Dirección General del Sistema Penitenciario, Guatemala C.A.
sector estatal (Madres Angustiadas; Fundación Myrna Mack; Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro; Ministerio de Gobernación; Dirección General del Sistema Penitenciario; Dirección General de la Policía Nacional Civil; y Corte Suprema de Justicia) crearon por medio del Acuerdo Gubernativo 270-2001, la Comisión Consultiva del Sistema Penitenciario Nacional (Wagner, 2002, p.40) con el fin de definir nuevamente los programas y políticas que pudieran promover la transformación integral de los centros de detención.
Gráfica n.o 2: Granja Modelo de Rehabilitación Pavón Fuente: Dirección General del Sistema Penitenciario
No obstante los esfuerzos y las múltiples denuncias sobre la crisis, volvieron a ser infructuosas, ya que la reforma penitenciaria no se llevó a cabo y el tema de los centros de detención no fue considerado de forma permanente en la agenda pública nacional hasta el año 2006, con la promulgación de la Ley del Régimen Penitenciario, Decreto 33-2006 del Congreso de la República.
De esta manera en los años ochenta y noventa la situación de los centros de detención continuó en constante deterioro a pesar de las múltiples denuncias de la sociedad civil. Con la firma de los acuerdos de Paz Firme y Duradera en el año 1996, las organizaciones nacionales e internacionales iniciaron un proceso para promover la reforma y el fortalecimiento de la justicia en el país (Wagner, K. 2001, p.39).
A primera vista la Ley del Régimen Penitenciario (que entró en vigencia el 7 de abril de 2007), prometía un cambio significativo en la modernización de los centros de detención, pero a más de siete años de su vigencia la situación ha empeorado.
En el año de 1998 por medio del Acuerdo Ministerial 268-98, se creó la Comisión de Transformación del Sistema Penitenciario, con el objetivo de encomendarle el diseño de las políticas de transformación del Sistema Penitenciario.
A través de los años la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), fue castigada con un presupuesto insuficiente, que difícilmente alcanzaba para los gastos de funcionamiento institucional y de esa manera, poco a poco el problema en los establecimientos penitenciarios se vio agravado, hasta llegar a una verdadera crisis humanitaria que amenazó la seguridad pública.
Como resultado del trabajo de la comisión, en el año de 1999, se presentó un anteproyecto de ley penitenciaria a la Comisión de Gobernación del Congreso de la República, pero lamentablemente los planes de reforma no fueron promulgados.
Desde la época de los años 70, ningún gobierno ha abordado con seriedad el tema penitenciario, debido a los problemas de mayor interés social que se suscitan en la cotidianidad social.
Dos años después, la fuga de 78 reclusos en el Centro de Alta Seguridad de Escuintla, un grupo de representantes de organizaciones no gubernamentales y de representantes del 19