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Edmundo Jacobo renuncia a Secretaría Ejecutiva del INE
Edmundo Jacobo anunció su renuncia a la Secretaría Ejecutiva del INE; “soy uno más entre millones dispuesto a defender la democracia”
Ministro Laynez admite a trámite impugnación de MC y PRD contra Plan B electoral
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Tras suspensión al Plan B el ministro admitió la impugnación de los partidos a la Ley General de Partidos Políticos, Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral
Carlos Santaella
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) continúa admitiendo a trámite impugnaciones contra el plan B de la reforma electoral, promovida por el presidente Andrés Manuel
López Obrador. Tres días después de suspender indefinidamente la polémica norma, ahora el ministro Javier Laynez Potisek, duramente criticado por el gobierno federal, admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y su acumulada 75/2023 promovidas por los partidos Movimiento Ciudadano y PRD, respectivamente, contra la reforma electoral.
Sin embargo, el ministro instructor, Laynez Potisek, les negó la suspensión solicitada, debido a que la medida cautelar ya fue ordenada en
Miled
DON
LIBIEN SANTIAGO Director General Fundador
la Controversia Constitucional 261/2023 presentada por el Instituto Nacional Electoral
Por separado, Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) impugnaron el “decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral”. M
Presidente Editor
L.A.E. GABRIELA LIBIEN SANTIAGO Directora General
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MARIA DEL CARMEN LIBIEN SANTIAGO Gerente
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CARLOS HERNÁNDEZ SANTAELLA Coordinador del Valle de México
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Coordinadora del Valle de México
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Las oficinas quedaron bajo resguardo de las autoridades, mientras que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas.
Román Quezada
Al menos seis detenidos dejó un operativo que autoridades capitalinas realizaron este miércoles en oficinas de la colonia Juárez, derivado de investigaciones en contra de call centers que extorsionan tras otorgar préstamos denominados ‘montadeudas’.Una de las diligencias se llevó a cabo en un edificio marcado con el número 47 de la calle Atenas, donde elementos de la Secretaría de Seguridad

Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia además aseguraron documentos y equipo de cómputo.
Las oficinas quedaron bajo resguardo de las autoridades, mientras que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas.
El cateo se efectuó luego de que un juez de Control le otorgara el mandamiento judicial a la representación de la Fiscalía capitalina, la cual integró todos los elementos en la carpeta de investigación que se inició por el delito de falsificación de documentos con terminación 90/03-2023. M
Buenavista
Una llamada al 911 alertó a la policía que en dicho lugar se registraba un fuerte incendio

Román Quezada
Un fuerte incendio se registró esta noche en un predio donde había casas de lámina en la colonia Buenavista en la alcaldía Cuauhtémoc. Autoridades de protección civil evacuaron a cerca 50 familias que habitaban el lugar. La conflagración se registró en el número 102 de la calle Carlos J. Meneses esquina Juan Aldama a dos cuadras del edificio de la alcaldía Cuauhtémoc. Una llamada al 911 alertó a la policía que en dicho lugar se registraba un fuerte incendio con personas atrapadas. Al lugar llegaron varias patrullas de la secretaría de seguridad ciudadana, uniformados que tras verificar el siniestro pidieron el apoyo de los bomberos.
Debido a las llamas que amenazaban con propagarse a un edificio cercano tuvieron que ser desalojados también los habitantes de este sitio.
Tras casi una hora de una intensa labor, los bomberos con el apoyo de pipas de la alcaldía Cuauhtémoc lograron controlar la situación. Hasta el momento no hay reporte de heridos y será personal de la Fiscalía de Justicia Capitalina quienes investiguen las causas que originaron el siniestro.M
El Congreso de la Ciudad de México avaló dicha iniciativa
Sandra Rodriguez
El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó, en lo general y en lo particular, por 48 votos a favor y una abstención, un dictamen para elevar las penas por el robo de equipamiento y mobiliario urbano, en donde se incluyen las tapas de coladeras, cableado del Metro y altavoces de la Ciudad.
Actualmente, estos robos se castigan con una pena de dos a seis años de prisión, por lo que los legisladores aprobaron que esta sanción pase de tres a siete años de cárcel, y se agravará hasta en una mitad cuando al hacer estos hurtos se dañe la infraestructura, se afecte su funcionamiento o se interrumpa el servicio de cualquier medio de transporte.
Asimismo, se avaló que se castigará con hasta siete años de prisión a quien
Amlo
La iniciativa pretende fortalecer y dotar de instrumentos jurídicos a la Administración Pública Federal, además de prevenir actos que puedan dañar al erario, así como la reversión de actos de corrupción
Sandra Rodriguez
La Cámara de Diputados, recibió una iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones en materia administrativa, y cuyo objetivo es combatir el desvío de recursos. De acuerdo con la exposición de motivos, su propósito es dotar a la Administración Pública Federal de instrumentos jurídicos para salvaguardar de manera eficaz el interés general, público y social, con el fin de hacer efectivos derechos fundamentales como el del medio ambiente sano, acceso al agua, a la conservación y mejoramiento del hábitat y preservación de la integridad de las tierras de los pueblos y comunidades indígenas, y garantizar el disfrute de los bienes comunes, hacer prevalecer el interés público, general, social y la seguridad nacional, así como el fortalecimiento de la soberanía.

También, sostiene que busca corregir actos emitidos en contravención a la ley, así como revertir aquellos que han dejado de cumplir con los fines para los que fueron previstos, salvaguardar y prevenir desvíos de los recursos públicos, fortalecer la rectoría del Estado y, en consecuencia, la capacidad de actuación de las adquiera, posea, desmantele, venda, comercialice, enajene, trafique, pignore, reciba, traslade, use u oculte el mobiliario y/o equipamiento urbano robado.
Si el valor de lo robado es superior a 500 veces, la Unidad de Medida y Actualización Vigente (51 mil 870 pesos), se impondrá de cinco a 10 años de prisión y de 200 a mil 500 días de multa (de 20 mil 748 a 115 mil 610 pesos). M dependencias del Gobierno Federal en la ejecución de las políticas públicas a su cargo. La iniciativa está organizada en tres aspectos: reversión de actos de corrupción, prevención de actos lesivos al interés público o que puedan causar daños al erario, y fortalecimiento de la Administración Pública Federal.Además, dota al sector público de herramientas jurídicas que le permitan actuar oportunamente en la provisión de servicios públicos, y resguarda los intereses de la nación, esto es la recuperación del Estado como garante de derechos.
Será analizada por las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Gobernación y Población. M













El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se encarga de garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales
Eduardo Ruiz-Healy

De acuerdo con lo que anota en su sitio inai.org.mx, “garantiza que cualquier autoridad en el ámbito federal, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y sindicato; o cualquier persona física, moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad entregue la información pública” que se le solicite y también “garantiza el uso adecuado de los datos personales, así como el ejercicio y tutela de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que toda persona tiene con respecto a su información”.
Su órgano máximo de dirección es el Pleno integrado por siete comisionados designados por el Senado para un periodo de siete años sin posibilidad de reelección.
El 31 de marzo de 2022 concluyó el periodo para el que fueron electos dos comisionados y desde el día siguiente han existido dos vacantes en el Pleno que el Senado controlado por MORENA decidió no llenar, tal vez para dejar inoperante a un órgano constitucional autónomo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha calificado como inútil, costoso, corrupto y al servicio del conservadurismo.
El Pleno puede funcionar con un mínimo de cinco comisionados, pero el viernes venidero dejará su cargo el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas. Con solo cuatro comisionados el Pleno dejará de sesionar y decidir en materia de transparencia.
En febrero la jueza Decimoséptima de Distrito en Materia Administrativa de la CDMX, Celina Angélica Quintero Rico, le ordenó al Senado cubrir las dos vacantes del Pleno.
Así, el 1 de marzo los senadores eligieron a Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso, sin que importara que éste, amigo del senador morenista Ricardo Monreal, fuera el segundo candidato peor calificado en el proceso de selección. El 16 de marzo AMLO vetó la designación de ambos argumentando que Luna Alviso fue uno de los candidatos peor evaluados.
El Senado debe ahora nombrar a tres nuevos comisionados.
Por lo pronto los senadores elegirán a quien ocupará el puesto de Acuña Llamas y ayer se dieron a conocer los nombres de los 10 candidatos que aspiran a sucederlo. Senadores de todos los partidos, inclusive de MORENA, criticaron el hecho de que ninguno fuera entrevistado y evaluado por un comité creado para ello.
Los candidatos son María de los Ángeles Guzmán García, Ileana Hidalgo Rioja, María de Lourdes López Salas, Luz María Mariscal Cárdenas, Alma Cristina López de la Torre, Julio César Bonilla Gutiérrez, Jonathan Mendoza Iserte, Luis Gustavo Parra Noriega, José David Cabrera Canales y Salvador Romero Espinosa. Todos son abogados, la mayoría de ellos con maestrías; algunos con amplia experiencia en asuntos de transparencia y acceso a la información.
El Senado deberá ahora llenar las otras dos vacantes, tal como se lo ordenó la jueza Quintero Rico y como pronto podría ordenarle la SCJN que el 27 de marzo aceptó la controversia constitucional promovida por el INAI, en la que se demanda la falta de nombramientos para cubrir esas vacantes.
AMLO no pudo, por ahora, acabar con el INAI.
Twitter: @ruizhealy
Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy
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Sitio: ruizhealytimes.com
Analizan reforma para imponer prisión o multas por discursos de odio
La iniciativa fue presentada por la diputada María Guadalupe Moreno con el propósito de “eliminar la xenofobia y el racismo hacia comunidades indígenas e integrantes de la comunidad LGBTIQ+”

Román Quezada
El Congreso de Baja California Sur analiza reformas al Código Penal para imponer prisión, multa o trabajo comunitario a quien emita “discursos de odio” en la entidad por cualquier medio, incluyendo gestos o simbologías.
La iniciativa fue presentada en la sesión de este día por la diputada María Guadalupe Moreno (Morena) con el propósito –dijo– de “eliminar la xenofobia y el racismo hacia comunidades indígenas, afromexicanas e integrantes de la comunidad LGBTIQ+”.
Consideró que estas manifestaciones y conductas son factor de “gran preocupación” pues representan “una amenaza para la prevalencia de valores como la estabilidad y la paz social”.La propuesta implicaría la modificación al Artículo 205 Ter del Código Penal estableciendo: “Discurso de odio, se impondrá de dos a cuatro años de prisión o multa de doscientos cincuenta a cuatrocientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta trescientos días de multa al que por medio de la palabra, escrito, gestos, simbología o cualquier otro medio de comunicación o comportamiento realice un acto peyorativo o discriminatorio e incite a cualquier acto de violencia contra cualquier persona, generando expresiones de hostilidad e intolerancia, ya sea en razón de su religión, origen étnico, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género, orientación sexual u otro factor de identidad señalado en el artículo 205 de este Código”.
Finalmente refirió que esta iniciativa tiene como propósito también “implementar mecanismos preventivos como la ejecución de programas dirigidos a niños y jóvenes en los que se aborden temas de estereotipos, discriminación a personas de la diversidad sexual, indígenas, discapacitados (sic) y demás grupos en condición de vulnerabilidad”. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis y discusión. M