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Bob Menendez pide abrir más vías de migración legal a EU
El senador demócrata exhorta a dar mayor ayuda humanitaria a países del continente
WASHINGTON, DC
AGENCIAS
El influyente senador demócrata Bob Menendez presentó un plan en el que pide al gobierno del presidente Joe Biden abrir más vías de migración legal al país para paliar la escasez de mano de obra, al igual que dar mayor ayuda humanitaria a los países del continente, entre otras medidas.
El legislador, crítico de las políticas migratorias tomadas por el gobierno de su país, informó, tanto a la Casa Blanca como al Departamento de Seguridad Nacional, sus propuestas para gestionar “la migración y los refugiados en el hemisferio occidental”. que se consideraba imposible, dada la fuerza política de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), el lobby de los fabricantes de armas. Se aprobó una ley para prohibir la venta de armas de asalto.
El también presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado apuntó, en un comunicado, que el plan incluye, “en gran medida, políticas que el presidente Biden puede llevar a cabo sin el Congreso, hasta que los republicanos decidan trabajar con el gobierno para abordar el actual desafío migratorio”.
Entre ellas está “ampliar las oportunidades laborales para los migrantes que no calificarían para el asilo”, extendiendo el uso del permiso migratorio, que concede entrada a una persona extranjera a Estados Unidos.
No sólo rebasó la oposición de los republicanos, sino también la “prudencia” de Joe Biden y Bill Clinton, que no querían enfrentar a la NRA. La ley pasó dentro de un paquete de medidas contra la delincuencia que incluía la pena de muerte. Como parte del compromiso se dio vigencia de sólo 10 años a la ley. Cuando expiró en 2004, Dianne no logró su continuación.
En 2009 fue elegida presidenta del Comité de Inteligencia. Decidió investigar el programa de la CIA por el cual se detenía sin orden judicial a sospechosos de terrorismo. Descubrió que, por medio de contratistas privados, se torturaba a los detenidos para obtener confesiones muy dudosas. En todo caso, se violaba el debido proceso y no se obtenía inteligencia valiosa.
Tanto el presidente Barack Obama como el secretario de Estado, John Kerry, la presionaron para que el reporte final, de más de 6 mil páginas, no fuera publicado. Incluso la CIA dañó las computadoras del Senado. Aunque el informe fue finalmente difundido, no tuvo mayores consecuencias.
(Steven Soderbergh produjo la película The report, que cuenta toda esa odisea. Annette Bening hace el papel de Dianne).
¿QUÉ HACEMOS CON ELLA?
En 2018 los demócratas progresistas de California decidieron no apoyar su quinta reelección. Se enojaron con ella porque no apoyó la legalización de la mariguana. La consideran excesivamente centrista. Aun así, consiguió la candidatura y obtuvo un millón de votos más que su rival.
Lo que acabó de molestarles fue que votó por confirmar a los candidatos a la Suprema Corte propuestos por Donald Trump. Ella consideró que, independientemente de su ideología conservadora, eran aptos para el cargo. No se la perdonaron. La obligaron a renunciar a la presidencia del Comité Judicial y lograron que aceptara no buscar la reelección el año próximo.
En junio cumplirá 90 años y desde febrero no ha ido a Washington porque sufre complicaciones de salud. Algunos quisieran que renunciara ya, pero eso implicaría que el gobernador nombre a su relevo. Gavin Newsom ha adelantado que designaría a una mujer negra y, dado que quien busca la reelección casi siempre gana, los otros prospectos prefieren que ella termine su periodo.
Su prolongada ausencia tiene detenida la confirmación de 18 jueces federales nominados por el presidente Biden, pero no hay las condiciones para destituirla. Es todo un lío.
Esto permitiría que migrantes, tanto fuera como dentro de Estados Unidos, puedan ocupar “puestos que enfrentan escasez laboral según lo determinen” los gobernadores de los diferentes estados del país, . El legislador también propone ampliar el programa de visas de trabajo temporales H-2, conceder un Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos de Guatemala y destinar más recursos para reducir la acumulación de casos de asilo.
A su vez, pide al gobierno dar más ayuda humanitaria a los países de la región que acogen migrantes, como Colombia, México o Brasil.
La difusión de este plan llega el mismo día que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, aseguró ante un comité del Congreso que Estados Unidos espera un aumento en la llegada de migrantes en la frontera en mayo próximo.
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Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Arturo Zaldívar votan a favor del decreto
DAVID SAÚL VELA dvela@elfinanciero.com.mx
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el decreto por el que se trasladó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el control administrativo, orgánico, operativo, presupuestal y directivo de la Guardia Nacional.

Por ocho votos a tres, las y los ministros del tribunal constitucional dijeron que el decreto que reformó diversas leyes de la administración pública federal, vigente desde el 9 de septiembre de 2022, viola el artículo 21 de la Constitución.
“Es un fraude a la Constitución”, dijeron algunos ministros y señalaron que el decreto “vacía de contenido” el mandato que obliga a que la GN tenga un carácter civil y se adscriba a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
La decisión se tomó al resolver la acción de inconstitucionalidad 137/2022, promovida por un grupo opositor de senadores de la 65A Legislatura del Congreso. Los efectos de la sentencia se conocerán este jueves.
Por la declaratoria de inconstitucionalidad votaron las ministras Norma Piña y Margarita Ríos Farjat, y los ministros Juan Luis González Alcántara (ponente), Luis María Aguilar, Javier Laynez, Mario Pardo, Alberto Pérez y Alfredo Gutiérrez.
Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Arturo Zaldívar (afines al proyecto de la ‘4T ’) votaron por la constitucionalidad del decreto.
Javier Laynez coincidió con el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá, en el sentido de que la reforma impugnada “vacía de contenido” la adscripción civil de la GN a la que obliga la Constitución.
Recordó que la GN debe estar adscrita a la SSPC, lo cual es meramente formal, porque sus facultades sustantivas se trasladaron a la Sedena, lo que genera una relación de subordinación al mando militar. “Es, de hecho, una readscripción y, técnicamente, un fraude a la Constitución”, agregó.
Margarita Ríos Farjat señaló que el decreto rompe la unidad, jerarquía y desarrollo de la administración pública, e implica un riesgo de seguridad jurídica, porque un órgano tratará de responder a dos secretarías, una civil y otra castrense.
El ministro Zaldívar se refirió a la “notoria mala fe” de las críticas que recibió en medios y redes so-