Modulo 3 gobierno abierto

< MÓDULO 3 > GOBIERNO ABIERTO

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

GOBIERNO ABIERTO GUATEMALA, 2018

MÓDULO

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CONTENIDO INTRODUCCIÓN

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Gobierno abierto y participación ciudadana

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Democracia

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Ciudadanía

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Participación

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Gobernabilidad

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Gobernabilidad y Gobernanza

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La participación ciudadana en la gestión pública

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Democracia y participación diudadana en la gestión pública

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Participación ciudadana y gobrnabilidad democrática

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La importancia de las TIC

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La interculturalidad como camino articulador de la pluralidad para la participación ciudadana en la gestión pública

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Interculturalidad

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Avanzar hacia una gobernabilidad democrática intercultural

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Interculturalidad, intersectorialidad, gestión y políticas públicas

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INTRODUCCIÓN El tema de la interacción con la ciudadanía hoy en día es algo que ha venido a cambiar la forma de gobernar, tomando en cuenta su nivel de participación y colaboración, a través de medios canales siendo las redes sociales el medio favorito y el medio que ha causado revoluciones enteras, es importante ver como la democracia ha ido dando giros en todo el buen sentido, aún falta mucho por cambiar ya que es un tema cultural, la democracia agregativa venía siendo el medio favorito de elegir diversos temas, ya que la gran mayoría siempre ganaba en todo, ahora se observa el fenómeno que ya no solo es de que la mayoría pueda votar a favor o en contra de algo o alguien, más bien se elige por medio de una democracia deliberativa en donde ya no solo se elige o escoge sino ya se tiene una participación y ahí es donde vemos que la cultura comienza a dar un cambio sustancial en cuanto a participación y colaboración se refiere, recordemos que el Gobierno Abierto no es solo tecnología, ya que es una parte sustancial pero no el fin sino un medio, debemos crear mecanismos que permitan esta interacción pero no depende solo del Estado, también depende del ciudadano.

El ciudadano tiene derechos pero también tiene deberes, estos pueden ser de diversas maneras como los deberes cívicos ante su propio país, los cuales conllevan el patriotismo y el amor a la patria, el orgullo por su gente y las distintas acciones, es importante tomar en cuenta estos deberes para poder cambiar la cultura y con ello, veremos un cambio sustancial en la forma que funciona la Administración pública, tomando el papel que se ha dejado atrás por mucho tiempo.

Es importante diferenciar y tener bien en claro lo que ha venido siendo una contradicción entre lo que es la participación y lo que es la representación.

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GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana Una actividad humana de transformación de la realidad social en aras de la construcción o fortalecimiento de un sujeto colectivo.

Reflexión política: Si la democracia supone que “el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes”, ¿cómo debe entenderse y ejercerse hoy ese “a través”?

Fortalezas de nuestra historia: ‘‘Es justo que los pueblos esperen todo bueno de sus dignos representantes; pero también es conveniente que aprendan por sí mismos lo que es debido a sus intereses y derechos’’ Mariano Moreno (1810)

Hablar de participación ciudadana en la gestión pública abre de inmediato las puertas a la interacción de la ciudadanía con la política, el gobierno y el Estado. Cuando hablamos de los partidos políticos siempre decimos que han sido una herramienta y modo en que los ciudadanos han tenido participación en la cosa gubernamental o bien la política y la administración pública, donde aparentemente se analizan los problemas sociales y se ha dado representación a los ciudadanos pero es importante saber si esto se ha cumplido o realmente se ha hecho algo para que esto sea así.

Es importante como hemos mencionado cambiar la cultura y crear un modelo moderno de lo que es la gobernabilidad en donde su

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foco principal sea la democracia y la participación, denominándola gobernabilidad democrática sostenible, donde se busque fusionar la participación ciudadana y la colaboración, construyendo de manera interactiva participativa proyectos, políticas y servicios que cumplan el objetivo de la administración pública, el desarrollo social. Aunque los términos de democracia, ciudadanía, participación y gobernabilidad son utilizados de forma generalizada, no todos les otorgan el mismo significado y alcance. Por ello resulta conveniente clarificarlos o re significarlos a fin de disponer de un lenguaje con significación común a la hora de reflexionar acerca de estos temas.

Democracia La interpretación más conocida de democracia la define como: gobierno del pueblo; otros también como gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Se trata, ciertamente, de un concepto polisémico por excelencia. No solo por las distintas interpretaciones ideológicas que se hacen de su contenido y función, sino por las mutaciones históricas, sociales, económicas, políticas y culturales que lo han venido modificando en el curso de la historia. Data de tiempos anteriores a la democracia ateniense, sin embargo ésta resulta, en occidente, su antecedente reconocido más cercano.

La democracia constituye un sistema de organización jurídica y político-administrativa de la participación (política) de la ciudadanía para la dirección de sus destinos colectivos; es también por tanto formadora – junto con la economía- de un modo de vida social e individual.

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En tanto sistema de gobierno, la participación se canaliza a través de los partidos políticos y se centra en la realización de elecciones directas o indirectas para elegir a las principales autoridades del país. Esto resume la legitimidad democrática de los gobernantes en el entendido de que la soberanía del poder reside en pueblo y está sustentada por él.

En resumen y en principio, la democracia supone realización de elecciones. Es un modo de participación de la ciudadanía que se limita a un acto mediante el cual transfiere sus capacidades ciudadanas (delega) a un pequeño grupo de elegidos para gobernar ejerciendo su representación (apropiación). Se prefigura aquí un complejo nodo conceptual contradictorio inherente a toda democracia, constituido por el entrecruzamiento complejo de dimensiones propias de: ciudadanía, participación, elecciones, representación, delegación, apropiación, protagonismo y soberanía.

En el esquema tradicional de representación política, a la ciudadanía le está reservado el derecho político de participar con su presencia silenciosa para convalidar –elecciones mediante- decisiones tomadas sin su concurso. Pero, debe delegar su capacidad de pensar, de crear, de decidir y de asumir la responsabilidad que significa hacerse cargo de los resultados concretos de sus decisiones. Junto con ello deben delegar también el derecho a soñar y a equivocarse en el acto de la creación colectiva.

Sobre la base del modo de representación planteado se levantan las diversas concepciones acerca de los partidos políticos como representantes (despojador-apropiador de las facultades) de la ciudadanía, que delega de ese modo también su ser político ciudadano pleno. De ahí que este tipo de representación política resulte el sostén de la fractura entre lo político y lo social.

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Superar ese modo de representación, su contenido y su esquema relacionante entre representantes y representados, resulta fundamental para construir un nuevo tipo de representación, de participación, de ciudadanía, de sociedad y de democracia.

Se trata de inventar, buscar y probar nuevas formas y modalidades de representación, asentadas en la participación integral (e interdependiente) de los protagonistas, de modo tal que éstas se constituyan en promotoras y potenciadoras del protagonismo colectivo, contribuyendo a hacer emerger al pueblo como sujeto colectivo protagonista de su historia.

Estas nuevas formas de representación se combinan con modalidades de democracia directa y se construyen sobre la base de la participación plena desde abajo, de todos y cada uno de los representados. Las tensiones mayores en el tema de democracia en lo que hace a participación y representación de la ciudadanía radica mayoritariamente entre quienes antagonizan uno u otro vértice de la relación en vez de buscar posibles canales de complementariedad entre ellos.

Actualmente los sistemas democráticos funcionan por medio de la representación, en sus formas tradicionales. Las resistencias a abrir las compuertas institucionales a la participación ciudadana estancan el desarrollo de las democracias acorde con las realidades sociopolíticas actuales y las deja atadas al prejuicio. Por ejemplo, sosteniendo que “sería muy complicado implementar procesos participativos debido a la cantidad de población, o al ritmo de las decisiones,” etc., todas respuestas defensivas que eluden el debate y pretenden ocultarlo siguiendo la filosofía del avestruz. Pero, las tendencias más modernas que buscan no solo afianzar los sistemas democráticos, sino también fortalecerlos y desarrollarlos de modo sostenible, apuestan a la participación buscando formas que le permitan combinarla con lo que serán renovadas modalidades de representación.

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En lo que hace a la gestión pública ocurre algo similar: la gestión de lo público corresponde al aparato administrativo y sus funcionarios o puede compartirse con la ciudadanía.

Ciudadanía Para la tradición liberal, el concepto ciudadanía indica la pertenencia igualitaria a una comunidad política determinada. Está delimitado por los derechos y deberes de las personas que la constituyen y por las instituciones correspondientes a fin de conformar un cuerpo social políticamente efectivo.

Ciertamente, estas consideraciones poco dicen acerca de la realidad de la ciudadanía y sus interacciones concretas en la sociedad y con las instituciones del Estado. Actualmente se hace necesario repensarla abriendo sus dimensiones, contemplando, en primer lugar la pertenencia diversa: géneros, etnias, regiones, clases, edades, enfocando la autonomía individual de los ciudadanos y ciudadanas, en lo familiar y cotidiano así como en las actividades de la sociedad civil y las instituciones del Estado. Esto supone también distinguir el crecimiento de los espacios ciudadanos en lo político, civiles, sociales, identitarios, culturales, religiosas, entre otros. Todo ello apunta a desarrollar, crear, fortalecer diversas y diferenciadas modalidades de interacción social, del disfrute de los derechos y el cumplimiento de los deberes, interarticulándolos de modo tal que – de conjunto- se construya –fortalecida- una ciudadanía social (integral).

-ciudadanía civil (s.XVIII): adquisición de derechos de libertad individual: propiedad, autonomía personal y el derecho al acceso a la justicia. -ciudadanía política (s.XIX), derecho a participar en el

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ejercicio del poder político. -ciudadanía social (s.XX) comparte el patrimonio social y convive según los patrones que prevalezcan en la sociedad. -ciudadanía [inter]cultural (s. XXI): derecho de cada ciudadano a vivir acorde con sus costumbres y hábitos y modo de vida propio de su cultura (siempre que no invada ni hostigue a las culturas propias de los otros grupos humanos). -ciudadanía religiosa (s. XXI): derecho de cada ciudadano a vivir acorde con su s creencias y convicciones religiosas. -ciudadanía identitaria (s. XXI): derecho de cada ciudadano a ser reconocido en su identidad, mantenerla, y desarrollarla.

Esto habla de la necesidad de cambiar, ampliar, la concepción de ciudadanía, apuntado a su interacción e interculturalidad. Una ciudadanía que rompa las barreras entre lo público y lo privado y redefina el espacio social y público desarrollando tal vez políticas que sean capaces de poner fin a las exclusiones y carencias que han sufrido los sectores sociales empobrecidos o marginados por décadas o siglos: mujeres, indígenas, opción sexual, nivel de ingresos, color de piel, grupo etario, condición física, belleza, tallas, inclinación artística, convicciones religiosas, etcétera.

Esto implica también modificar los paradigmas tradicionales de la política y las modalidades de construcción de la política y la ciudadanía abriendo espacios a las manifestaciones y crecimientos de estas ciudadanías, configurando un nuevo tipo de democracia, propia de este tiempo y de las maduraciones globales de los sujetos en la historia. A su vez, esto abrirá nuevos terrenos de intercambio y también de contradicciones y disputas en las interrelaciones entre sociedad, ciudadanía y Estado, que habrá que pensar cómo canalizar buscando ampliar de modo sostenible la democracia y los derechos ciudadanos, avanzando hacia un tipo de sociedad con gobernabilidad democrática intercultural.

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Participación Según el Diccionario María Moliner, participar significa: ‘intervenir en un asunto o un hecho’ y también ‘recibir una parte de algo que se reparte’. Participar podría entenderse entonces como intervenir en algo que tiene diferentes partes. Esto indica inmediatamente que debe existir alguna forma o mecanismo para plantear y regular esa intervención o participación así como las relaciones que entre todos los intervinientes se produzca y ello dependerá del poder que posea cada parte. Siguiendo a Alberich, está claro que “Si el poder de unos es total y el de los otros casi nulo, la participación será muy difícil.

Un sistema es más democrático en la medida en que los ciudadanos tienen, individual y colectivamente, verdadero poder como tales, no son meros súbditos y sí son más sujetos”1. 1 Alberich Nistal, Tomás (2004). Guía fácil de Asociaciones, Manual de Gestión. Dykinson, Madrid. [Negritas del autor]. De ahí que el concepto participación sea, además de polisémico, un poco o bastante ambiguo: nunca se da participación absoluta o total.

Resulta frecuente confundir participación con acto de presencia. Así suele escucharse, por ejemplo, a la salida de un coloquio: “Participaron 150 personas”, cuando en realidad debería decirse: “Asistieron 150 personas.” La presencia que solo escucha o convalida (legitima) resoluciones previamente acordadas por minorías o individualidades no es en realidad participación, al contrario, la ahuyenta y socava. Y generalmente la considera amenazante.

Estar informado también suele identificarse con participación.

La información resulta, obviamente indispensable para toda participación, por tal motivo puede considerarse una suerte de primer nivel de participación. Pero en este sentido, informar implica también

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formar: si la información no es comprendida no se aprovecha, no contribuye realmente a propiciar o mejorar la participación. Por ello, generalmente es necesario combinarla con tareas de formación.

Otro nivel sería la consulta (opinar, sugerir, proponer alternativas y, tal vez, la apertura de espacios de diálogo e intercambio entre el gobierno, la administración y la ciudadanía). No implica obligatoriedad ni compromiso entre las partes.

La participación en la gestión podría entenderse como el cuarto escalón, sobre todo cuando ésta tiene su punto de partida en la toma de decisiones conjunta. En tal caso es el nivel superior de la participación que tiende hacia formas de cogestión y autogestión ciudadanas. Es la que se ha logrado desarrollar en algunos territorios en el ámbito municipal. Planeamiento participativo, presupuesto participativo, gestión ambiental con participación ciudadana, entre otras modalidades. También, ocurre cuando se cede o se comparte la gestión de algunos servicios públicos con organizaciones de los propios destinatarios de esos servicios. (Por ejemplo, el caso de la recuperación del antiguo basurero ubicado en Avellaneda, hoy a cargo de una cooperativa de trabajadores anteriormente desocupados por esa misma empresa, con subsidio del gobierno municipal).

La participación puede ser directa o indirecta, individual o colectiva.

Directa es cuando las decisiones se toman mediante consulta a los interesados: referéndum, consultas populares, decisiones en asambleas, etcétera. Indirecta es la que supone la mediación (por delegación) de representantes, previamente elegidos de modo directo.

En lo que hace a la participación ciudadana, para conocer o evaluar el grado de participación es conveniente atender a: los mecanismos de democracia individual y colectiva, y a su forma directa o no. También

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hay que tener en cuenta qué porcentaje de población participa en la toma de decisiones y en las actuaciones directas e indirectas.

Esto permitirá aproximarse a consideraciones acerca del nivel de abstención/participación.

Gobernabilidad Gobernabilidad es un concepto polisémico, al igual que los anteriores.

En líneas generales puede decirse que hace referencia a los procesos de toma de decisiones donde intervienen el gobierno, el régimen, el sistema político y determinados actores de la sociedad civil.

Como primera aproximación básica podría considerarse a la gobernabilidad como una forma de procedimiento que posibilita o debiera posibilitar el buen funcionamiento de un gobierno. Esto contribuye a observar el funcionamiento de un gobierno porque permite evaluar su rendimiento a través de las capacidades estructurales que éste posea para desempeñarse de modo eficiente y eficaz. Acosta Silva (1994) la define como la cualidad propia de una comunidad política según la cual sus instituciones de gobierno actúan eficazmente de un modo considerado legítimo por la ciudadanía. Esta visión explicita la idea de legitimidad de un gobierno al acentuar la aceptación de los/as ciudadanos/as respecto de la dirección que éste asume.

Otra perspectiva, toma la cuestión de la gestión como un aspecto secundario de la gobernabilidad y acentúa la interrelación e interacción de todos los actores sociopolíticos y la necesidad de comprender la estructura que de ella emerge. Desde este enfoque la gobernabilidad deviene en instancia de consulta, de decisión e

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incluso una instancia de poder (J. Kooiman. 1993). Esta visión puede ser considerada como el punto de partida de la Escuela de la Política Pública que originó la noción de “nueva gobernabilidad” que si bien nunca fue precisada, aludiría a las profundas transformaciones en la manera de proceder de los gobiernos en la últimos 20 años, de forma tal que posiciona el debate en un escenario diferente, en el cual se desarrolla un nuevo proceso de gobierno donde coexistirían redes autoorganizadas conformadas por una combinación de instituciones gubernamentales, privadas y de la sociedad civil.

Se trata de una resignificación de la gobernabilidad que presenta una noción más extensiva e inclusiva que la de gobierno porque implica a actores no estatales. Esto, a su vez, altera los supuestamente cerrados y definidos límites entre el espacio público, el privado y el comunitario porque comprende a los múltiples actores y relaciones que están involucrados en la extensa y compleja actividad de gobernar una sociedad.

Esto evidencia la presencia de un concepto complejo que posibilita sacarlo de la estrecha dimensión de gestión y buen funcionamiento de las instituciones de gobierno, articulando la gobernabilidad con la diversidad de iniciativas locales o regionales, sociales o comunitarias que no necesariamente se encuentran incluidas en las instituciones formales de los poderes constituidos. Esto significa que la gobernabilidad incide en múltiples contextos y en ámbitos diferentes.

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Gobernabilidad y gobernanza Estos conceptos son frecuentemente utilizados de manera indistinta.

No obstante algunas corrientes analíticas, principalmente inglesas y francesas, marcan diferencias entre ambos.

Según los autores anglosajones la gobernabilidad permite evaluar el desempeño en la implementación de políticas públicas concretas tendientes a satisfacer y resolver las demandas provenientes de la sociedad civil, en tanto que la gobernanza remite a las formas a través de las cuales se articulan las interacciones de todos aquellos actores que intervienen en los procesos de construcción de consensos previos y necesarios a la formulación de las políticas públicas. Esta visión amplía la idea de gestión, puesto que rompiendo la exclusividad de la esfera política involucra a nuevos actores en el proceso de dirección del gobierno. Es por ello que este concepto resulta válido para el análisis de los modelos y patrones de cooperación que se establecen entre actores gubernamentales, sociales y económicos al momento de tomar decisiones, implementarlas y asumir la responsabilidad por ellas.

No obstante estas diferencias analíticas, puede considerarse que el concepto gobernanza forma parte del universo polisémico de la gobernabilidad, por cuanto presenta variadas facetas y dimensiones; todo lo cual lo convierte en un concepto amplio, bastante flexible y cuyas interpretaciones varían según los autores y enfoques teóricos.

Si se acepta que el concepto gobernanza hace referencia a las técnicas o métodos de gobierno desarrollados como respuesta a una crisis de gobernabilidad, y que el de gobernabilidad se refiere a la estabilidad que garantiza a los gobernantes la preservación y el ejercicio del poder, es decir, a la cualidad de “gobernable” de un país

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en determinado momento, no resulta difícil comprender los nexos estrechos que se establecen entre uno y otro concepto. Quizá por ello, en este continente, se utiliza mayoritariamente un solo concepto: gobernabilidad, para tratar también lo referente a gobernanza. Aquel resulta un concepto síntesis que sirve de base a la definición de la gobernabilidad democrática.

Además de ser polisémico, el concepto gobernabilidad es problemático, no aceptado por todos y además muy propenso a manipulación. ¿Quiénes definen la existencia o el grado de gobernabilidad en cada país? Hay mucha tela por donde cortar, pero ello escapa a los objetivos de este trabajo y por ello, solo se señala aquí esta dificultad a la vez que se presenta una dimensión –llamémosle positiva- de la gobernabilidad, en este caso, definida como gobernabilidad democrática.

La participación ciudadana en la gestión pública.

Objeto, fundamentos y principios

A tono con lo expuesto en la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, se entiende por participación ciudadana en la gestión pública al proceso (o los procesos) de construcción social de las políticas públicas.

Se trata de un proceso (o procesos) “que, conforme al interés general de la sociedad democrática, canaliza, da respuesta o amplía los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las personas, y los derechos de las organizaciones o grupos en que se integran, así como los de las comunidades y pueblos indígenas. [Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana: epígrafe 2].

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Por tal motivo, de inicio, esta temática se relaciona de lleno con la democracia, las modalidades de representación política, y la relación estado-sociedad.

Objeto Apostar a una gestión pública con participación ciudadana tiene por objeto, por tanto: o Mejorar la calidad de la democracia o Servir como orientación para el desarrollo y la consolidación de modelos nacionales de participación ciudadana en la gestión pública o Recrear el necesario vínculo de confianza de los Gobiernos y sus respectivas Administraciones, en los ámbitos nacional, regional y local, con los ciudadanos y las ciudadanas, facilitando la información, la comunicación y la participación de éstos.

Esto supone: • Redefinir los contenidos básicos del derecho de los ciudadanos y las ciudadanas participantes en la gestión pública.

• Establecer un marco de principios rectores e instrumentos que contribuyan a alcanzar un lenguaje común en relación a la participación de los ciudadanos y las ciudadanas en la gestión pública.

• Contribuir al cumplimiento de los compromisos emanados de instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos, suscritos y ratificados por los Estados. [Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana: epígrafe 2].

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Principios La participación ciudadana en la gestión pública se basa en los principios siguientes: a.

Constitucionalización: los Estados iberoamericanos procurarán constitucionalizar el reconocimiento del derecho de participación ciudadana en la gestión pública y regularán los mecanismos, procedimientos y garantías que éste requiere.

b.

Igualdad: la participación ciudadana en la gestión pública es un derecho de cada ciudadano y ciudadana, por lo que los Estados iberoamericanos deben establecer las garantías necesarias para que sea ejercido en igualdad de condiciones.

c.

Autonomía: la participación ciudadana en la gestión pública, para ser asumida como derecho de los ciudadanos y las ciudadanas, debe ejercerse con total autonomía de los actores sociales.

d.

Gratuidad: para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan ejercer efectivamente su derecho de participación en la gestión pública, ésta tiene que ser gratuita.

e.

Institucionalización: los poderes públicos promoverán la creación, mantenimiento y correcto funcionamiento de las instituciones y mecanismos que hagan posible el ejercicio del derecho de participación ciudadana en la gestión pública, respetando la existencia de espacios y mecanismos de participación informal y espontánea.

f.

Corresponsabilidad social: la participación ciudadana es corresponsabilidad de los poderes públicos y de los ciudadanos y las ciudadanas.

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g.

Respeto a la diversidad y no discriminación: en los procesos de participación ciudadana en la gestión pública se deberán respetar las particularidades, características y necesidades de los pueblos indígenas y afro descendientes, así como de cualquier otro grupo poblacional, social y culturalmente diverso.

h.

Adecuación tecnológica: con el fin de incrementar la calidad, accesibilidad y eficacia de la participación ciudadana en la gestión pública, los poderes públicos promoverán la adaptación y la universalización del acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación como herramientas para la participación de los ciudadanos y las ciudadanas. [Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana: epígrafe 10].

Democracia y participación ciudadana en la gestión pública La participación ciudadana es una forma de participación política.

El concepto de participación ciudadana es ampliamente utilizado en la actualidad por parte de diversos agentes sociales, particularmente por los partidos políticos, las organizaciones sociales, los medios de comunicación, las instituciones de desarrollo, los centros educativos y los institutos de investigación. Tal diversidad de usos y abusos conlleva obviamente a una ambigüedad e imprecisión del concepto de participación política o ciudadana que dificulta identificar el fenómeno, estudiarlo científicamente y luego plantear alternativas fundamentadas para contribuir a un proceso real de democratización en nuestros países.

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De ahí que resulta de central importancia lo expuesto en la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública: “La participación ciudadana en la gestión pública es consustancial a la democracia. Los principios democráticos de la representación política deben complementarse con mecanismos de participación de la ciudadanía en la gestión pública, que permitan expandir y profundizar la democracia y su gobernabilidad”.

“La participación ciudadana en la gestión pública refuerza la posición activa de los ciudadanos y las ciudadanas como miembros de sus comunidades, permite la expresión y defensa de sus intereses, el aprovechamiento de sus experiencias y la potenciación de sus capacidades, contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad de vida de la población”.

Asimismo, fomenta una nueva cultura, en la que la ciudadanía va adquiriendo una mayor disposición a informarse acerca de los asuntos públicos, a cooperar y a respetar la diversidad social y cultural, a interactuar dentro de ella y a favorecer la comprensión intercultural.

Desde el punto de vista de los gobiernos la participación ciudadana en la gestión pública ayuda a abordar los conflictos y a propiciar acuerdos, así como a aumentar la legitimidad y efectividad de las decisiones.” [Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana: epígrafes 3 a 5].

Según Tomás Alberich Nistal2. “La participación ciudadana nos indica la “temperatura” democrática de una sociedad en una situación concreta (Sánchez Torrado, 1993). El objetivo que persigue la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos no es otro que ampliar la democracia (recordemos que democracia significa “gobierno del pueblo”). En las sociedades complejas la participación persigue hacer que los habitantes de un lugar sean, cada vez más,

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sujetos sociales con capacidad para transformar el medio en que viven y con capacidad de control sobre los órganos políticos y administrativos.”

2 Alberich Nistal, Tomás (2004). Guía fácil de Asociaciones, Manual de Gestión. Dykinson, Madrid.

La participación ciudadana también está ligada a la descentralización aunque ello no constituye garantía alguna para que se desarrollen procesos participativos en la gestión pública. Ejemplos sobran en el pasado reciente del país y el continente.

Lo que está claro es que con un sistema centralizado de gestión es prácticamente imposible la participación; no la busca, la excluye. De ahí que participación y descentralización sean procesos que marchen más o menos al unísono: Sin descentralización de la administración pública es imposible que se lleven a cabo procesos de “toma de decisiones conjunta” o una gestión compartida.

La participación ciudadana presupone distribución de poderes entre todos los integrantes de una sociedad, ciudad o comunidad. En virtud de ello puede decirse que la implementación de la participación ciudadana implica un problema político porque sociedad y Estado no solo tienen objetivos contradictorios en lo que respecta al poder, sino que hay una relación jerárquica entre Estado y Sociedad, con subordinación de ésta aunque en diferentes grados según el sector social al que pertenezca. En un primer momento, la participación ciudadana en la gestión pública tiene que ser promovida por el aparato administrativo estatal y, en tal sentido, puede considerarse funcional a este.

Cuando la participación ciudadana se desarrolla, cuando se asientan nuevos modos y formas culturales de interrelación estado-sociedadciudadanía, la participación deviene en efectivo instrumento de

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emancipación de la sociedad, en el sentido de avanzar y afianzar su autogestión, y -al mismo tiempo-, deja de ser funcional al Estado.

Tomando esto en cuenta y todo el potencial que existe en este instrumento de gestión pública, hay que atender tanto a sus límites como a sus capacidades para no desaprovechar las posibilidades que brinda la participación para la construcción de una sociedad consciente y sosteniblemente democrática.

Esta sería, en nuestro caso, la plataforma inicial para pensar hoy en la participación ciudadana como un componente central de la renovación y profundización de la democracia y, a la vez, de la ciudadanía.

Participación ciudadana y gobernabilidad democrática La participación resulta clave, en primer lugar, para entender o plantearse la construcción de sociedades con estabilidad y sostenibilidad democrática. En segundo lugar, porque para lograr tal objetivo, requiere conjugar la participación de la ciudadanía, de los sectores económicos y del Estado, buscando caminos para construir un modo de coexistencia social basado en una suerte de co-participación y corresponsabilidad político-social por parte de todos y cada uno de los participantes. En tercer lugar, porque estos supuestos demandan profundizar la democracia, abriendo canales para nuevas formas de representación política que conjuguen la participación, y las formas e instancias de toma de decisiones que -además de lo anterior y a partir de ello- se basen en la formación de consenso social de modo tal que las decisiones que se tomen resulten sostenibles y sustentables por la sociedad, más allá de los gobiernos de turno. A esta conjunción de actores, factores y principios se la

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denomina gobernabilidad democrática. Para una gobernabilidad democrática el camino no puede estar en prioridades de unos versus otros, sino en construir los puentes de comunicación necesarios para la interrelación y, sobre esa base, generar los ámbitos de intercambio político que abran vías a la participación y representación institucional y no institucional.

La participación ciudadana está en el centro de la posibilidad, y ella es posible si se aviene a convocar a los movimientos sociales activos de cada país para, de conjunto otros actores de la vida económica y política-, construir espacios de concertación para la toma de decisiones basadas en el consenso de intereses y necesidades. Se trata, a la vez, de construir ciudadanía responsable en gobernantes y gobernados, quienes en realidad necesitan transformarse en cogobernantes.

En un continente que vive en situación de democracia desde los últimos 30 años aproximadamente, va quedando claro que la vigencia de la institucionalidad democrática no implica por sí misma la gobernabilidad, y mucho menos la gobernabilidad democrática. Tan es así, que en condiciones de democracia institucional y gobiernos elegidos en las urnas, se han diseñado y/o consolidado en muchos países de Latinoamérica, sociedades profundamente excluyentes y discriminatorias, se ha vaciado de legitimidad a las instituciones jurídicas y políticas y se ha generalizado la corrupción en distintos ámbitos de gobiernos y/o estados, con el consiguiente descrédito y desvalorización de la política y la democracia.

Se plantea entonces el desafío ineludible de pensar en la gobernabilidad democrática, esto es, en una gobernabilidad que se base en la articulación de los principios ya mencionados y los ponga en práctica. Tal es el núcleo de la consolidación y profundización de las democracias en Latinoamérica.

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Mecanismos institucionales y espacios no institucionales de participación.

La gobernabilidad democrática supone, en primer lugar, la articulación de espacios institucionales y no institucionales de participación y éstos, a su vez, la de los mecanismos.

Por espacios institucionales se entiende aquellos referidos a las instituciones públicas, refrendados y respaldados por ellas, es decir por las políticas que emanan del Ejecutivo nacional, por un lado, y de la conformación y actuación de los gobiernos en los diferentes ámbitos de cada país. Los partidos políticos, considerados los intermediarios lógicos entre el gobierno, el Estado y la sociedad, son parte también de la institucionalidad de cada país, y la plasman en un tipo de representación política de la ciudadanía en los órganos y mecanismos del poder político y estatal.

El mecanismo de fusión de todo esto lo constituye –por excelenciael espacio electoral. En esta dimensión sociopolítica se materializa la institucionalización de la participación, o se consagra la participación ciudadana a través de los partidos. Pero, se trata de un mecanismo controvertido ya que, a la vez de viabilizar la participación de la ciudadanía, puede convertirse en viabilizador del despojo de la voluntad ciudadana legalizando la mentira de los elegidos para una vez consumado el acto electoral. No pocas veces, éstos, a la hora de ejercer el gobierno, han hecho lo contrario de lo que han afirmado en las campañas que los posicionaron en lugares de poder. Ciertamente con ello han perdido legitimidad, pero no legalidad.

Todo ello demuestra que no basta el poder institucional para garantizar el cumplimiento de los valores democráticos y el respeto a los derechos ciudadanos. Es por ello que, una vez más, la necesidad de construir una sociedad basada en la gobernabilidad democrática aparece como un camino ineludible para la sostenibilidad de las

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democracias latinoamericanas. Esto es: no encasillar ni limitar la participación ciudadana a la representación institucional ni a la mediación de los partidos políticos.

Más allá de las diversas consideraciones que puedan hacerse, lo que resulta evidente en la actualidad es que ni la democracia ni la ciudadanía pueden entenderse a la usanza griega antigua. La gobernabilidad democrática reclama la actualización y de la democracia, su aggiornamiento a los tiempos del siglo XXI, con los ciudadanos que la historia ha ido formando. Abrir los ojos al protagonismo social invita a pensar que la democracia no puede limitarse hoy al ejercicio electoral y la representación institucional tradicional, ni tampoco a las formas y medios tradicionales de expresión y participación sociales.

La exclusión es enemiga de la gobernabilidad democrática. Para que esta sea posible es necesario construir constantemente articulaciones para la participación de diversos actores, así como los canales y vasos comunicantes capaces de hacer compatible lo aparentemente incompatible: los espacios y mecanismos de representación institucional con los no institucionales, la participación institucional electoral con la participación ciudadana que se genera y circula por canales alternativos (movimientos sociales, las ONG, sindicatos, grupos de diversas identidades sexuales, organizaciones de mujeres, agrupaciones religiosas, etcétera).

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La importancia de las TIC En tal sentido, articulado a lo anteriormente expresado, es central tomar hoy en cuenta también a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las posibilidades que abre, por ejemplo, la Web 2.0.

Las TIC han modificado y modifican constantemente las realidades de las interrelaciones sociales y personales, lo hacen igualmente con las subjetividades. En conjunto, abren puertas para potenciar canales de interacción, creación y participación hasta hace poco tiempo impensados. Claro, no todo es unidireccional ni unidimensional.

También surgen problemas, dependencias, afectaciones negativas en la sociabilidad y subjetividad, etcétera.

Resumiendo: Entre los aspectos centrales de la gobernabilidad democrática puede destacarse: la transparencia y responsabilidad por parte de la administración pública hacia la ciudadanía; la democratización de las estructuras del estado y el fortalecimiento de la participación ciudadana apelando a todos los mecanismos, modalidades y medios de información, comunicación y organización. Correlativamente, se considera fundamental la promoción de la descentralización de la gestión gubernamental. Esto implica una mayor gestión de los recursos sociales a nivel local, aspecto que estimula la participación de la ciudadanía y favorece la transparencia de los gobiernos acercándolos a las poblaciones a las que sirven.

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Esta propuesta de la gobernabilidad democrática reconoce múltiples actores en diferentes sectores y ámbitos: además del sector público, se cuenta con la sociedad civil y el sector privado, tanto a nivel local, como nacional e internacional. Entre los actores clave se encuentran los gobiernos; las organizaciones de la sociedad civil; el movimiento de mujeres y el movimiento feminista; las empresas privadas; y los partidos políticos, entre otros. Las agencias de cooperación, los donantes y las instituciones financieras se han convertido también en actores a tener en cuenta a la hora de definir lineamientos y prioridades en la agenda de la gobernabilidad democrática.

Género y diversidad: naciones (etnia), clase y grupo etario, discapacidades, orientación sexual, etc. La interculturalidad como camino articulador de la pluralidad para la participación ciudadana en la gestión pública Es posible articular la gobernabilidad democrática y la equidad de género siempre y cuando las mujeres ganen fuerza y legitimidad en los espacios públicos e ingresen en los debates articulando sus intereses de género con los intereses más generales de la democracia y la gobernabilidad democrática. Esto permitirá que, en los procesos de creación de nuevas instituciones, se incluya un análisis de género que contribuya a debilitar los mecanismos que operan a nivel de las mentalidades, de las normas institucionales, de los patrones de comportamiento y de subjetividades, que constituyen a las mujeres como un grupo subordinado en las relaciones que el Estado establece con la sociedad o en las relaciones que se establecen entre Estado, mercado y familia [Guzmán, Virginia, 2006].

Integrar la perspectiva de género a la hora de pensar-diseñar la participación ciudadana en la gestión pública es fundamental para lograr una democracia actualizada, enriquecida sostenible, equitativa y no excluyente.

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Vale recordar aquí que uno de los grandes aportes de las teorías feministas radica, por un lado, en la no dicotomización entre lo público y lo privado y, a la vez, en el entendimiento del alto contenido político del mundo considerado privado, con lo cual se pone fin a la supuesta supremacía del mundo público (político>) sobre el privado (familiar, no político).

El feminismo y más concretamente las teorías de género, no consideran al poder de modo reduccionista: no lo ubican por tanto, sólo en el mundo público sino en lo público y en lo privado; ambos ámbitos son parte del mundo social, político y cultural. Sobre esta base se desarrolla tanto la crítica radical a la exclusión de las mujeres del mundo político y público (institucional o no), como a la democracia tradicional machista que se alimenta de la división dicotómica de la sociedad.

Para la concepción de equidad de género, las relaciones sociales entre hombres y mujeres están constituidas y regidas por relaciones de poder, es decir, presuponen la política como vehiculización de la condición de discriminación y subordinación de las mujeres a los hombres y del mundo considerado privado (femenino) al mundo de los considerado público y político (masculino).

Reconocer esto en el ámbito de la gestión pública implica generar políticas orientadas a propiciar una mayor presencia de mujeres en los puestos de toma de decisiones, acompañado de procesos de capacitación (de mujeres y hombres) avanzando hacia el reconocimiento de los derechos de las mujeres y el ejercicio de su ciudadanía plena.

Esto implica la transformación de las instituciones, los procesos de gestión pública y de definición de las políticas públicas, además de la política y los considerados valores políticos hasta la actualidad.

Supone redefinir la democracia, el estado, la política, la ciudadanía, sus principios y cualidades para que propicien el ejercicio pleno de la

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ciudadanía de hombres y mujeres y de todos los sectores y actores sociales tradicionalmente excluidos.

Para ello es importante tener en cuenta, en este caso: 1. Modificar la agenda política incorporando los intereses, las necesidades, visiones y propuestas de las mujeres.

2. Transformar las instituciones representativas propiciando el acceso masivo de las mujeres a los puestos de toma de decisiones asegurando una modificación efectiva de las desigualdades de género avanzando hacia la equidad. Esto supone, a la vez: 3. Transformar todo el aparato institucional de modo que se tornen ámbitos participativos, incluyentes, equitativos y transparentes.

4. Reconocer la diversidad y promover una inclusión en paridad de todos y todas los diferentes de modo que la “inclusión” no se convierta en otro modo de exclusión por parte de quien/es incluye/n.

5. Hacer de la gestión pública un proceso transparente y participativo, por ejemplo, a través de foros abiertos, promoviendo una visión de abajo a arriba.

Esto supone que las instituciones del estado deben buscar canales para propiciar el diálogo entre los distintos actores y establecer acuerdos para trabajar mancomunadamente avanzando hacia esta modalidad participativa en la gestión pública a corto, medio y largo plazo. En aras de lograrlo es recomendable trabajar: profundizando y ampliando el conocimiento; propiciando el intercambio de ideas y la articulación de actores; fortaleciendo las capacidades de los mismos; y fomentando la adopción de políticas públicas adecuadas.

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Por ejemplo: - Propiciar la creación de foros de intercambio de ideas y experiencias que contribuyan a fortalecer las alianzas. - Realizar investigaciones sociales orientadas a estos fines y fomentar la inserción de sus resultados en las políticas locales, regionales y globales. - Fomentar y propiciar el diseño y la adopción de políticas locales, regionales y globales que promuevan la participación política de las mujeres y de otros sectores tradicionalmente excluidos con enfoque de género en equidad e igualdad de condiciones.

Según expresa Virginia Guzmán (2006), la dimensión de género ya ingresó en las agendas públicas e institucionales nacionales, y ello supone el logro de un objetivo político, pero también implica responsabilidades para el funcionariado público que interviene en estas políticas.

La incorporación de género en las políticas públicas se dio, en un primer momento, influyendo sectorialmente en los organigramas de los estados, generalmente coordinadas por las oficinas específicas de género: Ministerios, Consejos o Direcciones destinadas a las mujeres como “cuartos propios” dentro de él. Se gestaron planes, programas y proyectos ministeriales de educación, salud, trabajo, y otros ámbitos de las políticas públicas. Posteriormente, se elaboraron Planes Nacionales de Igualdad de Oportunidades y Resultados, con distintas características: Algunos fueron planes sancionados por ley del Congreso, otros constituyeron programaciones estratégicas del Ejecutivo; inicialmente se refirieron sólo a las mujeres, actualmente la mayoría de los Planes Nacionales de Igualdad incluyen a mujeres y hombres, y trabajan los temas relevantes para disminuir brechas de género y favorecer relaciones de equitativas en todos los ámbitos de la vida, entre varones y mujeres.

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Recién en los últimos años se habla de “transversalización de las políticas públicas con enfoque de equidad de género” o “mainstreaming de género” (García Prince, 2003), debido a la toma de conciencia de las teóricas de género, como de las/os técnicos/as y políticos/as que han participado de la elaboración, ejecución y evaluación de políticas con dicho enfoque. Esta toma de conciencia asume que la dimensión de género abarcaba lo privado/público de tal manera específica que exige cambios radicales a nivel de las instituciones, de los diseños políticos, de las políticas, de las programaciones, de las metodologías, de las evaluaciones, de las concepciones personales y sociales, de las mentalidades, estereotipos, simbolizaciones, perneando el universo del sistema político. Asimismo, exige que las políticas estancas, por sector, se inter-relacionen para producir dichos cambios, ya que se requieren intersecciones para posibilitarlos.

La inclusión de género en las políticas públicas se ha gestado, fundamentalmente, desde los movimientos feministas y de mujeres, quienes, proactivamente, han motivado planes, programas, proyectos, nuevas metodologías, nuevas formas de evaluación, nuevas articulaciones y redes de acción transformadora. Esto ha favorecido mayor calidad en las políticas, el reconocimiento social de las desigualdades, y la búsqueda de caminos efectivos y eficientes hacia una mayor democratización y equidad en los sistemas políticos nacionales e internacionales. La cooperación internacional también ha desempeñado un papel significativo favorable a estos cambios, acompañando los procesos e incluso, en ocasiones, condicionando sus apoyos a la integración del enfoque de equidad de género en las políticas.

También las agendas programáticas de los partidos políticos de la región, incluyen género en la actualidad. No obstante, los movimientos feministas han alertado, en diversas oportunidades, acerca de la sinceridad de gobiernos y partidos en la integración de género en

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sus agendas, y han denunciado el uso de las banderas de equidad de género para lograr votos femeninos, cuando los problemas conexos con la equidad de género tienen una presencia al margen de las políticas que se relevan como “prioritarias”, mientras que grandes sectores sociales siguen excluidos.

En América Latina, yuxtapuesto a la discriminación de género, confluyen las discriminaciones étnicas, raciales, de sexo/sexualidades/ identidades. Estas, antes que sumarse o restarse, se potencian para la discriminación laboral, educativa, como para el goce de los derechos sexuales y reproductivos, u otros Derechos Humanos, y promueven el empobrecimiento, la exclusión o desafectación de las personas. De ahí que deben ser mirados y analizados sus aspectos multidimensionales.

Las discriminaciones se ocultan dentro del proceso de socialización de las personas, reforzándose en las familias, en la escuela, en los medios de comunicación social, en los espacios políticos; condicionando las formaciones de subjetividades e identidades, y generando subordinación y violencia.

En tiempos de la Conferencia Mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, la “División para el Adelanto de las Mujeres” de la ONU, convocó a un encuentro de especialistas en los temas de raza y género en Croacia, buscando elementos conceptuales y un lenguaje común, claro y preciso para facilitar el tratamiento del tema en la Conferencia en aras de lograr el reconocimiento de la interseccionalidad en las discriminaciones y la importancia de promover procesos educativos contra la doble, triple o múltiple discriminación que trasciende la discriminación por género.

Así se logró incorporar a la Declaración y Plataforma de acción de la Conferencia el concepto de “identidades múltiples”, buscando visibilizar la “discriminación múltiple”. En el párrafo 60 se destaca

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la importancia de introducir la perspectiva de género de forma transversal cruzada por otras formas de discriminación –tales como la racial y étnica– entendiendo éstas como discriminación agravada. Es esta modalidad de discriminación la que condena a grandes sectores de la humanidad a una ciudadanía incompleta, puesto que se les niega derechos fundamentales a lo largo de la vida. Dicha Conferencia ratificó que la base para una ciudadanía plena es estar en la sociedad como una persona más que disfruta de todos sus derechos políticos, sociales, económicos y culturales, siendo a la vez, valorada en la diversidad y diferencia, por sus aportes específicos a la cultura.

A partir de esta trascendente conclusión es posible afirmar que el feminismo y la concepción de equidad de género profundiza y apuntala la democracia, abre las puertas a la gobernabilidad democrática; es decir al enriquecimiento cualitativo del ser ciudadano y ciudadana, y a la participación de todos, en pie de igualdad en las instancias de la representación institucional y no institucional en los ámbitos de toma de decisiones, promoviendo sociedades plurales que pongan fin a toda discriminación y exclusión.

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La interculturalidad como camino articulador de la pluralidad para la participación ciudadana en la gestión pública Se entiende por gestión pública la gestión de lo público, y como ámbito de lo público a aquel espacio donde confluyen lo social y su administración, gestión y servicios. Esto obliga a referirse, desde el vamos, al ámbito de lo público y de la gestión pública como un ámbito claramente heterogéneo, diverso, mixto, con yuxtaposiciones constantes, sin límites manifiestamente definidos entre unas y otras gestiones, con espacios de coexistencias y tensiones. Igualmente ocurre con las características y dinámicas, con las pertenencias y exigencias de cada sector para con la diversidad de sus beneficiarios.

Se trata de reconocer que el espacio de lo público y de la gestión pública es, en sí mismo, un espacio de hábitat y coexistencia de una multiplicidad de lógicas, identidades, culturas, pertenencias y principios jurídicos y éticos que hablan de por sí, de coexistencia de ciudadanías múltiples aunque en disputa permanente. Y todo esto hace parte de la gestión pública.

Primera conclusión: la gestión pública es en sí misma esencialmente plural y, consiguientemente, multicultural. La multiculturalidad no se refiere, por tanto, a lo externo de la gestión, a la existencia de actores sociales (beneficiarios) diversos, sino además –y en primer término- a ella misma.

El reconocimiento de lo multicultural resulta particularmente importante porque, si la gestión pública desea ser eficiente y efectiva debe ser profundamente multicultural, reconocer la diversidad social de base y apuntar a su interrelacionamiento, no sólo hacia el exterior (en lo social), sino también en el fortalecimiento del funcionamiento

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(multicultural) de las instituciones del Estado y su gestión de lo público.

Coincido en este sentido con los planteamientos de Fernández, cuando sostiene que la convivencia exige el reconocimiento de derechos civiles, políticos, sociales, (culturales), y requiere -al mismo tiempo- voluntad para comprender al otro: es el interculturalismo como proyecto. “…el camino no va de la cultura a la nación sino más bien al revés. Es el poder político el que, valiéndose de diversos medios, crea la cultura. Por una parte, difundiendo hacia abajo lo que, de otro modo, no habría pasado de ser cultura de una élite; por otra, eliminando la variedad en el altar de una opción única y los mestizajes fronterizos en aras de la diferenciación. Para ello puede servirse de diversos instrumentos, o simplemente verse beneficiado por ellos: la maquinaria política y administrativa, las iglesias nacionales, el sistema educativo y, hoy en día, los medios de comunicación. Pero, ningún mecanismo es tan poderoso, a estos, efectos, como la institución escolar, que ha sido el gran medio de nacionalización, esto es, de asimilación hacia dentro y segregación hacia fuera” [2003: 5].

La tradición sociopolítica predominante hasta ahora ha tratado de basar la constitución del todo social, es decir, de fundamentar la existencia de las naciones modernas, en la construcción de la homogeneidad social a partir de la ley. Pero el tratamiento igual para con los desiguales implicó e implica la negación y/o el ocultamiento de su existencia, acumulando injusticias, desigualdades, exclusiones y conflictos. La gobernabilidad democrática actual reclama abordar “lo público” y “la ciudadanía” dando cuenta de su diversidad y heterogeneidad, es decir, reconociendo la coexistencia de la multiculturalidad social, además de la multiculturalidad propia: la que se refiere –reitero- al contenido, el sentido y el desarrollo de la gestión misma.

El carácter multicultural de la gestión pública está dado por su interacción con la sociedad: conviven allí diversos actores, sectores

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sociales e individuos pertenecientes a grupos humanos diferentes, a etnias diferentes, con diversas culturas, identidades, hábitos, tradiciones, costumbres, modo de vida, pertenencias e inclinaciones religiosas, etc. Coexisten, por tanto, lógicas y miradas diversas sobre una misma realidad y sus interrelaciones y no siempre de un modo armónico, más bien, por el contrario, habitualmente prevalece el desencuentro y no pocas veces esto desencadena enfrentamientos entre sectores, sobre todo, a consecuencia del ocultamiento, la marginación y exclusión, el orillamiento y desconocimiento de las realidades, necesidades y aspiraciones de los más débiles.

Segunda conclusión: La gestión multicultural de lo público se refiere, por tanto y desde mi punto de vista, a una multiculturalidad múltiple, esto es, a un nuevo modo de conocer/pensar la sociedad, sus organizaciones sociales, sus instituciones y los servicios, a un nuevo modo de concebir, fundamentar y protagonizar la ciudadanía, y –de conjunto- al contenido y modalidades de democracia moderna.

La participación ciudadana se ha instalado como trama de las democracias sólidas en la mayoría de los países del mundo.

Simultáneamente se ha producido una valorización de la participación de la sociedad civil y de la ciudadanía en el ámbito de lo público, en el sistema político particularmente, que es la base para la constitución y desarrollo de la gobernabilidad democrática.

Esto alude a la necesaria modificación o redefinición de las relaciones y papeles entre Estado, sociedad (civil) y ciudadanía, entre lo público y lo privado, y entre lo local, lo nacional y lo global. Vale subrayar aquí que lo que se entiende por sociedad civil no responde a un todo social homogéneo. Se trata de una trama social heterogénea y compleja, integrada por una diversidad de clases, sectores sociales, actores y organizaciones, que condensan y expresan múltiples identidades, intereses y aspiraciones generalmente en situación de conflicto.

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No existe “una” sociedad civil, los procesos sociopolíticos que surcan Latinoamérica desde los últimos años evidencian la existencia de “sociedades civiles” diferenciadas e interrelacionadas jurídica y culturalmente entre sí según las jerarquizaciones establecidas. De ahí las confrontaciones constantes entre ellas. En correspondencia con ello, la participación ciudadana debe buscar/construir modalidades (y capacidades) organizativas y políticas que hagan posible involucrar a todos los actores, con diferenciaciones de roles entre sí, obviamente.

Esta sería la base para abrir caminos a la profundización de la democracia que la gobernabilidad democrática intercultural exige.

Así es como participación, interculturalidad y multicultiralidad se anudan a los procesos de capacitación en gestión intercultural del conocimiento, particularmente en las organizaciones (de las sociedades civiles) para convertirse en instrumento para el desarrollo del empoderamiento y la equidad sociales.

Estas precisiones conceptuales resultan centrales pues, habitualmente, al abordar la cuestión multicultural e intercultural existe una marcada tendencia a identificar, igualar -y por tanto confundir-, lo multicultural con la diversidad étnica y, más concretamente, exclusivamente con lo indígena. De ese modo se restringe la multi e interculturalidad, por un lado, al ámbito exterior de la gestión pública y, por otro, se la orienta hacia una parte de los actores sociales, que, por mayoritarios que puedan llegar a ser, en esta Latinoamérica, afro e íbero americana además de indígena, deja fuera del mapa sociopolítico a una parte de la sociedad, del mismo modo que –aunque por otras vías-, lo hace la gestión pública tradicional (monocultural).

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Interculturalidad: el ancla para una multiculturalidad efectiva

El reconocimiento de lo multicultural en sí, no significa el reconocimiento ni la apertura espontánea de ámbitos para lo intercultural, es decir, para la interrelación entre las diversas culturas. Por eso, como señala Luis Macas, las “expresiones de culturas, de pueblos y de identidades diferentes, no son para recuperarlas simplemente, y ponerlas en la vitrina de la exhibición, o para decir quienes hemos sido y quienes somos sin consecuencias para el presente; sino que es importante reflexionar no solamente respecto de lo que son los pueblos indígenas, sino –en tanto y en cuanto son diferentes- respecto de en qué manera pueden aportar elementos fundamentales para el cambio, desde ese pensamiento distinto, desde ese pensamiento que, obviamente, va en contradicción directa del pensamiento occidental” [2005:37]. De ahí que él mismo se interroga en sus reflexiones acerca de la posibilidad de hablar “de la diversidad de culturas, de pueblos, de la diversidad histórica, especialmente de los pueblos indígenas en nuestra región” [2005: 35].

La interculturalidad abre las puertas a nuevos lugares de interacción para el enriquecimiento mutuo; implica relaciones basada en planos de igualdad entre quienes dialogan, respetando que cada uno/a puede crecer desde su “otredad”. Reconoce a todas las culturas como igualmente dignas y valiosas. No admite asimetrías económicas ni sociales, desde la actividad cívica y política de los/as ciudadanos/as, desde la educación y en la educación misma, por lo que lucha contra ellas. Se fundamenta en la filosofía de la otredad, la cual considera que el/la otro/a posee una alta valoración personal y social antes que significar una amenaza. Busca, entonces, preservar la cultura del

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otro como expresión de riqueza. Plantea consiguientemente que no hay una cultura única sino culturas diversas, todas dinámicas, por lo que es factible el encuentro de unas con otras en el movimiento de la historia. Reconoce y valoriza el enriquecimiento de los aprendizajes que emergen de las diversas formas de mirar y analizar el mundo.

Exige tolerancia, escuchar al otro/a. Supone justicia y respeto a los DDHH para todos/as. Por ello, es clave en este tiempo que busca promover la participación ciudadana al centro de la gestión pública: la propuesta intercultural favorece políticas para atender los intereses de las personas excluidas o discriminadas [Schemelkes: 2005]. ¿Inclusión o interculturalidad?

Lo intercultural hace referencia a la necesaria interrelación sin establecer un centro cultural hegemónico; no así el concepto de inclusión. El mismo hace referencia a un grupo de incluidos y –por tanto- a excluidos que ahora serían incluidos. Pero, ¿quién o quiénes incluyen a quiénes?

El concepto “incluidos” supone que hay alguien que incluye y, por consiguiente, el día de mañana podría volver a excluir. Por eso, el concepto de inclusión es en sí mismo una negación de la multi e interculturalidad. Desde el punto de vista político, ella implica un relacionamiento equidistante entre sí de todas las culturas, y la necesidad de construir plataformas jurídicas que sirvan de soporte institucional para que las diversidades sociales, culturales, etc., se interrelacionen en un pie de igualdad. En virtud de ello, considero correcto y conveniente el empleo del concepto interrelación y no inclusión.

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Avanzar hacia una gobernabilidad democrática intercultural En el ámbito de la gestión pública multicultural (o sea, en la gestión democrática de lo público multicultural) esto se expresa claramente (se transforma) en el concepto gestión pública intercultural.

No se trata sólo de búsqueda de justicia o de una propuesta solidaria para con los excluidos/as. Sin rechazar estas perspectivas, que también están presentes, la apuesta a la construcción de Estados pluri e interculturales con una gestión pública intercultural –orientada a la construcción de una gobernabilidad democrática interculturalconstituye una apuesta al crecimiento y enriquecimiento colectivo y el florecimiento de los estados indo-afro-latinoamericanos.

Sería una primera conclusión. Se trata de un gigantesco y necesario paso de avance respecto del pensamiento homogéneo y homogenizador, basado en la negación de los diferentes, y -a partir de esto- en su repulsión y exclusión discriminadora, heredado de la colonia y el colonialismo cultural por siglos. Una segunda conclusión sería afirmar que: La formación de Estados pluri e interculturales y la construcción de modalidades de gestión pública intercultural, constituye el soporte para una democracia y ciudadanía nuevas, y una gran oportunidad para reconocer y poner en sintonía la pluralidad de identidades con la organización sociopolítica, la ciudadanía y la democracia en nuestras latitudes.

Por ello vale subrayar que, si de gestión pública se trata, el reconocimiento de la multiculturalidad necesariamente debe llevar a

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promover y más aún, estructurar caminos hacia la interculturalidad, es decir, construir canales y modalidades de relaciones entre varias culturas dentro de un mismo territorio (en primera instancia).

Convergentemente, la gestión intercultural del conocimiento en la gestión pública y en las organizaciones sociales resulta vital para fortalecer los procesos de gobernabilidad democrática en los ámbitos estatal y social. Los cuales, para ser tales, en nuestras realidades necesariamente deben apostar a transformarse en interculturales (en lo interno y hacia lo externo).

Multiculturalidad, interculturalidad y ciudadanía se interrelacionan estrechamente. Lo intercultural abarca –o debería abarcar- los principios de ciudadanía. De conjunto estos nexos deberían constituir el soporte para el trabajo de construcción de relaciones de interculturalidad hacia la constitución (o fortalecimiento) de un Estado democrático, multi e intercultural. El principio de reconocimiento y respeto a las diferencias y a los diferentes aunado a la igualdad de derechos, resaltan como pilares del necesario pluralismo cultural y, en virtud de ello, como principio universal de ciudadanía (para todos/as) en un Estado pluricultural, que viabilice una gestión pública intercultural participativa como sostén de la gobernabilidad democrática.

La sociedad que aspira a la democracia participativa debe aspirar a la interculturalidad, descartar totalizaciones, homogeneizaciones y valorizar el pensamiento y la acción plural. Una democracia con equidad de género supone una sociedad intercultural.

Democracia e interculturalidad son indispensables para la participación ciudadana plena en la gestión pública y en la vida social toda. Es por ello central, atender no sólo al respeto a la multi e interculturalidad social, sino también al desarrollo de políticas para sus complejidades y posibles conflictividades.

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Interculturalidad, intersectorialidad, gestión y políticas públicas Todo abordaje intercultural supone simultáneamente el enfoque multi e interdisciplinario, y este, a su vez la intersectorialidad y la interseccionalidad. La concepción intercultural, como el abordaje intercultural de procesos, situaciones, áreas de trabajo sociales, gestión pública, políticas públicas y participación ciudadana se mueve en los intersticios socioculturales articuladores de la sociedad; los constituye, desarrolla y fortalece.

En este espacio el objetivo es reiterar (o hacer un llamado) a la importancia de concertar puntos de vista, propuestas, entre las diferentes áreas que hacen a la gestión pública, particularmente.

La interculturalidad contribuye en este caso a horizontalizar y transversalizar las miradas, las propuestas y las políticas que -del conjunto interarticulado de la gestión pública en interacción con la participación ciudadana en sus diversas modalidades-, emerjan.

Las investigaciones y publicaciones al respecto son profusas, sin embargo, las prácticas en la gestión y políticas públicas –en relación a ellas- van con rezago. Lo sectorial resulta todavía con un peso muy fuerte a la hora de pensar, diseñar y llevar a cabo determinadas políticas. Es de interés por tanto que este aspecto se integra a la conceptualización y el abordaje intercultural.

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