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“Simplemente no podemos competir”: Agricultores del suroeste de Michigan atrapados entre altos costos laborales e importaciones baratas en medio de la incertidumbre migratoria
from Ed.588
Por Julie Riddle para New/Nueva Oinión y Watershed Voice
Este reportaje forma parte de la cobertura del Southwest Michigan Journalism Collaborative sobre desarrollo comunitario equitativo. El SWMJC es un grupo de 12 organizaciones regionales dedicadas a fortalecer el periodismo local.
Kalamazoo, MI - Cuando el agricultor del condado de Berrien, Fred Leitz, entregó a una trabajadora agrícola mexicana su primer cheque, la mujer comenzó a llorar. Leitz le preguntó a un intérprete si había hecho algo mal. “Ella dijo: ‘Le toma ocho meses ganar lo que acaba de ganar en una semana aquí’”, cuenta Leitz. “Y ni siquiera fue una gran semana”.
Los trabajadores agrícolas nacidos en el extranjero llegan a Estados Unidos dispuestos a trabajar duro para ganar salarios que nunca podrían imaginar en sus países de origen. Sin ellos, los agricultores que sostienen la industria estatal de cultivos especializados, valorada en miles de millones de dólares, no podrían sobrevivir. Pero los altos costos de la mano de obra y el incremento de las importaciones de productos agrícolas han reducido los márgenes de ganancia y obligado al cierre de algunas granjas en el suroeste de Michigan. Otros agricultores dicen que podrían perderlo todo si nada cambia. Ese cambio, sin embargo, podría venir en forma de menos trabajadores en los campos locales, ya que el gobierno federal aplica políticas de inmigración más estrictas.
Hasta ahora, los agricultores de Michigan no han reportado redadas ni grandes cantidades de trabajadores que se nieguen a laborar. Pero incluso las granjas que contratan trabajadores documentados podrían verse afectadas si los esfuerzos de deportación aumentan a nivel local, advierten defensores de los migrantes. El cierre de numerosas granjas en la región tiene un efecto dominó que impacta comunidades enteras, dice Chris Bardenhagen, educador agrícola de la Extensión de la Universidad Estatal de Michigan, quien ha estudiado los efectos de la pérdida de cultivos especializados en el estado. “No hay soluciones rápidas a la vuelta de la esquina”, afirma. La maquinaria agrícola avanzada y los cambios en las regulaciones alimentarias podrían, algún día, aliviar la presión sobre los agricultores de Michigan que intentan ganarse la vida produciendo alimentos necesarios, añade. “La pregunta es si vamos a mantener nuestras industrias de cultivos especializados el tiempo suficiente para alcanzar esas soluciones”.
Michigan ocupa el segundo lugar en diversidad de cultivos, solo detrás de California, gracias en gran parte al clima favorable y a los suelos arenosos del suroeste del estado. La región cuenta con 6,400 granjas que producen una amplia gama de cultivos especializados, desde frutas y vegetales hasta nueces y plantas de vivero. Las granjas del suroeste de Michigan representan el 14 % de las granjas del estado, pero contratan a un tercio de los trabajadores agrícolas migrantes —más de 6,000 de los 19,000 reportados en el estado—, la mayoría empleados en los condados de Van Buren y Berrien, según el censo más reciente del Departamento de Agricultura de EE. UU.
A diferencia de los trabajadores estacionales, que viven lo suficientemente cerca como para viajar diariamente, los migrantes se trasladan desde sus hogares para realizar labores agrícolas —algunos con estatus legal, otros indocumentados—. Pueden provenir de otro país y regresar al final de la temporada o trasladarse dentro de EE. UU., trabajando en estados del norte durante el verano y en el sur durante el invierno. Algunos trabajadores que han regresado a la granja de Leitz durante generaciones llegaron al país de manera ilegal. Muchos de sus hijos nacidos en EE. UU. se establecieron en la zona y hoy contribuyen como médicos, abogados, maestros y otros profesionales. Actualmente, Leitz utiliza un programa federal de visas que permite a trabajadores extranjeros laborar legalmente en los campos de EE. UU. “Los rumores de deportaciones no nos preocupan demasiado”, comenta. “Pero pesan un poco sobre uno”.
Los trabajadores extranjeros llegan al suroeste de Michigan para realizar trabajos que los locales no están dispuestos a hacer, afirma Daniel Oropeza, organizador en Michigan de la Fundación UFW, una organización que aboga por la protección de los trabajadores agrícolas. Se estima que entre el 40 % y el 50 % de los trabajadores agrícolas en EE. UU. son indocumentados, aunque en los estados del Medio Oeste es más común que tengan estatus legal que en la Costa Oeste. Cada vez más agricultores han optado por el programa federal de visas temporales H-2A, que les permite contratar legalmente a trabajadores extranjeros para labores agrícolas de corto plazo. Quienes continúan contratando indocumentados saben que corren el riesgo de ser sancionados, dice Amanda Villa, colega de Oropeza en la Fundación UFW. Lo hacen porque “tienen que tener a alguien”, asegura.
Las redadas recientes en California, donde cientos de trabajadores fueron arrestados por presunta estancia ilegal, generan miedo entre los trabajadores en Michigan, explica Villa. Ella y Oropeza instruyen a los trabajadores sobre cómo reaccionar ante un agente de inmigración: llevar siempre documentación legal, no abrir la puerta, guardar silencio y pedir un abogado. También aconsejan tener un plan sobre quién cuidará de los hijos en caso de ser detenidos. “Es aterrador hablar de esto”, dice Villa. “Pero es aún más aterrador no estar preparado”. Oropeza distribuye tarjetas bilingües de “Conozca sus derechos” para evitar detenciones innecesarias que podrían perjudicar tanto a empleados como a empleadores.
El aumento del riesgo de detención también agrava las violaciones a los derechos laborales que a veces se encuentran en el sector agrícola, explica Anna Hill Galendez, abogada del Michigan Immigrant Rights Center. Subpago, discriminación, condiciones inseguras y otras violaciones se suman a la vulnerabilidad. Los trabajadores H-2A también son víctimas de abusos, aunque tienen más herramientas legales. Para los indocumentados, denunciar significa arriesgarlo todo. “Un empleador que quiera aprovecharse tiene mucha libertad para hacerlo”, dice Hill Galendez. “Y los trabajadores tienen muy pocas opciones aparte de seguir trabajando y esperar que les paguen”.
Incluso los agricultores que no temen perder trabajadores por deportación sienten la presión del mercado laboral. El programa H-2A ha estabilizado la fuerza laboral, pero a un costo creciente. En 2025, los agricultores de Michigan deben pagar a los trabajadores H-2A al menos 18.15 dólares por hora, muy por encima del salario mínimo estatal de 12.48 dólares, además de cubrir vivienda y transporte. La mano de obra puede representar hasta el 60 % de los costos de producción en granjas de cultivos especializados. Aunque estas redujeron en un 20 % su fuerza laboral entre 2017 y 2022, sus nóminas aumentaron un 17 %. Al mismo tiempo, los precios de semillas y fertilizantes continúan en aumento.
En México, los trabajadores agrícolas ganan el equivalente a 2.50 dólares la hora o menos, lo que reduce los costos y limita la capacidad de los agricultores de Michigan para competir. En el condado de Berrien, Abby Schilling, copropietaria de Mick Klüg Farms, emplea a 16 trabajadores H-2A, la mayoría de México. Reconoce que el costo laboral es su mayor gasto, pero asegura que no usar el programa ya no representa un ahorro. Fred Leitz, que necesita más de 200 trabajadores para cultivar y procesar arándanos, pepinos, tomates y manzanas, calcula que sus empleados ganan hasta 22 dólares por hora tras sumarse los requisitos del programa. “El mismo cajón de tomates que significa ganancia para un productor en México significa pérdida para mí. Y no son solo tomates, es todo”, lamenta.
Las importaciones mexicanas de productos agrícolas se incrementaron a partir de 2012. Desde entonces, asegura Leitz, los agricultores de Michigan han ido cerrando “uno tras otro”. Según la Extensión de la Universidad Estatal de Michigan, más de 1,700 granjas del suroeste de Michigan cerraron entre 2012 y 2022. Cada cierre impacta no solo al sector agrícola, sino también a los comercios locales que dependen de los trabajadores y agricultores, desde restaurantes hasta lavanderías y proveedores de servicios. Los cultivos especializados aportan 6,300 millones de dólares a la economía estatal y sostienen cerca de 41,700 empleos. Además, gran parte de esos productos se venden fuera del estado, lo que genera ingresos importantes para Michigan.
La pérdida de una granja también afecta a otras, ya que muchas comparten instalaciones y equipos. Si menos trabajadores migrantes llegan al estado porque no encuentran empleo constante en varias temporadas, las comunidades verán caer sus ingresos fiscales, habrá menos fondos para las escuelas locales y también se resentirá la industria del agroturismo. Bardenhagen considera que se podrían aplicar estrategias como campañas de mercadeo regional o restricciones estacionales a las importaciones para apoyar a los agricultores locales. La mecanización agrícola podría ser otra alternativa, aunque todavía está lejos de ser una solución viable.
Para Leitz, el dilema central se resume así: “O importamos a la gente o importamos los productos. Como país, debemos decidir si queremos traerlo todo de afuera o mantener nuestra producción aquí”.
