Fin al TPS para venezolanos en EE.UU.: crece la incertidumbre y el riesgo de deportación

Redacción - New/Nueva Opinión

Unos 350,000 venezolanos en Estados Unidos podrían enfrentar procesos de deportación tras la decisión de la Corte Suprema de permitir al gobierno del expresidente Donald Trump poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Esta medida representa uno de los mayores retrocesos recientes en materia de protección humanitaria para comunidades migrantes en el país.

El fallo del máximo tribunal allana el camino para que el gobierno federal desactive formalmente el TPS otorgado a personas venezolanas bajo la designación de 2023, dejando en un limbo legal a decenas de miles de beneficiarios que hasta ahora habían vivido y trabajado legalmente en Estados Unidos.

“Una lectura posible de esta decisión es que los venezolanos bajo el TPS 2023 acaban de perder su estatus y su autorización de empleo”, explicó Ahilan Arulanantham, abogado de los demandantes y codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). La Corte, al emitir su orden, no ofreció una explicación detallada, lo que ha generado mayor confusión e incertidumbre.

¿Qué pasa ahora?

El TPS para venezolanos fue creado por la administración Biden en 2021 y extendido en 2023, en respuesta a la grave crisis humanitaria en Venezuela. En enero de 2025, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció su intención de poner fin al programa. Aunque un tribunal federal en California bloqueó temporalmente esa decisión, la Corte Suprema permitió su aplicación tras una apelación de emergencia presentada por el gobierno de Trump.

Los venezolanos protegidos por la designación de 2021 podrán, por ahora, mantener sus permisos de trabajo y protecciones migratorias hasta septiembre de este año. Sin embargo, quienes obtuvieron el TPS bajo la designación de 2023 estarían en mayor riesgo de ser deportados de forma inminente.

Opciones para quienes perderán el TPS

Frente al fin del programa, organizaciones como la Alianza Nacional TPS y el American Venezuelan Caucus recomiendan que cada persona consulte con un abogado de inmigración para explorar vías legales personalizadas. Algunas de las alternativas que podrían considerarse incluyen:

• Solicitar asilo: Es una opción para quienes enfrentan persecución en su país por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social específico. Puede tramitarse de forma afirmativa (fuera de proceso de deportación) o defensiva (durante un proceso migratorio).

• Ajuste por matrimonio o familia: Aquellos que se hayan casado con ciudadanos o residentes permanentes podrían calificar para un ajuste de estatus. Sin embargo, en algunos casos, la ley federal exige salir del país y solicitar un perdón para regresar legalmente.

• Visa U: Está destinada a víctimas de ciertos crímenes ocurridos en EE.UU. que colaboren con las autoridades. Aunque es limitada en número (solo 10,000 por año), puede abrir el camino hacia una residencia permanente.

Elizabeth Uribe, abogada de inmigración, subraya la importancia de actuar con rapidez. “Cada caso es único, y quienes se ven afectados deben buscar asesoría legal lo antes posible para entender sus opciones y evitar caer en procesos de deportación”.