Política Nacional de Reforma Penitenciaria 2014-2024
Por tanto, se reitera la importancia de contar con una participación amplia de todos los sectores involucrados e interesados en la construcción de la política de Reforma Penitenciaria 2014-2024, en su aplicación, ya que la suma de criterios y perspectivas que sustentan esta política de Estado, deben también participar para generar cambios estructurales dentro del Sistema Penitenciario y dentro del Sistema de Justicia Penal en Guatemala.
autoriza la presente Política de Estado, se cree el Observatorio Penitenciario, tiene como objetivo mantener una observación y auditoría social permanente, sobre los contenidos, estrategias, indicadores y resultados, lo cual ayudará a los futuros administradores públicos a seguir, la hoja de ruta y la Política de Estado.
Capítulo VII La Reforma Penitenciaria
Estos factores nos han orientado, para tomar dos decisiones importantes: a) proponerla como política de Estado, para que la eficiencia y eficacia administrativa pueda ser medida de manera integral, y b) para diez (10) años: ya que esto implica que serán tres períodos gubernamentales los que estarán involucrados en su ejecución y evaluación.
1. Coordinación interinstitucional 1.1. Breve diagnóstico En los últimos cinco años, derivado de una escasa coordinación e intercambio de información entre las instituciones del sector seguridad y justicia, se ha registrado un abuso y prolongación de la prisión preventiva, retrasos en el otorgamiento de beneficios penitenciarios y libertades, así como una escasa aplicación y control de las penas no privativas de libertad.
Diez años como temporalidad mínima, permitirá a los administradores públicos involucrados en su aplicación, tener periodos de evaluación de:
a) Corto plazo: 3 años que coincidirá con el cumplimiento de 10 años de vigencia de la Ley del Régimen Penitenciario;
Como uno de los efectos colaterales de esa falencia sobresale el alto índice de sobrepoblación penitenciaria en los centros de detención, los cuales en conjunto alcanzan un 172%.
b) Mediano plazo: 5 años, evaluación de medio plazo, que permite analizar los indicadores y resultados en perspectiva del cumplimiento de los objetivos.
De igual manera la falta acercamiento entre el SP y las instituciones de salud y educación han propiciado en primer lugar, que proliferen enfermedades infectocontagiosas que amenazan la salud pública desde las prisiones, y en segundo lugar, problemas de educación en la población reclusa que dificultan una reinserción social exitosa y productiva.
c) Largo plazo: 10 años, revisión integral y reorientación para un nuevo periodo. La propuesta de que paralelamente a la publicación del Acuerdo Gubernativo, que 76