difícil de resolver, entre el destacado papel que han desempeñado en la Revolución Bolivariana las Fuerzas Militares de Venezuela y las posibilidades de su profundización en dirección socialista. Sectores importantes de éstas, bajo la dirección del presidente Chávez, se negaron a seguir reprimiendo al pueblo después del “Caracazo” en 1989 y se rebelaron contra el poder neoliberal del capital financiero transnacional, por medio del golpe de febrero de 1992; después participaron activamente con sectores civiles revolucionarios y progresistas en la campaña electoral que llevó al coronel Hugo Chávez Frías a la Presidencia de la República en 1998.

A partir de 1999 durante la Revolución Bolivariana han transformado su doctrina militar, antes elaborada por los Estados Unidos e impartida a través de la Escuela de las Américas, en una doctrina militar bolivariana, antiimperialista y al servicio del pueblo de Venezuela y de la integración latinoamericana y caribeña. Y han participado en el Gobierno, cumpliendo todo tipo de funciones y de tareas claves para la recuperación y afianzamiento de la soberanía nacional.

Es importante destacar su participación en el diseño e implementación de las Misiones Sociales, en primer lugar de la Misión Mercal, que ha sido decisiva para romper la especulación, el acaparamiento y el desabastecimiento de alimentos por parte de sectores capitalistas contrarrevolucionarios. Han asegurado el funcionamiento de un sistema que permite abastecer de alimentos a precios subsidiados a la población y han desarrollado muchas otras tareas relacionadas con el desarrollo de infraestructuras y con el diseño y aplicación de las políticas públicas.

En los años 2010 y 2011 han sido pilar en las actividades relacionadas con los planes de contingencia para preservar la vida de decenas de miles de habitantes amenazados por las lluvias con la destrucción de sus viviendas y con su traslado a refugios seguros y dignos. Ahora actúan con sus ingenieros y todo tipo de especialistas y soldados, en la Gran Misión Vivienda Venezuela por medio de la cual se construirán para el pueblo, con su participación activa, más de dos millones de soluciones habitacionales en los próximos cuatro años. La alianza de las Fuerzas Militares y del pueblo al que pertenecen, ha sido esencial en el proceso revolucionario. Esta alianza debe continuar y profundizarse.

Pero, en Venezuela, así como en cualquier parte del mundo y a lo largo de toda la historia, el ejército y en general, las Fuerzas Militares, se han configurado y se configuran en la actualidad, bajo una rigurosa estructura jerárquica de ordeno y mando. La obediencia de los militares de menor rango a los que tienen mayor rango y antigüedad, es parte esencial de su forma de existir. Del cumplimiento de las órdenes depende en gran medida la efectividad de las instituciones castrenses. Ningún militar debe desobedecer o siquiera discutir las órdenes de sus superiores jerárquicos, y ninguno de ellos acepta tampoco discutir o debatir sus órdenes con quienes tengan rangos jerárquicos subalternos. Si existen debates se producen entre militares de igual nivel jerárquico. Esto funciona así y probablemente así será durante mucho tiempo.

Los militares de carrera son formados durante largos años, muchos de ellos desde su juventud (y algunos de ellos desde la infancia en los colegios militares), para actuar y pensar de esta manera. Es un

Militar venezolana.

mérito aceptar y cumplir la disciplina militar. Todo esto queda incorporado en su ser más profundo, en el consciente y en el subconsciente.

Pero, a diferencia de ello, construir el socialismo requiere de la ruptura de la división social entre el trabajo intelectual y material, y de desmontar las estructuras jerárquicas capitalistas (establecidas legalmente en la Ley Orgánica del Trabajo y en la Ley de la Administración Pública, aún vigentes en Venezuela en junio de 2011), en las que unos piensan, planifican y ordenan, y otros cumplen de manera operativa las órdenes de los primeros.

Cuando los militares, -que en el caso de Venezuela lo tienen muy merecido porque son uno de los principales pilares de la Revolución Bolivariana como se dijo anteriormente-, pasan a desempeñar funciones civiles en el gobierno, con frecuencia en cargos de alta jerarquía tales como: ministro, viceministro, presidente de empresas, etc., pueden quitarse el uniforme, pero no fácilmente pueden pasar a pensar y actuar de una manera que contradice la disciplina con la que fueron formados a lo largo de su vida. Y entonces: si es difícil para los civiles que han desempeñado estos cargos dentro de la estructura capitalista de las relaciones laborales aceptar que en aras

de la construcción del socialismo, deben compartir ahora la toma de las decisiones con los trabajadores y las comunidades organizadas, esto es aún más difícil para quienes tienen formación militar. Por lo tanto, con frecuencia, prima la tendencia y la inercia a seguir actuando de la misma manera (ordeno y mando), lo cual implica separar, apartar a los trabajadores y a las comunidades de las decisiones, con lo cual se reproduce metabólicamente el sistema del capital.

Es una contradicción que solo puede ser resuelta a partir, en primer lugar, del reconocimiento de que ella existe. Y en segundo lugar, con el desarrollo de la consciencia socialista en los militares de todos los rangos, a través de procesos de formación colectiva e individual, planificados de manera participativa, por medio de los cuales se preparen para desempeñar funciones en la vida civil, en el gobierno o fuera de él, participando en la toma y ejecución de decisiones de manera compartida con los diversos órganos del Poder Popular, y contribuyendo así de manera consciente, a la des-alienación de los trabajadores y las comunidades, por medio de la construcción de relaciones socialistas en todos los ámbitos de la vida. Esto implica, el diseño y la aplicación de una didáctica especial.

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JAQUE MATE

Curules para la paz Las FARC-EP plantearon la importancia de que les sean asignadas curules mediante una circunscripción especial de paz y recordaron, inclusive, que el presidente les ofreció 10 curules en el Congreso. El tema fue planteado en el marco de la discusión del segundo punto sobre participación política, pero no fue aprobado “por la fragilidad del proceso” en ese momento. Sin embargo quedó entre los pendientes para retomar la discusión más adelante. Si se habla de incorporar a las FARC a la vida política del país, es imprescindible que después del acuerdo final en La Habana, reciban curules en la etapa de implementación de las reformas acordadas en los diálogos de

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paz. Así opinan destacados analistas colombianos y extranjeros.

tarde para “denunciar” el asalto a su cuenta de Twitter

Pólvora y no explosivo

Panamá Papers

John William Zuluaga Ramírez, perito y experto en explosivos, rindió declaración en la audiencia de juzgamiento de los activistas sociales, William Cruz, Edison González, Róger Murcia y Óscar Eduardo Guasca de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Huila, a quienes, según la policía, les encontraron en su poder explosivos de uso privativo de las Fuerzas Militares, durante el paro agrario departamental. El perito explicó que no se trata de explosivos sino de pólvora acloratada que no es explosiva. “Al parecer, la policía no distingue entre explosivos y pólvora”, dijo. Se considera que el fallo para los dirigentes campesinos será absolutorio.

El escándalo del Panamá papers sigue dando de qué hablar. A raíz de las denuncias de los dineros que se encuentran en bancos del istmo, están apareciendo otros paraísos fiscales no menos importantes. De las 200 empresas que participan en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), de cada 10 nueve guardan fortunas en paraísos fiscales de los EE.UU. o de Europa. Por eso los gringos quieren acabar con el dinero físico y utilizar solo dinero virtual y tarjetas de crédito.

Twitter del procurador

Como expresión de la precariedad de la libertad de prensa es considerada la crisis que atraviesa el Diario del Huila. Sus ocho periodistas, entre ellos el editor político, renunciaron desde el pasado sábado 30 de abril, debido a la censura de que son víctimas por parte de la directora del medio, que pretende obligarlos a informar de acuerdo a sus particulares opiniones. Además llevaban tres semanas sin recibir el salario al que tienen derecho. Censura y condiciones indignas de trabajo son las causas de la renuncia.

Nadie cree el cuentazo del procurador Alejandro Ordóñez de que su cuenta de Twitter fue hackeada.

Negó que haya escrito: “Si hoy aceptamos que los animales son personas, no nos quejemos mañana del matrimonio con animales”. Mensaje que apareció en su cuenta por las redes sociales. Sin embargo, su excusa se ha convertido en el centro de burlas en las mismas redes sociales, porque nadie le cree que un hacker la haya escrito en su nombre. “Es su estilo”, dicen, además reaccionó muy

La frase de la semana

C

lavos alientes

Mayo 4 de 2016

Crisis en Diario del Huila

“El capitalismo ha envenenado la Madre Tierra, que es el agua”.

Evo Morales, presidente de la República de Bolivia.

CRUCIVOZ

POR NELOSI

Horizontales:

Verticales:

1. Invertido: Prefijo que significa único, uno solo.

Invertido y plural: Bacteria redonda.

2. Goza. Hidrógeno. Radio.

3. Invertido: Roedor. Oscar Urueña.

4. Plural: Fruta.

5. Por esta se dejó seducir Clara López Obregón.

6. Ernesto Cardona. Cultiva. Azufre.

7. Invertido: Artículo. Invertido: La verdad del pueblo.

8. Suspensión repentina de la sensibilidad y movimiento.

9. Invertido: Animal domesticado.

10. Invertido: Categoría filosófica. Proyecto sistematizado.

1. Invertido: Animal domesticado. Invertido: Piedra.

2. Elemento químico. Camina por el aire.

3. Invertido: Caja ósea en que está encerrado el encéfalo. Enfermedad pulmonar.

4. Animal. Zoila Álvarez.

5. Iniciales: Técnico fútbol colombiano. Carbono.

Invertido: Vara gruesa y larga.

6. Invertido: Portaría.

7. Invertido: Corriente de agua. Terminación verbal. Cuerpo delgado y rígido que acaba en punta.

8. Aquí. Sandra Milena Noguera.

9. Metal. Posesivo.

10. Plural: Sin esta no hay efecto.

VIDA DE PARTIDO

Mayo 4 de 2016

/16 LA VERDAD DEL PUEBLO

APUNTES HISTÓRICOS

Trabajo de masas

Elsa Rojas de Fernández

ÁLVARO OVIEDO

“Desde pequeña me gustaba la lucha social”

L

as masas aprenden a partir de su propia experiencia, es la idea guía para el trabajo con los diversos actores colectivos que se movilizan por la conquista de sus reivindicaciones. Partiendo de su grado de conciencia, organización, y de ánimo, se busca contribuir a su movilización, organización, y aprendizaje, en la lucha por sus objetivos.

A ello contribuye el conocimiento de la realidad en la que están inmersas, y el tener vínculos suficientes como para poder conocer sus inquietudes, descontentos, y poder ofrecer soluciones a su problemática.

Hay que prestar mucha atención al carácter de la iniciativa propuesta que debe corresponder al nivel de desarrollo de las fuerzas participantes, lo cual demanda un análisis objetivo, libre de voluntarismos, y a la vez abierto a impulsar nuevas iniciativas a medida que despierta la iniciativa de las masas.

Igualmente es importante saber establecer los sectores aliados, neutrales e indiferentes que pueden ser ganados, o los abiertamente opuestos que hay que saber aislar. Esto supone un análisis acertado de las relaciones de las fuerzas que pugnan en torno al objetivo en disputa, que conocemos como análisis de la situación política, y saber sintetizarla en una consigna, que señale en breve el sentido de la movilización.

El nivel de estas consignas debe ir elevándose con la participación de las masas y su disposición de lucha.

Una vez realizada la movilización, o las diferentes iniciativas acordadas de acuerdo a las circunstancias, hay que saber acompañar el análisis de lo realizado, el balance más completo posible, con las diferentes apreciaciones, para poder sistematizar los aciertos y superar los defectos, establecer las características más generales de la lucha. Los logros, desaciertos y las principales enseñanzas.

Y resulta fundamental hacer llegar ese balance y enseñanzas a la base social involucrada en la movilización.que levantamos.

Elsa Rojas de Fernández. Plumilla de Arlés Herrera, Calarcá.

E

n las épocas de florecimiento de la Unión Patriótica, antes de comenzar ese genocidio espantoso, que produjo la muerte de tres mil o más militantes de un grupo político de izquierda que desde su fundación anunció su vocación por la paz, Elsa Rojas de Fernández fue conocida como una de las lideresas más destacadas de esta organización en el departamento de Arauca.

En dos ocasiones fue alcaldesa de Arauquita. La primera vez, en 1983, nombrada por decreto. La segunda ocasión, en 1993, mediante elección popular.

Respondiendo a una pregunta sobre su trabajo político en esa época, manifiesta: “Destaco el apoyo de la comunidad. Fue lo que más me agradó, trabajar con las juntas de acción comunal. En esa época no existían los planes de desarrollo sino planes de gastos. Y esos los

ejecutábamos con la comunidad. Yo tenía un directorio político, que me orientaba: eran los compañeros de la Unión Patriótica.

“Yo me vinculé a la lucha social a los once años de edad. En la Diócesis de Arauca. Hice trabajo social con mujeres campesinas. En esa época el partido comunista trabajaba de manera clandestina. Recuerdo que el periódico VOZ llegaba a la región escondido en los guacales del mercado para que no lo detectara la policía.

“El partido siempre me respaldó en mi gestión política y social. Yo también apoyaba el partido. Nunca fui militante del partido. Pero al partido yo lo quería y lo apoyaba y las luchas del partido son mi lucha y el dolor que sufrió el partido, en tantos años de represión, es mi dolor.

La paz se va a firmar “Hay que ver lo que sufrimos en esas épocas los de la Unión Patriótica, siempre perseguidos, ¡casi nos acaban!

“Pero conservo una gran satisfacción. Mi máxima satisfacción es haber hecho obras buenas. En un programa que impulsé, a 52 niños les dimos educación y les conseguimos cupo en la universidad. Hace poco he visto a una compañera, que hizo parte de ese grupo, y la veo haciendo actividad política con los jóvenes.

“De la paz, ahora pienso que los acuerdos que se van a firmar entre las FARC y el Gobierno, nos van a abrir unas puertas. Esos acuerdos no van a ser la paz, pero sí un respiro. Si los del ELN no llegan a la mesa de diálogo, va a ser un proceso muy difícil. Tenemos que seguir trabajando por este proceso. Los recibos de servicios seguirán llegando caros, pero debemos seguir luchando por mejores condiciones de vida para el pueblo.

“Ayer me abordó una señora, a la que le había conseguido un lotecito en esa época, para que construyera una casita. Por eso la gente del Guaviare, la del Vichada, y desde luego la de Arauca, son gente muy afectiva. Y esa fue característica de mi gestión, inclusive, durante el período en que fui representante a la Cámara. La gente podía hablar conmigo, sin protocolos. Al final de mi mandato salí satisfecha, me despidieron con cariño, sin insultos.

“Esa época de representante a la Cámara fue muy dura. Cuando empezaron a matar compañeros, me salvé porque yo era muy disciplinada.

No iba a fiestas. Me cuidaba, lo mismo con mis rutas de movilización.

Me hicieron tres atentados: dos en Arauca y uno en Saravena. En uno de esos atentados me salvó la vida un policía. Era un sicario, dicen que torturador, les arrancaba el cabello a las víctimas. Pero se puso de mi parte por mi forma de ser con la gente, eso me salvó la vida”.

IDEOLÓGICA

a t ra

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Paz y territorios ★

SERGIO DE ZUBIRйA SAMPER

a distinción conceptual clásica entre paz positiva y negativa1 ha sido interpelada actualmente por su relación con lo local y lo territorial. Frente a una noción conceptualmente negativa de paz, como noguerra o abolición del conflicto, existe también una larga tradición para la cual la paz exige unas profundas correspondencias con la justicia y la armonía dentro de las comunidades. La tesis de esta segunda tradición filosófica es que la mera ausencia de guerra o de conflictos violentos, puede ser compatible con distintas y graves situaciones de injusticia; por tanto, la paz “negativa” puede sostener una paz injusta. Como consecuencia de esta postura, la violencia no se limita simplemente a la coerción física, sino existen también violencias estructurales, simbólicas y culturales (Benjamin, Galtung, Žižek).

Kant, Hegel y Marx se inscribirían en esta segunda perspectiva, que algunos investigadores 2 remontan a ciertos pasajes bíblicos (Isaías 54).

La paz positiva está caracterizada por relaciones de justicia y armonía, en especial dentro de las comunidades, por eso es necesario postular la relevancia de sus modos cotidianos de existencia en lo regional y local. La paz concreta se realiza por las comunidades en sus propios territorios y no en las oficinas de las capitales urbanas. El denominado fenómeno de la “globalización” o “mundialización” capitalista ha develado importantes problemas a las ciencias sociales críticas: la fase actual de acumulación capitalista pasa por una “solución espacial” (Harvey); en cada Estado no hay una sola Nación sino existen varias Naciones; la idea europea de Nación suprime adscripciones determinantes de las comunidades como la etnia, cultura o religión; la pluri-nacionalidad debe darle prioridad a los derechos colectivos sobre los individuales; lo central para las comunidades es el autogobierno y la autodeterminación; está naciendo otro concepto de Nación.

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Enfoques diversos Las clases dominantes en Colombia han detectado la importancia de esta problemática y desde muy pronto han tratado de ganar ideológicamente la noción de “paz territorial”. Las conferencias del Comisionado Sergio Jaramillo en Harvard y la Universidad Externado han girado en torno a este tema. La batalla de ideas exige elaborar una cartografía de las visiones que están

Paz territorial.

en tensión sobre la relación entre paz y territorialidad. Ubicamos principalmente tres perspectivas: a) Un enfoque neo-institucionalista y desarrollista; b) Una perspectiva de construcción heterogénea de la paz desde los territorios; c) La dimensión contra-hegemónica de las luchas territoriales.

El enfoque neo-institucionalista y desarrollista está representado por reflexiones como las de S. Jaramillo y S. Kalmanovitz. Se nutre de ciertas versiones de los teóricos del desarrollo (Haesbaert) y de una relectura de las teorías liberales de la justicia (Rawls, Sen). Sin contener una profunda concepción filosófica del territorio, se acentúa en este enfoque la dimensión espacial de las relaciones económicas, de los territorios como una extensión de superficie que sirve como fuente de recursos. Sus núcleos fuertes son un “enfoque de derechos” (garantizar por igual los derechos constitucionales existentes en todo el territorio), una apuesta por “instituciones fuertes” (entidades, prácticas y normas que regulan la vida pública) y una definición de “justicia” (reconstrucción equitativa del orden social y la cooperación en los territorios). La “paz territorial” es para reforzar normas y hacer valer los derechos constitucionales existentes.

Las instituciones políticas colombianas han sido “disfuncionales tanto para garantizar la paz como para impulsar el desarrollo económico” (Kalmanovitz).

La paz territorial tendría tres fases. La primera es terminar el conflicto; la segunda es el diálogo en los territorios; la tercera es la construcción de la paz.

Para limitar el “modelo centralista” y la autogestión de las comunidades se plantea “imponer” una lógica de inclusión e integración territorial, “basada en una nueva alianza entre el Estado y las comunidades para construir conjuntamente institucionalidad en el territorio” (Jaramillo). En palabras más directas, se trata de aprovechar el “momento de la paz” para preparar los

territorios para el desarrollo capitalista con unas instituciones más fuertes y unas comunidades como ciudadanos con derechos formales.

El Equipo de Violencia Política y Formación del Estado del Cinep3, representa otra corriente de la construcción de la paz territorial en Colombia.

Postula un enfoque diferenciado de acuerdo con la heterogeneidad espacial y temporal de la guerra, de sus afectaciones y de sus impactos. No existe una fórmula única para la construcción de paz territorial, por tanto es necesaria un aproximación “gradualista” y por “escalas territoriales”. Es necesario proponer intervenciones graduales, a plazos y por fases en cada territorio concreto; reconocer en la territorialidad el “escenario fundamental” para resolver los problemas prácticos y más recurrentes al terminar el conflicto armado. Distinguir los grados y las fases en los niveles nacionales, regionales, municipales y sub-municipales.

Para este planteamiento las fases más generales son tres: implementación de lo pactado a corto plazo; fase de postconflicto; construcción de paz territorial. Las tareas de corto plazo (2 años) deben empezar en aquellos territorios donde las FARC-EP han tenido presencia y han construido órdenes contra-estatales. Estas intervenciones de corto plazo deben facilitar hojas de ruta para la convivencia y reducción de la amenaza de que el conflicto reviva, entre las cuales los investigadores recomiendan una estrategia de reinserción de las insurgencias ajustada a su naturaleza identitaria, impulsar laboratorios de democracia y construir consensos estratégicos gradualistas. Las tareas de mediano plazo (10 años) son aquellas acciones en regiones y municipios priorizados que empiezan a sembrar las bases de la paz territorial. Se sugieren algunas como: repensar el esquema “municipalista” de descentralización, fortalecer la representación política de las periferias rurales, mejorar el

principio de representación territorial.

La perspectiva diferenciada postulada por el Cinep busca incluir a los actores más relevantes de los territorios, para que con una nítida conciencia espaciotemporal puedan ir construyendo consensos en los temas estratégicos.

Dimensión contra-hegemónica de las luchas territoriales Existen otras concepciones de las dinámicas territoriales que subrayan su condición de campo de relaciones de poder. Resaltan las dimensiones políticas, culturales y ecológicas de los territorios. Los movimientos sociales contemporáneos, las insurgencias (TerrePaz) y el pensamiento crítico latinoamericano4 despliegan otras miradas de las dinámicas políticas territoriales. Las denominamos, rememorando a Gramsci, “perspectivas contra-hegemónicas de las luchas territoriales”. Son luchas y resistencias de raíz territorial que están cuestionando el extractivismo, el consumismo y el capitalismo. La paz desde los territorios será posible si inventamos otras formas de la política, de la democracia, del desarrollo, del Estado y de la sociedad. Las tareas emancipatorias no terminan en el orden social, legal y territorial existente. No se trata simplemente de una especie de “aterrizaje” de las instituciones estatales “fuertes” en los territorios sino de crear las condiciones de posibilidad para que las comunidades asuman la autodeterminación democrática de su destino. “Las luchas por los territorios se convierten en luchas por la defensa de los muchos mundos que habitan el planeta” (A. Escobar).

El sentido profundo de estas luchas es construir “desde” los territorios una sociedad post-neoliberal y anticapitalista. Algunas de sus finalidades son: a. Superar el centralismo patógeno que ha dominado en las relaciones

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SEPARATA IDEOLÓGICA - 2016 vencedoras, se materializó con los juicios de Nuremberg, donde se establecieron tribunales internacionales para procesar a los enemigos derrotados. La estrategia de condenas ejemplarizantes (condenas a muerte, prisión perpetua), la idea del sometimiento del enemigo, por parte de los vencedores, se inicia con estos tribunales.

En la década de los noventa se prosiguió la estrategia de la “justicia de los vencedores”. Acusando a Saddam Hussein, por gravísimas violaciones a los derechos humanos, es capturado y luego procesado por un tribunal especial, organizado por los EE.UU., que ocupa militarmente el país, a través de una guerra de agresión, bajo el sofisma de la defensa de los derechos humanos (humanitaria). El proceso ejemplarizante se cumplió nuevamente, bajo la modalidad de ejecución. En la actualidad existe un sin número de ejemplos de cómo se impone la justicia retributiva.

Justicia restaurativa

La escuela de Atenas.

conquista espacios de convivencia dentro de la construcción de instituciones virtuosas, con rasgos de una democracia bien ordenada en lugar de lo establecido en el derecho natural en los términos de “la libertad que cada hombre tiene de usar su propio poder como quiera para la conservación de su propia (…) vida (…) para hacer todo aquello que su (…) razón considere como los medios más aptos para lograr ese fin”. (Hobbes, capítulo XIV).

Esta idea liberal de justicia se construye bajo el supuesto que los ciudadanos son seres racionales que los une sentimientos de cooperación desinteresados. Es un principio de justicia de imparcialidad, donde priman los derechos individuales como libertades básicas (libertad de expresión, de reunión, conciencia, de la propiedad personal etc.), en contraposición del principio de la distribución de la riqueza que no puede ser igual para todos, donde la primera garantiza condiciones mínimas y busca los medios para acceder a los bienes materiales primarios. La justicia opera como mecanismo regulador de las insti-

tuciones por principios que aspiran ser plasmados en una constitución.

En su libro “La justicia de los vencedores: (de Nuremberg a Bagdad), Danilo Solo reflexiona sobre este tipo de justicia. Al finalizar la segunda guerra mundial, el derecho internacional había previsto sanciones de carácter político, económico, o territorial para los Estados que violaran sus normas. Esta normatividad no contemplaba el castigo y sanciones penales a los individuos, solamente era para los Estados (Danilo Solo, p37). Sin embargo, posteriormente con la presión de la cultura norteamericana se fue configurando la idea que la guerra de agresión debía ser considerada un crimen internacional, y acompañado de la justicia penal en el ordenamiento internacional. Estas dos configuraciones en el ordenamiento internacional son para castigar a los responsables de crímenes de guerra y también a los responsables de una guerra de agresión.

La idea de sancionar a los responsables por parte de las potencias

La justicia restauradora o reparadora, está basada en la reparación del daño producto de las consecuencias del conflicto a través de la discusión y la interacción entre víctima, infractor y comunidad.

Se basa en las necesidades de las víctimas, donde las víctimas son ayudadas por las partes que la agredieron o por la propia comunidad.

La participación de la víctima es voluntaria y necesaria, es central en el proceso de restauración.

La justicia es centrada en la reparación y no repetición, y no en el castigo, en la mediación del daño considerando que el delito es una relación entre un delito concreto y un sujeto o comunidad concreta, en la búsqueda de la reconciliación y no en el ejercicio de la venganza legítima, en fortalecer la participación de la comunidad, la vinculación de la sociedad como potencia trasformadora del conflicto, se reconoce lo sustancial del conflicto tanto del pasado que promovió la injusticia como en el presente quien la ha perpetuado, se busca la solución del problema mirando el futuro, el victimario se responsabiliza ante la sociedad, son algunos de sus rasgos esenciales.

Esto permite que las partes esclarezcan la verdad, construyan la memoria dentro de las perspectivas de la sociedad, restablecer los valores morales, la dignidad de las personas, y la equidad social dentro de las comunidades. ★

en el actual statu quo capitalista sino en la invención de mundos sociales alternativos.

Las condiciones de la paz desde los territorios para esta perspectiva contrahegemónica son: 1. Comprender que el Acuerdo final no es la “terminación”, sino tan sólo el largo tránsito hacia el fin de conflicto armado; 2. Iniciar una etapa de post-acuerdo, en la cual es determinante el estricto cumplimiento e implementación de lo acordado; 3.

Permitir la presencia transitoria de las

insurgencias en los Territorios Especiales de Paz, con el fin de continuar sus luchas políticas territoriales contrahegemónicas, que apuntan a demoler el orden social injusto; 4. Concebir la finalización del conflicto apostándole a la paz territorial, implica el desmonte progresivo de las causas estructurales que lo generaron, entre ellas: tierras, participación política, desmonte del paramilitarismo, centralismo, terrorismo de Estado, mentalidad contrainsurgente.

1 Kant, I. La Paz Perpetua. Madrid: Aguilar, 1967.

2 Ruiz, A. Paz y Guerra; en Filosofía Política II. Madrid: Trotta, 1996.

3 González, F., Guzmán, T. y Barrera, V. (Editores) Estrategias para la construcción de paz territorial en Colombia. Bogotá: CINEP, 2015.

4 Consultar Natalia Sánchez, Beatriz Gaviria, Arturo Escobar, De Sousa Santos, Enrique Leff, Gilberto Giménez. ★

Justicia restaurativa ★

RUBIEL VARGAS

l presente escrito quiere contribuir en tres aspectos centrales sobre las teorías de la justicia, la política y el derecho contemporáneo, a partir de la justicia liberal, la justicia de los vencedores y la justicia restaurativa.

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Justicia liberal El primero se encuentra en la obra La teoría de la justicia, de John Rawls: “la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Una teoría, por muy atractiva, elocuente y concisa que sea, tiene que ser rechazada o revisada si no es verdadera; de igual modo, no importa que las leyes e instituciones estén ordenadas y sean eficientes: si son injustas han de ser reformadas o abolidas” (Rawls P17). Aquí se observa que la principal guía de su teoría es fomentar el esfuerzo de los colectivos humanos a través de consensos racionales entre sujetos iguales, donde la razón

La justicia de los vencedores

Viene página 1 entre élites y regiones, hacia formas no-capitalistas de ordenamiento territorial; b. Fomentar experiencias de democracia directa y desde abajo para desatar la “potencia plebeya” (García Linera) de los movimientos sociales territoriales; c. Valorar la dimensión estética y cultural que habita en las regiones y localidades de Colombia; d. Destacar el carácter emancipatorio y anti-capitalista de las luchas locales para redimir a la humanidad; e. Reconocer que la “paz” no puede culminar

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Paz con hegemonía popular ★

HORACIO DUQUE

l gobierno de Santos pretende utilizar la paz para reconstruir la hegemonía neoliberal. El reto de la izquierda consiste en construir la hegemonía popular teniendo como plataforma los avances parciales de la paz.

Aquí planteamos una definición de la hegemonía en términos de Gramsci y del papel del discurso de la paz, en la conformación de esta. Dicho discurso debe recoger la alianza campesina y popular, y los derechos de las víctimas de la violencia como elemento central.

El inicio de un nuevo ciclo político a raíz de las conversaciones de paz, plantea una serie de cuestiones que demandan una innovadora reflexión desde el campo del pensamiento crítico y de las nuevas subjetividades políticas.

Se trata de analizar si la temática de la hegemonía ofrece elementos que permitan reunificar, en el campo teóricamente renovado de una teoría de la transición a la paz, agregados que en la sociedad se entrecruzan, pero que alimentan proyectos de sociedad contradictorios o alternativos.

Establecer las recomposiciones teóricas y prácticas es fundamental para la construcción de la hegemonía, que sea capaz de propiciar una transformación acorde con las aspiraciones democráticas de los trabajadores.

Lo que sugerimos es el diseño de un armazón teórico que permita una comprensión de las características de los procesos de hegemonía política en la sociedad posterior a la guerra.

Partimos de una premisa teórica, la de que la hegemonía se construye en y mediante el discurso político de consenso y no violento, que determina a su vez una decisión metodológica, la de emprender el análisis cualitativo de las prácticas de construcción de significado político, o discursos políticos, por los diversos actores involucrados en la lucha por el poder.

El término hegemonía es sometido, con cada vez mayor frecuencia, a un uso popular irreflexivo –a veces incluso en el ámbito de las ciencias sociales-, que lo despoja de su riqueza como instrumento de análisis político.

La hegemonía sólo puede ser comprendida adecuadamente mediante su ubicación en el denso sistema teórico gramsciano.

Planteamos la comprensión de la hegemonía como una forma particular de poder político que obtiene la adhesión activa o el consentimiento pasivo de los grupos sociales gobernados, unificando voluntades dispersas en un sentido unitario.

Se trata de la piedra angular de un enfoque para el análisis del poder político, que lo pone en relación con la lucha ideológica y cultural, en que el discurso se entiende como la práctica

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Construcción de la hegemonía.

de atribución de significado político a objetos sociales que carecían de él o que tradicionalmente recibían un significado diferente.

La premisa de la “constructividad” del discurso constituye un pilar fundamental y punto de partida para la perspectiva teórica adoptada. Lo que buscamos es conformar una perspectiva teórica propia para el estudio de la construcción de hegemonía aplicado a procesos políticos concretos en Colombia.

La “caja de herramientas” teórica planteada alrededor de la hegemonía, es particularmente pertinente para el estudio del proceso político colombiano; pero su aplicación sólo puede ser efectiva si se basa en una atención privilegiada a las particularidades del país y su historia política.

Sugerimos una propuesta de interpretación de los acontecimientos políticos asociados con las conversaciones de paz presentes dentro de una mirada larga sobre la naturaleza del Estado y la hegemonía. Por esta razón se prefiere el término “proceso político de paz” para resaltar la centralidad de una correlación dinámica de fuerzas políticas en conflicto, por encima de otros posibles que hiciesen énfasis exclusivamente en la dimensión jurídico-constitucional de los cambios, en la dimensión electoral o en la institucional “reforma del Estado”.

El “proceso político de paz”, tal y como es entendido en este trabajo, es la lenta institucionalización de una nueva correlación de fuerzas en el país, conformada en las movilizaciones populares contra las políticas neoliberales y de la seguridad democrática en los primeros años del siglo XXI. En un sentido más amplio, es el proceso de construcción hegemónica que implica una refundación nacional para incluir identidades políticas de los grupos subalternos históricamente ausentes de los relatos nacionales –o sólo parcialmente integrados-, y la consecuente aspiración de reforma estatal.

Son los socialdemócratas rusos, quienes a comienzos del siglo XX emplean por primera vez el término –“gegemoniya”- para nombrar la política de alianzas y liderazgo que debía desarrollar el proletariado industrial a fin de hacerse con el poder y conducir las transformaciones económicas y políticas que liquidaran el antiguo régimen zarista, sin esperar a que las realizase una burguesía nacional extremadamente débil y políticamente dubitativa.

Lenin toma el término de Plejánov y Axelrod, y en su libro “Dos tácticas de la Socialdemocracia”, lo desarrolla políticamente en una situación revolucionaria, como guía para la conquista del Estado por parte de la clase obrera.

Así, la hegemonía en la socialdemocracia rusa nace para dar cuenta de una anomalía: contrariamente a la secuencia esperable: el proletariado se ve en la coyuntura de realizar las tareas históricas de otra clase, de decidir si toma el poder y las lleva a cabo en una alianza mayor que le exige integrar diferentes demandas -de campesinos, militares, pequeños propietarios, etc.- y liderarlas políticamente. La hegemonía, aún en el sentido otorgado por Lenin, nace ya asociada a contingencia, flexibilidad y capacidad de articulación de elementos diferentes.

En este artículo, el término se emplea en un sentido muy restringido: el análisis de las prácticas de significación, articulación y nominación capaces de generar una forma de poder caracterizada por el consenso de los elementos subordinados a una determinada dirección que consigue presentarse como beneficio de toda la comunidad política.

Para Gramsci, la hegemonía, sin embargo, es una operación fundamentalmente cultural que va más allá de la unificación de fuerzas decretada por dirigentes políticos.

Para él, el terreno esencial de la lucha contra la clase dirigente se sitúa en la sociedad civil: el grupo

que controla la sociedad civil es el grupo hegemónico y la conquista de la sociedad política remata esta hegemonía extendiéndola al conjunto del Estado.

La hegemonía es entonces para Gramsci liderazgo político, intelectual y moral que articula una voluntad colectiva orientándola en un sentido nacional-popular. La centralidad de la dirección intelectual y la “persuasión” son esenciales en el concepto gramsciano de “hegemonía”.

Se trata de una tarea compleja de articulación de fuerzas en un proyecto histórico nuevo, construida no por meras órdenes sino por una capacidad intelectual propositiva, de seducción y síntesis, que crea una nueva identidad colectiva.

Para Gramsci la hegemonía es la forma normal de la política en las sociedades democráticas de masas caracterizadas por sociedades civiles desarrolladas y complejas, y por una legitimidad mayor del status quo, por la promesa de ascenso social individual y de incorporación de las demandas de los gobernados en los planes de los gobernantes.

En esos términos, Gramsci arroja el concepto de hegemonía al centro de la arena política en Occidente, destacándola como el núcleo central de la política moderna, en cuanto dirección de fuerzas variadas hacia un horizonte defendido como de “interés general”. La hegemonía, así definida, es el resultado y el objetivo de un trabajo político continuado, complejo y sostenido, en el que la cultura, la ideología y los símbolos juegan un papel central.

La hegemonía, en su lugar, sucede en la “sociedad civil”, y contempla la dirección intelectual y cultural que produce un “sentido común” que naturaliza entre los gobernados el orden social existente, consiguiendo su implicación activa o, al menos, su aceptación pasiva. En víspera de la movilización política de la guerrilla este debate es sustantivo. ★

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La guerra y la paz ★

ALFONSO CONDE

l desarrollo de la capacidad de producir más que lo indispensable para la supervivencia, producción de excedentes, trajo consigo hace muchos años la ambición de unos de apoderarse de esos excedentes generados por otros: la explotación del trabajo del ser humano. Tal explotación ha adoptado formas diversas a través de la historia: desde la esclavización de los vencidos en guerra o de aquellos incapaces de pagar sus deudas, hasta las nuevas formas de esclavitud del capitalismo en su etapa neoliberal. Las sociedades, desde entonces, se han dividido entre sectores en continua contradicción: aquellos parásitos que se apropian del fruto del trabajo de otros y esos otros que generan la riqueza y son víctima de explotación. Clases sociales en permanente lucha, que adopta formas múltiples.

La lucha por la apropiación de la riqueza, además de representar un estado permanente de violencia económica contra la mayoría explotada, deriva en violencia política y muchas veces también en violencia física que, al generalizarse, denominamos guerra.

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Apropiación en Colombia En Colombia, la explotación ha sido particularmente violenta. En los albores del siglo pasado, cuando el capitalismo pugnaba por surgir y desplazar al modo feudal de producción, el despojo de la riqueza nacional por parte de empresas trasnacionales con apoyo de los sectores dominantes de la sociedad y el gobierno, generó resistencia de los trabajadores y la persecución, estigmatización, encarcelamiento y desplazamiento forzado masivo de sindicalistas y sus familias.

Se hace referencia a la lucha de los obreros del petróleo organizados en la SUO (hoy USO) por el establecimiento de jornadas de ocho horas de trabajo y por la nacionalización del recurso petrolero en contra de la posición de la Standard Oil, entonces dueña del negocio, que funcionaba bajo el nombre de Tropical Oil Co. (Troco). Raúl Eduardo Mahecha, María Cano, Ignacio Torres Giraldo, son nombres destacados de aquellos dirigentes populares que estuvieron al frente de esa confrontación.

Muy poco tiempo después, en 1928, durante el desarrollo de un conflicto laboral con la trasnacional del banano United Fruit Company, la empresa apoyada por el propio gobierno norteamericano, presionó al gobierno “nacional” presidido por Miguel Abadía Méndez para intervenir militarmente contra la huelga de esos trabajadores agrarios. Es de resaltar que los 25.000 trabajadores del banano de entonces no figuraban al servicio de la empresa extranjera sino, de manera semejante a las prácticas de hoy, eran “tercerizados” vinculados por intermediarios que en esa época denominaban “ajusteros”.

Movilizaciones.

La contratación directa era justamente uno de los nueve puntos del pliego reivindicativo, que se complementaba con servicio médico y hospitalario, más allá del reparto de quinina y sulfato de magnesio; asuntos relacionados con la vivienda que hasta ese momento consistía en galpones con esteras de hoja de plátano, sin servicios sanitarios ni agua potable; pago de salario en dinero y no con vales de la empresa; incremento salarial y supresión de los comisariatos, que eran almacenes de la United Fruit en donde los trabajadores eran forzados a cambiar los vales que recibían como paga, por mercancías y alimentos importados por la misma empresa, excedentes de raciones militares norteamericanas.

La huelga, como es bien sabido, terminó con la masacre cometida por el ejército bajo el mando del general Cortés Vargas, contra una concentración pacífica de trabajadores y sus familias en la plaza de Ciénaga, Magdalena, en la cual, según el entonces embajador de los Estados Unidos, los muertos pudieron ser más de mil. La censura oficial ha impedido la precisión sobre la magnitud de esa masacre impulsada por el capital y ejecutada por las fuerzas armadas colombianas.

Pocos días después de lo narrado y en desarrollo continuado de la misma represión, en Sevilla, población de la zona bananera, se registró otra masacre que cobró la vida de 29 trabajadores más y de un soldado.

La lucha de los campesinos En el mismo contexto se registra además la lucha de los campesinos por la tenencia de la tierra, usurpada por la misma empresa bananera con apoyo gubernamental. Amenazas, desplazamientos, destrucción de cultivos campesinos, incendio de ranchos, encarcelamiento a voceros del movimiento agrario, adquisición bajo amenaza de tierras campesinas, desviación y acaparamiento de fuentes de agua

como el rio Tucurinca para favorecer el riego del banano, todo ello se presentaba entonces, antes de la fundación en 1930 del Partido Comunista, y sin embargo desde entonces se señalaba a esta estructura no nata de la responsabilidad de los conflictos. La situación se repite, más no como comedia; sigue siendo una tragedia.

Entre la época descrita, orígenes de la guerra interna, y la actualidad, hay pocas diferencias. Se ha diversificado en el campo el producto, que ya no es sólo el banano sino incluye la palma, el ganado, el bosque maderero y otros; cambió para mejorar y luego retrocedió hasta volver a las condiciones de los años veinte del siglo pasado el asunto de la explotación minera de fuentes energéticas: el llamado “state take”, porción del valor del recurso petrolero que corresponde al estado colombiano es hoy semejante al de los orígenes del negocio; se reguló la actividad laboral y sindical para volver a desregularla en este período neoliberal. La guerra contra los trabajadores, antes asumida abiertamente por las fuerzas estatales, en los últimos años ellas fueron diversificadas para incluir la acción paramilitar. Hasta se parecen los nombres de los esquiroles que algunos hoy llaman “pata´e vaca” y en los años veinte llamaban “patas negras”.

La guerra interna, desde sus orígenes hasta hoy, ha sido un elemento de la acción de los explotadores, de tinte variopinto, contra los explotados. Pero claro que a través del tiempo, de esos casi cien años recogidos en este escrito, ha habido respuestas populares: desde las manifestaciones callejeras y las acciones jurídicas hasta la respuesta armada de sectores insurgentes. Todo ello en medio de una sociedad cuya “dirigencia” ha restringido y sigue restringiendo la democracia que ella misma pregona, que le niega derechos a la población en general mientras defiende con violencia sus posibilidades de continuar al mando de la sociedad para su propio beneficio. La guerra,

como casi siempre, ha beneficiado a los explotadores.

La paz duradera La paz verdadera, la armonía de la sociedad, es un bien sólo alcanzable con la eliminación de la explotación y aún entonces aflorarán nuevas contradicciones. Sin embargo, todo aquello que implique cambios sociales en dirección a ese objetivo es bienvenido.

El actual proceso de conversaciones entre el gobierno, del sector de los especuladores financieros, y las insurgencias armadas, puede significar compromisos hacia la ampliación de la democracia que permitan un desarrollo de las contradicciones sociales en medio del respeto a las libertades que la misma burguesía pregona. La simple posibilidad de expresar descontento o de impulsar políticas alternativas sin temor a perder por ello la vida, es ya un avance importante.

Las conversaciones van más allá de esa necesaria construcción democrática: se han preacordado condiciones sobre la distribución y el destino de la tierra en el campo, sobre la construcción de una reforma integral de las relaciones en el campo; sobre la reparación, en lo posible, a las víctimas del conflicto ya centenario; sobre justicia alternativa y garantías de no repetición, en fin, sobre asuntos que atañen y benefician a la inmensa mayoría de la sociedad. Claro que hay sectores sociales que se oponen al proceso por cuanto ven afectados sus privilegios de los cuales han gozado durante todo el tiempo de vida republicana; otros opositores han surgido entre quienes, al servicio de los primeros, han consolidado una fuerza sustentada en las armas y en el enriquecimiento ilícito, esos que hoy llaman “bacrim” herederos del paramilitarismo.

Las contradicciones no se eliminan por los procesos en curso. Sólo se espera que cambien su forma de desarrollo. ★