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¿SabíaS Que...?
La iniciativa privada ha financiado 36.6% de las obras hidráulicas más importantes del actual sexenio, reveló la Comisión Nacional del Agua.
Martes. 4 de Septiembre del 2012. nacional@reforma.com / Tel. 5628 7100 / Editor: Roberto Castañeda
d Va a tribunal civil el suceso más grave de abuso castrense con 31 acusados Víctor Fuentes
La Suprema Corte de Justicia ordenó enviar a un juzgado civil los procesos contra 22 militares acusados por homicidios, torturas, encubrimiento y desaparición de cadáveres, mientras estaban adscritos a la Guarnición Militar de Ojinaga, Chihuahua, en 2008 y 2009. Por 7 votos contra 1, el Pleno de la Corte determinó que la causa penal 1982/2009 del juzgado de la Tercera Región Militar en Mazatlán, Sinaloa, debe ser enviada a un juez federal porque la justicia castrense es incompetente para conocer del caso, ya que hay varias víctimas civiles involucradas. El principal señalado por esos hechos es el General de Brigada Manuel de Jesús Moreno Aviña, quien según las acusaciones en su contra, en el periodo de abril de 2008 a agosto de 2009, impuso un régimen de terror en Ojinaga, el cual incluyó múltiples ejecuciones, allanamientos, secuestros y tráfico de droga asegurada. Sin embargo, ninguno de los cinco amparos resueltos ayer por la Corte fue promovido por Aviña, sino por subordinados acusados de participar en la tortura y homicidio de Esaú Samaniego Rey, alias “El Cholo”, José Heriberto Rojas Lemus, “El Michoacano”, y Érick Campos Valenzuela, “El Campitos”, así como por la posterior destrucción de los cadáveres y encubrimiento de los hechos. La Corte reiteró los criterios que estableció luego de 11 sesiones en las que se discutieron casos relacionados con delitos cometidos por soldados y se determinó que el artículo 57 del Código de Justicia Militar es contrario a la Constitución y a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, al extender la jurisdicción de los tribunales castrenses a asuntos que involucran a civiles. Sin embargo, a diferencia de los casos discutidos previamente, los militares de Ojinaga no mencionaron en ningún momento su interés en ser procesados por un juez civil, sino que sólo impugnaron el auto de formal prisión que les dictó el juez castrense ale-
d El 23 de julio de 2008, se dio un
grito de auxilio en Ojinaga ante los abusos de los soldados.
Las víctimas Dictámenes forenses hechos a los cuerpos que militares habían desaparecido en Ojinaga, Chihuahua: Nombre: Esaú Samaniego Rey, “El Cholo” Detención: 22 de junio de 2008 Muerte: paro respiratorio secundario por tortura con bolsa de plástico en la cabeza Incinerado en Sierra Seca Nombre: José Heriberto Rojas Lemus, “El Michoacano” Detención: 25 de julio de 2008 Muerte: fibrilación ventricular y paro respiratorio por tortura con descargas eléctricas Incinerado en el Rancho El Virulento Nombre: Érick Valenzuela Campos, “Campitos” Detención: 5 de agosto de 2008. Muerte: primero fue llevado a la Tercera Compañíía de Infantería no Encuadrada (CINE); trasladado al día siguiente al km 221 de la carretera Ojinaga-Camargo y ahorcado Incinerado en el mismo sitio
gando que no hay pruebas en su contra. Eso no fue obstáculo para la Corte, pues aclaró que el juez federal que reciba el expediente tendrá que dejar sin efectos los autos de prisión dictados por su colega militar, y en 72 horas resolver si dicta nuevos autos, de prisión o de libertad, para luego abrir el juicio a prueba en caso de darse el primer escenario. El caso Ojinaga fue el más grave ejemplo de violación de derechos humanos por parte de militares en lo que va del sexenio, pues resultó en cargos contra 31 integrantes del Ejército. La Corte todavía tiene pendientes 21 expedientes sobre fuero de guerra, seis de ellos derivados de un caso de tráfico de drogas en el que no hubo víctimas civiles.
Julio Candelaria
Quita la Corte caso Ojinaga al fuero militar
UN OJO AL GATO Y OTRO AL GARABATO MÉXICO. El Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, (izq.) con su inseparable teléfono móvil, ayer durante el mensaje del
Presidente Felipe Calderón con motivo de su Informe. Lo observa el Mandatario de Sinaloa, Mario López Valdez.
Obligan a concesionarios a inhibir señal de celulares
Cargan a telefónicas bloqueo en penales d Buscan evitar delitos desde el interior de 419 cárceles en todo el País Víctor Fuentes
El Gobierno federal intenta otra vez concretar el bloqueo de celulares en las 419 cárceles del País, ahora, obligando a los concesionarios de telefonía a colaborar so pena de iniciar contra ellos procedimientos administrativos. La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos técnicos para el bloqueo de telefonía celular en los penales, medida que ya es obligatoria a raíz de una reforma hecha en abril pasado a la Ley Federal de Telecomunicaciones. En su diagnóstico del problema, los representantes de todas las prisiones del País reconocen la gravedad del problema que pretenden corregir. “Desde el interior de los centros penitenciarios y en coordinación con bandas delictivas en libertad se llevan a cabo delitos de extorsión con amenazas de secuestro o de muerte, y fraudes telefónicos contra la sociedad. “Dentro del ambiente penitenciario se cometen acciones de amenaza a familiares de internos, intimidación de testigos, custodios y personal penitenciario; se toman fotografías de las instalaciones y del personal de seguridad para coordinar ejecuciones, evasiones y motines”, exponen. Los lineamientos publicados ayer pretenden enfrentar el problema operativo de limitar las señales de múltiples bandas de frecuencia sin afectar a los usuarios que residen cerca o que pasan junto a un reclusorio. “Todos los centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores, federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, cualquiera que sea su denominación, deberán contar con equipos que permitan bloquear o anular de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de datos o imagen, dentro del perímetro de los mismos”, dice la norma. La instrucción deriva, a su vez, del artículo 44 de la ley mencionada, que, según fuentes oficiales, fue reformada por el Congreso sin que existiera un consenso previo con todos los concesionarios, y
Bloquean señales desde $ 4 mil Empresas de seguridad ofertan en México equipos portátiles y fijos para bloquear la señal de teléfonos celular y radios. No sólo llamadas, también mensajes y acceso a internet. Los equipos recomendados para espacios donde el uso de teléfonos esté prohibido, profesores en salones de clases o ejecutivos en salas de juntas pueden pagar entre 4 mil y 20 Cora Bravo mil pesos por estos dispositivos con alcances que van entre 12 y 150 metros a la redonda. Inhibidor de señal portátil P4510 d Recomendado para salas de juntas y salones de clases, este dispositivo portátil tiene un alcance de 12 metros. La batería dura dos horas, inhibe la señal de todas las compañías y acceso a internet móvil. Pesa 150 gramos. d Precio: 4 mil 408 pesos http://www.ematyk.com/
Inhibidor de señal fijo P9540 d Este equipo puede ser utilizado en lugares cerrados y en autobuses, su alcance es de hasta 40 metros. Bloquea todas las marcas, radios e incluso acceso a internet móvil. d Precio: 7 mil 888 pesos http://www.ematyk. com/
Bloqueador de celulares G101 d Aunque puede utilizarse en lugares cerrados, este bloqueador incluye una carcasa para colocarlo en exteriores. Su cobertura es de entre 50 y 150 metros, y bloquea todas las compañías de celulares. d Precio: 3 mil 500 pesos http://www.seguridaddigital.com. mx
Inhibidor celular portable 1.5 Watt 3G d Además de bloquear la señal de todas las compañías, este dispositivo restringe el acceso a internet móvil. Al ser portátil, este dispositivo puede ser utilizado en diversas salas de juntas o espacios cerrados. Su alcance es de entre 15 y 30 metros. La batería dura 50 minutos. d Precio: 13 mil 860 pesos http://www.espionaje.org/
que ordena que los bloqueos de señales en ningún caso excedan de 20 metros fuera de las instalaciones de las cárceles. Los concesionarios tendrán ocho obligaciones específicas y la tarea que se avecina es compleja, pues primero tendrán que realizar pruebas y estudios previos a la instalación de los inhibidores dentro de cada uno de los 419 centros de reclusión, y luego, mantener un monitoreo para detectar afectaciones a usuarios externos. Los concesionarios tendrán que informar a cada reclusorio sobre la ubicación de las radiobases cercanas, es decir, de las celdas o estaciones que son la unidad básica de las redes de telefonía celular. Ambas partes deberán suscribir convenios de confidencialidad
sobre la ubicación de esas radiobases y sobre los sitios dentro de los penales donde serán colocados los inhibidores. Para financiar esos proyectos, los estados y municipios que ad-
Bloqueador Celular 5 Watt d Este modelo aparenta ser un purificador de aire, su alcance de entre 15 y 40 metros es graduable, bloquea todas las compañías, incluso los radios Nextel. d Precio: 20 mil 300 pesos http://www.stopcel.com/
ministran la gran mayoría de las cárceles podrán acceder a recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, que este año tiene asignados 7 mil 373 millones de pesos.
Prevén quitar cuotas a sindicatos opacos REFORMA / Staff
Las dirigencias sindicales que se nieguen a dar a los agremiados que lo soliciten toda la información financiera y del manejo de cuotas, pueden perder las aportaciones económicas de sus integrantes, de acuerdo con la propuesta de reformas a la Ley Federal del Trabajo que con el carácter de preferente envió el Presidente Felipe Calderón al Congreso. En la reforma, los sindicatos de más de 150 integrantes deben ser dictaminados anualmente por un auditor externo. Además, la iniciativa prevé el método del voto libre, directo y secreto en la elección de la directiva sindical. La reforma plantea modificar los principales artículos que regulan el apartado de “Sindicatos, federaciones y confederaciones”, entre ellos el 373, en el que se establece el procedimiento a seguir para obligar a las dirigencias gremiales a transparentar sus cuentas. “La directiva de los sindicatos, en los términos que establezcan sus estatutos, deberá rendir a la asamblea cada seis meses, por lo menos, cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical. “La rendición de cuentas incluirá la situación de los ingresos por cuotas sindicales y otros bienes, así como su destino. Para tales efectos, se deberá entregar un resumen de esta información, a cada uno de los trabajadores sindicalizados, dentro de los diez días siguientes de cada periodo”, se indica en la propuesta de redacción de ese artículo. Si no se da a conocer, los sindicalizados tendrán derecho a pedir la información financiera a las instancias del sindicato encargadas de resolver controversias sobre la gestión de los fondos -que la reforma obliga a conformar-, y si éstas no entregan los datos pueden recurrir a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Si pese al requerimiento de la Junta subsiste el incumplimiento, se ordenará la suspensión del pago de sus cuotas sindicales, y el trabajador quedará protegido pues por ese motivo no perderá derechos sindicales, ni será causa para su expulsión o separación.
Detienen a ex tesorero de electricistas Luis Cruz
Alejandro Muñoz, ex tesorero del Sindicato Mexicano de Electricistas, y quien habría pactado con Javier Lozano recibir un porcentaje de las liquidaciones por convencer a sindicalistas, fue ingresado anoche al Reclusorio Oriente.
Fuentes de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del DF indicaron que poco antes de las 20:00 horas, Muñoz ingresó acusado de administración fraudulenta y permanecerá unos días en el Centro de Observación y Clasificación (C.O.C.) de ese penal, hasta que se determine a qué zona será enviado.
El ex tesorero fue acusado por el secretario del SME, Martín Esparza, de hacer un acuerdo con el ex secretario del Trabajo del Gobierno federal, Javier Lozano, en el que se le ofreció junto con Alfredo Ríos, el 5 por ciento de cada cobro por liquidación de agremiados que convencieran de abandonar el sindicato.