Usuarios de préstamos estudiantiles enfrentan nuevas trabas para lograr la condonación

Millones de personas que han solicitado la condonación de sus préstamos estudiantiles a través del programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público (PSLF, por sus siglas en inglés) enfrentan nuevos obstáculos tras recientes cambios en las políticas federales, especialmente bajo la administración Trump. Para muchos trabajadores del sector público y sin fines de lucro, especialmente dentro de comunidades como la latina, estos cambios representan un retroceso significativo en su lucha por alcanzar estabilidad económica y educativa.

El programa PSLF, establecido en 2007, permite que quienes trabajan en organizaciones sin fines de lucro o agencias gubernamentales accedan a la cancelación de sus préstamos estudiantiles federales después de 10 años de pagos mensuales. Sin embargo, desde principios de 2025, la elegibilidad y el acceso al programa se han visto afectados por nuevas restricciones, demoras burocráticas y un sistema administrativo saturado.

Uno de los mayores impactos proviene de una orden ejecutiva firmada por el expresidente Donald Trump en marzo de este año. Esta medida establece que personas empleadas en organizaciones involucradas en temas como inmigración ilegal, tráfico de personas o alteración del orden público podrían quedar excluidas del programa. Aunque los detalles siguen sin estar claros, expertos señalan que esto podría afectar a múltiples organizaciones comunitarias que trabajan con poblaciones vulnerables.

A pesar de ello, los asesores legales afirman que los cambios no serán retroactivos. Es decir, quienes ya hayan trabajado o estén trabajando actualmente en organizaciones previamente reconocidas como elegibles seguirán acumulando meses hacia la condonación de su deuda, hasta que las nuevas reglas entren en vigor. “Si una organización pierde su elegibilidad en el futuro, el prestatario aún puede cambiar de empleo sin perder el tiempo acumulado”, explicó Mark Kantrowitz, experto en educación superior.

Otro desafío importante ha sido el colapso del plan SAVE (Ahorro para una Educación Valiosa), diseñado durante la administración Biden para facilitar pagos bajos y progresivos. Aunque millones de personas se inscribieron en este plan antes de que fuera bloqueado por tribunales, muchos de ellos ahora enfrentan dificultades para transferirse a un nuevo plan de pago calificado, como exige el PSLF. Según documentos judiciales, más de 1.5 millones de solicitudes de cambio estaban pendientes a finales de junio.

Este atasco administrativo ha generado una pausa en el progreso de muchos solicitantes, quienes, sin un plan de pago aprobado, no pueden continuar acumulando los 120 pagos mensuales requeridos. Afortunadamente, los primeros 60 días de espera cuentan para el PSLF, siempre que el préstamo esté en una “suspensión temporal de procesamiento”. No obstante, si esa suspensión se convierte en general, el progreso hacia la condonación se detiene.

A ello se suma el atraso en las solicitudes de “Recompra”, una herramienta diseñada por la administración Biden que permite recuperar meses no contados previamente por estar en períodos de indulgencia o aplazamiento. Esta opción es especialmente útil para quienes ya han trabajado durante 120 meses en empleos elegibles, pero por razones técnicas no han calificado para el PSLF.

Al cierre de junio, había más de 65,000 solicitudes de Recompra pendientes, un aumento significativo respecto al mes anterior. “Aunque hay demoras, si cumples los requisitos, no dudes en solicitarla”, recomendó Nancy Nierman, subdirectora del Programa de Asistencia al Consumidor de Deuda Educativa en Nueva York. Añadió que los prestatarios pueden realizar esta solicitud a través del portal oficial de Ayuda Federal para Estudiantes y, al mismo tiempo, cambiar a un nuevo plan de pago calificado.

En un momento en que las familias enfrentan deudas promedio superiores a los $90,000 —incluyendo hipotecas, tarjetas de crédito y préstamos estudiantiles—, cualquier obstáculo en los procesos de condonación representa una carga emocional y financiera adicional. Para quienes han dedicado años al servicio público, este programa no es un beneficio adicional, sino una promesa pendiente de cumplirse.

Los expertos recomiendan mantenerse informados, documentar cada paso y no dejar de solicitar los beneficios disponibles, mientras las cortes y las agencias federales determinan el rumbo final del programa. La lucha por la condonación de préstamos continúa, pero no está perdida.