Jefa de la DEA, en la mira por contratos sospechosos a ‘cuates’

La investigación contra la administradora la realiza la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia de EU

EU sanciona a jueces sandinistas por abusos

WASHINGTON, DC.- Estados Unidos sancionó a tres jueces de Nicaragua que este año despojaron de su nacionalidad a 316 opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega, incluyendo a 222 excarcelados desterrados y al obispo católico Rolando Álvarez, preso en Managua.

El Departamento del Tesoro exigió que Ernesto Rodríguez y Octavio Rothschuh, magistrados de la Corte de Apelaciones de Managua, y la jueza Nadia Tardencilla, fueran sancionados por cometer “abusos contra los derechos humanos” como funcionarios del gobierno sandinista.

Las sanciones suponen el bloqueo de todas las propiedades que los afectados tengan en Estados Unidos. También prohíbe a entidades estadounidenses realizar transacciones económicas y comerciales con ellos.

“Seguiremos utilizando las herramientas diplomáticas y económicas a nuestra disposición para garantizar la rendición de cuentas por los abusos del régimen de Ortega-Murillo”, advirtió el secretario de Estado, Antony Blinken, en un comunicado.

za de la campaña contra el tráfico de fentanilo, en momentos que los republicanos culpan a la administración Biden y a México por no hacer lo suficiente para atajar las más de 70 mil muertes anuales por sobredosis de la droga.

La investigación de la Oficina del Inspector General, que podría resultar no sólo en sanciones administrativas sino en un enjuiciamiento penal de Milgram, tiene el potencial de socavar la credibilidad de la DEA en su papel como insignia en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales.

Anne Milgram lidera la campaña contra el fentanilo y ha criticado al gobierno mexicano

WASHINGTON, DC

Anne Milgram, la jefa de la Administración Federal Antidrogas (DEA), se encuentra bajo investigación por parte de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia para deslindar responsabilidades en la entrega de contratos de adjudicación directa a varios amigos por 4.7 millones de dólares.

Una investigación de la agencia Associated Press reveló que los investigadores examinan además un contrato de 1.4 millones con el bufete de abogados de Washington WilmerHale para elaborar un reporte sobre los escándalos que han plagado las operaciones de la DEA en el extranjero y cuyas conclusiones fueron denunciadas como vagas en el Congreso.

La DEA se limitó a señalar que ha actuado con urgencia para singularizar a las redes criminales y crear conciencia pública sobre los riesgos del fentanilo. “Estamos comprometidos a garantizar que la DEA trabaje incansablemente para proteger la seguridad nacional, la protección y la salud del pueblo estadounidense”, indicó.

Pero la realidad es que la DEA ha operado bajo una nube de sospechas desde hace años, en especial en sus operaciones en 69 países y que salieron a la luz luego que la propia AP informara en 2021 sobre los crímenes de José Irizarry, un exagente de la DEA quien cumple una sentencia de 12 años en una cárcel federal.

CASTIGO. Además de sanciones administrativas, Milgram podría enfrentar un enjuiciamiento penal de ser culpable.

La nueva investigación del Departamento de Justicia sobre Milgram se centra en los contratos para planificación estratégica, manejo de información de inteligencia, análisis de datos, alcance comunitario y relaciones públicas, otorgados sin licitación a su círculo má s cercano de amigos en sus días como procuradora de Nueva Jersey y profesora de leyes de la Universidad de Nueva York.

La filtración de la investigación tiene lugar cuando la titular de la DEA forma parte de la punta de

UN CASO.

El obispo Rolando Álvarez fue condenado por el gobierno de Ortega, sin juicio, a 26 años de cárcel por “traición a la patria”.

Además, Blinken demandó al gobierno de Nicaragua la “inmediata e incondicional liberación” del obispo Álvarez, considerado la voz más crítica de la Iglesia católica del país centroamericano. El religioso fue condenado, sin juicio, a 26 años de cárcel “por traición a la patria”, un día después de que se negara a aceptar el destierro.

Por ejemplo, un contrato sin licitación de 400 mil dólares a José Cordero, un oficial de policía de la ciudad de Nueva York cercano a Milgram, a fin de realizar análisis de datos de estadísticas delictivas.

Por su parte, el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, dijo que el gobierno de Daniel Ortega “sigue participando en acciones antidemocráticas que tienen como objetivo a las figuras de la oposición que más se hacen oír en Nicaragua”. —Agencias