Observatorio de Conflictos Territoriales (3er Boletín, mayo 2020)

Informe Observatorio de Conictos Territoriales

Mayo - 2020 Tercera Entrega

[TERCERA ENTREGA: Mayo 2020]

BALANCE GENERAL DEL PERIODO Entre el 01 y el 29 de mayo del presente año, se procesaron 156 no cias registradas en plataformas digitales, comunicados y pronunciamientos de organizaciones sociales, polí cas y defensoras de Derechos Humanos y en medios de prensa local, regional, nacional e internacional.

Para la tercera edición de este bole n, las fuentes de información revisadas fueron: Agencia EFE, Alerta Paisa, ANZORC, Aporrea, ASCAMCAT, Asocam ce Vida Digna, ASOCBAC, Blu Radio, Caracol Radio, COCCAM, Colombia Informa, Comisión Colombiana de Juristas, Comisión de Interlocución del sur de Bolívar, centro y sur del Cesar, Contagio Radio, Coordinador Nacional Agrario, Diario del Cauca, Diario del Sur, El Colombiano, El Espectador, El Heraldo, El Nuevo Siglo, El País, El Pilón, El Tiempo, Facebook, France 24, Kienkye, La Opinión, La Patria La Silla Llena, Mi Putumayo, Mundiario, No merica, NOMADESC, No cias Caracol, No cias ONU, Organización Nacional de Indígenas del Cauca (ONIC), Organización Femenina Popular (OFP), Par do FARC, Periódico Virtual, Portafolio, Radio Macondo, Radio Nacional, Radio Súper Popayán, Red de DD.HH de Putumayo, Piamonte y Sucumbios, Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, Red +, Reuters, Segunda División del Ejército, Semana, Semana Sostenible, Twi er, Unión Sindical Obrera de la Industria de Petróleo (USO), Uniminuto Radio, Vanguardia y Zona Cero.

TABLA DE CONTENIDO 1. Movilización social ........................................................(pág. 4) 2. Conflicto Armado ..........................................................(pág. 7) 3. Acuerdos de Paz e iniciativas .......................................(pág. 11) 4. Estado & Política ..........................................................(pág. 14) 5. Ordenamiento Territorial ...............................................(pág. 16)

Movilización Social Durante este mes se registraron 14 no cias referentes a esta línea, concentradas en los territorios de An oquia, Cauca, Catatumbo y Santander. Los repertorios de movilización se han volcado a responder a las necesidades surgidas por el aislamiento obligatorio (y ahora “inteligente”) decretado por el gobierno nacional.

En Santander las formas de movilización se han caracterizado por los cierres de vías a manos de residentes que exigen contratación en Barrancabermeja a las empresas petroleras acompañadas de exigencias de líderes sindicales, y por las organizaciones y campañas ciudadanas que buscan apoyar a los sectores más afectados en medio de la pandemia como es ¿Ya desayunó? inicia va que busca brindar alimentación a las familias de trabajadores informales.

De igual forma, en el departamento del norte de Santander los y las ciudadanas han respondido a las acciones de las administraciones locales con las exigencias de proyectos, polí cas y programas que vayan más allá de la coyuntura, y garan cen condiciones de vida dignas para los y las campesinas. A ello se suman inicia vas como la Red de Solidaridad Vecinal de Pamplona, en las que la ciudadanía demuestra que es quien cuida de sí misma, y acciones de hecho como el cierre de vías fronterizas con Venezuela, como protesta ante las precarias condiciones a las que se han visto some da las comunidades por las restricciones surgidas con la pandemia.

Por su parte, las comunidades en el Cauca se han organizado para hacer controles en el territorio que impidan la propagación del coronavirus y han fortalecido inicia vas como las de los mercados campesinos, con los que se busca evitar desplazamientos de los y las habitantes a los centros poblados en los que hay mayor riesgo de contagio, promoviendo formas de cuidado a la vez que se impulsa la economía local.

Esta situación también se vive en An oquia, donde las guardias campesinas han fortalecido sus ejercicios de control y cuidado territorial, y se han empezados procesos produc vos que garan cen la producción de alimentos sanos para las comunidades.

Distribución de la línea general Dinámicas de Movilización por regiones

Sólo el Pueblo, Salva el Pueblo

Inicia vas comunitarias en medio de la pandemia de COVID-19 }La crisis que ha desatado la propagación de la pandemia de COVID-19 no sólo ha implicado la profundización de violencias históricas que han padecido las poblaciones más empobrecidas y vulnerables en el país, como se ha tratado en los anteriores números de este bole n, sino que también ha significado un reto para lograr sobrevivir y convivir conjuntamente.

A los asesinatos sistemá cos, la especulación con los precios de alimentos, el alza de los costos de servicios públicos y el escaso acceso al sistema de salud, las comunidades han respondido denuncia y exigencia, pero también con alterna vas solidaridad que exponen dis ntas formas de cuidado. El recuento de algunas inicia vas y campañas que han surgido en los úl mos tres meses, busca hacer un homenaje a esas prác cas. La exploración digital sobre las inicia vas existentes nos permite agruparlas en tres grandes grupos: El primero de ellos recoge aquellos proyectos en que las personas prestan acompañamiento de diversa índole: apoyo psicológico, apoyo para hacer compras y diligencias para personas que no pueden salir de sus hogares, y asesoramiento a quienes sufren dis ntos pos de violencias, par cularmente a las mujeres. La Corporación para la Vida Mujeres que Crean (2020), la cual ofrece acompañamiento para la denuncia de violencias contra las mujeres en Medellín, es un ejemplo de ello.

En este grupo incluimos también a las plataformas que mapean las inicia vas existentes, facilitando su iden ficación en el universo de información que se ofrece hoy en día los medios digitales, como son Hilando en la Crisis (2020) y Frena la Curva (2020). Estas herramientas no solo ofrecen un panorama de los proyectos emprendidos en el territorio nacional, sino que también permiten conocer aquellos lugares en donde se requieren ayudas. Por ejemplo, expone las solicitudes de apoyos de centros médicos como la Fundación Lupus, ESE Hospital San Rafael de Le cia y el Hospital San Francisco de Mosquera, Nariño; las pe ciones de ins tuciones educa vas como el Liceo Max Seidel ubicado en Tumaco, y las solicitudes de en dades sin ánimo de lucro como la Fundación Corazón de María y Jesús la cual brinda apoyo a madres adolescentes sin hogar, entre otras.

Siguiendo la línea de organizaciones que ofrecen cuidado sico y emocional, el segundo grupo da cuenta de las inicia vas enfocadas en el sostenimiento, cuidado y apoyo de población vulnerable como por ejemplo: las y los adultos mayores, personas migrantes, personas habitantes de calle y personas enfermas o en condición de discapacidad. Una muestra de proyectos que ofrecen techo y alimentación a quienes lo necesitan son: la Red de Voluntarios Red Galeras de la ciudad de Pasto, enfocada en personas de la tercera edad, la Fundación Nueva Ilusión ubicada en Cúcuta y que brinda atención jurídica y psicológica, alimentación y apoyo para el desarrollo de las clases virtuales a la población migrante, la Fundación Mujer y Hogar (2020) que opera en Bucaramanga y la alta Guajira, y dis ntos centros de atención a para quienes no enen un hogar como Hanni Moon en Bogotá, el centro de Apoyo al Habitante de Calle en Medellín, y el Centro de Habitantes de Calle en Cúcuta .

De otra parte, algunas organizaciones han ampliado su razón social para aportar a las comunidades en medio de la cuarentena que vivimos actualmente; este es el caso de la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz (2019), cuyas integrantes han hecho colectas de alimentos no perecederos y aportes económicos desde el pasado mes de marzo con el fin de ayudar a las personas en condición de discapacidad de dis ntos municipios del Norte de Santander.

Finalmente, el grupo más grande recoge aquellas propuestas que atañen al cuidado para la supervivencia: las campañas que buscan brindar alimentación e implementos de bioseguridad y medicinas a quienes lo necesiten. Al respecto destacan las inicia vas emprendidas por las comunidades indígenas y campesinas que abastecen a las grandes ciudades, las cuales han buscado conectar a los y las cul vadoras con los habitantes de los casos urbanos, para impedir que se cierna un anillo de hambre sobre los pobladores urbanos. Este po de acciones comprenden la inicia va Marcha de la Comida del proceso de Libertad para la Madre Tierra (2020), así como también la Minga por la Comida del CRIC (2020) y las inicia vas del campesinado del páramo de Sumapaz (Cues ón Pública, 2020). Mientras que algunas de estas propuestas han donado mercados a las comunidades, otras proponen formas de compra y venta de productos sin intermediarios, o trueque, lo que posibilita un sostenimiento económico para las comunidades agroproductoras e incen va estrategias nacionales para la compra de alimentos a las poblaciones rurales, como está ocurriendo en Guainía, Vichada y Vaupés según registra Hilando en la Crisis y las propuesta de trueque impulsadas por organizaciones del Congreso de los Pueblos (2020) en varias regiones.

En cuanto a estrategias de acopio de alimentos y recursos económicos para comunidades vulnerables, pudieron rastrearse: la inicia va Tierra Grata, que des na apoyos alimen cios y de productos de aseo a familias rurales en el caribe colombiano, las acciones del Colec vo Los Nadie y ASOEXIS los cuales recopilan recursos para la alimentación de las familias de trabajadores informales en Fon bón y Suba respec vamente, las acciones de la Red de Solidaridad Mutua por Enga vá y la Red de Solidaridad Vecinal de Pamplona, las campañas Donatón por el Sur y Minga por Ciudad Bolívar, la campaña ¿Que te donas y tal? en Zipaquirá, la campaña Llamado a la Solidaridad de la Red Solidaria Permanente que focaliza sus esfuerzos en los barrios del Sur de Bogotá, la inicia va de apoyo a Usme La Montaña Resiste, y los proyectos de acopio de alimentos para las familias de dis ntas comunas en la ciudad de Medellín.

Adicionalmente, están las campañas focalizadas en conseguir implementos de seguridad para poblaciones específicas, como es el caso de la inicia va Por la Salud de los Pueblos Indígenas Amazónicos en la que 13 organizaciones, incluyendo a OPIAC, suman esfuerzos para ayudar a 64 comunidades indígenas de seis departamentos (El Tiempo, 2020). Junto a esta, se han registrado campañas informa vas sobre el COVID-19 en el departamento de Vichada, emprendidas por la comunidad (Hilando en la crisis, 2020).

Finalmente, la situación de vulneración de Derechos Humanos que se ha presentado en la localidad de Ciudad Bolívar ha estado acompañada del surgimiento de dis ntas inicia vas como la Red de Apoyo Lucero y San Francisco, y la Unidad de Procesos Populares de Ciudad Bolívar.

No queremos dejar de resaltar que este panorama es sólo una parte de todas las inicia vas emprendidas en el país, y fue posible conocerlas debido a su difusión por las redes sociales. Esto es una muestra de las desventajas a las que se enfrentan las comunidades rurales y campesinas en Colombia, quienes día a día han promovido acciones para aportar a nuestro sostenimiento como sociedad, pero pasan desapercibidas ante la desconexión y el olvido a las que se las ha sumido.

A estas formas de cuidado se suma la protección y el ejercicio de soberanía en los territorios desarrollado por las guardias campesinas, indígenas y de los procesos de comunidades negras, temá ca abordada en el siguiente documento

Conflicto Armado Las 87 no cias rastreadas y clasificadas en esta categoría reportan un conjunto de sucesos que evidencian el mantenimiento de álgidos niveles de violencia en las regiones del país, par cularmente aquellos territorios que han sufrido históricamente del abandono estatal.

Muchos de los homicidios y ataques perpetrados a lo largo del país son señalados como formas de restricción de la movilidad por parte de actores armados; este rasgo se destaca especialmente para la costa caribe y el Cauca. En el sur de Bolívar ocurrieron operaciones militares que afectaron al ELN y al Clan del Golfo, además del asesinato del líder social y minero Edwin Emiro Acosta Ochoa y la desaparición de la lideresa comunal María Rocío Silva Caballero.

En An oquia, fueron asesinados por actores desconocidos los líderes comunitarios Julio César Hernández Salcedo, beneficiario del PNIS, víc ma de desplazamiento y miembro de ASOCBAC, y Taylor Cruz Gil Mora. A manos de la Fuerza Pública perdieron la vida una menor de edad, en medio de enfrentamientos con Los Caparros, y el campesino Ariolfo Sánchez Ruíz, quien fue retenido por el ejército junto a otros ciudadanos y luego ejecutado. Adicionalmente, el ex guerrillero Wilder Daniel Marín fue asesinado en Bello, y el par do FARC denunció a finales de mes las amenazas de actores armados ilegales contra de las personas en proceso de reincorporación que habitan el ETCR Santa Lucía, en Itagui; el 12 de mayo se produjo el desplazamiento de 90 personas de la vereda cercana hacia el ETCR debido a enfrentamientos entre disidencias y el Clan del Golfo.

La terminación del cese unilateral del ELN se sin ó en el Catatumbo, donde se produjeron atentados contra oleoductos, enfrentamientos con el Ejército, intentos de atentados y ac vación de Minas An Persona (MAP). El asesinato de líderes sociales también se vivió en esta región, afectando este mes al líder comunitario Freddy Angarita Mar nez y al líder comunal Carlos Andrés Sánchez Villa.

En el departamento del Cauca, los asesinatos selec vos se han focalizado en las comunidades indígenas, pues el comunero Cris an Conda Conda fue asesinado en Corinto junto los mayores María Nelly Cue a y Pedro Ángel Troches, mientras que desconocidos, presumiblemente integrantes de disidencias, asesinaron en Suárez al comunero Eduardo Medina. Otros hechos como masacres, incursiones de disidencias y actores que hos gan a quienes se encuentran en procesos de reincorporación y amenazas contra el líder LGTBIQ+ Gerardo Barona Avirama también fueron no cia. Llama par cularmente la atención el hallazgo de restos óseos con prendas militares en la zona rural de Argelia, ante la posibilidad de una reac vación de la prác ca conocida como los falsos posi vos.

La pandemia de COVID-19 ha estado enmarcada en el país por las violaciones de Derechos Humanos por parte de la Policía y el ESMAD como ha ocurrido contra los habitantes del barrio Siloé en Cali, las y los residentes de Altos de la Estancia en Ciudad Bolívar, Bogotá. Ciudadanos que han denunciado hechos de corrupción han sido víc mas de crímenes, como ocurrió con la personera de Samaniego, Nariño; y las vidas de líderes y lideresas sociales que han defendido el territorio y trabajado por las comunidades en medio de la crisis han sido interrumpidas como son el caso de Olga Lucía Hernández de Vichada y Jorge Enrique Oramas de Cali.

Otras acciones que es importante tener presentes son el atentado contra la sede de ANZORC en Bogotá, el hos gamiento con ráfagas de fusil a la comisión de verificación que se disponía a constatar los vulneraciones de la Fuerza Pública contra el campesinado en Putumayo y las amenazas a líderes sindicales de USO en Santander. Finalmente, cabe mencionar que las entregas de integrantes del ELN en diferentes partes del país se dieron después de combates con tropas del Ejército.

“Hacer mucho con poco”

La situación de la educación rural ante el covid-19 El panorama de la educación rural en Colombia ante la pandemia del covid-19 es más que desolador. Esta no es una forma pesimista para comenzar a hablar sobre el tema, pero es la realidad que enfrentan en este momento miles de estudiantes y profesores rurales en el país, que con las uñas están pensando y buscando soluciones para no dejar que estos días de encierro signifiquen un atraso monumental a las labores educa vas, que en la ciudad se están resolviendo en mayor o menor medida gracias al acceso más generalizado a internet.

La decisión de frenar las clases presenciales en colegios y universidades es lo más acertado dentro de la responsabilidad del gobierno nacional de evitar la propagación del virus, sin embargo, la educación no puede frenarse y el derecho se debe garan zar.

Asegurar esto no es fácil cuando la desigualdad educa va no logra que todas y todos los estudiantes tengan acceso a educación de calidad y eso en este momento se expresa tanto en la precariedad de herramientas y disposi vos que permitan la con nuidad de los procesos forma vos, como en la ausencia de una polí ca de educación a distancia que sitúe la virtualidad como uno de sus componentes aunado a la pedagogía, la didác ca y las metodologías propias de esta modalidad de educación.

La crisis y la pandemia desnuda la desigualdad en el mundo, y en este caso, junto con la medida de virtualización pone de manifiesto la desigualdad del sistema educa vo colombiano y la situación de la educación rural, en tanto la carencia de infraestructura, de cobertura y la ausencia de un modelo educa vo acorde a las realidades campesinas son propias de la historia y de la polí ca educa va.

Tres datos refuerzan esta preocupación, de acuerdo a El Tiempo hay 1710 localidades rurales en el país, donde 128587 personas acceden a flujo eléctrico entre cuatro y doce horas al día, mientras que 11 municipios en donde el flujo es menor a 24 horas. Mientras que hay quince millones de personas que no cuentan con acceso a internet Estamos frente a una realidad de cuarentena que nos ene conectados con el mundo a través de una pantalla. Esta realidad tanto el año pasado, como hoy ante la pandemia, es un privilegio que ha acrecentado la brecha educa va profunda entre la educación rural y la urbana y la educación para ricos y pobres. La pregunta en las ciudades es cómo garan zar el acceso a internet a la población más vulnerable y desde allí centrarse en ofrecer educación virtual de calidad. En el entorno rural, la pregunta es aún más compleja ¿cómo garan zar la con nuidad de la educación cuándo nunca ha habido recursos, infraestructura, acceso a internet ni capacidades instaladas? Preguntas válidas teniendo en cuenta que de los 2'379.794 estudiantes rurales que hay en el país, tan sólo 480000 niños enen acceso a un computador e internet. La anterior cifra es al sima teniendo en cuenta que en el sector rural tan sólo hay 112912 docentes, de ellos 66308 son mujeres.

Lo que preocupa aún más, y complejiza de mayor forma esta situación es la vinculación de las y los profesores. Tan sólo el 70% enen vinculación en propiedad, el porcentaje restante se distribuye en vacancia temporal, periodo de prueba o planta temporal. Para terminar de cerrar este oscuro marco, el 60.5% del total de profesores rurales se concentran en la primaria y tan sólo el 34.3% en básica secundaria y media.

Esta situación en época de covid-19 saca a flote lo que siempre ha estado en crisis y es la enorme deuda histórica que tiene el país con la educación rural, pero para no ahondar en lo que siempre ha fallado del sistema educativo en estos entornos, vamos a centrarnos en el aquí y el ahora. ¿Cuáles son los retos de la educación rural ante la pandemia del covid-19?

El primero de los retos es la comunicación de los docentes con los estudiantes. Las instituciones educativas rurales en su mayoría no cuentan con equipos suficientes ni acceso a internet. Las clases de informática y tecnología siempre se han dado desde la teoría mientras los estudiantes hacen el ejercicio de imaginarse y dibujar los equipos en sus cuadernos. De entrada, con la pandemia, nos encontramos ante un panorama en el que no solo la comunicación es limitada, sino que además no se ha logrado fortalecer habilidades para el uso de estas herramientas, ya que los profesores tampoco cuentan con la destreza y el conocimiento de las TIC. En los entornos rurales, la población cuenta con algunos dispositivos celulares, pero no todos tienen un paquete de datos que les asegure el acceso a internet y a otras plataformas. Las iniciativas que se han movilizado en estas semanas de cuarentena por parte de profesores rurales en distintas regiones del país se han centrado en retomar la comunicación radial y mantener el contacto enviando y recibiendo trabajos a través de la plataforma de mensajería Whatsapp. Estas dos herramientas han demostrado ser las alternativas más amplias y efectivas en lugares donde la señal es difícil y recibir un vídeo o un audio no parece la labor más sencilla. No obstante, a estas iniciativas se tienen que seguir sumando esfuerzos de las instituciones, de los medios locales y regionales y de las comunidades para asegurar que la información les llegue a todos o al menos a la gran mayoría, sobre todo a los que están más alejados de los cascos municipales, pues no hay forma de asegurar ni medir quiénes escuchan la radio y si a los estudiantes les están llegando los programas.

Otro de los desafíos es la necesidad de los docentes de hacer seguimiento a las actividades y al aprendizaje de los estudiantes, pero ante la dificultad de la comunicación la pregunta es ¿cuál es el aprendizaje pertinente y necesario en este momento? ¿cuál es la mejor forma de evaluar?

Lo anterior nos orienta la mirada a un rediseño de los contenidos que se contemplan en las mallas curriculares y que para el día de hoy resultan innecesarios. Hay que pensarse no solo un mensaje efectivo en estos momentos de incertidumbre, sino en una educación orientada al contexto, esto quiere decir, que esté ligada a las labores diarias y al entorno familiar y comunitario que hoy están enfrentando. Para esto se debe potenciar el conocimiento local, por ejemplo, desde las prácticas ligadas a la tradición oral y las actividades del campo. Esto que debería ser el enfoque de la educación rural (en la mayoría de los casos no se cumple) en este momento es una necesidad y son los recursos más inmediatos de trabajo que tienen los docentes. Respecto a la evaluación, en varios lugares del mundo se han replanteado la posibilidad de aprobar a todos los estudiantes el año escolar. Aunque el Ministerio de Educación Nacional en Colombia no ha tomado una decisión al respecto, lo vital es asegurar llegarle a la mayoría de los estudiantes, pues medir unos estándares de habilidades y competencias en esta coyuntura parece desmedido y casi imposible.

Por último, el acompañamiento docente que va más allá del aprendizaje de los contenidos en las distintas áreas del conocimiento es el que la escuela genera como espacio de socialización, en entornos de conflicto, pobreza, violencia intrafamiliar, abuso sexual, entre otros. Las y los docentes, en este sentido, también son orientadores a las problemáticas sociales que los estudiantes viven. No podemos esperar a que en un año el resultado del encierro sean altas tasas de embarazo en adolescentes y jóvenes de entornos rurales, sin hablar del incremento en la violencia sexual y de género que pueden vivir las mujeres. Lo urgente es mantener espacios de diálogo e incluso de atención en caso de que se requiera. Es por eso, que la pertinencia de los contenidos en este momento nos conlleva a repensar qué es lo vital y sin duda la educación emocional y sexual están en el centro, sobre todo en el manejo de las emociones asociadas a la cuarentena y la pandemia.

Una crisis como la que estamos enfrentando hoy en día conlleva a desafíos que transgreden nuestra posibilidad de construir dentro de lo que conocemos y hemos vivido, la situación es nueva para todos y todas y los esfuerzos para sobrellevarla se deben multiplicar. Mientras tanto la educación rural se sigue sosteniendo del compromiso de las comunidades y los docentes rurales que han aprendido a hacer mucho con muy poco.

Las escuelas rurales y la infraestructura en el campo son resultado de la organización de las comunidades y las luchas campesinas, en tal sentido, estos momentos de crisis nos deben permitir pensar y renovar las propuestas organizativas y políticas que han proyectado una educación desde la organización popular, en armonía con la naturaleza y el territorio y a favor del reconocimiento del campesinado como sujeto político y de derechos.

Fotografía: inforural.mx

Acuerdos e iniciativas de Paz Un total de 27 no cias fueron registradas en relación con la línea de Acuerdos de La Habana para el mes de mayo.

Las tensiones y disputas entre la población campesina y la Fuerza Pública por la erradicación forzada de cul vos de uso ilícito se han mantenido y profundizado en los departamentos de Norte de Santander, Nariño y Putumayo. Las ejecuciones extrajudiciales de campesinos en medio de las jornadas de erradicación, junto a otras vic mizaciones, han intensificado la movilización social de organizaciones como ASCAMCAT, las cuales recogen las exigencias de los y las campesinas sobre el cumplimiento de los acuerdos del PNIS, así como también la reformulación de los mismos. Además de esta situación, se destacan no cias como: Avances sobre reparación a las víc mas, construcción de memoria y esclarecimiento de la verdad: 1. Con núan las exigencias de extradición del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez con el fin de que responda la jus cia colombiana sobre las acciones violentas que lideró.

2. En el departamento de Tolima, la coordinadora territorial de la Comisión de la Verdad señaló pata inicios del mes de mayo los avances de esta en dad, condensados en la realización de 514 entrevistas individuales y colec vas, la producción de 69 textos referentes al conflicto armado interno, el desarrollo de jornadas pedagógicas y la instalación y desarrollo de dos Mesas Técnicas para la No Repe ción del Conflicto Armado en los an guos Espacios Territoriales de Capacitación y Normalización ETCR, El Oso, en Planadas e Icononzo.

3. La planeación para la ejecución del Museo y Laboratorio Mul media de Víc mas del conflicto armado en el Norte de Santander, a cargo de la Secretaría Departamental de Víc mas, Paz y Posconflicto de dicho territorio.

4. El anuncio por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) sobre la can dad de hectáreas con que cuenta actualmente el Fondo de Tierras: para el 13 de mayo, la en dad anunciaba la cifra de 1'000.404 hectáreas ingresadas al fondo. De esta cifra, 2.249 hectáreas deberán ser asignadas antes de 2028 campesinos y campesinas del Catatumbo que perdieron sus terrenos en el marco del conflicto armado.

5. Ocho integrantes del Bloque Henry y Gonzalo Pérez de las Autodefensas Unidas de Colombia postulados para ingresas a la Jus cia Transicional deberán responder por 309 crímenes ocurridos entre 1982 y 1994 en los departamentos de An oquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca y Santander.

Inicia vas de paz por parte de la ciudadanía: 1. Personas en proceso de reincorporación en dis ntas partes del país han volcado sus esfuerzos en elaborar y distribuir mascarillas y material de protección en el marco de la pandemia.

2. Sobrevivientes de múl ples vulneraciones en el marco del conflicto armado han construido procesos comunitarios que buscan aportar al proceso de memoria nacional y propenden por la defensa del territorio.

Ejemplos de ello son Jhon Jairo Gómez, miembro de la comunidad LGTBIQ+, quien trabaja a través del arte en An oquia y Chava, defensora ambiental del Chocó.

Para el contexto nacional: 1. A través de la estrategia Obras por Impuesto serán inver dos $209.381 millones en los municipios priorizados para los PDET. En total, serán beneficiados 97 municipios.

2. Se destaca que, para lograr la tan anhelada paz en Colombia, además de concretar los acuerdos de paz con el ELN se requiere cumplir lo pactado entre el gobierno Santos y la otra guerrilla de las FARC-EP, así como el cese de asesinatos y vic mizaciones contra los líderes, lideresas y las y los defensores de Derechos Humanos.

3. Pese a la dejación de armas de las FARC-EP, no son pocos los departamentos del país en donde los hechos violentos y las vulneraciones de Derechos Humanos se han mantenido. En el mes de mayo se presentaron diferentes balances nega vos de esta situación para el caribe colombiano.

Soberanía alimentaria o barbarie No es sorpresa que en la década de los 70's hayan surgido tanto la concepción de seguridad alimentaria (FAO, 1996) como la de revolución verde (2018), ambas respondiendo a una forma de concebir el mundo, la naturaleza y, especialmente, los alimentos, su producción y el hambre. Como es la costumbre del capitalismo, pretende generar soluciones a los problemas y crisis que provoca, no con el fin de ayudar o pretender solucionarlo, sino para mantener al alza sus tasas de acumulación sin generar modificaciones en su lógica. De esa forma es como ha conver do al hambre, los alimentos y su producción en otra fuente de acumulación de riqueza.

Frente a esta problemá ca es necesario ampliar la comprensión y para fortalecer alterna vas populares: 1. El hambre no se solucionará aumentando la extensión de los cul vos ni su intensidad, entendiéndola como la tecnificación, alto consumo de energía y uso masivo de abonos y controladores de síntesis química. Tampoco es solución alguna el monocul vo para garan zar suficiencia alimentaria. Nada de eso funcionará porque el hambre provocada por el actual modo de producción. No es cues ón solo de cuánto se produce; el problema es de especulación, concentración y distribución.

2. Un segundo aspecto se refiere a la forma en la que se producen los alimentos.

Eso es tan importante como la alimentación misma. Es así como la agroecología emerge como pilar fundamental de la soberanía alimentaria, por varias razones: a.) El impulso que brinda a la transición produc va, alejándose de la dependencia que generan los abonos industriales y dar paso al uso de recursos locales para la elaboración de biopreparados con el fin de disminuir la presión que genera la sociedad sobre los ecosistemas. Pero esa transición debe ir más allá de simplemente implementar otras formas de producción, pues además del uso de abonos y controladores orgánicos, la transición necesariamente debe par r del relacionamiento con el territorio que se habita y se construye a diario, desde el enfoque de la cultura campesina, desde sus saberes y prác cas fundamentadas en relaciones de solidaridad y cooperación comunitaria. b.) La posibilidad polí ca, social y organiza va que permite la agroecología para fortalecer relaciones sociales y económicas comunitarias, al comprender que la soberanía alimentaria no se centra sólo en la necesidad de suplir alimentos sanos para la sociedad, sino que como lo señala Vía Campesina (2018), reconoce que la soberanía alimentaria es “un proceso de construcción de movimientos sociales y una forma de empoderar a las personas para organizar sus sociedades de tal forma que trascienda la visión neoliberal de un mundo de productos básicos, mercados y actores económicos egoístas”. Al concebirla bajo ese enfoque, es notable la enorme posibilidad de disputa que permite la lucha por la soberanía alimentaria.

Lo anterior no es un punto menor, pues para que la soberanía alimentaria tenga lugar, debe, como primera medida, fortalecerse el tejido social de las comunidades. La soberanía no la construyen individualidades ni apuestas segmentadas; por el contrario, las comunidades son el núcleo de la soberanía alimentaria desde lo local hacia lo nacional. c) Para que la soberanía alimentaria sea posible hay que resolver el problema de la distribución y comercialización de alimentos. Se debe garan zar la comercialización de la producción campesina y acabar con los intermediarios, con el fin de que las ganancias lleguen a manos de quienes producen la comida; por otra parte, la soberanía alimentaria construida desde las organizaciones populares debe necesariamente asegurar alimentos suficientes, de alta calidad y asequibles para las comunidades periféricas de las ciudades, pues son ellas las que más sufren a diario por no poder acceder a alimentos. Bajo esa perspec va, teniendo en cuenta que la agroecología permite disminuir costos al no depender de laboratorios que vendan semillas, abonos, y otros insumos, es preciso que esa disminución de costos se vea reflejada en el precio que se ofrece. Alejándose totalmente de esa lógica perversa en la que han caído personas que se apropian del discurso agroecológico para llevar esos productos a los barrios de mayores ingresos para venderlos a precios más altos.

Es impera vo descentralizar la comercialización hacia los barrios populares, hoy, los más afectados por la pandemia dada la alta necesidad de alimentos y la incapacidad del Estado por suplirlos.

Los mercados locales y populares permiten no sólo la garan a de alimentos para las comunidades y el ingreso justo para el campesinado que los produjo, sino que además construye las condiciones para pensar en otra economía. Una que responda a las necesidades de las personas y no de la acumulación capitalista.

Lo señalado hasta acá no podría, de ninguna manera, desarrollarse sin la construcción y exigencia polí ca. Entendiendo eso es indispensable la Reforma Rural Integral y Democrá ca con el fin de dotar de erra a quienes realmente la necesitan. En esa misma vía, es cada vez mayor la necesidad de que al campesinado se le reconozcan sus derechos polí cos, con el fin de que sean los actores principales de la producción y la soberanía alimentaria nacional. Especial mención merecen las mujeres campesinas sin cuyo trabajo no habría producción o reproducción de la vida alguna.

La construcción territorial deja de ser sólo una opción, para conver rse en una necesidad, pues al territorializar prác cas y apuestas polí cas no solamente se implementan sino que se perfeccionan.

Vale la pena señalar los procesos indígenas, afros y campesinos que han puesto el acento en el territorio como espacio de materialización de otras concepciones de vida. El Coordinador Nacional Agrario CNA, por ejemplo, ha avanzado en su propuesta de construcción y ordenamiento territorial popular con los Territorios Campesinos Agroalimentarios (CNA, 2014).

A par r de ellos, de la agroecología y de la soberanía alimentaria deben ampliarse sus posibilidades polí cas y produc vas.

Las alterna vas civilizatorias se construyen basadas en ensayos y errores, en la prác ca constante y el hacer diario.

Hoy es posible, y necesario, generar transiciones; no sólo la produc va, porque como se mencionó líneas atrás, la producción agroecológica es tan sólo una pequeña parte del nuevo proyecto de sociedad que está en construcción, sino transitar hacia nuevas relaciones socio-ecológicas en las que los policul vos, la reproducción de semillas ancestrales, la pequeña producción, el cuidado de los socioecosistemas y la cultura campesina sean el motor de esa nueva realidad. La ampliación de concepción de la soberanía alimentaria permite la construcción de círculos cercanos de producción y consumo con el fin de fortalecer la economía local y campesina, y garan zar alimentos a bajo costo, de calidad e inocuos para las comunidades que más requieren de ellos.

En síntesis, debemos, desde la clase popular, seguir complejizando enfoques y así mismo fortaleciendo las alterna vas. La soberanía alimentaria necesariamente debe basarse en nuevos paradigmas y concepciones que permitan ampliar más la lucha frontal contra el capitalismo.

Estado & Política Contexto Nacional: 1. Karen Adubien, ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, anunció la asignación de 187 concesiones de emisoras comunitarias para 185 municipios. Aseguró que en octubre de este año tendrá lugar el primer encuentro virtual para buscar apoyos para estos medios.

2. Jorge Rodrigo Tovar, hijo de Rodrigo Tovar Pupo alias “Jorge 40”, comandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, fue nombrado como coordinador del Grupo de Ar culación Interna para la Polí ca de Víc mas del Conflicto Armado del Ministerio del Interior. Múl ples organizaciones y plataformas de víc mas, así como dis ntos sectores polí cos y sociales del país se han pronunciado contra esta decisión.

3. El jueves 28 de mayo la embajada de Estados Unidos en Colombia anunció la llegada de una brigada militar al país, jus ficada como un asesoramiento para apoyar la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Al respecto, sectores polí cos de oposición y diversos sectores de la sociedad civil se han pronunciado, señalando que esto es una clara vulneración de la soberanía nacional y pone en riesgo los Derechos Humanos de las comunidades.

An oquia: 1. Campesinos locales exigen apoyos gubernamentales para evitar que las cosechas se pierdan, debido al cierre de restaurantes y la falta de canales de distribución para sus productos que ha generado el aislamiento y las restricciones de la pandemia de COVID-19.

Cundinamarca: 1. El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos, propone habilitar nodos alterna vos de abastecimiento en el norte, occidente y sur del departamento después de que fuesen confirmados casos de campesinos contagiados de COVID-19 en Corabastos.

Catatumbo: 1. La administración local de Ocaña entregó cinco mil bonos de alimentos para ayudar a la población vulnerable en el municipio, y mi gar la condición económica que atraviesan en medio de la pandemia.

Santander: 1. La administración local de Socorro entró en calamidad pública debido a la falta de agua generado por la sequía del embalse que provee de este servicio al territorio.

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Territorio y Poder Las formas de expresión política han trascendido, cada vez más, de la mera participación en los espacios de la democracia liberal a ejercicios de construcción de democracia horizontal, popular y directa a través de la creación y fortalecimiento de organizaciones sociales y políticas, la participación en las instituciones del Estado, pero también llevando a la práctica el discurso de la construcción de poder popular.

En ese sentido, las organizaciones rurales han avanzado en el ejercicio de crear circuitos económicos locales con el fin de garantizar la distribución de sus productos y la alimentación de las comunidades, apartándose de los designios de la competencia que promulga el mercado. De igual forma, se han organizado para confrontar no sólo el orden económico y político, sino que también el sociocultural, buscando constituir uno nuevo que esté acorde a sus realidades, necesidades e intereses.

La forma en que se concreta este enfoque es en lo local con alcances regionales, desde el territorio. Las construcciones culturales y socioeconómicas del movimiento indígena a través de sus Consejos Regionales son conocidas hace tiempo. Por rutas similares avanza el Proceso de Comunidades Negras -PCN y otras organizaciones afrocolombianas, desde los Consejos Comunitarios y en lo campesino, sujeto al que no se le han reconocido sus derechos, se avanza de hecho con la constitución de los Territorios Campesinos Agroalimentarios (CNA, 2014. p. 10) como apuesta política en la disputa, ordenación y relacionamiento con el territorio, desde donde las comunidades no sólo cuestionan el modelo económico, sino que además cimientan un nuevo paradigma civilizatorio basándose en vínculos de solidaridad, respeto e inconmensurabilidad de valores. Otras organizaciones campesinas impulsan las Zonas de Reserva Campesinas, figura que tiene sustento legal, pero que ha sido bloqueada por los intereses del poder terrateniente y gubernamental.

De esa manera, las formas de producción, intercambio, autocuidado y cuidado comunitario, el gobierno comunitario, la salud y educación, y demás aspectos que a diario se entretejen entre trochas y caminos, se expresan en la ordenación comunitaria territorial como expresión del poder ejercido por comunidades organizadas. Estos ejercicios locales de poder están sustentados en cuatro pilares.

1. Protección del territorio y Guardia Campesina: En los últimos años las organizaciones campesinas, siguiendo el ejemplo del movimiento indígena, han venido organizando ejercicios comunitarios de poder para la defensa y la protección del territorio a través de las Guardias Campesinas.

Con disciplina, espíritu y programa colectivo, las guardias campesinas han logrado consolidar estrategias comunitarias para la resolución de conflictos, así como el establecimiento de reglas para la vida comunitaria mediante los manuales de convivencia. En la coyuntura de emergencia nacional generada por el COVID-19, las Guardias Campesinas han logrado establecer fronteras de protección para evitar la avanzada del virus en los territorios campesinos, han organizado colectas para quienes lo necesitan, trueques y un sinnúmero de acciones para aportar condiciones mínimas para que el campesinado siga habitando los territorios.

Ordenamiento Territorial Contexto Nacional: 1. Los opera vos de control realizados por Parques Nacionales Naturales y el Ejército Nacional develan que, durante la cuarentena, se han realizado ac vidades de minería ilegal en el área protegida del departamento del Valle del Cauca correspondiente a la zona del Parque Nacional Natural Farallones de Cali.

2. La falta de implementación de la Reforma Rural Integral pactada entre el gobierno Santos y las FARC-EP ha recrudecido las disputas por la posesión de la erra, y en términos de implementación se ha conver do en una disputa polí ca entre el gobierno actual y los sectores de oposición.

3. El informe El estado de los bosques en el mundo publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación destaca el papel de ac vidades como la deforestación desenfrenada, la minería, el desarrollo de infraestructura, la expansión incontrolada de la agricultura y la explotación de especies silvestres, como algunos de los elementos que han contribuido a la desaparición de bosques en Colombia y el mundo.

An oquia. En este departamento, los hechos reportados se vinculan con la minería ilegal.

1. En el municipio de Dabeiba, el Ejército desmanteló un complejo de explotación minera ilícita, perteneciente al Clan del Golfo.

2. Dos personas fallecieron en una mina ilegal de oro en Remedios, después de que una de las estufas para el procesamiento del metal explotara.

3. En una vivienda de Buri cá fue descubierta una mina ilegal de oro.

Catatumbo: 1. Mediante una acción de tutela interpuesta por el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Saturbán, y la Corporación Colec vo de Abogados Luis Carlos Pérez, se obliga al Ministerio de Ambiente a reac var la delimitación del páramo t cumplir con sus labores de conservación, pese a la cuarentena.

2. La ANLA suspendió las audiencias públicas virtuales para la licencia ambiental para fumigar con glifosato hasta que se decida de fondo la acción.

Cundinamarca: 1. La inicia va sobre la integración regional de Bogotá con los municipios aledaños fue aprobada en una sesión semipresencial de la Cámara de Representantes, con 163 votos a favor.

2. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca descubrió un socavón en inmediaciones de la quebrada Yeguas, afluente de la quebrada Canoas que hace parte de un área forestal protegida. Al parecer, se estarían realizando ac vidades de extracción y explotación de hierro y cobre.

Sur de Bolívar: 1. El aislamiento geográfico de Morales, sobre el río Magdalena, ha posibilitado que la pandemia no afecte a sus habitantes.

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